Ficha de la providencia
Sentencia SL3129-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3129-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3129-2022
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
10 de agosto de 2022
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL3129-2022
Radicación n.° 91161
Acta 26
Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ÁLVARO FORERO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de noviembre de 2020, en el proceso que instauró contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
AUTO
Téngase a la sociedad Servicios Legales Lawyers con NIT. 900.198.281-8 como apoderada general de la Administradora Colombiana de Pensiones, en los términos de la escritura pública visible a en el cuaderno de la Corte.
Así mismo, téngase al doctor David Santiago Lara Ospina, con c.c. 1.110.567.737 y tarjeta profesional n.° 299.625 del Consejo Superior de la Judicatura, como procurador sustituto de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en los términos del poder conferido y visible en el cuaderno de la Corte.
I. ANTECEDENTES
Álvaro Forero demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, con el fin de que fuera condenada a reconocerle pensión de invalidez, al cumplir «con los requisitos legales y con los presupuestos de la sentencia SU-442 de 2016»; el pago de mesadas causadas desde el 30 de septiembre de 2014 e intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde su causación hasta su pago; de forma subsidiaria a esta última pretensión, depreca por el reconocimiento de los réditos moratorios desde la publicación de la sentencia CC SU442-2016; lo que resultara probado extra y ultra petita; y las costas procesales.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: cotizó al sistema pensional un total de 944.71 semanas entre el 17 de octubre de 1977 y el 1º de julio de 2015; antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994) contaba con 521 semanas cotizadas; mediante dictamen notificado el 12 de diciembre de 2014, le fue asignada una pérdida de la capacidad laboral igual al 58,35% con fecha de estructuración 30 de septiembre de 2014; padecía de una enfermedad degenerativa, la cual tuvo por inicio el año 2005; en las sentencias «39265 del 1[sic] de marzo de 2011, 38674 del 25 de julio de 2012, 39766 de 2011, 36109 de 2001, entre otras», la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la posibilidad de aplicar el régimen anterior a la Ley 100 de 1993; la Corte Constitucional en las sentencias T-594 de 2011, T-576 de 2013, T-304 de 2016, T-157-2017 ha considerado que el sólo hecho de haber cotizado al régimen anterior, obliga al fallador a efectuar un estudio de la pensión de invalidez bajo dicha legislación; en la sentencia de unificación 442 de 2016 se «parametrizó la interpretación que debía aplicarse a las solicitudes de pensión de invalidez, de cara al principio de la condición más beneficiosa»; radicó solicitud de reconocimiento pensional el 29 de diciembre de 2017, petición que fue negada mediante Resolución SUB73250 del 16 de marzo de 2018, con fundamento en lo considerado en las decisiones de esta Sala que identificó como 45262 del 25 de febrero de 2017 y 445864[sic]; la decisión de la Corte Constitucional «debe tener un rango más alto que la de la Corte Suprema», por lo que presentó recursos de reposición y apelación contra el anterior acto administrativo, los que fueron resueltos de forma negativa y no se pronunciaron con relación a la precitada sentencia de unificación.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los relativos al número total de semanas cotizadas, dictamen de pérdida de la capacidad laboral, solicitud de pensión de invalidez, su negativa, así como, los recursos contra ella interpuestos; de los restantes indicó que no ser ciertos, o no le costaban. En su defensa propuso los medios exceptivos que denominó: prescripción; inexistencia del derecho y de la obligación; cobro de lo no debido; buena fe; y la que identificó como «innominada o genérica».
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 27 de febrero de 2020, decidió absolver a la demandada de la totalidad de las pretensiones planteadas en su contra.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, en fallo del 30 de noviembre de 2020, dispuso confirmar la sentencia apelada.
Determinó, en primer término, que el problema jurídico se circunscribía a establecer, si el demandante cumplía con los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.
Para dar solución al anterior interrogante, excluyó del debate probatorio que: el demandante se encontraba afiliado a Colpensiones; le fue determinada una pérdida de la capacidad laboral -PCL- de 58,35% mediante dictamen de fecha 14 de noviembre de 2014; la fecha de estructuración de la PCL fue 30 de septiembre de 2014; el accionante tenía la calidad de «persona inválida» conforme con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 y; no se registraban cotizaciones en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral.
