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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2860-2022

Régimen de transición

Fecha
6 de julio de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
39 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2860-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Puede la Corte estudiar de fondo un cargo por la vía directa que mezcla aspectos fácticos con jurídicos y no derriba el pilar argumentativo de la sentencia impugnada?

Reglas

  1. En la vía directa el recurrente debe aceptar los hechos fijados por el Tribunal, de modo que no puede mezclar aspectos fácticos con jurídicos.

    «cuando se acusa a una sentencia de ser violatoria en forma directa de la ley, el censor debe conformarse con las fundamentaciones fácticas sobre las que el colectivo se fundó»
  2. Para la prosperidad del recurso de casación el recurrente debe controvertir todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada.

    «para la prosperidad del recurso de casación es necesario que el recurrente controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada»
  3. La demanda de casación debe invocar el precepto sustantivo del orden nacional que se estima violado, y no basta con acusar la violación general de un estatuto.

    «exige como requisito insoslayable de toda demanda de casación, la invocación del precepto sustantivo del orden nacional que se estime violado»
  4. El recurso extraordinario de casación no faculta a la Corte para juzgar el pleito, sino para enjuiciar si el juez de apelaciones observó las normas jurídicas que debía aplicar.

    «este medio de impugnación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón»

Decisión

No casa la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá del 26 de junio de 2020, que había confirmado la absolución de Colpensiones. Las costas del recurso extraordinario quedan a cargo del recurrente, con agencias en derecho de 4.700.000 pesos.

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 26 de junio de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por FRANCISCO PACO LÓPEZ MALAGÓN contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. Costas como se dijo en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2860-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

6 de julio de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2860-2022

Radicación n.° 89811

Acta 22

Bogotá, D. C., seis (06) de julio de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por FRANCISCO PACO LÓPEZ MALAGÓN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 26 de junio de 2020, en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-.

AUTO

Téngase a la sociedad Arellano Jaramillo & Abogados con NIT. 900.253.759-1, representada legalmente por el doctor Luis Eduardo Arellano Jaramillo, como apoderada de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, de conformidad con el artículo 75 del CGP, en los términos y para los efectos del poder general, otorgado mediante Escritura Pública No. 3372 del 2 de septiembre de 2019, de la Notaría 9 del Círculo de Bogotá D.C., que obra en el cuaderno digital de la Corte.

Asimismo, téngase a la doctora Rosalba Chica Córdoba, identificada con C.C. No. 31.230.646 y portadora de la T.P. No. 13.763 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en los términos y para los efectos del memorial visible en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES

El actor demandó a la entidad de seguridad social mencionada con el fin de que se declarara que era beneficiario «del régimen de transición previsto en el [D]ecreto 1281 de 1994 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993» y, en consecuencia, se dispusiera que las normas aplicables eran las consignadas «en el artículo 15 de [D]ecreto 758 de 1990[sic] y lo dispuesto en el [A]cuerdo 049 de 1990»; por lo que procedía la reliquidación de su pensión especial de vejez desde el 16 de febrero de 2002; adosó la condena por los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y costas procesales.

Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que nació el 16 de febrero de 1959 y cotizó al régimen de prima media con prestación definida un total de 2021 semanas; para la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones -1º de abril de 1994- acreditaba más de 16 años de cotizaciones; mediante Resolución SUB 287076 de diciembre 2017, la convocada negó el reconocimiento de la pensión de vejez por alto riesgo – exposición a altas temperaturas-; que se interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo, el cual fue desatado en la Resolución SUB 65775 de marzo de 2018 donde se optó por otorgar pensión especial de vejez, a partir del 1º de abril de 2018; por Resolución DIR 7271 de abril de 2018, la entidad de pensiones «ordenó la reliquidación de la pensión especial de vejez por actividad en alto riesgo, exposición altas temperaturas» y «para el reconocimiento de la reliquidación pensional tom[ó] como IBL la suma de 6.038.714, manteniendo la tasa de reemplazo del 76.64%»; que Colpensiones no aplicó la tasa de reemplazo correcta al ser el accionante beneficiario del régimen de transición.

