Posteriormente, se ocupó del recurso de parte demandada; y al efecto, se remitió al contenido de la Ley 4ª de 1976 y a las convenciones colectivas. Dijo que en el artículo 106 de la Convención Colectiva vigente 1998-1999, se extendieron a favor de los pensionados los derechos contemplados en la citada ley, sin consideración a su vigencia; en respaldo acudió a la sentencia CSJ SL, del 19 sept. 2006, rad. 29288, de la que procedió a leer uno de sus apartes; luego, concluyó que el derecho del actor se consolidó antes de 2005, por lo que no fue afectado por el Acto Legislativo 01 de ese año y, en consecuencia, estimó que el reajuste reclamado es un derecho legítimamente adquirido.
Enseguida, se remitió al estudio de la excepción de cosa juzgada con base en la conciliación celebrada entre las partes; y aseveró que el derecho al reajuste pactado en la convención colectiva es un derecho cierto e indiscutible por lo que no podía ser desconocido por acuerdo entre las partes; en ese orden, la conciliación carece de efecto jurídico por estar viciada de nulidad absoluta por objeto ilícito y, por ende, no operan los efectos de cosa juzgada.
Posteriormente, revisó los valores percibidos por el demandante hasta el año 2005 y observó que percibía una mesada superior a cinco salarios, pero que a partir de 2007 el valor recibido mensualmente fue inferior a dicho monto por lo que a partir de allí se aplica el reajuste de 15%. Añadió que, como a partir de julio de 2009 se compartió la mesada con el ISS, los reajustes operan respecto del mayor valor a cargo de Electricaribe que en ningún caso el incremento será inferior al 15%. En apoyo citó la sentencia CSJ, 17 abr. 2013, rad. 39783.
Finalmente, declaró probada la excepción de prescripción de las diferencias causadas con anterioridad al 17 de octubre de 2011, teniendo en cuenta que la demanda se presentó en esa misma fecha del año 2014.
Por lo anotado, dispuso revocar parcialmente la sentencia recurrida, dejó sin efectos los numerales 3 y 6 y, en su lugar, ordenar el pago del reajuste del 15% y el IPC en la suma de $97.578.883,79 hasta el 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de las que se sigan causando mientras no se supere el tope de cinco salarios mínimos; autorizó el descuento de las sumas pagadas por reajuste anticipado y confirmó en lo demás.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, «se revoque la decisión proferida por el a quo y en su lugar se absuelva a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. de todas y cada una de las pretensiones formuladas por el actor en su demanda».
Con tal propósito formula cuatro cargos, que merecieron réplica de la parte demandante. Se estudiarán conjuntamente los cargos primero a tercero, por cuanto, pese a dirigirse por vías diferentes, denuncian similar elenco normativo y persiguen idéntico fin.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, «los artículos 260, 467, 469, 480 del CST; 1º de la Ley 33 de 1985; 1º de la Ley 4ª de 1976; 1º de la Ley 71 de 1988; 1º del Acto Legislativo No. 1 de 2005 (art. 48 C.P.); 14 de la Ley 100 de 1993; 1502 y 1618 del Código Civil; en relación a los principios generales del derecho del trabajo, concretamente artículos 1º y 18 del C.S.T. y los artículos 48, 53 y 83 de la CP».
Aduce que el Tribunal incurrió en los siguientes «errores notorios»:
Dar por demostrado, sin estarlo, que la Electrificadora del Atlántico S.A. reconocía, antes de firmar las Convenciones Colectivas de Trabajo 1983-1985 y 1998-1999, el sistema de reajuste establecido en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.
No dar por demostrado, estándolo, que en la Convención Colectiva de Trabajo 1983-1985, la Electrificadora del Atlántico S.A. y Sintralecol pactaron que “se les SEGUIRÁN RECONOCIENDO todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976” es decir, se mantienen los derechos que en ese momento venían reconociendo en los términos de la citada ley.
No dar por demostrado, estándolo, que antes de firmar la Convención Colectiva de Trabajo 1983-1985, la Electrificadora del Atlántico S.A. solo reconocía a los pensionados “los derechos a disfrutar de los servicios médicos …” y en salud que le corresponden a los “trabajadores activos” no reconocía otro derecho, beneficio ni prerrogativa de las contempladas en la Ley 4 de 1976.
Dar por demostrado, sin estarlo, que en la Convención Colectiva de Trabajo 1983-1985, la Electrificadora del Atlántico S.A. y Sintraelecol pactaron aplicar el sistema de ajustes de pensiones previsto en el artículo 1º, parágrafo 3º de la Ley 4 de 1976.
No dar por demostrado, estándolo, que en la Convención Colectiva de Trabajo 1983-1985, la Electrificadora del Atlántico S.A. y Sintraelecol le dieron estabilidad normativa a “los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976” que no son otros diferentes a los contemplados en el artículo 7º de esta ley en el que expresamente se señalan como derechos de esta ley que los pensionados reciban “los derechos a disfrutar de los servicios médicos …”
Dar por demostrado, sin estarlo, que en la Convención Colectiva de Trabajo 1983-1985, la Electrificadora del Atlántico S.A. y Sintraelecol le dieron estabilidad normativa al artículo 1º parágrafo 3º de la Ley 4ª de 1976, en lo relacionado al reajuste de las pensiones ahí concebido, reglas que no se venían reconociendo al momento de la firma de la CCT de 1983.
Dar por demostrado, sin estarlo, que en la Convención Colectiva 1983-1985 se estableció un mecanismo para aumentar constantemente el valor de las pensiones extralegales a cargo de la demandada, en concordancia con el artículo 1º, parágrafo 3º de la Ley 4ª de 1976.
No dar por demostrado, siendo evidente, que con la aplicación del 15% de aumento anual a las pensiones convencionales a cargo de la demandada, produce un incremento indebido, incongruente e incluso ilegal en el valor de la pensión y tal incremento NO constituye realmente un reajuste o actualización.
No dar por demostrado, estándolo, que el Acuerdo de Conciliación de fecha 23 de junio de 2006 suscrito entre la Asociación de Pensionados y Electricaribe S.A. E.S.P. goza de validez por cuanto se transó un derecho incierto y futuro como lo es el reajuste pensional.
Lo anterior por la apreciación errónea de la Convención Colectiva de Trabajo de 1983-1985; la compilación de los convenios colectivos de trabajo del 7 de mayo de 1998 y siguientes; el Acuerdo celebrado por Electricaribe S.A. E.S.P. y las Asociaciones de Pensionados del 23 de junio de 2006; el acta de conciliación No. 4915 del 10 de julio de 2006 suscrito entre las partes; la demanda y la contestación y el hecho notorio representado por los indicadores económicos de 1985 en adelante.
