Ficha de la providencia
Sentencia SL3109-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3109-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3109-2022
Magistrado ponente: Olga Yineth Merchan Calderon
30 de agosto de 2022
OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN
Magistrada ponente
SL3109-2022
Radicación n.° 73297
Acta 32
Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022).
La Corte profiere la sentencia de instancia dentro del proceso ordinario laboral que instauró HÉCTOR FABIO GÓMEZ contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
ANTECEDENTES
Héctor Fabio Gómez demandó a Porvenir S. A. y al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, con el fin de que se declare que «es nulo su traslado» del RPM al RAIS por falta al deber de información en la que incurrió la AFP privada, e igualmente, que es beneficiario del régimen de transición.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicitó, de manera principal, se ordene a la AFP Porvenir S. A. el traslado de los dineros que tiene en la cuenta de ahorro individual; se condene a las demandadas «solidaria separadamente o como se demuestre», a pagarle la «pensión de vejez», regulada en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios, la indexación de las sumas adeudadas, los perjuicios morales sufridos en virtud del traslado y de la demora en el reconocimiento de su prestación; y las costas procesales.
Planteó como peticiones subsidiarias que se declare que la AFP Porvenir S. A. es responsable de los perjuicios que le causó ante la falta de información oportuna, suficiente y veraz para definir el cambio de régimen y, en consecuencia, debe pagarle la indemnización integral, teniendo como parámetro la suma a la que se condene por retroactivo de las mesadas pensionales, los intereses de mora, la indexación y las costas procesales.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 28 de marzo de 1955; que cotizó durante los siguientes lapsos: i) entre el 13 de febrero de 1980 al 24 de abril de 1991 aportó 379,03 semanas al ISS; ii) del 14 de abril de 1991 al 30 de junio de 1995, cuando laboró a favor de EPM sociedad que expidió un bono pensional equivalente a 595,03 semanas; iii) entre el 1 de julio de 1995 y el de marzo del 2000 cuando aportó 244,53 semanas al ISS,; y v) desde el 1 de abril del 2000 y «en la actualidad» a la AFP Porvenir S. A.
Señaló que, por una indebida asesoría, se trasladó del ISS a la AFP Porvenir S. A., lo que le ha impedido acceder a su derecho pensional, a pesar de tener los requisitos para la pensión regulada por la Ley 33 de 1985, dado que tenía más de 20 años laborados como servidor público; y que el cambio de régimen fue el resultado de una información incompleta, «mendaz» e inadecuada de las consecuencias que dicha decisión le traería, por lo que su voluntad no fue libre y espontánea.
Después de ahondar en las razones por las cuales consideró que no se le brindó una adecuada y oportuna información, señaló que para el instante en que empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2005 contaba con más de 750 semanas, por lo que se le debía respetar el derecho al régimen de transición y, por tanto, puede pensionarse conforme a las normas vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones.
Al dar respuesta a la demanda, el entonces ISS, hoy Colpensiones, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del actor y la reclamación administrativa hecha ante esa entidad. En relación con los demás dijo no constarle por lo que debían ser probados.
En su defensa argumentó que para acceder a la pensión de vejez debía acreditar los requisitos exigidos por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación del reconocimiento de la pensión de vejez, petición de lo no debido, improcedencia de los intereses de mora, improcedencia de la indexación de las condenas, buena fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación.
Por su parte Porvenir S. A., al responder la demanda introductoria igualmente se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del actor; la petición de traslado al ISS, el cual no fue autorizado porque para el 1 de abril de 1994 no contaba con quince años de servicios. En relación con los otros supuestos fácticos manifestó no ser ciertos o no constarle.
En su defensa argumentó que el actor dejó pasar todas las oportunidades que tuvo para retornar del RAIS al RPM; que, si bien señaló una serie de comportamientos de fondo, «aunque no sean ciertos», debía tenerse en cuenta que «la ignorancia de las leyes no sirve de excusa»; que el accionante firmó el formulario en el que narró que «de forma libre, espontánea y sin presiones» realizó la escogencia al régimen de ahorro individual»; y que solo 12 años después se cuestionó sobre las causas de su vinculación a la AFP, cuando ya no eran claros los verdaderos motivos que en el pasado lo habían impulsado al cambio de régimen.
Propuso en su defensa las excepciones de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y prescripción.
El Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 11 de octubre de 2012, absolvió a las demandadas de las pretensiones incoadas en su contra, declaró probada las excepciones de «petición de lo no debido», propuesta por el ISS, y la de «inexistencia de las obligaciones demandadas», planteada por la AFP Porvenir S. A.; de las demás dijo que estaban implícitamente resueltas; condenó en costas al actor; y dispuso que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta en caso de que la decisión no fuera apelada.
La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante proveído del 30 de septiembre de 2015, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó la sentencia del Juzgado y condenó en costas al accionante.
En sede de casación mediante sentencia CSJ SL4513-2020 se concluyó que el juez plural se equivocó al considerar que el actor no era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, discurrió que el actor era empleado de las Empresas Públicas de Medellín desde el 15 de abril de 1991, razón por la cual, para él la Ley 100 de 1993 había entrado a regir el 30 de junio de 1995, data que era la que se debía tener en cuenta para revisar si cumplía con los presupuestos para ser beneficiario de dicho régimen. Así las cosas, como el accionante nació el 28 de marzo de 1955, a dicha calenda tenía cumplidos 40 años de edad y, por ende, era titular de dicho beneficio.
Igualmente, se dijo que el Tribunal erró al no verificar el cumplimiento del deber de información por parte de la AFP Porvenir S. A., al igual que al no imponerle la carga de demostrar que había cumplido con dicha obligación. Al respecto, consideró que los discernimientos del sentenciador resultaron desacertados, puesto que ni la legislación ni la jurisprudencia tienen establecido que para que se declare la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información, se deba acreditar que el afiliado fuese beneficiario del régimen de transición.
En consecuencia, se advirtió que el juez de segundo grado incurrió en los errores jurídicos endilgados, al no verificar el cumplimiento de la obligación aludida; no invertir la carga de la prueba respecto de la AFP Porvenir S. A.; infringir directamente el artículo 271 de la Ley 100 de 1993; y considerar que la ineficacia solicitada no tenía vocación de éxito porque el actor no era beneficiario del régimen de transición, no había adquirido un derecho a la fecha del cambio, ni causado un perjuicio con dicho traslado.
En la mencionada providencia, se dispuso, para mejor proveer, oficiar a la Administradora Colombiana de Pensiones y a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A., para que remitiera la relación histórica de movimientos de la cuenta de ahorro individual del afiliado Héctor Fabio Gómez, con el fin de verificar si cumple con el requisito de las semanas requeridas, y de ser así, identificar la fecha de causación y disfrute de la prestación pretendida, así como la cuantía de la misma.
Al efecto, Porvenir S. A., mediante comunicación recibida en enero de 2021, envió la relación de aportes consolidada del demandante «actualizada al 17 de diciembre de 2020» en 11 folios.
SENTENCIA DE INSTANCIA
El Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 11 de octubre de 2012, esencialmente, consideró que, según la jurisprudencia de esta corporación, las entidades administradoras deben proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible acerca de las ventajas y desventajas de cada régimen, o sus posibilidades para acceder a la pensión, así como de las consecuencias a las que se ven abocados los afiliados por ingresar al RAIS; y que el actor no probó los hechos en que fundamentó sus pretensiones, conforme a lo consagrado en el artículo 177 del CPC, esto es, no demostró que existió error o mal asesoramiento en el traslado de régimen pensional.
En consecuencia, como no existía evidencia de constreñimiento o coacción alguna para obtener el traslado, ni motivo que llevara a pensar que el consentimiento estuvo viciado, debía absolver a las accionadas de las pretensiones incoadas en su contra.
Frente a la anterior decisión, el actor impetró recurso de apelación manifestando que sí procede la declaratoria de nulidad por cuanto Porvenir S. A. lo indujo en error en el objeto y en la causa; que la AFP, en su afán de lograr que se afiliara, dejó de darle información importante y necesaria para que pudiera tomar la decisión suficientemente informado, incluso le ofreció una serie de beneficios que realmente no estaban incluidos, dado que las condiciones de afiliación a esa administradora de pensiones eran más desventajosas que las que tenía en el ISS, máxime que con el cambio al RAIS le impidió acceder a la pensión de vejez a la que tenía derecho por ser titular del régimen de transición, como quiera que cumplía con los presupuestos establecidos tanto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 como en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Adicionalmente, citó de manera extensa la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989; y adujo que las negaciones o hechos negativos no son susceptibles de ser probados, por lo que en estos casos la carga de la prueba se invierte, cometido que no cumplió la AFP accionada.
Para resolver la alzada, es preciso recordar que en sede extraordinaria la corporación estableció como hechos indiscutidos: i) Héctor Fabio Gómez nació el 28 de marzo de 1955; ii) se afilió al ISS el 13 de febrero de 1980; iii) a partir del 15 de abril de 1991 fue empleado público al servicio de EPM, entidad que lo vinculó al ISS desde el 1 de julio de 1995; y iv) se trasladó a la AFP Porvenir S. A. desde el 1 de abril del 2000, administradora de pensiones a la que pertenecía para la data de presentación de la demanda.
De la ineficacia del traslado de régimen pensional.
Al resolver el recurso extraordinario se acotó, en relación con el deber de información, que para que el traslado de un régimen pensional a otro sea eficaz, en la primera etapa de las tres etapas a las que alude la sentencia CSJ SL1452-2019, ya que la mutación de régimen ocurrió el 1 de abril de 2000, era indispensable que previamente a ello el eventual afiliado hubiera sido informado de manera precisa y particular sobre las ventajas y desventajas de aquellos, a efectos de que libre y voluntariamente seleccione el que considere el que más le conviene (CSJ SL373-2021).
Así mismo se destacó que el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 prevé que la actuación que menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores, perderá toda consecuencia jurídica.
Siendo ello así, el examen del acto de cambio de régimen se debe abordar desde la institución de la ineficacia, y no desde la nulidad, toda vez que una de las maneras de atentar contra el derecho del trabajador a una afiliación libre, es omitir suministrarle la información necesaria, suficiente y objetiva sobre las consecuencias de su traslado de régimen pensional.
Por tanto, la definición del consentimiento en el cambio de régimen no debe fundarse en la verificación de los vicios relativos a la validez del acto, sino que debe centrarse en la constatación del cumplimiento del deber de información a cargo de las AFP, como lo precisó la Corte en sentencia CSJ SL2208-2021.
De igual forma, con relación a la carga de la prueba o al deber que tienen las entidades administradoras de pensiones de acreditar que dieron a sus potenciales afiliados la información que les permitiera tomar una decisión suficientemente informada, la Corte en sentencia CSJ SL1688-2019, precisó dijo lo siguiente:
De la carga de la prueba – Inversión a favor del afiliado
Según lo expuesto precedentemente, es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez.
Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a quién le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca.
En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.
Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión.
De lo expuesto se advierte que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto, de manera que circunstancias como ser beneficiario del régimen de transición, haber causado la pensión o tener una expectativa legítima de adquirir el derecho no constituyen un prerrequisito para reclamar y eventualmente declarar la ineficacia del cambio de régimen.
Hechas las anteriores precisiones de orden jurídico, pasando a lo fáctico, no es viable concebir que los supuestos de hecho de la demanda inaugural permitan concluir que el demandante conocía de las características de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las consecuencias de la decisión de cambiarse al RAIS, pues tal como quedó sentado al historiar el proceso, desde un comienzo el actor fue enfático en señalar que el cambio de régimen fue el resultado de una información incompleta, «mendaz» e inadecuada de las consecuencias que dicha decisión le traería, por lo que su voluntad no fue libre y espontánea.
Es más, después de ahondar en las razones por las cuales consideró que lo se le brindó una adecuada y oportuna información, señaló que para el instante en que empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2005 contaba con más de 750 semanas, por lo que se le debía respetar su derecho al régimen de transición y, por tanto, tiene derecho a pensionarse conforme a las normas anteriores a la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones.
Por ende, queda en evidencia que desde un comienzo la controversia está soportada en el incumplimiento del deber de información por parte de la AFP accionada.
De otra parte, no es viable concebir que la simple rúbrica impuesta en el formulario de afiliación, como señal de asentimiento, sustituya el suministro de la debida información que solo compete a las administradoras, argumento esgrimido como defensa de la entidad pasiva. Sobre el particular, resulta útil traer a colación las reflexiones vertidas en la sentencia CSJ SL1688-2019 y que corresponden al siguiente texto:
El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente – Necesidad de un consentimiento informado.
Para el Tribunal el consentimiento informado no es predicable del acto jurídico de traslado, pues basta la consignación en el formulario de que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria.
La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.
[…]
Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SL19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna (negrilla del texto).