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- indicó ser ciertos la mayoría de los hechos excepto aquél que refería al demandante como beneficiario del régimen de transición.

Como medios exceptivos propuso los de inexistencia del derecho y de la obligación, cobro de lo no debido, inexistencia de intereses moratorios, buena fe, prescripción y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 17 de febrero de 2020, absolvió a la demandada de las pretensiones. Condenó en costas al accionante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante proveído del 26 de junio de 2020, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó en su integridad la sentencia impugnada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Colegiado encontró que inicialmente el problema jurídico por resolver sería el determinar si el accionante prestó sus servicios en actividades de alto riesgo, de acuerdo con lo previsto en los Decretos 758 de 1990[sic], 1281 de 1994 y 2090 de 2003 y, establecido ello, cuál es el régimen aplicable al accionante.

Para resolver los interrogantes planteados tuvo por probado que: (i) por Resolución SUB 65775 del 9 de marzo de 2018, modificada por la Resolución DIR 7271 del 16 de abril de 2018, Colpensiones reconoció la pensión de vejez de alto riesgo a favor del accionante, a partir del 1º de abril de 2018, en cuantía inicial de $4.629.070, con fundamento en el Decreto 2090 de 2003, y (ii) la prestación se liquidó teniendo en cuenta un total de 2021 semanas cotizadas en toda su vida laboral, ingreso base al que se le aplicó una tasa de reemplazo del 76.64%.

Sobre la exposición del accionante a altas temperaturas recordó la necesidad de acreditar, fehacientemente, que ello tuvo lugar y consintió que dentro del expediente se encontraban cotizadas 915.14 semanas,

[…] tiempo durante el cual el actor trabajaba como operador de máquinas de formación y técnico de formación en el área de Formación de Envases y Cristalería de la empresa, según certificación que da cuenta de los servicios prestados por el actor en la [sic] CRISTALERÍA PELDAR (allegada con el expediente administrativo y anexada a folios 92 y 93 del plenario). Además, en certificación emitida por la empresa PELDAR el 15 de enero de 2018, se indicó que la empresa realizó aportes por concepto de altas temperaturas y se advirtió que el trabajador no estuvo expuesto a sustancias cancerígenas que afectaran o pusieran en riesgo su salud (certificación allegada con el expediente administrativo, anexada al plenario a folio 96).

Continúo su discurso e indicó que, si bien el demandante demostró que prestó sus servicios en Cristalería Peldar desde el 8 de agosto de 1979, lo cierto era que no existía prueba de cotizaciones especiales antes de julio del año 2000 o bien, que durante tal interregno las labores desplegadas lo hubiesen sido en actividades de alto riesgo. Descartó que la simple prestación del servicio en una empresa catalogada como de este tipo, fuera indicadora de exposición a estos factores.

Enfrentado a ese escenario, procedió a definir cuál era la normatividad aplicable al caso planteado, por lo que inició con el Decreto 1281 de 1994, el que afirmó era aplicable a quienes al 22 de junio de 1994 acreditaran 15 años de servicios cotizados, escenario en que encontró al demandante, quien sufragó 808.14 semanas a esa fecha. Luego, acudió al Decreto 2090 de 2003 «normatividad que reglamentó el régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y derogó el Decreto 1281 de 1994, en su artículo 6º condicionó el reconocimiento de la pensión especial de vejez con base en normas anteriores para quienes a la entrada en vigencia de dicho Decreto (28 de julio de 2003) contaran con 500 semanas de cotización especial o con 500 semanas efectuadas en cualquier actividad que hubiese sido calificada jurídicamente como de alto riesgo […]». Apreciación que respaldó en el pronunciamiento de esta Sala CSJ SL1353-2019.

Descendió, entonces, al caso en estudio y con los parámetros narrados en la decisión de esta Sala, anunció la confirmación de la providencia apelada, por cuanto el actor «solo demostró 158,73 semanas de cotización especial o efectuadas en cualquier actividad calificada jurídicamente como de alto riesgo para el 28 de julio de 2003 (cuando entró en vigencia el Acto Legislativo[sic]), y por ello, perdió el régimen de transición que permitía aplicar a su situación el Acuerdo 049 de 1990».

Más adelante, expuso que:

[L]a prestación tampoco se encuentra regulada por el Decreto 1281 de 1994, norma anterior al Decreto 2090 de 2003, la cual aplicó la entidad para reconocer el derecho pensional a su favor. Para responder el argumento de la apelación, según el cual, la entidad reconoció la causación o el status pensional desde el 12 de noviembre de 2013(ver folio 24), ello no implica que le sean aplicables normas anteriores por régimen de transición, sino que en aplicación del Decreto 2090 de 2003 el actor causó el derecho en ese momento.

Finalmente, indicó que, al no presentarse inconformidad con relación al monto de la mesada, no habría pronunciamiento con relación a tal rubro.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte:

[...] case la sentencia acusada, es decir, la proferida por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Laboral que decidió confirmar la sentencia de primera instancia emitida por el Juez Treinta y tres[sic] Laboral del Circuito de Bogotá; para en su lugar, en sede de instancia, revocar las decisiones anteriormente referidas y en sustitución a ello conceder todas las pretensiones incoadas en el escrito de demanda, por haber una indebida apreciación de la norma […]».

Con tal propósito formula un único cargo, por la causal primera de casación, que mereció réplica por la demandada.

VI. CARGO ÚNICO

Denuncia la sentencia, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida «respecto del Acuerdo 049 de 1990, artículo 15, aprobado por el Decreto 0758 de 1990, Ley 100 de 1993 artículos 36 y 50, artículo 36 del Decreto 1281/95, artículos 1º, 2º y 8º; Decreto 2150 de 1.995[sic], [a]rtículo 117; C.S.T. [a]rtículo 21; Ley 57 de 1887, [a]rtículo 5º; [a]rtículo 53 de la C.P.».

Para dar desarrollo al cargo, el censor inicia por expresar que:

[…] la valoración realizada por el juzgado y por el Tribunal sobre la interpretación normativa que se realiza de manera errónea frente al régimen de transición establecido en el artículo 6º del [D]ecreto 2090 de 2003 y a su vez en la aplicación de los decretos 1281 de 1994 y el decreto[sic] 758 de 1990, en el sentido de no conceder la reliquidación de la pensión especial de vejez, aduciendo que no cumplía los requisitos para acceder al régimen de transición, en el presente caso, siendo ello 750 semanas que equivalen a 15 años de cotización, siendo que el señor FRANCISCO PACO LÓPEZ MALAGÓN, a la entrada en vigencia el régimen general de seguridad social, contaba con más de quince años de cotizaciones, y extralimitando dicho requisito a la entrada en vigencia el [D]ecreto 1281 de 1.994[sic].

Expone que el accionante sí cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 8º del Decreto 1281 de 1994, lo que consiente la sala sentenciadora en la providencia cuestionada puesto que:

[E]n dicha parte considerativa afirma […], que los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, es haber cumplido 40 años de edad si es hombre o haber cotizado 15 años al sistema, frente a lo cual el afiliado, el señor Francisco Paco López Malagón, a la entrada en vigencia del [D]ecreto 1281 de 1994, es decir, al 22 de junio de 1994, contaba con 808,14 semanas cotizadas lo cual equivale a 15 años 8 meses y 17 días de cotización; pero en el párrafo siguiente afirmen que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6º del [D]ecreto 2090 de 2003.

Agrega que el accionante acredita 2.021 semanas de cotización, cumple con los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y presenta aportes por 915,14 semanas, es decir, más de las 500 exigidas en el artículo 6º del Decreto 2090 de 2003, por lo que no resulta aceptable afirmar que el accionante no le asiste el derecho a obtener la reliquidación pretendida.

Cuestiona que la interpretación del tribunal contraviene lo expuesto en la sentencia CC C-663-2007, pronunciamiento «donde claramente ha dicho la [C]orte, que para la contabilización de dichas semanas el trabajador, podrá reunirlas en cualquier tiempo, circunstancia que cumple el señor FRANCISCO PACO LÓPEZ MALAGÓN, pues reúne en total 915,14 semanas en actividad de alto riesgo».

Concluye que el «conjunto de desatinos condujo que la sentencia impugnada vulnerara por vía directa a causa de aplicación indebida, se nota entonces que por virtud de los errores endilgados al fallo recurrido y a las violaciones a las normas sustanciales indicadas antes, por vía directa y en la modalidad de aplicación indebida».

Finalmente, indica que tal interpretación errónea impide que el accionante logre su reliquidación teniendo como tasa de reemplazo el 90% consignado en el Acuerdo 049 de 1990.

VII. RÉPLICA

Cuestiona falencias técnicas de la demanda de casación donde no se expone, pese a acusarse la interpretación errónea de un aparte normativo, «atendiendo a las exigencias del escrito extraordinario, omite señalar la exégesis incorrecta realizada por el colegiado, así como indicar cuál sería la correcta».

Agrega que, al dar desarrollo al cargo «se limita a indicar errores que bajo su criterio considera cometió el fallador de segunda instancia; sin embargo, omitió puntualizar cómo se configuró el error protuberante que permita derrumbar la presunción de acierto y legalidad de la que goza la sentencia. Asemejando el ataque a un alegato de instancia y no a un recurso extraordinario de casación».

Concluye que la censura no logró acreditar las razones que justifican la procedencia de la reliquidación pretendida.

VIII. CONSIDERACIONES

Si bien el alcance de la impugnación no se planteó con la debida claridad, puesto que se solicita la casación de la sentencia de segunda instancia y de forma simultánea, su revocatoria, lo que se aleja de toda razonabilidad ya que al quebrarse la decisión del ad quem ella desaparece de la vida jurídica, tal imprecisión puede ser superada, para entender que lo realmente pretendido es que luego de casarse, se proceda a revocar el fallo nugatorio de las pretensiones de la demanda que fue adoptado por la primera instancia y, en su lugar, se concedan las súplicas incoadas en el escrito inaugural del proceso.

Aquí, la Corte juzga conveniente memorar lo adoctrinado por esta Sala en la decisión CSJ SL, del 15 de mar. 2011, rad. 43345, y reiterada en la providencia CSJ SL3239-2020, en cuanto a que el recurso extraordinario propende por el imperio y la preservación de la ley sustancial de alcance nacional, la cual puede ser infringida de dos formas por los falladores, (las llamadas «causales»): mediante la violación de aquella ley (causal 1ª), o, a través del desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus (causal 2ª). Sin olvidar, desde luego la violación medio.

De igual manera, ha de tenerse en cuenta, sobre la finalidad y requisitos formales del recurso extraordinario de casación, la sentencia CSJ SL4572-2021, en la que se recordó que:

[…] como medio de impugnación extraordinario, requiere en su planteamiento y demostración el acatamiento de las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia, puesto que su incumplimiento e inobservancia acarrea que el mismo resulte inestimable.

Y es que, en este sentido se ha expresado de forma prolífica la línea de pensamiento de esta Corporación, al afirmar que “este medio de impugnación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia impugnada con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto”. (CSJ SL918-2021)

Por otro lado, si bien el texto del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, expresamente no señaló como senderos de ataque dentro del primer motivo del recurso extraordinario, la vía «directa» y la «indirecta», también lo es, que en casación se ha venido aceptando su existencia como géneros de violación, donde el primero de ellos, el directo, comprende los tres conceptos o sub motivos de trasgresión de la ley sustantiva denominados: infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea; mientras que el indirecto en el cual no tiene cabida la interpretación equivocada de la ley, se orienta a la cuestión meramente probatoria, que encierra lo relativo a la segunda parte de la causal primera, esto es, la violación de la Ley proveniente de la apreciación errónea o de la inestimación de determinada prueba, donde ha de demostrarse que se incurrió en un error de hecho o uno de derecho (sentencia CSJ SL, 25 may. 2004, rad. 22.543).

