II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 17 de julio de 2020, dispuso:
PRIMERO: DECLARAR que el señor HÉCTOR NELSON CANO BETANCOURTH tenía capacidad residual desde el día 15 de diciembre del año 1992, como se aprecia en las cotizaciones que fueron realizadas al sistema de seguridad social a partir del día 1º de mayo de 1998 y hasta el 30 de septiembre de 2017.
SEGUNDO: MODIFICAR la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral que se le efectúo al señor HÈCTOR NELSON CANO BETANCOURTH para establecerla en el día 1º de octubre de 2017 como se explicó precedentemente.
TERCERO: DECLARAR que el señor HÉCTOR NELSON CANO BETANCOURTH es invalido y es benefactor de la aplicación del artículo 1ª de la Ley 860 de 2003.
CUARTO: RECONOCER consecuencialmente con las anteriores decisiones, la pensión de invalidez al señor HÉCTOR NELSON CANO BETANCUR a partir del 1º de octubre de 2017.
QUINTO: ORDENARLE a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. que es la directa responsable del reconocimiento pensional que proceda a hacerlo en la cuantía que corresponda conforme a la liquidación que realice de la pensión.
SEXTO: AUTORIZAR el pago de los intereses moratorio en la forma que hemos determinado, es decir, a partir de la ejecutoria de esta decisión.
SÉPTIMO: EXONERAR de toda responsabilidad a las Administradora de Fondos de Pensiones del Régimen de ahorro Individual con Solidaridad PROTECCIÓN S.A y del Régimen de Prima Media con Prestación Definida COLPENSIONES.
OCTAVO: DECLARAR que las compañías aseguradoras BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A, MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A y COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A no tienen responsabilidad en el seguro previsional conforme a las pólizas que fueron oportunamente incorporadas al proceso.
NOVENO: CONDENAR en costas procesales a la entidad PORVENIR S.A en cuantía equivalente al 60% de las causadas a favor de la parte demandante y el 100% de las causadas a favor de las llamadas en garantía.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la accionada Porvenir S.A., la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante sentencia del 3 de marzo de 2021, dio respaldo parcial a la posición del juez de primer grado, al cambiar únicamente lo relativo a la fecha en que el actor perdió su capacidad laboral, el momento desde el cual debía cancelarse la pensión de invalidez y el retroactivo a reconocerse. Gravó a la apelante con las costas.
Luego de memorar el devenir procesal de la primera instancia, fijó como problemas jurídicos a resolver: En primer lugar, si el accionante padecía una enfermedad congénita, crónica o degenerativa, luego, debía establecer si pese a no ser una enfermedad de este tipo era procedente la modificación de la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral; dilucidado lo anterior, indicó que con ello establecería si el señor Cano Betancourth dejó causado el derecho a la pensión de invalidez, donde era necesario determinar si debían o no exonerarse a las llamadas en garantía.
Para dar respuesta al primer interrogante, explicó que el reconocimiento de una pensión de invalidez que corresponde a personas que padecen una enfermedad congénita, degenerativa o crónica, tiene una variante a la regla general, que consiste en la modificación de aquél momento a partir de cual, deben ser contabilizadas las semanas requeridas por la ley, todo ello, con el fin de «que afiliado alcance la prestación de invalidez; sin que tal aplicación jurisprudencial implique la modificación de la fecha de estructuración», de manera que, concluyó en la imprecisión del juzgado de primera instancia cuando optó por establecer una fecha diferente a aquella que se refería como tal. Anunció en sustento, las sentencias que indicó como «SL9203/2017, SL11229/2017 y SL5703/2015».
Con lo anterior, afirmó que esa Sala ha admitido la tesis consignada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-588/2016,
[…] consistente en que una vez la administradora pensional verifica la existencia de una enfermedad crónica o degenerativa, además de acreditarse la presencia de una densidad notoria de aportes pensionales fruto de la capacidad laboral residual y sin el propósito de defraudar al sistema general de pensiones, entonces pueden tenerse en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración y por ello, la fecha a partir de la cual se realizará el conteo de las semanas requeridas podrá ser: (i) calificación de la invalidez, (ii) la última cotización efectuada o (iii) de la solicitud del reconocimiento pensional, todo ello para verificar el cumplimiento de la densidad de cotizaciones que demanda el artículo 1º de la Ley 860/2003.
