Ficha de la providencia
Sentencia SL2855-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2855-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2855-2019
Magistrado ponente: Ernesto Forero Vargas
24 de julio de 2019
ERNESTO FORERO VARGAS
Magistrado ponente
SL2855-2019
Radicación n.° 59334
Acta 24
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JAIRO MOISÉS GUERRERO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 15 de julio de 2011, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la FIDUCIARIA LA PREVISORA, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES P.A.R., LA NACIÓN – MINISTERIO DE COMUNICACIONES y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
ANTECEDENTES
Jairo Moisés Guerrero llamó a juicio a la Fiduciaria La Previsora, Colombia Telecomunicaciones S. A., Patrimonio Autónomo de Remanentes P.A.R., la Nación – Ministerio de Comunicaciones y la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se declare que: i) le prestó sus servicios personales a Telecom durante más de 27 años, entre el 20 de abril de 1978 y el 31 de enero de 2006; ii) entre Telecom en liquidación y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. existió una sustitución patronal; iii) desde el 12 de junio de 2003 hasta la terminación de su contrato de trabajo, y en su liquidación final de prestaciones, no le pagaron el subsidio familiar ni las acreencias convencionales a las que tenían derecho, denominadas: «Auxilios Educativos, Auxilio de Almuerzo, Prima por Saturación, Auxilio de supervivencia, las cuales tienen incidencia salarial, prestacional y en el monto de la mesada pensional»; iv) su vínculo fue terminado unilateralmente por el liquidador de Telecom el 31 de enero de 2006, por supresión del cargo debido al cierre y finalización jurídica de esa entidad; v) para la fecha anterior, no había sido incluido en la nómina de pensionados de Caprecom, no se le había notificado su inclusión a ella, ni se le había pagado su primera mesada pensional; vi) su despedido fue legal pero sin justa causa, ya que no obedeció a ninguna de las causales tarifadas en el Decreto 2127 de 1945, ni de las señaladas en el artículo 4° del acuerdo de la junta directiva número 0055 del 1° de julio de 1993; vii) era acreedor de las diversas partidas indemnizatorias originadas por la terminación unilateral y sin justa causa de su contrato de trabajo, a saber:
Tanto las consagradas en el artículo 51 del Decreto 2127 de 1945 (en armonía con el artículo 4° del ACUERDO de la Junta Directiva No. JD-055 DE JULIO 1° DE 1993 y con la extendida costumbre existente en Telecom por virtud de la cual los trabajadores no se desvinculaban al cumplir la edad para acceder a la pensión convencional, sino al llegar a la edad de retiro forzoso), como
A la INDEMNIZACIÓN creada por el artículo 24 del decreto 1615 de junio 12 de 2003 que remite al artículo 5 de la Convención Colectiva 1994/1995.
viii) no le pagaron el auxilio de cesantía en forma completa y oportuna, lo primero, por cuanto no se tuvieron en cuenta para su cálculo las prestaciones convencionales denominadas: «Auxilios Educativos, Auxilio de Almuerzo, Prima por Saturación, Auxilio de supervivencia, las cuales tienen incidencia salarial, prestacional y en el monto de la mesada pensional», y, lo segundo, porque las cesantías no le fueron pagadas dentro del término establecido en el artículo 31 del acuerdo JD 0012 DE 1992; y ix) su empleador no obró de buena fe ni al pagarle extemporáneamente el auxilio de cesantía, ni al omitir reconocer indemnización por terminación unilateral y sin justa causa.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condenara a las accionada a pagarle: i) las prestaciones convencionales denominadas: «Auxilios Educativos, Auxilio de Almuerzo, Prima por Saturación, Auxilio de supervivencia, las cuales tienen incidencia salarial, prestacional y en el monto de la mesada pensional; ii) el reajuste del auxilio de cesantía, teniendo en cuenta los factores prestacionales constitutivos de salario; iii) las diversas partidas indemnizatorias legales y convencionales a las que afirmó tener derecho como consecuencia de la terminación sin justa causa de sus contratos de trabajo; iv) la indemnización moratoria por el no pago oportuno de salarios, prestaciones sociales o la indemnización por su despido injusto; v) los perjuicios morales y materiales derivados su finalización del vínculo; vi) lo que ultra o extra petita resultara probado en el proceso; vii) la indexación de las condenas y/o los intereses moratorios sobre las sumas que resultaran deber las accionadas; y viii) las costas y agencias en derecho.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones- Telecom, en liquidación, fue creada de acuerdo con las Leyes 6ª de 1943, 83 de 1945 y los Decretos 1684 de 1947, 1233 de 1950, 1184 de 1954, 1635 de 1960 y 3267 de 1963; que nació el 7 de febrero de 1956, y laboró para Telecom desde el 20 de abril de 1978 hasta el 31 de enero de 2006; que esa entidad fue reestructurada mediante el Decreto 2123 de 1992 y en ese mismo año la empleadora profirió el acuerdo JD-0012, cuyo capítulo 1 reguló lo relacionado con los auxilios de almuerzo (artículos 1 a 9) y cesantía (artículos 10 a 32), y señaló de manera clara que el pago de la cesantía se debía efectuar dentro de los 30 días siguientes a la desvinculación de los trabajadores; que en 1993 expidió el acuerdo JD-055, cuyo capítulo 1 garantizó la estabilidad de la relación laboral sin solución de continuidad de sus trabajadores, así como la continuidad y permanencia del régimen salarial, prestacional, asistencial y de pensiones.
Que en 1993 surgió el sindicato de industria de los trabajadores de las telecomunicaciones (“att”); que el 18 de febrero de 1994 Sittelecom suscribió con Telecom una convención colectiva de trabajo en cuyo artículo 5° se estableció una tabla indemnizatoria aplicable a los trabajadores despedidos sin justa causa que hubieren ingresado con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2123 de 1992; que posteriormente Telecom, Sittelecom y la “att” suscribieron las siguientes convenciones colectivas: 1) la de fecha 8 de agosto 1996, cuyo artículo 2° estableció la vigencia de las normas prexistentes y su cláusula 13 derogó la tabla indemnizatoria creada por la convención 1994-1995, reemplazándola por la prohibición de terminar contratos de trabajo por razones distintas a las señaladas como justa causa; y 2) la del 10 de marzo de 1998, en cuyo artículo 6° se acordó un mecanismo de promoción de las escalas administrativa y operativa.
Que a finales del año 2000 la “att” absorbió a Sittelecom y de dicha fusión surgió la Unión Sindical de los Trabajadores de las Comunicaciones U.S.T.C., quien en 2002 también celebró un nuevo acuerdo convencional con Telecom, con una vigencia convencional de 2 años; que el demandante era beneficiario de las diversas convenciones colectivas suscritas por Telecom, por su condición de afiliado al sindicato pactante de las mismas y por haber la entidad liquidada descontado de nómina las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias.
Que la Ley 790 del 27 de diciembre de 2002, consagró la protección temporal denominada reten social, la cual fue formalizada para Telecom por el Ministerio de Comunicaciones mediante documento administrativo de fecha 26 de mayo de 2003, «en cuyo ordinal 4 se definió que los empleados beneficiarios del retén social eran las madres cabeza de familia, limitados y personal próximo a obtener su pensión de vejez, precisando que todos ellos, “Al final del plazo del retén social, … deberán ser indemnizados de acuerdo a la tabla convencional».
Que el 10 de junio de 2003, Telecom envió una circular a sus trabajadores, usuarios y al Ministerio de la Protección Social informando que se había tomado la decisión de suspender la atención al público y de excusar a los trabajadores de la prestación de sus servicios y en la misma calenda los trabajadores de Telecom fueron desalojados de las instalaciones de la empresa por la fuerza pública; que, al día siguiente, 11 de junio de 2003, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comunicaciones emitieron un documento en el que recomendaron suprimir a Telecom; que el 12 de junio de 2003, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1615 y el Decreto Ley 1616, en los cuales, en el primero, se ordenó la supresión, disolución y liquidación de Telecom y en su artículo 24 se consagró la obligación de la liquidada de reconocer y pagar a los trabajadores oficiales a los que se les terminara su contrato de trabajo, la indemnización como consecuencia de su supresión.
Y, respecto a la segunda norma mencionada, el actor aludió que, estaba vigente la institución de la sustitución de empleadores en el sector público y su contrato laboral, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de telecomunicaciones, dicha norma ordenó la creación de Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P., la cual se protocolizó mediante la escritura pública número 1331 del 16 de junio de 2003 de la Notaría 22 de Bogotá, que «“dio nacimiento a la vida jurídica” a la sociedad por acciones-empresa de servicios públicos oficial (“COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P) que asumió los deberes y derechos de Telecom – en liquidación», incluida la tenencia y explotación de todos sus bienes, incluso su marca.
Conjuntamente a lo anterior, el Decreto Ley 1616 de 2003, en su artículo 22 estableció que: «Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. continuará ejecutando el Plan Bianual que, en desarrollo del artículo 15 del Decreto 2542 de 1997, está ejecutando la Empresa Nacional de Telecomunicaciones- Telecom, en la fecha de expedición del presente decreto».
Que Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P.:
[…] puso en marcha un PLAN DE CONTINGENCIA, para cuya ejecución integró un equipo de colaboradores en el cual incluyó Altos Directivos de Telecom y trabajadores oficiales de la misma entidad, excluyendo al demandante, pese a ser personas en condiciones de debilidad manifiesta que tenían contrato de trabajo vigente con el patrono propietario de los bienes, activos y derechos cuya explotación inició.
El 27 de junio de 2003 Telecom y la Fiduciaria La Previsora S. A. celebraron un contrato de prestación de servicios, cuyo objeto era la realización por parte del contratista de todos los procedimientos, actividades y gestiones propias de la liquidación; que el 24 de julio de 2003 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2062, por medio del cual suprimió la planta de cargos de empleados públicos y trabajadores oficiales de Telecom; que hasta la fecha de expedición del decreto mencionado, al actor le pagaron prestaciones convencionales; que «A comienzos de agosto de 2003, Telecom en liquidación empezó a enviar por correo a sus trabajadores oficiales sendas misivas (fechadas 31 de julio de 2003), mediante las cuales les comunicaba la supresión de sus cargos y la terminación unilateral sin justa causa de sus contratos de trabajo», sin embargo, el demandante fue restituido en su cargo el 1° de noviembre de 2004, por cumplir los requisitos para ser incluido en el retén social en calidad de prepensionado, bajo las mismas condiciones prestacionales y laborales en que se encontraba el 25 de julio de 2003, no obstante no le liquidaron ni pagaron el «Auxilios Educativos, Auxilio de Almuerzo, Prima por Saturación, Auxilio de supervivencia, las cuales tienen incidencia salarial, prestacional y en el monto de la mesada pensional», los demás salarios y prestaciones sociales fueron compensados con la pagado a título de indemnización por despido.
