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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3128-2022

Fecha
10 de agosto de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3128-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

XIII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 3 de julio de 2020, en el proceso que ALBA NURY RINCÓN BERRIO instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-. Costas como se dijo en la motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3128-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

10 de agosto de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL3128-2022

Radicación n.° 92261

Acta 26

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ALBA NURY RINCÓN BERRIO contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 3 de julio de 2020, en el proceso que la recurrente instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.

AUTO

Téngase a SOLUCIONES JURÍDICAS DE LA COSTA S.A.S. NIT 900.616.392-1, como apoderada general de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones en los términos y fines contenidos en la Escritura Pública N.° 3371 suscrita en la Notaría 9 del Círculo de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

Alba Nury Rincón Berrío, en calidad de cónyuge sobreviviente de Luis Aníbal Rúa Álzate, instauró proceso ordinario con el fin de que se condenara a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes «por haber cotizado más de trescientas (300) semanas en cualquier tiempo (844), por lo que es titular del derecho adquirido al régimen de transición establecido en el Decreto 758 de 1990[sic]». Como consecuencia, se condene al pago de las mesadas correspondientes incluyendo las adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios y las costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: el señor Luis Aníbal Rúa Álzate estuvo afiliado al régimen de pensiones antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y cotizó entre el año 1978 y 1994 un total de 748 semanas; que cotizó 96 semanas con el Departamento de Antioquia y Promega y, a partir del mes de febrero de 1996, quedó inactivo para laborar, pues su último empleador terminó su contrato por enfermedad catastrófica (diabetes mellitus 2 e insuficiencia renal), por lo que se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 77.78%, a partir del 12 de febrero de 2007, con base en lo cual solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue negada porque no cotizó 50 semanas en los últimos tres años anteriores a la última data mencionada. El causante falleció en Medellín el 26 de agosto de 2012; había contraído matrimonio civil con la actora el 4 de noviembre de 2008; el 9 de febrero de 2016 solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual se despachó de forma desfavorable mediante Resolución GNR 13121 del 10 de mayo siguiente, que fue confirmada por acto VPB 45780 del 27 de diciembre del mismo año, sin tener en cuenta que su cónyuge cotizó 300 semanas en cualquier época, desconociendo los mandatos del Acuerdo 049 de 1990, los principios de la condición más beneficiosa, universalidad, justicia, equidad y proporcionalidad; que goza de especial protección por cuanto el causante era la única fuente de ingresos, dependía económicamente de él y que no ha reclamado indemnización sustitutiva.

Colpensiones, al dar respuesta al escrito generatriz de la contienda, se opuso al éxito de las pretensiones, admitió los hechos relativos a la fecha del deceso del causante, el vínculo matrimonial, la reclamación administrativa y su respuesta y, en su defensa, propuso las excepciones de falta de causa para demandar, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses de mora, buena fe, prescripción, compensación e imposibilidad de imponer condena en costas.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 18 Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 18 de febrero de 2020, absolvió de todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la actora.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver en el grado jurisdiccional de consulta, mediante providencia de 3 de julio de 2020, confirmó en su totalidad la decisión de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal fijó como problema jurídico, determinar si Rúa Álzate cumple con el número de semanas exigidas por el Decreto 758 de 1990[sic] para causar la pensión de sobrevivencia, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Inició por señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, por regla general, el citado derecho se dirime con base en la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado y en esa línea se remitió a las decisiones proferidas en los radicados 36135 y 42828 y a la sentencia CSJ SL7358-2014. Indicó que el causante falleció el 26 de agosto de 2012, por lo que la prestación de supervivencia está gobernada por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; no obstante, el mencionado solo presenta cotizaciones hasta el 1 de diciembre de 1994 y aun cuando presentaba una pérdida de capacidad laboral del 77.8%, el derecho a la pensión de invalidez le fue negado por vía jurisdiccional, decisiones amparadas por el principio de cosa juzgada.

Acto seguido se remitió a la sentencia CSJ SL4650-2017 sobre la aplicación del principio de la condición más beneficiosa y concluyó que tampoco reúne los requisitos de la Ley 100 de 1993 en su versión original y dijo que esta Corte ha sostenido la improcedencia de la aplicación de la citada prerrogativa bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990 lo que en principio lleva a la improsperidad de la pretensión; empero, acudió a lo dispuesto por la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia CC SU005-2018 que acogió la tesis de esta Sala de la Corte «[...] salvo en aquellos eventos en que beneficiarios de la pensión de sobrevivencia presenten una situación de vulnerabilidad establecida de acuerdo con los parámetros del que denomina “test de procedencia”».

En ese orden, se dio a la tarea de verificar los requisitos contemplados en el test de procedencia y encontró que no cumplía los relativos a la pertenencia a un grupo de especial protección, la afectación directa de la satisfacción de sus necesidades básicas y la dependencia económica del pensionado o afiliado. Añadió que, aun cuando cumpliera con tales presupuestos, en todo caso no se acreditó la condición de beneficiaria de la pensión, esto es, la convivencia con el causante. Por lo expuesto confirmó la decisión de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que, la Corte case la sentencia acusada y, en sede de instancia, revoque la del a quo, para en su lugar acoja la totalidad de las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se procede a resolver conjuntamente los dos primeros, ya que aun cuando se dirigen por diferente vía persiguen idéntico fin.

VI. PRIMER CARGO

Acusa la sentencia de violar por la vía directa la ley, por interpretación errónea de las siguientes disposiciones:

[E]l artículo 53 de la Constitución Nacional, en relación con los artículos 13, 25, 42, 93 y 215 inciso 9.° ibidem, 16 del Código Sustantivo del Trabajo, 272 de la Ley 100 de 1993, 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 30 del Convenio 128 ibidem, 2.° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los Convenios 100, 111 y 157 de la OIT y Decreto 758 de 1990 artículos 6, 25 y 27; artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2013[sic] que modificó los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993; la infracción directa de los artículos 1.°, 5.° y 20 del Acuerdo 224 de 1966, 1.° del Acuerdo 019 de 1983, 6.°, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990, en relación con los artículos 13, 31, 33, 46 parágrafo 1º y 141 de la Ley 100 de 1993, 1138, 1139, 1551 y 1555 del Código Civil; de haber aplicado indebidamente los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 y 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

Como demostración del cargo, luego de referirse a la protección de la familia del afiliado o pensionado por el sistema de seguridad social, al artículo 53 de la Constitución Política, el 272 de la Ley 100 de 1993, la Constitución de la OIT y los Convenios 128 y157, señala que si bien el Tribunal acoge el principio de la condición más favorable, la interpreta erróneamente porque aplica un test de procedencia no contenido en la norma superior y, por otro lado, por cuanto la Corte Constitucional en la sentencia CC SU005-2018 fijó tales supuestos para determinar la procedencia de la acción de tutela, que no son aplicables al juez ordinario.

Sostiene también que el Acuerdo 049 de 1990 no exige prueba de la convivencia para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en esa misma línea se remite a la decisión CSJ SL1905-2021, en torno a la cual indica que el colegiado hizo un ejercicio hermenéutico equivocado de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 y 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 al imponer la obligación de acreditar la convivencia con el causante, pues ésta solo se requiere cuando se trata de pensionado.

VII. SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia por violación indirecta y por aplicación indebida

[D]e los artículos 6, 25, 26 y 27 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990; artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 y 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, artículos 2, 13, 29, 31, 43, 48, 53, 58, 83, 93 y 95 numeral 2 y 228 de la Constitución Política; 9º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 9º del Protocolo de San Salvador y el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 8 del Decreto 1888 de 1994 y con la Ley 100 de 1993 original del art. 46. Lo cual ocurrió a través de errores de hecho que aparecen de modo manifiesto y evidente en los autos.

Afirma que el tribunal aceptó que el causante cumplía con el número de semanas exigidas en el Decreto 758 de 1990[sic], 150 dentro de los seis años anteriores al fallecimiento o 300 en cualquier época «[p]ero dijo también que en los hechos probados […] registraba 299 semanas»; que se probó que tenía 844 semanas en toda la vida, que después de acoger la aplicación ultra activa de la condición más beneficiosa para emplear el Acuerdo 049 de 1990, negó el derecho a la pensión de sobrevivientes aduciendo que no se cumplían los requisitos previstos en la sentencia CC SU005-2018 y que no se probó la convivencia al momento del fallecimiento.

Estima que el colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que el causante en realidad dejó cotizadas 844 semanas durante toda su vida laboral en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el causante registra un total de 299 semanas cotizadas durante toda su vida laboral.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el causante al momento de su muerte ya había cotizado más de 300 semanas en cualquier tiempo.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la cónyuge convivía con el afiliado al momento de la muerte de éste.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la cónyuge no convivía con el afiliado fallecido.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante al quedar viuda es objeto de especial protección.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante al quedar viuda no es objeto de especial protección.

8. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes prevista en el Decreto 758 de 1990.

9. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante no tiene derecho a que se le reconozca la pensión de sobrevivientes prevista en el Decreto 758 de 1990.

10. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante es persona vulnerable por quedar viuda al momento del fallecimiento del afiliado.

11. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante no es persona vulnerable al quedar viuda por el fallecimiento del afiliado.

12. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante sufrió afectación con el fallecimiento del afiliado.

13. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante no sufrió afectación con el fallecimiento del afiliado.

14. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante no dependía económicamente del afiliado.

15. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante dependía económicamente del afiliado.

Señala que los errores devienen:

1. De la no apreciación de la Resolución VPB 45780 del 27 de diciembre de 2016 (ver folio 43 a 50 del expediente) que decidió el recurso de apelación y manifiesta “…el fallecido acreditó un total de 5,999 días laborados correspondientes a 844 semanas”. Allí se establece claramente que las semanas cotizadas por el afiliado fallecido durante su vida laboral fueron en total 844 de las cuales 300 se cotizaron de fecha 1980/04/22 a 21/02/1996. (el sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, entró a regir a partir del 1º de abril de 1994. Sin embargo, su funcionamiento se pospuso, para los servidores públicos del nivel departamental, distrital, y municipal, hasta el 30 de junio de 1995).

2. De la equivocada apreciación de la Resolución GNR 137121 de 10 de mayo de 2016 (ver folio 34 a 39 del expediente) informa que “…el interesado dejo cotizadas un total de 2.093 días laborados, correspondientes a 299 semanas”, sin reparar el Tribunal que esa Resolución fue impugnada con recursos en sede administrativa.

3. De la no apreciación de la contestación de la demanda, la cual al responder el hecho QUINTO (2.1., ver folio 77) de la demanda Colpensiones admitió que el causante tenía 844 semanas cotizadas durante toda su vida laboral.

Si el Tribunal hubiera apreciado la Resolución No. GNR 137121 de 10 de mayo de 2016 y la respuesta a la demanda y hubiera apreciado correctamente la VPB 45780 del 27 de diciembre de 2016, hubiera concluido que el señor Rúa álzate registró 844 semanas durante su vida laboral de las cuales 300 lo fueron en vigencia el Decreto 758 de 1990, es decir, en cualquier tiempo antes del fallecimiento del afiliado.

[…]

4. De la errada apreciación del interrogatorio de parte de la demandante.

No reparó el Tribunal que al confesión vertida en él por la demandante, de manera expresa, consciente, libre y espontánea demostraba ampliamente que si había dependencia económica del causante antes del fallecimiento de éste, que convivía con éste al momento del fallecimiento, que el afiliado y ella eran personas vulnerables después de haber perdido el afiliado su puesto de trabajo, durante su enfermedad que le impedía trabajar, antes del fallecimiento de éste y posterior a su fallecimiento, pertenecían al Sisbén, vivían de lo que les aportara la madre del fallecido y el padre de la demandante, persona de avanzada edad o del grupo de la tercera edad.

[…]

Advierte que, de no haber incurrido en los anteriores errores de apreciación, el Colegiado habría concluido que desde el año 1995 hasta su muerte la actora convivió con el causante; que la mencionada dependía económicamente de aquél; que su dedicación fue el cuidado desde que aquél comenzó con sus enfermedades y hasta que falleció; que no lo abandonó, no se separaron y que constituían un grupo familiar vulnerable.

VIII. OPOSICIÓN

Colpensiones se opone a los cargos pues considera que el Tribunal aplicó adecuadamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala; que si bien en virtud del principio de la condición más beneficiosa se admite la aplicación ultra activa de una norma derogada, existen unas condiciones mínimas, entre ellas, que sea la inmediatamente anterior a la fecha de la muerte, sin que sea dable hacer una búsqueda histórica para establecer la que eventualmente le daría el derecho al afiliado; es decir, la jurisprudencia ha enfatizado que el objeto de dicho amparo debe obedecer a la necesidad de proteger expectativas legítimas. En el caso señala que como el afiliado no reunió las semanas mínimas requeridas en la Ley 797 de 2003, que en principio regula el caso, la que podría aplicarse en virtud de la condición más beneficiosa es la versión original de la Ley 100 de 1993, pero atendiendo el límite temporal de máximo tres años posteriores a la entrada en vigor de la reforma primera mencionada, luego de lo cual se debe verificar el mínimo de cotizaciones y si existe una expectativa legítima, que en el caso no se cumplen, por lo que el causante tampoco dejó causado el derecho pensional a sus beneficiarios con la norma anterior.

Se remite a las decisiones de esta Corporación CSJ SL4650-2017 y CSJ SL3139-2020, para indicar que no es aplicable en el caso, el Acuerdo 049 de 1990.

En relación al segundo cargo señala que no se indica el error protuberante del sentenciador que conduce a la aplicación indebida de las normas denunciadas, que por el contrario del interrogatorio de parte y los documentos confirman la decisión atacada; agrega que el Tribunal adopta su decisión con base en las pruebas legal y oportunamente aportadas, todo ello, dentro del ejercicio de la libertad probatoria y libre formación del convencimiento, sin que el solo desacuerdo del actor sea suficiente para quebrar la sentencia.

IX. CONSIDERACIONES

El Tribunal estriba su decisión en que la demandante no reúne los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, porque no registra cotización alguna desde el mes de diciembre de 1994, luego no cuenta con las 50 semanas en el último trienio como lo exige la norma aplicable a la fecha de fallecimiento del causante ni en la legislación anterior. En todo caso, verificó si reunía las condiciones previstas en la sentencia CC SU005-2018, en el test de procedencia allí establecido, varios de los cuales no encontró satisfechos lo que condujo a confirmar la decisión de primer grado.

La recurrente sostiene que erró el Tribunal al no dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa porque el afiliado contaba con más de 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, además que los condicionamientos establecidos por la Corte Constitucional en la decisión referida son aplicables para determinar la procedencia de la acción de tutela por lo que no son aplicables a los procesos ordinarios y, finalmente, que la exigencia de convivencia no es exigible cuando se trata de un afiliado.

Pues bien, en sentir de la Sala el tribunal no se equivocó toda vez que el acto jurisdiccional fustigado, se avino a la línea de pensamiento de esta Corporación expuesta, entre otras, en la sentencia CSJ SL2567-2021, que hoy se reitera y se trascribe, en extenso, dado la importancia de la decisión:

Esta Corte, en sentencia CSJ SL4650-2017, a la cual se remite, explicó que de vieja data ha sostenido que la primera investigación que debe hacer el juez al dictar el acto jurisdiccional, consiste en la selección de la norma aplicable, o sea, determinar la existencia y validez de esta. Será necesario entonces que considere los problemas de la ley en el tiempo y en el espacio, precisando los límites personales, temporales y espaciales de la disposición jurídica.

En ese horizonte, es criterio reiterado de esta Corporación que la regla general es la de que la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social vigente al momento de la ocurrencia del evento según la prestación pensional correspondiente, esto es, para la pensión de sobrevivientes, la que esté en vigor a la calenda de la muerte del afiliado o pensionado.

Cumple a ese propósito memorar que la Corte en sentencia CSJ SL, 11 de jun. 2014, rad. 46780, sostuvo que «tal como lo tiene señalado la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. (CSJ SL 10 Jun 2009, Rad. 36135; 1° Feb 2011, Rad. 42828; 23 Mar 2011, Rad. 39887; y 3 de May 2011, Rad. 37799, entre otras)».

Es claro que, además de ampararse el instituto jurídico del derecho adquirido, esta premisa respeta tanto el amplio margen de configuración que tiene sobre el sistema el Congreso de la República como las razones de necesidad, oportunidad y equidad que motivan un cambio legislativo.

Para atenuar de alguna manera los efectos de un cambio abrupto en las reglas de juego, dada una reforma legal, se estila en las leyes sociales implementar regímenes de transición. Dado que los cambios legislativos en materia de derecho social, que obedecen a la necesidad de ajustar los parámetros de acceso y en algunas ocasiones de revaluar el alcance de los elementos esenciales del derecho en respuesta a los cambios económicos, sociales y aún culturales, establecen requisitos más exigentes de acceso a las prestaciones, la justificación de establecer un régimen de transición aparece lógico para lograr un tránsito armónico y pacífico que minimice las consecuencias que pudieran resultar tanto en la población que tenía una expectativa legítima, frente al acceso al derecho, como en el proveedor del derecho, en este caso el Estado, por ejemplo en su necesidad de hacer sostenible financiera y económicamente el sistema de derechos prestacionales.

No obstante lo anterior, en algunas ocasiones escapan al legislador ciertas consecuencias indeseables, por injustas e inequitativas, derivadas del tránsito legislativo, que ameritan, tanto desde el punto de vista constitucional como legal, la aplicación de los principios con venero en el orden jurídico, como el de la condición más beneficiosa, para resolver el problema social que se ocasiona por la implementación del nuevo ordenamiento.

Esta Corporación ha estimado que el postulado de la condición más beneficiosa tiene las siguientes características:

Es una excepción al principio de la retrospectividad.

Opera en la sucesión o tránsito legislativo.

Procede cuando se predica la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro.

Entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición, porque de existir tal régimen no habría controversia alguna originada por el cambio normativo, dado el mantenimiento de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la nueva.

Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que, si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada.

Respeta la confianza legítima de los destinatarios de la norma.

Expliquemos cada uno de ellos:

1. Excepción a la retrospectividad de la ley

La condición más beneficiosa, a no dudarlo, se entiende como un mecanismo que permite atenuar la rigurosidad del principio de la aplicación general e inmediata de la ley, pues permite que la disposición derogada permanezca vigente en presencia de una situación concreta, materializada en una expectativa legítima conforme a la ley anterior.

2. Opera en sucesión o tránsito legislativo

La pregunta relevante es ¿qué se entiende por tránsito legislativo? El tránsito legislativo es un momento único, que se da, en forma simple cuando se sanciona y promulga una nueva ley.

Los efectos del tránsito legislativo, como ya se dijo, por regla general son inmediatos. Existen, desde luego, excepciones, como la que rigen para los impuestos anuales, caso en el cual las normas tributarias, por ejemplo, sobre impuesto de renta, rigen a partir del siguiente año fiscal; o las que protegen derechos adquiridos que no se pueden violar en virtud del artículo 58 de la Constitución Política. (aunque puede obrar la expropiación).

En el caso de derechos sociales, el tránsito legislativo lleva a prever en la norma reformatoria, la protección a los derechos adquiridos y, en algunas ocasiones, regímenes de transición; en otras no: por ejemplo, la Ley 797 de 2003 que reformó la manera de determinar el monto y cuantía de la pensión de vejez para los afiliados al régimen de prima media no estableció régimen de transición alguno para salvaguardar estos aspectos.

Los derechos adquiridos y los regímenes de transición, plenos o parciales, otorgan protección temporal, total o parcial a los ciudadanos. En materia del derecho adquirido el amparo es vitalicio o pleno; en el caso de los regímenes de transición es temporal, pero pueden ser pleno o parcial. En el evento de la aplicación directa de la Ley 33 de 1985 la garantía fue plena para quienes tenían 20 años de servicios, pues los cobija en su integridad el régimen anterior; mientras que en la Ley 100 de 1993 la protección es parcial porque, para construir el derecho a la pensión, solo se toman los parámetros de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto del régimen anterior.

De manera que es el legislador el que define qué protección concede y el lapso por el cual la otorga. Si no fija consecuencias temporales mediante medidas de protección, debe estarse, en principio, a la aplicación inmediata de la ley.

3. Aplicación de la normatividad inmediatamente precedente

No es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos «plusultractivos», que resquebraja el valor de la seguridad jurídica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642).

4. A falta de régimen de transición

Los regímenes de transición, por regla general, sólo protegen expectativas legítimas, es decir, se centran en la protección de aquellos grupos de población cercanos al cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación.

En la misma dirección la Corte Constitucional en fallo C-663/07, recalcó que los regímenes de transición, a) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; b) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior; c) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición; y d) es constitucionalmente legítimo que se utilice la figura del régimen de transición para evitar que una decisión relacionada con expectativas pensionales legítimas bajo la vigencia de una ley, se vea desvirtuada completamente por una ley posterior, en desmedro de quienes aspiraban a que sus derechos pudieran llegar a consolidarse bajo el régimen previo.

Conviene precisar que, en relación con las pensiones de invalidez y sobrevivientes, no ha existido un régimen de transición en nuestra historia legal. Ello no ha sido óbice para que el operador jurídico busque principios de favorabilidad a través, por ejemplo, de la definición de derecho adquirido recayendo en la fecha de estructuración, buscando normas de acceso más favorables que las que rigen al momento de la declaratoria.

La pregunta que surge es ¿por qué si han existido normas de protección para las pensiones de jubilación o vejez, a través de regímenes de transición, no han existido normas de protección para la invalidez y la muerte? Un principio de respuesta puede darse si se tiene en cuenta que la vejez, durante la vida laboral del individuo, es un hecho relativamente cierto mientras que, por ejemplo, la invalidez es relativamente incierto y poco probable. Dicho en otras palabras, el régimen de transición en las pensiones de vejez se da porque es viable considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo – hecho determinable -, ya para completar cierta edad o para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, por ejemplo, obedece a contingencias improbables de predecir y, por ende, no regulables por un régimen de transición (sentencia CSJ SL de 5 de jul. 2005, rad. 24.280).

De manera que, por regla general, en presencia de regímenes de transición, la condición más beneficiosa no puede aplicarse pues haría nugatorios todos los objetivos económicos y sociales que con una reforma pretenden lograrse y, desde el umbral, debe aplicarse en torno a normas de impacto mediato.

5. El destinatario posee una situación jurídica concreta- expectativa legítima-

En pensiones de siniestro, como las de invalidez y sobrevivientes, no es fácil establecer qué es una situación jurídica concreta. Empero, se ha entendido por la Jurisprudencia que la situación es concreta si se cumple en estos casos con la densidad de semanas de cotización, dentro del plazo estrictamente exigido por la normatividad aplicable

Así, por ejemplo, en el régimen de los seguros sociales obligatorios, la situación es concreta si el afiliado cotizó 300 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, dado que la norma exigía ese número de semanas de cotización en todo el tiempo.

Con la vigencia de la Ley 100 de 1993, en parte puede existir una definición de situación concreta a estos efectos, dado que la norma precisa tal situación dependiendo de la cotización efectiva.

Del anterior mandato se desprende dos situaciones que dan acceso a la prestación:

Afiliado que se encontraba cotizando al sistema al momento del fallecimiento

Requisito de semanas: haber cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de producirse la muerte, es decir, en cualquier tiempo.

Afiliado que no se encontraba cotizando al sistema al momento del fallecimiento

Requisito de semanas: haber cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

Nótese que a diferencia del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el legislador del 93 estableció como criterio de acceso el hecho de la cotización efectiva al sistema, al momento de la muerte o invalidez, para estructurar el requisito de semanas de cotización. En efecto, mientras que la normativa anterior exigía haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo o 150 semanas dentro de los seis años anteriores al momento del siniestro, sin establecer el requisito de cotización al momento de la muerte o invalidez; en la legislación de 1993, el nivel de concentración de las semanas de cotización exigidas en un determinado lapso depende del hecho de la cotización efectiva al momento de la invalidez.

Teniendo en cuenta lo dicho, ¿Cómo se expresa la situación jurídica concreta en el cambio normativo de la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?

1. Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

En este evento la situación jurídica concreta emerge si el afiliado para el momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, (i) estaba cotizando al sistema, y (ii) había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo.

Ello por cuanto no solamente se da eficacia, sino que también se satisface con la densidad de semanas de cotización efectuadas dentro del plazo estrictamente exigido por el mandato abolido.

Cumple a ese propósito dejar en claro, empero, que, si el asegurado estaba cotizando para el 29 de enero de 2003 y no tenía en su haber 26 semanas de cotización en cualquier tiempo, no es poseedor de una situación jurídica concreta y, en consecuencia, se le aplica con rigurosidad la Ley 797 de 2003, en desarrollo del principio de la retrospectividad de la ley, pues repárese en que no tiene una expectativa legitima ni mucho menos un derecho adquirido. En resolución, en este caso no hay condición más beneficiosa.

2. Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

En esta hipótesis la situación jurídica concreta aflora si el afiliado para el momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, (i) no estaba cotizando al sistema, (ii) pero había aportado 26 semanas o más dentro del año inmediatamente anterior a la data del tránsito legislativo, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003.

Ello, toda vez que se cumple con la densidad de semanas de cotización, dentro del interregno estrictamente exigido por el precepto derogado.

Si el afiliado no estaba cotizando para el 29 de enero de 2003 y no tenía 26 semanas o más de cotización dentro del año inmediatamente anterior a la data del tránsito legislativo, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003, no tiene una situación jurídica concreta y, por ende, también se aplica con todo el rigor la Ley 797 de 2003, en desarrollo del principio de la retrospectividad de la ley, pues no posee una expectativa legitima y mucho menos un derecho adquirido. En conclusión, tampoco hay condición más beneficiosa.

Recientemente, en sentencias CSJ SL1884-2020 y CSJ SL1938-2020, reiteradas, entre otras, en las CSJ SL2547-2020 y CSJSL855-2021, esta Corporación, razonó:

[…] La característica relativa a que no es absoluto e ilimitado en el tiempo, significa que no puede utilizarse para garantizar la perpetuidad de un régimen que en un tiempo pretérito estuvo vigente y le era aplicable a un sujeto o a un grupo de personas, dado que, bien comprendido, su ámbito de aplicación se orienta a conservar un régimen normativo anterior, cuando quiera que el titular haya cumplido una condición relevante del mismo que, si bien no es definitiva para adquirir el derecho, juega un rol fundamental en su consolidación.

En este sentido, la condición más beneficiosa se sitúa en un lugar más allá de la simple expectativa para ubicarse en el concepto de expectativa legítima tutelable por el ordenamiento jurídico, en la medida en que no desconoce y ampara la consolidación de una exigencia relevante, que si bien no es suficiente para alcanzar el derecho en tanto no se ha cumplido otra condición ulterior, sí genera la confianza fundada que el régimen en que estaba incurso y en el que cumplió algunos presupuestos, será respetado.

Sin embargo, su aplicación no puede ser irrestricta al punto de petrificar la legislación e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de interés general, de las cuales dependa la realización y efectividad de los derechos de la comunidad o la supervivencia de instituciones y prestaciones fundamentales para la sociedad. En otras palabras, su aplicación debe ser razonable y proporcional, a fin de no lesionar o comprometer severamente otros derechos de interés público y social.

En esta dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL, 4 dic. 1995, rad. 7964 indicó que este postulado «no es absoluto y en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral, pues de lo que se trata es de proteger al trabajador que construye su vida y la de su familia alrededor de unas expectativas económicas y jurídicas generadas en su propia labor, de manera que un cambio desfavorable de esas expectativas sólo (sic) es humana y jurídicamente admisible, cuando en cada caso concreto medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el interés general reconocido (…)».

De ahí, que el delimitar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa a la norma inmediatamente anterior sirve a varios propósitos:

(i) Si la potestad de configuración de un sistema pensional permite al legislador introducir cambios a fin de garantizar los principios y objetivos del sistema, no tiene sentido mantener en el tiempo disposiciones anteriores, puesto que ello haría nugatorios todos los propósitos económicos y sociales que pretenden lograrse con una reforma.

(ii) Si los regímenes de transición, en esencia, siempre son temporales, no hay razón alguna que justifique que la aplicación del principio de condición más beneficiosa deba mantenerse indefinidamente en el tiempo, así bajo su vigencia se haya dado inicio o se hayan efectuado cotizaciones para obtener el amparo que se pretende.

(iii) Tal restricción contribuye a la preservación de otro valor fundamental: la seguridad jurídica, que ofrece certeza a los ciudadanos sobre las reglas jurídicas que emplearán los jueces en la solución de las controversias que se sometan a su consideración, sin que les sea posible acudir a una búsqueda histórica para determinar la norma que más convenga a una situación particular; la aplicación del principio amplia e ilimitadamente genera incertidumbre en los actores del sistema pensional y en los ciudadanos en general, respecto de las reglas que definen el acceso a un derecho pensional.

En conclusión, si la finalidad del principio de la condición más beneficiosa es proteger expectativas legítimas que puede cambiar el legislador con apego a los parámetros constitucionales, no tiene sentido que su aplicación permita acudir a cualquier normativa anterior o, en otros términos, resulte indefinida en todos los tránsitos legislativos que puedan generarse en la configuración del sistema pensional, de por sí, de larga duración […].

Temporalidad de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003

Como se recuerda la condición más beneficiosa es un mecanismo que: (i) busca minimizar la rigurosidad propia del principio de la aplicación general e inmediata de la ley; (ii) protege a un grupo poblacional con expectativa legítima, no con derecho adquirido, que goza de una situación jurídica concreta, cual es, la satisfacción de las semanas mínimas que exige la reglamentación derogada para acceder a la prestación que cubre la contingencia de la muerte; y (iii) al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal.

Sin perder de vista lo precedente, y una vez analizada la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, brota espontánea una primera conclusión: el legislador jamás pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensión de sobrevivientes, y si bien con la condición más beneficiosa debe respetarse o mejor resguardarse los hechos denominados por la doctrina foránea «intertemporales» que se generan con personas que tienen una situación jurídica concreta, ello no puede llevar a mantener, per secula seculorum, la protección de «“derechos” que no son derechos”», en contra posición de la nueva ley que ha sido proferida honrando la Constitución Política.

De suerte que, a falta de normatividad expresa, el principio de la condición más beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, itérese, tienen una situación jurídica concreta, con el único objetivo de que, en la medida que lo recorren, paulatinamente vayan construyendo los «niveles» de cotización que la normativa actual exige.

Pero ¿cuál es el tiempo de permanencia de esa «zona de paso» entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres años, tiempo este que la nueva normativa (Ley 797 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización-50- y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestación correspondiente.

Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinado- tres años-, los «derechos en curso de adquisición», respetándose así, para determinadas personas, las semanas mínimas establecidas en la Ley 100 de 1993, «con miras a la obtención de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condición», cual es, la muerte.

Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional.

No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo.

Es inocultable que, si las expectativas legítimas no pueden ser modificadas de manera abrupta o arbitraria, de ahí la razón de ser de la condición más beneficiosa, tampoco pueden permanecer inalterables como si fuesen unos derechos adquiridos. Dicho en breve: no se le puede otorgar el mismo tratamiento y protección a las expectativas legítimas que a los derechos consolidados.

Con tal óptica, es de verse que, si los regímenes de transición tienen duración limitada y cuantificable en el tiempo, y que, para algún sector, es posible que el legislador modifique los regímenes de transición con posterioridad a su consagración «porque éstos no pueden ser concebidos como normas pétreas», caben las siguientes preguntas ¿cómo entender que el principio de la condición más beneficiosa sí permanezca en vigor sin límite alguno en el tiempo? Si un régimen de transición no es permanente, ¿bajo qué argumento puede sostenerse que el uso de la condición más beneficiosa sí lo sea? si precisamente, como se explicó, los derechos adquiridos son diferentes a las expectativas legitimas. No hay argumentos que, prima facie, lo justifique.

No se pierda de vista que ha transcurrido más de 18 años desde cuando acaeció el cambio normativo, 29 de enero de 2003, es decir, lapso de tiempo que incluso superó el término del régimen de transición dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, para las pensiones por vejez. Por tanto ¿se justifica mantener con vida lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, más allá del tercer año de vigencia de la Ley 797 de 2003, so pretexto de emplear la condición más beneficiosa, cuando, se repite esta ley dispuso un margen de tres años para satisfacer la densidad de semanas de cotización?

De suyo, también se cumple con lo asentado por la Sala respecto a la deliberada voluntad del legislador en la reforma introducida al sistema pensional con la Ley 797 de 2003, que propende por asegurar un equilibrio financiero, de manera que los niveles de protección que hoy se ofrezcan, se puedan mantener a largo plazo.

Desde la perspectiva anterior, si la condición más beneficiosa tiene cabida por vía de excepción y su aplicación es restrictiva, no es dable emplearla con un carácter indefinido. Tampoco es factible, en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, alterar la normativa que se ha de aplicar en virtud del principio examinado

Una reflexión insoslayable, el fallecimiento del afiliado es un supuesto ineludible de la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes, no es un requisito de exigibilidad. Ello explica que no basta satisfacer la densidad de cotizaciones en cualquier tiempo para entender consolidado el derecho, sino que los dos elementos deben acontecer dentro del ámbito temporal que establece la ley. Este planteamiento permite entender la justificación de la condición más beneficiosa y su permanencia efímera.

Hay que añadir, eso sí, que al ponderarse el principio de esta forma, también se evita cargarle al sistema general de pensiones obligaciones ilimitadas, que, sin hesitación alguna, no fueron previstas o incluidas en los análisis de sostenibilidad financiera al tiempo de crear la nueva disposición, justamente por la dificultad de hacerlo dada la naturaleza de la contingencia que se ampara.

Trasladando los argumentos de la sentencia citada, en el asunto bajo examen, se tiene que el causante falleció el 26 de agosto de 2012, de manera que no es acreedor de la garantía precitada, por cuanto en el momento del tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, no estaba cotizando al sistema, tampoco contaba con 26 semanas entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003, ni tampoco registra ese mismo número de semanas en el año inmediatamente anterior al fallecimiento, pues la última cotización que registra en la historia laboral data es del 1 de diciembre de 1994; luego, aflora cristalino que, no tenía una situación jurídica concreta que se deba proteger a través de la condición más beneficiosa. Pero, además, el causante no gozaba de régimen de transición alguno al momento del fallecimiento, pues, como se explicó, en relación con las pensiones de sobrevivientes, no ha existido un régimen de transición en nuestra historia legal.

Debe aclararse que la jurisprudencia de esta Sala ha sido pacífica en reconocer la pensión de sobrevivientes cuando al afiliado cotizó 300 semanas o más antes de la vigencia del estatuto de la seguridad social, pero con la condición de que el deceso se verifique en vigencia de la Ley 100 de 1993; presupuesto que en el presente asunto no sucedió, pues, reitérese, el fallecimiento ocurrió el 26 de agosto de 2012, cuando estaba en pleno vigor la Ley 797 de 2003, que modificó aquella normativa en lo atinente a la pensión de sobrevivientes. No es dable, entonces, realizar un estudio histórico de las legislaciones antecedentes para ver cuál es la que mejor se acomoda a la situación de la persona reclamante, esto es, efectuar una aplicación plusultractiva de la ley.

En otro orden de consideraciones, sobre la fuerza vinculante del precedente constitucional, puntualmente la sentencia CC SU005-2018, debe reiterarse la doctrina de esta Corporación, expuesta en sentencia CSJ SL184-2021, así:

La fuerza vinculante del precedente constitucional

La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia.

Asimismo, ha precisado que un precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensión a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios básicos del Estado constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremacía de la Carta Política, debido proceso y confianza legítima (C-539-2011).

No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.

El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).

En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicación debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos Superiores importantes para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que se expone a continuación -deber de argumentación suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017).

En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultractiva de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres años anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, (iii) pero sí reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el régimen anterior.

Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes, cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.

A juicio de esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Así mismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de retrospectividad.

Por otra parte, la aplicación ultractiva de normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, según el criterio de la Sala, no es posible (…)

En síntesis, es preciso indicar, conforme al precedente citado que, no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.

Conceder tal prestación según la tesis propuesta por la impugnante, sería tanto como desconocer de manera frontal el efecto retrospectivo de la ley, dando aplicación a una disposición que, de manera expresa, fue derogada.

Entonces, se reitera, aún a riesgo de fatigar, en el presente caso no podemos hablar de la existencia de una situación jurídica concreta protegida por el principio de la condición más beneficiosa, sino de una mera expectativa, y a las voces elocuentes del artículo 17 de la Ley 153 de 1887, estas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene, lo que, simple y llanamente, puede resumirse en el vetusto aforismo latino «ex nihilo nihil fit», el cual traduce «de la nada, nada puede resultar».

Por último, aunque es cierto, como lo aduce el recurrente que, el Juez Plural erró al imponer exigencias diferentes a las previstas en las leyes cuya aplicación se reclama para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y para el efecto se remitió al test de procedencia de la acción de tutela que la Corte Constitucional planteó en la sentencia CC SU005-2018, la cual permite una aplicación plusultractiva de la ley -lo que es contrario a la línea de esta Sala pues, como se anotó, no es dable hacer un estudio histórico hasta encontrar una norma que permita acceder a la prestación-, ello no resulta suficiente para casar la decisión confutada en el entendido que los demás soportes de la misma no fueron derruidos conforme a lo expuesto en precedencia.

Siendo coherente con lo discurrido, los cargos no prosperan.

X. TERCER CARGO

Se acusa la sentencia por violar directamente la ley por falta de aplicación

[D]el artículo 7º de la Ley 1149 de 2007, que reformó el Art. 48 del CPL y de la SS, omisión de medio que lo condujo a violar el Decreto 758 de 1990[sic] en concordancia con el Art. 228 de la CP en cuanto establece como principios guías de la Rama Judicial la independencia de sus decisiones, así como su funcionamiento desconcentrado y autónomo, en armonía con el art. 336 del CGP, inciso final sobre la casación oficiosa en defensa de los derechos constitucionales.

Como demostración señala que el operador judicial tiene la obligación oficiosa de defender los derechos fundamentales o constitucionales; que el colegiado se limitó a verificar un test de procedencia que se plasmó en la sentencia CC SU005-2018[sic], sin hacer un análisis profundo del caso concreto, lo anterior con sujeción a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1149 de 2007, que modificó el canon 48 del CPTSS y el 336 del CGP; así como, en acatamiento a lo dispuesto por la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos.

XI. OPOSICIÓN

Con respecto al tercer cargo, indica que saltan a la vista dislates de orden técnico como quiera que se acusa la transgresión de normas procesales; no menciona la disposición del Decreto 758[sic] presuntamente vulnerado; no se demuestra el yerro jurídico ni se cumple con la carga argumentativa exigida, por lo que es más un alegato de instancia, motivo suficiente para declarar su improsperidad.

XII. CONSIDERACIONES

En efecto, le asiste razón a la opositora en los reparos de orden técnico que formula a este cargo, concretamente por adolecer de una proposición jurídica. Recordemos que, la principal función de la Corte es el control de legalidad de las sentencias acusadas, por lo que corresponde al recurrente denunciar como transgredidas las disposiciones legales sustanciales de carácter nacional que fueron el soporte de la decisión o que debiendo serlo, se dejaron a un lado.

Es que justamente, el recurso extraordinario busca que la Sala coteje la sentencia del Tribunal con el elenco normativo que regula el asunto en particular, para detectar si se ajustó a aquel. De tal suerte que, cuando se omite enunciar el articulado que, desde el punto de vista del casacionista, se violó, la Corte carece de materia para pronunciarse.

Esa deficiencia aparece en el escrito de demanda, pues si bien es cierto se enuncian los artículos 7 de la Ley 1149 de 2007, que reformó el 48 del CPTSS, y se aduce que fueron infringidos por el sentenciador, aquellos no corresponden a disposiciones sustantivas, lo cual impide de primera mano su análisis, a menos que se las hubiere denunciado como violación medio de otras sí generadoras de derecho, cosa que tampoco ocurrió.

De igual manera, la enunciación de la violación del Decreto 758 de 1990[sic], no resulta suficiente para dar por suplida la deficiencia anotada por cuanto la Sala ha señalado con insistencia que no procede la denuncia genérica de un cuerpo normativo, pues dada la naturaleza dispositiva del recurso extraordinario de casación, no le es dado a la Corte indagar oficiosamente por la norma particular que haya podido ser violada. Aunado a lo anterior, nótese que el Decreto 758 de 1990 consta de dos artículos, el primero de ellos mediante el cual se aprueba el Acuerdo 049 de 1990 que a su vez consta de 54 preceptos, lo que impide tener certeza de cuál de ellos considera vulnerado el recurrente.

Por último, aun cuando se denuncia en el cargo la violación concordante del artículo 228 de la Constitución Política, que regula lo concerniente a que la administración de justicia es una función pública y sus decisiones son independientes, en todo caso no se indica en qué consistió la transgresión de dicha disposición por la autoridad judicial o la razón por la cual se debió hacer uso de ella en el asunto, aunado a que también se invoca el artículo 336 del CGP, norma que también tiene naturaleza adjetiva.

Lo expuesto es suficiente para rechazar el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la demandante recurrente y en favor de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($4.700.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 3 de julio de 2020, en el proceso que ALBA NURY RINCÓN BERRIO instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.

Costas como se dijo en la motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

(Aclara Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

(Aclara Voto)

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

No firma por ausencia justificada

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Recurso Extraordinario de Casación

SL3128-2022

Radicación n.° 92261

Referencia: demanda promovida por ALBA NURY RINCÓN BERRIO, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito aclarar el voto, pues si bien comparto la decisión que finalmente se adoptó en el sub judice, que dispuso no casar la sentencia absolutoria del Tribunal; sin embargo, respecto de los argumentos que se exponen en la providencia para la procedencia del principio de la condición más beneficiosa, en un lapso temporal en forma restringida, me permito hacer las siguientes precisiones.

La sentencia de casación aludida, acoge los argumentos expuestos en las proveído CSJ SL 4650-2017, respecto del cual, debo indicar, que si bien inicialmente compartí el criterio mayoritario de la Sala a través del cual se dio vigencia temporal a la Ley 100/93, en el transito legislativo con la Ley 797 de 2003, esto es, el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2003 y el mismo día y mes de 2006, ello fue con el fin de extender en el tiempo por vía jurisprudencial, los efectos del principio de condición más beneficiosa en dicho periodo, y hacer menos rigurosa su aplicación, en aras de salvaguardar los derechos de los asegurados y su grupo familiar, quienes por los cambios normativos verían truncada la posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes.

No obstante lo anterior, al hacer ahora un juicioso y minucioso análisis de dicha providencia y de las diferentes hipótesis que allí se plantean como supuestos fácticos que deben cumplir para acceder a la pensión de sobrevivientes bajo esta nueva línea de pensamiento, se observa que las reglas allí trazadas, a más de ser en algunos casos confusas, también se tornan poco posibles de cumplir, de tal suerte, que de manera exigua o en nada termina favoreciendo al grupo poblacional al que está dirigida, contrario a lo que fue la finalidad del cambio doctrinal propuesto respecto de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que con aquella providencia se fijó.

En efecto, la mayoría de la Sala ha venido sosteniendo que solo es posible que la Ley 797 de 2003, difiera sus «efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006», para lo cual se ha apoyado en el principio de sostenibilidad financiera del sistema y en que no resulta dable acudir a esta figura de manera indefinida, en tanto que el legislador no pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993, que regulan la pensión de sobrevivientes, argumentos que en mi sentir no resultan suficientes para negar a una persona el derecho a este tipo prestaciones, lo que supone una restricción desproporcional no solo a esta prerrogativa fundamental sino a la posibilidad de acceder al mínimo vital y a la de obtener o mantener una vida en condiciones dignas, con pleno desconocimiento además del mandato constitucional establecido en el artículo 48 de la Carta Política, pues en lugar de garantizar el acceso progresivo a la seguridad social lo que se termina es coartándolo, por el mero hecho del que el fallecimiento del afiliado se da fuera del periodo establecido por la Corte.

En ese sentido, considero que la Sala debe permitir una aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa, sin limitarlo al hecho de que el fallecimiento del afiliado se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el mismo día y mes de 2006, pues tal obrar resulta más proteccionista y favorable de los derechos que se encuentran en juego.

En los anteriores términos, dejo consignada mi aclaración.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: Alba Nury Rincón Berrio

Empresa: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Radicación: 92261

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto a mis colegas de Sala, como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, si bien estoy de acuerdo en no casar la sentencia del Tribunal, advierto necesario aclarar un aspecto que, de no hacerlo, puede pasar desapercibido.

Me refiero, en particular, al análisis que realiza la Sala respecto al principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

A mi juicio, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Constitución Nacional está sometido a ciertos límites, los cuales debe tener en cuenta el juez del trabajo y de la seguridad social en sus decisiones.

En efecto, nótese que tal principio protege las situaciones jurídicas o los derechos individuales próximos a consolidarse respecto a un cambio normativo que pueda lesionarlos, de modo que su ámbito de acción no cobija cualquier reforma o ajuste en la legislación laboral o de la seguridad social, sino solamente aquella que contenga cambios estructurales en los esquemas que la soportan.

De ahí que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no puede ser ilimitada y darse ante cualquier cambio normativo, por cuanto ello paralizaría la puesta en marcha de importantes ajustes en las políticas laborales, sociales y económicas.

Por tal razón, este principio, adecuadamente entendido, está dirigido a garantizar, con ciertos límites, la permanencia de determinado estatuto regulatorio ante cambios verdaderamente estructurales en la regulación.

En esa dirección, las Leyes 797 y 860 de 2003 no representaron un cambio estructural en el sistema de pensiones en nuestro país, sino que se trató de modificaciones legislativas en cuanto a los requisitos para el acceso a las prestaciones económicas, por lo que, en virtud de ello, la condición más beneficiosa no opera en dicho caso respecto a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en su versión original, en tanto una modificación paramétrica respecto a la densidad de semanas de cotización como la que se planteó en dichas reformas, no refleja un cambio sustancial que amerite la suspensión temporal de la legislación actual con la finalidad de proteger expectativas legítimas.

Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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