Establecido lo anterior, dispuso analizar la fecha de estructuración de la invalidez con la valoración de los dictámenes periciales, para ello, acudió al artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el Decreto 19 de 2012 y con el que afirmó que, el estado de invalidez se determinaba a partir del Manual Único de Calificación de la Invalidez vigente para la fecha de la calificación y «[e]n ese sentido, dicho artículo determinó las autoridades competentes para dicha calificación en primera oportunidad, a saber el ISS, hoy Colpensiones, las ARL, las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez, y las EPS. En segunda oportunidad, señaló a las juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez».
Con lo anterior, concluyó que, si bien los dictámenes periciales deben ser observados obligatoriamente, lo cierto es que «no son definitivos y en tanto son aportados al litigio se convierten en una prueba más dentro del expediente, en virtud al principio de la comunidad de la prueba, para que el juzgador valore en conjunto con los demás medios allegados en función de alcanzar la certeza sobre la invalidez de una persona». Argumentación que respaldó con la sentencia CSJ SL4323-2019.
Sobre la discapacidad, indicó que era un concepto diferente a la pérdida de la capacidad laboral y para explicar la posibilidad de que personas que sean declaradas inválidas puedan desempeñarse en el mundo laboral, transcribió, in extenso, la sentencia CSJ SL3610-2020.
Al descender al supuesto fáctico del caso, memoró que la demandada – sin indicar cuál- presentó inconformidad sobre la naturaleza de los padecimientos del demandante, al no considerarlos como una enfermedad crónica, degenerativa o congénita. Procedió entonces, a auscultar el dictamen de pérdida de la capacidad laboral donde se le determinó ésta última en un porcentaje igual a 71.20% con fecha de estructuración 15 de diciembre de 1992, sin que se señalara que su enfermedad era de aquellas antes narradas.
Recordó, además, lo consignado en el pluricitado dictamen pericial y, con ello, determinó que tal documento probatorio
[B]asta para evidenciar que la pérdida de capacidad laboral del demandante en un 50% se estructuró el día en que tuvo el evento traumático (accidente de tránsito), esto es, el 15/12/1992 y por ende, que el origen de su PCL de ninguna manera es crónico, degenerativo ni congénito y en ese sentido, erró la a quo al analizar la prestación de invalidez bajo la jurisprudencia que así lo permite.
Ahora, si lo anterior no fuera de recibo y se admitiera que su padecimiento es crónico con ocasión a que en la historia laboral se indicó para una atención en salud del 31/03/2016 que el demandante requiere de cirugía de “escara pélvica crónica preexistente” (fl. 41 c. 1), lo cierto es que el demandante no logró acreditar que tuviera una capacidad laboral residual ni para la fecha de calificación de invalidez ocurrida el 01/02/2017 (fl. 28 c. 1), ni para la última cotización efectuada en septiembre de 2017 (fl. 57, c. 1), y mucho menos para la fecha de solicitud de reconocimiento pensional ocurrida el 07/11/2017 (fl. 58, c. 1), pues obra en el expediente las incapacidades médicas continuas que soportó Héctor Nelson Cano Betancourth desde el 30/05/2015 hasta el 09/01/2017 (fl. 47 c. 1), máxime que cuando concurre a la realización del dictamen el 01/02/2017, de manera espontánea admite que desde hace 1 año y medio no labora (fl. 39 c. 1).
Pruebas que permiten evidenciar la ausencia de la capacidad laboral residual que requiere la jurisprudencia como elemento fundamental para conceder este tipo de prestaciones bajo la teoría de las enfermedades crónicas, congénitas y degenerativas.
No obstante, el error advertido no tiene la fuerza suficiente para revocar la decisión por lo que a continuación se explica. Así, es preciso advertir que la finalidad la demanda presentada por Héctor Nelson Cano Betancourth es la obtención de la pensión de invalidez y por ello, basta que el demandante narre a la administración de justicia los hechos para que ésta, bajo el principio de iure novit curia aplique la norma que da solución a la controversia puesta en su conocimiento, más aún si esto corresponde con las actuaciones del demandante en vía administrativa cuando presentó recurso de apelación contra el dictamen en primera oportunidad únicamente para cambiar la fecha de estructuración, atendiendo los hechos de esta demanda.
