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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3090-2023

Fecha
29 de noviembre de 2023
Magistrado ponente
Omar Angel Mejia Amador

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3090-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR infundada la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES (UGPP), contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 19 de agosto de 2021, dentro del proceso ordinario que en contra de la accionante adelantó TERESITA DE JESÚS ALVARADO OROZCO. Costas como se dijo en las consideraciones de esta decisión. SEGUNDO: En firme este proveído, por la Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue a los respectivos expedientes, al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. Cumplido lo anterior archívese.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3090-2023

Magistrado ponente: Omar Angel Mejia Amador

29 de noviembre de 2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado ponente

SL3090-2023

Radicación n.°93993

Acta 45

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala sobre la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta Sala Laboral el 19 de agosto de 2021 que modificó parcialmente la pronunciada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, el 7 de noviembre de 2018, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por TERESITA DE JESÚS ALVARADO OROZCO contra la recurrente.

Se autoriza para actuar dentro del presente asunto al abogado Jader Julián Pertuz Bolaño, identificado con tarjeta profesional número 105.497 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la demandada, en los términos y para los efectos del memorial allegado vía correo electrónico con la contestación de la demanda. (Anotación 13 Cno. digital Corte)

ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) presentó ante esta Corporación revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Laboral el 19 de agosto de 2021 que modificó parcialmente la pronunciada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, el 7 de noviembre de 2018, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Teresita de Jesús Alvarado Orozco contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a efecto de que (i) se invalide la señalada sentencia, que modificó parcialmente la de primer grado; (ii) se declare que a la señora Teresita de Jesús Alvarado Orozco no le asiste derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios reconocidos en virtud del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por el no pago de la mesada catorce o adicional de junio a partir del 1 de julio de 2014; (iii) que se declare que la señora Teresita de Jesús Alvarado Orozco debe efectuar la devolución de las sumas pagadas en virtud de dicho reconocimiento, al no haber lugar al pago de valor alguno por el señalado concepto.

Como sustento de sus pretensiones señaló, en síntesis, que la ahora demandada Teresita de Jesús Alvarado Orozco nació el 5 de enero de 1956; que prestó sus servicios al Banco Popular del 22 de septiembre de 1975 al 19 de junio de 1979; al Instituto de Seguros Sociales Seccional Magdalena entre el 2 de julio de 1984 al 2 de enero de 1987; el 1 de agosto de 1995 al 30 de julio de 1996; el 2 de agosto de 1996 al 1 de diciembre de 1996 y del 18 de diciembre de 1996 al 30 de octubre de 2013; que desempeñó como último cargo el de auxiliar de servicios administrativos en el ISS seccional Magdalena; que el extinto Instituto de Seguros Sociales, en condición de empleador, mediante Resolución No. 1338 de 25 de octubre de 2013, reconoció la pensión de jubilación convencional a la hoy demandada en cuantía de $1.765.124, de conformidad con los artículos 98 y 101 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 y que luego asumió la recurrente; la aquí demandada solicitó el reconocimiento y pago de mesada catorce y la UGPP lo negó.

Que Colpensiones a través de Resolución GNR 27227 de 23 de enero de 2017, otorgó pensión de vejez de naturaleza compartida, conforme al Decreto 758 de 1990, a partir del 18 de enero de 2014, en cuantía inicial de $1.044.062 y con un retroactivo pensional de $46.576,702 el cual fue girado a la entidad recurrente.

Que por Resolución RDP 010528 de 15 de marzo de 2017 la UGPP en virtud de la compartibilidad ajustó la mesada pensional de la ahora demandada y ordenó el reintegro del mayor valor percibido por concepto de mesadas cobradas de más por la pensionada, entre el 18 de enero de 2014 y la fecha de inclusión en nómina; por Resolución RDP 028572 de 17 de julio de 2017, la UGPP determinó los mayores valores recibidos por la pensionada sin corresponder, por concepto de compartibilidad pensional, y con cargo a Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones por conducto del Tesoro Público.

Ante la decisión adversa a la solicitud de reconocimiento y pago de la mesada adicional de junio, la señora Alvarado Orozco, instauró proceso ordinario laboral contra la UGPP, el cual correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, con sentencia de 7 de noviembre de 2018, puso fin a la primera instancia y dispuso:

Primero: Declarar que la señora TERESITA DE JESÚS ALVARADO OROZCO, con cédula de ciudadanía número 36535643, le asiste el derecho a que se le reconozca y pague por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, la mesada 14 o adicional de junio, conforme a lo dicho en la parte motiva de esta decisión.

