Ficha de la providencia
Sentencia SL2889-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2889-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2889-2023
Magistrado ponente: Clara Ines Lopez Davila
18 de octubre de 2023
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Magistrada ponente
SL2889-2023
Radicación n.° 75710
Acta 39
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
La Sala emite decisión de instancia conforme lo ordenado en la sentencia CSJ SL5530-2019, dictada en el trámite del recurso extraordinario de casación interpuesto por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 11 de mayo de 2016, en el proceso ordinario laboral que en su contra adelanta MARTHA MARÍA SÁNCHEZ CORREDOR.
ANTECEDENTES
La citada demandante inició proceso ordinario laboral en contra de la extinta Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, sucedida procesalmente por la UGPP, con el fin de obtener la sustitución de la pensión de jubilación causada por su cónyuge -Mario Buitrago Vargas- como beneficiario del régimen de transición, en los términos del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, a partir de 29 de enero de 2012, data del fallecimiento, así como la indexación, los intereses moratorios y las costas procesales.
El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, al que le correspondió el trámite del asunto en primera instancia, mediante providencia de 6 de mayo de 2015, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.
Al conocer las diligencias en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la parte actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia el 11 de mayo de 2016, en la que condenó a la convocada a juicio al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, a partir del 29 de enero de 2012, de manera indexada.
Luego, mediante sentencia CSJ SL5530-2019 de 2 de octubre de 2019, esta Corporación casó la decisión del juzgador de alzada, en cuanto al monto de la pensión de sobrevivientes de la actora, a quien por ley se le asigna el 80% del valor que le hubiera correspondido por pensión de vejez a su cónyuge, conforme lo prevé el parágrafo 1.° del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
Ahora bien, para mejor proveer, la Corte envió oficio a la Unidad Administradora Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP para que certificara los salarios devengados por Mario Buitrago Vargas durante toda su vida laboral.
Recibida la documentación requerida, luego de insistir en ello por auto de 28 de abril de 2021, fue puesta a disposición de las partes por el término de tres (3) días (020 y 032 del cuaderno de la Corte), sin que se emitiera pronunciamiento alguno.
CONSIDERACIONES
En sede de instancia, y para resolver el grado jurisdiccional a favor del demandante, basta con acudir a lo considerado por esta Sala en sede de casación, en la que se estimó:
Al respecto, constata esta Sala que le asiste razón al recurrente, ello, por cuanto al estudiar la pensión de sobrevivientes reclamada, el juzgador Ad-quem, teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento del causante, aplicó como disposiciones normativas los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003. No obstante, obvió estudiar el pretendido derecho conforme las exigencias del parágrafo 1 del artículo 12 de la mencionada ley.
Puestas así las cosas, resulta imperioso memorar que la regla general adoptada por esta Corporación es que la norma aplicable para resolver el derecho a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado.
Ahora bien, como quiera que el deceso aconteció el 29 de enero de 2012, la norma que gobierna el sub lite es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual exige que se hayan cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años anteriores al fallecimiento; situación que no se verifica, toda vez que la última cotización es de 1995, habilitándose así la aplicación del mencionado parágrafo de la norma impugnada, el cual dispone:
[…]
Sobre el tema, esta Corporación se ha pronunciado, como en la sentencia SL5566-2018 del 31 de octubre de 2018, en los siguientes términos:
[…]
Así mismo, esta Colegiatura en sentencia con n.° de radicación 41573 del 27 de septiembre de 2011, reseñó:
Dicho lo anterior, incurrió el tribunal en la indebida aplicación del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, como quiera que no tuvo en cuenta el parágrafo del artículo en cuestión, y no estipuló el porcentaje bajo el cual se asignó la prestación económica, entendiéndose que debe ser del 80% sobre la pensión de vejez que le hubiera correspondido al señor Mario Buitrago, encontrándose así fundado el cargo propuesto.
En ese orden de ideas, no cabe duda de que, en el presente asunto, lo acertado es estudiar el derecho reclamado a la luz del parágrafo 1.° del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que en su tenor literal consagra:
Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.
El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.
