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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL295-2020

Fecha
4 de febrero de 2020
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL295-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017), en el proceso ordinario adelantado por BEATRIZ ELENA PRECIADO MONTOYA contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL295-2020

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

4 de febrero de 2020

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL295-2020

Radicación n.° 78368

Acta 03

Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por BEATRIZ ELENA PRECIADO MONTOYA frente la sentencia proferida el 20 de abril de 2017 por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP.

ANTECEDENTES

Beatriz Elena Preciado Montoya demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, con el fin de que le fuera reconocida la pensión de jubilación de origen extralegal a partir del 23 de mayo de 2014 y de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2008, suscrita entre Adpostal y Sintrapostal.

Adicionalmente, solicitó el pago del retroactivo por concepto de las mesadas causadas y no canceladas, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de todas las sumas adeudadas.

Como fundamento de sus pretensiones, indicó que estuvo vinculada de forma interrumpida en Adpostal entre el 10 de julio de 1987 y el 30 de diciembre de 2008, acreditando un total de 1079 semanas laboradas en dicha entidad. Informó que nació el 23 de mayo de 1964, por lo que cumplió 50 años el mismo día y mes del 2014; así como que el 12 de septiembre de 2005, Adpostal y Sintrapostal suscribieron la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2008.

Adujo que tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez consagrada en el artículo 38 del referido acuerdo extralegal, comoquiera que había cumplido a cabalidad con los requisitos previstos para ello, a saber, tener más de 20 años al servicio de Adpostal y 50 de edad.

Aseguró que la UGPP por medio de la Resolución n.º RDP 026183 del 27 de agosto de 2014, decidió negarle la prestación, bajo el argumento de que cumplió con los 50 años de edad después del 31 de julio de 2010, esto es, con posterioridad a la fecha límite introducida por el Acto Legislativo 1 de 2005 para causar cualquier tipo de derecho convencional. En los anteriores términos, dijo haber agotado en debida forma la correspondiente reclamación administrativa.

Al contestar la demanda, la UGPP se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el tiempo laborado por la actora al servicio de Adpostal, así como la suscripción de la Convención Colectiva de Trabajo entre dicha entidad y Sintrapostal. De igual forma, admitió la negativa de conceder la pensión de vejez y el respectivo agotamiento de la reclamación administrativa.

Sin embargo, aclaró que la señora Preciado Montoya no acreditó los requisitos para causar la prestación económica en comento según los postulados del artículo 38 de la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2008. Lo anterior, toda vez que los 50 años de edad y 20 de servicio en Adpostal debieron cumplirse en vigencia de la relación laboral, lo cual no sucedió puesto que el contrato de trabajo feneció en diciembre de 2008 y estos se cumplieron en el 2014.

En su defensa propuso las excepciones de «Inexistencia de la obligación de reconocer pensión de jubilación convencional» y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 18 de febrero de 2016, absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Tras surtirse el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 20 de abril de 2017, confirmó en su integridad la decisión proferida por el Juzgado.

Para fundamentar su decisión, propuso como problema jurídico a resolver «[…] determinar si la demandante tiene derecho a que se le aplique la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre ADPOSTAL y SINTRAPOSTAL para efectos de adquirir su derecho a la pensión de jubilación».

Al respecto, citó los artículos 4 y 38 de la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2008 y advirtió que, tanto el requisito de edad como el de tiempo de servicios debían ser cumplidos durante la vigencia de la relación laboral, para efectos de causar el derecho a la pensión de vejez allí consagrada.

En consecuencia, dijo que no era procedente otorgarle la prestación económica a la señora Preciado Montoya en los términos en que fue solicitada, comoquiera que cumplió la edad el 23 de mayo de 2014, es decir, con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo que se produjo el 30 de diciembre de 2008.

Adicionalmente, luego de traer a colación distintos pronunciamientos de esta Corporación, concluyó frente al caso que,

[…] no existe discusión en cuanto a que la demandante arribó a la edad de 50 años el 23 de mayo de 2014 y que laboró para ADPOSTAL del 10 al 31 de julio y del 10 al 30 de noviembre de 1987 y del 22 de enero de 1988 al 30 de diciembre de 2008 acreditando un total de 7.556 días laborados correspondientes a 1.079 semanas.

