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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3126-2019

Fecha
16 de julio de 2019
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3126-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el veintiuno (21) de marzo del dos mil trece (2013), en el proceso que instauraron MARTÍN TARCISIO JIMÉNEZ DÍAZ y GLORIA ANDRADE DE JIMÉNEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3126-2019

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

16 de julio de 2019

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL3126-2019

Radicación n.º 63058

Acta 23

Bogotá, D.C, dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por MARTÍN TARCISIO JIMÉNEZ DÍAZ y GLORIA ANDRADE DE JIMÉNEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 21 de marzo de 2013, en el proceso instaurado contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

ANTECEDENTES

Martín Tarcisio Jiménez Díaz y Gloria Andrade de Jiménez llamaron a juicio al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), con el fin de que se les reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes en su condición de padres dependientes económicamente del causante y que, como consecuencia del reconocimiento de la prestación, se declarara el pago del retroactivo con los respectivos intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Respaldaron sus peticiones señalando que su hijo, Nelson Jiménez Andrade, falleció el 19 de septiembre de 2007, quien se encontraba afiliado al ISS. Afirmaron que solicitaron ante dicha entidad el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes el 21 de diciembre de 2007; la cual fue reconocida mediante la Resolución n.º 008226 de 2008, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, a partir del 19 de septiembre de 2007 con una cuantía inicial de $1.582.137 que correspondía al 45% del Ingreso Base de Liquidación (IBL); sin embargo, adujeron que dicha resolución nunca les fue notificada por el ISS.

Manifestaron que posteriormente mediante la Resolución n.º 049447 de 2009, el ISS resolvió negar el reconocimiento de la prestación, bajo el argumento de que no existió dependencia económica con respecto del afiliado fallecido; respecto de la cual interpusieron recurso de revisión y solicitaron la revocatoria directa de la resolución; empero, el ISS resolvió negativamente. A través de la Resolución n.º 005648 del 24 de febrero de 2011, el ISS decidió que era necesario efectuar una investigación administrativa a ella, con el fin de establecer si dependía económicamente del causante y, en consecuencia, ordenó oficiar al Grupo de Investigaciones Administrativas. Mediante escrito radicado el 5 de mayo de 2011 solicitaron ante el Grupo de Investigación Administrativa del ISS informar el resultado de la investigación; no obstante, a través de la Resolución n.º 024557 de 2011, la entidad demandada resolvió no acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Insistieron en que dependían económicamente de manera parcial de su hijo fallecido, dado que éste aportaba la suma necesaria para poder cubrir los gastos del hogar que no alcanzaban a ser sufragados por ellos; y afirmaron que a pesar de que el señor Jiménez Díaz devengaba una pensión de vejez de $2.525.247, esta no era suficiente para cubrir todos los gastos del hogar.

Al dar respuesta a la demanda, el ISS, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de fallecimiento de Nelson Jiménez Andrade, su afiliación al instituto y la calidad de padres de los demandantes.

En su defensa, propuso las excepciones que denominó, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, imposibilidad jurídica del ISS para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia del 4 de febrero de 2013, absolvió al ISS de todas las pretensiones incoadas en su contra y declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante providencia del 21 de marzo de 2013, al resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, confirmó en su integridad la sentencia de primer grado.

Centró el problema jurídico en determinar si se cumplieron o no los requisitos legales por parte de los demandantes para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de padres económicamente dependientes del causante.

En ese orden, sostuvo que no eran objeto de controversia, por encontrarse probados, los siguientes hechos: (i) que el señor Nelson Jiménez Andrade falleció el 19 de septiembre de 2007; (ii) que este causó el derecho a la pensión de sobrevivientes, tal y como se evidencia en la Resolución n.º 008226 de 2008; (iii) que el ISS le reconoció a los demandantes la prestación a partir del 9 de septiembre de 2007, sin embargo, a través de la Resolución n.º 049447 de 2009 negó la pensión de sobrevivientes bajo el argumento de que los solicitantes no dependían económicamente del afiliado fallecido; y (iv) que al señor Martín Tarcisio Jiménez Díaz el ISS mediante la Resolución n.º 11980 de 2000, le reconoció pensión de vejez a partir del 1º de noviembre de 1999 en cuantía de $1.252.364.

Con respecto a las pruebas, señaló el ad quem que debía evaluarse el testimonio rendido por Angélica Jiménez Andrade, hija de los demandantes, quien expresó que el monto que percibía el demandante por concepto de pensión de vejez equivalente a $2.500.000, no era suficiente para suplir las necesidades del hogar, «[…] las cuales era de aproximadamente $3.300.000 por lo que su hermano Nelson, les colaboraba con el faltante».

Seguidamente, adujo el colegiado que, los actores no cumplieron con la carga de probar los requisitos enunciados en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, esto es, que dependieran económicamente del causante de manera parcial o total. Manifestó que el demandante percibía una pensión de vejez desde 1999, en consecuencia, contaba con un ingreso económico que posibilitaba su sostenimiento, teniendo en cuenta, además, que su monto era superior al salario mínimo legal mensual vigente.

Explicó que, la pensión de Martín Tarcisio resultaba superior al salario mínimo de la época. Además, que en el escrito de demanda se describe que los gastos del actor eran aproximadamente de $2.525.347 y no existía «[…] prueba alguna que acredite que sus egresos serán equivalentes a las sumas que enuncia pues los documentos o facturas allegadas tienen una fecha posterior al fallecimiento del causante». Adicionalmente, señaló que en la demanda se relacionó un gasto de $600.000 por concepto de salud, cuando, en realidad, con ocasión a la pensión de vejez que percibía el demandante se hacía el respectivo descuento de salud.

Así mismo, sostuvo que, aunque la demandante era ama de casa y no percibía ningún ingreso, no se acreditó que dependiera económicamente de su hijo fallecido de manera parcial o total, en consideración a que no existió certeza de la frecuencia con que percibía la ayuda, sin que fuera posible tomar como cierta esta situación únicamente de la declaración que rindió la testigo Angélica Jiménez Andrade.

Finalmente, manifestó que las declaraciones extrajuicio rendidas por los demandantes ante las respectivas notarias no podían ser tenidas en cuenta en instancias judiciales, en la medida en que requerían la ratificación conforme lo determinan los artículos 229, 289 y 299 del Código de Procedimiento Civil.

En definitiva, concluyó que la parte actora no probó la dependencia económica con respecto a su hijo fallecido, ni el monto, cuantía y periodicidad con que recibía el presunto aporte económico del causante.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretenden los demandantes que la Corte case la sentencia atacada, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a quo y, en su lugar, se condene al ISS al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 19 de septiembre de 2007, junto con las mesadas adicionales y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Posteriormente, bajo el acápite «ALCANCE SUBSIDIARIO» solicitaron que se casara parcialmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia se revocara parcialmente la proferida por el a quo y, en su lugar, se condenara al ISS a reconocer a favor de la demandante, la pensión de sobrevivientes a partir del 19 de septiembre de 2007, junto con las mesadas adicionales y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Con tal propósito formularon tres cargos, los cuales fueron oportunamente replicados, y se estudiarán conjuntamente por pretender el mismo fin y acusar similar grupo normativo.

CARGO PRIMERO

Acusaron la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, bajo la modalidad de la aplicación indebida de los artículos 46, 47, 48 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con los artículos 50, 51, 60, 61 y 145 del Código de Procedimiento Civil.

Enumeraron como errores de hecho manifiestos, los siguientes:

No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes si (sic) acreditaron la dependencia económica que afirmaron tener respecto de su hijo fallecido.

No dar por demostrado, estándolo, que la dependencia de los demandantes con respecto al fallecido fue parcial.

No dar por demostrado, estándolo, que la señora Gloria Andrade no tenía fuentes de ingreso necesarias para su subsistencia, amén de los medios y ayudas económicas que proveía para ella el finado Nelson Jiménez.

Estando probado por el tribunal, que la señora Gloria Andrade era “ama de casa y no percibía ningún ingreso”, llegar a la errada conclusión de que debía probar la dependencia económica con respecto del causante, aun cuando la prueba documental corroboraba la misma.

Dar por demostrado, sin estarlo, que por el hecho de recibir una pensión de vejez el señor Martín Jiménez, no dependía económicamente de manera parcial de su hijo Nelson Jiménez.

No dar por demostrado, en contra de la evidencia, que los Señores Martín Jiménez y Gloria Andrade dependían económicamente de su hijo Nelson Jiménez, como consecuencia de esta realidad tienen derecho a recibir la Pensión de Sobrevivencia estipulada en la ley.

Indicaron como pruebas calificadas erróneamente apreciadas:

Demanda inicial, visible a folios 2 al 11 del expediente principal.

Contestación de folios 66 a 71 del expediente principal.

Resolución No. 008226 de 2008 folios 12 y 13 del expediente principal.

Resolución No. 049447 de 2009 folio 14 a 16 expediente principal.

Resolución 5648 de 2011 (folios 22 al 24 del expediente administrativo de Nelson Jiménez).

Resolución 24557 de 2011 (folios 23 a 25 del expediente administrativo de Nelson Jiménez).

Certificación de Nómina de Pensionados de fecha 19 de enero de 2012 expedida por el ISS folio 33 del expediente principal.

Recibos de gastos folios 34 a 49 del expediente principal.

Por su parte, señalaron como pruebas calificadas no valoradas:

Oficio no. 2190 de fecha 9 de marzo de 2011 dirigido al Grupo de Investigación Administrativa del ISS donde se solicita determinar si la Señora Gloria Andrade acredita la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes (folio 49 del expediente administrativo de Nelson Jiménez).

Solicitud de información sobre el trámite de pensión de fecha 21 de noviembre de 2008, dirigida al ISS (Folio 107 del expediente administrativo de Nelson Jiménez).

Oficio 062.2 No. 13046 de fecha 13 de julio de 2009, suscrito por la Gerente del CAP Antonio Díaz García, a través del cual solicita dar trámite a la prestación e informa que el AFE reporta que mediante resolución No. 008226 del 28 de febrero de 2008 ya se había resuelto dicha prestación. (Folio 105 del expediente administrativo de Nelson Jiménez).

Liquidación de la prestación concedida a los demandantes de fecha 18 de febrero de 2008 (Folio 119 al 121 del expediente administrativo de Nelson Jiménez).

Solicitud de revisión y revocatoria directa radicada el 27 de septiembre de 2010 (folios 17 al 21 del expediente principal).

Resolución No. 5648 de 2011 (folios 22 al 24 del expediente administrativo de Nelson Jiménez).

Resolución No. 24557 de 2011 (folios 26 a 29 del expediente administrativo de Nelson Jiménez).

Enunciaron como pruebas no calificadas apreciadas erróneamente:

Declaraciones extrajuicio rendidas por los Señores LUIS ALFONSO MONTAÑA MORENO a folio 31 y ANGELICA MARÍA JIMENEZ DE ANDRADE folio 32 del expediente principal.

Declaraciones extrajuicio rendidas por los Señores Gloria Andrade y Martín Jiménez (folios 15 al 17 y del 19 al 21 del expediente administrativo Nelson Jiménez)

Denunciaron como pruebas no calificadas y no valoradas las siguientes:

Informe de investigación administrativa de fecha 10 de abril de 2012, rendido por el Psicólogo investigador del Grupo de Investigaciones del ISS en el cual se lee que “ellos dependían económicamente del asegurado ya que el asegurado ganaba una buena cantidad de dinero y era él quien completaba los gastos básicos de los solicitantes” … “… este funcionario constató su veracidad por la tranquilidad en el desenvolvimiento en la manifestación de sus dichos, por lo que permite determinar, también ante la ausencia de prueba en contrario, plena credibilidad en lo manifestado bajo juramente”. (Folios 13 a 14 del expediente administrativo).

Declaración extrajuicio rendida por el Señor Jorge Alberto Castañeda Cardona (folio 151 del expediente administrativo Nelson Jiménez).

Declaración extrajuicio rendida por la señora Jeanneth Esquivel Giraldo (folio 152 del expediente administrativo Nelson Jiménez).

DEMOSTRACIÓN DEL CARGO

Señaló la censura que el Tribunal realizó una errónea lectura de la demanda y de la contestación, puesto que, a su juicio, bastaba con examinar la contestación de los hechos 5 y 7 de la demanda inicial, en los cuales se evidenciaba que el ISS confesó haber reconocido la pensión de sobrevivientes controvertida. Al respecto, sostuvieron que,

[…] la entidad demandada confesó en términos puros y simples, es decir, sin ninguna observación, limitación o aclaración, que reconoció la pensión de sobrevivientes que origina esta controversia y que lo hizo con fundamento en la dependencia económica de los padres respecto del afiliado. Esta confesión, relacionada con la Resolución que obra a folios 12 y 13 del cuaderno principal, es prueba irrefutable de que los Señores MARTIN TARCISIO JIMÉNEZ Y GLORIA ANDRADE DE JIMÉNEZ, acreditaron su dependencia económica del Señor NELSON JIMÉNEZ ANDRADE y también prueba incontrovertible de que la entidad demandada reconoció esta realidad. De manera que con independencia de las otras pruebas que obran en el proceso, las analizadas en precedencia y que el Ad quem apreció con error como queda demostrados, son más que suficientes para acreditar el presupuesto fáctico de la acción y acceder a las pretensiones de la demanda.

Además, señalaron los recurrentes que en la Resolución n.º 8226 del 2008 se estableció en el párrafo séptimo que, revisados los documentos existentes en el expediente, se concluía que acreditaron los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Así las cosas, el Tribunal no podía darle una lectura diferente al texto contenido en el acto administrativo, dado que lo único que podía concluirse era que el requisito de la dependencia económica se encontraba probado.

Por otro lado, en cuanto a la apreciación del Tribunal respecto de los gastos del hogar indicados en la demanda inicial, sostuvieron:

[…] la afirmación efectuada por el Tribunal de no existir prueba de que esos egresos fueron los mismos de la vida del actor, no es lo que señala la demanda, ya que lo que allí se hace es una relación mensual de los gastos de los actores en el año 2010, pues se escapa de la sana crítica exigir que unos padres estén previniendo la muerte de su hijo y que con dicho raciocinio estén guardando las facturas de sus gastos de forma periódica con la expectativa de que tengan que acudir a probar de forma específica sus gastos causados, ante el juez, razón por la cual, lo que resultaba apropiado era comparar sus gastos actuales con sus ingresos, que fue lo que se hizo en la demanda, al comparar los recibos de gastos con lo recibido como pensión por parte del Señor Marín Jiménez, valores lo cuales podían haberse deflactado a la fecha del fallecimiento del causante si el Juez de segunda instancia requería saber si la cantidad aportada por Nelson Jiménez era necesaria para la digna subsistencia de sus padres.