Que el 13 de agosto de 2003 Telecom y Colombia Telecomunicaciones firmaron un contrato de explotación de bienes, activos y derechos, en virtud del cual Colombia Telecomunicaciones «sustituyó a TELECOM en liquidación en relación con sus usuarios, sus proveedores y contratistas, etc.» y Telecom, con la contraprestación recibida, pagó a sus trabajadores; que:
Del 12 de junio de 2003 a la fecha de cierre del proceso de liquidación de Telecom (enero 31 de 2006), la empresa que presta los servicios de telecomunicaciones en el Departamento de Norte de Santander y en la mayor parte de Colombia no sufrió variaciones significativas en su objeto social, ni interrumpió la prestación de los servicios públicos a su cargo, presentándose continuidad de empresa.
Por las anotadas razones y porque no se presentaron variaciones significativas en el objeto social de la compañía para la cual trabajaba el demandante, entre Telecom y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. existió una sustitución de empleadores.
Señaló que Caprecom mediante Resolución 1597 del 23 de agosto de 2004, le negó el reconocimiento de la pensión, decisión que fue revocada a través de la Resolución 1384 del 23 de junio de 2005, en la cual se resolvió el recurso de reposición otorgándole la pensión convencional en la modalidad de 25 años de servicios sin consideración de la edad.
Que mediante el Decreto 1925 del 9 de junio de 2005, el Gobierno Nacional prorrogó la liquidación de Telecom hasta el 31 de diciembre de 2005 y, luego, mediante el Decreto 4781 del 30 de diciembre de 2005, la prorrogó nuevamente hasta el 31 de enero de 2006; que «el 28 de diciembre de 2005 las Fiduciarias Popular S. A. y Fiduagraria S. A. celebraron un Acuerdo Consorcial para atender la invitación pública para constituir el PAR»; que:
El 30 de diciembre de 2005, entre el presidente de la Fiduciaria la previsora S. A., actuando en calidad de liquidador de TELECOM EN LIQUIDACIÓN y la Representante del CONSORCIO REMANENTES TELECOM, se suscribió un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, cuyo objeto es “…la constitución de un Patrimonio Autónomo denominado “PAR”, destinado entre otros a: “… (c) La cesión legal en los contratos que se encuentren vigentes a la fecha de cierre de los procesos liquidatarios, que hayan sido suscritos por TELECOM EN LIQUIDACIÓN Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN y que identifique previamente el liquidador , asumiendo de esta manera el Patrimonio Autónomo de Remanentes –PAR_ las obligaciones y derechos de la entidad contratante; (d) Atender los procesos judiciales, arbitrales y administrativos, o de otro tipo que se hayan iniciado contra las entidades en liquidación con anterioridad al cierre de los procesos liquidatorios y la extinción jurídica de las mismas;… y; (f) Asumir y ejecutar las demás obligaciones remanentes a cargo de TELECOM EN LIQUIDACIÓN Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACIÓN posteriores al cierre de los procesos liquidatorios, que se indiquen en los términos de referencia, en el contrato de fiducia mercantil o en la ley.
El 31 de enero de 2006, la fiduciaria La Previsora S. A., cerró el proceso de liquidación de Telecom, pese a haberse pretermitido las acciones ordenadas por el Artículo 29 de la CN, el Decreto Ley 254 de 2000 y el Decreto 1615 de 2003, entre ellas, el desarrollo del inventario y el avalúo de todos los bienes de propiedad de la entidad que se liquidó; que desde esa misma data el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Despacho del Ministro ha venido ocupando la posición de fideicomitente en los contratos de fiducia mercantil celebrados para constituir el PAR y PARAPAT. Igualmente ha venido ejerciendo la función de coordinación entre el PAR y el PARAPAT para que efectivamente cumpla su finalidad; y que ese mismo día la Fiduciaria la Previsora S. A., obrando en su calidad de liquidadora de Telecom, mediante oficio 06-1723 le dio por terminado el vínculo laboral de manera unilateral y sin justa causa, argumentando que todos los cargos existentes quedaron automáticamente suprimidos y que sus contratos de trabajo finalizaron con el cierre y fenecimiento de la existencia jurídica de la entidad; que para entonces no le había sido reconocida su pensión por parte de Caprecom, no se había notificado tal inclusión, no se le había empezado a pagar la primera mesada propia de status de pensionado y, por lo tanto, tenía derecho a recibir, por el despido injusto que sufrieron, los conceptos consagrados en el artículo 51 del Decreto 2127 de 1945 «(en armonía con el artículo 4° del ACUERDO de Junta Directiva No. JD-0055 DE JULIO 1° DE 1993», y la indemnización establecida en el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003, que remitía al artículo 5° de la convención colectiva de trabajo 1994/1995, y los perjuicios materiales y morales que se le ocasionaron.
Finalmente sostuvo que, mediante escrito radicado en las entidades demandadas el 28 de abril de 2008, cumplió con la reclamación administrativa.
Al dar respuesta a la demanda, todas las accionadas se opusieron a las pretensiones.
En cuanto a los hechos, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., negó que entre la liquidada Telecom y ella hubiera operado la figura jurídica de la sustitución de empleadores, argumentando que no se dieron los presupuestos establecidos en el artículo 67 del CST y adicionalmente porque Telecom y ésta suscribieron un contrato de explotación, en virtud del cual esta última recibió el uso y goce de los bienes, activos y derechos, y que solo tuvo por objeto la transferencia de activos.
Frente a todos los demás hechos, Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. aseveró que no le constaban por referirse a personas ajenas a ella o que no eran hechos sino alusiones a normas legales.
En su defensa propuso como excepción previa la de prescripción y como de fondo, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.
El Ministerio de Comunicaciones manifestó que no era cierto que esa entidad hubiera expedido un documento que reglamentara la aplicación del retén social para los entonces trabajadores de Telecom en liquidación; que se diera la sustitución de empleadores, pues no hubo continuidad de empresa al haberse liquidado Telecom, y que no se cumplieran todas las actividades inherentes y necesarias del proceso de liquidación al momento de la firma del acta de liquidación.
Admitió como cierto que el 11 de junio de 2003 expidió, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, un documento en el que recomendó suprimir a Telecom y que en el momento que se ordenó su supresión se encontraban vigentes las normas relativas a la sustitución de empleadores. Respecto de todos los demás hechos señaló que no le constaban por tratarse de terceros de los que no conocía ni debía conocer.
En su defensa propuso como excepciones, la inexistencia de la obligación a su cargo; indebida integración del litisconsorcio por parte de la pasiva; y cobro de lo no debido.
La Fiduciaria la Previsora S.A., respecto a la mayoría de ellos, afirmó que no le constaban y que se atenía a lo que resultara probado en el proceso o que no eran hechos que tuvieran que ver con actuaciones suyas como liquidadora de la extinta Telecom.
Aceptó como cierto que el Decreto 1616 de 2003 estableció que Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. continuaría ejecutando el Plan Bianual, que en desarrollo del artículo 15 del Decreto 2542 de 1997 ejecutaba Telecom; que celebró con Telecom en liquidación un contrato de prestación de servicios cuyo objeto era la realización, por parte del contratista, de todos los procedimientos, actividades y gestiones propias de la liquidación; que Telecom en liquidación y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. celebraron el 13 de agosto de 2003, un contrato de explotación de bienes, activos y derechos; que el Decreto 4781 de 2005 extendió el plazo para la liquidación de Telecom hasta el 31 de enero de 2006; que Fiduprevisora S.A. suscribió con el Consorcio Remanentes Telecom un contrato de fiducia mercantil cuyo objeto era:
“…la constitución de un Patrimonio Autónomo denominado “PAR”, destinado entre otros a: “… (c) La cesión legal en los contratos que se encuentren vigentes a la fecha de cierre de los procesos liquidatarios, que hayan sido suscritos por TELECOM EN LIQUIDACIÓN Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN y que identifique previamente el liquidador , asumiendo de esta manera el Patrimonio Autónomo de Remanentes –PAR_ las obligaciones y derechos de la entidad contratante; (d) Atender los procesos judiciales, arbitrales y administrativos, o de otro tipo que se hayan iniciado contra las entidades en liquidación con anterioridad al cierre de los procesos liquidatorios y la extinción jurídica de las mismas;… y; (f) Asumir y ejecutar las demás obligaciones remanentes a cargo de TELECOM EN LIQUIDACIÓN Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACIÓN posteriores al cierre de los procesos liquidatorios, que se indiquen en los términos de referencia, en el contrato de fiducia mercantil o en la ley.
Así mismo, reconoció como verdadero, que el 31 de enero de 2006 suscribió con el Consorcio Remanentes Telecom un otrosí al contrato de fiducia mercantil antes referido, en el que, entre otras cosas, se precisó que una de las obligaciones del consorcio era «adelantar el pago y cumplimiento de obligaciones pendientes de pago, al cierre de los procesos liquidatorios de las entidades contratantes, las cuales podrán ser verificadas frente a los Contratos y demás documentación que acredite que la entidad liquidada era la obligada al pago»; que:
Desde el 31 de enero de 2006 en que se adicionó el Decreto 1615 de junio de 2003, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Despacho del Ministro ha venido ocupando la posición de fideicomitente en los contratos de fiducia mercantil celebrados para constituir el PAR y PARAPAT. Igualmente ha venido ejerciendo la función de coordinación entre el PAR y el PARAPAT para que efectivamente cumpla su finalidad.
Fiduprevisora S.A. E.S.P. negó el hecho referido a que entre Telecom en liquidación y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. existió una sustitución de empleadores, pues manifestó que esa empresa desapareció por mandato de decretos administrativos; que señalaron que la liquidación de Telecom se hizo pretermitiendo las acciones legalmente obligatorias, pues indicó que la Fiduprevisora S.A. sí las ejecutó; que el trabajador fue despedido unilateralmente y sin justa causa por parte de la Fiduprevisora S.A. actuando como liquidadora de Telecom, ya que, adujo que lo que realmente Telecom en liquidación informó a los trabajadores, fue la supresión de los cargos y no la terminación unilateral del contrato, que la injusticia del despido era una apreciación subjetiva del actor.