Expone que en atención al actual criterio de esta Sala propone nuevos argumentos «para cambiar el panorama dentro del cual se adopta la decisión». En ese sentido sostiene que el Tribunal declaró el incremento del 15% de las mesadas pensionales reconocidas a la actora en virtud de la sustitución pensional al considerar que la Convención Colectiva 1983-1985 en adelante, prevé que las pensiones tienen derecho a los reajustes de la Ley 4ª de 1976. Luego de que transcribió el parágrafo 3º de la cláusula 106 de la Convención 1998-1999, afirmó que «los derechos a que se refiere dicha cláusula, que además se venía[n] reconociendo y se reconocen aún, son los derechos en salud que brinda la empresa para el personal activo, tal como lo prevé la Ley 4ª de 1976 en su artículo 7º […]»; de modo que lo que garantizó la norma extralegal fue conservar los derechos relativos a la prestación de servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, farmacéuticos y de rehabilitación, «y ello tiene sentido, pues la convención, de donde devienes(sic) esta cláusula se suscribió en el año 1983, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 […]».
Asevera que el reajuste del 15% reclamado no es un derecho que venía reconociendo la empresa a los pensionados por lo que no se cumplen los presupuestos de la norma convencional transcrita. Aclara que si bien se acordó que se seguirían reconociendo los derechos concebidos en la Ley 4ª de 1976 a los pensionados, ello no se puede extender a los incrementos que por lo que ha dicho no se venían pagando por la empleadora y además dicha norma no la consagra como derecho como si lo hace con los servicios de salud y la mesada adicional de diciembre. Añade que lo anterior lo corrobora el hecho de que para los años 1983 la inflación del país era muy superior al 15%, lo que conllevaría a que aplicar dicho reajuste sería perjudicial para los intereses del pensionado, y en eso consistió el error del Tribunal.
Insiste en que «un sistema de reajuste es un mecanismo de actualización o corrección monetaria, el cual tiene como objeto que para este caso las pensiones no se deterioren en su capacidad adquisitiva, pero nunca que se incrementen o deterioren, lo que sucede en este caso al predicar un porcentaje fijo que no tiene en cuenta la pérdida real del poder adquisitivo». Agrega que aplicar la mencionada Ley 4ª de 1976 «no representa un ajuste, sino un incremento desequilibrado, desmedido, insostenible de la pensión, lo que claramente no es lo acordado en la convención colectiva de trabajo de marras y mucho menos su espíritu».
Concluye que «los argumentos planteados conllevan ineludiblemente a que el Acuerdo del 23 de junio de 2006, suscrito entre Electricaribe S.A. E.S.P. y las Asociaciones de Pensionados y el acta de conciliación de fecha 10 de julio de 2006, suscrito entre Electricaribe S.A. E.S.P. y el demandante, no se encuentran viciados de nulidad, toda vez que como lo vimos el reajuste del 15% pretendido no es un derecho adquirido, cierto e indiscutible, todo lo contrario, ese derecho es inexistente como lo explicamos[…]».
Por lo anotado solicita revisar la postura de la Sala relativo al problema planteado, se valoren los argumentos expuestos, pues considera que mantener vigentes antiguos sistemas de reajuste pensional desconoce el principio de equilibrio económico y desatiende el orden jurídico y las reglas relacionadas con los reajustes de las pensiones en relación al IPC.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, «los artículos 260, 467, 469, 480 del CST; 1º de la Ley 4ª de 1976; 1º de la Ley 71 de 1988; 14 de la Ley 100 de 1993; 1º del Acto Legislativo No. 1 de 2005 (art. 48 C.P.); 14 y 15 del CST, en relación con los artículos 332 del C.P.C.; 19, 78 del C.P.T. y S.S., en relación a los principios generales del derecho del trabajo, artículos 1º, 15 y 18 CST».
Aduce que el Tribunal incurrió en los siguientes «errores notorios»:
No dar por demostrado, estándolo, que en relación con la pensión reconocida al demandante se pactó con Electricaribe en forma expresa el sistema de ajustes de dicha pensión, de acuerdo con la conciliación celebrada ante el anteriormente denominado Ministerio de la Protección Social Dirección Territorial del Atlántico el 10 de julio de 2006 con el demandante.
No dar por demostrado, estándolo, que en relación con la pensión reconocida al demandante se pactó con Electricaribe, en forma expresa, zanjar las diferencias para facilitar el reajuste anticipado de la pensión.
Lo anterior por la apreciación errónea de la demanda y el recurso de apelación de Electricaribe; el Acuerdo de 23 de junio de 2006, suscrito entre Electricaribe S.A. E.S.P. y las Asociaciones de Pensionados; el Acta de Conciliación No. 4915 del 10 de julio de 2006 suscrito entre las partes.
Expone que desde la contestación de la demanda se propuso la excepción de cosa juzgada y se ratificó en el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, la cual se fundamentó en el Acuerdo suscrito con las Asociaciones de Pensionados y el acta de conciliación suscrita con el actor. El Tribunal desestimó la prueba con fundamento en que se modificaron derechos convencionales, ciertos e indiscutibles, legítimamente adquiridos, que no se podían pactar en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, cuando son derechos inciertos, susceptibles de conciliar.
Considera que la valoración del acta de conciliación es contraria a lo establecido en el artículo 15 del CST, por cuanto allí no se transaron derechos ciertos e indiscutibles, y mucho menos derechos adquiridos, sino el disfrute anticipado de sus pensiones, a cambio de un bono compensatorio, es decir, se pactó una expectativa futura. Expone que el derecho adquirido es la pensión mas no los reajustes de las mesadas pensionales; se remitió a la sentencia CSJ SL, 17 jun. 1993, rad. 5761, con base en la cual expuso que, si se puede pactar el pago anticipado de mesadas, no encuentra razón alguna para que no pueda acaecer lo mismo con los incrementos.
En el caso, aduce que el acuerdo consistió en el pago de 2 bonos por el valor del 75% del importe de la mesada pensional, lo cual estima significativo porque lo que se concilió fueron dos puntos de eventuales reajustes a realizar, no la mesada completa ni el reajuste completo, por lo que en últimas el arreglo resulta beneficioso para el demandante, pues si la inflación fuera igual o inferior a los 2 puntos o en el caso del fallecimiento del pensionado, ya habría recibido el pago anticipado de tales ajustes, incluso sin que se causaran.
CARGO TERCERO
Ataca la sentencia, por la vía directa, y en la modalidad de interpretación errónea de «los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; artículo 53 de la Constitución Política; artículos 64 a 68 de la ley 446 de 1998: artículos 1502, 1503, 1519, 2469 y 2483 del Código Civil; los artículos 19 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (violación medio)».
Afirma que no discute que al firmar el acta de conciliación el actor recibió el valor de bonos anticipados que compensan el sistema de reajuste, por lo que cuestiona que el Tribunal considere que estos son ciertos e indiscutibles. Reitera que, si es viable conciliar el pago de mesadas futuras, también lo debe ser con los reajustes sobre éstas; señala que según la sentencia CSJ SL17740-2015 y la CC T-059-2017, «el único derecho cierto es la calidad de pensionado, siendo el monto, y por consiguiente los incrementos futuros, por reajustes futuros, hechos inciertos». Insiste en que lo que se concilió fueron meras expectativas, reguladas por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, norma que contempla el sistema de reajuste pensional mas no un derecho cierto, por lo que el acuerdo conciliatorio es válido, además, porque no tuvo un objeto o causa ilícita, no presentó vicios del consentimiento y se celebró ante autoridad competente, por lo que se debieron aplicar los efectos de cosa juzgada.
