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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3129-2019

Fecha
9 de julio de 2019
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3129-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013) por la Sala Primera Dual del Tribunal Regional de Descongestión Laboral en el Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral promovido por OTILIA ROSA HODGE PERNET contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Para mejor proveer en instancia, por Secretaria ofíciese a Colpensiones, a fin de que en el término de quince (15) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, remita con destino al presente proceso, copia de la liquidación del período de facturación correspondiente a los años 1969 a 1994, discriminando de manera clara los salarios devengados por Abel Castillo Vélez identificado con la C.C. 877.107 de Cartagena en la forma indicada en la parte motiva. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3129-2019

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

9 de julio de 2019

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL3129-2019

Radicación n.° 68192

Acta 22

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por OTILIA ROSA HODGE PERNET contra la sentencia proferida por la Sala Primera Dual del Tribunal Regional de Descongestión Laboral en el Distrito Judicial de Santa Marta el 16 de octubre de 2013, dentro del proceso adelantado contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN hoy COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

Otilia Rosa Hodge presentó demanda contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación (en adelante ISS), con el fin de que se reliquide su pensión de sobrevivientes con el 90% del IBL actualizado, incluyendo los ajustes e incrementos de ley, las mesadas atrasadas desde el 13 de agosto de 1993 hasta noviembre 30 de 2011, los intereses moratorios sobre el valor total de las mesadas pensionales causadas y no pagadas y la indexación.

Como fundamento de sus pretensiones, señaló que contrajo matrimonio con Abel Castillo Vélez; quien nació el 13 de agosto de 1933 y cotizó al ISS un total de 1614,71 semanas, teniendo como último empleador al BBVA Colombia; que en vida presentó la reclamación de la pensión de vejez el 14 de agosto de 1993, siéndole aplicable el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que el ISS negó dicha pensión mediante la Resolución n.º 000400 del 4 de mayo de 1998; que realizó una segunda reclamación el 22 de junio de 2005, igualmente negada por la entidad; y finalmente que el señor Castillo Vélez falleció el 20 de abril de 2010.

Añadió que el ISS negó la pensión de vejez argumentando que el fallecido nunca acreditó el número de semanas exigidas por el Decreto 758 de 1990. Posterior al deceso de su cónyuge, esto es, el 5 de noviembre de 2010 solicitó la pensión de sobrevivientes, la cual fue concedida por la entidad demandada mediante la Resolución nº. 005829 del 27 de mayo de 2011 «[…] con una asignación mensual de $1.429.272 pesos, aplicándole el monto pensional previsto en el artículo 48 de la ley 100 de 1993, con un porcentaje del 75%».

Argumentó que:

[…] para tal reconocimiento no se tomó en cuenta la primera reclamación presentada el día 13 de Agosto de 1993 por el señor Abel Castillo Vélez (q.e.p.d.), quien cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley, tiempo y edad por el régimen de transición integral para liquidar la pensión de vejez y otorgar la de sobreviviente con el 90% del ingreso base de liquidación, como lo establece el parágrafo dos del artículo 20 del acuerdo 049 de 1990.

Al dar respuesta, el ISS se opuso a la totalidad de las pretensiones y frente a los hechos aceptó la solicitud de la pensión de vejez por parte del afiliado; explicando que para la fecha en que el causante requirió «[…] la pension (sic) de vejez no se acreditaba el número de semanas necesarias, no obstante como puede comprobarse el (sic) continuo (sic) cotizando hasta el año 2009 y alcanzo (sic) un total de 1613.43 semanas las cuales permitieron que se reconociera la pensión de sobreviviente a su cónyuge supérstite». Además, afirmó que reconoció la pensión de sobrevivientes a la actora «[…] la cual si (sic) dejó acreditada el causante».

En su defensa, presentó la excepción que denominó prescripción de la acción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Cartagena, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2012, absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Tras apelación presentada por la parte demandante, la Sala Primera Dual del Tribunal Regional de Descongestión Laboral en el Distrito Judicial de Santa Marta, a través de sentencia del 16 de octubre de 2013, confirmó en su integridad la sentencia proferida.

Para fundamentar su decisión, el Tribunal planteó como problema jurídico a resolver, determinar si para acceder a la prestación reclamada por la actora (pensión de sobrevivientes), se le debía aplicar el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, como fue pretendido por la demandante en virtud del régimen de transición; o si por el contrario, las normas aplicables eran los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003 en concordancia con el 21 y 48 de dicha Ley 100 tal y como lo determinó el ISS y el a quo.

Igualmente, planteó que si debido a lo anterior, la tasa de reemplazo de la pensión debía ser del 90% u 80% del monto que le hubiera correspondido al afiliado como pensión de vejez, conforme al parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y no el 75% que determinó el ISS.

Explicó que, la norma que se ajustaba al caso eran los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003, pues en vigencia de dicha ley fue que el causante falleció, y así lo ha adoctrinado la jurisprudencia de esta Sala. Por lo tanto, no podía compartir los cuestionamientos resaltados por la actora frente al precepto legal que debió acogerse.

En definitiva, frente al primer problema jurídico concluyó:

En ese orden de ideas, se impone afirmar, se reitera, que el fallador de alzada no incurrió en los desaciertos jurídicos que le atribuye la censura, al determinar en su sentencia estar de acuerdo con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada por la actora, hecho por el Instituto de Seguros Sociales (ISS) en Resolución No. 005829 del 27 de mayo de 2011, con base en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, puesto que, sin duda alguna, al momento del fallecimiento del señor ABEL CASTILLO VELEZ <20 de abril de 2010>, la normatividad aplicable para efecto de la sustitución pensional, era la Ley 797 de 2003 artículos 12 y 13, que inició su vigencia el 29 de enero de tal anualidad y modificó la Ley 100 de 1993 en cuanto a los beneficiarios y requisitos exigidos para su otorgamiento, entre otros aspectos.

Por otra parte, en cuanto a la aplicación de la tasa de reemplazo, explicó que dicha solicitud era contraria a la naturaleza y a los fines del recurso de apelación al presentar inconsistencias con los hechos y pretensiones de la demanda inicial. Advirtió que, dicha petición introducía hechos nuevos contrarios a los planteados en la demanda pues:

Mientras que el proceso estuvo encaminado a obtener el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor de la demandante bajo los parámetros del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 en virtud del régimen de transición, y con aplicación de una tasa de reemplazo o IBL del 90%, en el recurso el censor solicita además que se le aplique una tasa de reemplazo del 80% con fundamento en el parágrafo 1º del artículo 46 de la ley 100 de 1993.

Expuso que, a pesar de ser cierto que el parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 otorga la posibilidad de conceder la pensión de sobrevivientes cuando el afiliado hubiese cumplido las cotizaciones mínimas de pensión de vejez al momento de fallecer, también afirmó que,

[…] aunque la ley no es lo suficientemente clara al respecto, que ello es una posibilidad y no una imposición para determinar la cuantía o monto de la pensión de sobrevivientes del afiliado fallecido sin que se le haya reconocido pensión de vejez habiendo cumplido con las cotizaciones mínimas requeridas para ello, pues siempre se podrá invocar la regla general de cuantía del artículo 48de la Ley 100 de 1993.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida para que, en sede de instancia declare:

Se condene a la demandada ISS a reconocer y pagar a favor la reliquidación de su pensión de sobrevivientes con el 90% del IBL, teniendo en cuenta que al liquidarle la pensión a su finado esposo ABEL CATILLO VELEZ (q.e.p.d) no se tomó como referencia ese IBL.

Que se condene a la demandad (sic) ISS a reconocer y pagar a su favor el IBL actualizado de su pensión, teniendo en cuenta el IBC por valor de $215.790, que al aplicarle ese valor a los IPC hasta el año 2011 se convierten en la suma de $618.759.54 que vienen siendo el IBL actualizado de la pensión (el promedio que tienen al momento que se va a liquidar) y a este índice de Base de Liquidación se le aplica el porcentaje del 90% que corresponde a su pensión de sobrevivientes.

Que se condene a la demandada ISS a reconocer y pagar a su favor el valor real del monto de su pensión de sobreviviente en la suma mensual de $3.327.234.59, y no se tuvo en cuenta este valor aplicado los ajustes o incrementos de ley.

Que se condene a la demandada ISS a reconocer y pagar a su favor el valor de las mesadas atrasadas desde agosto 13 de 1993, reliquidadas hasta noviembre 30 de 2011, para un monto de $530.566.527.99, incluyendo las mesadas adicionales (primas de junio y diciembre) y descontado el valor de $21.507.915.00 pagados por la demandada al demandante mediante Resolución No. 005829 de mayo 27 de 2011, lo cual arroja un valor total de $509.058.642.99.

Que se condene a la demandada ISS a reconocer y pagar a su favor los intereses por mora liquidados por los tres (3) últimos años, tiempo de 1.080 días, a una tasa de interés por mora de 27.87% efectivo anual de $414.504.664.76 para un gran total a recibir mesadas atrasadas e intereses por mora de $923.563.007.75, y hasta cuando se haga efectiva su cancelación.

Se ordena a la entidad demandada cancelar el valor de los intereses moratorios y mesadas atrasadas en un pago adicional de nómina de pensionados de ISS a través de la entidad bancaria que le hace pago de las mesadas a la demandante.

Que se condene al ISS a reconocerle y pagarle debidamente indexadas en calidad de cónyuge supérstite todas las cuantías que sean declaradas a su favor.

Que se condene al pago de las costas, agencias en derecho y los gastos que ocasione el juicio si existiere oposición a la demandada.

Que reconozca en todas y cada una de las sumas por pagar conforme a la sentencia, la variación del IPC, para el reconocimiento del valor adquisitivo de la moneda; junto con un interés de puro o lucrativo equivalente o superior al 6% anual.

Que al momento de realizar la condena el Juez tenga en cuenta contra los demandados los criterios de ultra y extra petita, conforme a lo establecido en el artículo 50 del CPTSS.

Con tal propósito formuló un cargo por la causal primera de casación, el cual fue replicado.

CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia del Tribunal de:

[…] VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUBSTANCIAL, CAUSAL PRIMERA DEL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR INFRACCION (sic) DIRECTA DE LA LEY AL NO APLICAR LA NORMA AL CASO OBJETO DE CONTROVERSIA, PUES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL (sic) PENSION (sic) DE VEJEZ Y LOS POSTERIORES DERECHOS SE DEBIO (sic) APLICAR EL ARTÍCULO 12 DEL ACUERDO 049 DE 1990, APROBADO POR EL DECRETO 758 DE 1990, Y NO APLICAR LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA LEY 100 DE 1993, MODIFICADO POR LA LEY 797 DE 2003.

En la demostración del cargo, la censura señaló que, según el acervo probatorio, tanto el juez de primera como de segunda instancia omitieron la aplicación de la norma que regía el caso, «[…] es decir la norma vigente al momento de la definición del derecho a la pensión de vejez del señor Abel Castillo Vélez».

Adujo que, para la época en que se solicitó la pensión de vejez el causante reunía los siguientes requisitos:

El señor Abel Castillo Vélez de acuerdo al informe de enero de 1967 a abril de 2012 había cotizado un total de 1.614 semanas.

El señor Castillo Vélez presentó por primera vez la solicitud de pensión de vejez el día 14 de agosto de 1993, que para el entonces le era aplicable el artículo 33 (sic) de la ley 100 de 1993 -régimen de transición- cumpliendo con los requisitos de 60 años y más de 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años.

Sin embargo, solo hasta el año 1998 dieron respuesta negativa a su solicitud, y desde esa época se ha venido manteniendo el error.

Adicionalmente, afirmó que:

[…] el ISS de forma irregular desconoció el derecho de pensión a vejez del que era titular, nunca lo reconoce, si (sic) siquiera con las tutelas falladas a favor y los incidentes de desacato promovidos, y solo hasta el año 2011, posterior al fallecimiento del señor Castillo Vpelez (sic) reconoce mediante resolución 005829 la pensión de sobreviviente a mi poderdante.

Expuso que el derecho a la pensión de sobrevivientes se concedió con fundamento en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003, de tal forma que se desconoció el derecho obtenido por el fallecido desde 1993, siendo esencial realizar los ajustes y pagos no realizados.

RÉPLICA

Sostuvo que el recurso extraordinario presentaba graves e insuperables fallas de técnica que impedían pronunciarse sobre el fondo de este. Advirtió que la demanda partió de un supuesto fáctico completamente opuesto al del Tribunal, pues para el ad quem se trató de una pensión de sobrevivencia y en la casación se pretende una sustitución pensional de una prestación económica de vejez.

Dijo que, en el caso de ignorar los errores técnicos, igualmente el recurso fracasaría ya que el afiliado falleció el 20 de abril de 2010, siendo aplicable la norma vigente al momento del deceso, Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003.

Por último, agregó que el occiso cotizó hasta el 31 de marzo de 2009 siendo contradictoria la pretensión de la demandante de reconocer «[…] de forma retroactiva y post mórtem una pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990, y desde el año 1992».

CONSIDERACIONES

Inicia la Sala por referirse al reparo de orden técnico señalado por el opositor, cuando afirmó que erró el impugnante al partir «[…] de un supuesto de hecho absolutamente opuesto al del Tribunal». La Sala considera que no le asiste razón por cuanto el juzgador fijó como problema a resolver el determinar si le era aplicable a la demandante el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, y así establecer si el porcentaje de la tasa de remplazo fue liquidado en debida forma.

Por su parte, lo que la recurrente le cuestionó al Tribunal, era precisamente que su cónyuge cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, bajo el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, y por ende tiene derecho a la reliquidación de la pensión de sobrevivientes que le fue reconocida, es decir, hay coherencia entre el reproche efectuado y el fallo del ad quem.

Superado lo anterior, en razón de la vía escogida, esto es la del puro derecho, no existe discusión sobre los siguientes supuestos fácticos que el ad quem encontró probados: (i) que la recurrente contrajo matrimonio con Abel Castillo Vélez; (ii) que este cotizó al ISS un total de 1626 semanas entre el 13 de agosto de 1953 al 20 de abril de 2010; (iii) que en vida solicitó su pensión de vejez, siendo negada por no cumplir los requisitos contemplados en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año; (iv) que falleció el 20 de abril de 2010; y (v) que el 5 de noviembre de 2010 la señora Hodge Pernet solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual le fue concedida con una tasa de reemplazo del 75%, en virtud de lo contemplado en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993.

Dijo el Tribunal que la norma aplicable para desatar la alzada «[…] no sería el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 del mismo año, sino los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por la ley 797 de 2003, artículos 12 y 13, pues en vigencia de dicha Ley fue que el causante ABEL MERCADO VELEZ falleció».

Reprocha la censura dicha conclusión pues en su sentir,

[…] no es de recibo que tanto el Juzgado como el Honorable Tribunal apliquen al caso concreto los artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993 sin hacer mayores razonamientos, cuando en efecto desde el inicio no se reconoció el derecho a (sic) pensión de acuerdo a la legislación aplicable para la fecha en que el señor Castillo Vélez adquierió (sic) el derecho a la pensión de vejez – acuerdo 049 de 1990 y decreto 758-, de donde se desprende que si el origen del derecho carece de fundamento jurídico, las consecuencias del mismo también va a estar afectado por los mismo (sic) errores y por lo mismo no son aplicables los artículos 46 y 47 de la ley 100 y su posterior modificación.

En este orden ideas, el problema jurídico que se plantea a la Corte para su estudio consiste en establecer si el Tribunal erró al aplicar los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, y no analizar si el afiliado fallecido había dejado causada la pensión de vejez a la luz del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.

Para resolver lo anterior, la Sala explicará las diferencias entre la causación y el disfrute de la pensión de vejez; y la distinción entre la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes.

Causación y disfrute de la pensión de vejez

Estas figuras se encuentran diferenciadas legal y jurisprudencialmente. Así, el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, estableció que,

La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo.

Por su parte, la Ley 100 de 1993 en el artículo 17, modificado por la Ley 797 de 2003, señaló que «[…] la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente».

En ese sentido, la causación de la pensión se produce cuando el afiliado al Sistema General de Pensiones cumple con los requisitos necesarios para acceder a la prestación; mientras que el disfrute, se encuentra condicionado al retiro o desafiliación efectiva del mismo. Sobre el punto la Corte, ha dicho, entre otras, en la sentencia CSJ, 19 de julio de 2011, radicado 38375 que

[…] es a partir de la desafiliación del asegurado al régimen de prima media con prestación definida cuando nace la obligación de pagar la pensión de vejez, pues si bien el deber de realizar aportes cesa al momento de reunir los requisitos, su disfrute sólo se produce a partir de la desafiliación definitiva”.

Conviene precisar que la desafiliación del Sistema General de Pensiones, es un acto voluntario mediante el cual, el afiliado o el empleador solicita a la administradora de pensiones, el retiro del Sistema, como consecuencia del cumplimiento de los requisitos legales mínimos exigidos para adquirir el derecho a la pensión.

Ahora bien, tratándose de eventos excepcionales en los que el asegurado ha tenido que continuar efectuando cotizaciones, debido a la conducta renuente de la entidad de seguridad social a reconocer la pensión, a pesar de haber sido solicitada en tiempo, esta Sala ha estimado que la prestación debe reconocerse desde la fecha en que se han completado los requisitos (CSJ SL, 1º septiembre 2009, radicado 34514; CSJ SL, 22 febrero 2011, radicado 39391,; CSJ SL, 15 mayo 2012, radicado 37798, CSJ SL5603-2016), como en la sentencia CSJ SL, 6 julio 2011, radicado 38558 en la que se dijo

[…] que en aquellos eventos en que concurre un actuar negligente o errado de la entidad encargada de reconocer la prestación de vejez, a la que el afiliado tenía derecho de tiempo atrás cuando cumplió con los requisitos exigidos para obtener la pensión, es menester entrar a estudiar las particularidades de cada caso.

En efecto, tiene dicho esta Corporación, que ante situaciones que presentan ciertas circunstancias excepcionales, estando satisfecha la totalidad de las exigencias consagradas en los reglamentos del ISS, debe reconocerse y pagarse la pensión de vejez al afiliado en su oportunidad desde que elevó la correspondiente solicitud con requisitos cumplidos, así no haya operado en rigor la mencionada desafiliación al sistema.

La sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes

Ambas figuras son prestaciones dirigidas a atenuar los efectos de la pérdida del miembro de la familia que se encontraba afiliado o pensionado, para que la muerte de este no genere, además del vacío sentimental, un impacto en los ingresos económicos del hogar. Entonces, la principal diferencia entre estas dos prestaciones radica en el estado en que se encuentra el derecho de la pensión del causante. Así, la sustitución pensional surge cuando el fallecido ya generó el beneficio pensional, es decir, hay un derecho adquirido que se traslada a un nuevo beneficiario, de manera que ocupa el lugar del titular de la prestación, razón por la cual se le ha denominado sustitución.

Por su parte, la pensión de sobrevivientes se presenta cuando quien muere es el afiliado, que aún no ha logrado obtener su beneficio pensional y lo ve truncado como consecuencia del deceso. De esta manera, es necesario que tanto el afiliado como los beneficiarios cumplan unos requisitos establecidos por la ley previamente para tal fin.

A pesar de esta distinción, ambas prestaciones están relacionadas con el concepto de familia, y los derechos que de la misma derivan, independientemente de los lazos jurídicos existentes; dándole importancia a la comprobación de una comunidad de vida, y a la necesidad de prodigar el amparo a los seres queridos ante la desaparición física del afiliado o pensionado.

Con este horizonte claro, para la Sala erró el Tribunal al no advertir que la recurrente podía acceder al derecho pretendido no solo acreditando los requisitos señalados en la Ley 797 de 2003. Como se vio, la ley y la jurisprudencia contemplan la sustitución pensional, viable en el sub examine, considerando que no fue discutida la calidad de la recurrente como beneficiaria del causante, que este alcanzó los 60 años de edad el 13 de agosto de 1993 y que cotizó más de 1000 semanas en toda su vida laboral, habilitando el análisis de la prestación a la luz del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Lo expuesto, es razón suficiente para casar la sentencia, y en sede de instancia se analizará si el afiliado fallecido dejó causada la pensión de vejez y el monto de esta, de cara a resolver la pretensión incoada.

Ahora bien, para efectos de determinar el monto de la pensión de vejez, teniendo en cuenta la necesidad de calcular el ingreso base de liquidación, devengado durante las últimas 100 semanas anteriores a la causación del derecho, esto es, el 13 de agosto de 1993, se ordena se oficie a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a fin de que en el término de quince (15) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, remita con destino al presente proceso, copia de la liquidación del período de facturación correspondiente a los años 1969 a 1994, discriminando de manera clara los salarios devengados por el señor Abel Castillo Vélez identificado con la C.C. 877.107 de Cartagena.

Sin costas en casación dada la prosperidad del recurso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013) por la Sala Primera Dual del Tribunal Regional de Descongestión Laboral en el Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral promovido por OTILIA ROSA HODGE PERNET contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Para mejor proveer en instancia, por Secretaria ofíciese a Colpensiones, a fin de que en el término de quince (15) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, remita con destino al presente proceso, copia de la liquidación del período de facturación correspondiente a los años 1969 a 1994, discriminando de manera clara los salarios devengados por Abel Castillo Vélez identificado con la C.C. 877.107 de Cartagena en la forma indicada en la parte motiva.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

SALVAMENTO DE VOTO

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL3129-2019

Radicación n.° 68192

Acta 022

Conforme lo expuse en la sesión donde fue objeto de debate la sentencia indicada en la referencia, la misma era contradictoria, pues, consideré, que lo primero era condenar al Instituto demandado, a reconocerle la pensión de vejez al causante Abel Castillo Vélez, pues ya se había generado este derecho a su favor, y seguidamente, sustituir en la demandante Otilia Rosa Hodge Pernet, en calidad de cónyuge sobreviviente, dicha prestación. Era este el aspecto que me alejaba de la posición mayoritaria.

Ahora, observo que con la sentencia de instancia CSJ SL5457-2019, enderezó la falencia atrás aludida, por ende, ningún salvamento o aclaración de voto debe realizarse, pues, dicho aspecto quedó superado.

En estos breves términos dejo expuestos las razones de mi disenso.

Fecha ut supra,

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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