Es así que, auscultado el libelo genitor se advierte que el demandante está inconforme con la fecha de estructuración asignada por los dictámenes periciales, pues no solo pretende la prestación desde una fecha diferente a la estructuración por ellos asignada, sino que da cuenta de que la misma es irreal en la medida que a partir del evento catastrófico, no solo estudio, sino que laboró hasta colmar un total de 909 semanas.
En ese orden de ideas, al descartar el colegiado, la existencia de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, estableció que el punto a dilucidar, sería el analizar «la fecha de estructuración asignadas por los dictámenes periciales a la realidad que acontece el demandante».
Comparó entonces, la data asignada en las experticias con la prueba documental allegada al diligenciamiento y, sin dubitación, concluyó que en los dictámenes periciales se desconocían las circunstancias de vida del señor Héctor Nelson Cano Bentancourth.
En sus palabras,
En efecto, analizado en detalle el comportamiento del demandante a partir del 15/12/1992 – accidente de tránsito – se advierte que Héctor Nelson Cano Betancourth no solo completó diversos estudios de bachiller, técnicos, tecnólogos y profesionales (fls. 61 a 69 c. 1), sino que durante más de una década se desempeñó laboralmente en las Empresas Públicas Municipales de la Virginia Ltda. como se despende de su historial de cotizaciones en el que se registró dicho empleador, quien realizó el pago de sus cotizaciones a pensión desde febrero de 1999 hasta agosto de 2012 (fls. 55 a 57 c. 1).
Documental de la que se desprende que de ninguna manera podía asignarse la PCL del demandante para el 15/12/1992 cuando sufrió el accidente de tránsito, puesto que Héctor Nelson Cano Betancourth demostró que cursó estudios y que laboró para una empresa por más de una década, aspectos que en conjunto permiten a la Sala evidenciar que la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad para laborar ocurrió en fecha diferente, si se rememora los términos de la jurisprudencia atrás citada que refiere que el dictamen pericial no es la única ni exclusiva forma para acreditar tal acontecimiento y que la invalidez es un concepto completamente diferente a la pérdida de capacidad para laborar y por ello, las personas inválidas conservan una capacidad para prestar sus servicios en el mercado laboral.
Entonces, a juicio de la Sala la fecha que corresponde a la pérdida de capacidad de Héctor Nelson Cano Betancourth para prestar sus servicios laborales corresponde al 30/05/2015, fecha en que comenzaron sus incapacidades médicas de manera continua y por un espacio de 592 días.
En efecto, milita el certificado de incapacidades que reporta que a partir del 30/05/2015 el demandante fue incapacitado de manera continua e ininterrumpida hasta el 23/01/2017 (fl. 47 c. 1) por los diagnósticos L89X, T913, L984 y M869 que conforme a la tabla de clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud publicado en la página web del Ministerio de Salud corresponden en su turno a úlcera de cúbito, secuelas de traumatismo, úlcera de la piel y osteomielitis.
Padecimientos que impidieron a Héctor Nelson Cano Betancourth, persona en situación de discapacidad debido al accidente de tránsito que implicó su permanencia en silla de ruedas, continuar desempeñando sus roles laborales por un espacio de 2 años de manera continua y por ello, el comienzo de tales incapacidades permite evidenciar la imposibilidad de continuar laborando, puesto que dichos padecimientos implicaron que Héctor Nelson Cano Betancourth no pudiese continuar en la misma posición durante una jornada de trabajo; por lo que, su PCL debe corresponder al 30/05/2015.
Lo anterior se corrobora con las restantes y anteriores incapacidades médicas que padeció el demandante, que ocurrieron de manera esporádica y por ello, permitían al demandante laborar, así estuvo incapacitado por días inferiores a 20, en el mes de diciembre de 2004, junio de 2005, marzo de 2007, enero de 2008, marzo de 2009, diciembre de 2010, diciembre de 2011, marzo, julio a septiembre de 2012 (fl. 46 c. 1), que demuestran que pese a los padecimientos de Héctor Nelson Cano Betancourth este podía continuar prestando sus servicios como dependiente en las Empresas Públicas Municipales de la Virginia.
