RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL3109-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3109-2019

Fecha
9 de julio de 2019
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3109-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el dieciséis (16) de julio de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral adelantando por JOSÉ ISABEL CAICEDO YÁÑEZ contra la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. y FRANCISCO JAVIER MURILLO CONTRERAS. Costas como se dispuso en la parte motiva de la sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3109-2019

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

9 de julio de 2019

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL3109-2019

Radicación n.° 60233

Acta 22

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la sociedad COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 16 de julio de 2012, dentro del proceso adelantado en su contra por JOSÉ ISABEL CAICEDO YÁÑEZ.

ANTECEDENTES

José Isabel Caicedo Yáñez instauró demanda contra Francisco Javier Murillo Contreras y la sociedad Compañía de Seguros Bolívar S.A. (en adelante Seguros Bolívar), con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre los señores Caicedo Yáñez y Murillo Contreras; que se declarara la ocurrencia de un accidente de trabajo; que el contrato terminó por la renuncia del trabajador; que con ocasión del accidente de trabajo sufrido tuvo una pérdida de capacidad laboral del 50,30% determinada por el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander y no del 41,93% como lo estableciera la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en sede de apelación del dictamen inicial; y que como consecuencia de dichas declaraciones, se condenara a los demandados al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen profesional, así como al retroactivo causado desde el momento de la estructuración de la invalidez, los demás derechos que aparecieran probados, y las costas procesales.

Como fundamento de sus pretensiones, señaló que José Isabel Caicedo Yáñez se vinculó laboralmente con el señor Murillo Contreras, el día 30 de abril de 2001, para desempeñarse como obrero picador en la mina «El Peñón»; que el día 27 de septiembre de 2001 sufrió un accidente de trabajo dentro del socavón de la mina en la que trabajaba; que desde esa fecha fue atendido económica y asistencialmente por la ARL Seguros Bolívar; que con causa en ese accidente fue valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander y que como resultado de esa diligencia obtuvo una calificación de pérdida de capacidad laboral del 50,30%; que contra ese dictamen la demandada Seguros Bolívar presentó los recursos de reposición y apelación; que la Junta Regional de Calificación concedió el recurso de apelación y que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez disminuyó la calificación al 40,95%; y que con ocasión de esa calificación final la demandada Seguros Bolívar liquidó una indemnización por un valor de $6.797.700.

Sostuvo que le asistía el derecho a la pensión por invalidez, habida cuenta de que la Junta Regional había establecido una pérdida de capacidad laboral superior al 50%.

Seguros Bolívar S.A. contestó oponiéndose a las pretensiones, argumentando que no estaba en condiciones de asumir los efectos de la declaratoria de un contrato de trabajo entre un tercero y el demandante, que cumplió con todas las obligaciones legales que, como ARL, le imponía el ordenamiento jurídico respecto de la atención del accidente de trabajo sufrido por el demandante.

Propuso las excepciones que denominó como falta de litis consorte, cobro de lo no debido, compensación, prescripción y buena fe.

Por su parte, el señor Murillo Contreras contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, admitiendo la existencia del contrato de trabajo y del accidente de trabajo, pero rechazando la procedencia del reconocimiento de la pensión deprecada.

No propuso excepciones.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral Adjunto del Circuito de Cúcuta, en sentencia del 16 de abril de 2012, declaró la existencia del contrato de trabajo entre los señores Caicedo Yáñez y Murillo Contreras, y absolvió a los demandados de las demás pretensiones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Surtido el trámite de consulta, la Sala Primera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante sentencia del 16 de julio de 2012, dispuso:

PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia de primera instancia y en consecuencia se ordena a la AMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES SEGUROS BOLIVAR a que reconozca y pague al señor JOSE ISABEL CAICEDO YAÑEZ la pensión de invalidez en forma vitalicia liquidadas sobre el salario base de cotización actualizado a partir del 15 de diciembre de 2001, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el ordinal primero de la sentencia consultada.

En sustento de su decisión, y para lo que interesa al recurso de casación, el Tribunal estableció como problema jurídico a resolver

[…] cuál de los dos dictámenes rendidos tanto por las (sic) Junta regional como por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez debe ser tenido en cuenta a fin de determinar el porcentaje de invalidez y en consecuencia si le asiste el derecho al señor JOSE ISABEL CAICEDO YAÑEZ para que la Administradora de Riesgos Profesionales de SEGUROS BOLIVAR reconozca y pague la pensión de invalidez.

