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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3011-2021

Fecha
7 de julio de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3011-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral seguido por RAÚL ENRIQUE LAMBIS PERALTA contra ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. –ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. Sin Costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3011-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

7 de julio de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL3011-2021

Radicación n.° 84085

Acta 25

Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por RAÚL LAMBIS PERALTA, contra la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 21 de agosto de 2018, en el proceso que instauró el RECURRENTE contra ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

AUTO

Habida cuenta que la Resolución SSPD 20211000011445 de 24 de marzo de 2021, mediante la cual la Superintendencia ordenó la liquidación de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., dispuso en el literal f) del numeral 2º de la parte resolutiva de dicho acto administrativo que, «en adelante, no se podrán iniciar o continuar procesos o actuación alguna contra ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en liquidación, sin que se notifique personalmente al (a la) liquidador (a), so pena de nulidad», y conforme a lo previsto en el numeral 2º del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se ordena por Secretaría, notificar personalmente a la agente especial de la mencionada entidad, Ángela Patricia Rojas Combariza o a quien haga sus veces, del proceso de la referencia, al correo electrónico serviciosjuridicoseca@electricaribe.co con copia al correo msuarez.est@electricaribe.co.

ANTECEDENTES

Raúl Lambis Peralta llamó a juicio a la entidad Electricaribe S.A. E.S.P., con el fin de que fuera condenada al reconocimiento y pago de la pensión convencional consagrada en el artículo 5º de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años 1976-1978 y 20º de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años 1982 – 1983 suscritas entre el Sindicato de Trabajadores Sintraelecol – Subdirectiva Bolívar y Electrificadora de Bolívar S.A. hoy Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Así mismo, se pretende el reconocimiento de mesadas retroactivas, intereses moratorios y pago de costas y «gastos del proceso»

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró al servicio de la Electrificadora de Bolívar S.A. desde el 27 de julio de 1978 hasta el día 31 de diciembre de 1998; el 4 de agosto de 1998 se produjo una sustitución entre la precitada sociedad y la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. hoy Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.; durante la vigencia de la relación laboral se benefició de las Convenciones Colectivas de Trabajo suscritas por Sintraelecol y la accionada; Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. reconoció pensión anticipada desde el 1º de enero de 1999, obligación consignada en acta de conciliación del día 13 de enero de esa anualidad; el Instituto de Seguros Sociales reconoció pensión de vejez, a partir del día 15 de julio de 2011, en cuantía de $4.796.871; el demandante cumplió 50 años de edad el 15 de julio de 2001 y su tiempo de servicios fue de 20 años, 5 meses y 4 días, y que el accionante acreditó los requisitos exigidos para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los relativos a la existencia del contrato de trabajo, sus extremos, la sustitución patronal y el reconocimiento de una pensión voluntaria, los restantes los negó o indicó que no le constaban.

En su defensa propuso las excepciones de cosa juzgada, prescripción y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 18 de enero de 2018 (folio 269), absolvió a la demandada con fundamento en la prosperidad de la excepción que denominó cosa juzgada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Segunda del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante sentencia del 21 de agosto de 2018, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora determinó:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 18 de enero de 2018, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena, en este proceso ordinario laboral de RÁUL LAMBIS PERALTA contra ELECTRIFICADORA DEL CARIBE –ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia por no haberse causado […]

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal identificó como problema jurídico a resolver, el determinar si para el caso planteado había operado la cosa juzgada con relación a la pretensión relativa a la pensión convencional, prestación que se pregona compatible con la pensión de vejez que reconoció el Instituto de Seguros Sociales.

Señaló, como estribo de su decisión, las sentencias identificadas con los radicados 63634 y CSJ SL3844-2015 de esta Corporación, así como la CC C774-2001. Luego, descendió a los fundamentos fácticos y tuvo como hechos «pacíficos» que: el demandante estuvo vinculado con la accionada del 27 de julio de 1978 al 31 de diciembre de 1998; como nació el 15 de julio de 1951, al momento en que suscribió el acta de conciliación contaba con 48 años de edad; la sustitución «patronal» se verificó el 4 de agosto de 1998; la condición de beneficiario de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes del año 1976 a 1999; la suscripción de un acta de conciliación de fecha 13 de enero de 1999 entre el censor y la convocada, donde se reconoció una pensión voluntaria, a partir del 1º de enero de 1999, la cual tendría la vocación de ser compartida con aquella que por vejez reconociera el Instituto de Seguros Sociales; el reconocimiento de esta última prestación, de carácter compartida con la reconocida por su ex empleadora, a partir del 15 de junio (sic) de 2011.