En conclusión, la movilidad reducida a una silla de ruedas con ocasión al accidente de tránsito que sufrió el demandante no impidió que accediera al mercado laboral y en esa medida prestara sus servicios personales y como consecuencia de ello, se afiliara al sistema pensional al que cotizó un número elevado de semanas iguales a 909 septenarios, aspectos que evidencian que Héctor Nelson Cano Betancourth contaba con una capacidad laboral hasta el momento en que se incapacitó definitivamente y de manera continua por un espacio de 2 años.
Entonces, la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral debe asignarse al 30/05/2015, pues fue allí cuando definitivamente cesó su capacidad laboral; por lo tanto, en Héctor Nelson Cano Betancourth no confluyeron al mismo tiempo su invalidez con la pérdida de capacidad laboral, en los términos de la jurisprudencia atrás citada.
De lo anterior aseveró que, si bien la movilidad del accionante estaba reducida a una silla de ruedas, dado el accidente de tránsito que sufrió, lo cierto era que ello no impidió que accediera al mercado laboral. Resaltó entonces, la fecha de afiliación al sistema de pensional, en el cual cotizó un número elevado de semanas.
De esta manera, afirmó que la fecha de estructuración debía ser el 30 de octubre de 2015, pues fue en ese momento en que cesó definitivamente su capacidad para trabajar, de manera que, en su caso, «no confluyeron al mismo tiempo su invalidez con la pérdida de capacidad laboral».
Claros en la fecha de estructuración de la PCL, descendió a la norma vigente para el año 2015, data para la cual encuentra cumplidos aquellos requisitos expuestos en la Ley 860 de 2003, dado que el accionante contaba con 111,57 semanas cotizadas en los tres años anteriores a tal anualidad.
Abordó lo pertinente al momento desde el cual debía reconocerse la prestación, el monto de esta última, así como el número de mesadas. Estableció retroactivo, prescripción y al no aportarse el contrato de seguro previsional vigente para el año 2015, absolvió a las llamadas en garantía.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por Porvenir S. A. concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, se revoque la del a quo y, en su lugar, se absuelva a la entidad recurrente de las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que tuvo réplica solo por Colpensiones y pasa a decidirse.
VI. CARGO ÚNICO
Ataca la sentencia del Tribunal por la vía directa en la modalidad de infracción directa «del artículo 39 Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en relación con los artículos 69, 70 y 72 Ley 100 de 1993, artículos 48 y 230 Constitucional y 27 Código Civil».
Para dar desarrollo al cargo afirma que no se cuestionan las conclusiones fácticas del Tribunal, puesto que lo discutido es que, pese a los hechos probados, el ad quem «resolvió modificar la sentencia de primera instancia para en su lugar condenar a pagar la prestación reclamada a partir del 01/20/2017 y condenarla a pagar el retroactivo pensional, y confirmarla en lo demás, con costas a cargo de mi representada».
Con lo anterior, consiente en que se desconoce el aparte legal que exige la existencia de 50 semanas en los tres años anteriores al momento en que se estructura la pérdida de la capacidad laboral, lo cual tiene lugar el 15 de diciembre de 1992.
Afirma que el colegiado para confirmar la orden del pago de la pensión, desconoce que para la fecha en que se estructura la pérdida de la capacidad laboral, el demandante no se encontraba afiliado «al sistema, ni al anterior, ni al nuevo».
Agrega que el criterio jurídico expuesto en la sentencia cuestionada, se agrava
[C]uando, teniendo por probado que solo se afilia al ISS en mayo de 1998, ya era parapléjico y cuando se traslada a PORVENIR en octubre de 1999, presentaba esa lesión de invalidez, por lo que la única norma aplicable al caso para su resolución es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, antes transcrito, en razón que solo hasta el año de 2017 solicitó la calificación de invalidez a mi representada, que le fue negada precisamente por lo que de acuerdo con el artículo en cita a aquella fecha (diciembre de 1992) no tenía ninguna semana cotizada al sistema de pensiones.
