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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3086-2019

Fecha
30 de julio de 2019
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3086-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil catorce (2014) por la Sala Segunda Fija de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral que instauró JORGE ENRIQUE ZABALETA OSPINO contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. y al que fue integrado como litisconsorte necesario el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA -SINTRAELECOL-. Sin costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3086-2019

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

30 de julio de 2019

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL3086-2019

Radicación n.º 71596

Acta 25

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., ELECTRICARIBE S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Segunda Fija de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante providencia del 30 de septiembre de 2014, en el proceso que instauró en su contra JORGE ENRIQUE ZABALETA OSPINO y al que fue integrado como litisconsorte necesario el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA -SINTRAELECOL-.

ANTECEDENTES

Jorge Enrique Zabaleta Ospino presentó demanda contra la empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. (en adelante Electricaribe S.A.), con el fin de que se declarara la «[…] ineficacia e inaplicabilidad del acuerdo suscrito el 18 de septiembre de 2003 entre ELECTROCOSTA S.A. E.S.P. y el sindicato de trabajadores SINTRAELECOL, en especial el artículo 51».

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condenara al reconocimiento de la pensión de jubilación convencional de que trata el artículo 5º de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1978, a partir del 23 de febrero de 2005 y en cuantía mensual equivalente al «[…] 100% del promedio devengado durante el último año de servicio». De igual forma, requirió el pago del retroactivo por concepto de la diferencia entre las mesadas causadas y las que le fueron canceladas; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de todas las sumas adeudadas.

Como fundamento de sus pretensiones, indicó que nació el 23 de febrero de 1955 y que laboró para la Electrificadora de Bolívar -que fue a su vez sustituida por la de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.-, entre el 1º de abril de 1980 y el 23 de febrero de 2005. Con lo cual, aseguró que, al haber acreditado los 20 años de servicio y los 55 de edad, tenía derecho a que le fuera concedida la pensión de jubilación prevista en el artículo 5º del texto convencional 1976-1978.

Acusó que la entidad accionada por medio de la comunicación n.º PEN-506-2007 del 28 de mayo de 2007, le otorgó la prestación económica solicitada a partir del 16 de junio del mismo año, pero con base en el artículo 51 del acuerdo extralegal suscrito entre la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. hoy Electricaribe S.A., y Sintraelecol el 18 de septiembre de 2003.

En ese orden de ideas, argumentó que las condiciones con las que recibió la pensión de jubilación fueron significativamente desfavorables a las que, en virtud de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1978, le hubieran correspondido, dado que no le fue calculado el valor de la primera mesada pensional con el 100% del promedio del salario que devengó durante el último año laborado.

Por último, agregó que el acuerdo que modificó el texto convencional resultaba ineficaz, comoquiera que desmejoró las condiciones de los trabajadores, aunado a que no fue discutido dentro del marco de una negociación colectiva.

Al contestar la demanda, Electricaribe S.A., se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia de la relación laboral, así como sus extremos temporales. Adicionalmente, admitió la adjudicación de la pensión en los términos aducidos por el actor.

Sin embargo, dijo que no era conducente declarar la ineficacia del acuerdo extraconvencional suscitado, toda vez que el mismo se suscribió en cumplimiento de las exigencias legales previstas para ello, a saber, las contenidas en los artículos 367 del Código Sustantivo del Trabajo y 16 de la Ley 11 de 1984.

En su defensa, propuso las excepciones de falta de legitimación por activa del accionante y prescripción.