Reiteró que el demandante suscribió un acta de conciliación, ante la Inspección de Trabajo, donde convino el reconocimiento de una pensión voluntaria, a partir del 1º de enero de 1999, la cual tendría la vocación de ser compartida con aquella prestación que por el riesgo de vejez estaría a cargo del otrora Instituto de Seguros Sociales y, es por ello, que analizó la Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años 1982-1983, de la que infirió las condiciones necesarias para la pensión de jubilación que allí se narra: 20 años de servicios y 50 años de edad, lo que lo lleva a concluir que, para la fecha en que el accionante suscribió el acta de conciliación, solo tenía 48 años, es decir, no acreditaba los requisitos de la pensión convencional.

Agregó que, de acuerdo con lo expuesto, era factible la realización de un acuerdo sobre la pensión voluntaria y, en «esencia», lo conciliado correspondía a lo discutido en el decurso procesal. Memoró los requisitos para la procedencia de la cosa juzgada, enunciándolos como identidad de partes, causa y objeto, los que coteja con los propios del caso en estudio y expuso que el tiempo de servicios merecedor de una pensión extralegal vertido en el acta de conciliación resultaba ser la misma causa petendi del accionante en el proceso.

Sobre el alegato de la parte recurrente relativo a la no renuncia expresa en el acta de conciliación sobre la pensión convencional estimó que el demandante no había edificado los requisitos de esta prestación extralegal, por lo que lo conciliado era una mera expectativa.

Precisó que, en esas condiciones, era claro que el actor no podía promover un nuevo proceso al conciliar sus pretensiones sobre el reconocimiento de una pensión a cargo de su empleadora.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no mereció réplica y se procede a resolver.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 303 del Código General del Proceso; artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; artículos 19 y 29 de la Ley 640 de 2001; los que condujeron a la infracción directa del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.

Enuncia como errores de hecho «manifiestos y ostensibles» los siguientes:

Dar por demostrado sin estarlo que la pensión de jubilación convencional pretendida en la demanda fue objeto de debate en la conciliación extrajudicial del 13 de enero de 1999, suscrita entre las partes.

Dar por demostrado, sin estarlo, que existe cosa juzgada entre las partes.

Aduce que a tales dislates se llegó por la apreciación errónea de la «demanda inicial, acta de conciliación extrajudicial del 13 de enero de 1999 y la contestación de la demanda».

Al desarrollar el cargo asegura que el juzgador plural incurre en evidente error de hecho, puesto que dio por demostrado que lo pretendido en la demanda era el reconocimiento de una pensión voluntaria y no la pensión extralegal expuesta en el artículo 5º de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1978 y 20º de la Convención Colectiva de Trabajo 1982-1983, la que aduce es compatible con aquella reconocida por el Instituto de Seguros Sociales.

Acota entonces que, la prestación económica deprecada –pensión convencional- tiene una fuente jurídica distinta a aquella con respecto a la cual fue declarada la cosa juzgada – pensión voluntaria-, por lo que se incumplió con el requisito de la identidad de objeto y de allí, «la falla ostensible del Tribunal, al incumplir el deber de verificación que entraña la cosa juzgada y que exige hallar en la sentencia o acto jurídico pasado las cuestiones que ciertamente constituyeron la materia de la sentencia actual, ya que en ellas se encuentra su fuerza vinculante; y es realmente donde radica la aplicación indebida del artículo 303 del CGP por parte del Tribunal».

Transcribe el texto del acta de conciliación calendada 13 de enero de 1999 y concluye que la misma se refirió a las discrepancias que existían entre los suscribientes en los temas relativos a la liquidación y pago de prestaciones sociales, mas no en relación a la pensión de jubilación convencional. Agrega que, con fundamento en la misma sentencia que expone el Tribunal como sustento de su decisión (CSJ SL645-2013), era necesario que tal acuerdo gozara de total claridad lo que no se cumple con la expresión «Beneficios Convencionales» consignada en el texto conciliatorio.