RÉPLICA CONJUNTA A TODOS LOS CARGOS
La parte actora se opuso por cuanto en su sentir de la norma convencional no se deriva que su aplicación se restrinja a algunos beneficios contemplados en la Ley 4ª de 1976, sino a todas sus disposiciones, entre estas, los incrementos del 15% allí previstos, que constituyen un derecho que incrementa su patrimonio personal. Se remitió a las decisiones CSJ SL, 19 sep. 2006, rad. 29288 y CSJ SL1055-2018.
Con respecto a la nulidad de la conciliación, considera que la decisión se ajusta a lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política y al Acto Legislativo 1 de 2005, pues se trata de derechos adquiridos con anterioridad a su vigencia. En relación a la imposibilidad de que pueda primar el Acuerdo de 2006 frente a las disposiciones convencionales, citó la decisión CSJ SL, rad. 54116.
CONSIDERACIONES
El Tribunal fundamentó su decisión en que no es materia de controversia que Electricaribe S.A. E.S.P., sustituyó como empleadora a la ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. E.S.P., y tras considerar, acorde a la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, el alcance y vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo (1998 - 1999), estableció que el demandante tenía un derecho adquirido sobre la aplicación del reajuste de las pensiones contenidas en la Ley 4ª de 1976, en consideración a la libertad de negociación.
La recurrente cuestiona, a través del ataque, la interpretación efectuada por el Tribunal respecto del parágrafo 3º de la cláusula 106 de la Convención Colectiva de Trabajo, vigente para los años 1998 - 1999, dado que, a su juicio, los derechos a que hace referencia dicha norma son los previstos en el artículo 7 de la Ley 4ª de 1976, esto es, a «los servicios médicos, odontológicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos, de rehabilitación, diagnóstico y tratamiento […]» y no a los incrementos pensionales. Sostiene también que la empresa solamente se comprometió a seguir reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976 sin consideración a su vigencia, es decir, que aquellos derechos que para ese momento no se hubieran reconocido, como acontece con los incrementos reclamados, no quedaron cubiertos por dicha regla contractual. Como consecuencia de lo anterior, propone a la Sala un nuevo estudio de la cuestión.
No se encuentra en discusión que a Jorge Castillo Rodríguez se le otorgó pensión de jubilación convencional a partir del 1 de enero de 1986 (folios 13 y 248); que Electricaribe comunicó al actor el 7 de julio de 2009, que continuaría pagando el mayor valor entre la mesada que venía a su cargo con la reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, esto es, $891.488 a partir de ese mes en virtud de la compartibilidad (folio 249), ni los incrementos sobre la pensión de jubilación otorgada por la electrificadora con anterioridad al año 2010.
Con base en lo anterior, procederá la Sala a resolver el asunto para lo cual se remitirá a la norma convencional que califica como mal apreciado el recurrente y estudiará si efectivamente de la misma se deriva el entendimiento que estima debió darle la autoridad judicial, luego de lo cual determinará si el derecho al incremento pensional tiene la connotación de adquirido y, por ende, irrenunciable.
El parágrafo 3 de la cláusula 106 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 (folio 71) literalmente dispone:
Todos los trabajadores, que se encuentren pensionados por la ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. E.S.P., o que se pensionen en el futuro se les seguirán reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976 sin consideración a su vigencia (CONV. 83-85). (subraya la Sala).
Propone el censor que, a partir de un nuevo estudio de la disposición convencional, se concluya que los derechos a que hace referencia, corresponden a aquellos que venían siendo reconocidos por la electrificadora, y que como quiera que los incrementos contemplados en la Ley 4ª de 1976 se estaban otorgando en el momento de la suscripción del acuerdo convencional, no pueden entenderse como incluidos a favor de los pensionados. Que, en todo caso, éstos hacen referencia a los servicios médicos previstos en el artículo 7 de la citada norma legal y no a los incrementos reconocidos por el Tribunal.
Para la Sala es claro, como lo ha dicho en varias ocasiones, que el texto convencional estableció el reconocimiento de todos los derechos previstos en la Ley 4ª de 1976, incluidos los reajustes pensionales anuales en al menos el 15% para las pensiones equivalentes hasta cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual más alto, sin consideración alguna a la vigencia de la norma legal.
Debe resaltarse que no le asiste razón a la censura cuando afirma que los incrementos pensionales de la Ley 4ª de 1976 no constituyen derechos en estricto rigor, porque lo cierto es que estos beneficios representan una clara posibilidad para los pensionados o futuros pensionados de modificar la relación jurídica que los liga con la entidad pagadora, a fin de incrementar su patrimonio personal.
Esta Sala, en un caso de similares contornos seguido en contra de la misma demandada en la que estudió varios de los argumentos expuestos por el recurrente, mediante sentencia CSJ SL3781-2019, razonó:
En efecto, al analizar el parágrafo convencional en comento, no aparece de bulto que al estipular que a los pensionados pasados o futuros de la empresa se les reconocerían todos los derechos consagrados en la citada Ley 4ª de 1976, las partes celebrantes de la convención hubieran decidido excluir lo relativo al reajuste anual y automático previsto en el artículo 1° del referido ordenamiento legal al que se remite la cláusula convencional, ni se colige, como lo sugiere la recurrente, que únicamente en la norma convencional se aludiera a beneficios concernientes a gastos de sepelio, servicios de salud y auxilios de educación, consignados en otros artículos de la citada Ley 4ª. Es decir, de su contenido no es posible deducir intención alguna de las partes en ese sentido.
Ahora bien, lo argumentado por la sociedad demandada no es de recibo para esta Sala, como quiera que, conforme lo coligió el Ad quem, es dable entender que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976, se encuentra, precisamente el del incremento concedido en las instancias, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato, acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una norma legal, que conservará vigencia como norma extralegal, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó lo mismo, entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se beneficien de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. (Ver sentencia CSJ SL, 25 oct. 2011, rad. 40551, reiterada en la CSJ SL, 6 mar. 2012, rad 43851).
Así las cosas, el Tribunal no incurrió en un yerro fáctico ostensible, cuando apreció la disposición convencional de marras, e infirió que cuando la convención alude a los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976, se está refiriendo, al reajuste pensional que mediante esta acción judicial se reclama, sin consideración a la vigencia de dicha norma, pues aun cuando aquella sea derogada o subrogada, y quede por fuera del ámbito jurídico, se sigue aplicando por voluntad de las partes vía convencional.
De otro lado, frente al planteamiento de la censura, atado a los índices de precios al consumidor, de inflación y de devaluación, con lo cual pretende demostrar que para el año 1983, cuando se consagró el beneficio convencional, los pensionados de la empresa para esa anualidad resultaban más perjudicados que beneficiados con un incremento pensional del 15% como mínimo, para lo cual aduce que es un absurdo que las partes pensaran para esa época en conservar por convención tal incremento y que, por lo tanto, lo acordado fueron otros beneficios contemplados en la L. 4ª/1976, debe precisarse que, tal argumentación no es de recibo para esta Sala, en la medida que en atención al origen, naturaleza y finalidad de la convención colectiva de trabajo, son las mismas partes las llamadas a fijar el contenido y alcance de sus normas. Por consiguiente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, éstas tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atenten contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores, o en general que no se produzca lesión a la Constitución o la ley (CSJ SL, 18 may. 2005 rad. 23776).