Advierte esta Sala que no resulta de recibo la aplicación de dicha convención colectiva en los siguientes casos: (i) un ex trabajador que se haya retirado de la entidad antes de cumplir los requisitos para obtener la pensión; y (ii) un trabajador que no reúna los 20 o 25 años de servicios en forma exclusiva a dicha entidad.

Por ende los beneficios de la convención colectiva solo se aplican a los trabajadores activos a menos que exista estipulación en contrario en la convención u otro documento proveniente del empleador lo que en el presente proceso no ocurrió, por lo demás los acuerdos colectivos como lo ha señalado nuestra jurisprudencia nacional rigen únicamente por principio los contratos de trabajo en ejecución durante su vigencia salvo disposición expresa en contrario.

Finalmente, advirtió que la demandante no tenía ningún derecho adquirido a la luz de los requisitos que exigía el acuerdo convencional, por lo que no era posible que causara la prestación pensional con posterioridad al 31 de julio de 2010, de conformidad con las modificaciones que fueron introducidas a través del parágrafo 3º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos presentados y bajo los parámetros del recurso extraordinario.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, una vez constituida en sede de instancia, se revoque la del Juzgado y se concedan las pretensiones fijadas dentro de la demanda inicial.

Con tal propósito formuló dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados y se resolverán conjuntamente dado que persiguen un mismo fin y se fundan en similares disposiciones normativas.

PRIMER CARGO

Acusó la sentencia impugnada de violar «[…] por la vía indirecta, aplicación indebida de los artículos 467, 468, 469 y 470 del C.S. del T., 1, 9, 18, 19, 40 del C.S. del T., 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 10 de 1972. Artículos 25, 40, 48 y 53 de la Constitución Nacional».

Enunció como errores de hecho:

Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante no tiene derecho a la pensión convencional.

No dar por demostrado, contra la evidencia, que la convención colectiva de trabajo no exige vinculación laboral para otorgar la pensión pretendida.

Adujo que los anteriores yerros se cometieron por la errónea apreciación del «Escrito de folios 24 a 43, Convención Colectiva de Trabajo».

En la demostración del cargo, la recurrente expuso que el juez plural tuvo una equivocada intelección de los artículos 4 y 38 de la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2008, pues a su juicio, de ellos no emana expresamente la obligación de cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicios en Adpostal durante la vigencia de la relación laboral, con el fin de causar la pensión de vejez.

Por el contrario, advirtió que su redacción prevé la posibilidad de que se acceda a la referida prestación económica sin la necesidad de que fuera trabajador activo de Adpostal, pues lo cierto es que la única exigencia que se debió acreditar era el tiempo de servicios, ya que la edad era una mera condición para su exigibilidad.

En ese orden de ideas, la casacionista planteó con fundamento en las providencias CSJ SL, 14 febrero 2005, radicación 23811 y CSJ SL, 8 abril 2005, radicación 22700, lo siguiente:

Se avizora, al rompe, que la cláusula convencional aludida y transcrita por el Tribunal, por ningún lado impone que se deba estar vinculado a la Entidad accionada para acceder al beneficio convencional pensional reclamado en el proceso; no, la norma consigna un tiempo de servicios y una edad, sin condicionar, se insiste, el disfrute de la pensión, a la vinculación laboral al momento de solicitarla.

Es que, un trabajador que ya no laboré (sic) en una empresa y por ende no ostente la condición de trabajador activo, puede seguir siendo, como acaece en el caso de autos, destinatario de beneficios convencionales; esa figura no se prohíbe en las convenciones colectivas.

Por demás, lo dicho no obsta para agregar que, contrario a lo concluido por el Tribunal respecto de la cláusula 38 de la citada convención, allí se indica quienes se benefician de ese convenio colectivo, fijando para ello una determinada fecha, lo que advierte que se podía ser beneficiario si cumplía a esa fecha vinculación con la Entidad demandada, porque, en estos casos, estas pensiones son transitorias – concedidas a unas edades inferiores a las legales-, para que, una vez el trabajador las cumpla la prestación sea subrogada por la seguridad social institucional y así se libere la Entidad de su pago y solo quede a su cargo, si así lo amerita, la cuota de compartibilidad o eventualmente su compatibilidad si fue que así se pacto (sic) en el acuerdo colectivo.

Así las cosas, se muestra evidente el yerro del Tribunal al apreciar la cláusula convencional, la que no exige vinculación laboral al momento de cumplir los requisitos y solicitar el disfrute, dislate trascendente porque fue el motivo para que se negase el beneficio solicitado […].