En lo que concierne a la organización sindical Sintraelecol, se tiene que la misma fue integrada al proceso como litisconsorte necesario, y que, a su vez, no dio respuesta a la demanda.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, mediante sentencia del 6 de septiembre de 2013, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción presentada por la demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. frente a la declaratoria de ineficacia que se va a declarar en el numeral segundo. Por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la ineficacia e inmediatamente SEÑALAR que no debe ser aplicado del (sic) artículo 51 del acuerdo de 18 de septiembre de 2003 por lo señalado en la parte motiva y conforme lo establecido sobre ese acuerdo convencional entre el sindicato SINTRAELECOL Y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

TERCERO: como consecuencia de (sic) numeral segundo debe condenarse a (sic) demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a reconocer y pagar al demandante pensión de jubilación convencional en cuantía del 100% del valor del salario promediado del último año de servicios teniendo en cuenta lo analizado en la parte motiva a partir del cumplimiento de los 50 años de edad esto es febrero 23 de 2006. Así mismo se debe establecer que para determinar ese valor debe realizarse entonces desde el 23 de febrero de 2006 a 23 de febrero de 2005 el promedio de los salarios devengados por el actor en ese año y aplicar el 100% sobre ese salario, con los reajustes legales de ley así teniendo en cuanta (sic) lo establecido por el IPC del DANE conforme lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a pagar al actor JORGE ZABALETA OSPINO sumas o las diferencias que se deriven de las mesadas pensionales causadas desde el 23 de febrero de 2006 hasta la fecha y las que se sigan causando posterior hasta que se haga su respectivo reconocimiento. Deben hacerse indexada de acuerdo a lo motivo de la sentencia y teniendo en cuenta que no operó la prescripción.

QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. para lo cual se fijan como agencias en derecho, la suma de Veinte (20) salarios mínimos legales vigentes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 392 del C.P.C. modificado por la Ley 1395 de 2010, y en armonía con lo dispuesto en el punto 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Toda vez que es una obligación de tracto sucesivo por lo tanto no hay cuantía estimatoria. Conforme la parte motiva de la decisión.

SEXTO: CONDENAR a la demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a reconocer y pagar las sumas derivadas de la mesada o diferencias en forma indexada según el numeral 4 de esta sentencia.

SÉPTIMO: ABSOLVER a la demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. de la pretensión de intereses moratorios descrito en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Conforme lo expuesto en la parte motiva de esta.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Tras apelación presentada por Electricaribe S.A., la Sala Segunda Fija de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante providencia del 30 de septiembre de 2014, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero, segundo, quinto, sexto y séptimo de la parte resolutiva del fallo proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito el día 6 de septiembre de 2013.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido que la pensión de jubilación convencional a la que se hizo acreedor el actor, deberá reconocerse en un cien por ciento del salario devengado por el actor en el último año de servicio, a partir del 16 de junio de 2007, es decir a partir de la fecha en que le fue reconocida la pensión de jubilación, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido que las diferencias pensionales a las que se hizo acreedor el actor, deberán pagarse a partir del 15 de junio de 2007.

Para fundamentar su decisión, el ad quem precisó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo, las convenciones solo pueden ser revisadas en los casos en que se existan graves alteraciones a la normalidad económica. Así las cosas, estimó que el Acuerdo Extralegal del 18 de septiembre de 2003 no debía entenderse como una forma de verificar o aclarar las normas de la convención colectiva de trabajo vigente para ese momento, sino que, por el contrario, lo que buscó fue modificar expresamente uno de sus artículos, esto es, aquel correspondiente a la pensión de jubilación.

En consecuencia, indicó que no era válido el artículo 51 del mencionado acuerdo, toda vez que este desmejoró las condiciones para acceder a la prestación pensional a través del aumento del tiempo mínimo para causar el derecho y reduciendo el monto de esta de un 100% a un 75% del salario devengado dentro del último año de servicios.

Sobre este punto, el juez plural planteó lo siguiente:

Asimismo, a folios 30 a 45 del expediente obra copia de la convención colectiva vigente para los años 1982 a 1983, la cual, en su artículo primero dispuso: “continuarán vigentes las prestaciones y derechos consagrados en las disposiciones y estipulaciones de convenciones colectivas, actas de conciliaciones y laudos arbitrales anteriores que más favorezcan a los trabajadores y que no han sido modificados por los artículos de la presente convención.

