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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2763-2023

Fecha
12 de julio de 2023
Magistrado ponente
Clara Ines Lopez Davila

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2763-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 14 de julio de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ANA BEATRIZ BERNAL RODRÍGUEZ contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. PROTECCIÓN S.A., en el cual fue llamada en garantía la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. Costas como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2763-2023

Magistrado ponente: Clara Ines Lopez Davila

12 de julio de 2023

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

Magistrada ponente

SL2763-2023

Radicación n.° 89912

Acta 25

Bogotá, D. C., doce (12) de julio de dos mil veintitrés (2023).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. PROTECCIÓN S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 14 de julio de 2020, en el proceso que instauró ANA BEATRIZ BERNAL RODRÍGUEZ contra la recurrente y en el cual fue llamada en garantía la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

I. ANTECEDENTES

Ana Beatriz Bernal Rodríguez llamó a juicio a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., procurando el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, a partir del 11 de octubre de 2006, por el deceso de su hijo Fabio Nelson Bejarano Bernal, junto con los incrementos legales, mesadas adicionales, intereses moratorios o, en subsidio, indexación y las costas procesales.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que Fabio Nelson Bejarano nació el 20 de noviembre de 1982; que fue afiliado de ING Pensiones y Cesantías y aportó un total de 75.14 semanas; que el citado falleció el 11 de octubre de 2006; que cumple con los requisitos de la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión de sobrevivientes, esto es, el número de semanas y la fidelidad al sistema.

Agregó que Fabio Nelson Bejarano era su hijo y vivió toda la vida con ella, era soltero y no tenía descendencia; que dependió económicamente del citado hasta el día de su fallecimiento; que solicitó a la accionada el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia; que mediante comunicación DBP 2974-2010, se le negó el referido beneficio prestacional; que la Superintendencia Financiera de Colombia no objetó la fusión por absorción que se presentó entre ING Pensiones y Cesantías y Protección S.A., por lo que se encontraba legitimada por pasiva para responder en el presente proceso judicial.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos expuestos, los admitió como ciertos, salvo los relativos al cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión de sobrevivientes, el estado civil del afiliado y la ausencia de hijos, la convivencia durante toda la vida con la madre y la dependencia económica respecto de su fallecido hijo, frente a los cuales manifestó atenerse a lo probado en el proceso o no ser ciertos.

En su defensa propuso las excepciones de mérito que denominó cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación demandada y prescripción.

En escrito separado, la demandada solicitó el llamamiento en garantía de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., a fin de que, en caso de emitirse condena en contra de Protección S.A., asuma el pago de la suma adicional, los intereses moratorios, la indexación y demás valores necesarios para cubrir el pago de aquélla.

Como fundamento de dicha petición, la entidad adujo que la Compañía de Seguros Bolívar S.A. expidió la póliza de seguro No. 6000-0000012-01, mediante la cual se amparó a los afiliados de Protección S.A. para completar el capital necesario para financiar las pensiones de sobrevivientes y de invalidez, siempre que se trate de riesgo común y ocurrido en vigencia de la póliza; que, para el momento del fallecimiento de Fabio Nelson Bejarano, esto es, el 11 de octubre de 2006, la mencionada póliza se encontraba vigente; que la aseguradora, a través de investigación, constató que Ana Beatriz Bernal recibía renta por un bien inmueble y dependía económicamente de su otro hijo llamado Juan Carlos Bejarano, por lo que no cumplía los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes; y que en caso de condenar a Protección S.A., la Compañía de Seguros Bolívar S.A. debía responder por el seguro previsional.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante auto de 24 de febrero de 2015, admitió el llamamiento en garantía.

Al dar respuesta a la demanda, la Compañía de Seguros Bolívar S.A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos expuestos, admitió como ciertos el cumplimiento de la densidad de semanas y la fidelidad al sistema por parte del afiliado, la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la actora ante Protección S.A. y su contestación negativa. En cuanto a los demás, dijo que no le constaban o que no eran ciertos.

En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado atrás mencionado, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2016, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR que PROTECCIÓN S.A. está obligada a reconocer a la demandante ANA BEATRIZ BERNAL RODRÍGUEZ pensión en vía de sustitución por muerte de origen común del cotizante FABIO NELSON BEJARANO BERNAL.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción de mesadas pensionales y no probadas las demás excepciones.

TERCERO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A. a pagar a la demandante ANA BEATRIZ BERNAL RODRÍGUEZ pensión en vía de sustitución por muerte de origen común del cotizante FABIO NELSON BEJARANO BERNAL, efectiva a partir del 17 de agosto de 2013, por efecto de la prosperidad parcial de la prescripción.

CUARTO: CONDENAR a la llamada en garantía SEGUROS BOLÍVAR S.A. a responder por las condenas impuestas a la parte demandada.

QUINTO: CONDENAR a la demandada PROTECCIÓN S.A. a pagar a la actora intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 17 de agosto de 2013 y hasta que se pague el retroactivo.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. Agencias en derecho $2.000.000.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al conocer de los recursos de apelación presentados por Protección S.A. y Compañía de Seguros Bolívar S.A., la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante sentencia de 14 de julio de 2020, confirmó en su integridad la decisión adoptada en primera instancia.

Como fundamento de su determinación, el Tribunal fijó el problema jurídico en establecer si respecto del afiliado Fabio Nelson Bejarano, la demandante era subordinada económica para acceder a la pensión de sobrevivientes y, en caso afirmativo, determinar la procedencia de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Señaló que las siguientes premisas fácticas están por fuera del debate jurídico, i) que el señor Fabio Nelson Bejarano era afiliado de Protección S.A.; ii) que falleció el 4 de mayo de 2008 (sic), y que la demandante era su madre; iii) que, entre el 4 de mayo de 2005 y el día de su fallecimiento, el citado cotizó un total de 54.86 semanas.

Destacó que, dada la fecha de deceso del afiliado, la normatividad aplicable son los artículos 73 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, a los cuales se remitió para indicar que los padres serán beneficiarios, a falta de cónyuge o compañera o compañero permanente o hijos con derecho, si dependían económicamente del fallecido.

Precisó que la finalidad de la pensión de sobrevivientes es proteger a los dependientes económicos del afiliado o pensionado para que no queden desamparados, de tal manera que continúen atendiendo sus necesidades con alguna solvencia, sin que se vean alteradas las condiciones sociales y económicas con las que contaban antes del fallecimiento del trabajador.