A la luz de esta disposición, es oportuno recordar que no fue objeto de discusión por parte de la UGPP que Mario Buitrago Vargas cotizó a Caprecom y al Instituto de Seguros Sociales una densidad de 1070 semanas, entre el 23 de agosto de 1971 y el 30 de marzo de 1995; era beneficiario del régimen de transición por tener 40 años a 1.° de abril de 1994, en tanto nació el 30 de enero de 1954; este derecho lo conservó por contar con más de 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005; y, finalmente, causó el derecho pensional conforme a lo dispuesto en la Ley 71 de 1988 a favor de la demandante, con quien convivió desde que contrajo matrimonio, 29 de junio de 1973, hasta su deceso, 29 de enero de 2012.
Ahora bien, tales aspectos se mantienen incólumes en sede de instancia, por lo que a esta Sala de la Corte estrictamente le aguarda fijar el valor de la mesada pensional a favor de la beneficiaria sobreviviente, al que se llega, sin necesidad de ahondar en nuevas consideraciones, luego de aplicar el 80% de la mesada pensional que le hubiere correspondido al causante; es decir, en los términos de la disposición anunciada.
Pues bien, la pensión de jubilación en virtud de la Ley 71 de 1988, materia que, se repite, no fue discutida por la entidad contendiente, debe liquidarse teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 75% sobre el IBL de que trata el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pues al afiliado le faltaban más de 10 años al momento de la entrada en vigencia de esta última normativa; de modo que, realizadas las operaciones aritméticas de rigor, teniendo en cuenta para ello la documental aportada al plenario, se obtienen los siguientes resultados:
Cálculo IBL - Últimos 10 años
Año
Mes
Días
IBC
IPC
Inicial
IPC
Final
Factor
indexación
IBC
actualizado
1985
Mayo
17
$ 17,046
1.95
76.19
39.07
$ 666,014
Junio
30
$ 30,081
1.95
76.19
39.07
$ 1,175,319
Julio
31
$ 31,042.50
1.95
76.19
39.07
$ 1,212,886
Agosto
31
$ 32,004
1.95
76.19
39.07
$ 1,250,454
Septiembre
30
$ 32,004
1.95
76.19
39.07
$ 1,250,454
Octubre
31
$ 32,004
1.95
76.19
39.07
$ 1,250,454
Noviembre
30
$ 32,004
1.95
76.19
39.07
$ 1,250,454
Diciembre
31
$ 32,004
1.95
76.19
39.07
$ 1,250,454
1986
Enero
31
$ 39,914
2.38
76.19
32.01
$ 1,277,751
Febrero
28
$ 39,914
2.38
76.19
32.01
$ 1,277,751
Marzo
31
$ 39,914
2.38
76.19
32.01
$ 1,277,751
Abril
30
$ 39,914
2.38
76.19
32.01
$ 1,277,751
Mayo
31
$ 39,914
2.38
76.19
32.01
$ 1,277,751
Junio
30
$ 39,914
2.38
76.19
32.01
$ 1,277,751
Julio
31
$ 39,914
2.38
76.19
32.01
$ 1,277,751
Agosto
31
$ 39,914
2.38
76.19
32.01
$ 1,277,751
Septiembre
30
$ 39,914
2.38
76.19
32.01
$ 1,277,751
Octubre
31
$ 39,914
2.38
76.19
32.01
$ 1,277,751
Noviembre
30
$ 39,914
2.38
76.19
32.01
$ 1,277,751
Diciembre
31
$ 39,914
2.38
76.19
32.01
$ 1,277,751
1987
Enero
31
$ 48,496
2.88
76.19
26.45
$ 1,282,955
Febrero
28
$ 48,496
2.88
76.19
26.45
$ 1,282,955
Marzo
31
$ 48,496
2.88
76.19
26.45
$ 1,282,955
Abril