Acude a la sentencia CSJ SL8768-2015 y, de ella, concluye, dado sus similares contornos al caso planteado, que, en el evento de conciliarse una pensión de jubilación convencional, debía plasmarse de forma expresa en el acta de conciliación, lo que al no ocurrir impide la declaratoria de cosa juzgada.

CONSIDERACIONES

La prosperidad de una acusación por la vía indirecta está supeditada a la demostración de un error de hecho que tenga el carácter de evidente, manifiesto u ostensible, en tanto así lo exige el propio artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, al requerir que el desatino «aparezca de modo manifiesto en los autos», de suerte que no se trata de un yerro cualquiera o intrascendente, sino de uno que tenga la virtualidad de incidir de forma tal que comporte el desvío del sentido de la decisión en dirección opuesta a la que se hubiera adoptado, de no presentarse el desacierto.

La jurisprudencia de la Corte, ha sido incisiva en cuanto a predicar el respeto por la libertad e independencia de la labor de juzgamiento en las instancias, en atención a lo preceptuado por el artículo 61 del ordenamiento adjetivo en lo laboral, y de lo consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, aun cuando surja alguna discrepancia en materia de valoración del material probatorio.

Solo cuando la equivocación del ad quem se exhibe como algo descabellado que desafía el sentido común y las reglas de la sana crítica, es que la Corte se ve en la necesidad de rectificar el desafuero, en perspectiva de lograr el imperio del orden jurídico y de reparar el perjuicio irrogado al recurrente con las sentencias de instancia.

Además, el de casación, es un recurso extraordinario, por lo cual quien acude ante la Corte en procura del quiebre del fallo, corre con la carga de destruir todas las premisas sobre las que se edificó la misma, dada la doble presunción de legalidad y acierto con que llega ungido o amparado el acto jurisdiccional controvertido. Las dos últimas características traducen una severa limitación a una eventual actividad oficiosa de la Corporación, en la medida en que el estudio y decisión de la demanda, debe ir de la mano de la argumentación del impugnante.

Pues bien, no obstante el ataque está orientado por la senda indirecta, en el presente asunto no se encuentra sometido a discusión que: (i) el accionante prestó sus servicios como trabajador de la convocada del 27 de julio de 1978 al 31 de diciembre de 1998; (ii) el 13 de enero de 1999 suscribe un acuerdo conciliatorio mediante el cual se le reconoce una pensión voluntaria a partir del 1º de enero de esa anualidad; (iii) el trabajador era beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre el sindicato Sintraelecol y la llamada a juicio; (iv) al momento del retiro, el tiempo de servicios era de 20 años, 5 meses y 4 día, y (v) cuando el demandante suscribió el acta de conciliación contaba con 48 años de edad.

En ese horizonte, analizadas objetivamente las pruebas en que se soporta el cargo, la Corte encuentra lo siguiente:

1º) Sostiene la censura que el juzgador plural incurrió en evidente error de hecho, puesto que dio por demostrado que lo pretendido en la demanda era el reconocimiento de una pensión voluntaria y no la pensión extralegal expuesta en el artículo 5º de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1978 y 20º de la Convención Colectiva de Trabajo 1982-1983, la que aduce es compatible con aquella reconocida por el Instituto de Seguros Sociales.

No existe error de apreciación del escrito generatriz de la contienda, toda vez que basta memorar que la Sala sentenciadora identificó como problema jurídico a resolver, el determinar si para el caso planteado había operado la cosa juzgada en relación a la pretensión relativa a la pensión convencional, prestación que se pregona compatible con la pensión de vejez que reconoció el Instituto de Seguros Sociales e, inclusive, tuvo por probado que el actor era beneficiario de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes del año 1976 a 1999, en cuyo instrumento colectivo encuentra venero la pensión deprecada por el demandante.

2º) Asevera el recurrente que del texto del acta de conciliación, calendada 13 de enero de 1999, se concluye que la misma se refirió a las discrepancias que existían entre los suscribientes en los temas relativos a la liquidación y pago de prestaciones sociales, mas no con relación a la pensión de jubilación convencional.

El Tribunal, puesta la mirada en el acta de conciliación, así como en la norma convencional, báculo de la súplica, infirió, palabras más palabras menos, que para el momento en el que se produjo el acuerdo, en desarrollo, de la autocomposición, el actor tenía una mera expectativa de la pensión, pues el precepto convencional, exigía para consolidar el derecho a la pensión 20 años de servicios y 50 años de edad, lo que lo llevó a concluir que para la fecha en que el accionante suscribió el acta de conciliación solo tenía 48 años, es decir, no acreditaba los requisitos de la pensión convencional.

En ese contexto, el tribunal sí estudió la norma convencional y, a partir de allí, sostuvo que era viable la conciliación de la pensión, pues era una mera expectativa y, en ese orden de ideas, lo pretendido en el actual proceso coincidía con aquella prestación, por ende, se acreditaban los supuestos de la cosa juzgada, lo que en últimas daba al traste a las peticiones del actor.

Y es que en este punto de la discusión conviene detenerse en las pretensiones que se consignaron en el libelo genitor de esta contienda, que no son cosa diferente a percibir dos prestaciones económicas cuyo estribo es el mismo tiempo de servicios, pero donde una de ellas por acuerdo convencional tenía el carácter de compatible con la que en un momento posterior fuera asumida por el administrador del régimen de prima media con prestación definida, pero que, dado que no se cumplían los requisitos consignados en tal texto convencional, se acude al reconocimiento de otra, pero bajo el marco de un válido convenio extralegal.

Como se ha explicado en forma reiterada y a riesgo de fatigar en esta providencia, el tribunal cuando abordó el análisis del acta de conciliación suscrita entre las partes el 13 de enero de 1999, a sus voces precisó que «a folio 53 reposa la Convención Colectiva de Trabajo 82-83, artículo 20, donde se establecen las condiciones para la pensión de vejez, 20 años de servicios y 50 años de edad, se tiene que el día 31 de diciembre (pausa), el día en que el actor suscribió el acta de conciliación, tenía 48 años de edad, es decir, no tenía los requisitos que establecía la Convención Colectiva de Trabajo para ser beneficiario en ese momento de la pensión de jubilación convencional, por lo tanto, considera la sala que era factible hacer ese acuerdo conciliatorio sobre una pensión anticipada que fue lo que hizo el actor», pensión de jubilación que a la letra del acta de conciliación «será temporal hasta la fecha en que cumpla los 60 años o hasta el momento de mi muerte en caso que esta suceda con antelación dado que en este caso reconocería[sic] por parte del I.S.S. pensión de sobrevivientes, en cuyo caso solo quedará a cargo de la empresa el mayor valor si lo hubiere entre la pensión que venía reconociendo la empresa y la que reconozca el I.S.S.».

Y es que el anterior pacto, refuerza su legalidad con la previsión legal consignada en el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, aparte según el cual los asegurados que cumplan los requisitos exigidos para otorgar la pensión de vejez, obtendrían tal prestación del otrora Instituto de Seguros Sociales pregonándose solo a cargo del empleador el mayor entre ambas prestaciones, hecho que podía entenderse en sentido contrario pero siempre y cuando así hubiese sido acordado en la convención, pacto, laudo arbitral, acuerdos voluntarios, entre otros. Sin soslayar, eso sí, que las pensiones cuyo venero es la ley, siempre serán compartibles con las de vejez que dicho Instituto, hoy Colpensiones, reconozca.

En ese sendero, no se advierte un yerro fáctico superlativo por parte del juzgador al concluir que si la prestación económica que se planteó en la demanda no se causó ante la falta de uno de sus requisitos como lo era la edad, pues en nada se opone a derecho que se pacte una diferente de estirpe voluntaria y con vocación de compartibilidad –de forma diferente a la convencional-, como efectivamente aconteció y que permite, por contera, predicar de esta última pensión la cosa juzgada con respecto a la incoada.

Así, a todas luces brota que el recurrente no logró acreditar la existencia de un error evidente de hecho del sentenciador, pues ante la inexistencia del derecho convencional por cuanto no se reunían los supuestos fácticos para que esta se causara, se abrieron las puertas de aquella voluntaria con base en los tiempos de servicio prestados por el actor a la empresa, pues de otra manera hubiera primado aquélla, de ahí que se pudiera pactar en el acuerdo conciliatorio la posibilidad de subrogación de la entidad encartada a través de la compartibilidad. Se reitera ante la falta de requisitos de acceso a la pensión del documento colectivo, era viable su conciliación y, en ese contexto, se convino en una de carácter voluntario.