SEGUNDO CARGO

Acusó la sentencia impugnada de violar por la vía directa «[…] interpretación errónea de los artículos 48 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2005, parágrafo 2º; artículos 1, 9, 18, 467 y 468 del C.S. del T.; artículos 20 y 78 del C.P.L. en relación con los artículos 25 y 53 ibídem de la Constitución Nacional».

En la demostración del cargo, legitimó la acusación de normas de carácter constitucional dentro de la proposición jurídica, pues a su juicio, las modificaciones introducidas por medio del Acto Legislativo 01 de 2005 comprometían el acceso a un derecho sustancial como el de la pensión.

Posteriormente, se refirió a los artículos 25 de la Constitución Política y 18 del Código Sustantivo del Trabajo para advertir que, independientemente del rango que ocupe cualquier disposición normativa, esta debe ser interpretada de manera favorable al afiliado y con el fin de garantizar sus expectativas legítimas para obtener el derecho a la pensión.

Con lo cual, luego de transcribir el parágrafo 3º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, señaló que su única intelección posible era mantener vigente cualquier convención, pacto o acuerdo colectivo que fuera suscrito antes del 29 de julio de 2005, en aras de que sus beneficiarios mantuvieran la confianza legítima de alcanzar las prerrogativas allí estipuladas.

En ese sentido, hizo mención a los Convenios 87, 98 y 128 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, pues a su sentir, de ellos emanaba la importancia de proteger los derechos que se discutan en el marco de las negociaciones entre sindicatos y empresas.

A su vez, trajo a colación la sentencia de la Corte Constitucional CC C-228 de 2011 para sostener que el principio de progresividad debía permear todos los cambios normativos. Así pues, no pueden crearse disposiciones que resulten regresivas para los pensionados y mucho menos que tal actuar se encuentre legitimado por la sostenibilidad financiera que prevé el artículo 334 de la Constitución Política.

En ese orden de ideas, concluyó que el Acto Legislativo 01 de 2005 no debía ser aplicado dado que, con fundamento en el principio de sostenibilidad financiera, perjudicaba las expectativas legítimas de todas aquellas personas que solo se podían pensionar después del 31 de julio de 2010.

Finalmente, transcribió extractos de las sentencias de la Corte Constitucional CC C-1287 de 2001, CC C-288 de 2012, CC T-832A de 2013, para decir:

En este orden de ideas, fuerza concluir, que resulta legítimo que el operador haciendo uso del denominado control de convencionalidad que se asimila al control constitucional, inaplicar el acto legislativo 01 dce 2005 en lo atinente a las cláusulas pensionales, por constituir una violación per se de los convenios internacionales, ya que incluso, esa regulación era propia del congreso en su legítimo rol de legislador, más no fungiendo como reformador de la Constitución a través de los actos legislativos y la sostenibilidad no es un principio.

[…]

De esto se sigue, que el Acto Legislativo 01 de 2005 contraviene los postulados esenciales que inspiraron la Carta Política de 1991, donde el constituyente primario mandó que la seguridad social como derecho fundamental debe ser progresivo y prohibiendo expresamente su regresividad, y máxime cuando entra en clara tensión con lo previsto en el parágrafo del Acto Legislativo 03 de 2011 reformatorio del art. 334 superior.

Es decir, que la sostenibilidad fiscal, al no ser un principio en sí mismo, no yergue como una talanquera insalvable para la protección de los derechos fundamentales, pues recuérdese que la pensión de vejez o de jubilación tiene la aureola constitucional de un núcleo intangible de derechos como el mínimo vital, la dignidad humana, en virtud a lo regresivo que fue para su caso lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005 que contraviene la voluntad del constituyente primario, quien en el texto originario del art. 48 superior dispuso el carácter progresivo de la Seguridad Social como derecho irrenunciable y por ende fundamental.

[…]

En este orden de ideas, se impone la fulminación del fallo del Tribunal y la revocación de la sentencia de primera instancia, pues las normas constitucionales cuando son violatorias per se de una Convención o Tratado Internacional que verse sobre derechos humanos, amerita un control de convencionalidad para su inaplicación, incluso cuando entre ellas se tipifica una antinomia normativa como lo fue revelada. Luego entonces, no es acertado el argumento que niega la inaplicación de una norma constitucional.