Segundo: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la demandada de conformidad conforme a lo expresado en las motivaciones de este proveído. (Dicho lo anterior, como quiera que la pensión reconocida a la señora Teresita de Jesús Alvarado Orozco por la UGPP se hizo bajo los parámetros de una convención colectiva de trabajo, es decir no se encuentra integrada a la Ley 100 del 93. el despacho concluye que la demandante no tiene derecho al pago de estos intereses moratorios que reclama, por lo que se absolverá a la parte demandada por esta pretensión, además se tiene probado en el expediente que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones hizo el reconocimiento oportuno de las mesadas pensionales a la demandante y en cumplimiento de las normas aplicables al caso, en atención a la compartibilidad de la pensión procedió a girar el retroactivo a la entidad jubilante, por lo que no encuentra esta juzgadora acreditado en este caso la prosperidad de estos intereses, regidos por el Artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por lo que se absolverá a la, a las demandadas de tal pretensión).

Tercero: Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP a pagar a la señora TERESITA JESÚS ALVARADO la suma de siete millones cuatrocientos sesenta mil doscientos noventa punto setenta pesos ($7.460.290,70) por concepto de mesada adicional o mesada 14, desde el año 2014 hasta el año 2018, de conformidad con lo dicho en precedencia y se ordena la inclusión en nómina de pensionados a partir de la mesada del mes de junio del 2019, en atención al mayor valor de esta mesada, de acuerdo a lo dicho en las motivaciones de este proveído.

Cuarto: Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, a indexar la suma objeto de condena en el momento en que proceda a realizar el real y efectivo pago de los incrementos adeudados, teniendo en cuenta para tal efecto el valor del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, entre la fecha de causación y el momento del pago, conforme a las motivaciones de esta decisión y a la fórmula que haga parte integrante del acta de esta audiencia

Quinto: Absolver a COLPENSIONES de todos los pedimentos de la demanda elevada por la señora TERESITA DE JESUS ALVARADO OROZCO, de acuerdo a las manifestaciones efectuadas en precedencia en esta decisión…

Así mismo, concedió el grado jurisdiccional de consulta en favor de la UGPP e impuso costas a cargo de la demandada.

Mediante sentencia de 19 de agosto de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, definió la alzada propuesta por las partes y el grado jurisdiccional de consulta, donde resolvió:

PRIMERO: ADICIONAR a la sentencia de fecha 7 de noviembre de 2018, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por TERESITA DE JESÚS ALVARADO OROZCO contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - UGPP, y en su defecto:

OCTAVO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - UGPP al pago de los intereses moratorios teniendo en cuenta la tasa máxima legal al momento del pago. Lo anterior, en los siguientes términos:

Mesada adicional de 2014: A partir del 1 de julio de 2014.

Mesada adicional de 2015: A partir del 1 de junio de 2015.

Mesada adicional de 2016: A partir del 1 de junio de 2016.

Mesada adicional de 2017: A partir del 1 de junio de 2017.

Mesada adicional de 2018: A partir del 1 de junio de 2018…

La confirmó en todo lo demás.

La anterior determinación, quedó debidamente ejecutoriada el 13 de septiembre de 2021.

Sin embargo, la entidad recurrente considera que en la señalada sentencia se incurrió abiertamente en la vulneración al debido proceso y la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, como quiera que se ordenó en favor de la señora Teresita de Jesús Alvarado Orozco el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 del de la Ley 100 de 1993, con desconocimiento de la normatividad legal y constitucional y de los precedentes constitucionales que existen sobre este tema, al ser incompatibles con la indexación, por lo cual, estima que resulta procedente la revisión interpuesta.

Aseguró la entidad accionante que de acuerdo a las causales contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, procede la revisión debido a que estima incompatible el reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación, lo que constituye una trasgresión a la Ley 100 de 1993, y los precedentes jurisprudenciales, por lo que resulta pertinente el trámite del presente asunto.

Admitida la revisión por esta Sala de la Corte, mediante providencia CSJ AL1596-2023, de 17 de mayo de 2023, y notificada a la demandada señora Teresita de Jesús Alvarado Orozco el 1º de agosto de la misma anualidad, en los términos del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.

Cumplido el trámite de rigor, la parte convocada, mediante vocero judicial, dentro del término legal, se opuso a todas las pretensiones; solicitó declarar infundada la revisión invocada por la UGPP contra la sentencia de 19 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y, en consecuencia, sea condenada en costas.

Aceptó los hechos relacionados con el tiempo de servicio y con la reclamación del derecho pensional convencional y la respuesta negativa; así como el trámite judicial para obtener el reconocimiento y pago de la referida pensión de jubilación convencional, con los resultados descritos en precedencia.

Indicó también que dada la negativa al reconocimiento de la mesada 14 instauró proceso ordinario laboral y se le reconoció el derecho pretendido, motivo por el cual los intereses moratorios concedidos en la segunda instancia resultan procedentes por lo que no existe dislate alguno. Sin proponer ningún medio exceptivo.

Surtido el trámite de rigor, procede la Sala a emitir la respectiva sentencia que en derecho corresponda, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 pueden ser invocadas, por la accionante la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo establecido en el Decreto 575 de 22 de marzo de 2013, artículo 6, se encuentra autorizada para «adelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen», de manera que existe plena legitimación para el ejercicio de la acción. Igualmente, esta Corporación es competente para conocer el asunto, en virtud a que se invocan las causales especiales de revisión contempladas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación en monto superior al valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin el respeto al debido proceso, el legislador consagró la revisión como mecanismo extraordinario, a efecto de evitar el llamado abuso del derecho, a la par, preservar el bien común (CSJ SL351-2018).