30
$ 48,496
2.88
76.19
26.45
$ 1,282,955
Mayo
31
$ 48,496
2.88
76.19
26.45
$ 1,282,955
Junio
30
$ 48,496
2.88
76.19
26.45
$ 1,282,955
Julio
31
$ 48,496
2.88
76.19
26.45
$ 1,282,955
Agosto
31
$ 48,496
2.88
76.19
26.45
$ 1,282,955
Septiembre
30
$ 48,496
2.88
76.19
26.45
$ 1,282,955
Octubre
31
$ 48,496
2.88
76.19
26.45
$ 1,282,955
Noviembre
30
$ 48,496
2.88
76.19
26.45
$ 1,282,955
Diciembre
31
$ 48,496
2.88
76.19
26.45
$ 1,282,955
1988
Enero
31
$ 60,135
3.58
76.19
21.28
$ 1,279,800
Febrero
29
$ 60,135
3.58
76.19
21.28
$ 1,279,800
Marzo
31
$ 60,135
3.58
76.19
21.28
$ 1,279,800
Abril
30
$ 60,135
3.58
76.19
21.28
$ 1,279,800
Mayo
31
$ 60,135
3.58
76.19
21.28
$ 1,279,800
Junio
30
$ 60,135
3.58
76.19
21.28
$ 1,279,800
Julio
31
$ 60,135
3.58
76.19
21.28
$ 1,279,800
Agosto
31
$ 60,135
3.58
76.19
21.28
$ 1,279,800
Septiembre
30
$ 60,135
3.58
76.19
21.28
$ 1,279,800
Octubre
31
$ 60,135
3.58
76.19
21.28
$ 1,279,800
Noviembre
30
$ 60,135
3.58
76.19
21.28
$ 1,279,800
Diciembre
31
$ 60,135
3.58
76.19
21.28
$ 1,279,800
1989
Enero
31
$ 75,169
4.58
76.19
16.64
$ 1,250,464
Febrero
28
$ 75,169
4.58
76.19
16.64
$ 1,250,464
Marzo
31
$ 75,169
4.58
76.19
16.64
$ 1,250,464
Abril
30
$ 75,169
4.58
76.19
16.64
$ 1,250,464
Mayo
31
$ 75,169
4.58
76.19
16.64
$ 1,250,464
Junio
30
$ 75,169
4.58
76.19
16.64
$ 1,250,464
Julio
31
$ 75,169
4.58
76.19
16.64
$ 1,250,464
Agosto
31
$ 75,169
4.58
76.19
16.64
$ 1,250,464
Septiembre
30
$ 75,169
4.58
76.19
16.64
$ 1,250,464
Octubre
31
$ 75,169
4.58
76.19
16.64
$ 1,250,464
Noviembre
30
$ 75,169
4.58
76.19
16.64
$ 1,250,464
Diciembre
31
$ 75,169
4.58
76.19
16.64
$ 1,250,464
1990
Enero
31
$ 94,855
5.78
76.19
13.18
$ 1,250,346
Febrero
28
$ 94,855
5.78
76.19
13.18
$ 1,250,346
Marzo
31
$ 94,855
5.78
76.19
13.18
$ 1,250,346
Abril
30
$ 94,855
5.78
76.19
13.18
$ 1,250,346
Mayo
31
$ 94,855
5.78
76.19
13.18
$ 1,250,346
Junio
30
$ 94,855
5.78
76.19
13.18
$ 1,250,346
Julio
31
$ 94,855
5.78
76.19
13.18
$ 1,250,346
Agosto
31
$ 94,855
5.78
76.19
13.18
$ 1,250,346
Septiembre
30
$ 94,855
5.78
76.19
13.18
$ 1,250,346
Octubre
31
$ 94,855
5.78
76.19
13.18
$ 1,250,346
Noviembre
29
$ 91,693
5.78
76.19
13.18
$ 1,208,668
Diciembre
31
$ 94,855
5.78
76.19
13.18
$ 1,250,346
1991
Enero
31
$ 115,723
7.65
76.19
9.96
$ 1,152,541
Febrero
28
$ 115,723
7.65
76.19
9.96
$ 1,152,541
Marzo
31
$ 115,723
7.65
76.19
9.96
$ 1,152,541
Abril
30
$ 115,723
7.65
76.19
9.96
$ 1,152,541
Mayo
31
$ 115,723
7.65
76.19
9.96
$ 1,152,541
Junio
30
$ 115,723
7.65
76.19
9.96
$ 1,152,541
Julio
31
$ 115,723
7.65
76.19
9.96
$ 1,152,541
Agosto
31
$ 115,723
7.65
76.19
9.96
$ 1,152,541
Septiembre
30
$ 115,723
7.65
76.19
9.96
$ 1,152,541
Octubre
31
$ 115,723
7.65
76.19
9.96
$ 1,152,541
Noviembre
30
$ 115,723
7.65
76.19
9.96
$ 1,152,541
Diciembre
31
$ 115,723
7.65
76.19
9.96
$ 1,152,541
1992
Enero
31
$ 146,736
9.7
76.19
7.85
$ 1,152,558
Febrero
29
$ 146,736
9.7
76.19
7.85
$ 1,152,558
Marzo
31
$ 146,736
9.7
76.19
7.85
$ 1,152,558
Abril
28
$ 136,954
9.7
76.19
