Ficha de la providencia
Sentencia SL278-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL278-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL278-2020
Magistrado ponente: Carlos Arturo Guarin Jurado
3 de septiembre de 2019
CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO
Magistrado ponente
SL278-2020
Radicación n.° 60546
Acta 02
Bogotá, D.C., veintisiete (27) enero de dos mil veinte (2020).
Procede la Corte a proferir el fallo de instancia, conforme a lo ordenado en la sentencia CSJ SL3803-2019 del tres (3) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), emitida por esta Corporación, en el proceso ordinario que instauró ÁLVARO ALFONSO BARBOZA CALADO contra FROSST LABORATORIES INC.
ANTECEDENTES
ÁLVARO ALFONSO BARBOZA CALADO llamó a juicio a FROSST LABORATORIES INC, para que se declarara que, en su condición de pensionado de esta empresa, tiene derecho a que se le reliquide la «pensión sanción de jubilación desde el 25 de febrero de 2005 hasta octubre de 2006» y, que en consecuencia, se le condenara a pagar el retroactivo de la diferencia de las mesadas generadas, a partir de octubre de 2006, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación «correspondiente al lapso de retardo o la mora en su cumplimiento sobre el valor de las sumas adeudadas, desde que se hicieron exigibles, el día 25 de febrero de 2005», más lo que resulte probado y las costas.
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, el 27 de agosto de 2010, absolvió de las pretensiones tras considerar: i) que no era objeto de discusión, que la demandada procedió a reliquidar la pensión sanción de jubilación del actor, con fundamento en la sentencia CC C-891A-2006; ii) que el problema jurídico gravitaba en determinar desde qué fecha debían cancelarse las diferencias generadas; iii) que al tenor del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, la sentencia de la Corte Constitucional en comento, no tenía efectos retroactivos, por lo que no se equivocó la accionada, al hacer los reconocimientos sobre la indexación, a partir de noviembre de 2006, cuando se profirió la decisión de constitucionalidad; iv) que, como consecuencia de lo anterior, no había sustento jurídico para ordenar el pago de las diferencias surgidas entre el 25 de febrero de 2005 y el 30 de octubre de 2006 (f.° 141 a 143, ibídem).
El demandante, interpuso recurso de apelación, argumentando, que la indexación de la mesada pensional de acuerdo a la jurisprudencia de las altas Cortes, por virtud del inciso 5° del artículo 48 de la CN, que dispone «la ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante», rige desde 1991, en razón a que es un asunto de equidad y de aplicación directa de la Constitución de esa fecha; que, en consecuencia, habiendo causado su derecho el 16 de enero de 1994 y solicitado la indexación de la mesada el 25 de febrero de 2008, debían concederse las diferencias pensionales generadas con ocasión de la indexación de la primera mesada, causadas en el período no prescrito, esto es, a partir del 25 de febrero de 2005 hasta el 30 de octubre de 2006, pues las posteriores ya le fueron concedidas (f.° 144 a 146, ibídem).
El Tribunal, el 29 de febrero de 2012, confirmó la decisión apelada considerando que «la pensión convencional» cuya indexación se pretende, «fue reconocida mediante Resolución n.° 2 del 8 de abril de 1981, a partir del 12 de agosto de 1980 (f.° 8 a 11, cuaderno del Juzgado)», esto es, con anterioridad a la Constitución Política de 1991; que, por ese motivo, no era posible actualizar la primera mesada pensional, conforme lo explicado por la Corte en las sentencias CSJ SL, 7 oct. 2008, rad. 33292 y CSJ SL, 23 mar. 2011, rad. 37504, pues «el único requisito es que la causación del derecho pensional sea en vigencia de la CN [...], sin que se pueda obviar tal situación» (f.° 167 a 173, ib).
Mediante sentencia CSJ SL3803-2019, se dispuso la casación de la decisión de segundo grado, en razón a que, contrario a lo concluido por el Tribunal, la Sala ya ha indicado que la indexación de la base económica de la pensión de jubilación, procede sin distinción de la época de causación o de su naturaleza jurídica (f.° 44 a 51, cuaderno de la Corte).