Así las cosas, es pertinente decir que:

Si la modificación introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como único fin salvaguardar el principio de economía y sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, ello va en contraposición a los principios de debido proceso, confianza legítima, no regresividad y a la tutela de las expectativas legítimas, dado que, en materia pensional, se equipara a derechos adquiridos, pues como lo sostuvo la Corte, son derechos en tránsito de consolidación y que no pueden menoscabarse o desconocerse por una nueva modificación.

Entonces, ponerle térmimo de vigencia y proponer la negativa de la pensión convencional, por una interpretación restrictiva y regresiva del acto legislativo, afecta, en general los principios de confianza legítima, no regresividad y seguridad jurídica, y en concreto el acceso de la demandante a la pensión que reclama con fundamento en el Acuerdo Colectivo aludido.

Ese cambio de reglas no puede hacerse extensivo a las pensiones convencionales otorgadas por empleadores del sector privado, no solo se violenta el principio de autonomía de la voluntad y abre una compuerta para que posteriormente se elimine de un tajo el derecho a la negociación colectiva de trabajo con fundamentos económicos, sino porque la finalidad del Acto Legislativo era la sostenibilidad financiera del sistema y, a fortiori, si el telos de la reforma pensional que provocó la expedición del acto legislativo 01 de 2005 fue preservar la sostenibilidad fiscal y financiera del sistema, ello contraviene el postulado constitucional desarrollado por la ley 1695 de 2013 y que reformó el art. 334 superior (…).

De esto se sigue que de acuerdo al método hermenéutico delineado, entre otros en la ley 153 de 1887, se impone NO aplicar lo previsto en el parágrafo de la norma en comento, en tanto es una norma jurídica posterior, incluso que hace parte del mismo plexo normativo.

De tal suerte, que la sostenibilidad financiera no puede ser un obstáculo insalvable, que trunque las aspiraciones legítimas que tienen los afiliados para acceder a la pensión de vejez, en tanto, ésta tiene un rango de juez (sic) constitucional y fundamental, que per se, le da la naturaleza de derecho fundamental, lo cual hace que no se pueda restringir su alcance o negar su protección efectiva.

Igualmente, es claro que puede aplicarse excepción de inconstitucionalidad respecto de una norma constitucional, en el entendido que es posible por la vía del control de convencionalidad, como se expuso en precedencia.

RÉPLICA

Explicó que el Tribunal no incurrió en ninguno de los errores que se le atribuyen y que, por el contrario, su decisión está embestida de total acierto. Así las cosas, en lo concerniente al primer cargo, mencionó que la Convención Colectiva de Trabajo solo le era aplicable a los trabajadores activos de Adpostal, por lo que, para obtener el derecho a la pensión, indudablemente debía cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicios mientras estaba vigente la relación laboral.

Por último, en lo referente al segundo cargo sostuvo que el Acto Legislativo 01 de 2005 no contiene ninguna antinomia, así como tampoco se encuentra en oposición respecto de las recomendaciones de la OIT. En tal sentido, señaló:

En primer lugar, conviene poner de presente que la Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones ha establecido que no cabe acusación sobre normas de estirpe constitucional como es el caso del acto legislativo 01 de 2005. No obstante, se advierte que mediante este Acto legislativo, el propósito del Constituyente fue poner un límite a la vigencia de las normas convencionales sobre pensiones, después de que se había dado un tiempo más que razonable (más de 10 años) a los empleadores y sindicatos para que hicieran la respectiva adecuación de las pensiones convencionales al sistema integral de seguridad social establecido desde 1993.

[…]

Ahora bien, advertidos la inexistencia de antinomia entre el Acto Legislativo 01 de 2005 y las normas de la OIT, en tanto y en cuanto que la primera recomendación de la OIT no cobija a aquellos que cumplen los requisitos para acceder a la prestación convencional con posterioridad al 31 de julio de 2010, pues no pueden alegar que esperaban recibir pensiones especiales en la medida que para ese momento ya se encontraban vigentes las nuevas reglas constitucionales, por lo tanto sería menos que una expectativa.