7.85
$ 1,075,724
Mayo
26
$ 127,171
9.7
76.19
7.85
$ 998,882
Junio
30
$ 146,736
9.7
76.19
7.85
$ 1,152,558
Julio
31
$ 146,737
9.7
76.19
7.85
$ 1,152,566
Agosto
31
$ 146,737
9.7
76.19
7.85
$ 1,152,566
Septiembre
30
$ 146,737
9.7
76.19
7.85
$ 1,152,566
Octubre
31
$ 146,737
9.7
76.19
7.85
$ 1,152,566
Noviembre
30
$ 146,737
9.7
76.19
7.85
$ 1,152,566
Diciembre
31
$ 146,737
9.7
76.19
7.85
$ 1,152,566
1993
Enero
31
$ 183,422
12.14
76.19
6.28
$ 1,151,147
Febrero
28
$ 183,422
12.14
76.19
6.28
$ 1,151,147
Marzo
31
$ 183,422
12.14
76.19
6.28
$ 1,151,147
Abril
30
$ 183,422
12.14
76.19
6.28
$ 1,151,147
Mayo
31
$ 275,133
12.14
76.19
6.28
$ 1,726,720
Junio
30
$ 91,711
12.14
76.19
6.28
$ 575,573
Julio
31
$ 183,422
12.14
76.19
6.28
$ 1,151,147
Agosto
31
$ 183,422
12.14
76.19
6.28
$ 1,151,147
Septiembre
30
$ 183,422
12.14
76.19
6.28
$ 1,151,147
Octubre
31
$ 183,422
12.14
76.19
6.28
$ 1,151,147
Noviembre
30
$ 183,422
12.14
76.19
6.28
$ 1,151,147
Diciembre
31
$ 183,422
12.14
76.19
6.28
$ 1,151,147
1994
Enero
31
$ 225,610
14.89
76.19
5.12
$ 1,154,414
Febrero
28
$ 225,610
14.89
76.19
5.12
$ 1,154,414
Marzo
31
$ 225,610
14.89
76.19
5.12
$ 1,154,414
Abril
30
$ 225,610
14.89
76.19
5.12
$ 1,154,414
Mayo
31
$ 225,610
14.89
76.19
5.12
$ 1,154,414
Junio
30
$ 225,610
14.89
76.19
5.12
$ 1,154,414
Julio
31
$ 225,610
14.89
76.19
5.12
$ 1,154,414
Agosto
31
$ 225,610
14.89
76.19
5.12
$ 1,154,414
Septiembre
30
$ 225,610
14.89
76.19
5.12
$ 1,154,414
Octubre
31
$ 225,610
14.89
76.19
5.12
$ 1,154,414
Noviembre
30
$ 225,610
14.89
76.19
5.12
$ 1,154,414
Diciembre
31
$ 225,610
14.89
76.19
5.12
$ 1,154,414
1995
Enero
30
$ 278,832
18.25
76.19
4.17
$ 1,164,066
Febrero
30
$ 278,832
18.25
76.19
4.17
$ 1,164,066
Marzo
30
$ 278,832
18.25
76.19
4.17
$ 1,164,066
Total días
3600
Total devengado
$ 143,950,269
Total semanas
514.29
IBL
$ 1,199,586
Tasa de reemplazo
75%
Valor mesada
$ 899,689
Cálculo mesada pensión de sobrevivientes
IBL
$ 899,689
Tasa de reemplazo
80%
Valor mesada (29 de enero de 2012)
$ 719,751
En consecuencia, la mesada pensional inicial a favor de la demandante, a partir de 29 de enero de 2012, asciende a la suma de $719.751. Por concepto de retroactivo pensional causado entre esa data y el 30 de septiembre de 2023, en 13 mensualidades anuales, se ha generado el equivalente a $134.709.870, cifra que proviene del siguiente cálculo:
Cálculo del retroactivo pensional
29 de enero de 2012 - 30 de septiembre de 2023
Año
Variación anual
Valor mesada
Cantidad
Subtotal
2012
N/A
$ 719,751
12.07
$ 8,687,395
2013
2.44%
$ 737,313
13
$ 9,585,068
2014
1.94%
$ 751,617
13
$ 9,771,018
2015
3.66%
$ 779,126
13
$ 10,128,638
2016
6.77%
$ 831,873
13
$ 10,814,346
2017
5.75%
$ 879,705
13
$ 11,436,171
2018
4.09%
$ 915,685
13
$ 11,903,911
2019
3.18%
$ 944,804
13
$ 12,282,455
2020
3.80%
$ 980,707
13
$ 12,749,188
2021
1.61%
$ 996,496
13
$ 12,954,450
2022
5.62%
$ 1,052,499
13
$ 13,682,490
2023
13.12%
$ 1,190,587
9
$10,715,283
Total retroactivo
$ 134,709,870