En consecuencia, se ordenó a la demandada en la decisión en comento y en auto del 12 de noviembre de 2019, que allegara certificación sobre los montos pensionales pagados al demandante.
En relación con lo último, la accionada aportó los documentos de folios 55 a 60 y 65 a 73, ibídem, cuyo traslado se surtió mediante fijación en lista (f.° 61 y 74 ib), sin pronunciamiento de la contraparte, como se advierte de la constancia de folios 62 y 75, ibídem.
II. CONSIDERACIONES
La Sala, examinará el recurso de alzada en aplicación del principio de consonancia, previsto en el artículo 66A del CPTSS, advirtiendo que no se encuentra en discusión que la demandada reconoció al actor una pensión sanción de jubilación y que procede la indexación de la primera mesada pensional, en razón a que, en la réplica al gestor, aceptó:
i) Que, en cumplimiento de la sentencia judicial que milita a folios 14 a 19, cuaderno del Juzgado, reconoció al señor ÁLVARO ALFONSO BARBOZA CALADO una pensión sanción de jubilación, de conformidad con el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, a partir del 16 de enero de 1994, cuando aquél cumplió 50 años de edad, pues, al momento de finalizar su contrato de trabajo, esto es, el 17 de noviembre de 1982, había cumplido más de diez años de servicio.
ii) Que, el 25 de febrero de 2008, el demandante reclamó por la actualización de la mesada concedida, argumentando que entre la fecha de la causación de la mesada (noviembre de 1982) y la de disfrute (enero de 1994), la base salarial se había depreciado (f.° 20 a 22, ibídem).
iii) Que, a través de oficio del 15 de septiembre de 2008, la demandada comunicó al actor que ajustaría la mesada pensional, multiplicando el valor histórico del promedio de lo devengado en el último año de servicios (18 de noviembre de 1981 al 17 de noviembre de 1982), «por lo que resulte de dividir el índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE vigente para la fecha en que se reconoció la pensión (16 de noviembre de 1994) entre el IPC vigente en la fecha de terminación del contrato del pensionado (17 de noviembre de 1982)» (f.° 25 a 26, ib).
iv) Que, aun cuando la accionada indexó la base salarial y halló las diferencias de acuerdo al cálculo actuarial que obra a f.° 27 a 31, ibídem, solo pagó las generadas a partir del 1° de noviembre de 2006, alegando, que desde esa fecha produce efectos la sentencia de constitucionalidad CC C-891A-2006, por medio de la cual se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 8° de la Ley 171 de 1961, en el sentido de que las bases salariales de las pensiones reconocidas con fundamento en esa normativa debían ser indexadas.
De ahí que deviene en incontrastable, que el conflicto se circunscribe a determinar, si la accionada debe pagar las diferencias generadas como consecuencia de la indexación de la primera mesada pensional con anterioridad a noviembre de 2006, esto es, las causadas previo a la sentencia CC C-891A-2006, que ordenó el reconocimiento de prestaciones como la concedida al actor de forma indexada.
Al respecto, advierte la Corporación que se equivocó la demandada al considerar, que solo a partir de la declaración de exequibilidad condicionada del artículo 8° de la Ley 171 de 1961, procedía el pago de las diferencias generadas con ocasión de la indexación de la base salarial de la pensión de jubilación, en razón a que, como se indicó en la sentencia CSJ SL3492-2019, con referencia en las sentencias CC SU-120-2003; CC C-862-2006; CC C-891-2006; CC SU-1073-2012; CC T-183-2012 y CC T-932-2013, una característica ineludible de la actualización económica en comento, es que procede en aplicación directa de los artículos 48 y 53 de la CN; así como también, de los principios generales del derecho de igualdad y de equidad.