Entonces, en franca coherencia con lo discurrido, el cargo se desestima.

Sin costas al no presentarse escrito de réplica.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral seguido por RAÚL ENRIQUE LAMBIS PERALTA contra ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. –ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Sin Costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

Aclaro Voto

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

Salvo Voto

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Salvo Voto

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

SALVAMENTO DE VOTO

Demandante: Raúl Lambis Peralta

Demandado: Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

Radicación: 84085

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Como tuve oportunidad de manifestarlo en la sesión correspondiente, disiento de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, por las razones que expongo a continuación.

Para contextualizar, es de recordar que el recurrente demandante solicitó la pensión de jubilación consagrada en los artículos 5.° y 20 de las convenciones colectivas 1976-1978 y 1982-1983, respectivamente, suscritas con la Electrificadora de Bolívar.

Como se sabe, el a quo declaró probada la excepción de cosa juzgada, y el Tribunal confirmó dicha decisión, tras considerar que Electricaribe le reconoció al actor una pensión voluntaria a partir del 1.° de enero de 1999 que, en «esencia», es la misma consagrada convencionalmente. Lo anterior, con fundamento en que la pensión de jubilación convencional requería de 20 años de servicios y 50 años de edad para su causación, pero como para la fecha de finalización del vínculo laboral el demandante solo tenía 48 años de edad, le concedieron la prestación a discreción del empleador.

Por tal razón, a través de la vía indirecta, el demandante recurrente acusó al juez de segunda instancia de equivocarse al establecer que la pensión consagrada en el acuerdo colectivo que se pretende en el proceso es la misma que la demandada le reconoció voluntariamente y que fue objeto de debate en la conciliación de 13 de enero de 1999.

Ahora, en la sentencia, la mayoría de la Sala concluye que no es posible advertir yerro alguno en la determinación del sentenciador de alzada, toda vez que si la pensión voluntaria no se causó al no tener el actor la edad requerida al momento del retiro de la empresa, era posible que se pactara una pensión voluntaria, razón por la cual se encontraba probada la cosa juzgada.

Determinación de la cual disiento, por cuanto los elementos en que se edifica la referida institución no se estructuraron en el presente caso.

Para ello, ha de tenerse presente que para que se predique la existencia de cosa juzgada, deben coincidir la identidad: (i) de personas o sujetos (eaedem personae), de modo que se trate del mismo demandante y del mismo demandado; (ii) de objeto o cosa pedida (eadem res), esto es, del beneficio jurídico que se solicita o reclama (no el objeto material), y (iii) de causa de pedir (eadem causa petendi), es decir, el hecho jurídico o material, que sirve de fundamento al derecho reclamado (CSJ SL, 23 oct. 2012, rad. 39.366 reiterada en CSJ SL6097-2015 y SL1705-2017).

Los anteriores requisitos o elementos, se encuentran presentes en la norma que consagra el fenómeno de la cosa juzgada, valga decir, el artículo 303 del Código General del Proceso -aplicable por analogía del artículo 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social-, que exige para su declaratoria que «el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes».

Bajo tales premisas, se advierte que el Colegiado no acertó al declarar probada la cosa juzgada, toda vez que la pensión que le reconoció la empresa demandada al accionante a partir del 1.° de enero de 1999 tiene fuente distinta a la convencional, pues la primera emerge de la mera liberalidad del empleador y la segunda, que es la que el convocante pretende en este proceso, tiene como origen el acuerdo colectivo realizado entre el sindicato y la empresa.

Ahora bien, al revisar el acta de conciliación no se observa que la pensión de carácter voluntario se haya concedido en razón a que al momento del retiro el demandante no cumplió con los presupuestos exigidos por la convención colectiva, como equivocadamente lo concluye el Tribunal y lo avala la mayoría de la Sala.

