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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2862-2022

Indexación pensional

Fecha
13 de julio de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
33 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2862-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Procede indexar los salarios que integraron la base de una pensión convencional reconocida desde el día siguiente al retiro del trabajador?

Reglas

  1. La indexación de la primera mesada exige que transcurra tiempo entre el retiro del servicio y el disfrute de la pensión, de modo que pueda deteriorarse el salario base.

    «para que proceda la indexación de la primera mesada pensional se requiere que transcurra un tiempo entre el retiro del servicio y el disfrute de la pensión»
  2. La actualización busca contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo ocurrida entre el retiro y el cumplimiento de los requisitos para pensionarse.

    «la teleología de la figura de la corrección monetaria de las pensiones no es otra sino la de contrarrestar los efectos deflacionarios de la economía del país»
  3. La indexación no procede cuando la pensión se reconoce y disfruta desde el día siguiente al retiro, pues no transcurre un lapso que ocasione una desmejora apreciable del ingreso base.

    «entre la causación, la exigibilidad y el disfrute de la pensión no transcurrió un solo día»
  4. La pérdida del poder adquisitivo puede afectar por igual a las pensiones, sin distinciones por naturaleza de la prestación o fecha de reconocimiento.

    «la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual»

Decisión

La Corte no casó la sentencia que negó la indexación de la primera mesada pensional.

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 8 de septiembre de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JESÚS ANTONIO SANDOVAL contra las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI - EICE ESP. Sin Costas.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2862-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

13 de julio de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2862-2022

Radicación n.° 91258

Acta 23

Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JESÚS ANTONIO SANDOVAL contra la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2020 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral que el recurrente promovió contra las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI - EICE ESP.

I. ANTECEDENTES

Jesús Antonio Sandoval llamó a juicio a las Empresas Municipales de Cali Emcali, para que se ordenara la indexación de los salarios que sirvieron de base para la liquidación de la primera mesada de la pensión de jubilación convencional; como consecuencia, la reliquidación y pago retroactivo de la asignación desde que cumplió los requisitos, la indexación mes a mes de las diferencias que resulten, y las costas del proceso.

Como fundamento expuso básicamente que mediante Resolución n.° 003064 del 30 de noviembre de 1999, Emcali le reconoció pensión de jubilación de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo 1999-2000, en un monto de $1.685.500, que corresponde al 90% del promedio de los salarios y primas devengados en el último año de servicio; que la demandada determinó en $1.872.739, sin indexar los salarios y primas que sirvieron de base para la liquidación de la mesada inicial; por Resolución n.° 013390 del 27 de julio de 2009, el ISS hoy Colpensiones, le reconoció la pensión de vejez a partir del 24 de mayo de 2009 en cuantía de $2.834.149, la que tiene carácter de compartida por la de jubilación; el 9 de agosto de 2018 solicitó a la demandada la indexación de los salarios que sirvieron de base para la liquidación de la primera mesada pensional, la cual se le negó mediante documento del 24 de agosto de 2018.

Al dar respuesta, Emcali, se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra por considerar que entre la fecha de reconocimiento de la pensión y su pago no transcurrió un periodo que así lo ameritara; aceptó los hechos concernientes al reconocimiento de la prestación económica y su cuantía. En su defensa, propuso las excepciones de: carencia del derecho, inexistencia del derecho de indexación de la primera mesada, carencia de causa jurídica, cobro de lo no debido, pago, prescripción y la innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, mediante sentencia de 7 de noviembre de 2019, absolvió a la demandada de todas las pretensiones e impuso costas a la parte actora.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En virtud del recurso de apelación presentado por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dispuso, mediante sentencia de 8 de septiembre de 2020, confirmar la de primer grado y condenó en costas al actor.