A folio 48 a 91 del expediente reposa copia del Acuerdo de fecha 18 de septiembre de 2013, celebrado entre la empresa demandada y su sindicato de trabajadores, el cual, en su artículo 51, estableció que, a partir del 1° de enero de 2004, se incrementaría en años de servicios el derecho para acceder a la pensión e, igualmente, el salario base para la liquidación de dicha prestación sería el correspondiente a un porcentaje del 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio. Al comparar lo dispuesto por el artículo quinto de la convención colectiva vigente para los años 1976 a 1978 con lo dispuesto en el citado acuerdo, se observa que éste aumentó el tiempo mínimo de requerido para acceder a la pensión de vejez y redujo el monto de la pensión de un 100% a un 75% del salario devengado en el último año de servicio. Como ya se había anotado, los acuerdos posteriores a una convención colectiva tienen plena validez cuando con ello se busca aclarar aspectos oscuros de la misma, lo cual, no ocurre en este caso, pues el citado acuerdo no sólo modificó lo dispuesto por la convención colectiva vigente, sino que también desmejoró las condiciones para acceder a la pensión de los beneficiarios de la misma, por tanto, no es procedente su aplicación respecto del demandante.

Ahora bien, en lo que atañe a la fecha desde la cual debió concederse el disfrute de la pensión, el Tribunal manifestó que debía ser el 16 de junio de 2007 -momento en que el actor dejó de laborar al servicio de Electricaribe S.A.-, y no el 23 de febrero de 2006 -calenda en la que cumplió los requisitos exigidos dentro de la Convención Colectiva de Trabajo-, tal y como equivocadamente lo entendió el a quo, pues lo cierto es que no era factible percibir dos asignaciones por parte de un mismo empleador aunque tuvieran distinta naturaleza.

Finalmente, respecto de la prosperidad parcial de la excepción de prescripción, el juez colegiado argumentó que,

[…] lo pretendido en este caso es la inaplicación de un acuerdo que modificó una convención, con la finalidad de que le sea reconocida al trabajador la pensión de jubilación en los términos en que venía establecida en ese acuerdo convencional, luego, la ineficacia que se pretende sólo tiene efectos respecto al actor a partir del momento en que se causó su pensión, pues se está frente a una situación particular y concreta que sólo se materializa cuando se cause la prestación convencional reclamada y, por ello, los términos para contar la prescripción para solicitar la inaplicación de sus efectos sólo se cuentan en este caso a partir del 2007, fecha en que se causó el derecho. Por tanto, al haber presentado la demanda en marzo 29 de 2012, resultan afectadas por el fenómeno prescriptivo las diferencias de las mesadas pensionales causadas hasta el 29 de marzo de 2009, toda vez que entre la fecha en que se reconoció la pensión y la fecha en que se presentó la demanda trascurrieron más de 3 años, por tanto, deberá revocarse parcialmente lo decidido frente a este punto por el juez de primer grado.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandada Electricaribe S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente la «[…] CASACIÓN de la sentencia acusada en cuanto confirmó con modificaciones las condenas impuestas en la decisión de primer grado», para que, una vez constituida en sede de instancia, «[…] revoque la sentencia del A quo en su parte condenatoria para en su lugar disponer la absolución plena para mi mandante».

Con tal propósito, formuló dos cargos por la causal primera de casación, los cuales no fueron replicados y serán resueltos de manera conjunta a continuación.

PRIMER CARGO

Acusó la sentencia impugnada de violar,

[…] por la vía directa, por infracción directa de los artículos 4º del convenio 98 de la O.I.T (aprobado por ley 27 de 1976); 2º a 8º del convenio 154 de 1981 de la OIT (aprobado por ley 424 de 1999); 13, 14 del C.S.T.; por aplicación indebida de los artículos 48, 53 de la Constitución; 1502, 1602 del C.C.; 16, 260, 373, 376, 432 a 436, 480, 488, 489 del C.S.T.; 1º de la ley 33 de 1985; 151 del C.P.T. y S.S. (violación medio); por interpretación errónea de los artículos 467, 469 del C.S.T.