Así mismo, en el acta de conciliación quedó especificado:

El reconocimiento de una pensión voluntaria, de las previstas en el acuerdo N° 049/90, Art 18 (del I.S.S.) y el 029 de 1985, que tiene exclusivamente las siguientes características: a título conciliatorio y con el propósito de admitir cualquier reclamación entre las partes acuerdo y recibo a partir del día 1 de Enero (sic) de 1999 una pensión que será temporal hasta la fecha en que cumpla 60 años o hasta el momento de mi muerte en caso que esta suceda con antelación dado que en este caso reconocería por parte del I.S.S. pensión de sobrevivientes, en cuyo caso solo quedará a cargo de la empresa el mayor valor si lo hubiere entre la pensión que venía reconociendo la Empresa y la que reconozca el I.S.S. (…). (negrillas propias)

De lo anterior, es posible establecer que la pensión que le otorgaron al actor tiene carácter de compartible, contrario a la convencional que, de conformidad con el artículo 20 del acuerdo colectivo 1982-1983, es compatible con la que reconozca el ISS, pues dicha cláusula establece que «Para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, de acuerdo al Artículo 5° de la Convención Colectiva 1976-1978, la Empresa reconocerá el ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio, sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el I.S.S.» (negrillas propias).

En ese contexto, no es posible advertir que la pensión que el demandante pretende, que valga recordar es la convencional, sea la misma que le concedió el empleador a través de una conciliación y, en razón a ello, declarar probado el fenómeno de la cosa juzgada. De modo que, contrario a lo que asentó el Tribunal y reafirmó la sala por mayoría, en este proceso, no podía prosperar dicha excepción, toda vez que no se acreditaban todos los elementos que la integran.

En los anteriores términos salvo el voto.

Fecha ut supra.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada

SALVAMENTO DE VOTO

Demandante: Raúl Lambis Peralta

Demandado: Electricaribe S.A. E.S.P.

Radicación: 84085

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, salvo mi voto en la presente decisión, por las siguientes razones:

El Tribunal se propuso resolver si había operado la figura jurídica de cosa juzgada en relación con la pretensión relativa a la pensión convencional a cargo de la accionada y que, según esta lo alegó en el proceso, fue conciliada ante el Ministerio del Trabajo a través del reconocimiento de una pensión voluntaria, a partir del 1.º de enero de 1999. El fundamento central de su decisión radicó en que dicha pensión era conciliable en la medida en que no se había causado al momento de suscribir tal acuerdo, teniendo en cuenta que solo se había cumplido el tiempo de servicio, pero no la edad exigida en la convención colectiva de trabajo; requisito este que era de causación o formación del derecho y no de mera exigibilidad.

La Corte consideró que no era dable extraer un yerro fáctico, pues «si la prestación económica que se planteó en la demanda no se causó ante la falta de uno de sus requisitos como lo era la edad, pues en nada se opone a derecho que se pacte una diferente de estirpe voluntaria y con vocación de compartibilidad –de forma diferente a la convencional-, como efectivamente aconteció y que permite, por contera, predicar de esta última pensión la cosa juzgada con respecto a la incoada».

Así, la Sala parte de la premisa según la cual la prestación pensional pretendida no estaba causada, de modo que podía conciliarse, pactarla como pensión voluntaria y con vocación de compartibilidad.

A mi juicio, ello desconoce que si bien el cargo presentado tenía imprecisiones, podía inferirse que cuestionaba que el Tribunal no advirtió que la pensión conciliada (pensión voluntaria) y la pretendida (pensión convencional) eran distintas, por lo que no podía declararse la cosa juzgada.

Pese a la debilidad argumentativa del ataque, esto en mi opinión habilitaba perfectamente un análisis fáctico del acuerdo conciliatorio y debido a su correlación sustancial con la convención colectiva de trabajo que consagra el derecho pensional pretendido, era oportuno analizar esta fuente extralegal a fin de determinar si la pensión estaba causada o no al momento de la conciliación.

Nótese que de concluirse que ya se había adquirido la pensión, inevitablemente quedaba en entredicho la cosa juzgada declarada y, a menos que se comprometiera la validez misma de la conciliación, debía reputarse que la acreencia conciliada era una pensión voluntaria precisamente porque no era viable que recayera sobre un derecho cierto e indiscutible, debido a la prohibición constitucional al respecto (artículo 53 Constitución Política).