En su defensa, la Fiduciaria la Previsora S.A. propuso como excepciones previas, la inexistencia de la parte demandada y su incapacidad. Como excepciones de mérito propuso, la falta de legitimación por pasiva; inexistencia de la obligación; y falta de legitimación en la causa petendi.
Por otra parte, el Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR, frente a los hechos, manifestó que era cierto, la creación de la empresa y las disposiciones legales, la fecha de nacimiento del demandante, que el 27 de diciembre de 2002, la Ley 790 consagró la protección temporal denominada reten social, y que la misma fue formalizada para Telecom por el Ministerio de Comunicaciones mediante documento administrativo de fecha 26 de mayo de 2003; que el Decreto 1615 de 2003 ordenó la supresión, disolución y liquidación de Telecom y su artículo 24 dispuso la obligación de esta empresa en liquidación de pagar a los trabajadores oficiales a los que se les terminara su contrato de trabajo, una indemnización, «la cual conforme el artículo 26 del mismo Decreto 1615 es “compartible con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tenga derecho el trabajador oficial a la terminación del respectivo contrato de trabajo”». Pero sobre este punto aclaró que, «del mismo texto de la demanda se deduce que al actor se le reconoció la liquidación definitiva de prestaciones e indemnizaciones».
Y respecto del Decreto Ley 1616 de 2003, aceptó que éste ordenó la creación de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de telecomunicaciones, y que ésta nueva empresa asumió la tenencia y explotación de todos los bienes de Telecom en liquidación, para continuar ejecutando el plan bianual que ejecutaba la extinta compañía, para lo cual celebraron un contrato de explotación de bienes, activos y derechos.
También reconoció que Telecom en liquidación y la Fiduprevisora S. A. celebraron un contrato de prestación de servicios, cuya finalidad era la realización por parte del contratista, de todas las actividades concernientes a la liquidación; que fue el Decreto 2062 de 2003 el acto administrativo mediante el cual se llevó a cabo la supresión de la planta de cargos de Telecom en liquidación; que la liquidación de Telecom se prorrogó inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2005 y, posteriormente, hasta el 31 de enero de 2006; que «el 28 de diciembre de 2005 las Fiduciarias Popular S. A. y Fiduagraria S. A. celebraron un Acuerdo Consorcial para atender la invitación pública para constituir el PAR»; que:
El 30 de diciembre de 2005, entre el presidente de la Fiduciaria la previsora S. A., actuando en calidad de liquidador de TELECOM EN LIQUIDACIÓN y la Representante del CONSORCIO REMANENTES TELECOM, se suscribió un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, cuyo objeto es “…la constitución de un Patrimonio Autónomo denominado “PAR”, destinado entre otros a: “… (c) La cesión legal en los contratos que se encuentren vigentes a la fecha de cierre de los procesos liquidatarios, que hayan sido suscritos por TELECOM EN LIQUIDACIÓN Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN y que identifique previamente el liquidador , asumiendo de esta manera el Patrimonio Autónomo de Remanentes –PAR_ las obligaciones y derechos de la entidad contratante; (d) Atender los procesos judiciales, arbitrales y administrativos, o de otro tipo que se hayan iniciado contra las entidades en liquidación con anterioridad al cierre de los procesos liquidatorios y la extinción jurídica de las mismas;… y; (f) Asumir y ejecutar las demás obligaciones remanentes a cargo de TELECOM EN LIQUIDACIÓN Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACIÓN posteriores al cierre de los procesos liquidatorios, que se indiquen en los términos de referencia, en el contrato de fiducia mercantil o en la ley.
Admitió que el 31 de enero de 2006, el PAR suscribió un otrosí al contrato de fiducia mercantil antes mencionado, para precisar como obligación del Consorcio Remanentes Telecom, «adelantar el pago y cumplimiento de obligaciones pendientes de pago, al cierre de los procesos liquidatorios de las entidades contratantes»; finalmente, aceptó que desde el 31 de enero de 2006, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ocupó la posición de fideicomitente en los contratos de fiducia mercantil celebrados para constituir el PAR y PARAPAT y ha ejercido la función de coordinación entre el PAR y el PARAPAT para que efectivamente cumplieran su finalidad.
Por el contrario, el PAR aseveró que no era cierto que Telecom en liquidación hubiera enviado misivas a sus extrabajadores anunciándoles la terminación unilateral y sin justa causa de sus contratos laborales, puesto que lo que realmente comunicó fue su culminación, en virtud de la liquidación de la compañía, de acuerdo al Decreto 1615 de 2003; que, «además se les canceló la totalidad de sus salarios, prestaciones e indemnizaciones a que por ley tiene derecho».
Igualmente, destacó que no existió la sustitución de empleadores que alegó el demandante porque,
[…] el Decreto 1615 de 2003 dispuso de la supresión de Telecom y ordeno su liquidación, prohibiéndole en su artículo 3 iniciar nuevamente actividades en desarrollo de su objeto social, restringiendo su capacidad jurídica, por lo que se puede concluir que es imposible hablar de continuidad de la empresa, a más de lo dispuesto en el artículo 16 del mismo acto que ordenó la supresión de empleos y la terminación de la relación, lo cual originó la culminación de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales y de la vinculación legal y reglamentaria de los empleados públicos, claro surge igualmente Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. nació a la vida jurídica en virtud del decreto 1616 del 12 de junio de 2003 como ente independiente y autónomo, sin relación alguna con la extinta Telecom, razones estas que con visto en lo previsto por el decreto 2127 de 1945 en su artículo 53.
También manifestó que no era cierto el hecho que aducía, que el demandante después de la expedición del Decreto 2062 del 24 de julio de 2003 (que ordenó la supresión de los cargos), dejó de percibir el reconocimiento y pago de sus derechos convencionales, debido a que sólo podía ser beneficiario de las convenciones colectivas durante la existencia de la relación laboral y hasta la terminación legal de su contrato.
Que no era cierto que se hubieran pretermitido acciones inherentes al proceso liquidatorio de Telecom, pues aseguró el PAR, que según el informe final del liquidador se realizaron todas ellas, y además, ninguna objeción se le presentó en su momento a dicho informe; que era falso que el PAR hubiera actuado de mala fe, por cuanto nunca existió una relación laboral entre el patrimonio autónomo y los actores.
Respecto a todos los demás hechos, el PAR manifestó que no le constaban y que por lo tanto se atenía a lo que resultara probado o que no eran hechos sino apreciaciones subjetivas de la parte activa.
En su defensa propuso como excepción previa la inexistencia jurídica del demandado y como excepciones de mérito, imposibilidad para proferir sentencia de fondo contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, inexistencia de la obligación, falta de legitimación por pasiva, buena fe, compensación, prescripción y la innominada.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al pronunciarse sobre los hechos, aceptó las disipaciones legales que crearon Telecom, la expedición del Decreto 2123 de 1992, de la Ley 142 de 1994 y 489 de 1998, el Decreto Ley 254 de 2000, la directiva presidencial #10, la Ley 790 de 2002, los Decreto 1615 y 1616 de 2003 que ordenaron la liquidación de Telecom, respecto de todos los demás manifestó que no le constaban y que se atenía a lo que resultara probado en el proceso, pues ninguna relación tuvo con la parte demandante.
En su defensa propuso como excepciones de fondo la inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad administrativa, e inexistencia de solidaridad o de vínculo entre la demandada y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En auto de fecha 23 de julio de 2009 (f.° 1087-1088) el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, al decidir sobre las excepciones previas de prescripción, inexistencia de la parte demandada y su incapacidad -Fiduprevisora, inexistencia jurídica del demandado -PAR, propuestas por los demandados, indicó que en su sentir ellas conllevaban una decisión de fondo y por tanto, correspondía resolverlas en la sentencia por ser la oportunidad procesal en donde se definen los aspectos que constituyen el fondo de lo debatido.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 7 de mayo de 2010 (f. 1160-1170), resolvió: absolver a todos los demandados de las pretensiones señaladas en la demanda instaurada en su contra por Jairo Moisés Guerrero. Sin costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante fallo del 15 de julio de 2011 (f.° 186 a 193 Cuaderno del Tribunal), al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, decidió confirmar la sentencia del a quo, e impuso costas a cargo del actor.
En lo que en interesa únicamente al recurso extraordinario, el ad quem tuvo como fundamento de su decisión, que el problema jurídico del sub lite se centraba en establecer si el actor tenía «derecho a recibir las indemnizaciones por despido sin justa causa a pesar de haberle sido reconocida la pensión de jubilación por parte de CAPRECOM».
Pero antes de resolverlo, consideró relevante proveer respecto de la sustitución de empleadores que alegó el demandante ocurrió entre Telecom en liquidación y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., sobre lo cual trajo a colación los artículos 53 y 54 del Decreto 2127 de 1945, pues consideró que eran las normas aplicables al sub lite, por regular la aplicación de la figura jurídica de la sustitución de empleadores respecto de trabajadores oficiales, calidad que consideró ostentó el actor.
Ahora bien, en cuanto a la aplicación de dicha figura jurídica, mencionó que esta Corporación, en su Sala de Casación Laboral tenía definido que, para que procediera su declaración, quien alegaba su existencia debía demostrar los siguientes presupuestos: i) el cambio de un patrono por otro, ii) la continuidad de la empresa o identidad del establecimiento y iii) la continuidad de servicios del trabajador mediante el mismo contrato de trabajo.
Acto seguido, el ad quem citó en extenso la sentencia CSJ SL, 28 jul. 2009, rad. 31952, la cual manifestó era relevante porque fue dictada dentro de un proceso contra los aquí demandados, se refirió en concreto sobre la existencia de la sustitución patronal reclamada y aludió que, respecto de los trabajadores de la extinta Telecom no existió tal, pues, teniendo en cuenta los requisitos normativos y jurisprudenciales antes mencionados, «si el trabajador no continúa laborando con el nuevo empleador no puede hablarse de sustitución de empleadores» puesto que:
Es tema indiscutido que la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM desapareció y que el contrato de trabajo de (…) terminó por la liquidación de la entidad y por la autorización de la supresión de cargos ordenada por los Decretos 1615 y 2062 de 2003, a partir del 26 de julio de 2003.