En la demostración del cargo, la recurrente no estuvo de acuerdo con que el Tribunal hubiera declarado la ineficacia del artículo 51 del Acuerdo Extralegal del 18 de septiembre de 2003 suscrito entre Sintraelecol y Electricaribe S.A., sin haber tenido en cuenta que el mismo estuvo ajustado a las previsiones jurisprudenciales que ha efectuado esta Sala con base en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Así, a su juicio, no obra norma expresa o precedente alguno que impida a las partes celebrar convenios que versen sobre distintos fines, entre ellos, modificaciones pertinentes y necesarias de las convenciones colectivas de trabajo.

Incluso, aclaró que este tipo de acuerdos habían de reputarse válidos a pesar de no haber sido creados bajo las mismas reglas de procedimiento que regulan la expedición de las convenciones. Lo anterior, pues según el artículo 4º del Convenio 98 de la OIT, debían respetarse todas las manifestaciones de voluntades surgidas entre empresas y sindicatos, tendientes a regular las relaciones laborales de sus trabajadores.

Ahora bien, aclaró que en ningún momento el acuerdo extralegal fue creado para afectar los derechos mínimos de naturaleza legal existentes, motivo por el cual debía entenderse que no fue vulnerado el principio de irrenunciabilidad que permea todos los asuntos laborales y de la seguridad social.

Sobre este punto, la casacionista expuso:

Las disposiciones siguientes en el contexto del mismo convenio ratifican esa postura de amplitud frente a los acuerdos entre empleadores y trabajadores o sindicatos, señalando que para formalizar los mismos se puede acudir a diferentes mecanismos como claramente se desprende del contenido del artículo 5º de cuyo texto se puede concluir que la posición que asumió el Tribunal es abiertamente contraria a lo que mandan los convenios de la OIT que se tachan por este ataque de infringidos directamente. Es decir, la exigencia contenida en la sentencia que ahora se acusa de violatoria de la ley, según la cual toda modificación de un texto convencional exige la tramitación de un conflicto colectivo, es totalmente contraria a lo que se expresa en los convenios de la OIT cuya aplicación a este caso se reclama por la parte demandada en esta censura.

Se reitera que no se desconoce que se puede acudir a los acuerdos entre el empleador y el sindicato para aclarar el contenido de la convención colectiva de trabajo que es lo que enseña la sentencia de esa H. Sala que el Tribunal citó, pero no es acertado considerar que ese es el único objeto posible para estos acuerdos complementarios cuando las disposiciones internacionales citadas, de aplicación obligatoria en el ámbito de nuestra legislación interna, van más allá y permiten acuerdos como el celebrado el 18 de septiembre de 2003 por mi mandante y por Sintraelecol.

La ausencia de aplicación y la indebida aplicación de las disposiciones señaladas llevó al Tribunal a introducir un elemento interpretativo equivocado de lo señalado en el artículo 467 del C.S.T., en el cual no se indica la condición que puso el Ad quem para validar el acuerdo extraconvencional cuestionado en cambio, sí se plasma la naturaleza contractual de la convención colectiva que significa que proviene de un acuerdo de las partes y, como tal, puede igualmente ser modificado por la misma vía.

[…]

Lo expresado explica los yerros jurídicos en que incurrió el Tribunal y que imponen el quebrantamiento de su sentencia pero para el efecto y con el fin de ser también tenidos en cuenta en la actuación de instancia, se adicionan estos otros argumentos.

El Tribunal declaró o no prohijó la declaratoria de la inaplicabilidad de un convenio en el que el demandante no fue partícipe directo ni único celebrante, con lo cual afectó los derechos o los intereses de todos los demás cobijados por el acuerdo del 18 de septiembre de 2003.

El Tribunal desconoció la facultad de representación de los sindicatos sobre sus afiliados y pasó por encima de la titularidad del sindicato como parte del acuerdo en cuestión.

El Tribunal no tuvo en cuenta que al declarar la inaplicabilidad del acuerdo ha debido disponer el retorno de las cosas a su punto de origen con la consecuente obligación del demandante, y de todos los cobijados por el acuerdo, de devolver los beneficios que hubieran recibido.