Como fundamento de su decisión, el colegiado comenzó por mencionar que el tema de la indexación de la primera mesada pensional ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia nacional, memoró las decisiones de esta Corporación CSJ SL, 31 Jul 2007, Rad. 29022, y CSJ SL736-2013, y de la Corte Constitucional CC C-862 y C-891A-2006, SU1073-2012 y SU415-2015, no obstante, lo cual señaló:

[…]contrario a lo expuesto por el recurrente, los propósitos de la indexación están orientados a actualizar los ingresos del trabajador desde la fecha de su retiro y hasta el momento del reconocimiento de la pensión o de causación de la primera mesada pensional. de allí que dicha figura solo es aplicable cuando la base salarial para liquidar la prestación haya sufrido un deterioro como efecto del tiempo trascurrido entre la fecha en que se devengó el último salario y la del otorgamiento del derecho. De suerte que su ámbito de aplicación no es automático, pues debe determinarse si en el asunto en cuestión existe una desmejora real del valor del IBL o de los factores que se tuvieron en cuenta, que justifique la procedencia de la misma.

Al respecto la Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencia SL11316/2016, citada en la SL-370/2018 reiteró esta postura, cuando dijo: "La indexación es la simple actualización de la moneda, para contrarrestar la devaluación de la misma por el transcurso del tiempo, dada la generalizada condición Inflacionaria de la economía nacional y es ajustado al equilibrio social, lo que aplica a la persona que haya obtenido e! reconocimiento de su pensión y su disfrute comience tiempo después de! retiro laboral(…)”; de ahí que, cuando la fecha del retiro del servicio es concomitante con la del reconocimiento pensional, no es dable predicar la hipótesis de una pérdida del poder adquisitivo de la moneda que justifique y abra paso a la indexación reclamada, pues los presupuestos de la indexación están dados solo en los eventos en que el monto de la pensión haya sufrido una notoria depreciación, por el lapso del tiempo entre el vínculo final y la fecha en que empezó a disfrutar de su pensión.

Se remitió también a otras providencias como las CSJ SL, 5 jun. 2012, rad. 59684, CSJ SL41106-2014, CSJ SL1361-2015, CSJ SL13076-2016, CSJ SL3191-2018, CSJ SL2880-2019, CSJ SL649-2020 y CSJ STL3901-2020, esta última como sustento de que las decisiones anteriores constituyen un precedente vigente sobre la indexación.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicita el recurrente que la Corte case la sentencia enjuiciada por medio de la cual confirmó la decisión de primer grado, para que, en sede de instancia, «se condene a las [p]retensiones de la demanda, proveyendo en costas a favor de la parte demandante».

Con tal propósito formula dos cargos que no fueron objeto de réplica y, serán estudiados conjuntamente, a pesar de ser encaminados por vías diferentes, debido a que guardan identidad en la proposición jurídica y plantean similares argumentos demostrativos.

VI. PRIMER CARGO

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del «artículo 53 de la Constitución Política, lo cual condujo a la infracción directa de «los artículos 1º, 2º, 4º, 13 y 48 ibídem; artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993; artículos 5, 6, 8, y 9 de la ley 153 de 1887; artículos 26 y 32 del Código Civil; artículos 19, 21, y 260 del C.S.T.».

Como sustento, señala que no discute el fundamento fáctico de la decisión en cuanto al tiempo de servicios del actor, el reconocimiento de la pensión y su cuantía y que el ISS le otorgó la prestación por vejez a partir del 24 de mayo de 2009 mediante la Resolución n.° 013390 de 2009.

Con base en lo anterior dice que el tribunal le dio al artículo 53 de la C.P. «una inteligencia que no deriva ni de su tenor literal ni de su espíritu», pues, afirmó que se desconoció el alcance que la Corte Constitucional y la Corte Suprema han otorgado al derecho a la indexación de la primera mesada que, como regla general, «se ha entendido incluida dentro de los principios que ese canon constitucional consagra».