Concluye sobre este aspecto, que la sostenibilidad del sistema de seguridad social se afecta con las conclusiones a las que desciende el colegiado.
Cuanto a la infracción directa del artículo 230 de la Constitución Política memora que, los jueces en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley, dado que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y doctrina, son fuentes auxiliares de la justicia.
De manera que, era obligatorio la aplicación del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, lo que no fue atendido por el Tribunal.
Concerniente al artículo 27 del Código Civil asegura que, en su texto, se consagra la necesidad de no acudir a interpretaciones cuando el sentido de la ley sea claro. Por lo que, al Tribunal al conceder una prestación económica cuando no se cumplen los requisitos expuestos en un aparte legal trasgrede el ordenamiento jurídico. Así las cosas, lo procedente es «confirmar la absolución a mi representada y no proceder al reconocimiento de la pensión, según las reglas vigentes.
Concluye al indicar que:
[N]o se le puede dar el tratamiento igual a casos diferentes traídos a colación en los precedentes jurisprudenciales, por lo que se puede llamar la atención al Tribunal al aplicar una supuesta interpretación más ajustada a la dignidad humana y los fines constitucionales de la seguridad social, dejando de lado que el juez en su decisión debe velar por el respeto al estado social de derecho y aplicar la ley vigente (art. 230 Constitucional), ya que la jurisprudencia y la doctrina, son apenas auxiliares de la justicia, por lo que sustentar una decisión como la que hizo el Tribunal con base en tales precedentes, como si fueran una regla general de derecho, a pesar de la vigencia del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, no le hace bien al sistema de seguridad social, pues lo termina convirtiendo en una especie de “premio” a quienes en el reciente pasado nunca hicieron el mínimo esfuerzo para afiliarse al sistema de pensiones y solo años después, vio la oportunidad de afiliarse con la finalidad de obtener una pensión de invalidez como lo resolvió el Tribunal.
VII. RÉPLICA DE COLPENSIONES
Luego de aclarar que, en la sentencia se absolvió a Colpensiones y nada se pretende con respecto a ella en el recurso de casación, cuestiona la existencia de errores de técnica que impiden el estudio del cargo.
En efecto, reprocha que la acusación no presenta, pese a cuestionarse la interpretación de un texto legal, cual es el correcto entendimiento que debe darse a este último. Agrega además que, se omite el enunciar «en qué consistió el error protuberante que le endilga a la sentencia de segundo grado ni como la valoración probatoria condujo a la aplicación indebida de los artículos mencionados; a contrario sensu, solo se limita a mencionar la ausencia de valoración».
En consonancia con lo precedente, solicita no casar la sentencia de segundo grado.
VIII. CONSIDERACIONES
A pesar de que a las voces del artículo 228 de la Constitución Política, el derecho sustancial prevalece sobre las formas, y la Sala en algunas ocasiones ha optado por atenuar las exigencias en la formulación del recurso extraordinario de casación, lo cierto es que, ello siempre tiene estribo en un mínimo respeto a las reglas que han sido estatuidas para su trámite (CSJ SL5102-2020); derroteros seriamente incumplidos en el presente asunto.
De manera que, le asiste plena razón a la réplica cuando afirma la existencia de falencias de técnica cuya envergadura impiden el estudio de fondo del medio de impugnación, las que se enumeran a continuación y pasan a explicarse.
Finalidad del recurso de casación
No se encuentra sometido a discusión que, el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario donde la labor que despliega la Sala, se materializa en un control de legalidad que se aplica a las providencias que son adoptadas en juicios ordinarios y ponen fin a las instancias. De manera que, lo que se pretende, es establecer si en la labor que desplegó la sala sentenciadora se incurrió en algún error que amerite la invalidez, o anulación de estas; de manera que, la Corte carece de competencia para definir a quien de las partes le asiste la razón en el litigio, laborío que solo se encuentra dentro de la órbita de competencia de los jueces de instancia.