Anotó que la mencionada dependencia económica, tal como lo ha adoctrinado la Corte Constitucional y esta Corporación, no implicaba necesariamente que el beneficiario dependiera de manera absoluta del causante o que no contara con ningún tipo de ingresos. En apoyo, se remitió a las sentencias CC C-111-2006 y CSJ SL14293-2014 y SL2490-2019.

Así, precisó que el objeto era establecer si en el trámite procesal se probó la dependencia económica de la madre respecto de su hijo fallecido, porque, indicó, resultaba claro que las investigaciones administrativas se adelantaron por las propias entidades demandadas y correspondía al juez establecer la veracidad de las afirmaciones aducidas por las partes.

Para ello, señaló que obraban en el expediente pruebas relevantes, tales como el registro civil de nacimiento y de defunción de Fabio Nelson Bejarano, el reporte de semanas, las declaraciones extraprocesales de la demandante y de Marisol Bermúdez, la comunicación de negativa de Protección S.A., el informe de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. dirigida a la administradora, la certificación laboral del afiliado, el cuestionario de la madre reclamante, el certificado de tradición de un lote en el Municipio de Restrepo de propiedad de la actora y la constancia de afiliación al sistema de salud de Juan Carlos Bejarano.

Asimismo, se remitió al interrogatorio de parte de la demandante y a los testimonios de Marisol Bermúdez, Miriam Ramos, Amparo Méndez y, a partir de estos medios estableció, con apoyo en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que la demandante acreditó la dependencia económica respecto del hijo.

Sobre el punto, destacó que si bien la actora trabajaba en un restaurante de un colegio, recibía un arriendo de $60.000, tenía un lote rural sin construcción de ninguna naturaleza que no producía ingreso alguno y que, además, el afiliado estuvo postrado en los dos últimos meses en los cuales no pudo ayudar a su madre, pero lo hizo su otro hijo Juan Carlos Bejarano, quien la afilió al sistema de salud, ello no era suficiente para predicar la falta de dependencia económica de la actora respecto del causante, puesto que él, mientras le fue posible, aportó de manera definitiva para la manutención de su progenitora, quien, a su vez, era responsable de sus otros hijos, uno de ellos menor de edad.

Adujo que si bien el informe de la empresa Consultando Ltda. y el cuestionario de la madre dependiente dejaban ver que el afiliado no se encontraba laborando, lo fue en razón a la enfermedad que se lo imposibilitó, situación que no apoyaba una presunta independencia económica de la madre cuando, además, fueron ajenas a la voluntad del fallecido. De este modo, señaló que, antes de la enfermedad del citado, era él quien aportaba básicamente en el mantenimiento de la actora para asegurar una subsistencia «medianamente digna», en tanto garantizaba la mayoría de los ingresos.

Destacó que la dependencia económica que se debía acreditar para el acceso a la pensión de sobrevivientes no excluía percibir ingresos o rentas adicionales, siempre y cuando éstas no garantizaran la independencia y solvencia económica de la progenitora, que es esencialmente lo que podía verse en el presente asunto, puesto que si bien la demandante recibía una suma de $60.000 mensuales por concepto de arrendamiento, se trataba de un monto mínimo e irrisorio que no cubría sus necesidades básicas; asimismo, se acreditó que prestaba labores en el restaurante de un colegio o en casa de familiares, aspectos que no conducían necesariamente a su independencia desde el punto de vista monetario.

Aludió a las declaraciones rendidas por Marisol Bermúdez, Miriam Ramos y Amparo Méndez, quienes afirmaron que los emolumentos que la demandante recibía no cubrían sus necesidades básicas, por lo que requería la ayuda de su hijo Fabio Nelson, además de dar cuenta que después de su muerte, les tocó vivir de la caridad de los amigos y vecinos, de lo cual se infería que la ayuda brindada por Juan Carlos Bermúdez, su otro hijo, no satisfacía las necesidades de la demandante en la forma como lo hacía el afiliado fallecido, quien, además, ganaba un salario mínimo para la época.

Señaló que no era necesario probar la suma exacta con la que el hijo le colaboraba a la madre y que el hecho de no estar afiliada al sistema de salud por aquel no desdibujaba el presupuesto de la dependencia económica. Precisó que la demandante probó tal requisito, sin que la accionada demostrara la suficiencia económica, tal como le correspondía, según la jurisprudencia de esta Corporación.

Finalmente, estimó procedentes los intereses moratorios por el pago tardío de la obligación pensional. En respaldo de tal decisión, indicó que, conforme al artículo 1º de la Ley 717 de 2001, las entidades deben reconocer la prestación de sobrevivientes dentro de los (2) meses siguientes a la respectiva solicitud del peticionario, con la respectiva documentación que acredite su derecho. Adicionalmente, el artículo 4º de la Ley 700 de 2001 dispuso el plazo de cuatro (4) meses para su pago y dichos lapsos perentorios, en el caso bajo estudio, no se cumplieron.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, absuelva a la demandada de todas las pretensiones elevadas en su contra.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado por la demandante y, enseguida, se estudia.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente, en la modalidad de «infracción directa», los artículos 167 y 221, numeral 3º del Código General del Proceso, aplicables en virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, violación medio que, dice, condujo a la aplicación indebida del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y a la infracción directa de los artículos 29 y 230 de la Constitución Política y 1º del Acto Legislativo 01 de 2005.

Aduce que esta trasgresión se dio por el siguiente error de hecho:

El error de hecho consistió en dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Bernal dependía en términos económicos del difunto, cuando no hay prueba que demuestre la existencia de una contribución monetaria periódica, coetánea con la fecha del deceso, con una cuantía con la significancia suficiente para constituirse en determinante del mínimo vital de su madre y, consecuentemente, que acredite que ese aporte y, de existir, no era la simple ayuda brindada por un buen hijo sino que era constitutiva de una subordinación pecuniaria frente a él.

Enuncia como pruebas erróneamente apreciadas el documento de la investigación administrativa realizada por la firma Consultando Ltda. (f.º134 a 148), el certificado de Saludcoop (f.º150), el documento cuestionario para madre dependiente (f.º154 a 161), el interrogatorio de parte absuelto por la demandante y los testimonios de Marisol Bermúdez, Miriam Ramos y Amparo Méndez.