Y es que al revisar el contenido del documento visible a folio 99, si bien se advierte que el demandante suscribió solicitud de vinculación a la AFP Porvenir S. A., registrando sus datos personales y laborales y que en el acápite denominado «voluntad afiliado», hizo constar que la selección del RAIS fue «libre, espontánea y sin presiones, habiendo sido asesorado sobre todos los aspectos de este, particularmente del régimen de transición, bonos pensionales y las implicaciones de mi decisión», ello no evidencia que previamente se le hubiere dado toda la información que se requería para ello (CSJ SL1688-2019). A lo sumo, tal firma acredita un consentimiento, pero no informado (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, CSJ SL4964-2018, CSJ SL12136-2014, reiterada en CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJ SL2877-2020).
Lo anterior evidencia que la administradora de pensiones a la cual se trasladó inicialmente el demandante no acreditó haber informado al actor acerca de las ventajas y desventajas del RAIS frente al régimen de prima media, y específicamente, respecto de la situación particular, para, si era necesario, desestimular al posible afiliado sobre su migración, por, eventualmente, ser contraria a sus intereses.
Con relación al interrogatorio de parte absuelto por el actor, se tiene que manifestó que la información que consta en el formulario afiliación fue suministrada por él y que la firma era suya; que en Porvenir S. A. le dijeron que podía trasladarse a más temprana edad y con un porcentaje mayor que en el ISS; que en ese momento no consultó con su jefe inmediato, ni con el jefe de personal de la empresa, ni con la oficina jurídica sobre los efectos del traslado; y que en el año 2003 conoció de la oportunidad que tenía de regresar al ISS, pero que el Instituto le negó el retorno porque ya tenía más de 50 años.
Así las cosas, de las respuestas dadas por el demandante no es posible colegir que para el momento en que se trasladó a Porvenir S. A. haya confesado que le dieron la información en los términos exigidos por la ley para que tomara una decisión debidamente informada, pues el hecho de que haya reconocido que él suministró la información plasmada en el formulario de vinculación o que le hubieren enterado del algunos beneficios del RAIS, como es el poder pensionarse a más temprana edad, no permite establecer qué clase de información fue brindada al actor y, menos aún, que se le haya ilustrado acerca de su situación particular y concreta.
Ahora bien, los testigos Alberto de Jesús Aragón Gutiérrez, Moisés Antonio Galeano Taborda y Oscar Alberto Yepes Galván, quienes fueron compañeros de trabajo del actor, manifestaron que la EPM prestó un salón en el que los asesores de Porvenir S. A. les prometieron que iban a quedar mejor pensionados que en el ISS y a menor edad. El primero de los testigos dijo que no estuvo presente en el momento en que se le brindó la asesoría al demandante; y los otros dos señalaron que se hizo de manera grupal en «cuadrillas», y que estuvieron presentes cuando el accionante firmó el formulario.
En consecuencia, lo primero que evidencia la Sala es que si bien dos de los testigos manifestaron que estuvieron presentes en el instante en el que el demandante firmó el formulario, lo cierto es que todos dan cuenta de que la información se suministró de manera general; que simplemente se les enteró acerca de algunos beneficios del RAIS, pero ninguno dio cuenta acerca de que se les haya enterado sobre las ventajas y desventajas del RAIS frente al régimen de prima media, y específicamente, respecto de la situación particular del accionante y, menos aún, sobre los efectos que en su caso tenía en relación con la condición de beneficiario del régimen de transición.
Así mismo, el hecho de que el actor hubiera permanecido vinculado al RAIS por varios años, pues a pesar de que el 1 de abril de 2000 se hizo efectivo el cambio a la AFP Porvenir S. A., administradora en la que ha estado desde aquella época, ello no permite concluir que en esa data se le haya suministrado la información necesaria y transparente, que le permitiera ponderar objetivamente las ventajas y desventajas de uno u otro régimen pensional en los términos indicados. Téngase en cuenta que la permanencia en el RAIS no convalida el traslado de régimen (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989; CSJ SL2877-2020). De ahí que, este hecho, por sí solo, no logra sanear el acto de migración.
En esa medida, al analizar todos los medios de convicción allegados al expediente se infiere que la administradora referida no cumplió con la carga de la prueba que le incumbía, por lo que el juez se equivocó, siendo necesario que esta Sala revoque dicha decisión y en su lugar declare la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual efectuado a partir del 16 de septiembre de 1994.
Se advierte que el efecto consecuencial de la declaratoria de ineficacia del acto de traslado, es precisamente retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de dicho cambio de régimen, a través de las restituciones mutuas que deben hacer las partes; en esa medida, cada contratante debe devolver al otro lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que se deja sin efecto, por lo que la restitución de los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual debe ser plena y retroactiva, lo que incluye el reintegro a Colpensiones de las sumas cobradas por la AFP por concepto de gastos de administración.
Por tanto, la ineficacia del traslado acarrea que Porvenir S. A. deba devolver a Colpensiones, los aportes, frutos, rendimientos financieros, bonos pensionales que se encuentren en la cuenta de ahorro individual, que llegaron a ese fondo en el tiempo que estuvo afiliado el actor. Igualmente, el porcentaje cobrado por comisiones, gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, durante el tiempo en que el demandante estuvo vinculado a esa administradora. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen (CSJ SL5595-2021, CSJ SL4334-2021, CSJ SL2209-2021, CSJ SL1497-2022).
En consecuencia, se revocará la sentencia absolutoria del Juzgado para, en su lugar, declarar la ineficacia del traslado al RAIS y ordenar la devolución o entrega de aportes y demás emolumentos a Colpensiones en los términos antes dichos.
De la pensión de vejez.
En cuanto al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, se tiene que como Héctor Fabio Gómez nació el 28 de marzo de 1955 (f.º 18) para el 30 de junio de 1995 tenía 40 años de edad; por tanto, era beneficiario del régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por tratarse de un servidor de orden territorial al servicio de las Empresas Públicas de Medellín.
Aquí, bien vale la pena precisar que en los asuntos de la seguridad social es dable aplicar el principio de favorabilidad, motivo por el cual, cuando el afiliado tiene derecho a varias pensiones por ser beneficiario del régimen de transición, corresponde a la autoridad judicial otorgar la que más beneficie sus intereses.
Ahora, consultadas las historias laborales obrantes a folios 29-44 del cuaderno 1 y 101-110 del cuaderno de la Corte, se establece que el actor se vinculó a las Empresas Públicas de Medellín desde el 15 de abril de 1991, entidad a la que prestó servicios desde esa data hasta el 30 de abril de 2018, satisfaciendo los 20 años de servicio oficial de que trata la Ley 33 de 1985, el 15 de abril de 2011; y que por ser beneficiario del régimen de transición, en principio, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación contemplada en dicha disposición, desde cuando arribó a la edad de 55 años el 28 de marzo de 2010, toda vez que para el 29 de julio de 2005, cuando entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, ya había cotizado 1116,57 semanas, lo que significa que causó el derecho, bajo dicha normativa, antes del 31 de diciembre de 2014, data en la que finalizó el régimen de transición, conforme lo prevé la reforma constitucional ya referida.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 76 del Decreto 1848 de 1969, aplicable a la pensión oficial prevista en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, señala que la pensión de jubilación, una vez reconocida, se hace efectiva y debe pagarse mensualmente al pensionado desde la fecha en que se haya retirado definitivamente del servicio oficial, hecho que debe demostrar el interesado (CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 38027, CSJ SL 5504-2014 y CSJ SL8997-2016).
Es decir, para que el servidor público pueda disfrutar de la pensión de jubilación oficial es requisito indiscutible que se haya retirado del servicio, como se ha precisado, entre otras, en la sentencia CSJ SL, 1 feb. 2011, rad. 34685; reiterada posteriormente, en la CSJ SL, 21 feb. 2012 y en la CSJ SL, 24 abr. 2012, rad 49236.
Además, el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 prevé que no es viable percibir simultáneamente, ingresos a título de salario y pensión, sino que el funcionario que se encuentre ante esa disyuntiva debe optar por uno sólo de los derechos, en la medida en que debe prevalecer la racionalización del gasto público (CSJ SL 12296-2017). Por ende, si el empleado decide continuar con la vinculación laboral en el sector oficial, el disfrute de la pensión sólo procede a partir del momento en que se presenta el retiro definitivo del servicio (CSJ SL4413-2014 rad. 44825 reiterada en CSJ SL13181-2015 rad. 61760, CSJ SL20780-2017 y CSJ SL17358-2017).
Por tanto, la Corte advierte que a pesar de que el actor consolidó el derecho a la pensión de jubilación regulada por la Ley 33 de 1985, el 15 de abril de 2011, sólo podía entrar a disfrutar de la prestación desde el retiro del servicio y no desde el momento en que la causó.
De otra parte, como el accionante realizó la última cotización al servicio de las Empresas Públicas de Medellín el 30 de abril de 2018 y teniendo en cuenta que le faltaban más de 10 años para consolidar el derecho para el momento en que entró en vigor el Sistema General de Pensiones, el ingreso base de liquidación debe liquidarse conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior, toda vez que tiene más de 1250 semanas cotizadas.
Realizados los cálculos matemáticos, se tiene que el IBL calculado con toda la vida laboral asciende a la suma de $2.368.666, mientras que el de los últimos diez años asciende a la suma de $2.543.288, cifra que, por ser más favorable, al aplicarle la tasa de reemplazo del 75%, conforme lo prevé el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, arrojaría una primera mesada pensional de $1.907.466, a partir del 1 de mayo de 2018, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
217170227330
Ahora bien, aunque el accionante es beneficiario del régimen de transición, por lo que, como ya se dijo, bien podría reunir requisitos de varias disposiciones, debe destacarse que no tiene derecho a la pensión de vejez regulada por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del mismo año, por cuanto arribó a los 60 años de edad el 28 de marzo de 2015, es decir, después del término previsto por el Acto Legislativo 01 de 2005, para extenderlo.
No obstante, el actor también tiene derecho al reconocimiento de la prestación en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, según el cual, para acceder al derecho pensional se requiere haber cotizado 1300 semanas y contar con 62 años de edad, presupuestos que también se encuentran acreditados, dado que arribó a dicha edad el 22 de marzo de 2017, momento para el cual también contaba con más de 1300 semanas aportadas, pues hasta el 30 de abril del de 2018 cotizó un total de 1738 semanas, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
FECHAS
Nº DE
Nº DE
SALARIO
SALARIO
I B L
APORTES
INICIO
FIN
DIAS
SEMANAS
DEVENGADO
INDEXADO
PROMEDIO
ISS
13/02/1980
29/02/1980
17
2,43
$ 5.790
$779.398
$1.089
ISS
01/03/1980
31/03/1980
31
4,43
$ 5.790
$779.398
$1.986
ISS
01/04/1980
30/04/1980
30
4,29
$ 5.790
$779.398
$1.922
ISS
01/05/1980
31/05/1980
31
4,43
$ 5.790
$779.398
$1.986
ISS
01/06/1980
30/06/1980
30
4,29
$ 5.790
$779.398
$1.922
ISS
01/07/1980
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$5.947
EPM/RAIS
01/03/2012
31/03/2012
30
4,29
$ 2.663.000
$3.387.557
$8.353
EPM/RAIS
01/04/2012
30/04/2012
30
4,29
$ 2.405.000
$3.059.359
$7.544
EPM/RAIS
01/05/2012
31/05/2012
30
4,29
$ 2.547.000
$3.239.995
$7.989
EPM/RAIS
01/06/2012
30/06/2012
30
4,29
$ 1.918.000
$2.439.855
$6.016
EPM/RAIS
01/07/2012
31/07/2012
30
4,29
$ 2.411.000
$3.066.992
$7.563
EPM/RAIS
01/08/2012
31/08/2012
30
4,29
$ 2.262.000
$2.877.452
$7.095
EPM/RAIS
01/09/2012
30/09/2012
30
4,29
$ 1.723.000
$2.191.799
$5.405
EPM/RAIS
01/10/2012
31/10/2012
30
4,29
$ 2.055.000
$2.614.130
$6.446
EPM/RAIS
01/11/2012
30/11/2012
30
4,29
$ 2.169.000
$2.759.148
$6.804
EPM/RAIS
01/12/2012
31/12/2012
30
4,29
$ 2.137.000
$2.718.441
$6.703
EPM/RAIS
01/01/2013
31/01/2013
30
4,29
$ 2.599.000
$3.227.355
$7.958
EPM/RAIS
01/02/2013
28/02/2013
30
4,29
$ 2.393.000
$2.971.551
$7.328
EPM/RAIS
01/03/2013
31/03/2013
30
4,29