En efecto, sobre las características de la indexación, la Corte, en la sentencia CSJ SL3492-2019, resaltó lo siguiente:
En la sentencia de unificación SU-120 de 2003, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto varias decisiones proferidas por la justicia ordinaria laboral, en las que negó el derecho a la actualización del salario base de liquidación de la pensión de jubilación de los entonces accionantes. En dicha providencia, esa Corporación adujo que (i) el derecho a la indexación de la primera mesada pensional encontraba respaldo directo en la Constitución Política, específicamente en los artículos 48 y 53; (ii) distintas disposiciones del orden jurídico, tales como los artículos 14, 36 y 117 de la Ley 100 de 1993 obligan al reajuste tanto de las pensiones causadas, como de los recursos destinados a atender las prestaciones futuras, mediante la aplicación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE; (iii) el artículo 53 de la Carta Política impone a los jueces el deber de interpretar las normas en sentido favorable a los trabajadores; luego, ante la disyuntiva de aplicar o no la actualización, la justicia laboral debía inclinarse por lo primero, y (iv) la indexación es un derecho informado en la igualdad, la equidad y los principios generales del derecho.
En la decisión de constitucionalidad C-862 de 2006, al advertir un déficit de regulación de la indexación de la pensión de jubilación, la Corte Constitucional declaró exequibles los numerales 1.° y 2.° del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, en el entendido que el salario base para la liquidación de la pensión de jubilación de que trata este precepto debía ser actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE.
Igualmente, en la sentencia C-891A de 2006, por idénticas razones, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 8.º de la Ley 171 de 1961, tras detectar una omisión legislativa en la materia, dada la ausencia de un mecanismo de actualización monetaria de la base de liquidación de las pensiones. Así, explicó que tal disposición debía aplicarse bajo el entendido que comprende la indexación de los salarios base de liquidación y, en consecuencia, en todos aquellos casos en los cuales el derogado artículo 8.º de la Ley 171 de 1961 todavía surta efectos, debía aplicarse el mecanismo de actualización de la pensión sanción previsto en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, esto es, el índice de precios al consumidor.
En la SU-1073-2012 la Corte nuevamente estudió diversas acciones de tutela que atacaban sentencias de la justicia ordinaria. En esta providencia conceptuó que «el derecho a la indexación de la primera mesada pensional es predicable de todas las categorías de pensionados, y por tanto, resulta vulneratorio de los principios constitucionales que informan la seguridad social y el derecho laboral negar su procedencia a aquellos que adquirieron el derecho con anterioridad a la Constitución de 1991» y, además, subrayó que su procedencia «tiene sustento en el principio de favorabilidad laboral contenido en el artículo 53 Superior», que es «un desarrollo del principio del Estado Social de Derecho y una garantía que desarrolla los artículos 13 y 46».
En fallo de tutela T-183-2012 el Tribunal Constitucional evocó el precedente sentado en las sentencias T-014-2008, T-130- 2009 y T-366- 2009, para destacar que al momento de evaluar la configuración de la cosa juzgada, las providencias SU-120-2003, C-862-2006 y C-891A-2006 debían ser consideradas como «hechos nuevos».
[...]
Pues bien, como puede observarse en las decisiones reseñadas, la Corte Constitucional defendió férreamente el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, sin importar el tipo de prestación, su fuente legal o fecha de causación.
Por este motivo, en los fallos de unificación SU-120 de 2003 y SU-1073-2012 dejó sin efecto sendas sentencias proferidas por la jurisdicción ordinaria laboral que negaron tal actualización, y en las sentencias de constitucionalidad C-862 de 2006 y C-891A de 2006 declaró la exequibilidad de los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 8.° de la Ley 171 de 1961, en el sentido que las prestaciones pensionales consagradas en tales normativas, debían ser traídas a valor presente.
Destaca la Sala las anteriores precisiones jurisprudenciales, pues de ellas emerge, que ni la omisión legislativa declarada en la sentencia CC C-891A-2006, respecto de la actualización de la pensión sanción del artículo 8° de la Ley 171 de 1961; ni los efectos de la sentencia de constitucionalidad, del artículo 45 de la Ley 270 de 1996; así como tampoco, las decisiones judiciales sobre el asunto con anterioridad a la exequibilidad condicionada de la norma, son óbice para que se reconozca la diferencia económica que genera la indexación de la primera mesada pensional, con fecha anterior a la sentencia de constitucionalidad en referencia, en razón a que ese proceder no otorga efectos retroactivos a la decisión de constitucionalidad, como lo entendió la primera instancia, sino que resulta de la aplicación del principio de supremacía constitucional, inserto en el artículo 4° de la Constitución, por virtud del cual, los artículos 48 y 53 ibídem, contienen órdenes de eficacia directa, es decir, que no precisan de intervención legislativa, como en el caso, resulta ser la exigencia de que las prestaciones derivadas de la seguridad social mantengan su poder adquisitivo constante.