En efecto, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la regulación del recurso de casación en la sentencia CC C596 – 2000, indicó que
[N]o se trata sólo de preservar el interés privado que cada una de las partes procesales, demanda de la administración de justicia, sino, además, el interés supremo colectivo que tiene el Estado y la comunidad en la conservación, respeto y garantía de la norma jurídica, con el fin de asegurar, conforme al preámbulo de la Constitución un marco de justicia material, efectiva, concreta y comprometida con el anhelo de orden y paz, que le asiste como derecho, a todas las personas.
Por ello, se equivoca el recurrente, cuando pretende que el asunto sea definido conforme al entendimiento que predica sobre la materia decidida por la sala sentenciadora, bajo el amparo de una presunta infracción directa de un aparte legal que realmente no tuvo lugar, por el contrario, en la sentencia cuestionada el juzgador de alzada estriba su decisión, entre otros, en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, tanto así, que expresa el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario de una pensión de invalidez.
En este momento, resulta oportuno reiterar que el recurso de casación propende por el imperio y preservación de la ley sustancial de alcance nacional, la cual puede ser infringida de dos formas por los falladores, (las llamadas «causales»): mediante la violación de aquella ley (causal 1ª), o, a través del desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus (causal 2ª). Sin olvidar, desde luego la violación medio (CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 43345, reiterada en la CSJ SL209-2022).
En la vía directa, elegida por el impugnante, el fallador vulnera la ley mediante tres posibilidades: La inaplica por ignorancia o rebeldía (infracción directa), la interpreta erróneamente (interpretación errónea), o la utiliza indebidamente (aplicación indebida). Doctrina y jurisprudencia han precisado los alcances de cada una de dichas expresiones.
De esta manera, la recurrente comete la impropiedad de acusar la infracción directa de la norma que se anuncia en la proposición jurídica, para luego desarrollar al cargo, acusando su incorrecta interpretación de cara a las previsiones consignadas en el artículo 230 de la Constitución Política y artículo 27 del Código Civil. En efecto, al dar lectura al embate, se logra concluir, sin asomo a equivocaciones, que la censura parte de un supuesto que no aconteció, como lo es, el desconocimiento del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, y a su vez, la acusa como interpretada de forma errónea, dado el entendimiento que el colegiado le otorgó y permitió conceder la pensión de invalidez.
Ciertamente, basta analizar el desarrollo del cargo, específicamente, cuando se hace alusión al artículo 27 del Código Civil -interpretación de la ley-, para concluir que lo realmente cuestionado es la comprensión que el colegiado le extendió al aparte legal previsto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, pese a su tenor literal, puesto que «[e]sta regla clásica vigente en Colombia desde finales del siglo XIX es suficiente para darle el entendimiento correcto a la aplicación de las normas vigentes cuando se sucede el siniestro».
Lo anterior, denota la confusión en las modalidades de violación de la ley, puesto que no es viable alegar en un único cargo que el mismo precepto legal ha sido, de forma simultánea, dejado de aplicar –por rebeldía o desconocimiento- y a la vez, interpretado de forma errónea.
Atinente a la vía directa
La vía directa, como modalidad de ataque, en cualquiera de sus sub motivos, parte en su estructuración de la aceptación total de los hechos que se tienen por probados en la decisión fustigada, los cuales sirvieron de base para su adopción. De manera que, se aleja de toda posibilidad que en el planteamiento de la acusación se discutan cuestiones probatorias, lo que encuentra oportunidad al plantearse el cargo por la vía indirecta (CSJ SL209-2022).
Y es por ello que, aquí, la Corte juzga conveniente recordar lo adoctrinado recientemente en la decisión CSJ SL5667-2021, donde al memorar lo expuesto en la CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 43345, precisó que
[…] [E]l recurso de casación propende por el imperio y preservación de la ley sustancial de alcance nacional, la cual puede ser infringida de dos formas por los falladores, (las llamadas «causales»): mediante la violación de aquella ley (causal 1ª), o, a través del desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus (causal 2ª). Sin olvidar, desde luego la violación medio.