En el horizonte trazado, al seguir los derroteros narrados en la línea de pensamiento de esta Corporación, como bien lo afirma la replicante, el cargo posee serios incumplimientos a los requerimientos de técnica que dada su envergadura impiden su estudio de fondo. Y siendo ello así como efectivamente lo es, recordemos que cuando se acusa a una sentencia de ser violatoria en forma directa de la ley, el censor debe conformarse con las fundamentaciones fácticas sobre las que el colectivo se fundó por lo que su ataque entonces, se limitará a demostrar que el Tribunal incurrió en la interpretación equivocada o en la aplicación indebida de la disposición que de manera correcta regula el conflicto, o que infringió la norma que debiendo regir el asunto, por cuanto la soslayó.

Es así entonces, como en el caso bajo examen, esas directrices de técnica no fueron acogidas por el recurrente, quien, a pesar de enunciar en el inicio de su embate como modalidad de violación, la aplicación indebida de algunas disposiciones del Decreto 1281 de 1994, a su vez, alega la interpretación errónea del mismo elenco normativo, confundiendo y combinando impropiamente los submotivos de ataque.

Por otra parte, el censor al desarrollar su reparo realiza una mixtura de aspectos fácticos con jurídicos, sin que ello sea posible al acudir a la vía directa puesto que esta transgresión «implica llegar a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional, por dislates exclusivamente jurídicos; lo que significa que, en dicho nivel, el juzgador obtiene una conclusión específica mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma jurídica, quedando por fuera de su razonamiento todo lo relativo a las pruebas del proceso o aspectos netamente fácticos» (CSJ SL4119-2020).

En efecto, el colegiado para concluir que el accionante no era beneficiario de los regímenes de transición a que se hace alusión en las pretensiones, indica que solo aparecían acreditadas semanas de cotización especiales por actividades de alto riesgo desde el año 2000, lo que impedía mantener el régimen de transición que garantiza el Decreto 2090 de 2003, el que exige la acreditación de «500 semanas de cotización especial» al 28 de julio de 2003. Ese pilar argumentativo de la providencia, que valga la pena anotar, resulta cierto, no fue derrumbado por aquella, dejando así indemne la sentencia que como es sabido llega adosada de la doble presunción de legalidad y acierto.

Memoremos que, en palabras del fallador de segundo grado, el actor acredita la prestación de servicios para Cristalería Peldar desde el 8 de agosto de 1979, sin embargo, la prueba de semanas de cotizaciones especiales solo cuenta con respaldo probatorio, a partir del año 2000, aspecto fáctico que, dada la vía escogida, no podía ser abordado su estudio por esta Sala.

Por lo anterior, debe insistir la Corte que para la prosperidad del recurso de casación es necesario que el recurrente controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada, pues nada conseguirá si ataca razones distintas de las expresadas por el Tribunal como soporte de la decisión impugnada, o apenas alguna de ellas.

Ante tal orfandad argumentativa, en especial, aquella que se enuncia como pilar fundamental de la sentencia fustigada, se reitera, las conclusiones del colegiado permanecen incólumes dada la doble presunción de acierto y legalidad que cobija la sentencia impugnada.

Finalmente, el ataque general de los artículos 5º y 53 de la Constitución Política, 21 del Código Sustantivo del Trabajo y 5o de la Ley 57 de 1887, nada aportan al quiebre de la sentencia cuestionada, dado que en ellas no se edificó la decisión cuestionada. En efecto, acerca de la necesidad de mencionar los preceptos específicos para sustentar debidamente el cargo, es oportuno remitirse al pronunciamiento CSJ SL4572-2021 donde se memora las decisiones contenidas en las sentencias CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 36684 y CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 35951, en la última de las cuales se dijo:

Es impropio acusar en casación la violación de normatividades generales […] pues usualmente los juzgadores de instancias deben resolver las controversias con especificación de los preceptos que utilizan para resolver las controversias, mientras que el artículo 90-5 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social exige como requisito insoslayable de toda demanda de casación, la invocación del precepto sustantivo del orden nacional que se estime violado, el cual no se cumple cuando se denuncia la violación general de un determinado estatuto.

Son suficientes las anteriores consideraciones para despachar desfavorablemente el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente demandante, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $4.700.000,oo, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 26 de junio de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por FRANCISCO PACO LÓPEZ MALAGÓN contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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