Ahora, al analizar los artículos 5.º de la convención colectiva de trabajo 1976-1978 y 20 de la 1982-1983 que consagra la pensión convencional y su liquidación, se advierte lo siguiente:

ARTÍCULO 5. LA EMPRESA jubilará a todos los trabajadores o trabajadoras que cumplan o hayan cumplido Veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos al servicio de LA EMPRESA y Cincuenta (50) años de edad, con una pensión vitalicia equivalente al ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicios en LA EMPRESA (...).

ARTICULO 20º JUBILACIÓN

Para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, de acuerdo al Artículo 5º de la Convención Colectiva 1976-1978, la Empresa reconocerá el ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio, sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el ISS.

A mi juicio, la norma no señala que la edad sea un requisito de causación del derecho pensional, pues simplemente refiere que se cumpla o haya cumplido un hito temporal, por lo que la pensión está sujeta a que el trabajador alcance el tiempo de servicios allí determinado.

De esta manera, las partes sujetaron el derecho pensional al cumplimiento de un tiempo mínimo de trabajo. Y así lo es, pues la causa real de un derecho pensional jubilatorio es el trabajo que de forma prolongada se hace a favor de la empresa y ejecuta la persona. Es la prestación material del servicio lo que finalmente genera este tipo de derechos vitalicios y periódicos que tienen el fin de compensar el deterioro físico que implica una labor de tantos años y que merece un reconocimiento por parte de quien se benefició de los mismos. Así, la edad se advierte así como un simple hito temporal ajeno a la formación de la pensión, esto es, un requisito de simple exigibilidad.

De aceptar la alternativa hermenéutica propuesta por el Tribunal y refrendada por la Sala, sería tanto como permitir que el empleador que se beneficia de un amplio número de años de la capacidad de trabajo de una persona y, poco antes de que este alcance la edad mínima para pensionarse, pueda despedirla sin que haya lugar a un reconocimiento pensional por su trabajo, lo que no tiene sentido y además parecería avalar una estipulación contractual meramente potestativa que depende de la voluntad del deudor -empleador-, lo que es expresamente prohibido en la ley (artículo 1535 del Código Civil).

Así, como lo he manifestado en otras oportunidades, la única manera en la que se permitiría admitir que la cláusula convencional en la que las partes pactaron un derecho pensional la edad tiene un tamiz de estructuración o formación del derecho, es que así lo dispongan expresamente, esto es, que la estipulación al respecto sea clara, expresa y no deje duda alguna, lo cual aquí no ocurrió.

De modo que si la cláusula convencional no estipula expresamente que la edad es un requisito de causación, no puede entenderse que lo es.

Además, debo destacar que conforme la regla hermenéutica de favorabilidad que establece la Constitución Política (artículo 53) y la ley sustantiva laboral (artículo 21 Código Sustantivo del Trabajo), todos los jueces laborales del país al momento de interpretar cualquier fuente normativa del trabajo deben inclinarse por aquella que sea más conveniente para el trabajador. La convención colectiva de trabajo es una de tales fuentes -extralegales-, de modo que si permite extraer razonable y lógicamente que la edad exigida para acceder a la pensión de jubilación convencional es un requisito de mera exigibilidad y no de formación o estructuración, tal y como es este caso, es esta la que debe privilegiarse.

Conforme lo anterior, la pensión convencional no podía conciliarse y ello evidenciaba el error en que incurrió el Tribunal al declarar la cosa juzgada, pues la conciliación únicamente podría ser válida en la medida en que no entrañe un derecho cierto o indiscutido, como en efecto lo sería una pensión voluntaria, tal y como lo argumentó la censura.

Y desde luego, así como no podía conciliarse el derecho pensional, tampoco -y esto es lo más relevante- podía convenirse su compartibilidad con la pensión de vejez que otorgara el ISS, dado que los interlocutores sociales no lo previeron así al suscribir la convención.

Dejo así expuesto mi salvamento de voto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado Ponente

Aclaración de voto

Recurso Extraordinario de Casación

Radicación n.° 84085

Referencia: Demanda promovida por RAÚL LAMBIS PERALTA contra ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito aclarar el voto, pues si bien comparto la decisión que finalmente se adoptó en el sub judice, en cuanto decidió no casar la sentencia absolutoria del Tribunal, discrepo respecto de los argumentos que se exponen en la providencia para establecer la procedencia de la excepción de cosa juzgada, para lo cual me permito hacer las siguientes precisiones.

