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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3106-2022

Fecha
17 de agosto de 2022
Magistrado ponente
Luis Benedicto Herrera Diaz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3106-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JOHN JAIRO MUÑOZ ZAPATA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. En sede de instancia, REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, del 11 de abril de 2019 y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, a reconocer y pagar a favor del demandante, JOHN JAIRO MUÑOZ ZAPATA, la pensión de vejez consagrada en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, a partir del 5 de junio de 2015, en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, por 13 mensualidades anuales. SEGUNDO: CONDENAR a la demandada a cancelar a al demandante por retroactivo pensional, causado entre el 5 de junio de 2015 y el 31 de julio de 2022, la suma de $74.766.053,67, sin perjuicio de las mesadas pensionales que se causen en adelante. TERCERO. Del retroactivo la demandada deberá realizar la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, con destino a la E.P.S. a la cual se encuentre afiliado el demandante. CUARTO: CONDENAR a la demandada a pagar al demandante sobre cada una de las mesadas adeudadas, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 19 junio de 2016, a la tasa máxima vigente al momento en que se efectué el pago. QUINTO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la llamada a juicio, conforme a las razones expuestas en precedencia. SEXTO: Las costas de primera instancia correrán a cargo de la demandada. Sin costas en segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3106-2022

Magistrado ponente: Luis Benedicto Herrera Diaz

17 de agosto de 2022

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Magistrado ponente

SL3106-2022

Radicación n.° 92301

Acta 27

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOHN JAIRO MUÑOZ ZAPATA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 22 de enero de 2021, en el proceso que promovió el recurrente contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

AUTO

Se reconoce personería a la doctora Martha Cecilia Rojas Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía n.° 31.169.047 y tarjeta profesional n.° 60.018 del CS de la J, como apoderada de Colpensiones, para los efectos y en los términos del poder conferido.

ANTECEDENTES

Ante el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, John Jairo Muñoz Zapata solicitó que se condenara a Colpensiones a reconocerle y pagarle la pensión mínima para desmovilizados establecida en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, junto con el retroactivo, las mesadas adicionales, los intereses moratorios e indexación y las costas procesales.

Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que: nació el 23 de febrero de 1953 y cumplió 62 años de edad en la misma data de 2015; cotizó al régimen de prima media con prestación definida un total de 626.15 semanas a través de empleadores privados y con el consorcio Prosperar; se desmovilizó de la Corriente de Renovación Sociales -CRS-, conforme a la certificación del 5 de junio de 2015, expedida por el Ministerio de Justicia; solicitó el 19 de febrero de 2016 a Colpensiones el reconocimiento de la pensión prevista en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, la cual le fue negada por Resolución n.° G.N.R 270699 del 13 de septiembre de 2016, sin que contra el citado acto se hubiera interpuesto recurso alguno, quedando agotada la reclamación administrativa.

Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, manifestó que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de falta del lleno de los requisitos legales; inexistencia de la obligación del pago de una pensión de vejez para desmovilizados; retroactivo; intereses moratorios e indexación; buena fe de Colpensiones; imposibilidad de condena en costas; prescripción; y falta de la exigibilidad de la obligación de ejecutabilidad de las sentencias judiciales.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 11 de abril de 2019 (fls. 78 y 79), absolvió a Colpensiones de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra y condenó en costas al demandante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, mediante fallo de 22 de enero de 2021, confirmó la sentencia de primer grado e impuso condena en costas al actor.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si al demandante le asistía el derecho a la garantía de pensión mínima para desmovilizados establecida en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, al encontrarse vigente y por tanto hacer parte del sistema general de pensiones, o si tal prestación corresponde a una pensión especial y, por ende, su vigencia fue limitada por el Acto Legislativo 01 de 2005.

Destacó que, de acuerdo con el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 18 de octubre de 2012, el artículo 147 de la Ley 100 de 1993 consagró un régimen especial; y que el artículo 48 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso que a partir de su vigencia no habrá regímenes especiales ni exceptuados, lo cual implicó que esta pensión fuera derogada por el nuevo ordenamiento constitucional, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 153 de 1887, el cual citó. En ese sentido, concluyó que, efectivamente, la norma en comento consagró una pensión especial, misma que, conforme a los lineamientos de la adenda constitucional citada, se mantuvo vigente hasta el 31 de julio de 2010, atendiendo el texto literal del parágrafo segundo transitorio de dicho acto legislativo.

Así, el colegiado advirtió que para que el demandante accediera a esta pensión especial era menester que hubiera cumplido los requisitos exigidos en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, dentro del término de su vigencia, esto es, entre el 1 de abril de 1994 y el 31 de julio de 2010, siendo tales requisitos: i) ser desmovilizado; ii) tener 60 años; y iii) contar con un mínimo de 500 semanas de cotización.

Analizada la prueba arrimaba al plenario encontró que Muñoz Zapata se desmovilizó de la Corriente de Renovación Socialista “CRS”, como consta en certificación emitida por el Ministerio de Justicia el 5 de junio de 2015 (fl. 14); cumplió 60 años el 23 de febrero de 2013 (fls. 8 y 9), ya que nació en la misma data de 1953, momento para el cual, si bien contaba con más de 500 semanas de cotización, puesto que tenía un total de 626,15 semanas (fls. 15 a 17), para cuando cumplió la edad mínima ya no estaba vigente el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, afirmó, conforme a lo estableció en el Acto Legislativo 01 de 2005, las pensiones especiales solo conservaron su vigencia hasta el el 31 de julio de 2010.