En la fundamentación del ataque, sostiene que con solo observar el expediente se concluye que no hay una sola prueba que permita verificar la disponibilidad de dinero con la que contaba el afiliado para ayudar a la madre, ni el monto o frecuencia de la ayuda o su relevancia frente a las erogaciones propias, lo que condujo a que se emitiera una condena sin fundamento probatorio alguno.

Señala, en tal sentido, que, en el documento del cuestionario para madre dependiente, la actora confesó que los ingresos del hijo eran variables y que, en ocasiones, no le alcanzaba para sufragar sus propios gastos, por lo que perdía fundamento que estuviera en capacidad de socorrer a su ascendiente, de donde era importante demostrar que el afiliado contaba con los recursos necesarios para subsidiar a su madre y que esa contribución era significativa.

Precisa que también en el referido cuestionario, la madre admitió que el hijo la dejó de ayudar unos meses antes de fallecer, lo cual descartaba de plano que hubiese subordinación monetaria, pues bien es sabido, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, que la dependencia económica debía existir al momento del deceso, sin que hechos pasados pudieran tener alguna incidencia o relevancia a efectos de determinar la subordinación exigida por la ley.

Explica que en el cuestionario para madre dependiente también se indicó que el otro hijo de la demandante, Juan Carlos Bejarano, aportaba en un 100% con un monto de $560.000. Dice que lo anterior está en consonancia con lo acreditado en la afiliación a Saludcoop a folio 150, donde aparece que la actora estuvo afiliada en salud por parte de su otro descendiente y no del afiliado fallecido.

Recalca que no hay comprobación alguna de que el fallecido dispusiera de dinero para subvencionar a su madre o que los medios que le entregaba fueran significativos y, más bien, por el contrario, reposan medios de convicción que demuestran que los ingresos del causante eran variables e, incluso, inexistentes y que al final de su vida se encontró incapacitado para suministrar colaboración alguna, de manera que fue el hermano, Juan Carlos Bejarano, quien se encargó de darle a la demandante todo lo necesario para subsistir y de quien dependía económicamente.

Expone que, a las anteriores circunstancias, se agrega que la actora obtenía algunos ingresos por labores esporádicas, así como el arrendamiento de unos cuartos de su propia casa y de un terreno para que los animales pastaran, según el documento de folio 157, con lo cual es fácil inferir que con estos recursos y los ofrecidos por su hijo Juan Carlos podía satisfacer sus necesidades esenciales.

Indica que, si en gracia de discusión se aceptara que Fabio Nelson Bejarano le entregaba dinero a la madre, tampoco se demostró la frecuencia, si era representativo para satisfacer su manutención y que no se trataban de medios ocasionales que le permitían una vida más holgada. En apoyo, transcribió apartes de las sentencias CSJ SL 18 sep. 2001, rad. 16598, CSJ SL 5 nov. 2014, rad. 45919, CSJ SL, 1 jul. 2015, rad. 47693 y CSJ SL2797-2019.

Anota que lo dicho hasta aquí acredita la existencia de un error de hecho sobre los medios calificados y permite el examen de los que no ostentan tal naturaleza, de los que tampoco queda en evidencia la subordinación económica de la madre respecto del hijo.

Dice que en la investigación administrativa quedaron probadas inconsistencias entre los dichos de la demandante y lo verificado por el entrevistador, toda vez que allí adujo que para obtener algunos ingresos se hacinó con sus hijos en un cuarto de su casa, situación que no coincidía con lo visto por el entrevistador, pues la casa se describió como un inmueble bien construido y con todos los servicios públicos, además de que contaba con 4 habitaciones, sala, comedor, 1 baño, 1 cocina y un patio y corredores. Afirma que después del óbito, la madre compró un lote, un computador y una lavadora a crédito y se suscribió a internet, lo cual demostraba que la situación financiera no era como se indicó.

En cuanto a la prueba testimonial, luego de transcribir extensos apartes de las sentencias CSJ SL2490-2019 y CSJ SL2120-2020, precisa que, si bien las declaraciones apuntaban a que el afiliado contribuía con sus recursos para afrontar los gastos de subsistencia de su madre, también era cierto que nada decían respecto del socorro dado, en qué consistía o en qué grado era significativo, de modo que no servían para clarificar si hubo la supeditación económica de la actora.

Destaca que Marisol Bermúdez y Miriam Ramos eran testigos de oídas, porque sus declaraciones se soportan en lo comentado por la demandante sobre su situación económica y Amparo Méndez no refirió la razón de su dicho.

Advierte que:

(…) en todo caso, es palmario que no obstante que las testigos dijeron que sabían que el causante llevaba mercado a su progenitora cuando la visitaba cada quince días, ninguna describió el supuesto mercado y, sobre todo, cuál era su significancia frente al total de las erogaciones de su madre o, incluso, que esa colaboración superase lo conseguido por ella misma y lo aportado por su hijo Juan Carlos, lo que hace que lo testimoniado quede cojo y resulte inepto para fundar en ello una subordinación monetaria. En consecuencia es ostensible que a la luz de lo previsto en el artículo 221 numeral 3º del Código General del Proceso lo atestiguado resulta írrito para demostrar el imprescindible sometimiento pecuniario.

Concluye que no quedó demostrada la dependencia económica de la madre, contrario a lo que creyó infundadamente el Tribunal, de donde fluye de manera evidente el yerro cometido por éste, lo que impone la casación de la sentencia y proceder, en instancia, como se indicó en el alcance de la impugnación.

VII. RÉPLICA

Sostiene que el cargo debe desestimarse por razones de técnica, toda vez que incurre en impropiedades, tales como acusar la infracción directa de normas en un cargo por vía indirecta y acusa medios no calificados como los testimonios sobre los cuales la jurisprudencia de la Corte ha destacado su naturaleza no hábil en casación. Apunta que como no se prueba un error de hecho sobre medio calificado no es posible estudiar los propuestos por la censura.

VIII. CONSIDERACIONES

En cuanto a los reproches técnicos enrostrados por la parte opositora, se destaca que la jurisprudencia de esta Corte acepta excepcionalmente la posibilidad de acudir a la infracción directa cuando el cargo se dirige por la vía indirecta. Empero, en este caso, aun cuando el recurrente refiere el sub motivo de infracción directa, lo cierto es que de la demostración del cargo se advierte que lo realmente cuestionado es la aplicación indebida de las normas que enlista en la proposición jurídica, lo que le permite a la Sala analizar el fondo del reparo.

De igual forma, no puede predicarse, como lo refiere la réplica, que el ataque solo denuncie medios no calificados, puesto que si bien se refiere a los testimonios y a la investigación administrativa de Consultando Ltda., que solo recoge una declaración de tercero y no se encuentra suscrita por la demandante, también es cierto que señala como mal apreciadas otras pruebas como el cuestionario de dependencia económica de la madre y el certificado de afiliación en salud de Saludcoop, las cuales se pueden revisar para determinar los supuestos yerros fácticos del Tribunal y, en caso de haberse configurado, valorar los primeros.

Dicho lo anterior, para dar respuesta a los cuestionamientos de la recurrente, cabe recordar que el fundamento fáctico de la sentencia impugnada estribó en que se encontraba demostrada en el plenario la dependencia económica de la madre hacia el afiliado fallecido, por cuanto, pese a que ella tenía algunos ingresos, consistentes en el pago por labores domésticas en un colegio o la casa de amigos o familiares y el arriendo que percibía por un lote rural de $60.000 mensuales, lo cierto es que los testimonios de Marisol Bermúdez, Miriam Ramos y Amparo Méndez dieron cuenta que dichos emolumentos no le alcanzaban a la demandante para solventar sus necesidades básicas y que la ayuda de Fabio Nelson Bejarano fue determinante para ello.

Estimó, además, que, si bien su otro hijo Juan Carlos Bejarano le brindó alguna ayuda en los meses previos al deceso de su hermano, fue en razón a que él estuvo postrado por una enfermedad y que esta circunstancia, así como el hecho de que no estuviere afiliada al sistema de salud como su beneficiaria, no desvirtuaba la dependencia económica frente al afiliado fallecido, quien le aseguró a su progenitora una subsistencia «medianamente digna».

Dicho lo anterior, pese a que el cargo se dirige por la vía fáctica, en casación no se discuten los siguientes hechos: (i) que Fabio Nelson Bejarano falleció el 11 de octubre de 2006, era hijo de la demandante, no tenía compañera o compañero, cónyuge ni descendientes y (ii) que en los tres años anteriores a su deceso cotizó un total de 54,86 semanas.

En consecuencia, el problema a resolver, por parte de la Sala, se centra en determinar si el Tribunal erró al valorar las pruebas denunciadas al concluir que la demandante era subordinada financiera respecto del causante y, en caso afirmativo, no habría lugar a imponer a cargo de la demandada el pago de la pensión de sobrevivientes deprecada.

Para tal efecto, la Sala procede con el análisis objetivo de las pruebas calificadas en casación, cuya indebida valoración acusa el censor.

Al respecto, se tiene que, en cuanto al «cuestionario de madre dependiente reclamante de pensión de sobrevivientes», que obra a folios 154 a 161 del expediente, la censura aduce circunstancias que presuntamente fueron desconocidas respecto de este documento, como que en los meses previos al deceso del afiliado, éste no pudo trabajar dada la enfermedad que padecía y que, en razón de ello, su otro hijo Juan Carlos Bejarano colaboró a la actora, aspectos que justamente fueron tenidos en cuenta por el ad quem para edificar su decisión y que se desprenden del contenido del documento, de modo que no puede configurarse ningún error al respecto en casación.

En efecto, en este formulario denominado «cuestionario de madre dependiente reclamante de pensión de sobrevivientes», la demandante afirmó que no había laborado para ninguna empresa, sino por días en oficios domésticos; que recibía $60.000 mensuales del terreno para las vacas; que para el momento de la muerte de su hijo, tenía arrendadas dos habitaciones por las cuales le pagaban $100.000; que su hijo fallecido asumía la mitad de los gastos del hogar y que la ayuda principalmente era para comida; que su otro hijo Juan Carlos Bejarano también aportaba pero «cuando a uno le iba bien aportaba más que el otro»; que éste asumió el pago de los gastos cuando el afiliado enfermó gravemente.

Ahora, tampoco fue desconocido por el Tribunal el hecho de que la actora percibiera estos ingresos, solo que el fallador, haciendo una valoración ponderada y armónica con el resto del material probatorio, en especial, con los testimonios, asentó que éstos dieron cuenta de que dichos ingresos no le alcanzaban a la actora para cubrir sus necesidades básicas y que la ayuda de Fabio Nelson Bejarano fue determinante para el mantenimiento de una vida «medianamente digna».

Esta inferencia fáctica del Tribunal se acomoda justamente al criterio que ha mantenido esta Sala, tal como lo encontró el sentenciador, en cuanto a que los padres reclamantes de la pensión de sobrevivientes, en los términos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pueden recibir ingresos sin que ello implique que sean autónomos económicamente, siempre que éstos no cubran la totalidad de necesidades de manera holgada, digna y decorosa, tal como sucede en el presente caso, en el cual el fallador concluyó que los ingresos derivados de una actividad de oficio doméstico por días y el arrendamiento de unas habitaciones por $100.000 y de un lote por $60.000 mensuales, no alcanzaban para que la madre fuera independiente monetariamente, pues así lo dejaban ver los testimonios.

Ahora bien, la circunstancia de que el afiliado fallecido devengara un salario a destajo, como se afirmó en la misma documental estudiada, no excluye de ninguna manera la subordinación económica de la madre, pues allí simplemente señaló que aquél «era cosechero de palma de aceite africana, donde lo contrataban las cooperativas y le pagaban a destajo, había pagos que eran buenos hasta $600.000 mensual pero si no había buena cosecha el pago era muy bajo» y aclaró, en todo caso, que los únicos gastos que el citado tenía eran el casino y la pieza donde dormía, pero en la misma no se manifestó que el citado tuviera periodos sin ingresos. Además, se itera, que las inferencias de esta documental el fallador las valoró conjuntamente con lo acreditado por la prueba testimonial, la cual, en su consideración, dio cuenta de la trascendencia de la ayuda brindada a la progenitora.