Para resolverlo, se detuvo en el contenido de los dos dictámenes, resaltando que el proferido por la Regional determinó una pérdida de capacidad laboral del 50,30%, mientras que el de la Nacional la determinó en 40,95%, para concluir, con fundamento en la regla de juicio contenida en el artículo 61 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que el juzgador no estaba atado al resultado de los dictámenes, pudiendo «[…] válidamente esta Sala apartarse de acoger lo dictaminado al respecto, al encontrar bases sólidas para optar por una calificación distinta o hallar respaldo en otros elementos probatorios». En sustento de su posición, invocó las consideraciones expuestas por la Corte en las sentencias CSJ SL 27 de marzo de 2007 radicado 27528 y CSJ SL 13 de septiembre de 2006 radicado 29328, en la que afirmó que,

[…] ninguno de los dictámenes le era obligatorio y que, en ejercicio de la facultad de la libre formación del convencimiento, podía optar por cualquiera y, en el caso concreto, la opción debía ser por el dictamen de la Regional, en la medida en que la calificación surtida por ésta tuvo en cuenta las condiciones físicas materiales de la persona calificada, al hacer una entrevista que sirvió para la verificación de sus condiciones de salud.

[…]

De ahí que, al no obligar al Juez de trabajo la decisión de las Juntas de Calificación en lo relativo a la pérdida de la capacidad laboral, podía válidamente esta Sala abstenerse de acoger lo dictaminado al respecto, al encontrar bases sólidas para optar por una calificación distinta o hallar respaldo en otros elementos probatorios que brindaron mayor convicción en relación a dicha temática, lo cual está acorde a la potestad legal de apreciar libremente las pruebas aducidas al proceso que tienen los operadores judiciales, conforme a lo previsto en el artículo 61 del C.P. del T. y de la S.S.

Así pues, en criterio del Tribunal, el dictamen proferido por la Junta Regional satisfacía de mejor modo la carga probatoria necesaria para la demostración de la pérdida de capacidad laboral, al considerar un criterio -la condición física de la persona calificada-, que la Junta Nacional no tuvo en cuenta.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la sociedad demandada Seguros Bolívar S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

En su demanda, la recurrente estableció el alcance de la impugnación, así:

Se pretende que la H. Corte CASE la sentencia impugnada en cuanto a revocó parcialmente el fallo apelado, y en su lugar condenó a LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES SEGUROS BOLÍVAR a reconocer y pagar al demandante señor José Isabel Caicedo Yáñez la pensión de invalidez en forma vitalicia, con base en el salario de cotización actualizado a partir del 15 de diciembre de 2001.

En su lugar, en sede de instancia, confirme en todas sus partes la sentencia del 16 de abril de 2012 proferida por el señor Juez Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta, especialmente el ordinal TERCERO de la parte resolutiva mediante el cual decidió «ABSOLVER» a los demandados ARP COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A… de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por el señor JOSE ISABLE (sic) CAICEDO YAÑEZ.

Con tal propósito, formuló dos cargos por la causal primera de casación, que no fueron replicados, que serán resueltos de forma conjunta, toda vez que persiguen el mismo fin y se fundan en similares disposiciones normativas.

PRIMER CARGO

Lo formuló por la vía directa, en los siguientes términos:

La sentencia impugnada viola por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 3º y 11 del Decreto 2463 de 2001, en relación con lo artículos 9º y 10 del Decreto 1295 de 1994; los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 61 y 145 del Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En la sustentación del cargo, puso de presente que el debate procesal se centró en determinar cuál de los dos dictámenes si el de la Junta Regional o el de la Junta Nacional, era el adecuado para determinar la pérdida de capacidad laboral del señor Caicedo y, en consecuencia, determinar la procedencia del reconocimiento pensional.

A partir de dicha aproximación, manifestó que el error jurídico del Tribunal consistió en rebelarse contra el mandato contenido en el artículo 11 del Decreto 2463 de 2001, según el cual el Dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez es «obligatorio» y que, en consecuencia, el juez no está facultado para separarse de lo que este señale, habida cuenta de su origen técnico.

Ante esta circunstancia, y asumiendo la existencia de una postura doctrinal en la Corte contraria a sus intereses, la recurrente solicitó que esta fuese revisada, en procura de hacer procedente su ataque contra la sentencia del Tribunal.