$ 1.838.000
$2.282.370
$5.628
EPM/RAIS
01/04/2013
30/04/2013
30
4,29
$ 1.611.000
$2.000.488
$4.933
EPM/RAIS
01/05/2013
31/05/2013
30
4,29
$ 2.572.000
$3.193.828
$7.876
EPM/RAIS
01/06/2013
30/06/2013
30
4,29
$ 1.717.000
$2.132.116
$5.258
EPM/RAIS
01/07/2013
31/07/2013
30
4,29
$ 2.227.000
$2.765.418
$6.819
EPM/RAIS
01/08/2013
31/08/2013
30
4,29
$ 2.569.000
$3.190.102
$7.866
EPM/RAIS
01/09/2013
30/09/2013
30
4,29
$ 1.876.000
$2.329.557
$5.744
EPM/RAIS
01/10/2013
31/10/2013
30
4,29
$ 2.006.000
$2.490.987
$6.142
EPM/RAIS
01/11/2013
30/11/2013
30
4,29
$ 2.028.000
$2.518.306
$6.210
EPM/RAIS
01/12/2013
31/12/2013
30
4,29
$ 2.203.000
$2.735.615
$6.746
EPM/RAIS
01/01/2014
31/01/2014
30
4,29
$ 1.858.000
$2.263.416
$5.581
EPM/RAIS
01/02/2014
28/02/2014
30
4,29
$ 2.463.000
$3.000.427
$7.399
EPM/RAIS
01/03/2014
31/03/2014
30
4,29
$ 1.925.000
$2.345.035
$5.783
EPM/RAIS
01/04/2014
30/04/2014
30
4,29
$ 1.783.000
$2.172.051
$5.356
EPM/RAIS
01/05/2014
31/05/2014
30
4,29
$ 2.298.000
$2.799.424
$6.903
EPM/RAIS
01/06/2014
30/06/2014
30
4,29
$ 2.523.000
$3.073.519
$7.579
EPM/RAIS
01/07/2014
31/07/2014
30
4,29
$ 2.523.000
$3.073.519
$7.579
EPM/RAIS
01/08/2014
31/08/2014
30
4,29
$ 2.523.000
$3.073.519
$7.579
EPM/RAIS
01/09/2014
30/09/2014
30
4,29
$ 2.523.000
$3.073.519
$7.579
EPM/RAIS
01/10/2014
31/10/2014
30
4,29
$ 2.330.000
$2.838.406
$6.999
EPM/RAIS
01/11/2014
30/11/2014
30
4,29
$ 2.330.000
$2.838.406
$6.999
EPM/RAIS
01/12/2014
31/12/2014
30
4,29
$ 1.979.000
$2.410.818
$5.945
EPM/RAIS
01/01/2015
31/01/2015
30
4,29
$ 2.004.000
$2.355.131
$5.807
EPM/RAIS
01/02/2015
28/02/2015
30
4,29
$ 1.747.000
$2.053.101
$5.063
EPM/RAIS
01/03/2015
31/03/2015
30
4,29
$ 1.936.000
$2.275.217
$5.610
EPM/RAIS
01/04/2015
30/04/2015
30
4,29
$ 1.749.000
$2.055.451
$5.069
EPM/RAIS
01/05/2015
31/05/2015
30
4,29
$ 1.749.000
$2.055.451
$5.069
EPM/RAIS
01/06/2015
30/06/2015
30
4,29
$ 1.747.000
$2.053.101
$5.063
EPM/RAIS
01/07/2015
31/07/2015
30
4,29
$ 1.747.000
$2.053.101
$5.063
EPM/RAIS
01/08/2015
31/08/2015
30
4,29
$ 1.756.000
$2.063.678
$5.089
EPM/RAIS
01/09/2015
30/09/2015
30
4,29
$ 1.748.000
$2.054.276
$5.066
EPM/RAIS
01/10/2015
31/10/2015
30
4,29
$ 1.757.000
$2.064.853
$5.092
EPM/RAIS
01/11/2015
30/11/2015
30
4,29
$ 1.755.000
$2.062.503
$5.086
EPM/RAIS
01/12/2015
31/12/2015
30
4,29
$ 1.857.000
$2.182.375
$5.381
EPM/RAIS
01/01/2016
31/01/2016
30
4,29
$ 1.972.000
$2.170.656
$5.353
EPM/RAIS
01/02/2016
29/02/2016
30
4,29
$ 1.889.000
$2.079.294
$5.127
EPM/RAIS
01/03/2016
31/03/2016
30
4,29
$ 1.893.000
$2.083.697
$5.138
EPM/RAIS
01/04/2016
30/04/2016
30
4,29
$ 1.897.000
$2.088.100
$5.149
EPM/RAIS
01/05/2016
31/05/2016
30
4,29
$ 1.889.000
$2.079.294
$5.127
EPM/RAIS
01/06/2016
30/06/2016
30
4,29
$ 1.934.000
$2.128.828
$5.249
EPM/RAIS
01/07/2016
31/07/2016
30
4,29
$ 1.945.000
$2.140.936
$5.279
EPM/RAIS
01/08/2016
31/08/2016
30
4,29
$ 1.904.000
$2.095.806
$5.168
EPM/RAIS
01/09/2016
30/09/2016
30
4,29
$ 1.891.000
$2.081.496
$5.133
EPM/RAIS
01/10/2016
31/10/2016
30
4,29
$ 1.889.000
$2.079.294
$5.127
EPM/RAIS
01/11/2016
30/11/2016
30
4,29
$ 1.889.000
$2.079.294
$5.127
EPM/RAIS
01/12/2016
31/12/2016
30
4,29
$ 1.959.000
$2.156.346
$5.317
EPM/RAIS
01/01/2017
31/01/2017
30
4,29
$ 1.898.000
$1.975.665
$4.872
EPM/RAIS
01/02/2017
28/02/2017
30
4,29
$ 2.345.000
$2.440.956
$6.019
EPM/RAIS
01/03/2017
31/03/2017
30
4,29
$ 1.831.000
$1.905.923
$4.700
EPM/RAIS
01/04/2017
30/04/2017
30
4,29
$ 1.492.000
$1.553.052
$3.830
EPM/RAIS
01/05/2017
31/05/2017
30
4,29
$ 1.696.279
$1.765.690
$4.354
EPM/RAIS
01/06/2017
30/06/2017
30
4,29
$ 2.035.534
$2.118.827
$5.225
EPM/RAIS
01/07/2017
31/07/2017
30
4,29
$ 2.035.534
$2.118.827
$5.225
EPM/RAIS
01/08/2017
31/08/2017
30
4,29
$ 2.035.534
$2.118.827
$5.225
EPM/RAIS
01/09/2017
30/09/2017
30
4,29
$ 2.035.534
$2.118.827
$5.225
EPM/RAIS
01/10/2017
31/10/2017
30
4,29
$ 2.035.534
$2.118.827
$5.225
EPM/RAIS
01/11/2017
30/11/2017
30
4,29
$ 2.035.534
$2.118.827
$5.225
EPM/RAIS
01/12/2017
31/12/2017
30
4,29
$ 2.035.534
$2.118.827
$5.225
EPM/RAIS
01/01/2018
31/01/2018
30
4,29
$907.639
$907.639
$2.238
EPM/RAIS
01/02/2018
28/02/2018
30
4,29
$ 2.161.737
$2.161.737
$5.331
EPM/RAIS
01/03/2018
31/03/2018
30
4,29
$ 2.161.737
$2.161.737
$5.331
EPM/RAIS
01/04/2018
30/04/2018
30
4,29
$ 1.080.869
$1.080.869
$2.665
12.166
1.738
$2.070.553
Ahora, observa la Sala que la historia laboral que allegó Porvenir S. A. fue generada el 17 de diciembre de 2020 y la última cotización se registró el 30 de abril de 2018, data para la cual el actor tenía la edad de 63 años; por tanto, es dable considerar que el retiro del servicio se produjo en dicha data.
Entonces, para determinar el ingreso base de liquidación, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Hechos los cálculos matemáticos, se tiene que, con fundamento en lo cotizado durante toda la vida laboral, se obtiene un IBL de $2.070.553, cifra inferior a $2.543.288, la cual corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez últimos años, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
FECHAS
Nº DE
Nº DE
SALARIO
SALARIO
I B L
INICIO
FIN
DIAS
SEMANAS
DEVENGADO
INDEXADO
PROMEDIO
01/11/2007
30/11/2007
30
4,29
$2.083.000
$3.291.772
$ 27.431
01/12/2007
31/12/2007
30
4,29
$1.745.000
$2.757.629
$ 22.980
01/01/2008
31/01/2008
30
4,29
$1.745.000
$2.609.155
$ 21.743
01/02/2008
29/02/2008
30
4,29
$2.212.000
$3.307.421
$ 27.562
01/03/2008
31/03/2008
30
4,29
$1.815.000
$2.713.820
$ 22.615
01/09/2008
30/09/2008
30
4,29
$2.168.000
$3.241.632
$ 27.014
01/11/2008
30/11/2008
30
4,29
$1.728.000
$2.583.736
$ 21.531
01/12/2008
31/12/2008
30
4,29
$2.069.000
$3.093.605
$ 25.780
01/01/2009
31/01/2009
30
4,29
$2.232.000
$3.099.218
$ 25.827
01/02/2009
28/02/2009
30
4,29
$1.858.000
$2.579.905
$ 21.499
01/03/2009
31/03/2009
30
4,29
$2.250.000
$3.124.212
$ 26.035
01/04/2009
30/04/2009
30
4,29
$2.599.000
$3.608.812
$ 30.073
01/05/2009
31/05/2009
30
4,29
$2.037.000
$2.828.453
$ 23.570
01/06/2009
30/06/2009
30
4,29
$2.036.000
$2.827.065
$ 23.559
01/07/2009
31/07/2009
30
4,29
$2.270.000
$3.151.983
$ 26.267
01/08/2009
31/08/2009
30
4,29
$1.974.000
$2.740.975
$ 22.841
01/09/2009
30/09/2009
30
4,29
$1.747.000
$2.425.777
$ 20.215
01/10/2009
31/10/2009
30
4,29
$2.230.000
$3.096.441
$ 25.804
01/11/2009
30/11/2009
30
4,29
$1.922.000
$2.668.771
$ 22.240
01/12/2009
31/12/2009
30
4,29
$2.210.000
$3.068.670
$ 25.572
01/01/2010
31/01/2010
30
4,29
$1.859.000
$2.530.538
$ 21.088
01/02/2010
28/02/2010
30
4,29
$2.037.000
$2.772.838
$ 23.107
01/03/2010
31/03/2010
30
4,29
$2.216.000
$3.016.499
$ 25.137
01/04/2010
30/04/2010
30
4,29
$2.617.000
$3.562.354
$ 29.686
01/05/2010
31/05/2010
30
4,29
$1.833.000
$2.495.146
$ 20.793
01/06/2010
30/06/2010
30
4,29
$2.080.000
$2.831.371
$ 23.595
01/07/2010
31/07/2010
30
4,29
$2.220.000
$3.021.944
$ 25.183
01/08/2010
31/08/2010
30
4,29
$2.364.000
$3.217.962
$ 26.816
01/09/2010
30/09/2010
30
4,29
$1.758.000
$2.393.053
$ 19.942
01/10/2010
31/10/2010
30
4,29
$1.974.000
$2.687.080
$ 22.392
01/11/2010
30/11/2010
30
4,29
$2.209.000
$3.006.970
$ 25.058
01/12/2010
31/12/2010
30
4,29
$2.563.000
$3.488.848
$ 29.074
01/01/2011
31/01/2011
30
4,29
$2.075.000
$2.738.039
$ 22.817
01/02/2011
28/02/2011
30
4,29
$1.731.000
$2.284.119
$ 19.034
01/03/2011
31/03/2011
30
4,29
$1.779.000
$2.347.457
$ 19.562
01/04/2011
30/04/2011
30
4,29
$2.273.000
$2.999.308
$ 24.994
01/05/2011
31/05/2011
30
4,29
$1.737.000
$2.292.036
$ 19.100
01/06/2011
30/06/2011
30
4,29
$1.876.000
$2.475.452
$ 20.629
01/07/2011
31/07/2011
30
4,29
$2.596.000
$3.425.518
$ 28.546
01/08/2011
31/08/2011
30
4,29
$1.755.000
$2.315.788
$ 19.298
01/09/2011
30/09/2011
30
4,29
$1.821.000
$2.402.877
$ 20.024
01/10/2011
31/10/2011
30
4,29
$1.646.000
$2.171.958
$ 18.100
01/11/2011
30/11/2011
30
4,29
$2.319.000
$3.060.007
$ 25.500
01/12/2011
31/12/2011
30
4,29
$2.510.000
$3.312.038
$ 27.600
01/01/2012
31/01/2012
30
4,29
$2.031.000
$2.583.600
$ 21.530
01/02/2012
29/02/2012
30
4,29
$1.896.000
$2.411.869
$ 20.099
01/03/2012
31/03/2012
30
4,29
$2.663.000
$3.387.557
$ 28.230
01/04/2012
30/04/2012
30
4,29
$2.405.000
$3.059.359
$ 25.495
01/05/2012
31/05/2012
30
4,29
$2.547.000
$3.239.995
$ 27.000
01/06/2012
30/06/2012
30
4,29
$1.918.000
$2.439.855
$ 20.332
01/07/2012
31/07/2012
30
4,29
$2.411.000
$3.066.992
$ 25.558
01/08/2012
31/08/2012
30
4,29
$2.262.000
$2.877.452
$ 23.979
01/09/2012
30/09/2012
30
4,29
$1.723.000
$2.191.799
$ 18.265
01/10/2012
31/10/2012
30
4,29
$2.055.000
$2.614.130
$ 21.784
01/11/2012
30/11/2012
30
4,29
$2.169.000
$2.759.148
$ 22.993
01/12/2012
31/12/2012
30
4,29
$2.137.000
$2.718.441
$ 22.654
01/01/2013
31/01/2013
30
4,29
$2.599.000
$3.227.355
$ 26.895
01/02/2013
28/02/2013
30
4,29
$2.393.000
$2.971.551
$ 24.763
01/03/2013
31/03/2013
30
4,29
$1.838.000
$2.282.370
$ 19.020
01/04/2013