Por lo anterior, erró el primer Juzgador al negar el pago de las diferencias pensionales generadas entre febrero de 2005 y octubre de 2006, porque con ello, i) obvió la aplicación normativa de los artículos 4°, 48 y 53 de la CN; ii) dejó de acudir, como se lo imponía, el artículo 230 de la CN, a la jurisprudencia y a los principios generales del derecho, pues, como se explicó en sede extraordinaria, la Sala ha adoctrinado que la indexación procede sin distinción en la época de causación o naturaleza jurídica de la prestación; iii) olvidó que la tarea del Juez laboral y de seguridad social es interpretar de forma integral e imparcial las normas de esta naturaleza, de manera tal que materialice la consecución de los fines del Estado y de los bienes jurídicos protegidos de forma efectiva, apartándose, en casos como el presente, de una interpretación simplemente literal que no atiende las realidades sociales que exigen soluciones iguales en casos semejantes y, iv) omitió que el único motivo por el que se deben dejar de reconocer las diferencias causadas producto de la consecuente reliquidación, cuando éstas no han sido pagadas, es cuando se encuentren prescritas, porque en realidad el derecho a su reconocimiento no se encuentra afectado por el paso del tiempo.
En consecuencia, lo explicado resulta ser suficiente para revocar la decisión impugnada y, en su lugar, declarar no prósperas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido propuestas por la pasiva, que tenían como cimento, la liquidación y pago de la mesada pensional debidamente indexada, pero a partir de la notificación de la sentencia CC C-891A-2006, porque es indiscutible, como se lee en la documental de folios 28 a 31, ibídem: i) que el demandante laboró al servicio de la demandada hasta el 17 de noviembre de 1982; ii) que empezó a disfrutar su prestación el 16 de enero de 1994; iii) que a pesar del paso del tiempo y de la depreciación que sufrió la base salarial equivalente a $70.773,08, aquella no se indexó; iv) que el actor reclamó la actualización en comento el 28 de febrero de 2008; v) que la accionada procedió a indexar la prestación, pero únicamente pagó las diferencias generadas a partir de noviembre de 2006.
Ahora, efectuados los cálculos aritméticos pertinentes, con base en la información suministrada por la accionada, de folios 66 a 73, cuaderno de la Corte, procede el pago de las diferencias pensionales causadas entre el 25 de febrero de 2005 y el 31 de octubre de 2006, como lo requirió el apelante, sobre el período no prescrito, pues las que se generaron con posterioridad a octubre de esa anualidad, se itera, fueron pagadas por la accionada, teniendo en cuenta una mesada pensional inicial, debidamente indexada, indiscutida por las partes en el proceso de $406.574.