SEGUNDO CARGO

Lo formuló por la vía directa, en los siguientes términos:

La sentencia impugnada viola en forma directa, en la modalidad de infracción directa (falta de aplicación) de los artículos 35 del Decreto 2463 de 2001 y 32 del Decreto 1346 de 1994, lo que lo condujo a la interpretación errónea de los artículos 38, 39 (artículo 1º Ley 860 de 2003), 41 (artículo 52 Ley 962 de 2005 a 43 de la Ley 100 de 1993, llevándolo a la aplicación indebida de los artículos 40, 42, 46 y 47 del Decreto 1295 de 1994 y 216 del C.S.T., y 51 y 61 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, como violación medio.

En desarrollo del cargo, y considerando que se formuló por la vía directa, la recurrente manifestó su conformidad con los presupuestos fácticos de la decisión del Tribunal, que a) el demandante fue trabajador subordinado del señor Francisco Javier Murillo Contreras; b) el demandante sufrió un accidente de trabajo, estando al servicio de su empleador; y c) que el demandante estuvo afiliado a la ARP administrada por Seguros Bolívar.

A partir de esa premisa, la recurrente censuró al Tribunal el hecho ir contra el mandato contenido en el artículo 35 del Decreto 2463 de 2001, así como de lo previsto por el artículo 32 del Decreto 1346 de 1994, en la medida en que la controversia respecto del contenido del dictamen emitido por la Junta de Calificación de Invalidez debía llevarse a cabo en sede judicial y, en el caso en estudio, el Tribunal desestimó el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez sin fórmula de juicio.

Esta última circunstancia conllevó al desconocimiento del carácter de definitivo que adquiere el dictamen proferido por la Junta Nacional, el cual, una vez ejecutoriado, sólo puede ser controvertido y eventualmente revocado en el escenario judicial, previa demanda en su contra.

Así pues, lo que correspondía al Tribunal era estarse a lo resuelto por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en la medida en que su decisión constituía una resolución de segunda instancia, proferida con ocasión de la interposición de un recurso de apelación procedente, pertinente y oportuno.

Cerró su argumento en los siguientes términos:

Y es que, se insiste, la contradicción del experticio al tema de la pérdida de capacidad laboral y su porcentaje de calificación, tienen asignado un procedimiento específico de la denominada «doble instancia», que conduce precisamente a que el dictamen o pericia del Ente Superior, sea definitivo y de obligatorio cumplimiento. Lo contrario, como lo decidió el Tribunal, y por ello el desatino jurídico de este fallador, llevaría a desechar la impugnación que precisamente creó el Legislador, en aras del debido proceso, lo cual es totalmente contrario a la normativa Constitucional al tema.

CONSIDERACIONES

Del análisis de los cargos, y considerando que se proponen por la vía directa, encuentra esta Sala que la recurrente discrepa de la decisión del Tribunal consistente en decretar la causación de una pensión de invalidez con base en un dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en desmedro de otro proferido por la Junta Nacional como resultado de la apelación interpuesta contra el primero de ellos.

Para abordar el análisis del asunto, es pertinente poner de presente que en sede de casación no se discute el sustento fáctico de la decisión, sino el modo cómo el Tribunal construyó su convencimiento, y tal circunstancia conlleva, necesariamente, a desestimar los cargos, puesto que el error imputado no es uno de derecho, sino uno de hecho que debió ser formulado entonces por la vía indirecta, a partir del escrutinio de los medios de prueba calificados en función de la construcción del juicio del fallador de instancia.

En este sentido, la Sala considera que, conforme con el alcance del recurso propuesto, la sentencia recurrida debe mantenerse incólume, con base en los argumentos que se exponen a continuación.

El artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece, como regla de juicio, la libre formación del convencimiento judicial a partir de la sana crítica del acervo probatorio, liberando al fallador de la tarifa legal con la única limitación de acreditar mediante prueba idónea aquellos hechos respecto de los cuales el legislador impone una formalidad ad substantiam actus. Esta fórmula, que desde 1948 informa en el procedimiento laboral, y que fuera recibida en los ordenamientos procesales civiles, constituye la esencia del ejercicio epistemológico del juez al momento de resolver las controversias puestas ante su conocimiento.