Asentó que si bien el inciso 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 señaló que se respetarían los derechos adquiridos con arreglo a la Ley, entendiéndose por éstos se presentan cuando para acceder al derecho se han cumplido los requisitos de edad y semanas de cotización, en el evento de no cumplirse algunos de ellos se tendría apenas una mera expectativa legítima, como en efecto sucedió en este caso, toda vez que,

[…] si bien el actor cumplió 2 de las 3 exigencias del artículo 147 de la Ley 100 de 1993 en vigencia del mismo, esto es, la calidad de desmovilizado y la densidad de semanas, la tercera, es decir, la edad mínima requerida, la cumplió después de la fecha de expiración de la vigencia de las pensiones especiales, fijada para el 31 de julio de 2010 por dicha reforma a la Constitución Nacional.

Por último, frente a los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, asentó que para la Corte Constitucional, en la Sentencia CC SU130-2013, la configuración de un derecho adquirido requiere que se reúnan todas las condiciones exigidas antes de que opere el tránsito normativo; mientras que las meras expectativas hacen referencia a la posibilidad que tienen las personas para adquirir un derecho en el evento de que no se produzca un cambio relevante en el ordenamiento jurídico. Así, los primeros, son una garantía constitucional de inmutabilidad y, los segundos, sí pueden ser modificados por el legislador.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la sentencia de primer grado y provea sobre costas.

Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula un solo cargo que fue objeto de réplica.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia de violar por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, los artículos 1, 3, 33 y 147 de la Ley 100 de 1993, el artículo 71 del Código Civil, el artículo 3 de la Ley 153 de 1887, el artículo 2 del Decreto 128 de 2003 y los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política.

En la demostración del cargo advierte que, dada la vía del ataque, no es materia de discusión que él se desmovilizó de la Corriente de Renovación Socialista – CRS; que nació el 23 de febrero de 1953, cumpliendo la edad de 60 años en el 2013; que contaba con 626.15 semanas cotizadas al cumplimiento de la edad; y que cumplió los 60 años con posterioridad al 31 de julio de 2010, es decir, después de la limitación impuesta por el Acto Legislativo 01 de 2005.

Luego de transcribir algunas consideraciones de la sentencia atacada, alega que el Tribunal infringió la ley sustancial al considerar que se encontraba derogada en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, pues echó de menos que «[…] la institución destinada a la supresión o modificación de las normas jurídicas es el artículo 71 del Código Civil […]»; así mismo, afirmó que la derogatoria de una ley puede ser expresa, tácita y por reglamentación orgánica, para lo cual citó como apoyos apartes de la sentencia CC C823-2006.

Asevera que el Tribunal restó eficacia al artículo 147 de la Ley 100 de 1993, al considerar de manera errónea que «[…] la garantía de la pensión mínima para los desmovilizados era una pensión “especial” y por ello, derivó que la norma constitucional afectaba su aplicación en el tiempo […]», no obstante, que esta Sala había clarificado la naturaleza de la prestación en la sentencia CSJ SL 4320-2021, para lo cual cita pasajes de la providencia y concluye que,

Así pues, al encontrarse plenamente vigente la disposición en comento, cual fuere, el artículo 147 de la ley 100 de 1993, no cabe dubitación alguna, relativa a la violación de la ley sustancial en la que incurrió la sentencia impugnada, al restarle su vigencia en el tiempo y por ende infringiéndola de forma directa, lo que conlleva a que se solicite respetuosamente a la Honorable Corte a CASE la sentencia y en sede de instancia abordar el alcance de la impugnación presentado.

RÉPLICA

Alega la replicante que el recurrente no esbozó en la demostración del cargo «[…] en qué consistió el error protuberante que le endilga a la sentencia de segundo grado ni como la valoración probatoria condujo a la aplicación indebida de los artículos mencionados; a contrario sensu, solo se limita a mencionar la ausencia de valoración […]».

Sostiene que la decisión del Tribunal «[…] se adecuó a la reiterada jurisprudencia sobre el asunto y a los supuestos fácticos del caso en concreto […]», para luego insistir en defectos de técnica que atribuye al cargo, como que se encuentra indebidamente presentado el alcance de la impugnación, «[…] al no concretar la petición en debida forma, lo que impide que sea subsanada de oficio por parte de la Corte, ya que incurriría en una extralimitación de sus funciones al ser el recurso de casación de carácter rogado […]».

Agrega que, «Incurre el recurrente en una mixtura de los cargos al pretender por la vía directa el estudio de la prueba documental, lo que constituye una equivocación porque a través de dicha vía únicamente se discuten cuestiones jurídicas, debido a que se tienen por aceptadas las conclusiones fácticas del caso»; por tanto, considera que el único cargo no está llamado a prosperar.

CONSIDERACIONES

Los defectos técnicos atribuidos a la censura no se presentan, por cuanto al examinar el escrito que sustenta el recurso extraordinario se observa explícitamente que el cargo se endereza por la vía directa, por lo que se impone advertir, en contraste, la equivocación en que incurre la oposición al reprochar a la censura el no haber indicado en que consistió el ‘error protuberante’ cometido en la sentencia de segundo grado, ‘y cómo la valoración probatoria condujo a la aplicación indebida de los artículos mencionados’, exigencias que como se sabe son propias de la vía indirecta. Además, fue expresa la manifestación del recurrente en relación a que no eran materia de discusión los aspectos fácticos de la sentencia, dada la vía seleccionada.

Igualmente, en el alcance de la impugnación se cumplió a cabalidad con las reglas que reconoce la jurisprudencia al respecto, en tanto hubo manifestación de lo que se pretende que haga la Corte en sede casacional, así como de aquello que se ha de resolver en cuanto se constituya en instancia, ya que se solicitó revocar la sentencia de primer grado.