[…]
"Resulta irrelevante profundizar entonces para el caso en estudio, sobre el tema de la sustitución empresarial que plantea la censura, porque de todos modos, el actor no continuó prestando servicios con la nueva empresa, toda vez que, se reitera, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom terminó el contrato de trabajo, aunque de manera injusta, pero lo indemnizó con la suma de (…), bajo los parámetros de la Convención Colectiva vigente y, por consiguiente, la nueva entidad "COLOMBIA TELECOMUNICACIONES" resulta ajena a cualquier pretensión de quien jamás le prestó servicios.
Aplicando dicha jurisprudencia al caso concreto, el ad quem observó, que si bien en el presente caso el actor continúo trabajando después de la supresión de cargos de Telecom ordenada por el Decreto 2062 del 25 de julio de 2003:
[…] lo hizo bajo la misma empresa, pero en estado liquidatorio es decir, TELECOM EN LIQUIDACIÓN, en la cual se mantuvo en el cargo ocupado por estar amparado en la figura del retén social, para lo cual se conservó una planta de trabajadores con dicho fin, según el artículo 3° del mencionado decreto, sin que de ello derive que se entendía incorporado a la planta de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
Por lo anterior, no se colman los requisitos establecidos para tornarse procedente la declaración peticionada de sustitución patronal […]
A continuación, el Tribunal se adentró en solucionar el problema jurídico y para ello enfatizó, en que según la jurisprudencia constitucional, cuando una entidad estatal era suprimida o liquidada no existía obligación de reintegro, sino solamente la posibilidad de que el trabajador pidiera indemnización por su despido injusto, pues a pesar de que los empleados de carrera tenían derecho a gozar de estabilidad laboral, este derecho no era absoluto, ya que por razones de interés general ligadas a la prestación de servicios públicos, las empresas estatales podían suprimir cargos para garantizar el cumplimiento de los cometidos del Estado y si la entidad desaparecía, con ella también lo hacía la posibilidad de un reintegro.
Luego, el Colegiado de segunda instancia se refirió a la condición de prepensionado como una modalidad de estabilidad laboral reforzada y manifestó que, en concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional C-991 de 2004:
[…] tiene la condición de prepensionado, y por ende, sujeto de protección a la estabilidad laboral reforzada, en el contexto de un programa de renovación de la administración pública del orden nacional, el servidor público próximo a pensionarse que al momento en que se dicten las normas que ordenen la supresión o disolución de la entidad en la que labora, le falten tres (3) años o menos para cumplir los requisitos requeridos para que efectivamente se consolide su derecho pensional. Esta protección se mantendrá hasta cuando se reconozca la pensión de jubilación o vejez, o se dé el último acto de liquidación de la entidad, lo que ocurra primero.
Indicó que, al actor como trabajador próximo a pensionarse, se le respetó la estabilidad laboral reforzada de la que gozaba, pues continúo trabajando para Telecom en liquidación hasta el 31 de enero de 2006, cuando quedó suprimido definitivamente su cargo y, por ende, terminó su contrato de trabajo en cumplimiento del artículo 1° del Decreto 4781 de 2005, y que estaba debidamente acreditado que para ese momento CAPRECOM ya le había reconocido la pensión de jubilación a través de la Resolución 1384 del 23 de junio de 2005, la cual se haría efectiva a partir del retiro del servicio oficial.
Recordó el Tribunal que la figura de la indemnización, así como las de incorporación y reincorporación, han sido previstas como opciones a las que tiene derecho un funcionario inscrito en la carrera administrativa al que se le suprime el cargo dentro de los procesos de reforma institucional con el fin de preservar la estabilidad laboral de que gozaba.
Sobre el reconocimiento de la pensión de jubilación como una justa causa para terminar relaciones laborales, la segunda instancia aseveró que para asegurar al trabajador y a su familia los ingresos mínimos vitales, la sentencia C- 1037 de 2003 (que declaró exequible condicionadamente el parágrafo 3° del artículo 9 de la Ley 797 de 2003), señaló que el reconocimiento de la pensión de jubilación se constituía en la justa causa, sólo cuando no existía solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional.
No obstante, en el sub lite aparece demostrado que al actor le comenzaron a ser canceladas sus mesadas pensionales a partir del mes de febrero de 2006, de ahí que su mínimo vital no se haya visto afectado por la desvinculación de la entidad en liquidación para la que trabajaba, pues no existió solución de continuidad entre el último salario percibido y la mesada pensional que seguidamente entró a asumir la Caja de Previsión Social a la que estaba afiliado. Más aún, en el caso del señor Delgado León (sic), podía Telecom En Liquidación haber terminado el contrato tan pronto le fue reconocida la pensión en junio de 2005, ya que habría podido la empresa tramitar el retiro de su trabajador y conseguir que comenzaran a percibir la pensión desde mucho antes; sin embargo, permitió la extinta empresa la continuidad del contrato laboral hasta su último día de existencia, respetando el principio de estabilidad en el empleo, pese a no estar legalmente obligada a ello, pues la permanencia del demandante estaba condicionada a su pertenencia al grupo de prepensionados del retén social, precisamente para lograr el reconocimiento de la prestación que ya había sido concedida antes de la liquidación definitiva de la entidad.
Respecto de la indemnización moratoria deprecada por el pago inoportuno de cesantía, el ad quem encontró que:
[…] en virtud de lo dispuesto en el Decreto 797 de 1949 el plazo máximo para el pago de las prestaciones sociales de los servidores públicos es de noventa (90) días hábiles, y habiéndose terminado los contratos de trabajo el 31 de enero de 2006, tenía el liquidador de la entidad hasta el 12 de junio de ese año para efectuar la correspondiente consignación por los saldos adeudados a los actores, lo cual, para el caso en concreto ocurrió desde el 29 de marzo de 2006 cuando el liquidador puso a órdenes de los accionantes lo correspondiente a los dineros adeudados, los cuales podían reclamar en el Banco Popular entre el día 3 y 7 de abril de 2006, siendo evidente que la demandada cumplió con su deber, motivo por el que no hay lugar a imponer la condena solicitada por la parte actora.
Finalmente, en lo que tiene que ver con los auxilios educativos avaló la conclusión a la que llegó el a quo, toda vez que no operaba en forma automática debiendo el interesado cumplir los requisitos del caso para su otorgamiento o no, sin perjuicio de los pagos que por tal concepto aparecen demostrados en el plenario. Agregó que frente a las demás pretensiones tales como, los perjuicios morales, auxilio de alimentación, prima de saturación y reajuste del auxilio de cesantías dado que no fueron objeto de apelación, no tenía competencia para pronunciarse sobre ellas.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la parte recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque íntegramente la decisión del a quo y en su lugar acceda a todas las pretensiones contenidas en libelo inicial.
Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, los cuales recibieron oportuna oposición únicamente por parte del Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR, de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., y de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los cuales se estudiarán conjuntamente, por cuanto denuncian similar elenco normativo, presentan una sustentación que se complementa y persiguen igual cometido.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia impugnada por violación indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, e igualmente «dejó de aplicar» los artículos 13, 25, 48 y 53 de la CN; artículos 1, 11, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 6ª de 1945; los artículos 1, 16, 20, 47 y 51 del Decreto 2127 de 1945; el artículo 8° del Decreto Ley 254 de 2000; los artículos 24 y 26 del Decreto 1615 de 2003; artículo 1 y 5 de la convención colectiva de 1994; artículos 3, 4, 467 a 471 y 478 del CST; artículos 3° y 4° del acuerdo de junta directiva de Telecom No. JD — 055 del 1 0 de Julio de 1993 y la circular conjunta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el «MinProtección Social No. 00001 del 24 de Enero de 2005».
Expresó el impugnante que la violación endilgada ocurrió a consecuencia de los siguientes errores de hecho manifiestos:
Primero.- No haber dado por demostrado, estándolo, que la terminación del contrato de trabajo del demandante fue sin justa causa.
Segundo.- Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la terminación del contrato de trabajo del demandante fue con justa causa.
Tercero.- Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la pensión que se reconoció al demandante fue la legal a que se alude en el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 (modificatorio del artículo 33 de la Ley 100 de 1993).
Cuarto.- No haber dado por demostrado, estándolo, que la pensión se le reconoció al demandante fue la convencional.
Quinto.- Haber dado por demostrado, sin estarlo, que al demandante se le notificó su inclusión en nómina de pensionados previamente a su despido.
Como pruebas erróneamente valoradas, la censura relacionó las siguientes:
«La Resolución No. 1384 del 23 de junio de 2005 (Obra de F.°483-486), y la Resolución 0421 del 1° de marzo de 2007 (F.° 488-491).»
Igualmente, como pruebas no apreciadas, enlistó las siguientes: i) carta de terminación del contrato de trabajo del demandante (f.° 6); ii) certificación PAR -0350 del 27 de marzo de 2006 (f.° 438); iii) relación de vinculaciones o relación de tiempo de servicios # 00-02000 del 12 de septiembre de 2006 y su oficio remisorio (f.° 447 y 463); iv) acta de Liquidación de Telecom (f.° 78-82 y 890-894); v) documento ejecutivo sobre aplicación de reten social en Telecom (f.° 115-122); vi) memorando 474 del 8 de julio de 2003, emanado del despacho de la directora del Programa de Renovación de la Administración Pública (f.°129-131); vii) acuerdo de Junta Directiva de TELECOM JD-0055 del 10 de julio de 1993 (f.° 252-263); viii) convención colectiva de trabajo celebrada el 18 de febrero de 1994 (f.° 276-282); ix) demanda inaugural (f.° 593-625); y x) contestación de demanda del PAR (f.° 949-969).
En la demostración del cargo inicia mostrando que era lo que en verdad acreditaba la carta de terminación del contrato de trabajo del demandante, y como su falta de apreciación incidió en la equivocada decisión judicial impugnada.
Señala que la aludida comunicación de fenecimiento del vínculo contractual, refieren como asunto: «Supresión de cargos y terminación del contrato de trabajo por la culminación del proceso de la liquidación, y por ende, de la terminación de la existencia jurídica de la entidad» y luego de transcribirla concluyó que el demandante tuvo un contrato con la entidad en liquidación, que fue trabajador de Telecom hasta el 31 de enero de 2006, fecha en que todos los cargos existentes quedaron automáticamente suprimidos y que la causa o motivo de la misma fue la «Supresión de cargos y terminación del contrato de trabajo por culminación del proceso de la liquidación, y por ende, de la terminación de la existencia jurídica de la entidad»; documental que fue omitida, inexplicablemente en la valoración probatoria que había efectuado el ad quem, a pesar de que el problema a resolver involucraba determinar si la terminación del contrato de trabajo había sido con justa causa o no.