En ese norte, se condenará a la accionada a pagar VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO ($28.190.891), por aquel concepto, conforme al siguiente cuadro de liquidación:
Año
n.° mesadas
Mesada Pagada
Mesada Debida
Diferencia
1994
3
$ 98.700
$ 406.574
no solicita
1995
14
$ 120.996
$ 498.419
no solicita
1996
14
$ 144.590
$ 595.412
no solicita
1997
14
$ 175.868
$ 724.199
no solicita
1998
14
$ 208.400
$ 852.238
no solicita
1999
14
$ 243.203
$ 994.561
no solicita
2000
14
$ 267.523
$ 1.086.359
no solicita
2001
14
$ 294.168
$ 1.181.416
no solicita
2002
14
$ 316.672
$ 1.271.794
no solicita
2003
14
$ 338.807
$ 1.360.692
no solicita
2004
14
$ 365.336
$ 1.449.001
no solicita
2005
12,16
$ 389.302
$ 1.528.696
$ 13.855.031
2006
12
$ 408.183
$ 1.602.838
$ 13.141.205
2007
14
$ 433.858
$ 1.674.645
pagada
2008
14
$ 461.500
$ 1.769.933
pagada
2009
14
$ 1.905.687
$ 1.905.687
pagada
2010
14
$ 1.943.801
$ 1.943.801
pagada
2011
14
$ 2.005.419
$ 2.005.419
pagada
2012
14
$ 2.080.221
$ 2.080.221
pagada
2013
14
$ 2.130.978
$ 2.130.978
pagada
2014
14
$ 2.172.319
$ 2.172.319
pagada
2015
14
$ 2.251.826
$ 2.251.826
pagada
2016
14
$ 2.404.275
$ 2.404.275
pagada
2017
14
$ 2.542.521
$ 2.542.521
pagada
2018
14
$ 2.646.510
$ 2.646.510
pagada
2019
14
$ 2.730.669
$ 2.730.669
pagada
$ 26.996.236
De otra parte, ante la prosperidad de la pretensión de reliquidación de la mesada pensional atendiendo la indexación de la base salarial, respecto de su consecuencial, esto es, el reconocimiento de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las diferencias pensionales, se advierte que estos no proceden, pues, como lo explicó recientemente la Corporación en la sentencia CSJ SL2415-2019, no han de reconocerse en asuntos como el presente, en los que se discute la reliquidación de la mesada pensional.
Sin embargo, como en subsidio de la anterior, solicitó la indexación de esas diferencias, a ello se accederá, pues cada una de ellas se ha depreciado en su valor nominal, con la precisión de que la fórmula de actualización de esas diferencias, que deberá aplicar la demandada al momento de efectuar el pago objeto de condena, es la siguiente:
Formula:
VA= Vh * IPC Final
IPC inicial
De donde:
“VA = corresponde al valor de la diferencia de cada mesada pensional a actualizar.
IPC Final = IPC mes en que se realice el pago.
IPC Inicial = IPC mes en que se causa la diferencia de la respectiva mesada pensional.
Así lo ha sostenido la Corte, por ejemplo, en sentencia CSJ SL1511-2018.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en las sentencias CSJ SL5045-2018, ha reiterado que:
[…] existen dos clases de indexación que pueden exigirse en un proceso judicial (ver sentencias CSJ SL, 12 sep. 2006, rad. 28257, reiterada en decisiones SL11762-2014 y SL7890-2015) «[…] una relativa a la actualización o ajuste del ingreso base para liquidar la pensión (IBL), también denominada indexación de la primera mesada pensional; y otra atinente a la indexación de las sumas adeudadas por mesadas o diferencias pensionales que no fueron sufragadas en su oportunidad, y que debió haberse hecho en forma periódica»; que estas dos categorías de indexación son diferentes e independientes, pues versan sobre conceptos o acreencias diversas y, por lo mismo, tienen efectos y alcances distintos, pues una, se itera, pretende actualizar monetariamente la base salarial con la que se va a liquidar el derecho pensional y otra busca actualizar el valor de unas mesadas pensionales que, aunque se causaron, no se pagaron oportunamente.
Finalmente, en aplicación del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, se autorizará a la demandada, a realizar los descuentos para el subsistema de seguridad social en salud al demandante.
En aplicación de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 365 del CGP (4° del artículo 392 del CPC), se condenará en costas de ambas instancias al ISS hoy COLPENSIONES.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, el 27 de agosto de 2010, en el proceso ordinario promovido por ÁLVARO ALFONSO BARBOZA CALADO en contra de FROSST LABORATORIES INC, en cuanto negó la prosperidad de la pretensión de condenar al pago de las diferencias pensionales generadas entre el 25 de febrero de 2005 y el 31 de octubre de 2006, como consecuencia de la indexación de la base salarial de la pensión sanción de jubilación y en su lugar:
SEGURO: CONDENA a la sociedad FROSST LABORATORIES INC a reconocer a ÁLVARO ALFONSO BARBOZA CALADO, la suma de VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS ($26.996.236), por concepto de las diferencias pensionales causadas entre el 25 de febrero de 2005 y el 31 de octubre de 2006, con la advertencia que cada una de las diferencias que componen esa suma, deberá ser indexada como se indicó en la motiva de esta sentencia.