En la referida sentencia, se sostuvo por parte de la Sala mayoritaria:

El Tribunal, puesta la mirada en el acta de conciliación, así como en la norma convencional, báculo de la súplica, infirió, palabras más palabras menos, que para el momento en el que se produjo el acuerdo, en desarrollo, de la autocomposición, el actor tenía una mera expectativa de la pensión, pues el precepto convencional, exigía para consolidar el derecho a la pensión 20 años de servicios y 50 años de edad, lo que lo llevó a concluir que para la fecha en que el accionante suscribió el acta de conciliación solo tenía 48 años, es decir, no acreditaba los requisitos de la pensión convencional.

En ese contexto, el tribunal sí estudió la norma convencional y, a partir de allí, sostuvo que era viable la conciliación de la pensión, pues era una mera expectativa y, en ese orden de ideas, lo pretendido en el actual proceso coincidía con aquella prestación, por ende, se acreditaban los supuestos de la cosa juzgada, lo que en últimas daba al traste a las peticiones del actor.

… Así, a todas luces brota que el recurrente no logró acreditar la existencia de un error evidente de hecho del sentenciador, pues ante la inexistencia del derecho convencional por cuanto no se reunían los supuestos fácticos para que esta se causara, se abrieron las puertas de aquella voluntaria con base en los tiempos de servicio prestados por el actor a la empresa, pues de otra manera hubiera primado aquélla, de ahí que se pudiera pactar en el acuerdo conciliatorio la posibilidad de subrogación de la entidad encartada a través de la compartibilidad. Se reitera ante la falta de requisitos de acceso a la pensión del documento colectivo, era viable su conciliación y, en ese contexto, se convino en una de carácter voluntario…

Al respecto cumple decirse, que si bien es cierto y acorde a las pretensiones en las cuales se fundamenta la presente contención, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión convencional consagrada en el artículo 5º de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años 1976-1978, así como en el artículo 20º de la vigente para los años 1982 – 1983, suscritas entre el Sindicato de Trabajadores Sintraelecol – Subdirectiva Bolívar y Electrificadora de Bolívar S.A. hoy Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., también lo es que, según lo acreditado en el plenario, es un hecho no controvertido la suscripción de un acuerdo conciliatorio el 13 de enero de 1999, mediante el cual se le reconoce al demandante, por parte de la enjuiciada, una pensión voluntaria a partir del 1º de enero de esa anualidad.

Frente al anterior aspecto, estimo que contrario a lo argumentado por la Sala, en el sub judice, existe una disparidad respecto de la pretensión plasmada en el escrito genitor y la que fue objeto de conciliación, lo que trae de suyo que por carencia de identidad, no cabía la aplicación de la figura adjetiva de la cosa juzgada, prevista en el artículo 303 CGP. y, por ende, razón le asiste a la censura al endilgarle como error al Tribunal, la aplicación indebida de dicho precepto.

Al efecto, debo destacar que aun cuando se evidencia la existencia del yerro atribuido al juez de apelaciones, esta mera circunstancia no daría lugar al quiebre de la sentencia acusada, toda vez que en instancia se llegaría a la misma conclusión absolutoria; ello, en virtud a que, tal y como lo estipulan las normativas convencionales ya referenciadas, la prestación que allí se estipula prevé la edad (50 años) y el cumplimiento del tiempo de servicio (20 años) siendo trabajador activo de la enjuiciada, requisitos de causación, que permiten establecer la inexistencia del derecho pretendido en la medida que al momento de la reclamación, el actor solo contaba con 48 años de edad.

Acorde a las consideraciones que anteceden, resulta pertinente traer a colación el contenido de el artículo 5 de la Convención Colectiva de Trabajo 1989-1990 lineamiento extralegal. que su aparte pertinente estipuló:

Los Trabajadores que ejerzan dichos cargos y no llenen los requisitos señalados en este Parágrafo se jubilarán conforme a la regla general arriba indicada.

Parágrafo II. Los Trabajadores que desempeñen el cargo de Linieros a la fecha de iniciación de la Convención, se continuarán jubilando con Veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos siempre que hayan permanecido en el cargo Siete (7) años y cumplan Cincuenta (50) años, y en el mismo cargo los Veinte (20) años de servicio.

En los anteriores términos dejo consignado mi aclaración de voto.

Fecha ut supra

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

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