En la misma línea, tampoco le asiste la razón a la réplica al señalar que el recurrente pretende cuestionar ‘conclusiones fácticas del caso’, puesto que el ataque se enfoca en sostener que la garantía de pensión mínima para desmovilizados es una prestación que se encuentra vigente, al margen de lo establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005, por cuanto se trata de una pensión dispuesta por el sistema general de pensiones, lo que envuelve, en estrictez, un debate de naturaleza jurídica.

Pues bien, aclarado lo anterior, no es materia de discusión en sede de casación que el demandante: i) nació el 23 de febrero de 1953 y cumplió 60 años en la misma data de 2013 (fls. 8 y 9); ii) se desmovilizó de la Corriente de Renovación Socialista – CRS-, como consta en certificación emitida por el Ministerio de Justicia del 5 de junio de 2015 (fl. 14); y para la época en que cumplió los 60 años contaba con un total de 626,15 semanas cotizadas (fls. 15 a 17).

Se recuerda, el Tribunal fundamentó su decisión en que, al ser la garantía de pensión mínima para desmovilizados un régimen especial, perdió su vigencia a consecuencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y, en esa medida, al actor, por haber cumplido los 60 años de edad con posterioridad al 31 de julio de 2010, no le asiste el derecho a la prestación. Tesis que fundamentó en el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

En ese orden, se impone para la Sala determinar si el Tribunal incurrió en algún desatino de orden jurídico al considerar que la prestación para los desmovilizados, contemplada en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, perdió vigencia a partir del 31 de julio de 2010, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 y, por esa vía, elucidar si al recurrente le asiste o no ese derecho.

Así las cosas, importa a la Sala recordar que la garantía de pensión mínima para desmovilizados es una prestación establecida por el legislador, con el fin de ampliar la cobertura del riesgo de vejez a un sector de la población que, por sus condiciones particulares por haber pertenecido a grupos al margen de la ley, tomaron la decisión de abandonar esas actividades para reincorporarse a la vida civil, facilitando de esta manera una mejor forma de vivir, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, el artículo 11 de la Ley 100 de 1993 previó que el sistema general de pensiones se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional y, por su parte, el artículo 279 consagró los sectores de la población que quedaban exceptuados de su campo de aplicación, tales como: los miembros de la Fuerzas Militares y de Policía Nacional; el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, siempre que estuviesen vinculados antes de su vigencia; los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y los servidores públicos de Ecopetrol y pensionados de la empresa.

De otra parte, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 se reglaron restricciones para acordar a través de pacto, convención o cualquier otro acto jurídico reglas pensionales diferentes a las consignadas en las normas vigentes. La reforma constitucional también señaló que la vigencia de los regímenes pensionales especiales y los exceptuados, así como cualquiera otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del sistema general de pensiones, expirará el 31 de julio de 2010, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública y al presidente de la República.

Si bien es cierto que con la expedición del Acto Legislativo perdieron vigencia los regímenes pensionales especiales y exceptuados, con las excepciones allí contempladas, no sucedió lo mismo con los que fueron creados por el sistema general de pensiones, es decir, por la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones, pues éstos forman parte integral del diseño institucional del sistema de seguridad social, como sucede precisamente con la pensión para los desmovilizados (art. 147); la pensión para quienes padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial; la pensión para la madre de hijo inválido (art. 33); y la pensión familiar (art. 151ª y 151 B).

Entonces, las pensiones consagradas por el sistema general de pensiones a las que se ha hecho alusión en precedencia, en particular la pensión para los desmovilizados, no ha perdido vigencia en virtud de la reforma constitucional, por así desprenderse claramente del mismo acto legislativo, al indicar que los regímenes especiales, los exceptuados, así como cualquiera otro, “distinto al establecido de manera permanente en las leyes del sistema general de pensiones”, expirará el 31 de julio de 2010.

Esta Sala ha explicado que la pensión para los desmovilizados corresponde a una prestación distinta a las pensiones contempladas por los regímenes especiales o exceptuados, respecto de los cuales el Acto Legislativo sí limitó su vigencia al 31 de julio de 2010, tal cual lo asentó en la sentencia SL3692-2021, al sostener lo siguiente:

En síntesis, a juicio de la Sala, la pensión especial de desmovilizados regulada en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993 hace parte del sistema general de pensiones y no de un régimen especial, y si bien contiene una serie de exigencias diferentes a las de la pensión de vejez común u ordinaria, ello no la convierte en uno de los esquemas pensionales derogados tácitamente por el Acto Legislativo 01 de 2005, pues la distinción normativa respecto a una densidad inferior de semanas cotizadas solo corresponde al compromiso del Estado colombiano por lograr una sociedad en paz, así como del propósito por reincorporar en el marco de la legalidad y el tejido social a aquellos ciudadanos que alzados en armas deciden renunciar a la confrontación armada y optar por una vida en paz.

Y el constituyente derivado señaló en el parágrafo transitorio segundo de la reforma constitucional antes aludida que «la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010».

De modo que la garantía de pensión mínima para desmovilizados del artículo 147 de la Ley 100 de 1993 tiene una connotación de permanencia en la medida que ampara a aquellos colombianos «que acogiéndose a procesos de paz se hayan desmovilizado o lo hagan en el futuro». Y en todo caso, así se entendiera que es un régimen especial, no quedó derogado por el Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que, se reitera, esa garantía se consagró en el sistema general de pensiones y goza de vocación de permanencia.