Sostiene que la doctrina y la jurisprudencia coinciden en afirmar en la procedencia de la indexación o actualización de obligaciones de carácter económico en materia laboral y especialmente, pensional, antes y después de la vigencia de la Constitución de 1991, cuando se realiza el pago con posterioridad a la terminación de la relación laboral o a la causación de los salarios. Añade que:

Ahora bien, la sub-regla sentada en la providencia censurada, en cuanto a que no procede indexación por no haber transcurrido un tiempo considerable entre la efectividad del derecho y el retiro del servicio no tiene ningún principio de razón suficiente, en la medida en que no establece que debe considerarse “un tiempo considerable”. Adicionalmente, el fenómeno inflacionario no está en relación directa con el tiempo transcurrido entre el retiro del trabajador y la efectividad del derecho, por lo cual, tal afirmación es a lo menos una falacia, si se tiene en cuenta que la misma depende de las variables económicas, por ejemplo, en la década de los 80's en un solo año el índice de inflación supera con creces los índices de inflación de varios años en la década del 2010. De modo, pues, que sin duda la interpretación realizada por el Tribunal respecto del artículo 53 constituye una interpretación errónea del mismo e infracción directa del artículo 48 ibídem, toda vez que la conservación del poder adquisitivo que éste último dispone para las pensiones no está sometido a consideraciones como las señaladas por el tribunal.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, expresamente reconoció en el fallo que es objeto de este recurso, que el salario promedio del último año incluyó los ingresos laborales del trabajador devengados durante los 211 días del año 1998, no obstante, desestimó la procedencia de la indexación con el argumento de que: “no hubo un tiempo dentro del cual pudiese originarse la pérdida del valor adquisitivo de la moneda”. Cuestión que solo exigía multiplicar el promedio diario devengado durante el último año por el número de días correspondientes al año 1998 para indexar este valor conforme a la regla que ya es aceptada por la jurisprudencia y que no es otra que tener en cuenta como índice final, el histórico vigente a diciembre del año anterior en que se causó el derecho (1999) y como índice inicial, el histórico vigente al mes de diciembre del año anterior al año en que se causaron los salarios (1998). (la negrilla es del texto original)

En el propósito planteado, extracta parte de las consideraciones realizadas en sentencia CC C-862 de 2006 señalando con fundamento en ella, lo siguiente:

[…] como viene de verse, la sub-regla sentada por la Corte Constitucional en la sentencia citada no estableció ninguna diferencia en cuanto al tiempo mínimo o "considerable" que debe transcurrir entre el retiro del servicio y la causación o efectividad del derecho para la procedencia de la indexación, pues la constitucionalidad condicionada que declaró sobre el artículo 260 del C.S T. incluyó tanto a la regla del numeral 1º como a la del numeral 2º del citado artículo, con lo cual es evidente que para la Corte Constitucional en todos aquellos casos en que deba liquidarse la pensión es menester la indexación o actualización de todos los salarios que sirven de base a la liquidación.

Así las cosas, conforme a la pauta constitucional trazada y ante la falta de regulación expresa de la indexación, conforme lo resaltó la Corte Constitucional en la providencia citada, al Tribunal le resultaba imperioso observar la clara y sabia disposición de los artículos 5, 8 y 9 de la ley 153 de 1887. El primer canon legal dispone que “dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la Crítica y la Hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar ó (sic) armonizar disposiciones legales oscuras ó (sic) incongruentes.”. En parecido sentido se expresa el segundo artículo mencionado, al disponer que “cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.”.

Tampoco podía olvidar el tribunal que conforme lo norma el artículo 9 de la ley señalada “la Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra ó (sic) a su espíritu, se desechará como insubsistente”, por modo que toda la legislación preexistente debe estar en consonancia con los principios, valores y derechos que yacen en el suelo dogmático de aquella. Por esta razón, la conclusión jurídica realizada por la Sala comportó la infracción de las normas citadas. (la negrilla es del texto original)

A continuación, en apoyo de sus argumentos, la censura cita apartes de providencias dictadas por esta Sala CSJ SL, 16 octubre 2013, rad. 47709, CSJ SL435-2017 y por la Corte Constitucional en sede de tutela CC T-220-2014, CC SU415-2015, concluyendo lo siguiente:

En este orden de ideas, aun cuando en el fallo se citaron las disposiciones mencionadas, no se extrajo de ellas ningún contenido, siendo por lo menos aplicables en lo referente a la actualización de los salarios, en la medida en que se constituyen en las pautas legales que obligan aplicar éstas por analogía, en aplicación de lo que dispone el artículo 8º de la ley 153 de 1887. Adicionalmente, un tratamiento diferente, comporta sin duda un trato desigual en cuanto a la forma de liquidar la prestación de vejez, en contravía de lo que expresamente se dispone por el artículo 13 de la C.P. y por contera, con ello se lesionan los contenidos normativos de los artículos 1, 2 y 48 de la misma carta, normas que sin lugar a dudas también resultaron infringidas.