Tampoco desvirtúa la dependencia monetaria la enfermedad del afiliado, pues si bien no brindó ayuda a la madre los dos últimos meses de vida y, en razón de ello, asumió la colaboración su otro hijo Juan Carlos Bejarano, es claro que antes de verse postrado por sus dolencias, lo hizo de manera determinante y sustancial, tal como, según lo determinó el Tribunal, lo acreditaron los testimonios arrimados al juicio, quienes afirmaron que la ayuda era vital y que con la colaboración brindada por el hermano en los dos meses previos al fallecimiento, la actora no podía subsistir, por lo que tuvo que acudir a la caridad de amigos y vecinos, luego de la muerte de Fabio Nelson Bejarano.

Cabe recordar que el ejercicio ponderativo y crítico de la valoración de las pruebas, tal como lo hizo el sentenciador de segundo grado, en donde apreció de manera conjunta la prueba documental con los testimonios arrimados al proceso, se encuentra amparado por las facultades del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de conformidad con el cual el juez no está sometido a ninguna tarifa legal y, por tanto, formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes. Lo anterior, de ninguna manera, puede configurar un yerro en casación, pues está dentro del marco de la autonomía de los jueces en la apreciación de las pruebas.

De igual forma, en cuanto a los medios calificados en casación se refiere, tampoco hay error de hecho sobre la afiliación al sistema de salud de Juan Carlos Bejarano, obrante a folio 150 del expediente, por cuanto su afiliación y la de su madre, en calidad de beneficiaria, se dio con posterioridad a la muerte de Fabio Nelson Bejarano (11 de octubre de 2006), esto es, el 19 de junio de 2007, de modo que esta circunstancia es posterior al deceso y en nada ambia las conclusiones fácticas de la sentencia impugnada.

Por último, aunque la censura enunció el interrogatorio de parte rendido por la demandante, lo cierto es que ninguna sustentación presentó en el cargo, a fin de demostrar que allí se contenía una confesión que fuera adversa a los intereses de la citada, para que la Corte pudiera examinar este medio que sí constituye prueba calificada y no la simple declaración de la parte, de modo que, ante el carácter rogado del recurso, no puede la Sala acometer su estudio de manera oficiosa.

De esta forma, como la censura no cumplió con el deber de demostrar la existencia de un error de hecho trascendente y evidente sobre los medios calificados denunciados, como lo fueron el «cuestionario de madre dependiente reclamante de pensión de sobrevivientes» y la afiliación al sistema de salud de Juan Carlos Bejarano y de la demandante, no puede la Sala adentrarse al examen de las pruebas no calificadas, esto es, los testimonios y la investigación administrativa adelantada por la empresa Consultando Ltda., que, valga decir, recoge testimonios de terceros y no está suscrita por la demandante (CSJ SL2768-2022, CSJ SL 2447-2021 y CSJ SL1469-2021, entre otras), lo cual solamente era posible en el evento de prosperar algún yerro sobre los primeros, lo cual, como se explicó, no se acreditó, permaneciendo, en consecuencia, la sentencia impugnada amparada bajo las presunciones de acierto y legalidad, además que tampoco se presentó una acusación concreta sobre el interrogatorio de parte de la demandante, pues simplemente se enlistó dentro de las pruebas denunciadas pero no se argumentó nada sobre su apreciación.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente y a favor de la demandante, como quiera que ésta se opuso. Se fijan como agencias en derecho la suma de $10.600.000m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 14 de julio de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ANA BEATRIZ BERNAL RODRÍGUEZ contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. PROTECCIÓN S.A., en el cual fue llamada en garantía la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

Aclaro voto

Con ausencia justificada

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

Magistrada Ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n°89912

REFERENCIA: ANA BERNAL RODRÍGUEZ vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES S. A.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto, en estricto rigor, sobre el alcance de la dependencia económica en tratándose de los padres del causante, por lo siguiente:

Objeto y cobertura de la seguridad social integral.

En la Sentencia CSJ SL3312-2020, se expuso que a través de la seguridad social integral se pretende la cobertura de toda la población colombiana, tal como lo indica expresamente el preámbulo de la Ley 100 de 1993 al definir la seguridad social como ese conjunto de,

[…] normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.

De allí, que su diseño se integra por los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, hoy laborales, y los denominados servicios sociales complementarios, a través de los cuales se llega a la población de escasos recursos. Al respecto la sentencia referida señaló:

El sistema integral incluyó dentro del ámbito de aplicación a aquellas personas que no cuentan con capacidad de pago, así en el subsistema de salud que, como su nombre indica, se ocupa de la prestación del servicio de salud de la población a través de planes para el efecto instituidos, en dos regímenes: el contributivo dirigido a aquellas personas con ingresos, esto es, los trabajadores y, el subsidiado, para aquellos de bajos ingresos.

En lo tocante a los subsistemas de Riesgos Laborales y de Pensiones, debe precisarse que los mismos están dirigidos a la cobertura de contingencias de los trabajadores, de un lado ocasionadas en el trabajo y, de otro, la denominada de origen común, esto es, que su causa no está en la labor desempeñada, y que en la actualidad incluye tanto a dependientes como a independientes.

Dado que estos subsistemas son netamente contributivos y se dirigen a la protección del trabajador, esto es, de aquel que tiene capacidad de pago atado a la fuerza laboral, se estableció como componente de la Seguridad Social Integral, los servicios sociales complementarios, focalizados a las personas de escasos recursos y que por la relevancia de los sujetos de protección en el Acto Legislativo 01 de 2005, se delegó en el legislador la posibilidad de crear beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo para la protección a ese grupo poblacional, que precisamente por presentar bajos ingresos, no lograran los requerimientos de acceso a una pensión.

La Ley 1328 de 2009, desarrolló el mandato constitucional y creó el vehículo de ahorro para la obtención de BEPS, de aquellos que, por sus condiciones de ingresos, no podían afiliarse o permanecer en el Sistema General de Pensiones, y como incentivo a dicho ahorro serían beneficiarios de un subsidio estatal, con los que, sumados, se busca primordialmente la obtención de una renta con carácter vitalicia que permita un ingreso en la vejez.

Con ello encontramos que dentro del sistema de seguridad social integral la protección a la vejez se materializa bajo diferentes pilares de acuerdo con la capacidad de ingresos de la persona; así el sistema pensional, dentro de su ámbito de aplicación personal tendrá al trabajador con capacidad de pago que le permite con su aporte contribuir a la financiación de la prestación que del mismo logre; de otro lado, a través de los denominados BEPS dirigidos a personas de escasos recursos, encuentran la manera de lograr algún ahorro, que sumado al subsidio estatal les permita principalmente algún ingreso para la vejez.