Si bien es cierto que el texto del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, expresamente no señaló como senderos de ataque dentro del primer motivo del recurso extraordinario, la vía «directa» y la «indirecta», también lo es, que en casación se ha venido aceptando su existencia como géneros de violación, donde el primero de ellos, el directo comprende los tres conceptos o submotivos de trasgresión de la Ley sustantiva denominados infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, mientras que el indirecto en el cual no tiene cabida la interpretación equivocada de la ley, se orienta a la cuestión meramente probatoria, que encierra lo relativo a la segunda parte de la causal primera, esto es, la violación de la Ley proveniente de la apreciación errónea o de la inestimación de determinada prueba donde ha de demostrarse que se incurrió en un error de hecho o uno de derecho (sentencia CSJ SL, 25 may. 2004, rad. 22.543).
Vía directa
En la vía directa, el fallador vulnera la ley mediante tres posibilidades: la inaplica por ignorancia o rebeldía (infracción directa), la interpreta erróneamente (interpretación errónea), o la utiliza indebidamente (aplicación indebida). Doctrina y jurisprudencia han precisado los alcances de cada una de dichas expresiones.
La transgresión por la vía directa implica llegar a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional, por dislates exclusivamente jurídicos; lo que significa que, en dicho nivel, el juzgador obtiene una conclusión específica mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma jurídica, quedando por fuera de su razonamiento todo lo relativo a las pruebas del proceso o aspectos netamente fácticos.
Siendo así las cosas, el recurrente incurre en una imprecisión al dirigir el embate por el sendero directo, cuando realmente olvidó cuestionar aquel sustento fáctico, que es el que permite realmente acceder al reconocimiento pensional.
En efecto, es claro que la sala sentenciadora, en sus conclusiones, acude a la línea de pensamiento de esta Corte sobre enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, pero para descartar su presencia en el caso bajo su estudio; por lo que, clara en ello, consiente en que el problema jurídico a resolver es la precisión y corrección del dictamen pericial relativo a la pérdida de capacidad del accionante, aspecto que dada su innegable estructura fáctica, no puede ser discutido por la senda directa.
No se atacaron los pilares del fallo
El juzgador de alzada advierte, como se indica en líneas superiores que, en el caso en estudio, la fecha de estructuración no confluye – en sus palabras- con el momento en que se pierde totalmente la capacidad laboral del actor; conclusiones probatorias a las que arriba, luego de analizar conjuntamente el dictamen pericial sobre PCL, aportes al sistema general de pensiones, vinculación laboral del accionante, entre otros aspectos.
De esta manera, la censura dejó indemne tales pilares de la sentencia cuestionada los que, dada su falta de ataque, permiten mantenerla incólume dada la doble presunción de legalidad y acierto que la caracteriza.
4. Divorcio entre las conclusiones fácticas de la recurrente pese a la vía de puro derecho
Como se explicó los cargos formulados por la vía directa, requieren satisfacer la real aceptación de los fundamentos fácticos edificantes de la decisión acusada, por lo que no puede existir desavenencia entre las conclusiones de hecho del sentenciador, fruto de su actividad valorativa, y los hechos en que se basa la censura.
En el asunto bajo escrutinio, el juzgador tuvo por acreditado que la fecha de estructuración de la invalidez lo fue el 30 de octubre de 2015 y, pese a la contundencia de la decisión, la recurrente pretende tener por cierto un hecho que no lo estuvo para el juez de alzada, esto es, que dicha data lo fue el 15 de diciembre de 1992; lo que a las claras denota un divorcio fáctico con las conclusiones de tipo probatorio que sirvieron de báculo indiscutible del fallo gravado.
De modo que la acusación debió encausarse por la vía indirecta por la falta de contemplación o indebida valoración de la plataforma probatoria que permitiera, primero evidenciar la equivocación del juzgador y, a partir de allí arribar a la comprobación de que efectivamente la fecha de estructuración de la invalidez lo fue el 15 de diciembre de 1992.
En conclusión, la demanda de casación se asemeja a un alegato de instancia, conducta con estricta prohibición legal consignada en el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Siendo coherentes con lo discurrido, el cargo no prospera.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente y a favor de la replicante. Se fijan como agencias en derecho la suma de nueve millones cuatrocientos mil esos ($9.400.000.oo) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 3 de marzo de 2021 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral seguido por HÉCTOR NELSON CANO BETANCOURTH contra la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., y al que fueron llamadas en garantía las sociedades BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. Y COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A y vinculadas las sociedades ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.
Costas como se dijo en la motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR