Ficha de la providencia
Sentencia SL3102-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3102-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3102-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
30 de abril de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL3102-2019
Radicación n.° 60337
Acta 14
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019).
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por FERNANDO DÍAZ CRIOLLO, contra la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2012, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que instauró contra las empresas NEANDER LIMITADA y TERRA S.A. EN LIQUIDACIÓN.
ANTECEDENTES
Fernando Díaz Criollo demandó a las empresas Neander Ltda. y Terra S.A. en liquidación (en adelante Terra S.A.), con el fin de que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo, desde el 18 de mayo de 1998 hasta el 15 de noviembre de 2008, y que el mismo fue terminado de manera unilateral y sin justa causa por parte de las demandadas.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condenara solidariamente a dichas sociedades al pago del daño emergente y lucro cesante, de conformidad con el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, de la pensión sanción y de las cotizaciones en salud y riesgos profesionales no realizadas durante la vigencia del vínculo laboral. Así mismo, solicitó el pago del auxilio de cesantías, sus intereses y la sanción por no pago oportuno, las primas de servicios y vacaciones, las vacaciones y la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, junto con la respectiva indexación de todas las sumas. Por último, y de manera subsidiaria a la pretensión de la pensión sanción, requirió que se condenara a dichas entidades a cancelarle los respectivos aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Pensiones.
Fundamentó sus pretensiones en que laboró al servicio de Terra S.A. desde el 18 de mayo de 1998 hasta el 23 de agosto de 2002, fecha en la cual dicha sociedad entró en liquidación, siendo el encargado de administrar las múltiples haciendas de propiedad de las sociedades demandadas, desempeñando las siguientes funciones: control de producción de ganados y de pastos; control de vacunaciones; pago de obreros; gestiones de venta de inmuebles; control de mantenimiento de las cercas; cuidado del ganado; cuidado de las casas existentes en las fincas; cuidado y control del mantenimiento de los equipos de ordeño; administración de los predios adquiridos en Cartagena de Indias, entre otras.
De igual forma, aseguró que a partir del 24 de agosto de 2002, comenzó a desempeñar las mismas labores al servicio de Neander Ltda., sin que operara solución de continuidad; que cumplía un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a sábado; que el 15 de noviembre de 2008, fue despedido de manera injusta por el representante legal de dichas sociedades, el señor Hernando Pryor Varón; que el último domicilio en el cual desempeñó sus funciones correspondió a la ciudad de Bogotá D.C.; y que su último salario ascendió a la suma de $2.000.000.
Por último, manifestó que celebró un contrato de transacción con el representante legal de las sociedades demandadas, mediante el cual le fue entregada la suma correspondiente a $20.000.000. No obstante, aclaró que dicho valor no cubría la totalidad de las acreencias laborales que se le adeudaban.
Las sociedades Neander Ltda. y Terra S.A. dieron respuesta a la demanda en idénticos términos, aunque en escritos diferentes, en los que se opusieron a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, negaron que hubiera existido un contrato verbal de carácter laboral con el demandante, aseverando que el mismo prestó sus servicios bajo una relación de carácter civil y comercial; que dichos servicios fueron prestados de manera esporádica y sin continuidad; y que los honorarios «[…] se pactaban […] por cada una de las gestiones realizadas».
Adujeron que el actor prestó sus servicios de manera autónoma e independiente, por lo cual, no había existido subordinación alguna. De este modo, afirmaron que «[…] el demandante disponía libremente de su tiempo y lo utilizaba a su acomodo y conveniencia cuando adelantaba un encargo de carácter civil o comercial», y que, incluso, él mismo delegaba sus gestiones a terceros.
Finalmente, aseguraron que el representante legal de dichas sociedades celebró un contrato de transacción con el demandante, donde las partes «[…] declararon quedar a paz y salvo por cualquier clase de obligación pendiente», acuerdo que fue autenticado ante una notaría. En tal sentido, indicaron que el actor actuó de mala fe, comoquiera que suscribió dicho contrato y recibió la suma pactada en el mismo, para después iniciar una acción en contra de dichas sociedades.
Propusieron las excepciones de inexistencia de la obligación y del vínculo laboral, prescripción, transacción, reclamación de lo no debido, mala fe, compensación, enriquecimiento sin causa y falta de legitimación en la causa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida el 27 de mayo de 2011, absolvió a las sociedades demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia proferida el 26 de septiembre de 2012, confirmó el fallo del a quo.
Para arribar a esa decisión, y en lo que interesa al recurso de casación, manifestó que el problema jurídico a resolver se circunscribía a establecer si «[…] existió un contrato de trabajo entre las partes, por el cual, tiene derecho al pago de sus prestaciones, las cuales no fueron incluidas en su totalidad, en la transacción que efectuó al finalizar la relación, con la demandada, o si por el contrario, dicha providencia ha de ser confirmada».
Al desarrollarlo, el juez plural empezó por sentar que no era objeto de discusión en el proceso que las partes suscribieron, el día 26 de enero de 2009, un contrato de transacción que tenía como objeto «[…] finiquitar todas las controversias y obligaciones existentes entre ellas, a fin de evitar un futuro pleito, generado por la relación», el cual debía respetarse porque fue producto de la voluntad real de las partes, siempre y cuando cumpliera con los requisitos de validez, que procedió a estudiar.
Para el efecto, el ad quem recordó la noción de contrato de transacción, de conformidad con el artículo 2469 del Código Civil, precisando que el mismo constituía «[…] un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual», cuyos elementos esenciales correspondían a: «1) la existencia de un derecho dudoso o de una relación jurídica incierta, aunque no esté aún en litigio; 2) la voluntad o intención de las partes de mudar la relación jurídica dudosa por otra relación cierta y firme; y 3) la eliminación convencional de la incertidumbre mediante concesiones recíprocas».
Recalcó que dicho negocio jurídico traía como resultado la extinción de la disputa entre los contratantes, entendiéndose que tenía el efecto propio de la cosa juzgada en los términos indicados en el artículo 2483 del Código Civil, por lo cual los contratantes quedaban impedidos para «[…] llevar al órgano jurisdiccional su desacuerdo». Luego explicó que,
Por lo expuesto, es preciso aclararle a la parte recurrente, que si bien su propósito es que se le reconozca la existencia de un contrato de carácter laboral, siendo él el trabajador y la demandada la empleadora, es de tener en cuenta que, sí el debate central del proceso gira en torno a la existencia o no de una relación laboral, es claro para esta Sala que ya que dicho nexo jurídico es el punto de discordia entre el actor y la accionada, los derechos que se suscitan como adeudados por la pasiva al actor, se encuentran cobijados, bajo el carácter de derechos inciertos y discutibles, toda vez que, no existía certeza alguna frente a la relación de las partes, siendo controvertible su naturaleza, por lo cual, al no tener seguridad en tal sentido, mal podría suponerse la existencia de unos derechos ciertos e indiscutibles, producto de una relación laboral no probada.
Por lo anterior […] es evidente, para esta colegiatura, que la demandada no desconoció prestaciones supuestamente adeudadas al actor, ya que no se hallaba ante una relación laboral probada como lo indica el demandado y, en consecuencia, no debe la pasiva obligaciones laborales, no probadas contra ella.
Es así que, si a la finalización de la relación no se hallaba claridad, en cuanto a la naturaleza de la relación, los derechos alegados por parte del demandante, se encontraban sujetos a la condición de inciertos y discutibles, por lo cual podían ser objeto de transacción, tal y como se efectuó por las partes al finalizar la relación, con ello, es preciso indicar lo que sobre este tema señaló la H. Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento del 22 de mayo de 2002,
Radicado 17679, Magistrado ponente, Francisco Escobar Henríquez […].
Con lo anterior, observa la Sala, que la ley permite que se transijan derechos derivados de una relación de servicios personales, sin que este solo hecho configure necesariamente el contrato de trabajo, tal y como se efectuó en el presente, destacándose sobre el acuerdo que este se realizó de manera libre, expresa y voluntaria, manifestando las partes su querer ante notario […].
[…]
En suma de ello y luego de haber hecho el estudio precedente, como ya se dijo, es claro, que los derechos en discusión ya se encuentran transados por las partes, por lo cual no es posible acceder a una condena frente a los mismos, toda vez que, la supuesta obligación de la demandada, quedó extinta con el pluri citado contrato de transacción.
De igual manera, aseveró que, en todo caso, no existió prueba alguna de la existencia del contrato de trabajo, comoquiera que, como concluyó el a quo, no era posible corroborar el salario y los extremos temporales aducidos por el demandante.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
El recurrente solicitó a esta Corte lo siguiente:
Se Persigue con este recurso que la Corte Suprema de Justicia CASE TOTALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá — Sala de Descongestión Laboral, calendada el 26 de septiembre de 2012 y para que en sede de instancia revoque totalmente el fallo proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito, providencia de fecha 27 de mayo de 2011 y en su lugar se acceda a las peticiones de la demanda.
Con tal propósito, formuló cuatro cargos, que fueron oportunamente replicados y que se resolverán de manera conjunta, toda vez que denuncian similar conjunto normativo, a pesar de estar orientados por diferentes vías, persiguen fines análogos y se fundamentan en argumentaciones similares que se complementan.
CARGO PRIMERO
Acusó la sentencia del Tribunal,
[…] por la causal prevista en el numeral 1º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 60 del decreto 528 de 1964, por vía indirecta que conllevó a la aplicación indebida de los artículos 47, 54, 61, 62, Código Sustantivo del Trabajo; y a su vez a la violación de los artículos 1613, 1614, 1740, 1741, 1742 (subrogado por el artículo 2 de la ley 50 de 1936), 1743, 1746 del Código Civil y a los artículos 2, 3, 5, 19, 20, 21, 44, 64, 65, 127 del C. S. del T. y el artículo 3º de la ley 52 de 1975; debido a evidentes y protuberantes errores de hecho al tener en cuenta la confesión de parte vertida en las respuestas a las preguntas cuarta, sexta y undécima del interrogatorio rendido por el representante de la pasiva, donde se genera duda la cual debe favorecer a la parte activa y al no apreciar algunos documentos y apreciar erróneamente otros.
Manifestó que el Tribunal incurrió en los siguientes errores manifiestos de hecho:
No dar por demostrado estándolo la existencia de una relación laboral, como se desprende de una lectura a las respuesta a las preguntas cuarta, sexta y undécima del interrogatorio rendido por el representante de la pasiva, de las cuales se evidencia de manera expresa mi poderdante le prestó sus servicios de manera personal y subordinada, tal y como además se comprueba de las documentales vistas a folios 15, 16, 17, 19, 21, 22, 2643, de las cuales evidentemente se desprende la existencia de una relación subordinada donde la parte pasiva le da órdenes expresas a cumplir a mi poderdante.
No dar por demostrado, estándolo, que las funciones desarrolladas por la demandante fueron ejecutadas en forma indefinida ya que las misma son de la esencia del objeto social de la demandada como se desprende de las documentales que reposan a folio 9 vuelto y folio 11 y 11 vuelto.
No dar por probado, siéndolo que el demandante ejecutó sus labores en forma permanente y continua.
No dar por demostrado, estándolo, que las labores ejecutadas por el actor, una vez fue despedido injustamente se continuaron realizando.