Afirma que si el Tribunal hubiera apreciado dicho medio de persuasión, sin lugar a dudas habría llegado a la conclusión opuesta a la que arribó, es decir, habría dado por probado que el contrato de trabajo del actor terminó sin justa causa, y habría revocado la sentencia apelada, accediendo a lo demandado.
Argumenta que el colegiado tampoco apreció la certificación PAR 0350 del 27 de marzo de 2006, ni la relación de tiempo de servicios 00-02000 del 12 de septiembre de 2006 y su oficio remisorio, porque de haberlo hecho la conclusión hubiere sido distinta. Sostiene que en la primera documental se lee «motivo del retiro: Supresión de cargos y terminación del contrato de trabajo por culminación del proceso de la liquidación», de lo que concluye que el PAR dos meses después de terminar el vínculo laboral refrendo la causal reseñada, no obstante en ella nada se dice sobre el otorgamiento de la pensión convencional como justa causa de su desvinculación; y frente a la segunda, indica que en ella se observa «causa de terminación el 20060131 fue la LIQUIDAC.EMPRE», por consiguiente arguye que la finalización de su contrato de trabajo fue la liquidación de la empresa y no el cumplimiento de los requisitos para pensionarse.
Seguidamente se detuvo en el análisis de unas piezas procesales, como la demanda y la respuesta por parte del Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom en Liquidación PAR a ésta (f.° 949-969), en la que se verifica la razón de terminación del contrato de trabajo del demandante, que no fue otra que la decisión de suprimir los cargos, lo que coincide plenamente con lo expresado en la carta de terminación del vínculo.
Prosigue su analisis, deteniéndose en otra de las pruebas documentales inapreciadas, esto es el acuerdo de junta directiva n.° JD — 055 del 10 de Julio de 1993, artículos 3° y 4° (f.° 252-263), que contienen el estatuto especial de personal para los servidores públicos de la Empresa Telecom, en el que se restringió la definición legal de justas causas de terminación contractual (artículo 4°), y se estableció que era aplicable a los trabajadores oficiales vinculados con esa empresa, antes de la vigencia del Decreto 2123 de 1992; prueba olvidada por la segunda instancia y de la cual quedaba demostrado que en Telecom, no todas las justas causas legales de terminación contractual podían ser tenidas por tales, sino sólo las consignadas en el artículo 91° del Reglamento Interno de Trabajo, entre las cuales no estaba la plasmada en las cartas de terminación.
Se refiere también el censor, en relación a la falta de justeza de la causal esgrimida para terminar el contrato de trabajo del demandante, que si el ad quem hubiera apreciado el texto convencional que obraba a folios 276-282, habría concluido que para poder considerar como justa causa la invocada, requería de la implementación del trámite interno allí expuesto. Si dicha autoridad judicial hubiese revisado detenidamente la abundante prueba documental aportada por las partes, habría concluido que no se probó el cumplimiento de tal deber patronal, y por ende, su conclusión habría sido la opuesta, esto es, que la terminación contractual del demandante fue sin justa causa, por no haberse implementado el trámite previo a los despidos con justa causa; e igual conclusión vertió sobre la obligatoriedad de aplicar el trámite interno previo a los despidos con justa causa, contenida en el memorando n.° 474 del 8 de Julio de 2003, emanado del despacho de la Directora del Programa de Renovación de la Administración Pública, también inapreciado.
Así mismo, señala que el acta de liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, de folios 130 a 134, acreditaba también el verdadero motivo de terminación del contrato, que lo fue la supresión automática de los cargos por vencimiento del término de la liquidación, e igualmente, el documento ejecutivo sobre la aplicación del retén social en Telecom, por virtud de lo dispuesto en la Ley 790 de 2002 (f.° 115-122), en que se estableció que al final del término del retén social, los beneficiarios deberían ser indemnizados de acuerdo a la tabla convencional, lo que implicaba que en la terminación de su contrato de trabajo no existió justa causa legal.
Frente a los documentos que indica como mal valorados, al hacerles decir que la terminación del contrato de trabajo del demandante fue por justa causa, expresó que en verdad las resoluciones 1384 de 2005 y 0421 de 2007, lo que revelan es, la primera que su retiro fue por supresión del cargo; y la segunda se trata de la reliquidación de la pensión convencional, pero nada expresa de las razones de su desvinculación. De lo que concluyó que el gran desatino probatorio fue ignorar la verdadera causal de terminación consignada en el oficio 06-1723, y aplicar en su lugar otra inexistente, supuestamente contenida en las citadas resoluciones, las que fueron emanadas de una entidad que no fue empleadora del demandante.
También comenta, que el Tribunal erró al concluir que la pensión reconocida al actor era la de vejez de que trata la Ley 797 de 2003 y que por ende ello constituía una justa causa de despido, pues la Resolución 1384 de 2005 lo que otorgó fue una prestación convencional.
Respecto de la inclusión en nómina de pensionados previamente a su despido, adujo que el demandante no vio afectado su mínimo vital por la desvinculación de la entidad en liquidación para la que trabajaba, pues no existió solución de continuidad entre el último salario percibido y la mesada pensional que seguidamente entró a asumir la Caja de Previsión Social a la que estaba afiliado.
Afirmó que no obstante la «invención probatoria» del Tribunal, en el expediente no aparecía prueba alguna que permitiera dar por probado, que al demandante se le hubiera notificado su inclusión en nómina de pensionados antes de su desvinculación del servicio oficial, lo cual ocurrió el 31 de enero de 2006. La parte demandada, a quien le tocaba probar este supuesto de hecho no lo hizo.
RÉPLICA
El Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, presenta oposición en forma general para los dos primeros cargos formulados por la censura, dice la réplica, que el correcto planteamiento de un cargo atacado por la senda indirecta, según lo tenía enseñado la jurisprudencia de la Sala, implicaba que la censura debía utilizar como concepto de violación la aplicación indebida de la ley, como quiera que a través de ese modo de transgresión legal, el recurrente podía plantear situaciones fácticas para la demostración del ataque, ya que la interpretación errónea y la infracción directa denotaban errores de juicio del sentenciador, que están al margen de posibles desatinos fácticos y que se originan por la comprensión deficitaria, por rebeldía o por ignorancia de la ley, respectivamente.
Señala que el censor, en los dos primeros cargos, proponía la inconformidad por la vía de los hechos, razón por la cual incurrió en error técnico de carácter insuperable, cuando expresa que el sentenciador de segundo grado incurrió en equivocación por aplicación indebida de la ley e involucra, en el mismo cargo, una denuncia por infracción directa, siendo que ese tipo de desatino corresponde a la vía jurídica para su correcto planteamiento; por lo que si el cargo era indirecto y el concepto de violación la aplicación indebida, mal podía mezclarse con la infracción directa y como así ocurrió, se generó una contradicción que provoca el «colapso del ataque».
Así mismo, que el recurrente comprendía equivocadamente el concepto de infracción directa, puesto que incluye en esa proposición herramientas de convicción, creyendo que su falta de apreciación puede generar ese tipo de denuncia.
Igualmente, que la alegada falta de valoración de los documentos y piezas procesales enlistadas, en verdad el Tribunal para construir sus consideraciones estudió la terminación del contrato y la proximidad de los demandantes para adquirir el derecho pensional y, en todo, la sentencia muestra que las apreciaciones ofrecidas en la contestación de cada uno de los sujetos procesales, fueron estudiadas por el sentenciador, por lo que era errado endilgar su inestimación.
Concluyó, afirmando que no se configuraba ninguno de los errores de hecho denunciados, a más que no se explicó el supuesto origen de los mismos y mucho menos emprendió la tarea de acreditar la supuesta condición de trascedentes.
Por otra parte, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. afirma que el demandante nunca estuvo vinculado por un contrato de trabajo con esa sociedad, y que ya esta Corporación, frente al tema de la sustitución de empleadores, ha señalado en reiteradas sentencias, que entre la extinta Telecom y la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A., no operó dicha figura, como equivocadamente lo entendía el recurrente.
En relación con la terminación del contrato de trabajo, señaló que éste ocurrió como estaba acreditado, por iniciativa del liquidador de Telecom y por lo tanto, no existía ningún tipo de responsabilidad de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y que al no haber asumido ninguna responsabilidad de la extinta Telecom, no respondía tampoco por indemnización alguna y con base en ello, el cargo primero no podía prosperar, al no haberse presentado los errores evidentes de hecho achacados.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, informó que no tenía legitimación en la causa por pasiva según el artículo 27 del CPTSS, como quiera que no forma parte de la presunta relación laboral, y consecuente sustitución patronal. Agrega que el hecho de que la extinta Telecom hubiere sido una entidad vinculada a ese ministerio, no implicaba compromiso de su responsabilidad patrimonial frente a sus obligaciones, acciones u omisiones.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia impugnada por violación indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, artículo 9° de la Ley 797 de 2003, y porque «dejó de aplicar» los artículos 13, 25, 48 y 53 de la CN; artículos 1, 11, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 6ª de 1945; los artículos 1, 16, 20, 47 y 51 del Decreto 2127 de 1945; el artículo 8° del Decreto Ley 254 de 2000; los artículos 24 y 26 del Decreto 1615 de 2003; artículo 1 y 5 de la convención colectiva de 1994; artículos 3, 4, 467 a 471 y 478 del CST; artículos 3° y 4° del acuerdo de junta directiva de Telecom No. JD — 055 del 1 0 de Julio de 1993 y la circular conjunta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el MinProtección Social No. 00001 del 24 de Enero de 2005.
Expresó el impugnante que la violación endilgada ocurrió a consecuencia de los siguientes errores de hecho manifiestos:
Primero.- No haber dado por demostrado, estándolo, que el demandante fue trabajador de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones “TELECOM” en liquidación.
Segundo.- No haber dado por demostrado, estándolo, que la terminación del contrato de trabajo del demandante fue sin justa causa.
Tercero.- Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la terminación del contrato de trabajo del demandante fue con justa causa.
Cuarto.- Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la pensión que se reconoció al demandante fue la legal a que se alude en el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 (modificatorio del artículo 33 de la Ley 100 de 1993).
Quinto.- No haber dado por demostrado, estándolo, que la pensión se le reconoció al demandante fue la convencional.
Sexto.- Haber dado por demostrado, sin estarlo, que al demandante se le notificó su inclusión en nómina de pensionados previamente a su despido.