30/04/2013
30
4,29
$1.611.000
$2.000.488
$ 16.671
01/05/2013
31/05/2013
30
4,29
$2.572.000
$3.193.828
$ 26.615
01/06/2013
30/06/2013
30
4,29
$1.717.000
$2.132.116
$ 17.768
01/07/2013
31/07/2013
30
4,29
$2.227.000
$2.765.418
$ 23.045
01/08/2013
31/08/2013
30
4,29
$2.569.000
$3.190.102
$ 26.584
01/09/2013
30/09/2013
30
4,29
$1.876.000
$2.329.557
$ 19.413
01/10/2013
31/10/2013
30
4,29
$2.006.000
$2.490.987
$ 20.758
01/11/2013
30/11/2013
30
4,29
$2.028.000
$2.518.306
$ 20.986
01/12/2013
31/12/2013
30
4,29
$2.203.000
$2.735.615
$ 22.797
01/01/2014
31/01/2014
30
4,29
$1.858.000
$2.263.416
$ 18.862
01/02/2014
28/02/2014
30
4,29
$2.463.000
$3.000.427
$ 25.004
01/03/2014
31/03/2014
30
4,29
$1.925.000
$2.345.035
$ 19.542
01/04/2014
30/04/2014
30
4,29
$1.783.000
$2.172.051
$ 18.100
01/05/2014
31/05/2014
30
4,29
$2.298.000
$2.799.424
$ 23.329
01/06/2014
30/06/2014
30
4,29
$2.523.000
$3.073.519
$ 25.613
01/07/2014
31/07/2014
30
4,29
$2.523.000
$3.073.519
$ 25.613
01/08/2014
31/08/2014
30
4,29
$2.523.000
$3.073.519
$ 25.613
01/09/2014
30/09/2014
30
4,29
$2.523.000
$3.073.519
$ 25.613
01/10/2014
31/10/2014
30
4,29
$2.330.000
$2.838.406
$ 23.653
01/11/2014
30/11/2014
30
4,29
$2.330.000
$2.838.406
$ 23.653
01/12/2014
31/12/2014
30
4,29
$1.979.000
$2.410.818
$ 20.090
01/01/2015
31/01/2015
30
4,29
$2.004.000
$2.355.131
$ 19.626
01/02/2015
28/02/2015
30
4,29
$1.747.000
$2.053.101
$ 17.109
01/03/2015
31/03/2015
30
4,29
$1.936.000
$2.275.217
$ 18.960
01/04/2015
30/04/2015
30
4,29
$1.749.000
$2.055.451
$ 17.129
01/05/2015
31/05/2015
30
4,29
$1.749.000
$2.055.451
$ 17.129
01/06/2015
30/06/2015
30
4,29
$1.747.000
$2.053.101
$ 17.109
01/07/2015
31/07/2015
30
4,29
$1.747.000
$2.053.101
$ 17.109
01/08/2015
31/08/2015
30
4,29
$1.756.000
$2.063.678
$ 17.197
01/09/2015
30/09/2015
30
4,29
$1.748.000
$2.054.276
$ 17.119
01/10/2015
31/10/2015
30
4,29
$1.757.000
$2.064.853
$ 17.207
01/11/2015
30/11/2015
30
4,29
$1.755.000
$2.062.503
$ 17.188
01/12/2015
31/12/2015
30
4,29
$1.857.000
$2.182.375
$ 18.186
01/01/2016
31/01/2016
30
4,29
$1.972.000
$2.170.656
$ 18.089
01/02/2016
29/02/2016
30
4,29
$1.889.000
$2.079.294
$ 17.327
01/03/2016
31/03/2016
30
4,29
$1.893.000
$2.083.697
$ 17.364
01/04/2016
30/04/2016
30
4,29
$1.897.000
$2.088.100
$ 17.401
01/05/2016
31/05/2016
30
4,29
$1.889.000
$2.079.294
$ 17.327
01/06/2016
30/06/2016
30
4,29
$1.934.000
$2.128.828
$ 17.740
01/07/2016
31/07/2016
30
4,29
$1.945.000
$2.140.936
$ 17.841
01/08/2016
31/08/2016
30
4,29
$1.904.000
$2.095.806
$ 17.465
01/09/2016
30/09/2016
30
4,29
$1.891.000
$2.081.496
$ 17.346
01/10/2016
31/10/2016
30
4,29
$1.889.000
$2.079.294
$ 17.327
01/11/2016
30/11/2016
30
4,29
$1.889.000
$2.079.294
$ 17.327
01/12/2016
31/12/2016
30
4,29
$1.959.000
$2.156.346
$ 17.970
01/01/2017
31/01/2017
30
4,29
$1.898.000
$1.975.665
$ 16.464
01/02/2017
28/02/2017
30
4,29
$2.345.000
$2.440.956
$ 20.341
01/03/2017
31/03/2017
30
4,29
$1.831.000
$1.905.923
$ 15.883
01/04/2017
30/04/2017
30
4,29
$1.492.000
$1.553.052
$ 12.942
01/05/2017
31/05/2017
30
4,29
$1.696.279
$1.765.690
$ 14.714
01/06/2017
30/06/2017
30
4,29
$2.035.534
$2.118.827
$ 17.657
01/07/2017
31/07/2017
30
4,29
$2.035.534
$2.118.827
$ 17.657
01/08/2017
31/08/2017
30
4,29
$2.035.534
$2.118.827
$ 17.657
01/09/2017
30/09/2017
30
4,29
$2.035.534
$2.118.827
$ 17.657
01/10/2017
31/10/2017
30
4,29
$2.035.534
$2.118.827
$ 17.657
01/11/2017
30/11/2017
30
4,29
$2.035.534
$2.118.827
$ 17.657
01/12/2017
31/12/2017
30
4,29
$2.035.534
$2.118.827
$ 17.657
01/01/2018
31/01/2018
30
4,29
$ 907.639
$ 907.639
$ 7.564
01/02/2018
28/02/2018
30
4,29
$2.161.737
$2.161.737
$ 18.014
01/03/2018
31/03/2018
30
4,29
$2.161.737
$2.161.737
$ 18.014
01/04/2018
30/04/2018
30
4,29
$1.080.869
$1.080.869
$ 9.007
3.600
514
$2.543.288
Así, al aplicarle al IBL de $2.543.288 una tasa de reemplazo del 76.50%, que corresponde por las 1738 semanas cotizadas, se obtiene una mesada pensional equivalente a $1.945.615, a partir del 1 de mayo de 2018, con trece mesadas anuales, conforme se describe en seguida:
LEY 797 DE 2003
I B L
DIEZ AÑOS
=
$2.543.288
FECHA EN QUE CUMPLE
62 AÑOS
=
22/03/2017
FECHA DE PENSIÓN
ULT COT.