No dar por probado, estándolo, que la forma de vinculación de mi poderdante, contrato verbal de trabajo, procurar (sic) la estabilidad a manera de reproche legal por cuenta de no suscribir un contrato escrito que fije la relación laboral.
No dar por demostrado, estándolo que la relación laboral que sostuvo el actor con la opositora y demandada, fue a término indefinido, habiéndose terminado por sus empleadoras sin justa causa.
No dar por demostrado, estándolo que las labores desempeñadas por la demandante corresponden a las de un contrato de trabajo a término indefinido.
No dar por demostrado que el demandante no tuvo sanción alguna en el desarrollo de sus labores para la demandada, por lo cual así lo deje entrever el interrogado en la oportunidad procesal señalada no se configuró ninguna causal legalmente validad del despido injurídico (sic) del actor.
Relacionó como pruebas dejadas de apreciar las siguientes:
La confesión del representante legal visible a folios 101 al 105. Respuesta a las preguntas, CUARTA (fl. 102) que hace referencia a la prestación personal del servicio de mi poderdante; CUARTA (fl 137) se refiere a las labores desempeñadas; SEXTA (fl 103), forma de pago de la prestación personal de los servicios; OCTAVA (fl. 103), subordinación, ya que al enviar a mi poderdante a verificar la realización de unas obras, un pago por la misma, un pago para alimentación y "toda clase de prevendas" (sic) oculta la realidad laboral con el pago de “honorarios”, ya que incluso véase que la pagaba comisiones por realizar tales actos subordinados, UNDÉCIMA (fl 105), subordinación al suscribir actos propios de las empresas accionadas.
El documento visible a folios 15, 16, 17, 19, 21, 22, 26- 43, que corresponde a órdenes dadas a mi poderdante se desprende evidentemente la relación laboral, incluso de las documentales vista de folios 111, 112, 113, y 114, cotejadas con el objeto social de las demandas vemos que mi poderdante recibía comisiones por ventas realizadas a nombre de las empresas demandadas lo cual hace parte del objeto social de las mismas, por lo cual es errado tenerse que mi poderdante era un supuesto “comisionista” sin relación laboral alguna con la demandada.
El documento que obra a folios 39 a 43, que corresponde a órdenes de pago al personal de las demandas una vez denota subordinación del accionante.
Señaló como pruebas mal apreciadas:
El documento que obra a folio 76 a 77 que corresponde al denominado “contrato de transacción” con el cual se le paga a mi poderdante un solo elemento constitutivo del salario tal y como lo establece in fine el artículo 127 del C. S. Del T. Y que se denomina “comisiones” las cuales se pagaron a mi poderdante como se demuestra de la documental aportada desde aproximadamente el año 2002 hasta la terminación injusta de la relación laboral.
La inexistencia física del contrato de trabajo hace que se presuma su existencia y quien debe desvirtuarla es la parte pasiva.
En la demostración del cargo adujo que, de las pruebas señaladas como dejadas de apreciar, se podía concluir que la relación que existió entre las sociedades demandadas y el actor, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, fue de carácter laboral e indefinida y, así mismo, que ella fue terminada de manera unilateral y sin justa causa. Apoyó su argumento en las documentales de folios 15 a 23, que demuestran los elementos primero y tercero, y en las de folios 26, 27 y 43 a 46, que demuestran la subordinación.
Frente al interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de las empresas, afirmó que el mismo había reconocido «[…] las labores ejecutadas por la (sic) actora, su continuidad y permanencia en la empresa, así como la necesidad que las mismas existan, cotejado con los certificados de cámara de comercio de las demandadas». Luego trascribió apartes de una sentencia que no identificó, en la que se precisan por la Corte Constitucional aspectos relativos a la invalidez de una transacción, por la renuncia que se hizo para reclamar derechos relacionados con la seguridad social. Añadió luego que resultaba
[…] indiscutible que la función para la cual fue contratado el demandante es de tipo permanente y se continua por las demandadas y por esa misma razón se debe considerar que es una actividad normal de la empresa e indispensable para la consecución del objeto social, lo evidenciado es que el servicio como tal persiste dentro de las empresas y esto es lo que le da la calidad de permanente.
Por consiguiente, si el servicio que representaba el actor no tenía el carácter temporal, esporádico o transitorio y tampoco se determinó en forma específica que hubiera sido para atender determinados negocios que no aclara en el interrogatorio el representante legal de las demandadas, se debe concluir que no fue para desarrollar una labor determinada.
A propósito, labor u obra determinada, es aquella que en relación con el objeto social de la empresa o las actividades propias de la misma, no representa una necesidad o derivación de la misma, sino que es una labor especial por su misma naturaleza con una duración condicionada al alcance de sus fines.
En el caso que nos ocupa, se puede considerar que la finalidad del servicio prestado por el demandante era la de realizar inversiones en bienes inmuebles, negocios de construcción con el fin de enajenar o conservar lo construido, la explotación de negocios de ganadería, la participación en todo tipo de proyectos industriales y agro industrial, la explotación de actividades hoteleras entre otros, por lo cual se desprende que además del salario a mi poderdante como parte del mismo se le pagaran comisiones como lo confiesa la pasiva de manera regular y no esporádica.
De otro lado, aseveró que el Ad quem apreció de manera errónea el contrato de transacción obrante a folios 93, 94 y 96. Ello, toda vez que, en materia laboral, dicho negocio se encuentra regido por el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se establece que «Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles». En tal sentido, reiteró que con base en la sentencia T-610 de 2009 de la Corte Constitucional, los «[…] derechos relacionados con la seguridad social no pueden ser materia de transacción», como es el caso de los aportes pensionales. Finalizó trascribiendo, en extenso, apartes de la sentencia de la misma Corporación CC C-160 de 1999.