Como pruebas erróneamente valoradas, la censura relacionó las siguientes:
«La Resolución No. 1384 del 23 de junio de 2005 (Obra de F.°483-486), y la Resolución 0421 del 1° de marzo de 2007 (F.° 488-491).»
Igualmente, como pruebas no apreciadas, enlistó las siguientes: i) constancia expedida por la coordinadora del grupo de gestión humana departamental, del 15 de enero de 2003 (f.° 415); ii) acta de restitución al cargo del 1° de noviembre de 2004 (f.° 417-419); iii) carta de terminación del contrato de trabajo del demandante (f.° 6); iv) certificación PAR -0350 del 27 de marzo de 2006 (f.° 438); v) invitación 4873-06 del 29 de marzo de 2006 (f.° 434); vi) Resolución LQ 0097 del 24 de marzo de 2006 (f.° 436); vii) relación de vinculaciones o relación de tiempo de servicios # 00-02000 del 12 de septiembre de 2006 y su oficio remisorio (f.° 447 y 463); viii) acta de Liquidación de Telecom (f.° 78-82 y 890-894); ix) documento ejecutivo sobre aplicación de reten social en Telecom (f.° 115-122); x) memorando 474 del 8 de julio de 2003, emanado del despacho de la directora del Programa de Renovación de la Administración Pública (f.°129-131); xi) acuerdo de Junta Directiva de TELECOM JD-0055 del 10 de julio de 1993 (f.° 252-263); xii) convención colectiva de trabajo celebrada el 18 de febrero de 1994 (f.° 276-282); xiii) demanda (f.° 593-625); y xiv) contestación de demanda del PAR (f.° 949-969).
En el desarrollo del cargo sostiene que el Tribunal se equivocó al negar hasta la calidad de trabajador de Telecom del demandante, dado que de las pruebas: i) constancia expedida por la coordinadora del grupo de gestión humana departamental, del 15 de enero de 2003 (f.° 415); ii) acta de restitución al cargo del 1° de noviembre de 2004 (f.° 417-419); iii) invitación 4873-06 del 29 de marzo de 2006 del director del PAR al demandante para que se acercara al Banco Popular a reclamar el pago de las prestaciones definitivas y cesantías (f.° 434); iv) Resolución LQ 0097 del 24 de marzo de 2006 por la cual se reconoció una cesantía definitiva al actor (f.° 436); y v) certificación PAR -0350 del 27 de marzo de 2006 (f.° 438), se puede evidenciar que el señor Guerrero fue trabajador oficial, porque en todas las documentales mencionadas aparece en esa calidad.
Ahora, paso a demostrar que la terminación de su contrato de trabajo fue sin justa causa, presentado exactamente los mismos argumentos del cargo primero.
RÉPLICA
El Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, presenta oposición en forma general para los dos primeros cargos formulados por la censura, la cual fue sintetizada en el cargo primero.
Por otra parte, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. expone que el Tribunal apreció correctamente las resoluciones denunciadas como mal valoradas, porque de ellas se desprende que la relación laboral entre las partes terminó por justa causa, la cual consistió en el reconocimiento de la pensión de jubilación por parte de CAPRECOM a partir del 1° de febrero de 2006, tal como lo dispone la sentencia CC C-1037 de 2003.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, solo infirmó lo expuesto en la oposición del cargo primero.
CARGO TERCERO
Acusa la sentencia impugnada por violación indirecta «en la modalidad de error de derecho» derivado de la no valoración de las convenciones colectivas de trabajo de Telecom vigencias 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, y 2002-2003, las cuales son solemnes, como quiera que el Tribunal no consideró la terminación de su contrato de trabajo como sin justa causa, lo que llevo a la infracción directa de los artículos 51, 54 A (ordinal 3), 60, 61 y 145 del CPTSS, y el artículo 174 del CPC, al igual que de los artículos 3, 353, 373, 414, 416, 435, 467, 468, 469, 470, 478 y 479 del CST; lo que llevó a la infracción directa de los artículos 51, 54 A (ordinal 3), 60, 61 y 145 del CPTSS, y el artículo 174 del CPC.
En el desarrollo del cargo señala que el expediente obra prueba especial y solemne de la convención colectiva de trabajo (f.° 276-282), de cuyo campo de aplicación se deriva la calidad de beneficiario del demandante (artículo 2), al igual que la obligación de Telecom de implementar un «procedimiento para la terminación del contrato de trabajo por justa causa» (artículo 8), prueba que era vital valorar, y que al haber sido ignorada no se constató que empleador no lo siguió y por lo tanto su despido fue sin justa causa.
Indica que si el ad quem hubiera apreciado y respectado el valor probatorio del acuerdo convencional 1994-1995 en su artículo 8° habría concluido que la terminación del contrato de trabajo del actor fue sin justa causa, revocando la decisión del a quo y ordenando el pago de las condenas deprecadas.
Expone que de haber apreciado el colegiado la convención colectiva 1996-1997 en sus artículos 2° y 3° (f.° 274-287) donde se trajo nuevamente el «procedimiento para la terminación del contrato de trabajo por justa causa» para cada uno de los trabajadores oficiales de Telecom, incluido el demandante, y por ende debía verificar si éste se cumplió previo a su despido, y de haberlo hecho, habría concluido que no se siguió, configurándose el despido sin justa causa.
Estima que si el Tribunal le hubiese reconocido valor probatorio al acuerdo convencional 2000-2001 (f.° 342-354) especialmente a los artículos 23 y 28 habría concluido que el trámite previo a la terminación contractual con justa causa seguía vigente, aun cuando no hubiese sido incorporado en la convención 2002-2003, pues allí se indicaba que los derechos convencionales que no habían sido expresamente derogados o modificados continuaban vigentes tal y como fueron acordados y suscritos en los acuerdos colectivos anteriores.
Finalmente solicita se case la sentencia por cuanto se desconocieron las pruebas solemnes enunciadas y analizadas, que eran imperativas para la sentencia de segunda instancia, omisión con la cual se vulneraron las normas reseñadas en el cargo.
RÉPLICA
El Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, manifiesta que la ley no impone que el único medio valido para establecer una justa causa de finalización contractual, sea la convención colectiva de trabajo y menos que para llegar a una consideración respecto de una causal de fenecimiento de la relación laboral sea indispensable analizar ese medio de convicción.
Por otra parte, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. estima que el cargo se encuentra mal planteado, pues solo hay lugar a error de derecho cuando se da por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir está determinada solemnidad para la validez del acto, por lo tanto, debía sustentar su inconformidad en un error de hecho por no haber valorado las convenciones colectivas.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, solo infirmó lo expuesto en la oposición del cargo primero.
CARGO CUARTO
Acusa la sentencia impugnada por violación directa en la modalidad de interpretación errónea del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
En la demostración del cargo señala que el Tribunal interpretó equivocadamente que: i) la norma denunciada creó como una nueva forma de terminación de los contratos de trabajo por justa causa el reconocimiento de cualquier clase de pensión; y que ii) la notificación de la inclusión en nómina de pensionados se consideraba surtida con la orden de pagar las mesadas pensionales correspondientes al periodo transcurrido entre la fecha de desvinculación y la fecha de notificación de la resolución que concede la prestación.
Advierte que el correcto entendimiento del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, es que se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal y reglamentaria, cuando el trabajador cumpla los requisitos establecidos en este artículo (el 33 de la Ley 100 de 1993) para tener derecho a la pensión, esto es, «haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) si es hombre» y haber cotizado un número mínimo de semanas.
De lo anterior, sostiene que esa norma por ninguna parte plantea que el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convención colectiva para acceder a la pensión constituya una justa causa para terminar la vinculación laboral, como erradamente lo entendió el ad quem.
Concluye que era totalmente errado interpretar la norma, para hacerla decir que el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convención colectiva para acceder a la pensión, se tornaba en justa causa de terminación de su relación laboral.
RÉPLICA
El Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, indica que basta mirar la sentencia para evidenciar que el Tribunal no realizó una exegesis de la norma denunciada que predique error, o que la conclusión a la cual llegó no corresponda, en consecuencia, sostiene que no existe fundamento para acoger su ataque.
Por otra parte, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. sostiene que el Tribunal no interpretó la norma que se denuncia, ya que solo valoró las resoluciones proferidas por CAPRECOM, en las cuales se indicó que empezaría a disfrutar de la prestación una vez se retirara del servicio, situación que ocurrió el 31 de enero de 2006, y por ello a partir del 1° de febrero del mismo año se incluyó en nómina de pensionados, tal como lo dispone la sentencia CC C-1037 de 2003.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, solo infirmó lo expuesto en la oposición del cargo primero.
CARGO QUINTO
Acusa la sentencia impugnada por violación directa en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945; artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, e igualmente «dejó de aplicar» los artículos 13, 25, 48 y 53 de la CN; artículos 1, 11, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 6ª de 1945; los artículos 1, 16, 20, 47 y 51 del Decreto 2127 de 1945; el artículo 8° del Decreto Ley 254 de 2000; los artículos 24 y 26 del Decreto 1615 de 2003; artículo 1 y 5 de la convención colectiva de 1994; artículos 3, 4, 467 a 471 y 478 del CST; artículos 3° y 4° del acuerdo de junta directiva de Telecom No. JD — 055 del 1 0 de Julio de 1993 y la CCTV 1996-1997 artículo 2°.
En la demostración del cargo argumenta que el Tribunal dio por probado que el demandante fue trabajador de Telecom en liquidación hasta el 31 de enero de 2006 fecha en que se dio por finalizado su proceso liquidatario; que CAPRECOM mediante Resolución 1384 del 23 de junio de 2005 le reconoció una pensión convencional en la modalidad de 25 años de servicios al Estado sin consideración de la edad.
Aduce que bajo esos presupuestos el ad quem no debió aplicar al caso bajo estudio el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, pues al hacerlo extralimito su ámbito de aplicación, dado que éste solo contempló como justa causa el reconocimiento de la pensión de vejez regulada en la ley, y no las convencionales.
Recalca que al haberse aplicado indebidamente el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que contiene una nueva justa causa de terminación de la relación laboral, no solo se excedió en su alcance y contenido, sino que el colegiado dejó de implementar las normas contenían la regla general sobre la finalización de los contratos de trabajo, incurriendo en una infracción directa de éstas, pues nótese que la liquidación de la empresa empleadora no constituye justa causa para ello, y mucho menos el reconocimiento de una pensión convencional.