Con respecto a los gastos en salud, manifestaron los recurrentes que, si bien era cierto que se realizaban los descuentos para salud de la pensión de vejez disfrutada por el señor Jiménez, ello estaba lejos de cubrir todas sus necesidades, dado que, como es de conocimiento, existe una ausencia integral de cubrimiento en salud, razón por la cual los afiliados deben asumir la mayoría de los procedimientos y medicamentos, especialmente los que no se encuentran cubiertos por el POS.

En el mismo sentido, indicaron que las Resoluciones n.º 049447 de 2009, 5648 de 2011 y 024557 de 2011 fueron erróneamente apreciadas por el Tribunal, dado que de estas se evidenciaba que la razón por la cual el ISS negó el reconocimiento de la prestación, obedeció a que él era beneficiario de una pensión de vejez, argumento que, como fue indicado en sentencia de la Corte Constitucional CC C-111-2006, no desvirtúa la dependencia económica.

Finalmente, en un acápite denominado como «DE LAS PRUEBAS NO CALIFICADAS», adujeron que de las declaraciones de Luis Alfonso Montaña y Angélica María Jiménez Andrade podía concluirse que el causante ayudaba a sus padres económicamente con su sostenimiento y era la persona que respondía por ellos mensualmente.

CARGO SEGUNDO

Acusaron la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, bajo la modalidad de la interpretación errónea de los artículos 177, 229, 277 numeral 2º, 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil «[…] como VIOLACIÓN MEDIO que condujo a la violación de los artículos 46 numeral 2º y 47 literal C de la ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003, que conllevaron también a la violación de normas constitucionales como artículos 48, 53 y 83».

DEMOSTRACIÓN DEL CARGO

Señalaron que erró el Tribunal al no estudiar las declaraciones extrajuicio, dado que la Corte Suprema de Justicia ha indicado reiteradamente que estas no necesitan ratificación y gozan de plena validez, por lo que deben ser apreciadas como cualquier otro medio probatorio. Para los efectos citaron la sentencia CSJ SL, 6 de marzo de 2012, radicado 43422 y manifestaron:

Las anteriores previsiones jurisprudenciales se hayan en concordancia con el artículo 177 del C.P.C. que establece que incumbe a las partes el probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Bajo esa perspectiva jurídica el Tribunal convalida la misma equivocación del A-quo, en cuanto al alcance para fines probatorios que tienen las declaraciones extrajuicio no ratificadas; pues al rompe, resulta que otro hubiera sido el análisis del derecho pensional, de no ser por la errónea interpretación que hizo el Tribunal de las normas adjetivas que gobiernan expresamente y con meridiana claridad el alcance de este medio probatorio.

CARGO TERCERO

Acusaron la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, bajo la modalidad de la infracción directa de los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, 93 y 97 de la Ley 1437 de 2011, 69 y 73 del Decreto 01 de 1984, lo que condujo a la violación de los artículos 46 numeral 2º y el artículo 47 literal c) de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que conllevaron también a la violación de normas constitucionales como los artículos 48, 53, 58 y 83.

DEMOSTRACIÓN DEL CARGO

Indicaron que el Tribunal desconoció el valor del acto administrativo correspondiente a la Resolución n.º 88226 de 2008 que reconoció la pensión de sobrevivientes a los demandantes. En ese sentido, sostuvieron:

Así mismo, los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, contienen un claro mandato en favor del derecho pensional de mis representados, en especial el artículo 19 ibidem, el cual pasó por alto tanto el Tribunal como el Juzgado de instancia, muy a pesar de que se les había recordado dicha normativa en la demanda y en el recurso de apelación, lo que nada sirvió, pues al realizar un estudio de las situaciones jurídicas consolidadas en favor de mis representados, a quienes ya se les había reconocido el derecho a la pensión de sobrevivientes por virtud de la Resolución 888226 de 2008, no solo dio cabida al desconocimiento de lo establecido en el artículo 19 ibídem, sino que también rompió de manera evidente el principio del acto propio.

RÉPLICA

Expuso que los cargos presentados contienen equivocaciones de orden técnico que impiden su prosperidad. Frente al primer cargo, señaló que se hizo alusión a varias declaraciones extrajuicio las cuales no son consideradas como pruebas calificadas en materia del recurso extraordinario de casación laboral y, en consecuencia, «[…] no era correcto entonces por parte de la censura invocar en su ataque las pruebas no calificadas que aduce en su demanda».

En ese sentido, sostuvo que en el expediente no obraron pruebas suficientes para acreditar la dependencia económica de los demandantes respecto del causante, razón por la cual, la prueba no calificada no podía ser traída a colación.

Con respecto al segundo cargo, indicó que los recurrentes se limitaron a enunciar la violación medio, pero sin argumentarla en su desarrollo, configurándose un error técnico insuperable.

Ahora bien, en relación con los tres cargos en general sostuvo que, en ninguno de ellos se atacó con exactitud los pilares de la sentencia de segunda instancia, «[…] situación esta que hace que el recurso planteado tenga más similitud con un alegato de instancia que con un recurso extraordinario de casación laboral».