CONSIDERACIONES

Aun cuando los dos cargos presentados fueron dirigidos por vías de ataque diferentes, la Sala encuentra que no fueron objeto de controversia durante el proceso los siguientes supuestos de hecho: (i) que Beatriz Elena Preciado Montoya nació el 23 de mayo de 1964, por lo que cumplió los 50 años el mismo día y mes del 2014; (ii) que laboró al servicio de Adpostal de forma ininterrumpida entre el 10 de julio de 1987 y el 30 de diciembre de 2008, es decir, 1079 semanas; y (iii) que la actora era beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2008, suscrita entre Adpostal y Sintrapostal.

Con lo cual, se tiene que los problemas jurídicos a resolver no son otros que determinar si el Tribunal se equivocó o no al definir (i) si la accionante causó el derecho a la pensión de jubilación extralegal de que trata el artículo 38 de la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2008; y (ii) si es posible apartarse de dar aplicación al parágrafo 3º del artículo 1º del Acto legislativo 01 de 2005, a partir de los argumentos expuestos por la casacionista.

Al respecto, frente al primer interrogante se tiene que el artículo 38 del texto convencional referido y visible a folios 25 a 43 del cuaderno principal, contempla expresamente lo siguiente:

CLÁUSULA TREINTA Y OCHO: RÉGIMEN PENSIONAL. ADPOSTAL continuará aplicando el régimen pensional contenido en las Ley 28 de 1943, que se expidió para regular las prestaciones sociales de los empleados de Correos y Telégrafos y su Decreto Reglamentario 1237 de 1946, respetando el derecho de pensión a los cincuenta (50) años de edad con veinte (20) de servicios, o veinticinco (25) años de servicios a cualquier edad.

PARÁGRAFO. A partir del primero (1) de abril de 1994, se aplicará para todas las nuevas vinculaciones laborales el régimen contemplado en la Ley 100 de 1993, o nueva Ley de Seguridad Social y Pensiones.

A su vez, la cláusula cuarta del mismo texto convencional dispone:

CLÁUSULA CUARTA: CAMPO DE APLICACIÓN. La presente Convención Colectiva se aplica a todos los Trabajadores Oficiales al servicio de la Entidad y se entiende incorporada a los contratos de trabajo que haya suscrito o que suscriba ADPOSTAL y, a quiénes con anterioridad al 31 de diciembre de 1993 se encontraban vinculados por resoluciones administrativas.

De su lectura, emerge que, para efectos de causar el derecho prestacional allí consagrado, se pueden presentar dos escenarios: (i) cumplir indistintamente los dos requisitos allí reseñados durante la vigencia de la relación laboral, es decir, el tiempo de servicios en Adpostal (20 años) y la edad (50 años); o (ii) cumplir 25 años al servicio de la entidad sin importa la edad.

En el caso, la señora Preciado Montoya contaba con 20 años (1079 semanas) de servicios en Adpostal, por lo que debía cumplir con los 50 años de edad mientras ostentaba la condición de trabajadora oficial vinculada a la entidad.

No obstante, se reitera, tal condición no se presenta, comoquiera que la actora acreditó la edad el 23 de mayo de 2014, fecha para la cual ya había fenecido el contrato de trabajo (30 de diciembre de 2008), ostentando una mera expectativa para pensionarse y no un derecho adquirido como lo pretendió la censura.

Tal intelección se acompasa con lo adoctrinado por la Sala en la providencia CSJ SL2249-2018, donde en un caso de idénticos contornos y en donde se fijó el alcance único de la misma cláusula convencional, se razonó así:

En este asunto, en forma alguna se estableció, de manera expresa, ni aun tácita, que las cláusulas convencionales, en particular, el régimen pensional previsto en la 38, cobijaría situaciones consolidadas después de terminados los contratos de trabajo de sus beneficiarios, toda vez que, expresamente se estipuló que se aplicaría «a todos los Trabajadores Oficiales al servicio de la Entidad», lo que no incluye a aquellos que estuvieren desvinculados de la misma, es decir, que ostenten la calidad de ex trabajadores de Adpostal; y, el derecho pensional pretendido por el demandante, con 20 años de servicios, requiere para su causación, el cumplimiento de los 50 años de edad previstos en la disposición, hecho que como se indicó ocurrió el 15 de abril de 2009, fecha en la que su contrato de trabajo ya había terminado, por lo que se concluye, contrario a lo establecido por el ad quem, que no se causó el derecho pensional en el tiempo en que surtió efectos en su favor, la referida convención contentiva del mismo.