RÉPLICA
El Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, argumenta que, a pesar de estar planteado por la vía directa, se acude a medios de convicción, lo que resulta contrario a la técnica del recurso.
Por otra parte, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. afirma que la argumentación despegada en este cargo corresponde más a un alegato de instancia que a un recurso de casación.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, solo infirmó lo expuesto en la oposición del cargo primero.
CONSIDERACIONES
El Tribunal fundamentó su decisión en que en vista de que Telecom en liquidación había respetado la estabilidad laboral reforzada al demandante como prepensionado hasta el 31 de enero de 2006 cuando quedó suprimido definitivamente su cargo y, por ende, terminó su contrato de trabajo en cumplimiento del artículo 1° del Decreto 4781 de 2005, y dado que encontró debidamente acreditado que para ese momento CAPRECOM ya le había reconocido la pensión de jubilación a través de la Resolución 1384 del 23 de junio de 2005, la cual se haría efectiva a partir del retiro definitivo del servicio, indicó que esa era una justa causa para dar por terminada la relación laboral de conformidad con la sentencia C- 1037 de 2003 (que declaró exequible condicionadamente el parágrafo 3° del artículo 9 de la Ley 797 de 2003), sólo cuando no existía solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, y en vista que al actor le comenzaron a cancelar sus mesadas pensionales a partir del mes de febrero de 2006, es decir, que no existió solución de continuidad entre el último salario percibido y la mesada pensional que seguidamente entró a asumir la Caja de Previsión Social a la que estaba afiliado, concluyendo que la causal terminación del vínculo laboral fue por reconocimiento de la prestación pensional y por ende, fue justa causa.
La censura radica su inconformidad en que el Tribunal se equivocó al haber indicado que la terminación del contrato de trabajo era justa causa por cuanto al actor se le había reconocida una pensión por parte de CAPRECOM, la cual se empezó a pagar en el mes de febrero de 2006, cuando las pruebas denunciadas acreditaban que el verdadero motivo de su desvinculación fue «Supresión de cargos y terminación del contrato de trabajo por la culminación del proceso de la liquidación, y por ende, de la terminación de la existencia jurídica de la entidad», razón por la cual de haber apreciado dichos medios persuasivos adecuadamente, hubiera concluido que el contrato de trabajo del actor terminó sin justa causa, y habría revocado la sentencia apelada, accediendo a la indemnización por despido sin justa causa pretendida.
Así las cosas, corresponde a esta Sala determinar si el Tribunal se equivocó al establecer que la causa de la terminación del contrato de trabajo del actor, fue el reconocimiento de la pensión por parte de CAPRECOM o si por el contrario fue por la culminación del proceso de la liquidación de Telecom como lo alega el censor.
Dado que el primer cargo está encaminado por la senda indirecta, es deber de la Corte señalar que, de conformidad con lo normado en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, modificatorio del 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho, para que se configure, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta y, además, como lo ha dicho esta corporación, que provenga de manera evidente de alguna de las tres pruebas calificadas, esto es, documento auténtico, confesión judicial o inspección judicial.
Bajo el anterior escenario esta Sala entra a estudiar las pruebas denunciadas en ese primer ataque, con el fin de verificar si la causal de terminación del contrato que invocó el empleador, lo fue por el reconocimiento de la pensión o por la culminación del proceso de liquidación de Telecom, así:
1.- Carta de terminación del contrato de trabajo del demandante (f.° 6), la cual se transcribe a continuación:
Bogotá D.C., Enero 31 de 2006
Señor (a)
Guerrero Jairo Moisés
13258541
Calle 6BN #3 E191 CEIBA 2
CÚCUTA- NORTE DE SANTANDER
Asunto: Supresión de cargos y terminación del contrato por culminación del proceso de la liquidación, y por ende, de la terminación de la existencia jurídica de la entidad.
Respetado (a) Señor (a):
De manera atenta me permito informarle que, dando cumplimiento al artículo 1 del Decreto 4781 de 2005, el 31 de enero del presente año, el apoderad general para la liquidación de la Empresa Nacional de Comunicaciones TELECOM, declaró la terminación del proceso liquidatario, luego de publicarse en el diario oficial y haber quedado en firme el acta final de liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 36 del Decreto 1615 de 2003, por el cual se suprimió y ordenó la liquidación de la entidad.
En consecuencia, todos los cargos existentes quedaron automáticamente suprimidos y la terminación de su contrata de trabajo operó hasta el día 31 de enero de 2006, fecha de cierre y finalización de la existencia jurídica de la entidad, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos 2° del artículo 16 del Decreto 1615 de 2003 y el inciso final del artículo 8 del Decreto ley 254 de 2000.
De otra parte, de acuerdo con la circular No 06-00152 de fecha 24 de enero de 2006, usted debió efectuar la entrega del cargo al 31 de enero de 2006, incluyendo los archivos de la entidad, los elementos devolutivos y demás bienes e inventarios bajo su responsabilidad, según lo consagrado por el Código Único Disciplinario, la ley 734 de 2002, el Decreto 1615 de 2003. Si no lo hizo le solicitamos realizar la entrega a la Directora Administrativa del PAR.
Ahora bien, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 797 de 1949 el plazo máximo para el pago de sus prestaciones sociales definitivas es de 90 días hábiles contados a partir de la fecha de terminación de la relación laboral. no obstante, se están haciendo las labores pertinentes para lograr el pago en el menor tiempo posible.
Sea esta la oportunidad para agradecerle su labor durante este tiempo en la entidad, y desearles éxitos en proyectos futuros.
Cordialmente,
[…]
(Subraya la Sala)
De lo anterior, se evidencia que le asiste razón al censor, en cuanto sostiene que Telecom le finalizó el vínculo contractual por liquidación total de la entidad, y no por reconocimiento de una pensión, como equivocadamente lo concluyó el Tribunal.
2.- La certificación PAR -0350 del 27 de marzo de 2006 (f.° 438), la que fue elaborada el 27 de marzo de 2006, para dar constancia del tiempo de servicio del actor, y de la cual se lee «Motivo de retiro: Supresión de cargos y terminación del contrato de trabajo por culminación del proceso de la liquidación».
De esta, nuevamente se colige que la causal de terminación de la relación laboral fue porque finalizó el proceso de liquidación de Telecom, sin que en ella se haga mención alguna al reconocimiento de la pensión convencional otorgada al demandante por CAPRECOM.
Así las cosas, surge indiscutible que la causal de terminación del contrato imputada por el empleador, no fue el reconocimiento de la pensión como erradamente lo argumento el ad quem, sino tal y como quedó demostrado fue la liquidación definitiva de Telecom.
3.- La contestación de la demanda por parte del PAR (f.° 949-969), en la cual se aceptó que la terminación de la relación laboral entre las partes, había ocurrido por la supresión y posterior liquidación de Telecom mediante el Decreto 1615 de 2003.
En virtud de las pruebas analizadas, esta Sala encuentra en forma palmaria, que el Tribunal incurrió en los yerros fácticos imputados, como quiera que el motivo que suscitó la terminación del contrato de trabajo del actor, fue la supresión del cargo por liquidación definitiva de la empresa y no el reconocimiento de la pensión por parte de Caprecom, razón por la cual se releva esta Corporación, del análisis de los demás medios de persuasión, dado que con los estudiados es suficiente para quebrar la sentencia de segunda instancia.
Ahora, frente a la causal imputada por el empleador para finalizar el vínculo laboral del actor, la Sala debe indicar que, aunque es legal, no es justa. Sobre el particular esta Corporación, en procesos judiciales contra las mismas entidades aquí demandadas, en los cuales se discute también si la causal de terminación de los contratos de trabajo que se llevó a cabo el 31 de enero de 2006, data en que se culminó el proceso de liquidación de Telecom, fue justa o no, indicó en sentencia CSJ SL919-2018, que:
[…]
En relación con este preciso tema, de manera reciente esta Sala se detuvo en el análisis y solución de un conflicto jurídico de contornos parecidos, en el que se enseñó:
[…]
Frente a dicho tema, la Sala tiene diferenciados los modos legales o generales de terminación del contrato de trabajo, de las justas causas para que el empleador de manera unilateral extinga el vínculo jurídico.
En ese sentido tiene adoctrinado que, aunque se trata de conceptos afines, son diferentes porque cada uno de ellos tiene sus propias connotaciones, ya que los modos de terminación del contrato laboral corresponden a los eventos que de manera general dan lugar a la terminación del mismo, en tanto que las justas causas son los hechos o actos específicos que autorizan al empleador a que haga uso de uno de esos modos legales, al haber incurrido el trabajador, para el caso del sector oficial, en alguna de las faltas graves previstas en la ley.
Así las cosas, la circunstancia de que un contrato de trabajo termine por razón de la existencia de un modo legal, no significan que esa terminación se haya producido con justa causa. En ese mismo sentido tiene dicho la Sala de Casación Laboral que a pesar de ser legal el despido de trabajadores oficiales por la clausura o liquidación de una entidad estatal, esa calificación no implica que la desvinculación del trabajador esté amparada en una justa causa, pues tal motivo no está contemplado dentro de las causales establecidas por el Decreto 2127 de 1945, artículo 48, como «justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo». Sobre el tema conviene traer a colación, la sentencia de CSJ SL, 2 sep 2004, rad. 22139, en la que se señaló:
[…]
Ciertamente el tema de la supresión de cargos con ocasión de la denominada modernización del Estado, como lo acota la parte replicante, ha sido definido por la Corte en el sentido de considerar que la desvinculación contractual del trabajador puede ser legal pero no constituye justa causa. […]
En consecuencia, se casará la sentencia del Tribunal, sólo en cuanto confirmó la absolución de la indemnización por despido del demandante, quien tenía la condición de trabajador oficial.
La Sala advierte, primero que en vista de que este primer cargo prosperó, y que los otros cuatro, si bien están encauzados por diferentes vías, modalidades de violación y su argumentación persigue el mismo objetivo, esto es, quebrar la sentencia impugnada porque Tribunal se equivocó al considerar que la terminación del contrato laboral del actor fue con justa causa, con el fin de obtener la indemnización por despido legal o convencional, por lo que se hace innecesario estudiarlos ante el éxito del primer ataque, puesto que lo resuelto en precedencia logra quebrar la sentencia impugnada; y segundo, que al no haberse planteado en ninguna de las acusaciones imputación respecto de la absolución de las peticiones de la demanda inaugural, tales como el reconocimiento de otras prestaciones sociales de índole convencional, el reajuste de cesantías y la inclusión de factores constitutivos de salario, lo que significa que parte actora se encontraba conforme con la decisión adoptada por el colegiado frente a estás súplicas, y por tanto, no era viable acceder como se indicó en el alcance de la impugnación a todas las condenas incoadas en el libelo inicial del proceso, por lo cual no hay lugar a efectuar por parte de la Corte pronunciamiento diferente a la justa causa ya estudiada.