En últimas, el Tribunal estaba obligado a dar aplicación de la interpretación más consecuente con la [C]onstitución y la doctrina constitucional de la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues, como bien lo ordena el artículo 26 del Código Civil, “los jueces y los funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios administrativos, las interpretan por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus hechos e intereses peculiares”.

Igualmente, al artículo 32 ibídem, el cual dispone que “en los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural”.

Al efectuar la respectiva operación aritmética aplicando la fórmula señalada en la Sentencia T-098 de 2005, acogida y memorada por la Sala de Casación Laboral en los proveídos SL1001-2018 del 21 de marzo de 2018 y SL421 del 10 de Abril de 2019, se observa que el monto de la pensión de mi mandante, es superior al reconocido por la Entidad demandada, ello debido a que, si el promedio del salario durante el último año de servicio de mi poderdante, es decir, el generado entre el día 30 de mayo de 11998[sic] y el día 29 de Mayo de 1999, ascendió a la suma de $1.872.739, EMCALI debió indexarlo, en especial, el promedio de los salarios generados entre el día 30 de mayo de 1998 y el día 30 de Diciembre de 1998, pues, estos perdieron el poder adquisitivo de la moneda, tal como se observa en la Liquidación que se allegó con la demanda, toda vez que, le liquidó, Reconoció y Pagó la Pensión de Jubilación en el año 1999.

En la liquidación que se allegó con la demanda, se observa claramente que, el promedio de los salarios devengados por mi mandante entre el día 30 de Mayo de 1998 y el día 30 de Diciembre de 1998, equivalente a 211 días laborados, ascendió a al suma de $1.872.739 suma que al ser indexada en el año en que se liquidó, Reconoció y pagó la Pensión de Jubilación, es decir, en el año 1999, ascendió a la suma de $2.185.544, que al promediarlos con el $1.872.739 que devengó entre el día 01 de Enero de 1999 y el día 29 de Mayo de 1999 equivalente a 149 días laborados, arroja un IBL durante su último año de servicio de $2.056.077, que al aplicarle el 90% como tasa de reemplazo, arroja como monto de su Pensión para el año 1999, la suma de $1.850.470.

VII. SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia de infringir por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, «los artículos 191 y 193 del C.G.P.» como violación medio, lo cual condujo a su vez a la aplicación indebida de los artículos «1º, 2º, 4º, 13, 48 y 53 de la Constitución Política; artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993; artículos 5, 6, 8, y 9 de la ley 153 de 1887; artículos 26 y 32 del Código Civil; artículos 19, 21, y 260, 467 y s.s. del C.S.T.».

Señala que la anterior violación se presentó debido a que el juez colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho:

[…]

1) Dar por probado que no hubo un tiempo dentro del cual pudiera originarse la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

2) No dar por demostrado estándolo que la base salarial sobre la cual se liquidó la prestación de jubilación está integrada por los salarios de una vigencia anterior al de la efectividad de la pensión.

3) Dar por probado sin estarlo que la base de liquidación sobre la cual se liquidó la pensión no sufrió deterioro por causa de la depreciación monetaria.

4) No dar por demostrado estándolo que la base salarial sobre la cual se liquidó la pensión, se afectó por el fenómeno de la depreciación monetaria en la medida que para el cálculo de esta se incluyeron salarios de una vigencia anterior al año en que se reconoció la pensión.

Asevera que los anteriores errores de hecho se presentaron por la falta de apreciación de algunas pruebas y la indebida apreciación de otra, a saber:

[…] Las pruebas no apreciadas fueron la relación de valores percibidos por mi mandante en su último año de servicio documentos visibles a folios 7, 19 a 21 de la demanda, y la Liquidación de Cesantías Definitivas, documento visible a folios 16 a 18 de la demanda.