El Tribunal restringió al caso del demandante los efectos de un convenio o acuerdo dirigido a una multitud de beneficiarios del mismo, como si fuera posible tal fraccionamiento de las condiciones jurídicas de un acuerdo.

El Tribunal no tuvo en cuenta que la titularidad del derecho para demandar en lo concerniente con el acuerdo en comento, se encuentra exclusivamente en cabeza del sindicato SINTRAELECOL por ser quien fungió como parte en el contrato.

El Tribunal desconoció la voluntad de los integrantes del sindicato, prioritaria sobre la del solo demandante, expresada en las autorizaciones que expidieron para la suscripción del acuerdo y en la aprobación que manifestaron respecto del texto mismo.

SEGUNDO CARGO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial «[…] por la vía indirecta y por aplicación indebida de los artículos 260, 373, 432, 467, 469, 478, 480 del C.S.T.».

Señaló los siguientes errores evidentes de hecho:

Afirmar en contra de lo evidente, cuando revisó el contenido del acuerdo del 18 de septiembre de 2003, que “no se desprende de su texto que las causas que le dieron origen fueran aquellas a que alude la norma en cita [art. 480 CST]”.

No dar por demostrado, estándolo, que las partes que suscribieron el acuerdo del 18 de septiembre de 2003, dejaron expresa constancia de la necesidad de celebrar tal acuerdo para “contribuir a lograr la viabilidad financiera de la Empresa”.

Enumeró como pruebas erróneamente apreciadas,

Texto del Acuerdo suscrito entre ELECTROCOSTA y SINTRAELECOL el 18 de septiembre de 2003 (fs. 48 a 91).

Convenciones colectivas de trabajo 1976-1978 y 1982-1983 (fs. 25 a 45).

En la demostración del cargo, el recurso de alzada expuso que se cumplieron los presupuestos del artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo para efectos de habilitar la revisión de una convención colectiva de trabajo. Con lo cual, el Acuerdo Extraconvencional del 18 de septiembre de 2003 no era otra cosa que la forma en que las partes -Sintraelecol y Electricaribe S.A.-, buscaron menguar las alteraciones de la normalidad económica y «[…] lograr la viabilidad financiera de la Empresa».

Por lo anterior, el recurrente concluyó que,

En este caso, las partes se pusieron de acuerdo sobre la existencia de una situación de inestabilidad financiera de la Empresa y dejaron constancia de ello en el texto del acuerdo, con lo cual resulta evidente que sí se cumplió con el requisito que el Tribunal consideró ausente, sencillamente porque no apreció adecuadamente el texto del acuerdo de septiembre 18 de 2003 que aparece a partir del folio 480 del expediente.

En la parte inicial de la hoja 7 del acuerdo (f.54) se observa la anotación que anteriormente se transcribió.

Tal expresión es contundente en cuanto a que la Empresa en tal momento se encontraba en condiciones que la hacían inviable, lo que equivale a decir, aunque con palabras diferentes, que había una situación de alteración de la normalidad económica, y en la real existencia de tal anormalidad estuvieron de acuerdo empresa y sindicato como se concluye del reconocimiento que en tal sentido hicieron las dos partes.

Salta a la vista el desatino del Tribunal al no tener por cumplidas las condiciones exigidas por el artículo 480 del C.S.T. para tener por viable la revisión de la convención colectiva de trabajo prevista en la citada disposición.

Se incluye como mal apreciados los textos convencionales en los que se apoyó el ad quem porque de haber visto el Tribunal que sí era procedente tener el convenio del 18 de septiembre de 2003 como una exposición de la figura de la revisión de la convención colectiva de trabajo, no hubiera acudido a los textos convencionales en cuestión cuya apreciación, por tal motivo, resultó errada.