Frente a las dos únicas excepciones propuestas por la UGPP, a saber, inexistencia de la obligación y «declaratoria de otras excepciones», por las resultas del proceso no cuentan con vocación de prosperidad. Se conserva la absolución decretada por el juzgador de primer grado sobre los intereses moratorios peticionados en el escrito genitor; no obstante, las mesadas pensionales deberán cancelarse debidamente indexadas al momento de su pago, en tanto esos presupuestos no fueron materia del recurso extraordinario. Lo anterior, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para la fecha de causación de cada una de las mesadas y hasta aquella en la que produzca su pago, según la según la siguiente fórmula:
VA = VH x IPC Final
__________
IPC Inicial
Donde:
VA = Valor actualizado
VH = mesadas debidas.
IPC Final= Índice de precios al consumidor correspondiente al mes en el que se efectuará el pago.
IPC Inicial= Índice de precios al consumidor del mes de causación de cada mesada.
Por último, es preciso anotar que la mesada pensional deberá reajustarse legalmente y operan los descuentos por salud previstos en la Ley 100 de 1993, tanto de la mesada como del retroactivo ordenado en esta providencia.
En consecuencia, se revocará la sentencia absolutoria de primera instancia, para, en su lugar, condenar a la demandada a reconocer a la actora la pensión de sobrevivientes, a partir del 29 de enero de 2012, en cuantía inicial de $719.751, frente a la cual se aplicarán los reajustes de ley y los descuentos de aportes en salud; asimismo, se ordenará el pago del retroactivo en la suma de $134.709.870, liquidado a 30 de septiembre de 2023, sin perjuicio de las mesadas que se sigan causando, debidamente indexadas, concepto frente al cual también se ordenarán los descuentos por aportes en salud. Se absolverá de los intereses moratorios.
Finalmente, se declararán no probadas las excepciones.
Sin costas en las instancias.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de mayo de 2015 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá.
SEGUNDO: CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, a reconocer y pagar a Martha María Sánchez Corredor, la pensión de sobrevivientes a partir de 29 de enero de 2012, en cuantía inicial de $719.751. Sobre ella se aplican los reajustes de ley y los descuentos por concepto de aportes a seguridad social en salud, previstos en la Ley 100 de 1993.
SEGUNDO: CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, a pagar a la demandante por concepto de retroactivo pensional la suma de $134.709.870, liquidado a 30 de septiembre de 2023, sin perjuicio de las mesadas que se continúen causando, debidamente indexadas al momento del pago. Sobre este concepto igualmente se descontará lo correspondiente a los aportes con destino al Sistema de Seguridad Social en salud.
TERCERO: ABSOLVER de los intereses moratorios pretendidos.
CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.