Ahora, la seguridad social no dejó de lado a las personas sin ingresos, de tal manera que, con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional, creó el auxilio monetario para el adulto mayor que no cuente con recursos para su ancianidad, programa que busca la ampliación del número de personas que sean beneficiarias del mismo.

Lo descrito nos permite inferir que el sistema de seguridad social integral busca la cobertura de los servicios y prestaciones que de acuerdo con la ley ofrece cada uno de los subsistemas, a los sujetos objeto de protección de manera que son complementarios para lograr la protección integral.

Pues bien, para efectos de definir qué cubre la seguridad social, es importante reconocer que su objeto se encamina a la calidad de vida a través de la cobertura integral de los riesgos citados, apuntando al bienestar individual y a la integración de la comunidad; de allí que comporta un doble contenido, social e individual. Esto nos lleva a un segundo aspecto para tener en cuenta, que es el imperativo de analizar no solo el contenido individual sino su efecto frente a lo social que comporta.

La filigrana de la seguridad social implica la integración de sus componentes y determinar el alcance de la protección según el grupo poblacional y la norma que lo cobija. De allí surge que conceptos como el mínimo vital, el umbral de pobreza - línea de pobreza y pobreza extrema- cobren un significado relevante en la definición del contenido mínimo a proteger, de manera progresiva, que permita aumentar la calidad de vida de toda la población como política de estado.

No se puede dejar de lado que, ante la existencia de escasos recursos para atender todas las necesidades de los habitantes del territorio, se deben distribuir de la manera más eficiente, para lograr en toda la población un nivel de vida adecuado. Dado que existen diferentes grupos poblacionales con distintas necesidades la seguridad social busca la superación del umbral de pobreza y frente aquellos con capacidad económica que tengan cubierta la congrua subsistencia.

Esta última comprendida en el concepto de nivel de vida adecuado se refiere a un mínimo de ingresos y condiciones del sustento básico de una persona y su familia, lo cual, si bien comporta un aspecto jurídico, posee un carácter económico, basado en la evaluación de los costos y, se insiste, las necesidades básicas de los sujetos en su ámbito de protección.

La seguridad social busca contrarrestar las consecuencias que genera la materialización de los riesgos que menoscaban la salud y la capacidad económica, mas no suplir las condiciones socioeconómicas preexistentes. Esto es, tiene un alcance resarcitorio o de superación de umbrales de pobreza más no remuneratorio y en el pilar contributivo encuentra piso de cobertura en ese mínimo vital.

Así, uno de los componentes que conforman a la protección social integral es el subsistema de pensiones, cuyo ámbito cobija a aquellas personas con trabajo dependiente o, independiente que se encuentran obligados a vincularse y aportar al mismo.

El Sistema General de Pensiones y su piso mínimo de protección.

El sistema general de pensiones, como uno de los componentes de la seguridad social integral, busca proteger a los trabajadores de las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte, mediante el reconocimiento de prestaciones económicas, previó el cumplimiento de los requisitos que el legislador ha establecido para ello.

Debe resaltarse y, para continuar en la línea que se viene discurriendo que, tratándose del reconocimiento de pensiones, la Constitución de 1991 establece el piso mínimo monetario de protección al introducir que ninguna mesada pensional podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente y, por esta máxima, en el diseño del sistema, desde la obligatoriedad de afiliación y aportes se circunscribe al mismo. Por manera que, este es el referente del piso de protección en materia pensional, lo que nos lleva a validar qué cubre.

Mínimo vital y móvil - Salario Mínimo

La protección al mínimo vital como derecho fundamental de un trabajador (Art 53 C.P.) está en la definición y en el diseño del salario mínimo mensual, cuya confección se basa en reconocer que los trabajadores, además de las propias responsabilidades y necesidades individuales, deben atender las de su núcleo familiar (artículo 145 C.S.T.), Es por ello que la cobertura de este propende por garantizar un nivel mínimo de bienestar, enfocado en superar la pobreza.

Esta finalidad, contemplada en diversos instrumentos internacionales ratificados por Colombia, reafirma que la remuneración por la prestación del servicio es para cubrir las necesidades mínimas del colaborador, con especial énfasis en incluir las de su familia y, la importancia de tener en cuenta factores económicos para la fijación del salario, teniendo en cuenta, claro está, las condiciones particulares de cada país.

Pues bien, en nuestro caso la determinación del salario mínimo general (rural y urbano) debe ser concertada, y tiene en cuenta «que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia» y para cuantificarlo deben incluirse factores como la inflación, el costo de vida, el crecimiento económico, la productividad, el nivel de empleo y las necesidades básicas para la garantía de la congrua subsistencia. Resulta indispensable buscar la protección de los trabajadores con la sostenibilidad económica.

En el evento de no lograr dicha concertación, y de manera subsidiaria, la competencia de establecerlo queda en el ejecutivo que deberá obligatoriamente consultar,

[C]omo parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC)».

Este artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y, la facultad subsidiaria, junto con los parámetros a consultar por el ejecutivo, fue declarado exequible en la sentencia CC C-815-1999 bajo el entendimiento que,

[E]l Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos

De lo asentado se puede extraer que las variables que se aplican para la definición del SMLMV están concebidas de tal manera que cubra las necesidades básicas del trabajador extendidas a su entorno familiar, para con ello, cumplir los cometidos estatales contenidos en la constitución.

Con esta premisa en mente, debe ser analizado el alcance de la pensión de sobrevivientes objeto de análisis.

Pensión de sobrevivientes y su finalidad

La pensión de sobrevivientes tiene como finalidad menguar las consecuencias económicas que se generan en el núcleo familiar por la intempestiva muerte de uno de sus miembros, afiliado o pensionado al Sistema General de Pensiones, que contribuye de manera sustancial a su sostenimiento; esto con el fin de paliar el cambio abrupto de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados beneficiarios de esta protección por la propia ley de seguridad social

Ello es así que, el estatuto pensional determina cuáles personas del núcleo familiar del afiliado o pensionado tienen la vocación de ser beneficiarios, es decir, no cualquiera de ellos tiene tal connotación. La Ley 100 de 1993, en sus artículos 47 y 74, contemplan como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al cónyuge y/o compañero (a) permanente, a los hijos menores del causante y los mayores de edad hasta los 25 años, que dependían de aquel por razón de estudios. A falta de éstos la ley habilita que los padres supeditados económicamente puedan ser beneficiarios de la pensión y, en un siguiente orden, se establece a los hermanos inválidos con la misma relación de dependencia, mientras permanezcan las circunstancias de la invalidez.