En estas condiciones, acoger convencionalmente un reajuste pensional que no pueda ser inferior al 15%, conforme lo estableció la L. 4°/1976, se enmarca dentro de esa voluntad contractual de los protagonistas sociales, donde no es dable a la Corte entrometerse, salvo que esa interpretación no sea sensata o coherente, con características de un desatino de tal envergadura que dé lugar a un error evidente de hecho, que no es el caso que nos ocupa.
De lo expuesto se deriva que dado que la cláusula convencional no diferencia qué derechos de los contemplados en la Ley 4ª de 1976 se continuarían reconociendo a los pensionados, no es dable, a través de una labor hermenéutica, colegir la exclusión de algunos o entender que solamente se hace referencia a unos, contrario al preciso texto de la norma convencional al extender el beneficio a «todos los derechos», como lo pretende el censor. Siendo ello así, como en efecto lo es, no es dable predicar un error ostensible del Tribunal al no aplicar una exclusión que, se insiste, no fue prevista por los redactores de la norma colectiva.
Ahora, en torno al argumento de acuerdo con el cual, si los incrementos pensionales previstos en la Ley 4ª de 1976 no se venían reconociendo al pensionado al momento de la suscripción del acuerdo convencional no quedaron incluidos en el presupuesto allí previsto, equivale a sostener que si ninguno de los pensionados ha utilizado alguno de los derechos allí previstos, a manera de ejemplo, los derivados del artículo 7 ibidem, o no los estaba utilizando en ese mismo instante, ya no podría hacerlo, interpretación que no resulta admisible.
En ese sentido, es necesario reiterar la libertad de las partes al pactar las cláusulas convencionales sin que sea válido al sentenciador intervenir o desconocer su tenor literal, salvo que se trate de estipulaciones abiertamente ilegales, que no es el caso. Es apenas natural que si el pensionado venía recibiendo incrementos en su mesada pensional superiores a las previstas en la Ley 4ª de 1976 no elevó reclamo alguno, únicamente cuando éstas superaban las que aplicaba la entidad demandada ejerció el derecho previsto en la Convención Colectiva de Trabajo, lo cual no resulta cuestionable.
Finalmente, con respecto a la validez del Acuerdo del 23 de junio de 2006, ya la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones, por lo que basta con reiterar que en un caso de similar al que se somete a estudio, mediante sentencia CSJ SL12575-2017, reiterada, entre otras, en la CSJ SL3884-2019, explicó:
En ese contexto, le corresponde a esta Sala dilucidar: (i) la posibilidad de modificar una convención colectiva vigente a través de un acuerdo extra-convencional y (ii) determinar si en el caso de autos operó el fenómeno de la revisión del convenio colectivo, consagrado en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo.
Posibilidad de modificar la convención colectiva a través de un acuerdo extra-convencional
Comienza la Sala por señalar que un acuerdo extra-convencional, como el que es objeto de discusión en el sub lite, no tiene necesidad de depositarse en la cartera del trabajo para que surta los efectos queridos por las partes, tal y como ya lo ha reiterado esta Corporación en múltiples oportunidades.
En efecto, desde hace cerca de una década, en sentencia CSJ SL32247-2008, reiterada entre otras en las providencias CSJ SL889-2014, CSJ SL11321-2014, CSJ SL42830-2014 y CSJ SL2105-2015, dijo la Sala:
Como regla general, en el derecho del trabajo los únicos acuerdos que deben ser depositados son los que emanan de un conflicto colectivo de trabajo cuya solución es dada por las mismas partes, pues así lo exige el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, condición que aquí no se puede predicar del convenio celebrado por la empresa y el sindicato, quienes simplemente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, el cual no repugna en las relaciones obrero patronales, siempre y cuando no se desconozcan los derechos mínimos de los trabajadores, quisieron regular algunas condiciones de trabajo, las cuales no quedaron condicionadas en forma alguna ni se exigió del pacto mismo que fuera depositado a la usanza de las convenciones colectivas de trabajo.
Ello, porque como se explicó en la sentencia CSJ SL2105-2015 ya citada, existe distinción entre los acuerdos extra convencionales que tienen carácter aclaratorio y los modificatorios, pues los primeros son aquellos que buscan esclarecer asuntos confusos y deficientes de lo que se pactó a través de un instrumento colectivo; mientras que los segundos, cambian aspectos que ya han sido previamente definidos en aquel o a introducir unos diferentes a los ya acordados.
También se adoctrinó entonces (CSJ SL2105-2015), que los acuerdos modificatorios únicamente son válidos en la medida que mejoren las condiciones pactadas en la convención, en tanto nada impide que los trabajadores o sus representantes, en caso de ser sindicalizados, pacten con sus empleadores prerrogativas superiores a las legal o convencionalmente establecidas.
En tal sentido, se pronunció la Sala en sentencia CSJ SL, 3 jul. 2008, rad. 32347 reiterada en la atrás reseñada y, entre otras, en la CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 39744 cuyo análisis jurisprudencial dio plena validez a un acuerdo extra convencional en el que se acordó un beneficio adicional para los trabajadores referente a la estabilidad.
Dijo en esa oportunidad la Corporación:
Nada se opone a que en el Derecho del Trabajo los trabajadores, bien sea por si mismos o representados por la organización sindical a la cual pertenecen, celebren acuerdos con los empleadores tendientes a regular diversas situaciones laborales y menos aún, tampoco puede haber oposición o ilicitud en cuanto con ellos se superen los mínimos derechos legales o inclusive convencionales. Si el simple acto unilateral de un empleador puede crear derechos para los trabajadores en tanto superen los mínimos legalmente establecidos, con mucha mayor razón ello puede aplicarse a los convenios directos que celebren con sus servidores.
Un acuerdo, como el que ahora ocupa la atención de la Sala, se convierte en ley para los contratantes sin desconocer el clásico principio que lo informa y según el cual debe ejecutarse de buena fe. Así se desprende claramente de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, que entre otros regulan el efecto de las obligaciones válidamente celebradas y de cuyas fuentes o nacimientos, señaladas en el artículo 1494 ibídem, vale la pena destacar el concurso real de voluntades de dos o más personas o el hecho voluntario de la persona que se obliga. (Resaltado fuera del texto).
Se tiene entonces que tales arreglos producen efectos para las partes, siempre que sean para aclarar y/o mejorar las condiciones que ya han sido pactadas, e incluso, no necesitan ninguna solemnidad y no requieren -como se afirmó a espacio- de depósito en los términos del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, para gozar de plena validez.
Por último, respecto al tema concerniente a los efectos de cosa juzgada de la conciliación celebrada por el pensionado con la demandada, frente al incremento pensional reclamado, dado que el Tribunal consideró que el aludido derecho era cierto e indiscutible, se hace necesario en primera medida, establecer si erró el colegiado al declarar la improsperidad de dicho medio exceptivo por su naturaleza irrenunciable.
Se advierte que le asiste razón al juez colegiado cuando afirma que los incrementos pensionales de la Ley 4ª de 1976 previstos en las convenciones colectivas de las que se beneficiaban los actores, constituyen derechos adquiridos y, por lo tanto, son ciertos e indiscutibles, por las razones que se pasan a exponer.
La certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal; de manera que como los aumentos aquí otorgados se habían consolidado, resultaban necesariamente ciertos. Ahora, la cualificación de «adquiridos» implica la acción de consecución, obtención y sobre ello no podía haber duda, pues no se discute que en las convenciones colectivas se había pactado el derecho implorado y aún más, se había concedido.
De tal manera que cuando se desconoció por las partes la calidad de derecho cierto y se concilió el incremento pensional, se transgredieron las prerrogativas legales que protegen los derechos laborales que tienen carácter de irrenunciables; por lo tanto, el sentenciador no se equivocó al negar validez al acuerdo extra legal que pretendía modificar la fuente predeterminada de aumento de las mesadas.
Sobre el particular tema, la Sala en sentencia CSJ SL4468-2019, indicó:
Por último, vale subrayar que los incrementos aludidos constituyen verdaderos derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. De esta forma, comoquiera que el derecho pensional nació a la vida jurídica el 30 de marzo de 2009, asimismo surgió el derecho accesorio a su incremento anual. Al respecto, resultan pertinentes las reflexiones contenidas en las sentencias CSJ SL15495-2017 y CSJ SL 19672, 11 feb. 2003:
[…] como ya lo ha asentado la Corte en múltiples oportunidades en que se ha debatido la aplicación d,.-e una estipulación conciliatoria a espaldas de un derecho convencional in meius del cual se beneficia al trabajador, razón asiste al juzgador cuando desatiende estipulaciones plasmadas en tal clase de actos, por pretenderse con ellas la pérdida de vigencia de reajustes pensionales pactados convencionalmente, en este caso los enmarcados en la Ley 4ª de 1976, con la pretensión de optarse por los que en adelante, es decir, a partir de la data de la misma, establecen normas que regularmente se expiden cada año para aumentar la pensión de vejez.
Y ello es así por la simple razón de que el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y para el particular trabajador cuando adquiere la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso por la Electrificadora del Caribe, S.A., E.S.P., se causó, por tanto, empezó a tener una incidencia en el valor o monto del particular derecho pensional.
De no verse así, los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y a la imposibilidad de transigirse cuando éstos tienen el carácter de ciertos e indiscutibles resultan lesionados, por ser indiscutible que la teoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo cabe predicarla respecto de prerrogativas legales, sino que también es posible extenderla, bajo ciertas circunstancias, a derechos y beneficios convencionales. Además, porque cuando un derecho convencional no tiene límite distinto al del tope de su disfrute cuando alcance el monto de 5 salarios mínimos legales vigentes, como aquí ocurre y no se discute, su pérdida de vigencia ante otra fórmula menormente provechosa apareja la pérdida de un derecho cierto e indiscutible.
Así lo ha entendido la Corte en diferentes oportunidades, bastando para memorar una de ellas, lo consignado en sentencia de 11 de febrero de 2003 (Radicación 19672), a ese respecto:
“La regla general es la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas que conceden las leyes laborales, y por eso la salvedad para esa regla exige excepción expresa de la misma ley, según el artículo 14 del CST. Otras normas reafirman esa regla; así, en materia de salarios, el artículo 149, y en cuanto a prestaciones, el 340, ambos del mismo Código citado”.
“Aunque pudiera decirse que la dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del CST, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque la dicha norma solo permite la renuncia, a través de la transacción, cuando de derechos inciertos y discutibles se trata; como también lo dice la norma sobre conciliación”.
Por último, la Corte, en reciente providencia CSJ SL3820-2020, en un caso parecido a este, dijo lo siguiente:
De manera que ante mecanismos exógenos a la negociación colectiva, tales como la conciliación o los acuerdos extra convencionales que disminuyen beneficios previstos en la convención colectiva, la jurisprudencia laboral ha sido reiterativa en restarles eficacia, tal como se advierte en procesos de similares características adelantados contra la misma entidad acá demandada y consta, entre otras, en sentencias CSJ SL12138-014, CSJ SL2105-2015, CSJ SL12575-2017, CSJ SL4455-2018, CSJ SL4468-2019, CSJ SL517-2020 y CSJ SL3615-2020.
Siendo coherentes con lo explicado, los cargos no salen victoriosos.
CUARTO CARGO
Acusa la sentencia por violación de la ley sustancial por la vía directa y por interpretación errónea de «los artículos 260, 467, 469, 480 del C.S.T.; 1º parágrafo 3 de la Ley 4ª de 1976; en relación con el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 probado por el Decreto 758 del mismo año».
Asevera que la Ley 4ª de 1976 contempla el reajuste de la mesada pensional en un monto no inferior al 15%, cuando equivalga hasta cinco veces el salario mínimo legal vigente, y que la pensión es compartida con la de vejez a cargo del ISS y que, sumado el valor de éstas, dicho valor supera ese monto; no obstante, el Colegiado se equivoca al ordenar el reajuste teniendo en cuenta únicamente el valor reconocido por la empresa, cuando la mesada es una sola, no se trata de dos prestaciones. Agrega que si el Tribunal hubiera interpretado adecuadamente la norma aplicada, habría concluido que no había lugar a reajustar la pensión del actor por ser superior a cinco salarios mínimos, que se reajustó la pensión conforme a la normativa vigente y que no se causaron diferencias en la mesada pensional que pagó Electricaribe S.A. después de la compartibilidad, por lo que no quedan sumas pendientes por pagar, máxime cuando se suscribió un acta de conciliación que anticipó los reajustes pensionales.
CONSIDERACIONES
Dado el sendero utilizado por el recurrente no se encuentra en discusión los incrementos realizados por la demandada antes del año 2010, anualidad en la cual operó la compartibilidad pensional.
Para el recurrente el colegiado erró al no tener en cuenta que la pensión devengada por el actor a cargo de Electricaribe tiene carácter de compartida con la de vejez que reconoció el Instituto de Seguros Sociales, por lo que para establecer el derecho a los incrementos reclamados se deben sumar los valores a cargo de las dos entidades, por tratarse de una sola prestación, y si estas equivalen a un monto superior a cinco veces el salario mínimo legal, no habrá lugar a reajuste alguno.
El Tribunal observó que hasta el año 2005 el actor devengaba una mesada superior a cinco salarios mínimos, pero que, a partir de 2007, ese valor cayó por debajo de ese monto, por lo que a partir de allí aplicó el reajuste de 15%. Estimó que como desde julio de 2009 se compartió la mesada con el Instituto de Seguros Sociales, los reajustes operan respecto del mayor valor a cargo de Electricaribe de modo que en ningún caso el incremento será inferior al 15%. En apoyo citó la sentencia CSJ SL, 17 abr. 2013, rad. 39783.