En cuanto al asunto de fondo de los cargos, manifestó que,

[…] es importante señalar que el recurrente considera que el fallo del colegiado fue equivocado, en la medida en que no condenó a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de los señores MARTÍN JIMÑENEZ DÍAZ y GLORIA ANDRADE DE JIMÉNEZ, tal y como esta entidad ya la había hecho en el pasado.

Frente a lo argumentado por el impugnante es preciso señalar que el emanar de la segunda instancia fue acertado, en tanto no es viable tal reconocimiento, puesto que no se acreditan los presupuestos fácticos del caso para reconocer y cancelar a los reclamantes la prestación de sobrevivientes de su hijo.

Más aún cuando las declaraciones extrajuicio obrantes en el expediente no fueron ratificadas debidamente, aspecto sobre el cual se guardó silencia por los demandantes durante el trámite procesal.

CONSIDERACIONES

Inicia la Sala por advertir que le asiste razón al opositor, en cuanto a que la demanda de casación contiene algunos defectos de orden técnico, tales como, que la censura no cumplió con el deber de decirle a la Corte de forma argumentada de qué forma se hubiera modificado la decisión del colegiado de ser apreciadas todas las pruebas que denuncia como no valoradas, o de qué forma debió apreciar el resto. En este orden de ideas, las demostraciones de los cargos parecen más un alegato de instancia, que un conjunto de razonamientos ordenados con la debida argumentación que la ley requiere.

Pese a lo anterior, en virtud de la flexibilización de la técnica de casación, la Corte entiende que la finalidad de los recurrentes era quebrar el fallo de segundo grado, pues en su sentir, erró el Tribunal al no encontrar probada la dependencia económica respecto de su hijo fallecido.

Así las cosas, se tienen como hechos no discutidos los siguientes: (i) que Nelson Jiménez Andrade falleció el 19 de septiembre de 2007; (ii) que era hijo de los impugnantes; (iii) que cotizó la densidad de semanas exigidas en la Ley 797 de 2003 para acceder al derecho; (iii) que el ISS mediante la Resolución n.° 8226 de 2008 le reconoció a los recurrentes la prestación a partir del 9 de septiembre de 2007, sin embargo, a través de la Resolución n.º 049447 de 2009 esta fue negada; y (iv) que Martín Tarcisio Jiménez Andrade devenga una pensión de vejez desde el 1º de noviembre de 1999.

Antes de que la Corte asuma el análisis de los medios de prueba que los censores denunciaron como indebidamente apreciados, lo que conllevó a los errores de hecho relacionados en el cargo formulado en la demanda de casación, conviene recordar que a la luz del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios del trabajo, los juzgadores pueden formar libremente su convencimiento «[…] inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes» (CSJ SL15058-2017).

En este orden de ideas, si bien el artículo 60 ibidem les impone la obligación de analizar todas las pruebas oportunamente allegadas, los juzgadores están facultados para darle mayor valor a cualquiera de ellas sin sujeción a la tarifa legal, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en esa eventualidad «[…] no se podrá admitir su prueba por otro medio», como lo señala la norma inicialmente citada.

Sobre el particular la Sala en sentencia CSJ SL, 5 noviembre 1998, radicado 11111, reiterada en la CSJ SL4514-2017, señaló:

El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho.

Así las cosas, son los juzgadores de instancia los encargados de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley. Ahora bien, la facultad otorgada por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de apreciar libremente las pruebas con base en el principio de la sana crítica, hace que resulte inmodificable la valoración realizada por el Tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso (CSJ SL12299-2017). La Corte por su parte, en tanto actúa como tribunal de casación y atendiendo la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, tiene el deber legal de considerar que el juez de segundo grado cumplió con esa función y, por tanto, acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción.

También se tiene dicho, que el recurso de casación no es una tercera instancia en donde libremente puedan discutirse las pruebas del proceso, pues el análisis de la Corte se limita a los medios de prueba calificados legalmente, y ello, siempre y cuando, de cuyo examen por el juzgador de la alzada, sea posible concluir un error manifiesto, protuberante u ostensible, pues también se tiene establecido que sólo en la medida en que el juez de segunda instancia incurra en errores manifiestos de hecho que tengan trascendencia en su decisión, es que resulta posible el quebrantamiento del fallo (CSJ SL8833-2017).

Con las anteriores aclaraciones, pasa la Sala a estudiar las pruebas que el recurrente señala como no apreciadas y erróneamente valoradas por el Tribunal. Se aclara que no se analizarán las Resoluciones n.º 5648 y 24557 de 2011 proferidas por el ISS, pues la censura las acusó de ser tanto apreciadas erróneamente, como no valoradas, lo que a todas luces supone un contrasentido. Sobre lo anterior, esta Sala ha reiterado de forma pacífica, entre otras, en la sentencia CSJ SL5497-2018 que,

Es importante señalar que, cuando el cargo se encamina por la vía de los hechos, como aquí ocurre, el censor tiene la carga de acreditar de manera razonada, la concreta equivocación en que incurrió la colegiatura en el análisis y en la valoración de los medios de convicción y su incidencia en la decisión impugnada, que lo llevó a dar por probado lo que no está o a negarle evidencia a lo que sí está, yerros que surgen a raíz de la equivocada valoración o de la falta de apreciación de la prueba calificada, esto es, del documento auténtico, de la confesión judicial y de la inspección judicial.

Frente a los errores que se propongan en los cargos, apoyados en las pruebas, hay que resaltar que se presentan dos fenómenos diferentes, la falta de apreciación y la valoración errada, para lo cual la Corte ha indicado en CSJ SL 3986, 5 dic. 1990, citada en la CSJ SL 1810-2018, que: «Los dos fenómenos no son idénticos, sino distintos e inconfundibles. Cuando la prueba se aprecia se emite un juicio sobre su valor; si deja de apreciarse, no hay concepto alguno acerca del mérito que ofrezca. La Ley del recurso extraordinario, separa las dos modalidades con toda claridad (art. 87 del CPL) exigiendo que de cada uno se alegue y demuestre el error de juicio atribuido al fallo del ad quem» (negrilla fuera de texto).

Respecto de la denuncia hecha por los casacionistas, se tendrán analizadas las pruebas así:

Pruebas erróneamente apreciadas:

1. Demanda inicial, contestación y Resolución n.º 008226 de 2008 proferida por el ISS: Señalan los recurrentes que bastaba con examinar los hechos 5 y 7 de la demanda en las cuales se aduce el reconocimiento de la pensión pretendida por parte del ISS, pues esto «[…] constituye una confesión inequívoca al respecto, para evidenciar que la entidad demandada ADMITIÓ que los padres del afiliado dependían económicamente de él». Para mayor claridad se transcriben los mismos:

5. Que mediante Resolución No. 008226 de 2008, el ISS le concedió la Pensión de Sobrevivientes a la señora GLORIA ANDRADE DE JIMENEZ y al señor MARTIN JIMENES (sic) DIAZ DIAZ, por el fallecimiento de su difunto hijo NELSON JIMENEZ ANDRADE.

7. Que a mis poderdantes les fue reconocida pensión de sobrevivientes a partir del 19 de Septiembre de 2007, en cuantía inicial de $1.582.137, tal y como consta en la Resolución No. 008226 de 2008.

Lo que intentan demostrar los impugnantes es que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes pues, el ISS mediante la Resolución n.º 008226 de 2008 concedió la prestación reclamada. Sin embargo, omiten mencionar que incluso desde la misma demanda inicial, en el hecho 9, ellos mismos reconocieron «Que la Resolución n.° 008226 de 2008, nunca les fue notificada por el ISS».

Esta ausencia de notificación es ratificada posteriormente por el ISS, en la Resolución n.º 024557 del 21 de julio de 2011 en donde se manifestó que el anterior acto administrativo «[…] presentó inconsistencias en nomina (sic) de pensionados, motivo por el cual no pudo ser notificado, por lo tanto no nació a la vida jurídica».

Los efectos de la no notificación en casos de contornos semejantes han sido estudiados por esta Sala, entre otras, en la sentencia CSL Sl12708-2017 en la que se estableció que el acto administrativo o resolución «[…] requiere que sea debidamente notificada, dado que, si ello no se cumple la contestación no produce ningún efecto».

Dicha postura también está contenida en la sentencia CSJ SL12148-2014 que señaló:

Así, conforme al principio de publicidad –en relación con el de buena fe y debido proceso-, las autoridades deben dar a conocer a los administrados, en este caso, trabajadores, sus decisiones, lo cual, para la reclamación administrativa estatuida en el artículo 6º C.P.T y S.S, implica que, no es suficiente con que la entidad emita un pronunciamiento sobre los derechos laborales reclamados, sino que es indispensable que esa determinación se dé a conocer a través de los medios disponibles de comunicación más idóneos y eficaces, dejando constancia de ello.

[…]

Si se omite dicha actuación, la consecuencia es que la decisión no produce ningún efecto ni obliga al trabajador, y por tanto, no puede iniciar el término prescriptivo en contra de éste y en favor de la entidad, hasta tanto no se surta la notificación en debida forma (negrilla de la Sala).

Siguiendo la jurisprudencia citada, para la Sala en manera alguna, puede aceptarse que la demanda inicial, su contestación y la Resolución n.º 008226 de 2008 proferida por el ISS, fueron valoradas de forma equivocada por el juez de segundo grado.

2. Resolución n.º 049447 de 2009: Luego de trascribir apartes de ella y la interpretación que le dio el ad quem, adujeron los casacionistas, que el juzgador se equivocó al afirmar que el ISS negó la prestación pues «[…] no dependían económicamente del afiliado fallecido para el momento de su deceso». Al respecto, es cierto que la mencionada resolución señaló como causal para negar el derecho que «[…] Martín Tarcisio Jiménez Díaz, se encuentra percibiendo una pensión de vejez a partir de octubre de 2003, se desvirtúa la dependencia económica exigida en este caso, razón por la cual se procederá a negar la prestación solicitada».

En efecto, esta Corporación ha dispuesto, en relación con los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes cuando se trate de padres y hermanos en situación de discapacidad del causante, que dicha dependencia no implica una sujeción total y absoluta del presunto beneficiario a los ingresos económicos que percibía del causante. Lo que quiere decir que no se excluye la existencia de otras fuentes de recursos, propios o provenientes de otras personas, pues no es necesario que los reclamantes se encuentren en estado de pobreza o indigencia.

Ahora bien, de la misma forma esta Sala ha adoctrinado que, a pesar de que la dependencia no debe ser total y absoluta, esto no significa que cualquier estipendio que se le otorgue a los familiares pueda ser tenido como prueba determinante para ser beneficiario de la pensión, pues esa no es la finalidad prevista desde el inicio, ni del Sistema de Seguridad Social, cuyo propósito, es servir de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ SL14539-2016).

Lo anterior tiene trascendencia en el caso objeto de estudio, tal y como se explicará en adelante, cuando la Sala analice los gastos de sostenimiento declarados por los recurrentes, frente al aporte económico que alegaban recibir del afiliado fallecido.

3. Declaraciones extrajuicio (folios 14 a 16): Un aspecto que controvierten los impugnantes frente a la sentencia acusada, es que, en criterio del juzgador, las declaraciones extrajuicio aportadas «[…] no pueden ser tenidas en cuenta en esta instancia judicial en la medida en que requerían la ratificación conforme lo determinan los artículos 229, 289 y 299 de nuestro código procesal civil».

En relación con este aspecto, tiene razón la censura, pues esta Corporación en sentencia CSJ SL1227-2015 dijo:

Sobre el tema que antecede, esto es la no necesidad de ratificación de los testimonios extrajudiciales rendidos ante notario, salvo que la parte contraria lo requiera, la Corporación en la sentencia CSJ. SL. 6 Mar. 2013. Rad.42536, al reiterar otras en el mismo sentido, expuso:

[…]

“A juicio de la Sala, el razonamiento efectuado en la sentencia de 2 de marzo de 2007, radicación 27593, según el cual, las declaraciones extrajuicio recibidas para fines no judiciales, pueden tomarse “(…) como documentos declarativos provenientes de terceros, para cuya valoración, según el artículo 277 del C. P. C. (Mod. Art. 27, Ley 794/2003), no necesitan ratificación, salvo que la parte contraria lo solicite.”, está acorde con la especial situación que se presenta en esta clase de procesos, porque equiparar el documento simplemente declarativo emanado de un tercero, que no es elaborado ni suscrito ante un Notario, con la declaración que ese mismo tercero realiza ante este funcionario público, que cuenta con el atributo de ser depositario de la fe pública, es perfectamente válido, en la medida en que, por lo menos, igual poder de convicción tienen estos dos medios de prueba, y no guardaría ninguna lógica, eximir de ratificación al primero, al paso que del segundo se exija el adelantamiento de tal formalidad dentro del proceso, siendo que, además, las declaraciones extrajuicio fueron rendidas bajo la gravedad del juramento (negrilla de la Sala).

Siguiendo esta jurisprudencia, erró el Tribunal al no apreciar tales declaraciones, bajo el argumento de que debían ser ratificadas en el plenario, a pesar de que esta Corte ha adoctrinado lo contrario. Sin embargo no cambiaría la decisión final toda vez que no son pruebas hábiles en casación y por ende no podrían considerarse en este momento procesal.

4. Recibos de gastos folios 34 a 49 del expediente principal: Tal y como lo afirmó la censura, sobre ellos el Tribunal adujo:

[…] en el escrito de demanda se describe que los gastos del actor en aproximadamente de $2.525.247 suma superior a la percibida por el actor por concepto de pensión empero no existe prueba alguna que acredite que sus egresos serán equivalentes a las sumas que enuncia pues los documentos o facturas allegadas tienen una fecha posterior al fallecimiento del causante además de no demostrar una periodicidad más aún cuando dentro de los gastos se relaciona un valor de $600.000 por salud sin percatarse que con ocasión a la pensión que perciben se realiza el respectivo descuento por este beneficio y se recibe la prestación de servicios médicos de la eps.

Reprochan los recurrentes la errada apreciación de estos recibos, pues a su juicio, en la demanda lo que se estableció fue una relación de gastos mensual de los actores al año 2010, por ende «[…] se escapa a la sana critica exigir que unos padres estén previendo la muerte de su hijo y que con dicho raciocinio estén guardando las facturas de sus gastos de forma periódica con la expectativa de que tengan que acudir a probar de forma especifica sus gastos causados, ante el juez».

Si se acogiera la tesis de la censura, tendría que concluirse que el Tribunal pudo inferir, de la demanda inicial, que el monto mensual aportado por el afiliado fallecido era únicamente de $303.000 lo cual resulta de restar los gastos mensuales declarados por los casacionistas equivalentes a $2.525.247 menos las suma de $2.222.247 que obedece al monto de la pensión neta recibida por el padre del causante.

Con este horizonte claro, a pesar del error del Tribunal, respecto del contenido de la Resolución n.º 049447 de 2009 y lo manifestado frente a las declaraciones extrajuicio, la sentencia no se casará, pues tiene dicho esta Corporación que para quebrar el fallo de segundo grado es necesario derruir todos los fundamentos en los que este se fundó, y adicionalmente que los errores atribuidos al juzgador sean ostensibles, trascendentes o de gran magnitud. Así lo ha sostenido la Corte entre otras, en la sentencia, CSJ SL4086-201 en la que con respecto a las pruebas mal apreciadas o no valoradas se dijo:

[…] no basta con referenciarlas, sino que es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan, de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión acusada, y en qué consistió el error de hecho, pues este es el presupuesto de la aplicación indebida que se enrostra en la decisión y lo que le permite a esta Corporación establecer la magnitud del desatino, que debe ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de desquiciar la presunción de acierto y legalidad que ampara toda sentencia objeto de este recurso extraordinario.

Lo anterior es pertinente por cuanto, no considera la Sala, que el estudio de las probanzas denunciadas como erróneamente valoradas por el Tribunal, tenga la magnitud de quebrar el fallo acusado. Si bien es cierto que la jurisprudencia ha adoctrinado que el requisito de la dependencia económica no excluye que los padres del causante perciban rentas o ingresos adicionales, siempre y cuando estos no los conviertan en autosuficientes. No es menos cierto, que el padre o madre que pretenda el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes alegando la dependencia económica de su hijo o hija «[…] deberá probar la imposibilidad de autosostenimiento, es decir, que sin el aporte del causante, no podía ni podrá procurarse una vida digna».

Pruebas dejadas de apreciar:

1. Oficio n°. 2190 de fecha 9 de marzo de 2011 (folio 49): Este documento reza:

De manera cordial les solicitamos realizar investigación administrativa, con el propósito de determinar si la señora GLORIA ANDRADE DE JIMENEZ, acredita la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de ascendiente, con ocasión de la muerte del asegurado NELSON JIMENEZ ANDRADE.

Como puede observarse, del texto trascrito no se evidencia que el Tribunal hubiera podido modificar su decisión, pues lo único que de allí se obtiene, es una petición del ISS para efectuar la realización administrativa en el proceso de la referencia.

2° Solicitud de información sobre el trámite de pensión de fecha 21 de noviembre de 2008, dirigida al ISS (Folio 107): Este documento señala:

Muy comedidamente le solicitamos se sirva informarnos sobre la solicitud pensional radicada el mes de Diciembre de 2007 de nuestro hijo Nelson Jiménez Andrade C.C. 79.600.363 Bogotá, fallecido el 19 de Septiembre del 2007, la cual fue radicada en el centro de pensiones Antonio Díaz de esta ciudad, allí nos indican que en un principio llego (sic) para notificación y pago de la misma en el mes de Marzo de 2008, pero que al hacerle una revisión se encontró alguna deficiencia y fue devuelta en el mes de Junio del 2008, por lo tanto reiteramos nuevamente la atención e información sobre el estado de esta solicitud.

Tampoco se entiende, en qué forma el Tribunal hubiese podido modificar su postura de referirse específicamente a la petición aquí denunciada como no valorado.

3. Oficio 0622 n.º. 13046 de fecha 13 de julio de 2009 (Folio 119 al 121): Esta solicitud, lo que demuestra es la petición efectuada al jefe del departamento de atención al pensionado del ISS, sin embargo, como ya fue explicado, se parte de la base de un reconocimiento pensional que nunca nació a la vida jurídica, pues la Resolución n.º 8226 del 28 de febrero de 2008 no fue notificada. Sucede lo mismo con la liquidación efectuada por el Instituto.

Dado que con las pruebas acusadas como no valoradas y como erróneamente apreciadas por el juzgador, no se evidencia error que logre quebrantar el fallo, la Sala se encuentra impedida para analizar las probanzas no calificadas enunciadas en la demanda de casación.

En conclusión, se insiste, si la Corte diera por cierto que el aporte del causante al sostenimiento de sus padres ascendía a la suma de $303.000, a pesar de que no se probó la periodicidad, dicho monto no tiene la relevancia o magnitud para que los señores Martín Tarcisio Jiménez Díaz y Gloria Andrade de Jiménez, sean considerados como beneficiarios de la prestación que reclaman.

Por todo lo expuesto, considera la Sala, que es razonable la inteligencia que le da el Tribunal a la norma, pues no se observa que, con el fallecimiento del causante, sus padres a pesar del natural dolor que implica una pérdida de esta magnitud se vieran imposibilitados para procurarse una vida en condiciones dignas, considerando el patrimonio y los recursos que ingresan a su núcleo familiar producto de la pensión recibida por Martín Tarcisio Jiménez.

En este orden de ideas, la acusación no prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación pues, aunque se encontró probado el error del Tribunal, este no fue suficiente para derruir el fallo atacado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el veintiuno (21) de marzo del dos mil trece (2013), en el proceso que instauraron MARTÍN TARCISIO JIMÉNEZ DÍAZ y GLORIA ANDRADE DE JIMÉNEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

ANA MARIA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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