3.1. Dependencia económica de los padres para ser considerados beneficiarios de una pensión de sobrevivientes

En cuanto a la protección de los padres a la luz de la Ley 100 de 1993, ha de señalarse que ha existido una evolución.

Inicialmente el Decreto 1889 de 1994, estableció que existía dependencia económica cuando los ingresos de los progenitores eran equivalentes a medio salario mínimo, norma declarada nula por el Consejo de Estado, por exceder la potestad reglamentaria ya que:

El art. 47 de la Ley 100 de 1993 [...] no exige que el beneficiario no tenga ingreso o si los llegare a tener que éstos sean inferior a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual se suspendieron provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la Sala procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad reglamentaria. // Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos. // La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros. // Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el Decreto reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta última que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta.// Las anteriores breves razones llevan a la Sala a concluir que el Decreto acusado, al fijar los alcances del concepto de ‘dependencia económica’ para acceder a la pensión de sobrevivientes, so pretexto de reglamentar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no solo establece unas condiciones no previstas en la norma que reglamenta, sino que limita dicho concepto a situaciones extremas desbordando la potestad reglamentaria e incurriendo en contracción[sic] con los principios que orientan el régimen de seguridad social integral en pensiones”[i]. (Subrayado por fuera del texto original). CE SC, 11 abr. 2002, rad. 2361-98.

Posteriormente, con la Ley 797 de 2003, se calificó la dependencia como total y absoluta, condicionamiento que también fue expulsado del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-111-2006, toda vez que tal exigencia desconocía los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana. En esa oportunidad explicó el Tribunal constitucional que:

[…] si la finalidad de la pensión de sobrevivientes es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado, y por ende, evitar que el deceso implique un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios, ello no descarta la posibilidad de que los padres puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo, de una actividad privada o de una pensión autónoma (v.gr. pensión de vejez o de invalidez), siempre y cuando éstas no los conviertan en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación material que da fundamento a la citada prestación.

De otra parte, esta Sala, en nutrida jurisprudencia, ha precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u otras fuentes de recursos, no obstante los mismos no les permiten una autosuficiencia (sentencias CSJ SL9640-2014, CSJ SL9640-2014, SL8928-2014, CSJ SL30790-2007, CSJ SL22132-2004, CSJ SL24141-2005, CSJ SL26406-2006, CSJ SL30348-2007 y CSJ SL31205-2007).

Así, se entiende que la dependencia económica de los padres no tiene que predicarse de manera total y absoluta respecto de su hijo fallecido; no obstante, no se puede entender que esto habilitó que cualquier ayuda por parte de un hijo se convierte en dependencia económica CSJ SL 14539-2016, CSJ SL 4103-2016 y CSJ SL 16184 -2015 y, con ello, deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial en las condiciones de su subsistencia. Así fue reconocido de antaño por esta corporación cuando al referirse a la norma que regula los beneficiarios de pensión del estatuto de seguridad social dijo en la Sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991. que «simplemente exige la existencia de un vínculo de dependencia económica con éste, por consiguiente, no tendrán aptitud jurídica para aspirar a la prestación de supervivencia aquellos padres que fueren económicamente independientes o que dependieren en tal aspecto de otro miembro del grupo familiar». Negrilla fuera de texto.

Valga rememorar que en el mismo precedente (CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991) esta Corporación determinó:

Por manera que, vistas así las cosas, es la situación de necesidad a la que se ven expuestas las personas que dependían económicamente del causante al dejar de percibir lo que aquél les prodigaba para su subsistencia, y no propiamente los lazos de familia, lo que constituye el interés jurídicamente tutelado por el legislador a través de dicha figura de la seguridad social. Y siendo ello así, no cabe considerar dentro de esta modalidad de protección a otras personas o familiares del fallecido que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio, pues es requisito sine qua non para que ella surja a la vida jurídica, la afectación inmediata y ostensible que a su supervivencia genera la interrupción del flujo de recursos económicos que regularmente el causante les proveía, la cual sólo es entendible de quienes en su núcleo familiar dependían directamente de éste de acuerdo al orden previsto en la ley.

Tal como había asentado este precedente, de un lado la dependencia económica conlleva el concepto de necesidad de esos padres que, al no contar con la manutención por parte del hijo ven afectada su subsistencia, bajo la garantía de nivel de vida adecuado y, de otro para determinar la supeditación, no pueden incluirse familiares que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio

3.2 Ingresos propios y Salario Mínimo

El nivel de ingresos que percibe el padre o la madre se torna relevante para establecer si es o no dependiente en el sistema pensional.

Con sustento en las líneas antecedentes y con el convencimiento de que los recursos propios del padre o madre no descartan la supeditación a lo que proporcionaba el hijo fallecido, el suscrito, en consonancia con el contenido mínimo de protección en la pensión de sobrevivientes, en el marco de aquel que ve en riesgo su mínimo vital es el sujeto de protección, se encuentra que si las fuentes de ingresos al momento del deceso equivalen a un salario mínimo, no se está en condiciones de ser considerado beneficiario.

Ello es así, por cuanto el ascendiente que cuenta con un ingreso de salario mínimo, conforme a la manera en que este es definido, encuentra recursos que le permiten su congrua subsistencia, que es cubrir sus necesidades básicas como son la alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y otros gastos esenciales que promuevan un nivel de vida adecuado.

Se reitera que esta subsistencia económica, con protección constitucional y desarrollo legal, parten del derecho del trabajador a recibir una remuneración justa y equitativa que garantice las necesidades no solo de la persona que recibe el salario o ingreso, sea este dependiente o independiente, sino el de su familia. Por ende, si ya se cuenta con un piso mínimo de cobertura para tener unas condiciones de vida adecuadas, no es beneficiario, puesto que, a riesgo de fatigar, la finalidad de la prestación es hacer menos gravosa la carga económica que sus dependientes tendrían que soportar dada la supeditación al ingreso del hijo.