En un asunto de similares contornos al que ahora ocupa la atención de la Sala, en la providencia CSJ SL4555-2020, en la que precisamente se recogió el criterio plasmado en la decisión invocada por el sentenciador de segundo grado, esta Corporación señaló:
Por lo anotado, y en corrección de posturas anteriores, como la consignada en sentencia CSJ SL, 17 abr. 2013, rad. 39783, entre otras, en la que se dijo:
[…]
La Sala considera pertinente rectificar tal criterio, en el sentido de que la compartibilidad pensional prevista en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, provoca que en adelante el pensionado reciba la prestación de vejez como único derecho pensional, pero preservando el mayor valor que resultare al hacerse la subrogación o compartibilidad pensional a cargo del empleador, de suerte que: i) los ajustes sobre el monto de la prestación a cargo del ISS (hoy Colpensiones) serán los que se dispongan para la pensión legal de vejez, esto es, los ajustes o incrementos normales de ley; y ii) en vista de que los reajustes pensionales del 15%, de que trata la Ley 4ª de 1976, constituyen un derecho convencional para los pensionados o jubilados de la demandada, según quedó visto al abordar el estudio del primer cargo, ese mayor valor o diferencia que deba asumir el empresario sí puede ser afectado con el reajuste controvertido, a efectos de que el pensionado no pierda el aludido beneficio convencional.
De consiguiente, el tope de los 5 SMMLV deberá calcularse sobre el monto total de la prestación, de manera tal que, si se supera dicho valor el ajuste anual se producirá como lo indique la ley, pero si la pensión entendida como un todo, es decir, el monto final recibido por el pensionado --y que resulta de lo pagado por concepto de la pensión compartida, vale decir, la diferencia o mayor valor asumido por la empresa junto con lo sufragado por Colpensiones-- no supera los referidos 5 SMMLV, deberá ajustarse la mesada pensional, al menos en un 15% cada año, únicamente sobre ese mayor valor que asume la empresa luego de la subrogación realizada por el ISS, se insiste, sin que el valor total de lo pagado o tope de esa pensión única exceda de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En ese orden, el Tribunal incurrió en error al considerar que para la determinación del derecho al reajuste previsto en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, se toma solo el mayor valor a cargo de la Electrificadora sin tener en cuenta la suma que paga Colpensiones como pensión de vejez en virtud de la compartibilidad, aspecto este último que, dicho sea de paso, no fue objeto de discusión en el proceso, motivo suficiente para casar la sentencia.
Sin costas dada la prosperidad del cargo.
SENTENCIA DE INSTANCIA
En sede de instancia, y con el objeto de resolver los puntos materia de apelación a la luz de lo estatuido en el artículo 66 A del CPTSS, se tiene que no fue materia u objeto de la alzada los incrementos realizados por la convocada a juicio antes del año 2010.
En ese orden, basta con reiterar que el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 4ª de 1976, prevé:
Parágrafo 3º.- En ningún caso el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15 % de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual mínimo legal más alto.
En ese orden, determinado como quedó que, para establecer el derecho al incremento solicitado, se debe tener en cuenta la unidad de la mesada, esto es, el valor a cargo de Electricaribe y del Instituto de Seguros Sociales, se tiene que al actor le asiste el aludido derecho hasta el año 2013, toda vez que, a partir del año 2014, su mesada supera los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, según la siguiente operación:
Fechas
Cantidad de Pagos al Año
Valor de diferencia de Mesada Pensional
Valor Total de diferencias pensionales
Indexación de diferencia de mesadas pensionales
Inicio
Final
11/10/2011
31/12/2011
3.70
$ 255.005,00
$ 943.518,50
$ 375.897,51
01/01/2012
31/12/2012
14.00
$ 355.955,52
$ 4.983.377,28
$ 1.921.295,91
01/01/2013
31/12/2013
14.00
$ 481.876,89
$ 6.746.276,46
$ 2.414.461,14
TOTAL
$ 12.673.172,24
$ 4.885.890,02
En tales términos se modificará la decisión de primera instancia, determinando como monto a pagar por concepto de diferencias pensionales, la suma de $12.673.172,24, más la correspondiente indexación que equivale a la suma de $4.885.890,02, calculada a 31 de mayo de 2021.
Ahora bien, la suma señalada como valor a reconocerse, deberá ser indexada al momento de su pago conforme a la fórmula que ha sido ampliamente abordada por la línea de pensamiento de esta Corporación, a manera de ejemplo en la CSJ SL593-2021, y la cual se integra con los siguientes componentes:
VA = VH x IPC Final
IPC Inicial
De donde:
VA = Valor actualizado
VH = Valor histórico que corresponde a la suma a indexar.
IPC Final = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes en que se materialice el pago.
IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes siguiente a la diferencia pensional a indexar.
Finalmente, se impone memorar que la prescripción no fue objeto de discusión en el recurso de apelación propuesto por la convocada a juicio, razón por la cual, en franco apego al principio de la consonancia, no puede ser abordado por esta Sede.
En los términos anotados queda definida la sede de instancia, advirtiendo que el Decreto 042 del 16 de enero de 2020, de acuerdo con el cual, a partir del 1.° de febrero de esa anualidad la Nación asumió el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe S.A. ESP a través del Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la citada electrificadora Foneca, se debe surtir el grado jurisdiccional de consulta conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del CPTSS, lo que no acontece en el caso en estudio por cuanto la sentencia de primer grado data del año 2016.
Sin costas en la alzada. Las de primera instancia a cargo de la parte vencida.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 17 de agosto de 2017, en el proceso ordinario laboral que le promueve JORGE ELIÉCER CASTILLO RODRÍGUEZ en contra de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., únicamente en cuanto al valor a pagar por concepto de ajustes pensionales.
Como consecuencia de lo anterior se dispone:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, el 27 de enero de 2016, en el sentido de que los ajustes de las mesadas pensionales reclamados en la demanda proceden entre el 11 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, conforme a las razones anotadas.
Como consecuencia de lo anterior, se CONDENA a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. a pagar a JORGE CASTILLO RODRÍGUEZ la suma de $12.673.172,24 por concepto de ajustes pensionales de la Ley 4ª de 1976, suma que deberá ser indexada para el momento de su pago conforme se expuso en el cuerpo de esta determinación; a 31 de mayo de 2021, el valor de la indexación asciende a la suma de $4.885.890,02, pero se continuará generando hasta tanto se verifique el pago de la condena aquí impuesta. Se confirma en lo demás.
Sin costas en la alzada. Las de primera instancia a cargo de la parte vencida.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de Origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
Salvo Voto
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
No firma por ausencia justificada
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Recurso Extraordinario de Casación
Radicación n.°80109
Referencia: Demanda promovida por JORGE ELIÉCER CASTILLO RODRÍGUEZ contra ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP - ELECTRICARIBE S.A. ESP.
Con el debido respeto, me aparto de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala en este especial asunto, en cuanto dispuso casar parcialmente la decisión del Tribunal que fue condenatoria, por las razones que paso a explicar.