TERCERO: DECLARA no prósperas las excepciones de pago de lo no debido e inexistencia de la obligación.
CUARTO: ABSUELVE en lo demás.
QUINTO: AUTORIZA a la demandada, a realizar los descuentos para el subsistema de seguridad social en salud a ÁLVARO ALFONSO BARBOZA CALADO, en proporción a la diferencia existente entre la mesada que les fue reconocida y las otorgadas en esta providencia
SEXTO: COSTAS como se indicó en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO
CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA
CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO
CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO
Magistrado ponente
AL4913-2021
Radicación n.° 60546
Acta 35
Bogotá, D. C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintiuno (2021).
Procede la Sala a resolver la solicitud de corrección, dentro del presente proceso tramitado por ÁLVARO ALFONSO BARBOZA CALADO contra FROSST LABORATORIES INC.
Mediante auto del 5 de agosto del corriente año, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, se ordenó remitir el expediente de la referencia a esta Corporación, para que se tomaran las correcciones que se consideraran pertinentes en relación con la condena en costas que se realizó en la sentencia CSJ SL278-2020.
Lo anterior, por cuanto en la decisión en comento, quedó plasmado en la considerativa: «[...]Se condenará en costas de ambas instancias al ISS hoy COLPENSIONES», no obstante, tal no fue una entidad convocada al litigio.
Arribada la decisión en comento, se dispuso su traslado a través de fijación en lista, oportunidad en la cual las partes guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
Para decidir el asunto, importa recordar que de conformidad con el artículo 286 del CGP, aplicable a los procesos laborales por el principio de integración normativa del artículo 145 del CPTSS, una sentencia «en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el Juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto»; así como también, es posible rectificar en cualquier tiempo los yerros «[...] por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella».
En consecuencia, es procedente acceder a la corrección por alteración de las palabras, en las que se incurrió en la condena en costas de la sentencia CSJ SL278-2020, al referir como demandado a Colpensiones, un sujeto distinto del condenado Frosst Laboratories Inc, en cuanto tal modificación influyó en la parte resolutiva del asunto.
Ciertamente, en dicha oportunidad se sentenció:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, el 27 de agosto de 2010, en el proceso ordinario promovido por ÁLVARO ALFONSO BARBOZA CALADO en contra de FROSST LABORATORIES INC, en cuanto negó la prosperidad de la pretensión de condenar al pago de las diferencias pensionales generadas entre el 25 de febrero de 2005 y el 31 de octubre de 2006, como consecuencia de la indexación de la base salarial de la pensión sanción de jubilación y en su lugar:
SEGURO: CONDENA a la sociedad FROSST LABORATORIES INC a reconocer a ÁLVARO ALFONSO BARBOZA CALADO, la suma de VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS ($26.996.236), por concepto de las diferencias pensionales causadas entre el 25 de febrero de 2005 y el 31 de octubre de 2006, con la advertencia que cada una de las diferencias que componen esa suma, deberá ser indexada como se indicó en la motiva de esta sentencia.
TERCERO: DECLARA no prósperas las excepciones de pago de lo no debido e inexistencia de la obligación.
CUARTO: ABSUELVE en lo demás.
QUINTO: AUTORIZA a la demandada, a realizar los descuentos para el subsistema de seguridad social en salud a ÁLVARO ALFONSO BARBOZA CALADO, en proporción a la diferencia existente entre la mesada que les fue reconocida y las otorgadas en esta providencia
SEXTO: COSTAS como se indicó en la parte motiva.
Así las cosas, téngase en cuenta que la condena en costas afectó a la parte vencida en el juicio, esto es, a la pasiva del litigio: FROSST LABORATORIES INC.
DECISIÓN
A causa de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, resuelve:
PRIMERO: CORREGIR el segundo párrafo del folio 13 de la sentencia CSJ SL278-2020, el cual quedará así:
En aplicación de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 365 del CGP (4° del artículo 392 del CPC), se condenará en costas de ambas instancias a FROSST LABORATORIES INC.
Esta providencia hace parte integral de la sentencia citada en precedencia.
Notifíquese y cúmplase.
SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO
CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA
CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO
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