CONSIDERACIONES

Del análisis de los dos cargos presentados, encuentra la Sala que los problemas jurídicos a resolver se contraen a determinar: (i) si había lugar a modificar el texto extralegal referido, de conformidad con la figura jurídica de la revisión plasmada en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo; y (ii) si erró el Tribunal al considerar que el artículo 51 del Acuerdo Extraconvencional suscrito el 18 de septiembre de 2003 entre Electricaribe S.A. y Sintraelecol, era ineficaz por cambiar las condiciones para acceder a la pensión de jubilación de sus trabajadores.

Del Acuerdo Extralegal suscrito el 18 de septiembre de 2003: finalidad y alcance

Ha sido objeto de estudio para esta Corporación, lo atinente al rol que desempeñan los acuerdos extra convencionales celebrados entre un sindicato y la empresa con posterioridad a la suscripción de una convención colectiva de trabajo. Al respecto, se estableció que, por una parte, existen aquellos que tienen la condición de ser aclaratorios, es decir, los que buscan remediar las confusiones o dicotomías que emanan del ejercicio hermenéutico de un instrumento convencional; por otro lado, están los modificatorios, que buscan principalmente cambiar aspectos sustanciales que ya fueron en su momento acordados o, según el caso, introducir unos nuevos (CSJ SL12575-2017).

En cualquiera de las dos categorías, lo cierto es que no son exigibles las formalidades consagradas en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, para efectos de reputar, en principio, como válidos los acuerdos a los que hubieren arribado las partes.

No obstante, en lo que concierne a los acuerdos modificatorios, se ha definido con suficiencia que estos deben siempre propender a mejorar las condiciones que previamente fueron pactadas por las partes a través de la creación de una convención colectiva de trabajo, so pena de resultar inaplicables. En otras palabras, serán ineficaces todos aquellos documentos que cambien los derechos contenidos en un acuerdo extralegal y que representen un desmedro para los trabajadores por él cobijados (CSJ SL2105-2015).

Así las cosas, descendiendo al sub examine se tiene que el artículo 51 del Acuerdo Extralegal suscrito el 18 de septiembre de 2003, ya ha sido revisado por la Sala, concluyendo a través de su reiterada y pacífica jurisprudencia (CSJ SL16875-2017, CSJ SL2588-2018, CSJ SL2392-2018, CSJ SL2417-2018, CSJ SL 1546-2018, CSJ SL750-2018, CSJ SL2914-2018, CSJ SL1178-2018, CSJ SL1217-2018, CSJ SL1197-2018, CSJ SL20006-2017, CSJ SL12575-2017, CSJ SL13649-2017, CSJ SL2105-2015, CSJ SL, 3 julio 2008, radicación 32347 y CSJ SL, 20 junio 2012, radicación 39744, entre otras), que los efectos del mismo resultaron regresivos para todos aquellos trabajadores que pretendieron causar el derecho a la pensión de jubilación en virtud del artículo 5º de la Convención Colectiva 1976-1978, por lo que inexorablemente debía tenerse como ineficaz.

En tal sentido, la providencia CSJ SL13649-2017, resolviendo un caso de idénticos contornos y en donde medió como parte la misma entidad accionada, dispuso:

De lo anterior, resulta claro que ese documento o acuerdo extra convencional no se propuso hacer más inteligible la convención colectiva para entonces vigente ni mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que su propósito fue el de transformarla en el sentido de aumentar el tiempo de servicios establecido para causar la prestación.

En ese orden, la modificación convencional que se pretendió introducir a través del referido acuerdo extra-convencional, resulta inadmisible jurídicamente por ese medio, pues dicha convención ya había sido suscrita por las partes y debidamente depositada ante el Ministerio del Trabajo, tal y como lo ordena el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo.

Dicho de otra manera, cumplidas las formalidades de la negociación colectiva y de su depósito ante la autoridad competente, se hizo realidad convirtiéndola en ley para las partes, irreversible desde el punto de vista jurídico y de imperativo cumplimiento mientras no fuera anulada; en consecuencia, la única posibilidad viable para que se aumentaran los requisitos establecidos para causar la prestación, era, precisamente, a través de su denuncia o, si se presentaba el supuesto, mediante la revisión de que trata el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo.