En el presente caso, se observa que el actor suscribieron un acuerdo conciliatorio con la empresa Electricaribe S.A. ESP, el 10 de julio 2006, respectivamente, consistente en un pago del reajuste anual de pensiones vigentes que fue inferior al mínimo previsto en el sistema general de pensiones y cuyo contenido económico se tradujo en «aplicar un reajuste anual del IPC causado menos 2 puntos para cada uno de los cinco (5) años entre 2006 y 2010 y el otorgamiento de bonos anticipados que compensan el sistema de reajuste, adicionándolos a los efectos de los beneficios individuales de los que se benefician […]»
Frente a dicho acuerdo conciliatorio, la Sala mayoritariamente consideró que los referidos reajustes pensionales constituyen derechos adquiridos, ciertos e indiscutibles por haberse causado con anterioridad al Acto Legislativo 01/05, con fundamento en lo adoctrinado en providencia SL4468-2019, donde al efecto precisó:
constituyen verdaderos derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. De esta forma, comoquiera que el derecho pensional nació a la vida jurídica el 30 de marzo de 2009, asimismo surgió el derecho accesorio a su incremento anual. Al respecto, resultan pertinentes las reflexiones contenidas en las sentencias CSJ SL15495-2017 y CSJ SL 19672, 11 feb. 2003:
[…] como ya lo ha asentado la Corte en múltiples oportunidades en que se ha debatido la aplicación de una estipulación conciliatoria a espaldas de un derecho convencional in meius del cual se beneficia al trabajador, razón asiste al juzgador cuando desatiende estipulaciones plasmadas en tal clase de actos, por pretenderse con ellas la pérdida de vigencia de reajustes pensionales pactados convencionalmente, en este caso los enmarcados en la Ley 4ª de 1976, con la pretensión de optarse por los que en adelante, es decir, a partir de la data de la misma, establecen normas que regularmente se expiden cada año para aumentar la pensión de vejez.
Y ello es así por la simple razón de que el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y para el particular trabajador cuando adquiere la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso por la Electrificadora del Caribe, S.A., E.S.P., se causó, por tanto, empezó a tener una incidencia en el valor o monto del particular derecho pensional.
De no verse así, los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y a la imposibilidad de transigirse cuando éstos tienen el carácter de ciertos e indiscutibles resultan lesionados, por ser indiscutible que la teoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo cabe predicarla respecto de prerrogativas legales, sino que también es posible extenderla, bajo ciertas circunstancias, a derechos y beneficios convencionales. Además, porque cuando un derecho convencional no tiene límite distinto al del tope de su disfrute cuando alcance el monto de 5 salarios mínimos legales vigentes, como aquí ocurre y no se discute, su pérdida de vigencia ante otra fórmula menormente provechosa apareja la pérdida de un derecho cierto e indiscutible.
Así lo ha entendido la Corte en diferentes oportunidades, bastando para memorar una de ellas, lo consignado en sentencia de 11 de febrero de 2003 (Radicación 19672), a ese respecto:
“La regla general es la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas que conceden las leyes laborales, y por eso la salvedad para esa regla exige excepción expresa de la misma ley, según el artículo 14 del CST. Otras normas reafirman esa regla; así, en materia de salarios, el artículo 149, y en cuanto a prestaciones, el 340, ambos del mismo Código citado.
“Aunque pudiera decirse que la dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del CST, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque la dicha norma solo permite la renuncia, a través de la transacción, cuando de derechos inciertos y discutibles se trata; como también lo dice la norma sobre conciliación.
Contrario a lo argumentado por la Sala mayoritaria, a mi juicio en tratándose de una conciliación sobre reajustes pensionales que recae sobre un periodo determinado o fijo, como aquí sucede, ello no puede considerarse como un derecho cierto e indiscutible.
En efecto, se observa que el inspector de trabajo, al impartir su aprobación a la conciliación por considerar que no se vulneraban derechos ciertos e indiscutibles, señaló que la misma hacía tránsito a cosa juzgada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 640 de 2001 y 78 del CPTSS.
Bajo esa perspectiva, resulta indudable, que la pretensión ahora solicitada, por lo menos en lo que respecta a los reajustes pensionales comprendidos entre el 2006 y 31 de diciembre 2010, fueron objeto de conciliación, y por tanto los incrementos de ese lapso temporal, no podían ser objeto de nueva reclamación, por constituir cosa juzgada, como lo advirtió el funcionario del Ministerio al momento de impartir su aprobación.
Ahora bien, no sobra precisar, que a pesar de tratarse de reajustes pensionales, los mismos podían ser conciliados en razón a que se ha aceptado que es conforme al ordenamiento jurídico el pacto de cancelar de manera anticipadamente el valor de las mesadas pensionales en una suma única, por lo que resulta lógico aceptarlo igualmente respecto de reajustes futuros, al tratarse de una obligación accesoria a aquella.
Se dice lo anterior, por cuanto los actos jurídicos aquí celebrados no implican la renuncia o la perdida de vigencia de los reajustes pensionales pactados convencionalmente indefinidamente, pues se limitaron a los que se causasen desde la firma de los mismos, hasta el 31 de diciembre 2010; es decir, se trata de un acuerdo sobre incrementos pensionales eventuales, esto es no había hecho exigibles, con lo que resulta dable afirmar que no se transgreden las garantías de los pensionados.
Al efecto, vale traer a colación lo dicho en la providencia CSJ SL5508-2018, en la que se reiteró lo establecido en la sentencia CSJ SL7778-2016, en la que se dispuso:
[…] el criterio jurisprudencial vigente se ha orientado a considerar lícito que las partes pacten el pago anticipado del valor de las mesadas en una suma única, porque ello no implica renuncia o pérdida del derecho pensional, ni se trata de derechos ciertos e indiscutibles, porque los acuerdos así concebidos versan es sobre mesadas pensionales eventuales, es decir, no causadas con lo cual no se transgreden las garantías de los pensionados.
De igual manera, la Corte en fallo CSJ SL17740-2015, adoctrinó:
[…] la pensión laboral es una de las obligaciones calificadas como de ‘tracto sucesivo’, por cumplirse las prestaciones que de ella se derivan bajo cierta periodicidad, es decir, de manera continuada por mesadas o mensualidades, generalmente, hasta el cumplimiento del plazo o condición a que se hubiere sometido, si es temporal; o hasta el fallecimiento del trabajador o de sus sobrevivientes, en caso de ser vitalicia y aún susceptible de ser sustituida.
Y por contar con la naturaleza de obligación de ‘tracto sucesivo’ (…) están regidas, básicamente en tratándose de pensiones de jubilación o vejez, por la sobrevivencia de su titular, por manera que, siendo una pluralidad de prestaciones que se ejecutan con el transcurso del tiempo, y no una única prestación susceptible de ejecutar en un sólo momento, cada una de tales prestaciones constituye un acto ‘autónomo’ frente a las demás y, por ende, un acto ‘exigible’ en su particular período, momento o fecha de causación.
La naturaleza anunciada de esta clase de prestaciones ha dado lugar, entre otras cosas, a que la calidad de pensionado se tenga como un verdadero y específico ‘status’ jurídico de la persona humana, en otras palabras, como una situación jurídica concreta que en la más de las veces se extiende por el resto de su existencia; como también, que a la ‘pensión laboral’ se la vea como una prestación social no pasible de extinguirse por prescripción alguna, como sí cada una de las prestaciones que de ella proceden.
De esa suerte, nacida la obligación pensional con el cumplimiento de los requisitos preestablecidos para el efecto, surge el derecho de ser reclamada por su beneficiario, en este caso, por el trabajador o por sus causahabientes. De no reconocerse espontáneamente o como resultado de la dicha reclamación, puede impetrarse la acción judicial para su reconocimiento, que no para su estructuración, por ser sabido que el derecho se constituye cuando se cumplen sus exigencias o presupuestos, y la sentencia judicial lo que hace es declararlo.