QUINTO: Sin costas en las instancias.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
Aclaro voto
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Ausencia justificada
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Magistrada ponente
ACLARACIÓN DE VOTO EN SENTENCIA DE INSTANCIA
Radicación n° 75710
REFERENCIA: MARTHA MARÍA SÁNCHEZ CORREDOR vs UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y COTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión, si bien comparto el fallo, me permito aclarar el voto, en torno a la naturaleza del régimen de transición.
Los cambios normativos y su tránsito
Es común en la técnica legislativa que, ante cambios normativos, se creen periodos de transición con el fin de implementarlos sin generar grandes traumatismos en el orden político, económico y social.
Son varias las razones que soportan la necesidad de estos periodos de transición, desde aquellas que se basan en necesidades pedagógicas, que tienen que ver con el suministro de información suficiente al ciudadano para el entendimiento del nuevo marco normativo, hasta las que se fundan en el establecimiento de infraestructuras esenciales para la debida ejecución de la nueva ley.
Lo cierto, empero, tratándose de derechos económicos y sociales, los regímenes de transición suelen constituirse como vehículos de protección de potenciales derechos de los habitantes del territorio nacional.
Tradicionalmente en relación con los derechos hemos aceptado la división entre la mera expectativa y derecho adquirido; no obstante, actualmente podemos realizar una división más amplia de estos momentos así: el derecho adquirido, la expectativa legítima y la expectativa simple o mera expectativa.
Normalmente aceptamos que cuando un afiliado cumple con los requisitos mínimos de acceso a un derecho, previamente instituido en la ley, se está en presencia de un derecho adquirido. Nos resulta relativamente fácil entender, desde la esfera de lo patrimonial, que cuando el derecho ingresa al patrimonio torna en uno adquirido, en tanto involucramos la teoría de la propiedad privada conforme al artículo 58 de la Constitución Política. Dicho en breve: un derecho adquirido es una situación jurídica creada y consolidada al amparo de una ley que no puede ser desconocida ni modificada por una nueva normativa.
Con arreglo a esto último, los derechos adquiridos o consolidados al amparo de una disposición anterior técnicamente no deben hacer parte de la estructura de un régimen de transición, en tanto, la nueva ley no los puede desconocer, ni desmejorar.
Ahora bien, en nuestra jurisprudencia se ha aceptado, con relativa facilidad, que las meras expectativas, al tenor del artículo 17 de la Ley 153 de 1887, no constituyen derecho contra la nueva ley que las anule o cercene. Empero, en la actualidad emergen distinciones entre la expectativa legítima o expectativa de derecho y la mera expectativa.
A tono con el contexto trazado, podemos afirmar que nos encontramos ante una expectativa legítima o expectativa de derecho cuando un ciudadano se encuentra muy próximo a cumplir con los requisitos de acceso al derecho, de forma tal que, en principio, se podría considerar injusto un cambio drástico en las reglas que rigen la situación. Así las cosas, estas personas, en virtud del principio de confianza legítima, deben ser sujetos de alguna acción protectora por parte del legislador, con el fin de garantizar que los cambios no produzcan inequidad o desigualdad.
Precisamente aquí es donde, y con el objetivo de proteger las expectativas legítimas de los ciudadanos, se impone, tal y como nos lo recuerda la Corte Constitucional en la sentencia CC-C428-09, la necesidad de contemplar un tránsito legislativo razonable y proporcional. Ello trae como consecuencia, desde luego, que la amplia libertad de configuración del Congreso de la República encuentre un límite en el principio de confianza legítima que le impide impactar «excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición».
Finalmente, de lo anterior se puede deducir con relativa facilidad que las expectativas simples o lejanas son las que mejor responden al concepto de mera expectativa; y que no existe razón alguna para que el legislador no las pueda modificar, cuando ello sea necesario para salvaguardar el orden económico y social, utilizando un amplio margen de configuración legal.
Reparemos en que los incisos 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagraron las reglas de tránsito normativo entre los múltiples esquemas pensionales anteriormente vigentes y el nuevo sistema pensional. Desafortunadamente para el país, el régimen de transición no se concentró en salvaguardar expectativas legítimas sino también expectativas lejanas o meras expectativas, creando problemas de viabilidad y sostenibilidad pensional, lo que condujo a intentar su reforma dos veces por medio de ley ordinaria y, una más, por medio de un acto legislativo, actualmente vigente.