La prueba indebidamente apreciada fue la resolución No. 0003064 de fecha 30 de noviembre de 1999, mediante la cual, la demandada EMCALI le reconoció la pensión de jubilación al demandante, documento visible a folios 4 a 7 de la demanda.

Como desarrollo del cargo se refiriere a la contestación de la demanda formulada por la demandada, y sostiene que allí se aceptó como cierto, el hecho relacionado con el reconocimiento de la pensión y en particular, que éste había sido sobre la base del 90% de lo percibido por el demandante en el último año de servicio, precisando que tal interregno transcurrió «entre el día 30 de Mayo de 1998 y el día 30 de diciembre de 1998»; razón por la cual considera que tal aceptación efectuada por la demandada constituye una confesión respecto del hecho citado, lo cual se refrenda en los artículos 191 y 193 del CGP, cuya inobservancia consagra una violación de medio que dio paso a la aplicación indebida de las demás normas enunciadas en el cargo y añade:

[…] Si el Tribunal hubiese valorado en su justa dimensión los documentos visibles a folios 4 a 7 y 16 a 21 de la demanda (resolución de reconocimiento de la pensión de Jubilación; resolución de la Liquidación de Cesantías Definitivas y la relación de valores percibidos en el último año de servicio), los cuales, contienen de manera expresa la base salarial sobre la cual se liquidó la pensión, esto es, la suma de $1.872.739 correspondiente a los salarios y demás factores salariales devengados por el demandante desde el 30 de mayo de 1998 hasta el 29 de Mayo de 1999, espacio temporal que sin hesitación incluye el periodo comprendido entre el 30 de mayo de 1998 y el 30 de diciembre de 1998. Bajo el anterior entendimiento, el valor de lo percibido en este último espacio temporal podía extraerse de los documentos visibles a folios 4 a 7 y 16 a 21 de la demanda, o deducirse multiplicando el promedio diario de todo el año, esto es, la suma de $62.424 por los días correspondientes del año 1998, es decir, 211 días, lo que da como resultado un valor de $13.171.464 suma ésta que debió indexar conforme a la fórmula aceptada por al Sala Laboral de la Corte, vale decir, anualmente, teniendo como índice final el I.P.C. histórico vigente a diciembre de 1998, correspondiente al del año anterior, al año de efectividad del derecho, y como índice inicial, el del año anterior, a aquel en que se causaron tales salarios, esto es, diciembre de 1997. A la suma así obtenida, debía adicionarse el monto de lo devengado en los días restantes del 01 de enero de 1999 hasta el 29 de mayo de 1999, es decir, la suma de $9.301.176, cuya indexación es igual a cero en la medida en que son coincidentes tanto el índice inicial como el índice final.

Con la suma resultante, debió integrarse la base salarial para el reconocimiento de la prestación, en los términos reconocidos en los citados Documentos. De modo pues que, encontrándose dentro del expediente los valores devengados por mi poderdante en su último año de servicio, fácilmente se evidenciaba que los correspondientes sueldos y primas de toda especie devengados por mi poderdante en el año de 1998 debieron indexarse, toda vez que, reitero la pensión de jubilación del Señor JESÚS ANTIONIO SANDOVAL, fue reconocida liquidada y pagada en el año 1999.

VIII. CONSIDERACIONES

Aun cuando el alcance de la impugnación no es un modelo, dado que no indica a la Corte lo que debe hacer una vez constituida en sede de instancia, esto es, si confirmar, revocar o modificar la decisión de primer grado, lo cierto es que este defecto se puede superar en el caso concreto, en la medida que las instancias absolvieron a la demandada de todas las pretensiones y el recurrente solicita que se acceda a las mismas, lo que permite inferir que se aspira a que se revoque la decisión absolutoria de primer grado.