No hay lugar a costas del recurso extraordinario, por cuanto la acusación salió avante.
SENTENCIA DE INSTANCIA
La parte actora al apelar la sentencia de primera instancia (f.° 1069 a 1089 del tercer cuaderno), identificó, los siguientes aspectos que merecieron su reproche frente a la sentencia de primera instancia, así: i) que la terminación del contrato de trabajo del demandante es unilateral y sin justa causa; ii) que la terminación de la vinculación laboral sin justa causa le daba derecho a recibir la indemnización creada por el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003; y iii) que se debía condenar a la pasiva a pagar la indemnización moratoria, por el no pago de la indemnización por terminación unilateral e injusta.
Con el anterior derrotero, la Sala abordada el estudio y decisión de cada uno de los temas enlistados en el mismo orden que fueron relacionados.
i) Determinar si el contrato de trabajo del accionante, terminó por decisión unilateral y sin justa causa, por parte de la empresa Telecom en Liquidación.
Sobre el particular, esta Sala en sede de casación se refirió a dicho tema con amplitud, dado que encontró que la causal de terminación de la relación laboral del actor con Telecom finalizó por la liquidación definitiva de esta, situación que no implicaba que la desvinculación del trabajador estuviese amparada en una justa causa, pues tal motivo no estaba contemplado dentro de las causales establecidas por el artículo 48 del Decreto 2127 de 1945, razón suficiente para revocar la decisión del a quo, para en su lugar declarar que la terminación del contrato fue sin justa causa.
ii) Si es procedente el reconocimiento y pago por parte de la pasiva, de la indemnización creada por el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003.
El artículo 24 del Decreto 1615 de 2003 establece:
A los trabajadores oficiales a quienes se les termine el contrato de trabajo como consecuencia de la supresión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom, se les reconocerá y pagará una indemnización, de conformidad con lo previsto en la tabla contenida en el artículo 5o. de la Convención Colectiva suscrita entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom y sus trabajadores el día dieciocho (18) de febrero de 1994. Dicha indemnización será cancelada en el término máximo establecido en el Decreto 797 de 1949.
Dado que el actor fue trabajador oficial de la extinguida Telecom, desde el 20 de abril de 1978, y su vinculación terminó en forma unilateral, invocando la supresión del empleo por liquidación definitiva de la aludida entidad, motivo que no está previsto como una justa causa para fenecer la relación laboral, ésta se tornó en injusta.
Ahora bien, no fue materia de controversia que el demandante era beneficiario de la convención colectiva de trabajo, al punto que está acreditado que CAPRECOM le reconoció una pensión convencional (f.° 483-486).
Como el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003, remite al artículo 5° de la convención colectiva de trabajo con vigencia 1994 – 1995 (f.° 276-282), según la cual, el actor tiene derecho a que se les reconozca y pague la indemnización contenida en el literal d) del artículo 5° ibídem.
La cláusula convencional referida es del siguiente tenor:
Artículo 5°. Estabilidad para los trabajadores oficiales vinculados a partir 1° de enero 1993.
A los contratos celebrados a término indefinido con los trabajadores oficiales vinculados a planta de personal de las empresas a partir del primero de enero de 1993, no se les aplicará el plazo presuntivo ni las cláusulas de reserva. Cuando la terminación de estos contratos obedezca a una decisión unilateral de la empresa o en un evento que no se comprobare dentro del proceso judicial la ocurrencia de la justa causa invocada, el trabajador únicamente tendrá derecho al pago de una indemnización de acuerdo con la siguiente tabla:
a) Cuarenta y cinco días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un (1) año;
[…]
d) Si el trabajador tuviera diez (10) años o más de servicio continuo se le pagarán cuarenta (40) días adicionales de salarios sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción.
Pues bien, dado que el demandante laboró para Telecom desde el 20 de abril de 1978 hasta el 31 de enero de 2006 (f.° 438), es decir, un tiempo total de trabajo de 26 años y 7 días, dadas las interrupciones, la indemnización de éste asciende a la suma de $49.693.089 que corresponde a 1.046 días por el salario diario, con base en un salario mensual que era de $1.425.232, que equivale a un salario diario de $47.507,73 (f.° 480).
iii) Si procede la condena por la indemnización moratoria, como consecuencia del no pago de la indemnización por terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo.
En el recurso de alzada también se reclamó el pago de la indemnización moratoria, por el no pago oportuno de la indemnización por despido injusto, en atención a ese alcance, procede la Sala con su estudio.
Pertinente resulta rememorar, que la jurisprudencia de esta Corporación ha adoctrinado que la susodicha sanción de que trata el artículo 1° del Decreto 797 de 1949, no es de aplicación automática e inexorable y en tal virtud, el juez tiene la obligación de estudiar los elementos de persuasión allegados al proceso, con el fin de establecer si la conducta del empleador, estuvo o no justificada; de tal modo que si existen medios de prueba que acrediten una conducta provista de buena fe, resulta imposible su condena.
Igualmente, se ha sostenido que las razones atendibles, no necesariamente son aquellas a las que acuda jurídicamente el juez en su sentencia, o las que finalmente definan la jurisprudencia o la doctrina, sino basta con que ellas tengan fundamento en argumentos sólidos y plausibles que demuestren un obrar con lealtad, rectitud y honestidad. Sobre el particular en sentencia CSJ SL, 8 jul. 2003, rad. 20586, se dijo:
Pero por otro lado y en relación con el planteamiento que a esta Sala hace el censor es pertinente anotar que de tiempo atrás tiene por sentado que la indemnización moratoria de que da cuenta el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, por el no pago o por cancelación extemporánea o incompleta de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores oficiales, que es la vinculada específicamente al proceso y al ataque en casación, no es de aplicación automática ni inexorable puesto que el juzgador, antes de fulminar la condena solicitada, debe indagar si la conducta desplegada por el empleador para omitir o retardar el reconocimiento de las acreencias laborales estuvo revestida de buena fe patronal, como lo anotó el ad quem.
En el sub lite, existen pruebas que acreditan, que la demandada procedió oportunamente al pago de acreencias laborales y prestacionales en favor del demandante, mediante la Resolución LQ-0097 del 24 de marzo de 2006 en la que se reconoció la cesantía definitiva, es decir, que ésta se liquidó y pagó en tiempo oportuno teniendo en cuenta que el contrato de trabajo finalizó el 31 de enero de ese mismo año, y si bien no se incluyó la indemnización por terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo, se brindaron argumentos que en criterio de la Sala, sí son razonables para eximirla de la indemnización moratoria.
Así mismo, se observa que Telecom garantizó la protección especial al actor como prepensionado, hasta el día de la liquidación definitiva de esa entidad, fecha para la cual al señor Guerrero ya se le había reconocido la pensión convencional en la modalidad de 25 años de servicio sin consideración a la edad, conforme se evidencia en la Resolución 1384 del 23 de junio de 2005 (f.° 483-486), y siempre actuó bajo la firme convicción legal de que la supresión del cargo no implicaba reconocimiento alguno de indemnización y menos por despido sin justa causa; máxime si esa liquidación de la entidad empleadora era por virtud de la ley, lo que a juicio de esta Sala evidencia que la empresa actuó dentro de los lineamientos de la buena fe.
Dicho en otras palabras, aun cuando no se desconoce que la extinción de la entidad y la supresión del empleo no es una justa causa de despido, y por ello, erró el juez de apelaciones al no imponer la indemnización por tal concepto, ello no implica que la demandada no justificara con argumentos serios y razonables, debidamente acreditadas al plenario, que no tuvo la intención de defraudar al actor; a quien por demás, observa la Corte, le respetó el derecho a permanecer en el empleo hasta la extinción de la entidad, en razón a que era beneficiario del retén social como pre pensionados de que trata el artículo 12 de la Ley 790 de 2002.
Adicional a lo anterior, debe relievarse que al tener la indemnización moratoria un objetivo eminentemente resarcitorio de un perjuicio o daño que sufre el trabajador, en razón de la no cancelación de los salarios, prestaciones e indemnizaciones dentro del plazo previsto por la ley; tal circunstancia no se advierte en el presente asunto, en tanto que para la data en que finalizo el contrato de trabajo y una vez retirado del servicio, se le incluyó en nómina de pensionados empezando a recibir su mesada a partir de febrero de 2006, como ya se vio.
Con el anterior escenario, no es viable imponer condena alguna por la indemnización moratoria pedida, no obstante, dado que también se solicitó la indexación a las condenas impuestas, se accederá a ésta y, por lo tanto, se impondrá la correspondiente indexación sobre la indemnización por despido sin justa causa, la cual se calculará al momento del su pagó efectivo.
Por último, debe agregarse que en el presente asunto el llamado a responder por las condenas impuestas es el demandado Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, S.A., en virtud a la celebración del contrato de fiducia mercantil que suscribió el 30 de diciembre de 2005, visible a folios 909 a 948, dando cumplimiento a la función contemplada en el numeral 12.29 del artículo 12 del Decreto 1615 de 2003, adicionado por el artículo 3 del Decreto 4781 de 2005.
Así las cosas, se revoca parcialmente el fallo del a quo, para en su lugar condenar únicamente al reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto, debidamente indexada en los términos plasmados en precedencia, confirmando las demás absoluciones.
En relación a las costas no se causan en la alzada, quedando a cargo de la parte vencida las de primera instancia.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA la sentencia dictada el 15 de julio de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JAIRO MOISÉS GUERRERO contra la FIDUCIARIA LA PREVISORA, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES P.A.R., LA NACIÓN – MINISTERIO DE COMUNICACIONES y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, sólo en cuanto confirmó la absolución de la indemnización por despido sin justa causa. No la casa en lo demás.
En sede de instancia, se revoca parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 7 de mayo de 2010, para en su lugar condenar al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, a reconocer y pagar al señor Jairo Moisés Guerrero la suma de $49.693.089 por concepto de indemnización por despido injusto convencional, suma que se debe indexar al momento de su pago. Se confirman las demás absoluciones.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO
DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA
ERNESTO FORERO VARGAS
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