2. El derecho al régimen de transición
Una vez consagrado el régimen de transición, en nuestro criterio, éste se torna en un derecho por parte de los ciudadanos que tienen la expectativa que les es salvaguardada total o parcialmente por la ley. Así, diferenciamos el derecho a un régimen de transición de un derecho a la prestación, en este caso, a la pensión de vejez.
Es que, desde luego, el derecho al régimen de transición, como arriba se sugirió, al originarse en el principio de confianza legítima impone el deber del Estado de no impactar excesivamente los requisitos de acceso a la prestación, bajo los cuales venían consolidando el derecho aquellos ciudadanos que tienen una expectativa legítima. Por su parte, el derecho a la pensión, como tal, dimana cuando se verifican los supuestos fácticos estatuidos en la ley para ser acreedor de la prestación.
Como tal, el derecho al régimen de transición es renunciable mientras que el derecho a la pensión que, deriva su naturaleza del derecho irrenunciable a la seguridad social, no lo es.
En efecto, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, que contiene el principio de favorabilidad frente a disposiciones anteriores, reza:
ARTICULO 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en Leyes anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en Leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley.
Y el inciso 4 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consagra:
Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
Por lo mismo, el derecho que otorga el régimen de transición no es otro que uno de acceso a la pensión bajo requisitos que, en principio, pueden ser más benéficos. En este sentido, la transición genera una opción diferente de obtener a la prestación. Así, el afiliado al sistema, al amparo de la transición, puede potencialmente, pero en condiciones de favorabilidad, gozar la pensión de vejez a través del cumplimiento de los requisitos exigidos por (i) el régimen ordinario, (ii) el régimen de transición, o (iii) el régimen de pensiones especiales creado en la ley.
El estatuto de la seguridad social, en su versión original, al crear el régimen de transición, implementó una forma de acceder a la pensión de vejez sometida al cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y monto del régimen anterior aplicable al afiliado beneficiario. Si se observa bien, el artículo 36 no previó límite de tiempo para obtener la pensión en régimen de transición. Los afiliados beneficiarios gozaban plenamente de la garantía de la prestación en cualquier momento, previo el cumplimiento de los requisitos del régimen precedente.
Es de verse que, como se explicó, la extensión ilimitada en el tiempo del régimen de transición, aunado el hecho de que se protegía a toda una generación pensional (cobertura para meras expectativas pensionales) dado que las edades que amparaban el régimen de transición eran de 35 años para las mujeres o 40 años para los hombres o 15 años de servicios o de cotización a la vigencia del sistema general de pensiones, llevó a que se intentara su limitación en el tiempo mediante sendas reformas implementadas por las Leyes 797 y 860 de 2003, que a la postre fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencias CC C-1056 de 2003 y CC C-754 de 2004, respectivamente.
Por último, el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó en el tiempo, el derecho de acceder a la pensión bajo los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en principio hasta el 31 de Julio de 2010, salvo que el afiliado beneficiario tuviese en su haber, al 29 de julio de 2005, 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios.
Lo que realmente acontece es que el derecho de acceso a la pensión deferido por el régimen de transición quedó sometido a que la condición (el cumplimiento estricto de los requisitos de pensión exigidos en el régimen anterior del cual era beneficiario el afiliado) se cumpliera antes de las fechas de expiración instituidas en el acto legislativo.
A esta altura, entonces vale la pena preguntarse sobre la naturaleza del derecho que otorga el régimen de transición. Para ello, me permito echar mano de la definición de derecho adquirido esbozada por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 17 de marzo de 1977 -Acta número 10- utilizada por la Corte Constitucional en sentencia CC C-168 de 1995:
[…] Por derechos adquiridos, ha dicho la Corte, se tienen aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones y derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente. Tal afectación o desconocimiento sólo está permitido constitucionalmente en el caso de que se presente un conflicto entre los intereses generales o sociales y los individuales, porque en este caso, para satisfacer los primeros, los segundos deben pasar a un segundo plano. Se trata de afirmar entonces el imperio del principio de que el bien común es superior al particular y de que, por lo mismo, este debe ceder.