En el marco de este escenario, la entidad recurrente aduce que los intereses moratorios otorgados judicialmente a la señora Teresita de Jesús Alvarado Orozco se concedieron con violación al debido proceso y en cuantía que excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva, pues, en su sentir, contrario a lo ordenado en la decisión confutada, no es procedente su reconocimiento por corresponder a una pensión que no pertenece a la Ley 100 de 1993, lo cual constituye una trasgresión normativa y conlleva un reconocimiento de forma irregular.

De conformidad con los argumentos expuestos por las partes, corresponde a esta Sala de la Corte establecer: (i) la finalidad de la revisión consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; y (ii) si se configuran o no las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 alegadas por la entidad recurrente en el reconocimiento de los intereses moratorios a la demandada con violación al debido proceso y la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le son aplicables.

Finalidad de la revisión

Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la inmutabilidad de la sentencia y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin el respeto al debido proceso, el legislador consagró la revisión en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Ha adoctrinado esta Sala de la Corte que la revisión constituye un instrumento judicial, cuyo ejercicio busca introducir una excepción a la cosa juzgada para reivindicar y defender un interés superior: la protección del patrimonio público (CSJ SL351-2018), el cual es un bien sagrado de todos los colombianos que con el esfuerzo, trabajo y cumplimiento de los deberes se contribuye a su formación.

Ahora, en atención a la conexión que existe entre este trámite judicial y la salvaguarda de los recursos públicos, la revisión es un instrumento que a su vez fortalece los principios constitucionales: «de moralidad pública, la prevalencia del interés general sobre el particular y el respeto al debido proceso».

En los tres casos, el objetivo es idéntico: la defensa del patrimonio público, propender por erradicar la corrupción, la redefinición del monto de las pensiones según lo consagrado en la ley o los estatutos colectivos, y la garantía del derecho fundamental al debido proceso.

De las causales de revisión invocadas. El reconocimiento de los intereses moratorios a la demandada con violación al debido proceso y en cuantía que excede lo debido de acuerdo a la ley, pacto o convención.

Ahora bien, para elucidar si le asiste razón a la accionante en su reproche es menester memorar que no están sometidos a discusión los siguientes supuestos: i) que la señora Teresita de Jesús Alvarado Orozco laboró al servicio del Banco Popular, del Instituto de Seguros Sociales Seccional Magdalena; que el extinto Instituto de Seguros Sociales en su condición de empleador mediante Resolución No. 1338 de 25 de octubre de 2013, reconoció la pensión de jubilación convencional a la hoy demandada en cuantía de $1.765.124, en virtud de lo establecido en el artículo 98 y 101 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004; que Colpensiones por Resolución GNR 27227 de 23 de enero de 2017, otorgó pensión de vejez de naturaleza compartida, conforme al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, a partir del 18 de enero de 2014, en cuantía inicial de $1.044.062 y con un retroactivo pensional de $46.576,702 el cual fue girado a la entidad recurrente; que ante la negativa del reconocimiento de la mesada catorce inició proceso ordinario que culminó con la sentencia aquí confutada en la que se dispuso, además de confirmar el reconocimiento de la mesada adicional de junio o catorce a partir del año 2014, el reconocimiento de los intereses moratorios por su no pago.

Para la recurrente, se incurrió en las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que establecen, que procede la revisión «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», en razón a que las prestaciones reconocidas en el proceso ordinario laboral, concretamente los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 con desconocimiento de la normatividad constitucional y legal y los precedentes jurisprudenciales.

Corresponde, entonces, a la Corte dilucidar si le asiste la razón a la recurrente en la presente revisión orientada a dejar sin efecto lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en sentencia de 19 de agosto de 2021 en cuanto accedió al reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por el no pago de la mesada adicional de junio o mesada catorce a la demandada Teresita de Jesús Alvarado Orozco, pues con ello, se produce un deterioro en el erario y en los derechos de los coasociados.

Ahora, al examinar con detenimiento el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se advierte que la revisión procede contra sentencias que hayan decretado i) un reconocimiento que imponga la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o, ii) una pensión de cualquier naturaleza. Así mismo, la norma dispone que también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

De manera que el legislador consagró en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 las causales de revisión para controvertir sentencias, transacciones o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas a cargo del tesoro público, es decir, obligaciones que se van causando con el tiempo y que la entidad debe sufragar en forma habitual, periódica y a cargo del tesoro público.

De igual manera resulta pertinente memorar que la revisión es un mecanismo especial, toda vez que atañe a principios básicos del Estado Social de Derecho como lo son la cosa juzgada y la seguridad jurídica, por lo que el análisis que se haga en virtud de la misma debe realizarse a partir de estas precisas causales, sin la posibilidad de incluir unas nuevas o pretender extender las existentes a casos no previstos en la normatividad respectiva para desbordar el análisis por parte del juez.