Aquí y ahora, surge pertinente diferenciar el nivel de vida de una persona y su familia, del concepto de dependencia mínima de subsistencia legal constitucionalmente hoy definida. Esto por cuanto el sistema pensional no entra a cubrir el estándar particular de vida que los padres del causante pudieran estar disfrutando al momento de su muerte, sino evitar que aquel que no cuenta con la cobertura de su subsistencia, se vea afectado en el núcleo duro de protección -mínimo vital y móvil- que debe ser garantizado. Es decir, la mirada de la protección es independiente de la posición o rol social es, en clave de derecho, proteger el contenido mínimo precisamente del derecho del ser humano y su dignidad. Expresado en los términos de la sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991:

En suma, no erró el Tribunal al concluir que la pensión de sobrevivientes no tiene por objeto acrecentar el patrimonio familiar, o que el miembro de la familia que en principio cuenta con aptitud jurídica o vocación para su reconocimiento, la pretenda pretextando la atención de las necesidades económicas de personas del mismo clan que están a su cargo o bajo su tutela. Se repite, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la prestación por muerte tiende es a solventar y suplir el estado de necesidad en que quedan expuestas las personas que individual y directamente dependían económicamente del trabajador o pensionado fallecido al dejar, por ese hecho, de percibir los ingresos económicos con que aquél atendía su sostenimiento. Y como en este caso no hay discusión en que la recurrente es empleada judicial, afiliada a la seguridad social, con las prerrogativas que tal situación laboral apareja, no erró el Tribunal al considerar que su alegación de ser madre o mujer cabeza de familia no era suficiente para obtener la prestación reclamada.

3.3 Calificación de la dependencia

El propósito normativo de establecer el requisito de acreditar la dependencia económica contiene un fin válido, dirigido a que la prestación llegue al real beneficiario del hijo fallecido, que no es otro que aquel, que ante la pérdida su filial, se vea de tal manera abandonado que esto atenta contra su subsistencia.

La dependencia parte de la necesidad de la protección del padre que se encuentra subordinado al ingreso que el hijo le procuraba para salvaguardar sus condiciones de subsistencia, con lo cual la ayuda económica del hijo se torna imprescindible para asumir los gastos ordinarios de los padres, ante la imposibilidad material de los mismos de costearlos para subsistir.

Ha sido claro que la imposibilidad material de los padres de suministrarse los medios para su propia subsistencia, no implica, como se señaló, el encontrarse en estado de mendicidad o la carencia total de recursos, por lo que la determinación de esta imposibilidad conlleva un juicio de autosuficiencia, entendida como aquella autonomía de generar fuentes de recursos que permitan la atención de necesidades básicas que permitan su sostenimiento económico.

Como consecuencia de ello, resulta pertinente efectuar la calificación de la dependencia para lo cual, la Corte ya ha indicado los parámetros que deben seguirse a efectos de establecer la existencia de dependencia económica de un afiliado o pensionado fallecido, partiendo de la premisa de que, si bien la dependencia no debe ser total y absoluta, la entrega de recursos a los familiares no puede ser tenida «como prueba determinante» de la dependencia (CSJ SL14539-2016 y CSJ SL1921-2019). Esto implica que la colaboración económica por parte de un hijo a sus padres no consagra una presunción de dependencia de los padres y, por lo tanto, debe verificarse la magnitud de dicho aporte.

Lo expuesto nos lleva a los criterios que deben ser analizados para calificar la dependencia, también abordado, entre otras, en las sentencias anotadas que reprodujeron la línea de pensamiento fijada en 2014, por esta Sala en la sentencia CSJ SL14923-2014, rad. 47676 y, que se recuerdan:

La dependencia económica debe ser:

Cierta y no presunta:

se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres.

Regular y periódica:

de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario.

Significativa, respecto al total de ingresos de beneficiarios:

se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.

Y, en decisión CSJ SL18980-2017, se reiteró que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente (CSJ SL529-2020 y CSJ SL704-2021), de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante o equivalentes al salario mínimo legal mensual vigente, no es dable hablar de dependencia.

En consecuencia, para el suscrito, para acceder a la protección del sistema de seguridad social en pensiones, los padres deberán, mediante los medios de convicción, acreditar, además, de i) su imposibilidad de autosuficiencia en la generación de fuentes de ingresos, ii) la sujeción material a los ingresos del hijo fallecido al momento del óbito del mismo, parámetros bajo los cuales se determina o no la existencia de la dependencia.

En el presente asunto, no fue objeto de discusión que la actora devengaba unos ingresos derivados de una actividad de oficio doméstico por días y el arrendamiento de unas habitaciones por $100.000 y de un lote por $60.000 mensuales, los que desde el punto de vista del colegiado, no permitían predicar que fuera monetariamente independiente, conclusión que además justificó con el análisis de testimonios. Al ser ello así, en el diligenciamiento no se encontraba acreditada que la subsistencia de la madre estuviese garantizada por sus ingresos conforme fue expuesto en líneas superiores, y ante ello, se habría paso el reconocimiento del derecho pensional.

Finalmente, no sobre insistir en que la protección de la seguridad social no está estructurada para cubrir cuando se «ha desmejorado la calidad de vida de ella», ya que su objetivo es menguar las consecuencias económicas del que es dependiente, que ve en riesgo su mínimo vital.

La sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991, así lo reconoció cuando explicó que:

Desde ya se advierte que el Tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le atribuye la censura, cuando aseveró que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no preveía el mejoramiento del nivel de vida del grupo familiar, “porque se limita a la subsistencia de los padres, sin otro alcance, sin otra filosofía distinta de los parámetros objetivos del mínimo vital (…), la órbita de protección del efecto de sustitución pensional se circunscribe a los progenitores. Es lamentable que la familia sea pobre, pero no es ese estado de cosas el que pretende solucionar la norma. No verlo así sería tanto como desvirtuar por completo su sentido, sería como convertir a la persona sustituta en un puente para que la pensión, en realidad, beneficie a otros miembros de la familia no cobijados como órbita de protección por el artículo 47”.

Las razones anotadas son suficientes para aclarar mi voto.

Fecha ut supra.

FERNANDO CASTILLO CADENA

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