La sala sentenciadora como estribo de su decisión recordó que la norma aplicable al caso era la vigente al momento de estructuración del estado de invalidez y, para respaldar tal afirmación, acudió a los pronunciamientos de esta Corporación que identificó como «SL-3660 de 2020 y SL-4261 de 2020»; así, informó que era la Ley 860 de 2003 la que regentaba el caso en estudio.
En ese sentido, al rompe, afirmó que el a quo no se equivocó
[A]l concluir que el afiliado no causó el derecho a la pensión de invalidez, dado que no cotizó 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se estructuró la invalidez, por cuanto dejó de cotizar aportes al sistema de pensiones el 24 de febrero de 2010, como se desprende del reporte de semana cotizada emitido por Colpensiones.
Luego de lo anterior, procedió a analizar lo pertinente al principio de la condición beneficiosa, para lo cual enunció los pronunciamientos CSJ SL4482-2020, CSJ SL4338-2020, CSJ SL4339-2020, CSJ SL3403-2020 y CSJ SL3660-2020 y de ellos determinó que, su procedencia, se materializa con respecto a la aplicación del régimen anterior, así como, el cumplimiento de una serie de requisitos. Y para enunciar estos últimos, transcribió, in extenso, el radicado de esta Corte CSJ SL2354-2017.
Finalizó al indicar que,
De los requisitos citados con antelación, se desprende que para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa es ineludible que la invalidez se haya estructurado entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, como quiera que en la citada sentencia se dispuso que solo era posible diferir los efectos de la Ley 860 de 2003 por 3 años.
Así las cosas, en el presente cao no es posible remitirse a la normatividad inmediatamente anterior, esto es, la Ley 100 de 1993, por cuanto la fecha de invalidez del actor data del 30 de septiembre de 2014.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la de primera y, en su lugar, conceda las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica y se abordaran de manera conjunta, dado que se dirigen por la misma vía de ataque, se complementan y persiguen un mismo fin.
VI. PRIMER CARGO
Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea «del artículo 53 de la Constitución Política», teniendo en cuenta que «el tribunal aplicó el principio de la condición más beneficiosa, pero le dio una interpretación que resultó menos favorable para el trabajador, respecto de otras interpretaciones dada al principio de la condición más beneficiosa […]».
Para dar desarrollo al cargo, plantea las tesis que sobre el principio de la condición más beneficiosa son consideradas por la Corte Constitucional y esta Corporación, con ello, afirma
Según la más reciente tesis de la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2019, la interpretación dada por la Corte Suprema de Justicia no resulta inconstitucional, pues tiene sus cimientos en el mismo artículo 53 de la Constitución Política. Sin embargo, la Corte Constitucional, tanto en la SU de 2016 como en la de 2019, sigue manteniendo que: "El principio de la condición más beneficiosa no se restringe exclusivamente a admitir u ordenar la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario hava contraído una expectativa legítima, concebida conforme a la jurisprudencia"
Sucede entonces que en el caso que nos ocupa, el señor [Á]LVARO FORERO cumplió con ese parámetro, pues cotizó más de 300 semanas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. Es decir, para él ya existía una expectativa de haber alcanzado una cobertura vitalicia de invalidez, que luego le es arrebatada con la expedición de la Ley 100 de 1993.
Ubiquémonos temporalmente en enero de 1993, para dicha fecha mi cliente tenía una intelección interna, consistente en que ya había alcanzado un aseguramiento vitalicio para los riesgos de invalidez y muerte, es decir tenía una expectativa legítima.
Llega la Ley 100 de 1993 y le "arrebata" la protección vitalicia que ya había alcanzado. Los miembros de la OIT se cubrirían la cara de la vergüenza al observar como Colombia "pasa por encima" del Convenio 128 de 1967 y "pisotea" los derechos en curso de adquisición. (cursiva y subrayado del texto)
Agrega que, las reglas que se establecen por esta Corte no pueden ser absolutas, puesto que ellas «se van movilizando en búsqueda de la justicia social», de manera que, si existen varias interpretaciones posibles, no resultaría constitucional que se seleccione aquella más gravosa para el trabajador o el afiliado.
Considera que el aseguramiento para el riesgo de invalidez no pende del momento en que ocurra el siniestro, por lo que, si el afiliado cotizó al Seguro Social 300 semanas, ello se traduce en una cobertura permanente que abarca una «futura invalidez».
Finaliza al indicar que la Sala Civil de esta Corte, en radicado CSJ STC-75962021 de junio 23 de 2021, amparó «los derechos de un tutelante que, al igual que en este caso, buscaba que le fuera aplicado el principio de la condición más beneficiosa, bajo la hermenéutica unificada de la Corte [C]onstitucional. En dicha acción de tutela se dejó sin efectos el fallo de esta Corporación».
Concluye en la selección, por parte del colegiado, de una interpretación que resulta lesiva a los intereses del trabajador.
VII. SEGUNDO CARGO
Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa, modalidad de infracción directa del
Artículo 53 de la constitución[sic] política[sic] de Colombia, Convenio 128 de 1967 de la OIT y artículo 6[sic] del Decreto 758 de 1990 (que adopta el acuerdo[sic] 049 de 1990).
Al igual que en el cargo precedente, cuestiona que «el tribunal no realizó una valoración de las varias interpretaciones posibles que se habrían podido dar al principio de la condición más beneficiosa en pensiones de invalidez». Resalta que, acepta sin reparo, aquellos supuestos fácticos establecidos en la sentencia cuestionada.
Concluye, en que el colegiado pese a contar con varias interpretaciones opta por aquella más lesiva a los intereses del trabajador.
VIII. TERCER CARGO
Controvierte la sentencia de violar la ley por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, teniendo en cuenta que «el tribunal aplicó el artículo 1[sic] de la Ley 860 de 2003, siendo que dicha norma no era la que resolvía el caso bajo estudio. La aplicación del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 le impidió que aplicara el artículo 6[sic] del Decreto 758 de 1990».
Para dar desarrollo al cargo, inicia por manifestar nuevamente su total aceptación a los fundamentos fácticos; luego de ello, expone que «el tribunal aplicó la norma de la proposición, sustentado en que, bajo su intelección, la norma que resuelve el caso es aquella que estaba vigente al momento en que se estructura la invalidez. El tribunal[sic] yerra en dicha conclusión ya que dejó de tener presente que en materia laboral deben aplicarse los principios de la [c]ondición más beneficiosa y de la Interpretación más favorable».
IX. RÉPLICA CONJUNTA A LOS CARGOS
La oposición solicita que no se case la sentencia por cuanto no existe yerro que pueda ser identificado en ella. Memora que para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa existen una serie de requisitos que no se predican en el supuesto fáctico expuesto por el demandante.
Para sustentar su dicho, acude a la sentencia CSJ SL2358-2017, la que transcribe. Con lo allí considerado, afirma que «es claro que el demandante no cuenta con los requisitos para ser beneficiario[sic] del principio de la condición mas[sic] beneficiosa por cuanto tal cual como lo interpreta el Tribunal no se estructuraron entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006».
Finaliza al indicar que, de acuerdo con lo consignado en el Acto Legislativo 01 de 2005, no existe la infracción directa del artículo 53 de la Constitución Política, por cuanto en el fallo del Tribunal «se está dando una protección constitucional al artículo referenciado».
X. CONSIDERACIONES
Dado que los cargos se dirigen por el sendero de puro derecho, no hay controversia alguna en torno a lo que dio por acreditado el Tribunal: que el actor dejó de cotizar aportes al sistema de pensiones el 24 de febrero de 2010; que le fue determinada una pérdida de la capacidad laboral -PCL- de 58,35% mediante dictamen de fecha 14 de noviembre de 2014; la fecha de estructuración de la PCL fue 30 de septiembre de 2014, por lo que tenía la calidad de «persona inválida» conforme con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 y; no se registraban cotizaciones en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral.
Al analizar los tres cargos que se plantean, puede extractarse que el descontento del accionante gravita, en estricto rigor, en que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, pues debió utilizar el 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, en virtud del principio de la condición más beneficiosa. En consecuencia, interpretó de forma restrictiva el articulo 53 de la Constitución Política, al no atender aquella interpretación «más favorable al trabajador[sic]».
En lo que respecta al reproche, la Corte de vieja data ha advertido que no es posible, entre otros, la utilización del postulado de la condición más beneficiosa, con el objeto de realizar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores hasta acompasar al caso concreto la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte más favorable y, con ello, una aplicación plusultractiva de la Ley, lo cual por demás, desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia el futuro.
Al punto, esta Corte, en reciente providencia CSJ SL5657-2021 al memorar la providencia CSJ SL840-2020 que a su vez recuerda lo expuesto en la CSJ SL1689-2017, reiterada en sentencia CSJ SL8305-2017, enseñó:
La inconformidad de la parte recurrente con el fallo atacado radica básicamente en que, de acuerdo con el principio de la condición más beneficiosa, es viable darle aplicación al artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año.
Pues bien, es criterio reiterado de esta Corporación, que el derecho a la prestación pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuración de tal condición. De ahí que, al haberse estructurado la invalidez el 23 de junio de 2008, la disposición que rige el asunto es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, cuyos requisitos no cumplió el actor pues no cotizó 50 semanas durante los tres años anteriores a dicha fecha.
De otra parte, como la censura invoca el principio de la condición más beneficiosa a fin de que el asunto se resuelva bajo la égida del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, es preciso señalar que no es viable dar aplicación a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una búsqueda interminable de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del peticionario o cuál resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. Esta ha sido la postura de la Sala expuesta en recientes providencias, entre otras, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016 y CSJ SL15965-2016.
En este orden, no era procedente que el Tribunal considerara los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 de manera plus ultractiva como lo pretende la censura, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub lite.
De manera que, trasladando todos los argumentos expuestos en las anteriores decisiones al asunto sometido a escrutinio de la Corte, cambiando lo que haya que cambiar, se concluye que el juzgador de alzada no se equivocó en sus consideraciones, por cuanto, para la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del actor, esto es, 30 de septiembre de 2014, la norma aplicable era la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.
No está demás reiterar que, el accionante no podría ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, por cuanto la Sala mayoritariamente se ha inclinado por reglar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la Ley 860 de 2003, solo es posible diferir los efectos de la mencionada ley hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia. (CSJ SL2358-2017)
Tampoco sobra indicar que, en torno a la fuerza vinculante del precedente constitucional, puntualmente la sentencia CC SU-05-2018, esta Corporación, en sentencia CSJ SL184-2021, adoctrinó:
La fuerza vinculante del precedente constitucional
La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia.
Asimismo, ha precisado que un precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensión a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios básicos del Estado constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremacía de la Carta Política, debido proceso y confianza legítima (C-539-2011).
No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.
El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).
En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicación debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos Superiores importantes para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que se expone a continuación -deber de argumentación suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017).
En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultractiva de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres años anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, (iii) pero sí reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el régimen anterior.
Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes, cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.
A juicio de esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Así mismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de retrospectividad.
Por otra parte, la aplicación ultractiva de normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, según el criterio de la Sala, no es posible (…)
En síntesis, conforme al precedente citado, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.
En consecuencia, la sala sentenciadora no incurrió en los errores de los que se le acusa, y ante la inexistencia de razones diferentes y novedosas que permitan un cambio de pensamiento, habrá de desestimarse los cargos.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del demandante recurrente y en favor de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($4.700.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
XI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ÁLVARO FORERO contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
Costas como se expuso en la motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
(Aclara Voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
(Aclara Voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
No firma por ausencia justificada
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Recurso Extraordinario de Casación
SL3129-2022
Radicación n.° 91161
Referencia: demanda promovida por ÁLVARO FORERO, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito hacer aclaración de voto, pues si bien comparto lo que finalmente se adoptó en el sub judice, que dispuso no casar la sentencia absolutoria del Tribunal, sin embargo, respecto de los argumentos que se exponen en la providencia para la procedencia del principio de la condición más beneficiosa, en un lapso temporal en forma restringida, me permito hacer las siguientes precisiones:
En la presente providencia la Sala igualmente señaló que el demandante “no podría ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, por cuanto la Sala mayoritariamente se ha inclinado por reglar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la Ley 860 de 2003, solo es posible diferir los efectos de la mencionada ley hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia. (CSJ SL2358-2017)”
Frente a dichos argumentos, debo indicar que, si bien inicialmente compartí el criterio mayoritario de la Sala vertido en la sentencia CSJ SL2358 de 2017, a través de la cual se dio vigencia temporal a la Ley 100 de 1993, en el transito legislativo con la Ley 860 de 2003, esto es, el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, ello fue con el fin de extender en el tiempo por vía jurisprudencial, los efectos del principio de condición más beneficiosa en dicho periodo, y hacer menos rigurosa su aplicación, en aras de tratar de salvaguardar los derechos de los asegurados y su grupo familiar, quienes por los cambios normativos verían truncada la posibilidad de acceder a la pensión de invalidez, pese a tener en cúmulo de cotizaciones importantes, y que conforme a disposiciones anteriores daría lugar de acceder a esa prestación.
No obstante lo anterior, al hacer un juicioso y minucioso análisis de dicha providencia y de las diferentes hipótesis que allí se plantean como supuestos fácticos que deben cumplir los asegurados para acceder a la pensión de invalidez bajo esta nueva línea de pensamiento, se observa que las reglas allí trazadas, a más de ser en algunos casos confusas, también se tornan poco posibles de cumplir, de tal suerte, que de manera exigua o en nada termina favoreciendo al grupo poblacional al que está dirigida, contrario a lo que fue la finalidad del cambio doctrinal propuesto respecto de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que con aquella providencia se fijó.
En efecto, al analizar por ejemplo las subreglas planteadas en la providencia, como las señaladas en el numeral «3.2», de una detallada lectura, se advierte que se hacen más difíciles de cumplir en la práctica, pues en este evento, cuando el asegurado no era cotizante activo para el momento del tránsito legislativo, las 26 semanas deben de ser cotizadas en el año inmediatamente anterior a la vigencia de la Ley 860 de 2003, es decir, «entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002», siendo entonces un número mínimo de afiliados quienes puedan cumplir con tales exigencias.
Bajo el contexto que antecede, en mi prudente juicio imponer un límite temporal para acudir al postulado en comento en aquellos casos de sucesión normativa entre la Ley 860 de 2003 y Ley 100 de 1993, cuando el asegurado invalido cumple con los requisitos que esta última disposición exige en su canon 39, desconoce la esencia misma de la condición más beneficiosa, pues como lo ha sostenido esta Corporación en diferentes oportunidades es característico de la institución jurídica en comento que « Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada», de manera que a mi juicio, la posición de la Sala de supeditar la aplicación del principio de la condición mas beneficiosa a que el peticionario acredite las 26 semanas en el año inmediatamente anterior al «26 de diciembre de 2003» y no como lo exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, desconoce lo antes señalado, olvidando además que las expectativas legitimas no pierden su condición de tales como consecuencia de una sucesión normativa o del paso del tiempo.
En los anteriores términos, dejo consignada entonces mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: Álvaro Forero
Empresa: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Radicación: 91161
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto a mis colegas, como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, si bien estoy de acuerdo en no casar la sentencia del Tribunal, advierto necesario aclarar un aspecto que, de no hacerlo, puede pasar desapercibido.
Me refiero, en particular, al análisis que realiza la Sala respecto al principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003.
A mi juicio, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Constitución Nacional está sometido a ciertos límites, los cuales debe tener en cuenta el juez del trabajo y de la seguridad social en sus decisiones.
En efecto, nótese que tal principio protege las situaciones jurídicas o los derechos individuales próximos a consolidarse respecto a un cambio normativo que pueda lesionarlos, de modo que su ámbito de acción no cobija cualquier reforma o ajuste en la legislación laboral o de la seguridad social, sino solamente aquella que contenga cambios estructurales en los esquemas que la soportan.
De ahí que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no puede ser ilimitada y darse ante cualquier cambio normativo, por cuanto ello paralizaría la puesta en marcha de importantes ajustes en las políticas laborales, sociales y económicas.
Por tal razón, este principio, adecuadamente entendido, está dirigido a garantizar, con ciertos límites, la permanencia de determinado estatuto regulatorio ante cambios verdaderamente estructurales en la regulación.
En esa dirección, las Leyes 797 y 860 de 2003 no representaron un cambio estructural en el sistema de pensiones en nuestro país, sino que se trató de modificaciones legislativas en cuanto a los requisitos para el acceso a las prestaciones económicas, por lo que, en virtud de ello, la condición más beneficiosa no opera en dicho caso respecto a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en su versión original, en tanto una modificación paramétrica respecto a la densidad de semanas de cotización como la que se planteó en dichas reformas, no refleja un cambio sustancial que amerite la suspensión temporal de la legislación actual con la finalidad de proteger expectativas legítimas.
Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado
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