Luego, no es procedente que con fundamento en las causales de revisión contempladas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se examinen erogaciones diferentes que no se enmarcan en esa definición, por tanto, los intereses moratorios no quedarían comprendidos bajo este mecanismo judicial de protección del erario, pues estos por su naturaleza no se generan como prestación periódica y de tracto sucesivo, vale decir, como los conceptos a los que se alude en la presente revisión cumplen una finalidad compensatoria o adicional al derecho prestacional, pues su objetivo es resarcitorio del perjuicio irrogado por la tardanza en que incurrió la entidad como reconocedora de la prestación.

Cumple citar lo razonado por esta Sala sobre un asunto de similares condiciones a las del presente en sentencia CSJ SL2426-2023, que reiteró la CSJ SL1016-2022, donde se señaló:

Al comienzo se indicó, que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, previó la revisión respecto del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro o de fondos de naturaleza pública, como mecanismo judicial para proteger las finanzas de esta naturaleza, no solo ante las argucias ideológicas o materiales de las partes o sus apoderados, incluso del juez, contrariando la realidad, para acceder a los derechos pensionales, sino además, con el propósito de atacar las irregularidades camufladas de aparente legalidad dentro del desarrollo normal de los procesos judiciales o actos extrajudiciales, como suele ocurrir con la aplicación e interpretación de las normas y la forma de intervención procesal de las partes.

Así, el legislador señaló expresamente, que la revisión con las dos nuevas causales aplicaba sobre sumas periódicas de dinero o pensiones, es decir, valores que se van causando en el tiempo y que la entidad debe ir reconociendo en forma habitual, de lo cual son claro ejemplo, las mesadas pensionales.

Lo anterior conduciría a pensar, que otro tipo de erogación que no encaja literalmente en esa definición, no quedaría comprendido bajo este mecanismo judicial de protección del erario, a manera de ejemplo, las indemnizaciones sustitutivas de pensión de vejez y sobrevivientes, la indemnización por pérdida de capacidad permanente parcial, o un retroactivo generado, los cuales se erigen como prestaciones económicas del sistema de seguridad social integral de la Ley 100 de 1993, y que pueden llegar a ser el fruto del reconocimiento irregular, a través de una decisión judicial o conciliación, a cargo del tesoro o fondos de naturaleza pública, contrariando con ello, los postulados del A.L 01 de 2005, en materia de sostenibilidad financiera del sistema pensional y el reconocimiento de las prestaciones conforme a derecho.

De esa manera, no tendría justificación, que mientras una decisión judicial o una conciliación que concede una pensión, puede ser revisada porque atenta contra el orden jurídico, y de paso, las finanzas públicas, un instrumento de ese tipo, que concede otra prestación, que materialmente no se paga periódicamente sino mediante una suma fija o única, pero igualmente va ligada al sistema pensional, y lo afecta por igual, no pueda ser revisada.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, da luces sobre el tema, pues en la sentencia C-835 de 2003, mediante la cual declaró exequible condicionalmente el art. 19 de la Ley 797 de 2003, e inexequible la expresión “en cualquier tiempo”, contenida en los incisos primero y tercero del art. 20 de la misma ley, cuando hizo referencia al art. 19 acusado, atinente a la revocatoria directa del acto administrativo sin el consentimiento del titular, que tiene como campo de acción las pensiones o prestaciones económicas reconocidas irregularmente, adujo que ese mecanismo de saneamiento unilateral en favor del tesoro, no procedía cuando el cuestionamiento versara «…sobre problemas de interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general; estos litigios deben ser definidos por los jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 (negrilla fuera del original)».

Lo anterior significa, que bajo el amparo del aludido art. 20 de la L. 797 de 2003, quedan comprendidas las sumas periódicas o pensiones, y cualquier prestación económica que haya sido reconocida en providencia judicial, transacción o conciliación judicial o extrajudicial, a cargo del tesoro o fondos de naturaleza pública, que guarde relación con los fines de la pensión, pues sólo de esa manera se puede entender la remisión que hizo la Corte Constitucional, a la posibilidad de discutir mediante el recurso extraordinario de revisión, las prestaciones económicas, dado que los temas allí mencionados, a manera de ejemplo, como son: el régimen jurídico aplicable, el régimen de transición, las normas que rigen la forma de liquidación, la inclusión de factores salariales, el organismo encargado de reconocer, entre otros, hacen parte de aspectos que se refieren propiamente a una prestación pensional.

Así se evita, que mediante una interpretación literal y exegética de la norma, se acuda a ciertas figuras jurídicas, para esquivar el control judicial extraordinario, en donde están comprometidas sumas de dinero, que aunque pagadas una sola vez, o simplemente se diferencian del pago periódico, se ajustan a un contexto pensional, como ocurre, se itera, verbigracia, con las indemnizaciones sustitutivas, que al igual que una pensión de vejez o de sobrevivientes están sometidas a un régimen aplicable, una forma de liquidación, una entidad encargada de su reconocimiento, un período de causación, etc., es decir, aspectos comunes de una pensión, que a la postre terminan afectando al sistema, pues si su reconocimiento es indebido, su financiación también complica la suerte de la seguridad social, pues con su pago ilegítimo, se dejarían de reconocer prestaciones a quienes en realidad cumplen con los requisitos legales, restringiendo el alcance de los recursos públicos, de por sí limitados, en caso de que esos reconocimientos estén en cabeza de fondos de esa naturaleza.