CARGO SEGUNDO
Denunció la sentencia del juez plural por violar:
[…] en la modalidad de aplicación indebida de los artículo (sic) 23, 24, 25, 55, 57, 65, 186, 187, 189, 249, 253 y del C. S. del T y S.S.; artículos 99, ley 50 de 1990; 1494, 1495, 1626, y 1627 de Código Civil; artículos 1, 13, 25, 53 y 230 de la Constitución Política de Colombia, 60, 61 del código procesal de trabajo y seguridad social.
En la demostración del cargo, el recurrente comenzó por precisar lo siguiente:
Se parte de la base de la aceptación de los hechos de la demanda en materia de subordinación del representante legal de las demandadas en las preguntas cuarta, sexta y undécima, ya que el mismo se reconoce la prestación de un servicio de mi poderdante y el pago periódico de "comisiones" y la subordinación en la pregunta sexta al reconocer que le impartía "ordenes" (sic) al demandante que reposan en las documentales aportadas y no tachadas y al no establecer de manera tajante como abogado que mi poderdante gozaba de autonomía en su voluntad al momento de cumplir con las que le impartía.
De esta manera, se refirió al elemento de la subordinación en la relación laboral, afirmando que el mismo no fue tenido en cuenta por el juez colegiado. Al respecto, y con base en pronunciamientos de la Corte Constitucional, aclaró que dicho elemento constituía:
[…] un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones, cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.
Aseveró que se podía predicar la existencia de dicho elemento en las pruebas obrantes a folios 15 a 43, así como en las documentales que constan a folios 126 a 135, donde se puede verificar que el demandante desempeñaba actos que «[…] no se entregan a un "comisionista" quien sólo es un intermediario entre dos partes para pactar un negocio y al cual por el acercamiento entre las mismas se la paga, pero nunca se la hace parte del negocio porque se desfigura dicha calidad, estos actos se entregan a una persona de más confianza a una persona a la cual se le imparta órdenes a una persona subordinada».
En concordancia con lo anterior, manifestó que de las declaraciones de los señores Avellaneda Beltrán (folio 118), Garzón Aguiar (folio 124), Celina Rojas (folio 137), Marcos Ramos (folio 141), Efraín Lozano (folio 147) y Dionisio Rodríguez (folio 149), también se colegía que el actor recibía órdenes del representante legal de las sociedades demandadas.
CARGO TERCERO
Acusó la sentencia del Tribunal por ser indirectamente violatoria,
[…] en la modalidad de error de hecho frente a los artículo (sic) 23, 24, 25, 55, 57, 65, 186, 187, 189, 249, 253 y del C. S. del T y S.S.; artículos 99, ley 50 de 1990; 1494, 1495, 1626, y 1627 de Código Civil; artículos 1, 13, 25, 53 y 230 de la Constitución Política de Colombia, 60, 61 del código procesal de trabajo y seguridad social.
Para la demostración del cargo, a pesar de haberlo orientado por la vía fáctica, el recurrente esgrimió los mismos argumentos planteados para el segundo, en donde la acusación fue jurídica.
CARGO CUARTO
Se orientó por la vía directa y fue formulado así:
Acuso la sentencia con fundamento en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, por ser directamente violatoria, en la modalidad de interpretación errónea frente a los artículo 23, 24, 25, 55, 57, 65, 186, 187, 189, 49, 253 y del C. S. del T y S.S.; artículos 99, ley 50 de 1990; 1494, 1495, 1626, y 1627 de Código Civil; artículos 1, 13, 15 25, 48, 53 y 230 de la Constitución Política de Colombia, 60, 61 del código procesal de trabajo y seguridad social, artículos 15, 17, 18, 20, 21 y 22 de la ley 100 de 1993, que permitieron a los juzgadores de instancia dar aplicación a la documental obrante de folio 93 a 94 como un documento transaccional de derechos ciertos e indiscutibles como es la pensión derecho fundamental y humano no susceptible si quiera de conciliación ya que dichos dineros por destinación pertenecen al sistema general de seguridad social en pensiones.
En la demostración del cargo, el censor adujo que le fue transgredido el derecho a la pensión, toda vez que tiene 65 años de edad. En tal sentido, recalcó que dicho derecho se encuentra previsto por el artículo 48 de la Constitución Política, así como por el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona. En concordancia con lo anterior, citó la sentencia T-143 de 2012 proferida por la Corte Constitucional, donde se afirmó que,
[…] el derecho a la seguridad social protege a las personas que están en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral. El derecho a la pensión de vejez es uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas cuando su vejez produce una esperable disminución de la producción laboral lo que les dificulta o impide obtener los recursos para disfrutar de una vida digna.
RÉPLICA
En su oposición, la empresa Neander Ltda. argumentó que el recurso de casación adolecía de defectos técnicos. Frente al primer cargo, adujo que el mismo introducía asuntos de puro derecho, los cuales únicamente se pueden discutir por la vía directa. Con respecto al segundo, indicó que «[…] ignora el recurrente que la vía directa lo que implica es la aceptación de las conclusiones fácticas de la sentencia, y no, de las que el recurrente cree que fueron demostradas, lo que es suficiente para rechazar el cargo».
Con relación al tercer cargo, refirió que el mismo estaba mal formulado, comoquiera que se atacaron «[…] las normas en una modalidad inexistente». Al respecto, añadió que el recurrente, si bien dirigió el cargo por la vía indirecta, no señaló los errores de hecho o de derecho en los que incurrió el Tribunal, así como tampoco indicó las pruebas dejadas de apreciar o erróneamente apreciadas. Por último, frente al cuarto cargo, manifestó que el censor no estableció cuál fue la interpretación errónea que hizo el juez plural, ni estableció la correcta interpretación que debió haber hecho.
En todo caso, precisó que la conclusión a la que arribó el ad quem fue acertada, toda vez que «[…] la transacción celebrada entre las partes versó sobre derechos indeterminados, lo que les permitía transar inclusive los derivados de la prestación de servicios, en la medida en que no se había consolidado derecho alguno en cabeza del actor». De este modo, alegó que el recurrente no desvirtuó dicho argumento, así:
El recurrente no demostró el desarrollo de un servicio permanente y este no se puede presumir como él pretende. La presunción del artículo 24 del C. S. del T. solo emerge de la prueba y demostración del servicio en forma continua y permanente circunstancia que no pudo acreditar el actor y que fue negada por la pasiva desde el inicio del proceso en sus respectivas contestaciones de la demanda. (Folios 64 y 84).
Al referirse el demandante al contrato de transacción, parte del principio no demostrado, de que la relación consistía en un contrato de carácter laboral. Las lucubraciones de tipo jurídico que después realiza, sobre la imposibilidad de tranzar derechos referidos a la seguridad social, no son el producto de la demostración de la existencia del contrato de trabajo sino de la suposición de su existencia que hizo el recurrente.
No hay que olvidar al analizar el contrato de transacción, que este versaba sobre las obligaciones que pudieran tener o haber tenido en algún momento con Fernando Díaz Criollo, Hernando Pryor Varón como persona natural o cualquier otra persona natural o jurídica que este represente o haya representado durante las (sic) prestación del servicio, en las que se encuentra incluidas las demandadas en este proceso, amén de otras empresas de la cual es ejemplo Alcazar Barú (folio 31).
CONSIDERACIONES
Asiste razón a la réplica en varios de los reparos técnicos que formula. El primero y más evidente, está relacionado con el cargo tercero que, si bien fue formulado por la vía indirecta, denunció una modalidad inexistente dentro del recurso extraordinario y no individualizó los errores de hecho evidentes en que incurrió el Tribunal, como tampoco singularizó las pruebas que fueron apreciadas equivocadamente o dejadas de apreciar por ese fallador.
De esa forma, el censor no dio cumplimiento al requisito del literal b) del numeral 5º) del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, esto es, precisar el o los yerros de hecho en que incurrió el tribunal y «[…] acreditar de manera razonada la equivocación en que ha incurrido la Colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción, que lo lleva a dar por probado lo que no está demostrado, y a negarle evidencia o crédito a lo que en puridad de verdad está acreditado en los autos, lo que surge a raíz de la falta de apreciación o errónea valoración de la prueba calificada» (CSJ SL17123-2014, reiterada entre otras en AL4596-2018).
En otra palabras, acusar la sentencia del juez colegiado por la vía indirecta implica que la parte recurrente precise los errores evidentes de hecho, señale de manera clara las pruebas que son admisibles en casación, demuestre de modo objetivo qué es lo que acreditan, así como el valor atribuido por el juzgador y la incidencia de éstas en las conclusiones del fallo impugnado, requisitos que indudablemente en el escrito presentado no se observaron, lo que lleva a que los verdaderos soportes que mantienen en pie la sentencia acusada se conserven incólumes, libres de ataque, toda vez que no se lograron derruir las conclusiones del fallo de segunda instancia.
Y es que, en verdad, no le bastaba a la recurrente con efectuar una serie de alegaciones subjetivas encaminadas a exponer el entendimiento que, a su juicio, debieron tener las pruebas dentro del trámite procesal, sino que era necesario que las críticas sobre la valoración efectuada por el tribunal, fueran objetivas y atendibles, estando encaminadas a evidenciar que el desacierto en que incurrió el juzgador, era verdaderamente protuberante, y que en este cargo no fue singularizado.
El anterior, que ahora se reitera, ha sido un criterio que esta Corporación ha mantenido pacífica y unánimemente, tal como se constata, entre otras, en las sentencias CSJ SL1673-2018, CSJ SL3836-2018, CSJ SL4220-2018. En la primera de las citadas, en efecto, se explicó:
3. De otra parte, ambos cargos carecen del análisis razonado y crítico de los eventuales desaciertos, debidamente relacionados con las pruebas señaladas como mal valoradas o dejadas de apreciar, pues se limitó a referir en forma general que el Tribunal le confirió mayor importancia a la terminología utilizada en la demanda que a las pruebas adosadas, con las cuales «se acredita sin la menor hesitación la calidad de la relación laboral que unía al demandante con la demanda».
En tal medida, incumple la carga ineludible de individualizar con precisión las equivocaciones que habría cometido el juez plural en el terreno netamente fáctico, al examinar los medios de convicción recaudados en el curso del debate probatorio; explicar por qué dichas falencias tendrían las características de un error de hecho protuberante y manifiesto, e identificar los raciocinios que habrían propiciado un yerro de esa naturaleza, cuál habría sido su incidencia en la confección de la decisión confutada y cuál la recta inferencia de haberse efectuado una correcta valoración del material probatorio enlistado.
Los defectos descritos son insuperables e impiden a esta Sala hacer un juicio de corrección sobre la providencia confutada, dada la insuficiencia técnica del recurso propuesto.
En el Auto CSJ AL3365-2018, también se explicó por esta Corporación que se
[…] incumple la carga ineludible de individualizar con precisión las equivocaciones que habría cometido el Tribunal en el terreno netamente fáctico, al examinar las pruebas calificadas recaudadas en el curso del debate probatorio; explicar por qué dichas falencias tendrían las características de un error de hecho protuberante y manifiesto; así como identificar los raciocinios que habrían propiciado un yerro de esa naturaleza y cuál habría sido su incidencia en la confección de la decisión recurrida.
Además, el cargo segundo también adolece de rigor técnico, por cuanto habiendo sido propuesto por la vía directa, se intentó demostrarlo con base en la presunta equivocación cometida por el Tribunal, al valorar los documentos de folios 15 a 43 y 126 a 135, así como los testimonios que reposan a folios 118, 123, 124, 137, 141, 147 y 149 del expediente.
En incontables oportunidades esta Sala ha enseñado, como lo hizo recientemente en la sentencia CSJ SL767-2019, que,
Juzga conveniente la Corte rememorar lo adoctrinado por esta Sala en la decisión CSJ SL, del 15 de mar. 2011, rad. 43345, reiterada en la CSJ SL, del 8 de may. 2012, rad. 39186 en cuanto a que el recurso de casación propende por el imperio y preservación de la ley sustancial de alcance nacional, la cual puede ser infringida de dos formas por los falladores, (las llamadas «causales»): mediante la violación de aquella ley (causal 1ª), o, a través del desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus (causal 2ª). Sin olvidar, desde luego la violación medio.
A su vez, el quebranto de la ley sustancial (o causal primera), puede darse a través de las vías directa o indirecta.
En la vía directa, se dijo en dicha providencia, el fallador vulnera la ley mediante tres posibilidades: La inaplica por ignorancia o rebeldía (infracción directa), la interpreta de manera equivocada (interpretación errónea), o la utiliza indebidamente (aplicación indebida). Doctrina y jurisprudencia han precisado los alcances de cada una de dichas expresiones.
La transgresión por la vía directa implica llegar a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional, por dislates exclusivamente jurídicos; lo que significa que, en dicho nivel, el juzgador obtiene una conclusión específica mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma, quedando por fuera de su razonamiento todo lo relativo al haz probatorio del proceso o a aspectos netamente fácticos.
Entonces, como también se ha reiterado, este medio de impugnación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, ya que sus facultades, siempre y cuando la demanda cumpla con los requisitos de la ley procedimental, se limitan a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones, al dictarla, transgredió o no la ley sustancial de alcance nacional.
Para proceder a ese estudio, sin duda, la demanda de casación debe cumplir con las exigencias legales contenidas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y con las que jurisprudencialmente se han definido, las cuales no pueden ser subsanadas de oficio, en razón del carácter dispositivo del recurso extraordinario y que son las que precisamente se echan de menos en los cargos que se analizan, esto es, el segundo y el tercero.
Precisado lo anterior, considera la Sala que el único problema jurídico que debe resolver, está relacionado con la presunta equivocación del Tribunal al analizar el contrato de transacción de folios 76 a 77 del expediente, pues mientras que para la censura con su celebración se vulneraron derechos ciertos e indiscutibles, para el colegiado el mismo hizo tránsito a cosa juzgada, porque cumplió con los requisitos para su validez. Solamente en caso de que prosperara esta acusación, la Corte entraría a analizar la contenida en el cargo cuarto, relacionada con la pensión que reclama el recurrente.
Pues bien, el contrato de transacción suscrito por las partes fue del siguiente tenor:
Entre los suscritos HERNANDO PRYOR VARÓN, mayor de edad la ciudad de Bogotá D.C., (sic) identificado con la cédula de ciudadanía número 4.420 de Bogotá de una parte y por la otra FERNANDO DÍAZ CRIOLLO, también mayor de edad, vecino de esta ciudad identificado con la cédula número 19.069.649 de Bogotá; plenamente capaces, hemos celebrado el presente CONTRATO DE TRANSACCIÓN regido en lo general por el Artículo 2469 del Código Civil, en armonía con el artículo 340 y s.s. del C.P.C. y en lo particular por las cláusulas de este contrato y por los siguientes hechos:
El primero HERNANDO PRYOR VARÓN, contrató algunos servicios personales del segundo FERNANDO DÍAZ CRIOLLO, servicios que fueron prestados en forma esporádica y no continuada, para desarrollar en cargos (sic) temporales como son ventas de fincas, revisar labores desarrolladas por algunos trabajadores, cobrar dinero y hacer algunos pagos.
En desarrollo de lo anterior; surgieron algunos inconvenientes que no son aceptados por las partes, y en consecuencia para evitarse algún proceso judicial en orden a aclarar o determinar estos hechos las partes transan así:
PRIMERO: HERNANDO PRYOR VARÓN reconoce y entrega a FERNANDO DÍAZ CRIOLLO la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) como pago total de cualquier clase de honorarios, comisiones, bonificaciones, gastos u obligaciones en general que se hayan causado en todo el tiempo que se prestó el servicio.
SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior FERNANDO DÍAZ CRIOLLO declara haber recibido a satisfacción y a paz y salvo por todo concepto a HERNANDO PRYOR VARÓN, lo mismo a cualquier persona natural o jurídica que este represente o haya representado durante la prestación del servicio.
TERCERO: Las partes en forma recíproca se declaran a paz y salvo por todo concepto de lo aquí transigido, así como también renuncian a iniciar cualquier acción judicial o extrajudicial que tienda a modificar o desconocer en todo o en parte el contenido de este contrato.
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 29 días del mes de enero del año 2009.
HERNANDO PRYOR VARÓN (Fdo) FERNANDO DÍAZ CRIOLLO (Fdo)
CC No. 4.420 de Bogotá c.c. No. 19.069.649 de Bogotá
Sobre esa figura jurídica, la de transacción, ha dicho esta Corte en distintas oportunidades que resulta válida cuando: i) exista un litigio pendiente o eventual (art. 2469 del CC), ii) no se trate de derechos ciertos e indiscutibles (art. 15 del CST), iii) la manifestación expresa de la voluntad de los contratantes esté exenta de vicios y iv) se hagan concesiones mutuas o recíprocas.
En lo que hace al primer requisito, debe existir un conflicto o los supuestos fácticos que eventualmente puedan generarlo (litigio futuro o eventual), y bajo esa lógica el acuerdo funge como modo de precaverlo o terminarlo extrajudicialmente en caso de que haya nacido, en razón al efecto de cosa juzgada que lo acompaña y que impide el resurgimiento de la controversia judicial.
De lo consignado por las partes en el contrato de transacción celebrado el 29 de enero de 2009, se desprende con absoluta claridad que entre ellas existía controversia frente a la modalidad contractual que reguló la prestación de los servicios del demandante, dada la actividad (venta de fincas, cobro y pago de dineros, revisión de labores de algunos trabajadores) y la periodicidad con que se prestaron, que las propias partes calificaron como «esporádica y no continuada».
Por esas razones y para precaver un eventual litigio, como quedó consignado en el acuerdo, las partes acudieron al contrato de transacción previsto en el artículo 2469 del Código Civil, que establece: «La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa».
También es necesario que los derechos en disputa sean inciertos y discutibles, esto es, que tengan un carácter dudoso o, lo que es igual, que lo pretendido no pueda establecerse «a priori», sino mediante sentencia en firme. Este requisito es predominante, pues sin acreditarse la incertidumbre aludida, no puede abrirse paso el análisis del siguiente presupuesto, es decir las concesiones mutuas, puesto que, desde una perspectiva finalista del derecho del trabajo y como insistentemente lo ha detallado esta Sala, estas cesiones únicamente son procedentes si se trata de transigir pretensiones inciertas, y no derechos.
Para esta Sala, de la documental denunciada como dejada de apreciar por el Tribunal, no puede desprenderse certidumbre alguna sobre los derechos que reclama el demandante, no solo porque no existe documento que acredite prestación del servicio anterior al año 2002, sino porque con esas probanzas de folios 15 a 26 y 43, lo único que se demuestra o corrobora es que la actividad del demandante fue esporádica y no continuada, tal como lo consignaron las partes en el contrato de transacción, pues entre la fecha del primer encargo (12 de agosto de 2002) y los subsiguientes hasta el 14 de abril de 2005, transcurrieron interrupciones de hasta siete meses. Incluso, desde esta última calenda, hasta julio de 2008, no existe prueba alguna de prestación del servicio del demandante.
Además, lo que evidencia el documento de folio 111, lejos de una relación subordinada, es que el demandante le entregó al señor Hernando Pryor Varón, en el año 2005, la suma de veinte millones de pesos a título de mutuo con interés, suma que fue pagada junto con los intereses causados en cuantía de dos millones cuatrocientos mil pesos. Los documentos de folios 112 a 114, no fueron suscritos por el señor Hernando Pryor Varón, razón por la cual no tienen validez probatoria.
Finalmente, no es cierto que exista la pregonada confesión del señor Pryor Varón, pues de las respuestas dadas a las preguntas cuarta, sexta, octava y undécima lo que se ratifica es que nunca aceptó la existencia de una relación subordinada, ni menos continuada, sino simplemente esporádica y por comisión para la venta o el arrendamiento de fincas de las demandadas, especialmente. Bajo ese contexto, la transacción analizada cumple con el requisito previsto en el artículo 15 del CST, pues no versó sobre derechos ciertos e indiscutibles del demandante, toda vez que no era palmaria ni siquiera su prestación de servicios continuos y subordinados.
Así, surge patente del contrato de transacción, que cada uno de los sujetos procesales perdió parcialmente los derechos que creían tener, es decir, que se hicieron las concesiones mutuas, que también son de la esencia de la transacción, porque si bien no reconoció por ellos una relación subordinada, aspecto en el cuál cedió el demandante, sí se benefició con el reconocimiento de la suma de veinte (20) millones de pesos, donde se refleja la concesión de las demandadas. El acto, entonces, no se limitó a reconocer derechos a una sola de las partes o a renunciar a los que no se encontraran en disputa.
Frente al tema de la validez de la transacción en materia laboral, esta Sala ha tenido oportunidad de referirse en múltiples ocasiones (CSJ AL6059-2017; CSJ SL11939-2017; CSJ AL4888-2017; CSJ AL3608-2017, entre otras), habiendo manifestado en la última de las citadas que:
Esa figura jurídica, la de transacción, ha sido analizada por esta Corte en distintas oportunidades, en las que ha presupuestado que la transacción resulta válida cuando: i) exista un litigio pendiente o eventual (art. 2469 C. Civil), ii) no se trate de derechos ciertos e indiscutibles (art. 15 C.S.T.), iii) la manifestación expresa de la voluntad de los contratantes esté exenta de vicios, y si se pacta mediante representante judicial, este debe estar facultado para transigir el litigio pendiente o eventual y, iv) que hayan concesiones mutuas o recíprocas.
En lo que hace al primer requisito, es claro que debe existir un conflicto, o supuestos fácticos que eventualmente puedan generar un pleito judicial entre los contratantes (litigio futuro o eventual), y bajo esa lógica el acuerdo funge como modo de precaverlo o terminarlo extrajudicialmente en caso de que haya nacido, en razón a la cosa juzgada que lo acompaña y que impide el resurgimiento de la controversia judicial (CSJ AL607-2017).
También es necesario que los derechos en disputa sean inciertos y discutibles, esto es que tengan un carácter dudoso (res dubia); dicho en breve, que lo pretendido no pueda establecerse a priori, sino mediante sentencia en firme, de ahí que ante tal escenario, sea posible transigirla.
Este requisito es predominante, pues como se dijo en el precedente referenciado entre paréntesis,
Sin acreditarse la incertidumbre aludida, no puede abrirse paso el análisis del siguiente presupuesto, es decir las concesiones mutuas, puesto que, desde una perspectiva finalista del derecho del trabajo y como insistentemente se ha detallado, estas cesiones únicamente son procedentes si se trata de transigir pretensiones inciertas, y no derechos.
[…]
Precisamente, la transacción impedirá saber cuál de las tesis resultaría vencedora o vencida, por lo que la reciprocidad se vislumbra cuando cada uno de los sujetos procesales pierde parcialmente el derecho que cree tener, que en síntesis se traduce en que el demandante acceda en parte a la pretensión que aspiraba, pero obtiene más de lo que la demandada estaba dispuesta a otorgar y, asimismo, este último renuncia a su negativa absoluta de no pagar.
Las referidas concesiones mutuas, son de la esencia de la transacción, lo que implica que cada contendiente «pierda parte del derecho que cree tener. Si el acto se limita a reconocer derechos a una sola de las partes o a renunciar a los que no se disputan, no hay transacción» (CSJ SL, 19 nov. 1959, citado en decisión destacada), apreciación que deriva textualmente del artículo 2469 del Código Civil.
Se reitera que dentro del expediente no se encuentra acreditada la prestación del servicio durante los extremos que se indican en la demanda (18 de mayo de 1998 al 15 de noviembre de 2008), pues los documentos de los cuales pudiera desprenderse que existió una actividad desarrollada en beneficio de las demandadas, contenidos a folios 15 a 43, datan de los años 2002 a 2008, aunque no evidencian la prestación del servicio de manera continuada.
Tampoco se advierte, como lo pretende hacer ver la censura, que del interrogatorio de parte rendido por el representante legal de las demandadas se derive una confesión, porque al responder las preguntas cuarta, sexta, octava y undécima, como se dijo, lo único que hizo fue ratificar que el demandante no había desarrollado una labor continua y subordinada, sino esporádica y autónoma.
Bajo ese escenario, resulta patente que la transacción suscrita por las partes no sólo era jurídicamente admisible, como lo entendió el Tribunal, sino que perseguía sustraer de la esfera jurisdiccional un eventual litigio que había sido definido por las partes, intención que se encuentra claramente expuesta en el texto del acuerdo transaccional. Además, al revisar el texto del convenio, tal como antes se indicó, se advierte el cumplimiento de los demás requisitos para su validez, sin que exista cuestionamiento alguno sobre la intención de los contratantes, que estuvo exenta de vicios.
Por lo anterior, no encuentra la Sala que el Tribunal haya incurrido en alguno de los errores de hecho que le endilgó la censura en el cargo primero y, consecuencialmente, no existe ninguna infracción legal frente a la falta de reconocimiento de la pensión deprecada, pues no se cumplen los requisitos para su concesión y disfrute, máxime si se recuerda que con arreglo al artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, los jueces pueden privilegiar unas pruebas que para ellos ofrecen más convicción, sobre otras que no les resultan tan significativas en el marco del debate que están resolviendo. Ello, per se, no constituye una infracción legal sino el ejercicio de la facultad de libre formación del convencimiento, aspecto sobre el cual esta Corte ha recalcado lo siguiente (CSJ SL, 2 febrero 2006, radicado 27117):
[…] más que un yerro fáctico manifiesto o evidente por parte del Tribunal, lo que refleja es la inconformidad del censor con el convencimiento formado por el Juzgador luego del análisis de los elementos probatorios en su conjunto, y con el hecho de haber privilegiado unos sobre otros que en su sentir eran más creíbles.
Sin embargo, sobre esos parámetros no es posible edificar un desatino fáctico manifiesto en casación laboral, por cuanto el Juez del Trabajo goza en principio, por ministerio de la ley, artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de libertad probatoria para formar su convencimiento “inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”.
Y la Corte mientras no encuentre la estructuración de un yerro fáctico manifiesto, debe respetar la apreciación razonable que de las pruebas hace el juzgador de instancia. Como en este caso no se demostró la existencia de un tal error, el cargo no puede prosperar.
En la sentencia CSJ SL3475-2018, también referida al principio de libre formación del convencimiento, esto manifestó la Sala:
Al respecto se ha de precisar que el juzgador de segundo grado, en ejercicio de la facultad de libre formación del convencimiento reconocida como regla general en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de Seguridad Social, puede apoyar su decisión en las pruebas le merezcan mayor credibilidad, en detrimento de otras cuyo contenido sea diferente, pero que le generen dudas respecto de lo que pretende demostrase. Todo ello siempre y cuando la decisión sea razonable y no desafíe los principios de la lógica y de la sana crítica que desvirtúen su legalidad.
[…]
Corresponde a los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal Laboral les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del Tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso.
Por eso, dada la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, la Corte, en tanto actúa como tribunal de casación, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia, a quien, se repite, compete la función de establecer el supuesto fáctico al que debe aplicar la norma legal, cumplió con esa función y, por tanto, acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción.
Así se ha dicho que el recurso de casación ‘no es una tercera instancia’ en donde libremente puedan discutirse las pruebas del proceso y donde sea dable extenderse en consideraciones subjetivas sobre lo que indican las pruebas, pues el análisis de la Corte se limita a los medios de prueba calificados legalmente, y ello, siempre y cuando, de cuya observación por el juzgador de la alzada sea posible concluir un error manifiesto, protuberante u ostensible.
Las anteriores, a juicio de esta Sala, son razones suficientes para no darle prosperidad a la acusación.
Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo del demandante recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000) m/cte., que se incluirá en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012) por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por FERNANDO DÍAZ CRIOLLO contra las empresas NEANDER LIMITADA y TERRA S.A. EN LIQUIDACIÓN.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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