Al respecto, se ha pronunciado en múltiples oportunidades esta Sala, entre otras, en la sentencia CSJ SL224-2018, que reiteró la CSJ SL022-2018, y en similares términos, en la providencia CSJ SL609-2017, en la que se precisó:

[…]

De lo anterior se deriva que en principio, las disposiciones que pacten las partes en virtud de la negociación colectiva, debe entenderse que tienen vocación de ser aplicadas a situaciones existentes en el lapso que conserve su vigor el contrato de trabajo, pues una vez éste termine, cesan las obligaciones recíprocas.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corporación ha considerado entre otras, en sentencia CSJ SL, 23 ene. 2008, rad. 32009, reiterada en la sentencia CSJ SL8655-2015, que esa regla general atinente a que las previsiones convencionales no se extienden allende la vigencia de los contratos de trabajo, admite una excepción, cuando las partes de común acuerdo así lo dispongan, y prevean la extensión de sus efectos a situaciones ulteriores, sin que ello implique vulneración del ordenamiento jurídico por no existir prohibición expresa al respecto. Sin embargo, esa situación por ser excepcional, debe quedar consagrada de manera expresa, clara y manifiesta.

[…]

Entonces, cuando las partes no estipulen expresamente que la prestación pensional de origen convencional puede ser causada con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, la única lectura posible de la cláusula, de conformidad con el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, es que el derecho procede siempre y cuando se reúnan los requisitos en este caso, de edad y tiempo de servicios, mientras esté en vigor el vínculo laboral, y en ese punto de precisa la doctrina de la Corporación vigente sobre el tema (negrillas fuera del texto).

Finalmente, en lo que atañe con el segundo problema jurídico y la posibilidad no aplicar el parágrafo 3º del Acto Legislativo 01 de 2005, esta Corporación definió que dicha normatividad no afectaba los derechos de los afiliados, tal y como desacertadamente lo pretendió la recurrente.

Por el contrario, ha sostenido que la incorporación de dicha norma al artículo 48 de la Constitución Nacional era ajustada y no constituía un acto regresivo o limitante de derechos de los afiliados. En ese orden de ideas, no era dable distanciarse de su aplicación pues tenía rango supralegal y fue creada en el marco de las potestades que el artículo 241 de la Carta Política le otorgó al legislador.

Concretamente, la providencia CSJ SL3327-2019, resolvió esta discusión así:

Ahora bien, la tesis propuesta por la recurrente en aras de inaplicar el parágrafo 4.° del Acto Legislativo 01 de 2005, carece de prosperidad porque se trata de una norma de rango supralegal; tampoco es viable aducir excepción de inconstitucionalidad por emanar directamente de la Constitución y, además, porque esa reforma constitucional no tuvo efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas conforme a leyes anteriores; por el contrario previó su salvaguarda y señaló el término máximo para la aplicación de regímenes anteriores.

[…]

3.- El parágrafo 4.° del Acto Legislativo 01 de 2005, ¿es regresivo a la luz del bloque de constitucionalidad?.

[…]

Por tanto, se trata de un precepto reformatorio de la Constitución que adquiere el consecuente status de norma supralegal, cuyo control de constitucionalidad a la luz del artículo 241 compete únicamente a la Corte Constitucional. Además, ese control se limita a vicios en el procedimiento, materiales o de fondo que solo se pueden evaluar en la medida que la disposición sustituya al texto de la carta superior.

[…]

En ese contexto, es clara la imposibilidad de inaplicar la norma que se acusa. Primero, porque esta Sala carece de competencia para resolver conflictos de constitucionalidad de una norma supralegal y, segundo, porque la corporación judicial competente para ello definió que el Acto Legislativo 01 de 2005 no sustituyó el texto de la Constitución Política (subrayas fuera del texto).

Entonces, los cargos no prosperan.

Las costas en este recurso extraordinario de casación serán a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4.240.000), que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017), en el proceso ordinario adelantado por BEATRIZ ELENA PRECIADO MONTOYA contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Ref.: Beatriz Elena Preciado Montoya (Recurrente) Vs. UGPP. Rad. 78368 (SL295-2020). M.P. Ana María Muñoz Segura.

Si bien expuse que salvaría voto en la sesión donde fue objeto de debate la sentencia que ahora nos ocupa, ello obedeció a un error, pues, al estudiarse el caso previamente, la conclusión era acompañar el proyecto, por ende, debo reafirmar que no salvo ni aclaro voto en el sub lite.

Fecha ut supra,

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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