Sentado lo anterior, se recuerda que el Tribunal consideró como fundamento de su decisión que si bien es cierto la jurisprudencia ha admitido la procedencia de la indexación del ingreso del trabajador desde su retiro hasta el reconocimiento de la pensión o causación de la primera mesada, en puridad de verdad, dicha figura solo es aplicable cuando la base salarial haya sufrido un deterioro como efecto del tiempo transcurrido entre la fecha en que se devengó el último salario y la del otorgamiento del derecho, lo que no ocurre en el presente asunto.

El recurrente sostiene que al haberse confesado en la contestación de la demanda que el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación convencional otorgada al demandante tuvo en cuenta el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, esto es, entre mayo de 1998 y el mismo mes del año 1999, es dable entender que los ingresos percibidos en la primera anualidad sufrieron un deterioro por el paso del tiempo, motivo por el cual debieron indexarse.

A pesar de que uno de los cargos se dirige por la vía indirecta, los siguientes hechos no fueron objeto de discusión en casación: i) que mediante la Resolución n.° 003064 del 30 de noviembre de 1999, las Empresas Municipales de Cali -EMCALI EICE ESP- concedieron pensión de jubilación convencional a Jesús Antonio Sandoval a partir del 30 de mayo de esa anualidad; ii) que el mencionado prestó sus servicios a la demandada desde el 16 de junio de 1971 hasta el 29 de mayo de 1999, y iii) que la prestación ascendió a la suma de $1.685.500 que equivale al 90% del promedio de salarios y primas del último año de servicio.

De acuerdo con lo anotado, le corresponde a la Sala definir si el ad quem incurrió en la infracción legal denunciada, al considerar improcedente la indexación del ingreso base de liquidación que sirvió a la demandada para otorgar la pensión de jubilación convencional, por no haber actualizado los salarios devengados en el año 1998, aun cuando la prestación se otorgó a partir del día siguiente a la terminación de la relación laboral.

Esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse de manera pacífica y reiterada frente a la problemática planteada por el recurrente, en el sentido de que tal pedimento resulta improcedente cuando la prestación comienza a disfrutarse al día siguiente del retiro del servicio, como quiera que el ingreso base de liquidación no se ve afectado por la pérdida del poder adquisitivo, pues no transcurre un período de tiempo considerable entre la terminación de la relación laboral y el disfrute de la pensión, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL5153–2021, en un asunto de similares contornos al acá debatido seguido contra la misma demandada, dijo la Corte lo siguiente:

Expresado lo anterior, debe decir la Sala que la problemática que se somete a su consideración, se reduce a precisar, si el ad-quem incurrió en la infracción que se le endilga, por considerar no procedente la indexación de los salarios utilizados para establecer el ingreso base de liquidación de una pensión de jubilación que se otorga a partir del día siguiente de la terminación de la relación laboral.

En el camino propuesto, se debe recordar que en relación con la figura de la indexación, la jurisprudencia de esta Sala ha adoctrinado: i) que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; ii) que al no existir prohibición expresa alguna por parte del legislador de indexar la primera mesada causada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, no hay cabida para hacer discriminaciones fundadas en la naturaleza de la prestación o en la fecha de su reconocimiento y, iii) que cualquier diferencia al respecto, resulta injusta y contraria al principio de igualdad (sentencia CSJ SL736-2013 reiterada en CSJ SL1144-2020, entre otras).

Pues bien, esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse de manera pacífica y reiterada frente a la problemática planteada por el recurrente, en el sentido de que tal pedimento resulta improcedente cuando la prestación comienza a disfrutarse al día siguiente del retiro del servicio, como quiera que el ingreso base de liquidación no se ve afectado por la pérdida del poder adquisitivo, pues no transcurre un período de tiempo considerable entre la terminación de la relación laboral y el disfrute de la pensión.