=
01/05/2018
FÓRMULA DEL % DE PENSIÓN
=
r = 65,5- 0,5 x s
Disminución en el %
=
IBL
=
$2.543.288
SMLV
2022
=
$1.000.000
Factor
=
2,54
Factor parte entera
=
2
Desc. por c /SMLV en el IBL
=
0,5
Disminución total
=
1,00
Incremento en el %
Semanas cotizadas
=
1.738,00
Semanas válidas
=
1.738,00
Semanas requeridas
2022
1.300,00
Excedente semanas
=
438,00
Grupo de semanas
=
50
Factor
=
8,76
Factor parte entera
=
8
Inc. por c /50 sem. Adic.
=
1,5
Incremento total
=
12,00
PORCENTAJE DE PENSIÓN
=
65,50
-1,00
12,00
PORCENTAJE DE PENSIÓN
=
76,50%
VALOR PRIMERA MESADA
=
$1.945.615
En consecuencia, lo procedente es ordenarle a Colpensiones reconocer y pagar al demandante la pensión de vejez bajo la égida del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, dado que es más favorable que la prevista en la de la Ley 33 de 1985.
Así las cosas, al señor Héctor Fabio Gómez le corresponde un retroactivo pensional de $113.876.194 hasta el 31 de julio de 2022, advirtiendo que se liquidan trece mesadas anuales porque la prestación se causó con posterioridad al 31 de julio de 2011, atendiendo lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, conforme se describe a continuación:
FECHAS
Nº DE
VALOR
MESADAS
INICIO
FIN
PAGOS
MESADA
ADEUDADAS
01/05/2018
31/12/2018
9,00
$1.945.615
$17.510.536
01/01/2019
31/12/2019
13
$2.007.486
$26.097.314
01/01/2020
31/12/2020
13
$2.083.770
$27.089.012
01/01/2021
31/12/2021
13
$2.117.319
$27.525.145
01/01/2022
31/07/2022
7
$2.236.312
$15.654.185
$113.876.194
En cuanto a la excepción de prescripción, solo resta señalar que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, y que la decisión que declara la ineficacia de un acto de traslado de régimen pensional, en realidad, lo que hace es «comprobar o constatar» un estado de cosas, razones por las cuales esta acción es imprescriptible, conforme lo viene sosteniendo la Corte (CSJ SL1689-2019). Asimismo, dado su carácter de irrenunciable, no puede ser objeto de disposición por su titular (indisponible), ni abolido por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable) (CSJ SL4360-2019, CSJ SL2611-2020, CSJ SL373-2021, CSJ SL1467-2021 y CSJ SL1465-2021). Dadas las resultas del proceso, las demás excepciones propuestas tampoco prosperan.
Frente a la condena por concepto de intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la Sala ha precisado que estos deben ser impuestos con independencia de la buena o mala fe en el comportamiento en que haya incurrido el deudor. Sin embargo, se ha establecido que no en todos los casos es imperativo imponer dicha condena, y ha definido una serie de circunstancias excepcionales en que se exonera de su pago, como ocurre en los casos en que el reconocimiento pensional es consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, tal como acontece en este caso. Por lo tanto, en este asunto dicha condena no prosperará. En su lugar, se dispondrá que el retroactivo sea pagado de manera indexada a la fecha de su pago efectivo.
Así, las sumas adeudadas se actualizarán desde su causación hasta la fecha de pago efectivo y para ello deberá aplicarse la siguiente fórmula:
VA = VH (IPC INICIAL /IPC FINAL)
Donde:
VA:valor actualizado
VH: valor histórico
IPC Inicial: Índice de precios al consumidor correspondiente al año anterior al momento en que se causa cada mesada.
IPC final: Índice de precios al consumidor correspondiente al año anterior al momento en que se efectúe el pago efectivo.
Igualmente, en atención a lo dispuesto en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3 del Decreto 692 de 1994, la demandada deberá realizar las deducciones para cotización en salud respecto del retroactivo pensional, con destino a la EPS a la que esté afiliado el actor (CSJ SL2557-2020).
De los perjuicios.
Finalmente, con relación a los perjuicios reclamados, la parte actora no allegó prueba del daño ocasionado que supuestamente le genere un resarcimiento como el reclamado, por lo cual resulta improcedente una condena a título de perjuicios. Así lo ha considerado la Sala al analizar asuntos similares al presente (CSJ SL1688-2019).
En ese contexto atendiendo las consideraciones que anteceden, habrá de revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín el 11 de octubre de 2012, para en su lugar, declarar la ineficacia del traslado del demandante al régimen de ahorro individual, ordenar a Porvenir S. A., efectuar las restituciones que corresponden conforme a dicha declaratoria y, condenar a Colpensiones al reconocimiento de la pensión de vejez; todo ello en los términos antes descritos. E igualmente se ordenará a Colpensiones activar la afiliación del accionante en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.
Las costas de primer grado estarán a cargo de Porvenir S. A. Sin costas en la alzada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín el 11 de octubre de 2012, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: DECLARAR la ineficacia del traslado efectuado por HÉCTOR FABIO GÓMEZ al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al diligenciar el formulario de vinculación a Porvenir S. A., el cual se hizo efectivo a partir del 1 de abril de 2000.
TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PORVENIR S.A., a que una vez ejecutoriada la presente sentencia, traslade a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual, junto con sus rendimientos financieros, bonos pensionales, frutos e intereses que se hicieron a ese fondo en los períodos en que estuvo afiliado, el porcentaje cobrado por comisiones, gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, durante el tiempo en que la demandante estuvo afiliado a esa administradora. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.
CUARTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) activar la afiliación del señor HÉCTOR FABIO GÓMEZ en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.
QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) al reconocimiento y pago de la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, a favor del señor HÉCTOR FABIO GÓMEZ a partir del 1 de mayo de 2018, cuyo retroactivo al 31 de julio de 2022 asciende a la suma de CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($113.876.194), sin perjuicio de las diferencias futuras. Tal valor adeudado deberá ser indexado a la fecha de su pago efectivo. A partir de agosto de 2022 la demandada debe reconocer una mesada pensional equivalente a $2.236.312 y a razón de trece mesadas anuales. Colpensiones deberá efectuar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud.
SEXTO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones de la demanda.
Costas como se indica en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO
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