Por su parte, la Corte Constitucional en reciente fallo, al resolver una demanda contra el artículo 289 de la misma ley que hoy se impugna parcialmente, expresó en relación con este tema lo siguiente:
La norma (art. 58 C.N.) se refiere a las situaciones jurídicas consolidadas, no a las que configuran meras expectativas, estas, por no haberse perfeccionado el derecho, están sujetas a las futuras regulaciones que la ley introduzca.
Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aquélla no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia. (sent. C-529/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo)
Por supuesto: La Ley 100 de 1993, en su artículo 36, otorgó un derecho a un sector de la población colombiana, el cual podía ser ejercido una vez constatado el cumplimiento de los requisitos estipulados para el acceso anterior conforme al régimen pensional precedente aplicable a cada afiliado. En principio este derecho no podía ser modificado o reformado por una ley ulterior.
De hecho, así se puede inferir de lo explicado en la sentencia CC C-754-2004, por medio de la cual se declaró inexequible la reforma al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, realizada mediante el artículo 4 de la Ley 860 de 2003:
En otras palabras, en la Sentencia C-789 de 2002 la Corte advirtió claramente que si el cambio en la normativa del régimen de transición ocurre después de haber entrado a regir la norma y por tanto luego de haberse consolidado la situación de las personas a las que se les aplica, el mismo resulta ilegítimo.
De todo lo anterior se desprende que el Legislador al expedir la norma acusada no tuvo en cuenta que, como se explicó en la Sentencia C-789 de 2002, si bien frente a un tránsito legislativo y al régimen de transición respectivo el derecho a la pensión no es un derecho constitucional adquirido, sino una expectativa legítima, sí existe un derecho al régimen de transición de las personas cobijadas por el mismo HYPERLINK "http://www.lexbase.biz/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0754de2004.htm" \l "_edn94" \o "" [xciv][94]. Tampoco tuvo en cuenta que una vez entrada en vigencia la disposición que consagra el régimen de transición, los trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos para el mismo consolidan una situación concreta que no se les puede menoscabar HYPERLINK "http://www.lexbase.biz/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0754de2004.htm" \l "_edn95" \o "" [xcv][95].
Así las cosas ha de concluirse que la norma acusada, no solo resulta inexequible por los vicios de procedimiento estudiados en esta sentencia, sino que su contenido material tampoco se aviene a la Constitución.
No sobra señalar que las consideraciones anteriores no pueden interpretarse en el sentido que el Legislador no pueda establecer regímenes de transición, ni que se desvirtúe su competencia para modificar las condiciones en las cuales se puede obtener el derecho a la pensión. El Legislador debe respetar en todo caso, los principios de favorabilidad y proporcionalidad a que se hizo detallado análisis en la sentencia C-789 de 2002, de la misma manera que debe atender el trámite legislativo establecido en la Constitución, sin incurrir en los vicios que, como los identificados en esta ocasión y en la sentencia C-1056 de 2003 HYPERLINK "http://www.lexbase.biz/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0754de2004.htm" \l "_edn96" \o "" [xcvi][96], llevan necesariamente a que la Corte en cumplimiento de su irrenunciable labor de control y de protección de la integridad de la Constitución declare la inexequibilidad de las disposiciones que no lo cumplen.
Por consecuencia, es esta argumentación la que en últimas llevó a la reforma del régimen de transición por medio del Acto Legislativo 1 de 2005, el cual, al fondo, estableció límites temporales para la extinción del derecho.
De este modo, el derecho al régimen de transición tiene la naturaleza de derecho adquirido para las personas que encajan en las situaciones de hecho del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, otra cosa es que sea renunciable o que se pueda extinguir, verbigracia, por falta de cumplimiento de la condición temporal fijada en el acto legislativo. Así como el derecho a la propiedad, siendo un derecho adquirido, se extingue por el fenómeno de la prescripción extintiva, el derecho al régimen de transición se extingue por la falta de cumplimiento efectivo de los requisitos de acceso a la pensión dentro del término ya referido.
Queda aclarado mi voto.
Fecha ut supra.
FERNANDO CASTILLO CADENA
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