En esa misma providencia, esta Sala de la Corte reiteró lo señalado en la sentencia CSJ SL4393-2020:

[…] De igual forma, esta Corporación ha establecido que para que proceda la indexación de la primera mesada pensional se requiere que transcurra un tiempo entre el retiro del servicio y el disfrute de la pensión (CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 46832, CSJ SL, 5 jun. 2012, rad. 51403, CSJ SL698-2013, CSJ SL4106-2014, CSJ SL8248-2014, CSJ SL10506-2014, CSJ SL11386-2014, CSJ SL11384-2014 y CSJ SL1361-2015, CSJ SL13076-2016, CSJ SL3191-2018, CSJ SL2880-2019 y CSJ SL649-2020). En la última providencia mencionada se reiteró lo siguiente:

“[…] Ya frente a la discusión jurídica que plantea el recurrente, debe resaltar la Sala que, a pesar de que el Tribunal dijo que la corrección monetaria de las pensiones tenía un carácter excepcional en el ordenamiento jurídico y que no se había generado en el caso del actor un retardo en el pago de la prestación que la justificara, aspectos que ya han sido recogidos ampliamente por la nueva jurisprudencia de esta Corporación en materia de indexación de las pensiones, lo cierto es que para el ad quem aquélla constituía un mecanismo para paliar la pérdida del valor del peso, entre la fecha del retiro del servicio y la del reconocimiento del derecho y la misma procedía cuando la base salarial hubiese sufrido desmedro entre estas fechas, por lo que encuentra la Sala que las manifestaciones mencionadas del ad quem, a pesar de pasar por alto lo planteado por la jurisprudencia, no afectan la esencia de la decisión tomada.

Ahora bien, en efecto tal como lo afirma el recurrente y lo entendió el mismo Tribunal, la teleología de la figura de la corrección monetaria de las pensiones no es otra sino la de contrarrestar los efectos deflacionarios de la economía del país, para mantener el valor adquisitivo de aquéllas, que se ve afectado necesariamente con el transcurso del tiempo entre el retiro del servicio del trabajador y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el otorgamiento de la pensión, tal como lo sostuvo esta Sala en las sentencias que modificaron los criterios jurisprudenciales anteriores en la materia (…).

(…) “En este orden de ideas, no pudo incurrir el Tribunal en yerro jurídico alguno, dado que, entre el momento de la terminación del contrato del actor, esto es, el 31 de agosto de 1995 y el del reconocimiento de la pensión, es decir, el día siguiente, no hubo una desmejora apreciable en el ingreso base de liquidación (…)”. (Sentencia del 12 de abril de 2011, Rad. 45922).

En este preciso caso el Tribunal estableció que la demandante no tenía derecho a la indexación de la primera mesada de su pensión, en la medida en que había sido reconocida a partir del día siguiente al que feneció su vinculación laboral y, tras ello, no se había verificado un periodo de tiempo dentro del cual se hubiera dado lugar a una pérdida del poder adquisitivo del salario base de liquidación.

Esto es que, en plena correspondencia con la jurisprudencia trazada por esta Corporación en torno al tema, al encontrar que la pensión fue concedida y pagada de manera concomitante con la terminación del contrato de trabajo, el Tribunal no distinguió una notoria pérdida del poder adquisitivo del salario, que abriera paso a la posibilidad de actualizarlo. Con ello, no incurrió en los yerros que le endilga la censura que, de otro lado, no expuso argumentos que impusieran una modificación o reconsideración de la posición reiterada y pacífica que se tiene frente a la cuestión analizada” (negrillas fuera del texto).

El criterio expuesto, también se ha sostenido más recientemente en las sentencias CSJ SL5088-2020, CSJ SL5087-2020, CSJ SL700-2021, CSJ SL1945-2021, CSJ SL3851-2021 y CSJ SL5553-2021.

En consecuencia, no puede válidamente hablarse de devaluación o de pérdida del valor adquisitivo, que son los presupuestos fácticos de la actualización deprecada, por cuanto entre la causación, la exigibilidad y el disfrute de la pensión no transcurrió un solo día, pues se insiste, Jesús Antonio Sandoval trabajó hasta el 29 de mayo de 1999 y, a partir del día 30 del mismo mes y año se le reconoció la pensión de jubilación, por lo que no era procedente la indexación de la primera mesada pensional

Se sigue de lo expuesto que los cargos resultan infundados y, en consecuencia, no salen victoriosos.

Sin costas, en tanto no hubo réplica.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 8 de septiembre de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JESÚS ANTONIO SANDOVAL contra las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI - EICE ESP.

Sin Costas.

Notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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