En relación con el asunto que se analiza, la Corte ha sido consistente en precisar que, en el evento de la determinación de la condición de invalidez predicable de una persona, los dictámenes expedidos por las juntas de calificación de invalidez, ya sea regional o nacional, constituyen prueba documental emanada de un tercero, y su valoración es la propia de ese medio de formación del convencimiento. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL 21693-2017, citando la sentencia CSJ SL 9184-2016, dispuso que,

[…] tiene definido la Sala, que al interior de un proceso judicial en la calificación de la pérdida de capacidad laboral y el origen de una enfermedad o accidente, las Juntas de Calificación de Invalidez intervienen como auxiliares de la justicia, de suerte que la selección del órgano encargado de practicar el dictamen pericial es del es (sic) resorte del instructor del proceso, en virtud del principio de libertad probatoria del que están investidos los juzgadores de instancia no solo en cuanto a la valoración de los elementos de juicio incorporados al expediente, sino además al optar por el medio de prueba que estima más adecuado para demostrar los supuestos fácticos en que se soportan pretensiones y excepciones, sea que los decrete por su propia iniciativa, ora por petición de las partes.

Así las cosas, acertó el Tribunal al conformar su convencimiento, en la medida en que dio aplicación a los postulados de la sana crítica para valorar el acervo probatorio y arribar a la conclusión que ahora se censura.

Así las cosas, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente y a favor de la opositora, comoquiera que el recurso no prosperó. Como agencias en derecho se fija la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000), que se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia elabore, conforme con lo previsto por el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el dieciséis (16) de julio de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral adelantando por JOSÉ ISABEL CAICEDO YÁÑEZ contra la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. y FRANCISCO JAVIER MURILLO CONTRERAS.

Costas como se dispuso en la parte motiva de la sentencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

ACLARACIÓN DE VOTO

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL3109–2019

Radicación n.° 60233

Acta 022

Con todo respeto por la mayoría de la Sala, me permito aclarar voto en el sub lite, respecto del análisis del dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez.

Dijo la Corte en el proveído del que me alejo:

En relación con el asunto que se analiza, la Corte ha sido consistente en precisar que, en el evento de la determinación de la condición de invalidez predicable de una persona, los dictámenes expedidos por las juntas de calificación de invalidez, ya sea regional o nacional, constituyen prueba documental emanada de un tercero, y su valoración es la propia de ese medio de formación del convencimiento. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL 21693-2017, citando la sentencia CSJ SL 9184-2016, dispuso que,

[…] tiene definido la Sala, que al interior de un proceso judicial en la calificación de la pérdida de capacidad laboral y el origen de una enfermedad o accidente, las Juntas de Calificación de Invalidez intervienen como auxiliares de la justicia, de suerte que la selección del órgano encargado de practicar el dictamen pericial es del es (sic) resorte del instructor del proceso, en virtud del principio de libertad probatoria del que están investidos los juzgadores de instancia no solo en cuanto a la valoración de los elementos de juicio incorporados al expediente, sino además al optar por el medio de prueba que estima más adecuado para demostrar los supuestos fácticos en que se soportan pretensiones y excepciones, sea que los decrete por su propia iniciativa, ora por petición de las partes.

En ese contexto, se impone recordar que el accionante demandó a la recurrente en casación, para que se declarase que le ocurrió un accidente de trabajo, que le generó una «pérdida de capacidad laboral del 50,30% determinada por el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander y no del 41,93% como lo estableciera la Junta Nacional de Calificación de Invalidez», tal como se lee en el proveído que origina esta aclaración de voto, consecuencialmente, que le reconociera la pensión de invalidez.

Así, si el actor se encuentra afiliado en riesgos laborales a la censora Seguros Bolívar S.A., que pertenece al Sistema General de Pensiones, y ésta para conceder la prestación de invalidez requiere de una o unas calificaciones de las mencionadas juntas, surge claro que su estudio no puede echarse de lado so pretexto de que no son pruebas calificadas en casación, máxime, que ese es el punto materia de discusión, por más, propio de la integralidad que emana de la Ley 100 de 1993.

De estos dictámenes, los de las Juntas de Calificación de Invalidez, es indispensable precisar que se encuentran regulados por los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, por ende así suene reiterativo, tienen directa injerencia en el Sistema de Seguridad Social Integral creado por la misma ley, por lo que, su estudio es imperativo al sostener la recurrente que el Tribunal los apreció mal.

Corolario de lo dicho, es que aquellas pruebas documentales que emanan del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando el proceso verse sobre una prestación que emane del mismo, debe ser considerada y estudiada, precisamente por todo lo que ese Sistema cobija.

Dejo así expuestos los motivos de mi aclaración.

Fecha ut supra,

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL3109-2019 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.