De ahí, que ningún punto que hubiese sido regulado por la Convención Colectiva de Trabajo podía modificarse a través de un documento, salvo, se itera, si el mismo tiene por finalidad incrementar los beneficios ya establecidos en aquella.

De la figura de la revisión contenida en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo

La fundamentación hecha por la casacionista en el segundo cargo tiene que ver con el hecho de que el Acuerdo Extralegal suscrito el 18 de septiembre de 2003 fue el medio por el cual Sintraelecol y Electricaribe S.A., modificaron la Convención Colectiva de Trabajo en su momento vigente, legitimados por la figura de la revisión del artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por ende, dijo que de haber sido valorada en debida forma la documental de folio 54 del cuaderno principal, habría concluido que el objeto del tantas veces mencionado acuerdo adicional no era otro que «[…] lograr la viabilidad financiera de la Empresa».

Al respecto, se tiene que, ciertamente, el citado artículo 480 constituye un mecanismo a través del cual las partes pueden modificar una convención colectiva de trabajo, siempre que «[…] sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica».

Sin embargo, esta Corporación ya analizó en casos similares la exposición de motivos del Acuerdo Extralegal suscrito el 18 de septiembre de 2003 (visible en los folios 48 a 90 del primer cuaderno), y determinó que este no obedeció a la necesidad de menguar alteración económica alguna, sino que, por el contrario, buscó la unificación de distintos textos convencionales.

En ese orden de ideas, el fallo CSJ SL13649-2017, consideró que,

La empresa ha tenido en cuenta que el día 4 de agosto de 1998, mediante (…) escrituras públicas (…) se perfeccionó la trasferencia de activos de las Electrificadoras Bolívar, Magangué, Córdoba y Sucre, y los convenios de sustitución patronal nexos a los mismos, manteniendo cada una de ellas sus propios regímenes convencionales, vigentes en los Distritos que hoy están agrupados en una sola Empresa (…), lo que implica especial dificultad para alcanzar en el futuro un régimen convencional único.

Este nuevo Acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores de Electrocosta de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (Sintraelecol) y la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.( ELECTROCOSTA) es el resultado del esfuerzo conjunto de las partes para un nuevo avance al propósito de unificación convencional, en lo que se refiere a condiciones laborales sin perjuicio de los regímenes convencionales existentes en cada Distrito en la forma en que quedan incorporados en los anexos del mismo.

[…]

Este Acuerdo contribuye a seguir desarrollando el modelo de relaciones y representa el avance en el interés de las partes para el establecimiento de un régimen convencional único de las distintas convenciones vigentes en la Electrificadora (…).

En este contexto, las partes reconocieron igualmente, que se hizo necesario concluir el presente Acuerdo como condición para contribuir a lograr la viabilidad financiera de la Empresa.

En tal virtud, es claro que el mencionado acuerdo no se dirigía a solucionar una imprevisible y grave alteración de la normalidad económica, circunstancia fáctica que exige el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo, para que se verifique la viabilidad de la revisión de una convención colectiva.

Por el contrario, los términos del acuerdo trascrito evidencian que para la demandada, desde mucho antes de la firma del acuerdo extra convencional, más concretamente, desde cuando decidió adquirir los activos de las electrificadoras que patronalmente sustituyó, era perfectamente previsible la existencia de múltiples acuerdos convencionales, al punto que fue ello lo que la condujo a implementar el camino hacia su unificación, con otro fin sucedáneo: propender por la viabilidad financiera de la empresa y precaver eventuales y futuras dificultades económicas.

Los cargos no prosperan en los términos en que fueron presentados.

Sin costas dado que no hubo réplica.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil catorce (2014) por la Sala Segunda Fija de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral que instauró JORGE ENRIQUE ZABALETA OSPINO contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. y al que fue integrado como litisconsorte necesario el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA -SINTRAELECOL-.

Sin costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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