Por ello, de manera reiterada, como lo recuerda el recurrente, esta Corporación ha insistido en que la garantía de pensión mínima para desmovilizados es una prestación especial que se encuentra vigente, al margen de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, dada la vocación de permanencia que le imprimió el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, al incluirla como una prestación del sistema general de pensiones, cuya vigencia perdurará mientras no sea objeto de modificación o derogatoria por parte del legislador, como hasta ahora no lo ha sido, tal como se explicó en la sentencia CSJ SL4298-2021. Al respecto, dijo la Sala:

Debe señalarse que la pensión para desmovilizados no es una prestación contenida en compendios diferentes a la ley de seguridad social, pues fue precisamente implementada por la Ley 100 de 1993, la que en su artículo 147 establece los requisitos y beneficios de la misma.

De manera tal que, atendiendo las voces del acto legislativo en comento, la prestación bajo estudio: i) se estableció por la ley de seguridad social y, por ende, ii) para acceder a ella será necesario el cumplimiento de los requisitos de la pensión de vejez, conforme lo señala, de manera literal la norma, que a continuación se trascribe:

Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido

En ese horizonte, en los términos de la adenda constitucional, la pensión para desmovilizados no se encuentra regulada dentro del parágrafo segundo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 y no quedó afectada por la derogatoria que introdujo la reforma del artículo 48 constitucional a los regímenes especiales y exceptuado. Así las cosas, esta se mantendrá vigente, mientras el legislador, dentro del amplio margen de configuración normativa, no la derogue o modifique.

Entonces, comparten la misma naturaleza de pensión especial de que gozan las prestaciones del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, a decir, la de vejez por hijo inválido o deficiencia física, síquica o sensorial. Inclusive comparte su esencia con las otorgadas por alto riesgo, por ende, itérese, estamos ante una pensión de vejez especial regulada por el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, con requisitos diferentes a los fijados en la regla general, como quiera que permite a las edades establecidas en el régimen general, acceder a la prestación con el cumplimiento de un número inferior de semanas de cotización. Ahora, dada la orden constitucional de 1991 relativa a que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo, el Estado la otorga en sede de garantía de pensión mínima, esto es, que ante la insuficiencia de recursos para su financiación, la Nación asume el costo de dicha prestación.

El debate que hoy se surte en esta Corporación no fue ajeno al Tribunal constitucional que, en Sentencia CC C651-2015, reiterada en la Sentencia CC C093-2017, al analizar la naturaleza de la pensión del denominado régimen de alto riesgo y si ella se encontraba afectada por el término de vigencia del Acto legislativo 01 de 2005, de los regímenes especiales y exceptuados, acudió a la exposición de motivos para dejar por sentado que: 1) la reforma dejó claro que se querían «eliminar los regímenes pensionales especiales y exceptuados, pero no las reglas sobre pensiones de alto riesgo, por cuanto estas formaban parte en sentido estricto del sistema general de pensiones» 2) este sistema para tal momento «estaba conformado por las Leyes 100 de 1993, 797 y 860 de 2003, y por el Decreto ley 2090 de 2003», en consecuencia, las pensiones con venero en tales preceptivas no fueron afectadas por el acto tantas veces referido.

[…]

Conforme a ello, y sin hesitación alguna, es palmario que al ser la garantía estatal para desmovilizados una pensión creada y regulada en su integridad por la ley 100 de 1993, hace parte del Sistema General de Pensiones, y, por ende, puede producir efectos hasta tanto el legislador considere su pertinencia.

De otro lado, en cuanto al argumento expuesto por el Tribunal para dar por establecido que la pensión para los desmovilizados perdió su vigencia en virtud de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, basado en el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que otorgó a la pensión la naturaleza de régimen especial, se recuerda que el concepto citado fue materia de análisis por esta Sala, encontrando que el mismo se torna equivocado, pues en la providencia antes citada se indicó:

Si bien el Tribunal tomó dentro de sus soportes aquel concepto proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil; es menester señalar que el mismo equiparó la garantía de pensión mínima de desmovilizados a un régimen especial y, bajo esta premisa, consideró, en aplicación del principio de sostenibilidad fiscal, que tal prestación había sido afectada por la adenda constitucional, no obstante, dejó de lado la naturaleza de esta prestación pues precisamente no solamente fue creada, sino también es propia del sistema pensional, de manera que, en desarrollo del margen de configuración el congreso, determinó los requisitos y beneficios con condiciones particulares para su acceso como el ser un colombiano desmovilizado, al que, teniendo las edades de la regla general, podría acceder a una pensión en cuantía de salario mínimo, garantizado por la nación con 500 semanas de aportes.

En consecuencia, brota el desaguisado de la Sala sentenciadora por cuanto, con soporte en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, entendió que dicha pensión constituía un régimen especial y, por ende, derogado por el parágrafo 2 del Acto Legislativo 01 de 2005, cuando, en puridad de verdad, su naturaleza es una pensión especial de vejez creada y regulada por las leyes de seguridad social, como recientemente lo reconoció esta Sala en la providencia CSJ SL, 28 jul. 2021, rad. 83204.

En ese contexto, queda evidenciada la trasgresión impartida por el Tribunal al artículo 147 de la Ley 100 de 1993, lo que le impidió comprender que el precepto se encuentra vigente y, de esta manera, ignoró sus efectos al resolver el asunto puesto a su consideración en el recurso de alzada.

Sin costas, dada la prosperidad del cargo.

SENTENCIA DE INSTANCIA

Como complemento a lo expuesto en sede casacional, resulta pertinente agregar que la garantía de pensión mínima de vejez para desmovilizados es una prestación creada por la Ley 100 de 1993, desde su versión original, como contingencia cubierta por el sistema general de pensiones y, por esa razón, no puede ser equiparada a los regímenes especiales que resultan derogados por el Acto Legislativo 01 de 2005, puesto que el artículo 147 de dicha norma contempla para su reconocimiento la exigencia de acreditar el cumplimiento de una edad y un número de semanas de cotización, además de la condición de ser desmovilizado, lo cual se aviene al objetivo de la Ley respecto de ampliar la cobertura a sectores de la población, con el fin de garantizar el derecho irrenunciable a la seguridad social.

En esa línea, corresponde a la Sala elucidar si el actor acredita las exigencias para acceder a la garantía de pensión mínima para desmovilizados, consagradas por el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, el cual dispone:

ARTICULO 147. Garantía de pensión mínima para desmovilizados. Los colombianos que acogiéndose a procesos de paz se hayan desmovilizado o lo hagan en el futuro, podrán pensionarse en las edades establecidas en la presente Ley, con garantía de pensión mínima en el régimen de Prima Media con Prestación Definida, siempre que hayan cotizado por lo menos 500 semanas.

Por tanto, para la causación del derecho se exige acreditar los siguientes requisitos: i) ser colombiano desmovilizado en virtud de un proceso de paz; ii) cumplir con la edad establecida para la pensión de vejez general, y iii) tener por lo menos 500 semanas de cotización en el régimen de prima media.

Con relación al primer requisito, obra a filio 14 del expediente comunicación del 5 de junio de 2015, en donde el director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia hace constar que el señor John Jairo Muñoz Zapata, identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.048.182 de Medellín, figura como desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista “CRS”.

En lo que acontece con la edad exigida para la pensión de vejez, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9.º de la Ley 797 de 2003, exigió haber cumplido 55 años si se es mujer y 60 años si se es hombre. A partir del 1.º de enero del año 2014, la edad fue incrementada a 57 años para la mujer y 62 años para el hombre, exigencia que satisfizo el actor el 23 de febrero de 2013, cuando cumplió los 60 años de edad.

Se evidencia a folio 15 del expediente la historia laboral del actor donde aparecen registradas 626.15 semanas cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 1973 y el 31 de diciembre de 1998, acreditándose de esta forma el cumplimiento del tercer requisito exigido por la norma.

Ahora bien, con el fin de confirmar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación contemplada por el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, el actor nació el 23 de febrero de 1953, por lo que cumplió 60 años el mismo día y mes del año 2013, momento para el cual, de acuerdo con la historia laboral, superaba las semanas exigidas para acceder al derecho pensional deprecado.

Así mismo, acredita la condición de desmovilizado como requisito para acceder a la prestación, sin embargo, se observa que en la comunicación del Ministerio de Justicia, donde se hace constar tal hecho, no se menciona la fecha exacta desde cuando el demandante se desmovilizó y, en consecuencia, con el fin de garantizar al demandante el derecho irrenunciable a la seguridad social, se tendrá la fecha de la comunicación, es decir, el 5 de junio de 2015, como el momento a partir del cual se da por acreditado tal requisito, época para la cual el actor ya contaba con 62 años y 500 semanas de cotización al régimen de prima media con prestación definida, encontrándose causado así el derecho.

En cuanto a la cuantía de la prestación, la norma remite a la garantía de pensión mínima del régimen de prima media con prestación definida establecida por el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, el cual dispone que el monto de la pensión mínima de vejez no podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente y, por esta razón, la mesada pensional a que tenía derecho el demandante para el año 2015, fecha de causación del derecho, correspondía a la suma de $644.350,00 y para el 2022, ascendía a $1.000.000,00.

No sobra resaltar que el demandante tiene derecho únicamente a 13 mesadas al año, pues si bien la prestación se debe reconocer en un monto equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, se causó con posterioridad al 31 de julio de 2011, fecha límite establecida por el Acto Legislativo 01 de 2005 para que aquellas personas que recibieran una pensión igual o inferior a 3 salarios mínimos, por excepción, tuvieran derecho a percibir 14 mesadas anuales, no obstante, a partir de la vigencia de la modificación constitucional se consagró la prohibición de recibir más de 13 mesadas en cada anualidad.

Por otro lado, como la convocada a juicio formuló la excepción de prescripción establecida en el artículo 151 del CPTSS, debe tenerse en cuenta que el derecho a la prestación se causó el 5 de junio de 2015, pero el reclamo se produjo el 19 de febrero de febrero de 2016 (f.° 11) y la demanda fue radicada el 1 de febrero de 2017 (f.° 1), lo que indica, a todas luces, que no existen mesadas pensionales que resulten afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción.

Los demás medios exceptivos también se tendrán como no probados, dado el resultado del proceso y lo señalado en precedencia.

En tal entendido, el retroactivo pensional generado entre el 5 de junio de 2015 y el 31 de julio de 2022, calculado por 13 mensualidades anuales, arriba a la suma de $74.766.053,67, valor que deberá actualizarse a la fecha en que se haga efectivo el pago, de acuerdo a la siguiente liquidación:

Conforme a lo consagrado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo estatuido en el artículo 42 inc. 3º del Decreto 692 de 1994, se ordena a la demandada, conforme a la ley, descontar del retroactivo el valor correspondiente a las cotizaciones en salud para que sean giradas a la E.P.S. a la que se encuentre afiliado el demandante.

En lo tocante con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, resulta suficiente con memorar la posición imperante y reiterada de esta Sala, según la cual los intereses moratorios previstos en el precepto normativo citado, proceden siempre y cuando haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, independientemente de la buena o mala fe en la conducta del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional, en tanto su imposición es de connotación simplemente resarcitoria, encaminada a aminorar los efectos adversos que se producen al acreedor por la mora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones.

Acorde con lo expuesto, se condenará a la demandada al pago de los intereses moratorios, teniendo en cuenta la fecha de reclamación de la prestación (19 feb. 2016), a partir del 19 de junio de 2016, y a la tasa máxima legal vigente al momento en que se produzca el pago.

Costas en primera instancia a cargo de la parte demandada. Sin costas en segunda instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JOHN JAIRO MUÑOZ ZAPATA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

En sede de instancia, REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, del 11 de abril de 2019 y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, a reconocer y pagar a favor del demandante, JOHN JAIRO MUÑOZ ZAPATA, la pensión de vejez consagrada en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, a partir del 5 de junio de 2015, en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, por 13 mensualidades anuales.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada a cancelar a al demandante por retroactivo pensional, causado entre el 5 de junio de 2015 y el 31 de julio de 2022, la suma de $74.766.053,67, sin perjuicio de las mesadas pensionales que se causen en adelante.

TERCERO. Del retroactivo la demandada deberá realizar la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, con destino a la E.P.S. a la cual se encuentre afiliado el demandante.

CUARTO: CONDENAR a la demandada a pagar al demandante sobre cada una de las mesadas adeudadas, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 19 junio de 2016, a la tasa máxima vigente al momento en que se efectué el pago.

QUINTO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la llamada a juicio, conforme a las razones expuestas en precedencia.

SEXTO: Las costas de primera instancia correrán a cargo de la demandada. Sin costas en segunda instancia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Aclara voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n°92301

REFERENCIA: JOHN JAIRO MUÑOZ ZAPATA vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Con el debido respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en esta ocasión me permito aclara el voto en relación con el término a partir del cual se inicia el cobro de los intereses de mora por el pago de las mesadas pensionales de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

El plazo que tienen las entidades administradoras de pensiones para el reconocimiento y pago de la mesada pensional es de 6 meses contados a partir de la fecha de solicitud; luego es a partir del sexto mes que debe empezar a correr los intereses moratorios. La necesidad de enviar una respuesta unificada por la jurisdicción es lo que motivaba el cambio jurisprudencial en la doctrina probable de la justicia laboral ordinaria.

Pero más allá de la unificación jurisprudencial deseada, lo que me lleva a salvar es la íntima convicción de que la razón legal y constitucional está del lado de lo que ha venido reiterando con insistencia la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y el hecho de que esos mandatos son los que en la práctica se han venido consolidando en las relaciones entre las administradoras y los solicitantes de la pensión. Paso a exponer las razones del disenso:

La Corte Constitucional, en la sentencia CC T-170-2000, halló una omisión legislativa en relación con el plazo para el reconocimiento y pago de las pensiones a los que deberían estar sometidas las administradoras del régimen de prima media con prestación definida.

En su análisis tuvo ante sus ojos el artículo 19 del Decreto Ley 656 de 1994, que regula lo atinente a las administradoras del régimen de ahorro individual, el cual, en su inciso primero estatuye:

Artículo 19. El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses.

Sin hesitación ninguna, también revisó el artículo 6 del entonces vigente Código Contencioso Administrativo, y arribó a la siguiente conclusión:

3.11. Lo anterior, evidencia la necesidad e importancia de una regulación expresa en esta materia, no sólo en cuanto a la fijación de un plazo sino a un procedimiento, que permitan tanto al Seguro Social como a sus afiliados, tener certeza sobre el término que debe emplear éste para absolver peticiones de esta clase, sobre todo cuando de su decisión, depende el goce de otros derechos que, según las circunstancias de cada caso, podría involucrar derechos de carácter fundamental. La reglamentación de esta materia, entonces, permitirá que principios como los de igualdad, eficacia y eficiencia que imperan la función administrativa tengan plena ejecución.

3.12. Así, mientras el legislador cumple su función de establecer un término razonable en que entidades como el Seguro Social deben emplear para dar respuesta a las solicitudes que sus afiliados, específicamente en materia de reconocimiento de pensiones, ha de entenderse que esta entidad debe aplicar por analogía el lapso contenido en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, según el cual las solicitudes de pensión deben resolverse de fondo en un término máximo de cuatro (4) meses desde el momento en que se radique la respectiva petición. Hecho éste que tendrá que ser informado al solicitante en el lapso al que hace referencia el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo.

Como fácilmente se puede inferir, el problema jurídico que encontró la Corte Constitucional era simple y llanamente que no existía un plazo determinado en la ley para que las administradoras del régimen de prima media, en satisfacción del derecho de petición, dieran respuesta a las solicitudes de pensión, estableciendo por analogía, dados los principios de igualdad, eficacia y eficiencia, el mismo plazo que contempla el mencionado artículo 19 del Decreto Ley 656 de 1994 para el régimen de ahorro individual, claro está, mientras el legislador cumplía con su función de determinar los plazos razonables para el régimen de prestación definida.

Nótese que el núcleo fundamental que se encuentra protegiendo es el derecho de petición; en parte alguna de la norma mencionada, y del anterior desarrollo jurisprudencial, se hacía referencia al momento del pago de las pensiones. Se insiste, aún a riesgo de fatigar, que el plazo que otorgó el Decreto Ley 656 de 1994, para las Administradoras del régimen de ahorro, y que se extendió para las de prima media, tiene como finalidad la satisfacción del derecho de petición, en relación con el reconocimiento de la pensión, no de su pago.

Ahora bien, el Gobierno Nacional promulgó la Ley 700 de 2001 “por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los pensionados y se dictan otras disposiciones”; en el artículo 1º dispuso que: “la presente ley tiene por objeto agilizar el pago de las mesadas a los pensionados de las entidades públicas y privadas en todos los regímenes vigentes, con el fin de facilitar a los beneficiarios el cobro de las mismas”. Así las cosas, este precepto define expresamente el momento del pago de las mesadas pensionales.

En la misma dirección el artículo 4.° consagra el plazo máximo para el pago de las mesadas pensionales, e instituye como causa de mala conducta su incumplimiento, por acción u omisión, indica:

Artículo 4°. A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrán un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes.

Parágrafo. El funcionario que sin justa causa por acción u omisión incumpla lo dispuesto en el presente artículo incurrirá con arreglo a la ley en causal de mala conducta y será solidariamente responsable en el pago de la indemnización moratoria a que haya lugar si el afiliado ha debido recurrir a los tribunales para el reconocimiento de su pensión o cesantía, el pago de costas judiciales, será a cargo del funcionario responsable de la irregularidad.

Luego es diamantino que la Ley 700 reguló el plazo para el pago de la mesada pensional, que, como se denota, es diferente al momento en que se satisface el derecho de petición de reconocimiento de la pensión, el cual hasta este momento estaba regulado por el Decreto Ley 656 de 1994, aplicable por analogía constitucional al Régimen de Prima Media, y que no es otro que el de 4 meses.

De esta forma quedan establecidas las tres etapas del reconocimiento de la pensión: i) la satisfacción del derecho a la información; ii) la del derecho de petición a través del reconocimiento de la pensión y, iii) la del pago de la mesada pensional.

Repárese en que la Corte Constitucional, luego de memorar las sentencias CC T-170-2000, CC T-1166-2001, CC T-001-2003, CC T-422-2003 y T-588-2003, entre otras, unificó tales reglas en el fallo CC SU-975-2003, de la siguiente manera:

6) Del anterior recuento jurisprudencial queda claro que los plazos con que cuenta la autoridad pública para dar respuesta a peticiones de reajuste pensional elevadas por servidores o ex servidores públicos, plazos máximos cuya inobservancia conduce a la vulneración del derecho fundamental de petición, son los siguientes:

(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo.

(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal;

(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001.

Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenazan la vulneración del derecho a la seguridad social. Todos los mencionados plazos se aplican en materia de reajuste especial de pensiones como los pedidos en el presente proceso.

En relación con la primera etapa, baste con indicar que en la mencionada sentencia de tutela, que es hito, se expuso:

Sin embargo, para la Sala es claro que la naturaleza misma de la solicitud de pensión, por los trámites internos que ella impone para su reconocimiento o denegación, hace del término de quince (15) días, un plazo muy breve para que la entidad resuelva en debida forma sobre éste. Razón por la que ha de entenderse que como en dicho término no puede darse una respuesta de fondo, núcleo esencial del derecho de petición, el Seguro Social ha de informar al solicitante si la documentación allegada está completa y en caso contrario señalar la que hace falta, así como advertir el término que empleará para resolver de fondo la solicitud. Término éste que debe ser igualmente razonable. Razonabilidad que queda a la discrecionalidad del funcionario, y que en su momento ha de ser evaluada por el juez de tutela, cuando tenga que resolver sobre la existencia o no de vulneración del derecho de petición en un caso concreto. Por tanto, se puede afirmar que la inexistencia de un término exacto señalado directamente por el legislador, genera, en si mismo, inequidades entre los diversos afiliados al sistema de seguridad social

A pesar de ello, como arriba se mostró, el déficit normativo en relación con el momento de satisfacción del derecho de petición a través del reconocimiento pensional en el régimen de prima media con prestación definida, se mantenía. Es por ello que, al reformar el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que regula la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, en el último inciso del parágrafo 1º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, se estableció:

Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte.

Así quedó saldado el déficit legislativo en torno al momento del reconocimiento pensional como respuesta al derecho de petición para el régimen de prima media con prestación definida.

Pero hay más. En sentencia CC C1024-2004, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de la palabra «Fondos» contenida en la citada disposición, razonó:

Conforme a la doctrina constitucional previamente expuesta, es viable concluir que cuando el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 se refiere a los “fondos”, está comprendiendo dentro de esta denominación a todas las entidades públicas o privadas encargadas de administrar el Sistema de Seguridad Social Integral en Pensiones, otorgar una respuesta de fondo acerca del reconocimiento, reliquidación o reajuste de una pensión de vejez en el término de cuatro (4) meses contados desde la radicación de la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite dicho derecho.

Si bien el legislador optó por utilizar la palabra “fondos”, una interpretación sistemática de las disposiciones que regulan el régimen de pensiones en la ley de seguridad social, permite ratificar la posición de la Corte seguida en sus distintas salas de revisión en procesos de tutela, en torno a la aplicabilidad del artículo 9° de la Ley 797 de 2003 a las entidades públicas de seguridad social, tales como, la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) o el Seguro Social.

En efecto, la palabra “fondos” en materia de seguridad social, no se limita exclusivamente a identificar la existencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y/o Cesantías (A.F.P’S), sino que también comprende el reconocimiento (i) de los “fondos de pensiones”, es decir, el conjunto de cuentas individuales que como patrimonios autónomos distintos e independientes del de las administradoras del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad garantiza la rentabilidad de los recursos aportados por los cotizantes a dicho régimen (Ley 100 de 1993, artículo 60) y, adicionalmente, (ii) del “fondo común”, o entre palabras, de la sumatoria de los aportes de los afiliados al régimen Solidario de Prima Media con prestación definitiva, para asegurar el pago de las pensiones de los jubilados; fondo administrado por el Seguro Social y transitoriamente por otras cajas o entidades del sector público o privado, en virtud de lo previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes (Ley 100 de 1993, artículo 32)

En este orden de ideas, cuando la disposición acusada exige a los “fondos” reconocer la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario; lo que realmente determina, es que les corresponde a las administradoras de los fondos de pensiones o de los fondos comunes, proceder a dicho reconocimiento en el término de ley.

Entonces brota palmario que para el Tribunal Constitucional, a pesar de la vigencia del Decreto Ley 656 de 1994, la palabra fondos incluye los del régimen de ahorro individual con solidaridad y los del régimen de prima media con prestación definida, quedando, por demás, de forma transparente, que el plazo para el reconocimiento de la pensión es de cuatro meses.

Pero además, al referirse a la Ley 700/01, enseñó:

Ahora bien, contrario a lo expuesto por el Ministerio Público, el término de seis (6) meses previsto en el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, tiene como finalidad exigir que ninguna pensión puede llegar a ser reconocida y a la vez pagada más allá de dicho preciso término, sin establecer distinciones de plazo entre las autoridades públicas o privadas encargadas de la administración del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, para pronunciarse acerca de la pensión de vejez HYPERLINK "http://www.lexbase.biz/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C1024de2004.htm" \l "_edn60" \o "" [lx].

En consecuencia, lejos de establecer el legislador un término diferencial para que las entidades públicas o privadas encargadas de administrar el Sistema de Seguridad Social Integral en Pensiones den respuesta a las peticiones de los ciudadanos referentes al reconocimiento, reajuste o reliquidación de la pensión de vejez; una interpretación armónica de las normas vigentes con fundamento en la doctrina constitucional esgrimida por esta Corporación, permite concluir que los plazos previstos en la ley para hacer efectivo el derecho de petición en materia pensional, obligan de igual manera y en las mismas condiciones a las entidades públicas y privadas de seguridad social, en aras de preservar-en un plano de igualdad-los derechos sociales y fundamentales de sus afiliados.

La Corte, al resumir los términos para el trámite pensional, en la referida sentencia de constitucionalidad, dijo:

Como resultado de la evolución jurisprudencial en este tema y con el fin de fijar la posición a seguir ante la existencia de criterios en ocasiones contradictorios de las diferentes Salas de Revisión, mediante sentencia de unificación SU-975 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), se señalaron los plazos con que cuentan las distintas autoridades para dar respuesta de fondo a las peticiones en materia pensional y de esa manera garantizar la efectividad de dicho derecho.

Así, esta Corporación concluyó que el plazo es:

De quince (15) días hábiles en cualquiera de las hipótesis relacionadas con solicitudes de información acerca del trámite y el procedimiento para el reconocimiento de una pensión. Sobre la materia expuso que en cualquiera de las siguientes hipótesis regula el citado término, a saber: “(...) a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo”.

De cuatro (4) meses para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional (reconocimiento de pensiones de vejez e invalidez así como las relativas a reliquidación y reajuste de las mismas). (Decreto 656 de 1994, artículo 19 y Ley 797 de 2003, artículo 9°).

Debe precisarse que el término de cuatro meses no es aplicable en el caso en que se trate del reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, por cuanto allí opera el término fijado por el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, esto es, máximo "dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho”.

Independientemente del plazo previsto para el reconocimiento, reajuste o reliquidación de una pensión, ninguna autoridad podrá demorar más seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud por el peticionario, para realizar efectivamente el pago de las mesadas pensionales. (Artículo 4 Ley 700 de 2001)

De suerte que, es absolutamente cristalino que, desde el punto de vista constitucional como legal, el plazo para el reconocimiento de la pensión es de cuatro meses a partir de la solicitud, -esto sin perjuicio del plazo para definir las prestaciones en materia de invalidez y muerte de un afiliado- y el de pago es de máximo seis meses contados desde ese mismo momento.

No se pierda de vista que esta posición ha sido reiterada profusamente por la Corte Constitucional y acogida por el Consejo de Estado.

No sobra memorar que recientemente el Consejo de Estado abordó el entendimiento de artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en providencia de la Sección Segunda, Subsección b) radicado 17001-23-33-000-2015-00034-01 del 10 de julio de 2020 en la que de manera puntual señaló que los intereses de mora son causados por «el retraso en el pago de las mesadas pensionales en consideración al título que las haga exigible, esto es, el acto administrativo de reconocimiento de la prestación que determine el monto y periodicidad de dicho pagos, pues en ese momento nacería la obligación de pagar, y en caso de retardo en el desembolso se causaría la mora.»

En el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, reza:

ARTICULO 141. Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

En ese orden, si la ley determina un plazo de seis meses a partir de la solicitud de reconocimiento de la pensión para efectuar el pago de las mesadas de las pensiones, palmar es que los intereses moratorios sólo pueden correr a partir del vencimiento de dicho tiempo, mientras tanto no hay mora, pues recuérdese que quien está en plazo nada debe.

Ahora bien, es importante hacer la distinción legal y constitucional de los plazos arriba referidos, puesto que su incumplimiento acarrea diferentes consecuencias legales, que van desde una sanción netamente administrativa por el ente de vigilancia y control, la imposición de multas, hasta la condena ante la morosidad en el pago de una prestación. No obstante, la postura mayoritaria deja de lado la normativa que exhibe que el plazo para cancelar la mesada es diferente al de reconocimiento, lo que me lleva a aclarar el voto en este puntal aspecto.

Pero, además, considero que, aunque las Altas Cortes pueden tener diferentes puntos de vista en relación con la interpretación de las normas, en este asunto concreto la razón se encuentra de parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, por lo cual era menester hacer convergencia hacia su jurisprudencia para evitar distorsiones en la interpretación sobre los términos legales que, por su naturaleza, son de orden público con un gran impacto y repercusión social y económico.

Fecha ut supra,

FERNANDO CASTILLO CADENA

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