Así las cosas, el demandado tiene razón parcialmente en su argumento, pues como se acabó de explicar, no es la forma en que se paga o se exterioriza la prestación, lo que delimita el rango de acción del recurso extraordinario, sino la naturaleza de la erogación que se reconoce, dado que, si solo se mira el aspecto superficial de la prestación, quedarían desprovistas de control esas sumas de dinero que en el fondo tratan de cumplir con los mismos objetivos de la prestación original; propósitos que no cumplen otras figuras, que resultan anexas a una condena pensional, como ocurre con los intereses moratorios, que pese a compartir la forma de pago periódico -en la medida que pueden ir causándose con la mesada pensional que no se paga a tiempo- no tienen esa naturaleza de servir a la garantía de los derechos a la vida, la integridad física, al trabajo y la igualdad, propios de una erogación pensional, por cuanto, como lo tiene suficientemente explicado la jurisprudencia de esta Corporación, aquellos emolumentos tienen como fin exclusivo, resarcir el perjuicio en la tardanza en que incurre la entidad en reconocer la prestación pensional, sin aditamentos adicionales, que la simple mora –existen algunas excepciones avaladas por la Corte-.

En otros términos, los intereses moratorios cumplen un fin compensatorio u adicional, por una conducta objetiva de la entidad reconocedora de la prestación, pero es el derecho pensional en sí, esto es, la obligación principal producto del esfuerzo laboral del trabajador y sus potenciales beneficiarios, el que encuentra protección, dado que, atendiendo a la exposición de motivos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 –proyecto de Ley 056 de 2002 Senado- es esa prestación de cualquier naturaleza a cargo del erario, la que ha resultado permeada por la corrupción y la inmoralidad, desde el indebido reconocimiento por falta de cumplimiento de los requisitos legales, hasta el aprovechamiento de la interpretación de las normas, para conceder el derecho en forma excesiva y desproporcionada.

Así las cosas, que la revisión por las causales previstas por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sólo recaiga sobre prestaciones pensionales, es lo adecuado, en la medida que es una acción rigurosa, que tiende a dejar sin efectos el principio de cosa juzgada de las sentencias, o demás actos de autocomposición de las partes para resolver un conflicto, que se concentra en el derecho principal, que es el que da lugar al pago de sumas de dinero abundantes en el tiempo, y por ello, adquiere la connotación de especial por las características que le son propias, al punto, que solo la pueden ejercer unas entidades calificadas, por unas precisas causales, dentro de un término de caducidad, y como se dijo, sobre un tipo de erogaciones, que no son otras, que las pensionales.

Pensar lo contrario, llevaría al punto de que con este recurso, cualquier prestación se podría cuestionar, convirtiéndolo en un mecanismo de impugnación ordinario, o en una instancia adicional, en la cual una de las partes puede insistir en los argumentos y las pruebas del proceso, frente a cualquier punto del cual discrepa, o para subsanar omisiones en la actuación que le correspondía ejercer, siendo que, el aludido recurso, por ser extraordinario y específico, se aparta de esas alegaciones, para fijarse en el centro de la contienda: el derecho pensional en sí.

En suma, la revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, debe entenderse para la pensión propiamente dicha, y aquellos emolumentos que se le asemejan, sin importar si su pago es único e inmediato, como una forma de asegurar la aplicación justa de la ley y el restablecimiento del ordenamiento jurídico, descartando su procedencia, para otro tipo de reconocimientos que resulten anexos, como ocurre en este evento, con los intereses moratorios; claro está, sin desconocer que dichos intereses son incompatibles con la indexación de mesadas pensionales insolutas, ya que, los primeros involucran, en su contenido, un ingrediente revaluatorio, como con insistencia lo ha adoctrinado esta Corporación, entre muchas otras, en la sentencia SL9316-2016.

Por consiguiente, atendiendo a lo perseguido en el presente asunto resulta suficiente lo reproducido en precedencia para declarar infundadas las causales de revisión alegadas por la entidad solicitante, dada su abierta improcedencia contra este tipo de erogaciones.

Así las cosas, las causales invocadas no se encuentran fundadas.

Se condenará a la accionante a pagar las costas a favor de la accionada. Como agencias en derecho se fijará la suma de $10.600.000, que se incluirán en la liquidación a practicar conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR infundada la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES (UGPP), contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 19 de agosto de 2021, dentro del proceso ordinario que en contra de la accionante adelantó TERESITA DE JESÚS ALVARADO OROZCO.

Costas como se dijo en las consideraciones de esta decisión.

SEGUNDO: En firme este proveído, por la Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue a los respectivos expedientes, al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. Cumplido lo anterior archívese.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

Salvo el voto

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Salvo voto

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación: 93993

Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Opositor: Teresita de Jesús Alvarado Orozco

Magistrado Ponente: Omar Ángel Mejía Amador

Como ya lo había manifestado en anteriores oportunidades frente a asuntos de similar naturaleza, me permito expresar mi desacuerdo con la orientación mayoritaria de la Sala, de conformidad con la cual no es posible, a la luz de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, solicitar la revisión de los intereses moratorios impuestos a cargo del tesoro público, por no identificarse con una prestación periódica o de tracto sucesivo.

Contrario a lo sostenido en la decisión de la Sala, estimo que la revisión procede para solicitar la verificación de la legalidad de todas las sumas periódicas que afecten los fondos de naturaleza pública, concepto dentro del cual sí deben quedar inmersos los intereses moratorios.

Al respecto, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que son materia de revisión «las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza […]» (subrayas por fuera del texto).

De acuerdo con su texto, la norma no sólo hace referencia a «mesadas pensionales», sino que comprende la posibilidad de revisar otras sumas periódicas que hayan sido decretadas con cargo al tesoro público, como en este caso, los intereses moratorios.

Ahora, sin pretender desconocer la naturaleza accesoria de los intereses moratorios, y que su finalidad es reparar los perjuicios ocasionados al pensionado por la mora en el pago de la prestación, estimo necesario tener en cuenta que tienen claramente la naturaleza de sumas periódicas, en tanto se van causando conforme se origina la mora en el pago de cada mesada.

En ese sentido, no existe justificación alguna para sostener que mientras una decisión judicial que reconoce el derecho a percibir una pensión puede ser revisada porque atenta contra el orden jurídico, al mismo tiempo es improcedente analizar otros gravámenes accesorios, que también pueden afectar de manera gravosa los recursos públicos y que, en estricto sentido, sí se causan de manera periódica, independientemente de que puedan pagarse a partir de una suma única.

Por todo lo expuesto, en aras de garantizar de forma efectiva la protección del patrimonio público, era necesario realizar una la lectura más amplia de la norma y consecuente con la voluntad del legislador de proteger los recursos del Estado, ante providencias judiciales manifiestamente ilegales.

Dejo en los anteriores términos consignadas las razones de mi salvamento de voto.

Fecha ut supra,

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrada

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n.° 93993

REFERENCIA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP - vs. TERESITA DE JESÚS ALVARADO OROZCO

Con el debido respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en esta oportunidad me permito salvar el voto, porque considero que la revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es procedente para cuestionar las condenas que se impongan a entidades públicas o con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública por concepto de intereses moratorios y, como consecuencia, debieron acogerse las peticiones de la entidad demandante por las razones que expongo a continuación:

Procedencia de la revisión sobre la condena de intereses moratorios

Respecto a los intereses moratorios y, el cuestionamiento de si los mismos constituyen o no una suma periódica, lo que lleva al opositor a entender que sobre ellos no procede la acción de revisión, nos lleva necesariamente a la disposición que regula el aspecto cuestionado. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece lo siguiente:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. (Subrayas y cursiva de la Sala)

De la norma se evidencia que, además de las pensiones, la acción procede sobre todo tipo de sumas periódicas que recaigan sobre el erario, lo que nos invita a revisar la naturaleza de los intereses de mora; para ello, vale traer a colación lo que esta Corporación ha sentado frente a los mismos apoyándonos en los argumentos expuestos en la CSJ SL3130-2020, en cuanto a que: i) su naturaleza es resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, iii) existen salvedades que exoneran de su imposición. En la providencia se explicó:

[…] como se dijo en la sentencia de la Corte Constitucional C-601 de 2000, así como en la reciente sentencia de esta corporación CSJ SL1681-2020, la finalidad de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 es simplemente la de resarcir los perjuicios ocasionados a los pensionados por la cancelación tardía de sus mesadas pensionales y, con ello, hacer efectiva la garantía prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, con apego al cual uno de los principios mínimos fundamentales aplicables al trabajo es el de asegurar «[…] el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones […]»

Por ello, esta corporación ha dicho que esa imperiosa obligación, así como las sanciones derivadas de su incumplimiento, en este caso los intereses moratorios, encuentran un importante fundamento en el hecho de que la «[…] pensión es el ingreso periódico con el que cuentan las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad o en estado de indefensión, y los miembros del grupo familiar, para sortear sus necesidades básicas y existenciales», además de que «Dada su conexión con el mínimo vital y existencial y los derechos de grupos especialmente protegidos, la Constitución Política le dispensa un trato especial […]» (CSJ SL1681-2020).

En paralelo a lo anterior, esta corporación ha sostenido que los intereses moratorios son simplemente resarcitorios y no sancionatorios (CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512; CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 42839; y CSJ SL10728-2016, entre muchas otras), de manera que no es pertinente efectuar algún análisis sobre la conducta del deudor obligado, sino que proceden automáticamente por la mora en el pago efectivo de la obligación.

En la sentencia CSJ SL, 27 feb. 2004, rad. 21892, se dijo también que los intereses moratorios tenían ese importante designio de hacer justicia a una parte vulnerable de la población cuyo sostenimiento dependía del pago de su pensión. Esto se dijo en la decisión:

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró los intereses moratorios como una fórmula para dar respuesta al retardo en la solución de las mesadas pensionales, con el plausible designio de hacer justicia a un sector de la población que se ofrece vulnerable y que encuentra en la pensión, en la generalidad de los casos, su única fuente de ingresos.

Acusan los intereses moratorios un claro y franco carácter de resarcimiento económico frente a la tardanza en el pago de las pensiones, orientados a impedir que éstas devengan en irrisorias por la notoria pérdida del poder adquisitivo de los signos monetarios.

No cabe duda de que el retardo o mora se erige en el único supuesto fáctico que desencadena los intereses moratorios. Ello significa que éstos se causan desde el momento mismo en que ha ocurrido la tardanza en el cubrimiento de las pensiones.

En esas condiciones, si los intereses moratorios tienen como finalidad reparar los perjuicios ocasionados al pensionado por la mora en el pago de su respectiva pensión, es imperioso reconocer que deben tener procedencia tanto en los casos de omisión en el pago de la prestación, como en los casos de pago incompleto, pues en los dos eventos se produce un detrimento para el pensionado, que merece una compensación efectiva.

Para la Corte, en este punto, no es admisible sostener que el pensionado únicamente sufre un daño económico cuando no recibe suma alguna por concepto de mesada pensional, pues, teniendo en cuenta que la pensión es un derecho íntimamente relacionado con el mínimo vital, además de que su cuantía está fijada legalmente y tiene una relación de correspondencia con los aportes al sistema, todo pago imperfecto, insustancial o incompleto seguirá generando un deterioro cierto, que merece a todas luces una legítima compensación.

Así las cosas, una interpretación teleológica de la norma impone reconocer que los intereses moratorios también proceden en los casos de pago parcial o incompleto de la pensión, pues en este caso el pensionado también sufre un injusto perjuicio, que merece reparación objetiva.

5. Finalmente, para la Corte una interpretación como la que se viene sosteniendo puede generar efectos inconvenientes para el derecho fundamental al mínimo vital de los pensionados, pues puede propiciar que, con la mera discusión de la cuantía del derecho o a partir de pagos simplemente parciales o insustanciales, las entidades administradoras de pensiones se liberen de sus responsabilidades, lo que resulta abiertamente contrario a las finalidades constitucionales de nuestro sistema de pensiones.

Así lo había previsto en algún momento esta corporación cuando, en la sentencia CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512, señaló que:

[…] el legislador previó el pago de intereses moratorios en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin hacer distinción alguna en relación con la clase, fuente u otras calidades de la pensión, siendo irrelevante que el derecho en cuestión hubiese sido controvertido por la parte obligada a su pago. Aceptar lo contrario podría hacer nugatorio el derecho del pensionado a ser resarcido por la mora en el pago de su derecho pensional, pues bastaría que el obligado a su reconocimiento simplemente discuta el derecho en cuestión para que quede eximido de los intereses moratorios.

En ese sentido, para la Corte es preciso subrayar que la obligación constitucional y legal de las entidades administradoras de pensiones no es solo la de pagar de manera oportuna las pensiones de sus afiliados, sino también y fundamentalmente la de pagarlas de manera íntegra, cabal y completa, pues, de lo contrario, se harán merecedoras de la imposición de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

[…]

En primer lugar, que permanece vigente la jurisprudencia de la Corte en torno al carácter meramente resarcitorio de los intereses, mas no sancionatorio, de manera que no es necesario realizar algún examen de la conducta de la entidad obligada tendiente a descubrir algún apego a los postulados de la buena fe. Ello con la salvedad de algunos casos en los que, según la jurisprudencia, las entidades niegan administrativamente un determinado derecho pensional o definen su cuantía con amparo en el ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas.

En segundo lugar, que los intereses moratorios sobre saldos o reajustes de la pensión deben liquidarse respecto de las sumas debidas y no pagadas, pero no teniendo como referente la totalidad de la mesada pensional. En este punto es claro el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en cuanto dispone que la respectiva entidad debe pagar «la obligación a su cargo», que en este caso es el saldo debido, y «sobre el importe de ella», ese decir ese saldo, «la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento que se efectúe el pago.»

Bajo este derrotero, resulta patente que los intereses moratorios sí pueden ser considerados como suma periódica, puesto que estos se van causando con el retardo en el pago de cada mesada pensional, y son inherentes a éstas, por ende, no puede entenderse, como una suma única; además, tampoco puede dejarse de lado que la finalidad de los mismos, está atada a la obligación principal, el reconocimiento y reajuste oportuno de la pensión, de manera tal que su objetivo es el de hacer justicia más aún cuando la pensión se relaciona directamente con el mínimo vital, por lo que «todo pago imperfecto, insustancial o incompleto seguirá generando un deterioro cierto, que merece a todas luces una legítima compensación».

Ahora bien, aunque la mayoría de la Sala considera que los intereses moratorios comparten la forma de un pago periódico, no obstante, entiende que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 hace referencia únicamente a «prestaciones pensionales», pues solamente éstas son las que «ha[n] resultado permeada[s] por la corrupción y la inmoralidad, desde el indebido reconocimiento por falta de cumplimiento de los requisitos legales, hasta el aprovechamiento de la interpretación de las normas, para conceder el derecho en forma excesiva y desproporcionada», con lo cual no solamente decide sobre un aspecto no planteado por el demandado sino que, además, introduce una distinción que el legislador no hizo en la norma jurídica mencionada, pues el texto legal señala expresamente que la revisión procede contra providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que imponga al tesoro público o fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones», de lo que se deriva que si la intención del legislador hubiera sido que solamente recayera respecto de pensiones, no hubiera agregado la expresión sumas periódicas de dinero, que es en últimas lo que se deriva de la interpretación adoptada por la mayoría.

En todo caso, no puedo compartir que una eventual condena injustificada al pago de intereses moratorios no quede comprendida dentro de la revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2002, pues sin desconocer la naturaleza accesoria de los intereses moratorios a la obligación principal, no puede entenderse que cuando se incurra en alguna de las conductas arriba descritas y, por ende, también ser objeto de corrupción e inmoralidad o resultar indebidamente impuesta de manera concurrente con la indexación, tal como la misma Sala de Casación lo acepta en el caso concreto y sobre lo que más adelante desarrollaré en este salvamento, no sea revisable la condena por dicho concepto, con mayor razón si se tiene en cuenta el elevado monto al que pueden llegar a ascender los intereses moratorios en menoscabo del erario que es precisamente el objeto de protección de la revisión.

Así las cosas, considero que sí es posible solicitar la revisión de los intereses moratorios, cuando la entidad crea que la orden impartida se enmarca en una de las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Incompatibilidad de intereses moratorios e indexación

Sentada en la forma expuesta mi criterio sobre la procedencia de la revisión frente a sumas periódicas, como lo son los intereses moratorios, es menester recordar que la línea pacífica de la Sala es la incompatibilidad de fulminar condena de manera coetánea por intereses moratorios e indexación, entre otras, las sentencia CSJ SL, 6 sep. 2012, rad. 39140; CSJ SL, 28 ago. 2012. rad. 39130; CSJ SL 6114 - 2015, 18 mar. 2015, rad. 53406; para el efecto, rememoremos la Sentencia CSJ SL9316 -2016 que a este efecto recordó:

Al efecto, es conveniente recordar, que si bien es cierto se trata de dos conceptos diferentes, ya que los intereses moratorios previstos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, corresponden a una sanción por mora, es decir, por el pago tardío de la prestación que se ha debido cancelar oportunamente en los términos legalmente dispuestos, en cambio la indexación es la simple actualización de la moneda para contrarrestar la devaluación de la misma por el transcurso del tiempo, dada la generalizada condición inflacionaria de la economía nacional. Sin embargo, también lo es, que tales intereses moratorios se pagan a «la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago», lo que equivale a una suma considerablemente superior a la corrección monetaria o indexación, que alcanza para cubrir perfectamente la devaluación de la moneda, esto es, que el valor adeudado se «actualice» y mantenga el mismo poder adquisitivo al momento de su pago. De ahí que se entienda, en términos de justicia y equidad, que aplicado el interés moratorio este comprende el valor por indexación.

Con otras palabras, mientras se condene al deudor -para el caso de mesadas pensionales adeudadas- a reconocer y pagar los intereses moratorios, a «la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago», habrá de entenderse que no son compatibles con que, de manera simultánea o coetánea, se condene indexar dichos valores, pues los primeros llevan implícita esa actualización de la moneda y más, por tratarse de una sanción, se itera, equivalente a «la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago». Y si lo que procede es la condena a indexar los valores, no podrá entonces, de manera concurrente o simultánea condenarse al pago de dichos intereses moratorios.

Postura que la Sala de manera nutrida ha reiterado, entre otras, en las Sentencias: CSJ SL3983-2018; CSJ SL5570-2018; CSJ SL875-2019; CSJ SL1032-2019; CSJ SL1381-2019; CSJ SL5030-2019; CSJ SL140-2020; CSJ SL987-2020; CSJ SL8356-2021 y CSJ SL3868-2021.

Entonces, estimo que le asiste razón a la entidad accionante en revisión, en cuanto a que el fallador erró al imponer condena por los dos conceptos de manera simultánea y, en este punto, debió entrar a estudiarse si era procedente la imposición de los intereses moratorios o de la indexación reclamada.

Las razones anotadas me llevan a apartarme de la decisión mayoritaria, en el entendido que estimo que debió prosperar la revisión y, como consecuencia, ajustar la condena impuesta por el Juez Plural tanto a los intereses moratorios como a la indexación.

Fecha ut supra,

FERNANDO CASTILLO CADENA

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