Por eso, siendo la obligación pensional de tracto sucesivo, y en consecuencia implicar que cada uno de sus periódicas ejecuciones sea un acto particular y autónomo, no es válido sostener que el pago anticipado de su valor, constituya per se un objeto ilícito, por ser inequívoco que la institución jurídica del pago, específicamente del ‘pago efectivo’ no es ni más ni menos que ‘la prestación de lo que se debe’ (artículo 1626 del Código Civil) y el ‘pago anticipado’ la satisfacción o solución del crédito eliminando el plazo o condición a que estuviere sujeto. Luego, nada más contrario a la invalidez de una obligación que su solución, pago o satisfacción.
El pago anticipado de las mesadas pensionales, o como en este caso el de los mayores valores a cargo del empleador por efecto de la subrogación del riesgo amparado inicialmente y de manera directa por el empleador al ente de seguridad social, en manera alguna afecta los predicamentos ciertos e indiscutibles que de ella se pueden hacer, esto es, la condición o calidad de ‘pensionado’ de su beneficiario, pues la conserva a plenitud en virtud de la dicha subrogación del riesgo en el ente de seguridad social; y su valor, coste o representación, pues el pago anticipado ya se vio es simplemente la aceleración de una plazo; ni deriva en objeto ilícito, pues no implica renuncia o pérdida del derecho, sencillamente, su cumplimiento anticipado, tal cual ya igualmente se vio.
Lo que no es dable confundir, como lo hace el recurrente y lo replica la demandada, son los llamados ‘pactos únicos de pensión futura’ con los pactos de pago anticipado de mesadas pensionales futuras, pues en tanto los primeros comportan la negociación de una expectativa pensional, sujeta en aras de su protección por ciertas condiciones de orden administrativo tributario y laboral, como las exigidos por el Estatuto Tributario en salvaguarda de los derechos del trabajador; los segundos entrañan el pago de mesadas que recaen sobre una pensión adquirida y, por tanto, innegociable como pensión, irrenunciable como derecho, pero susceptible de solucionar o pagar anticipadamente.
La sentencia CSJ SL, del 17 de jun. de 1993, rad.5761, que el Tribunal invocó en sustento de su decisión y que la opositora atinadamente cita, cobra plena vigencia para respaldar el anterior criterio, que en su momento expuso la Corporación en los siguientes términos:
“Por último, existe notoria diferencia entre las mesadas pensionales causadas, las cuales no pueden ser objeto de conciliación, y las eventuales que son las que están en curso de adquisición por el transcurso del tiempo. Estas últimas son las que pueden solucionarse anticipadamente mediante el pacto único de pensiones de jubilación, previo el cumplimiento de los requisitos señalados por el Estatuto Tributario, como son, la celebración del pacto por escrito, la presentación del cálculo actuarial y la aprobación del mismo por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Instituto de Seguros Sociales.
“El pacto así celebrado constituye garantía de seguridad para el trabajador pensionado, especialmente cuando se está frente al cierre, liquidación o notable estado de descapitalización del empleador, que pueden hacer nugatorio el derecho pensional de los trabajadores afectados por tales circunstancias”.
Conforme a los anteriores lineamientos, se insiste que el objeto de la conciliación fue un sistema de pago anticipado de los incrementos pensionales que se causaran entre el 2006 y 31 de diciembre 2010, por lo que constituyendo una obligación de tracto sucesivo, cuyos momentos de exigibilidad son autónomos e independientes, resulta dable afirmar que el pago anticipado de los reajustes convencionales reconocido en la conciliación, es licito, pues se insiste, ello no afecta el derecho cierto e indiscutible de los demandantes de ser pensionados, ni mucho menos de la conservación de reajuste pensional deprecado para los incrementos pensionales que se dieron con posterioridad al periodo objeto de conciliación, mientras persistan las causas que le dieron origen.
Sobre la validez de la conciliación y sus efectos, la Sala en la sentencia CSJ SL49900-2018 en la que se recordó lo dicho en la CSJ SL19457-2017, en la que rememoró la CSJ SL15179-2017, que a su vez reiteró la CSJ-SL, del 14 de jun. 2011, rad. 38314, CSJ-SL del 24 de en. 2012, rad. 44039, se dijo:
[…]
2º) Entorno a la validez de la conciliación y el efecto de cosa juzgada Concerniente a la conciliación, como forma anormal de terminación de los procesos o como modo amigable de evitar futuros pleitos, esta sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, del 6 de jul.1992, rad. 4624, de la extinguida Sección Segunda, siguiendo las orientaciones de la Sala Plena de la Corporación, que en ese entonces actuaba como guardiana de la Constitución de 1886, así como la de otros pronunciamientos de las dos secciones de la sala que al efecto citó, y la opinión autorizada de un conocido tratadista nacional que igualmente trascribió, sentó la regla de que el efecto de cosa juzgada que los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo le atribuían a la conciliación producida en juicio o fuera de él, solo era válido «si además de cumplirse a cabalidad con los requisitos externos de validez del acto se configura un real acuerdo conciliatorio que no vulnera para nada la ley». Para esta conclusión, la Sección Segunda acogió la tesis de que la conciliación es un desarrollo de la autonomía de la voluntad, y desechó la otra en boga, según la cual la conciliación es un acto procesal, que como tal impedía su enervación en proceso posterior.
Reiteró la Corte en esa oportunidad, que la conciliación «trata esencialmente de un acuerdo de voluntades sometido a una solemnidad ad substantiam actus; y por ser un acto o declaración de voluntad, queda… sujeta para su validez y eficacia a que se cumplan los requisitos que de manera general exige el artículo 1502 del Código Civil».
Así mismo precisó, respecto de la transacción, y luego de recalcar las diferencias sustanciales y procesales que tenía con la conciliación, «que si bien la transacción al igual que la conciliación producen el efecto de cosa juzgada en última instancia, siempre podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión cuando mediante cualquiera de tales actos o declaraciones de voluntad se transgrede la ley».
Luego, en providencia CSJ SL, del 4 de mar. 1994, rad. 6283 la Corte fue enfática en advertir que «cuando la conciliación es llevada a cabo ante funcionario competente, juez laboral o inspector del trabajo, produce por virtud de los artículos 20 y 78 del C.P. de T., el efecto de cosa juzgada. Lo anterior conlleva a que la conciliación no pueda, en principio, ser modificada por decisión alguna. Por tanto, la conciliación como las sentencias, no sólo son obligatorias, sino que, por virtud de ese efecto, son definitivas e inmutables».
En este orden, fuerza concluir entonces la validez y eficacia de la que gozan las conciliaciones aprobadas por el inspector de trabajo, la que tiene los mismos efectos de una sentencia debidamente ejecutoriada.
Acorde con los anteriores argumentos, resultaba dable casar el fallo fustigado, y en instancia, revocar la decisión condenatoria de primer nivel, en lo atinente a la procedencia de los reajustes deprecados, pues se itera, la conciliación que suscribieron los accionantes y recayó sobre los tantas veces referidos incrementos pensionales, no constituye un derecho cierto e indiscutible, y en tal virtud eran perfectamente válidos los acuerdos conciliatorios que se hicieron sobre los mismos.
En los anteriores términos, dejo consignada mi discrepancia.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado