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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3129-2023

Pensión de sobrevivientes

Fecha
29 de noviembre de 2023
Magistrado ponente
Marjorie Zuñiga Romero
Citada por
22 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3129-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Se acreditó la dependencia económica de la madre respecto de su hijo fallecido para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes?

Reglas

  1. La dependencia económica de los padres respecto del hijo causante no debe ser total ni absoluta.

    «no se requiere que esta sea total y absoluta»
  2. La dependencia se determina en cada caso según si los ingresos propios permiten a los padres satisfacer dignamente sus necesidades.

    «esta exigencia debe analizarse conforme las circunstancias de cada caso particular y concreto»
  3. La ayuda del causante debe ser real y relevante para el sostenimiento; cualquier aporte no configura dependencia económica.

    «no cualquier contribución tiene la capacidad de hacerlos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes»
  4. La existencia de otros ingresos no excluye el derecho si no bastan para la subsistencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas.

    «La única condición que debe cumplirse es que esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas»
  5. No se exige un cálculo detallado de los gastos familiares para probar dependencia; basta acreditar la subordinación financiera.

    «no es necesario que se realice un cálculo detallado de los gastos de los padres del causante, pues basta con acreditar la subordinación financiera»
  6. La dependencia económica admite libertad probatoria y el juez puede fundarse en las pruebas que le ofrezcan mayor certeza.

    «existe libertad probatoria en relación con el requisito de la dependencia económica para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes»

Decisión

La Corte no casó la sentencia que reconoció la pensión de sobrevivientes a la madre del causante; no impuso costas.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 12 de junio de 2020, en el proceso ordinario laboral que FABIOLA NIETO DE BANGUERO promueve contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., y en el que se vinculó a HERIBERTO BANGUERO BONILLA como interviniente excluyente. Sin costas.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3129-2023

Magistrado ponente: Marjorie Zuñiga Romero

29 de noviembre de 2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrada ponente

SL3129-2023

Radicación n. ° 94170

Acta 45

Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

La Sala decide el recurso de casación que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 12 de junio de 2020, en el proceso ordinario laboral que FABIOLA NIETO DE BANGUERO promueve contra la recurrente, y en el que se vinculó a HERIBERTO BANGUERO BONILLA como interviniente excluyente.

ANTECEDENTES

La actora presentó demanda ordinaria laboral con el fin de que se declarara que era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de Heriberto Banguero Nieto. En consecuencia, solicitó que se condenara a la convocada a reconocer y pagar la prestación en forma vitalicia, a partir del 23 de julio de 2014, fecha del deceso del causante, así como al retroactivo, las mesadas adicionales, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, las costas, lo ultra y extra petita.

Como fundamento de sus pretensiones, expuso que su hijo Heriberto Banguero Nieto murió el «23 de julio de 2014», que estaba afiliado a Porvenir S.A. y que, al momento de los hechos, era soltero y no tenía descendientes. Afirmó que el causante vivía junto con ella y su cónyuge, por lo que suministraba «un aporte económico, como retribución por los gastos por su estadía (alimentación y servicios públicos)», y mensualmente le entregaba un auxilio económico para su «manutención y subsistencia en condiciones dignas».

Agregó que requirió la prestación de sobrevivientes y que el fondo privado, a través de comunicación n.° CE 0200001118738200 de 11 de mayo de 2015, la negó, al considerar que no era económicamente dependiente del fallecido. Añadió que radicó una solicitud de reconsideración y la entidad confirmó su decisión.

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali, mediante auto de 30 de junio de 2017, admitió la demanda e integró como interviniente excluyente a Heriberto Banguero Bonilla, dado que también intentó reclamar el derecho en disputa ante la administradora pensional (f.° 27 del c. del Juzgado).

Al dar respuesta a la demanda, Porvenir S.A. se opuso a las pretensiones. Aceptó los hechos relativos a la muerte de Heriberto Banguero Nieto; su condición de afiliado; su parentesco con la actora y Heriberto Banguero Bonilla; que la demandante presentó un requerimiento para el reconocimiento de la prestación y este se rechazó porque no existía subordinación financiera, al igual que la reconsideración. Los demás los negó o dijo no constarle.

En su defensa, formuló como excepción previa la falta de integración del litisconsorcio necesario y de mérito la inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, afectación de sostenibilidad del sistema de pensiones y la innominada o «genérica» (f. os 34 a 42 del c. del Juzgado).

Por su parte, Heriberto Banguero Nieto respondió a la vinculación y aseveró que no tenía ninguna petición a su favor en el interior del proceso (f. ° 71 del c. del Juzgado).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 2 de septiembre de 2019, el juez de conocimiento absolvió a la demandada de todas las pretensiones y condenó en costas a la promotora del litigio (f.° 85 del c. del Juzgado).

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la actora y en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor del interviniente excluyente, a través de proveído de 12 de junio de 2020, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali resolvió (PDF n. ° 10 del c. del Tribunal):

REVOCAR la apelada sentencia absolutoria No. 306 del 02 de septiembre de 2019 [sic] , para en su lugar previa declaratoria de no estar probadas las excepciones planteadas por la pasiva, CONDENAR a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de FABIOLA NIETO DE BANGUERO, de condiciones civiles de autos, en calidad de madre del causante HERIBERTO BANGUERO NIETO, a partir del 23 de julio de 2014 en cuantía de $616.000, liquidado el retroactivo pensional generado desde esta diada [sic] y hasta el 31 de mayo de 2020 a razón de 13 mesadas anuales [sic] corresponde a la suma de $56.100.721,67, del cual se deben realizar los descuentos de Ley [sic] para salud; a partir del 01 [sic] de junio de 2020 la mesada corresponde a la suma de $877.803 sin perjuicio de los aumentos de Ley [sic] –art. 14 Ley 100/93-. En cuanto a los intereses moratorios del art. 141 de Ley 100 de 1993, los mismos se generan a partir del 27 de abril de 2015 y hasta el momento en que se efectúe su pago. Se CONFIRMA la absolución implícita de PORVENIR S.A. respecto del padre del causante. COSTAS en ambas instancias a cargo de la condenada demandada y en favor de la actora. En esta sede se fija novecientos mil pesos por agencias en derecho. LIQUIDENSE [sic] por art.366, [sic] C.G.P. DEVUELVASE [sic] el expediente a la oficina de origen.

En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el colegiado delimitó como problema jurídico a resolver, si la convocante a juicio, en calidad de madre del causante, acreditó los requisitos exigidos para acceder a sus pretensiones.

Para el efecto, estableció como premisas fácticas que Heriberto Banguero Nieto era hijo de la actora, quien murió el 23 de julio de 2014 y dejó causados los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.

Citó la providencia CC T-456-2016, que reiteró la CC T-538-2015, de la cual destacó las reglas jurisprudenciales que la Corte Constitucional fijó para el análisis de la dependencia monetaria, esto es,

1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna (…).

2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica (…).

3. No constituye independencia económica recibir otra prestación (…). Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993 (…).

4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional (…).

5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes (…).

6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica (…)”.

29.5. Finalmente, en reciente pronunciamiento, esta Corte reiteró que para analizar el requisito de dependencia económica de los padres respecto de los hijos a efectos de acceder a la pensión de sobreviviente, es necesario verificar que posterior al suceso del fallecimiento, no hubiese podido llevar una vida digna, con autosuficiencia económica, por cuanto antes de la muerte de su hijo estaba sometido al auxilio que recibía de él HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-456-16.htm" \l "_ftn47" \o "" [47]. Indicó esta Corporación:

“26. Para el efecto, es indispensable comprobar la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los padres subsistir de manera digna, el cual debe predicarse de la situación que éstos tenían al momento de fallecer su hijo. En este contexto, es innegable que la dependencia económica siempre supondrá la verificación por parte de los progenitores de un criterio de necesidad, de sometimiento o sujeción al auxilio sustancial recibido del hijo, que no les permita, después de su muerte, llevar una vida digna con autosuficiencia económica”.

30. En síntesis, el requisito de dependencia económica exigido a los padres del fallecido, con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, no requiere ser total y absoluto respecto del causante, dado que puede ser parcial. En efecto el beneficiario puede recibir un salario mínimo, o ser acreedor de otra pensión, percibir un ingreso ocasional o incluso poseer un predio y, pese a ello, ser beneficiario de tal prestación, en el evento de que no tenga la posibilidad de ejercer una subsistencia digna sin el dinero que compone la prestación que reclama.

Acotó que en la declaración de parte que la actora rindió, se dilucidó que convivía con su cónyuge y su nieto Sebastián Castro Banguero, que no tenía un cálculo de los gastos del hogar, pero que el causante aportaba con los costos de alimentación y educación de su sobrino por valor de «$150.000»; los servicios públicos domiciliarios; una trabajadora para los servicios domésticos; el crédito de la vivienda y su impuesto predial; los transportes para acudir a citas médicas, el plan complementario de salud y los medicamentos NO POS, por un monto de «450.000 mensuales», dado que padecía una afección en su columna vertebral y el corazón; y que no tenía ganancias propias.

Asimismo, afirmó que su cónyuge tenía la edad de 69 años, era pensionado y trabajaba como conductor, razones por las cuales recibía ingresos mensuales aproximados de 4 SMMLV; sin embargo, que laboraba a pesar de su alta edad para conseguir el dinero para la casa, pues sin tal ingreso no podían sostenerse. Que su hijo vivía en un apartamento, pero, desconocía el valor del arriendo mensual, que estaba pagando una moto a crédito y tenía novia.

Por su parte, el interviniente incluyente aseveró en el interrogatorio que recibía una pensión de 2 SMMLV desde 2011, que trabajaba como conductor, que tenía ingresos promedio variables por «$2.800.000», que la vivienda en la que residen se terminó de pagar en el 2014, que desconocía los egresos personales de su hijo, quien les ayudaba mucho en casa, porque «con lo que ganaba no le alcanzaba para vivir dignamente», especialmente, en los temas relacionados con la salud de la demandante.

A su vez, acudió a los testimonios de Huber Rojas Álvarez y Blanca Alzate Ospina, que señalaron que la promotora del litigio no podía trabajar por su condición médica, que el causante permanecía bastante tiempo en la casa familiar y que las ganancias del padre eran insuficientes para mantener los costos de vida mensuales, por lo que los aportes del hijo eran muy importantes. Que no les constaba la entrega de los recursos, pero, era un tema sobre el que los padres del fallecido hablaban constantemente.

De modo que el Tribunal le dio plena credibilidad a la declaración y testimonios, por lo que concluyó que existía subordinación financiera de la actora respecto de su hijo, por ello reconoció el derecho, en tanto los ingresos de su cónyuge, quien se veía obligado a trabajar a su edad por las circunstancias económicas, eran insuficientes para el sostenimiento del hogar. Así, infirió que el dinero que el causante le proporcionaba le aseguraba una vida digna, porque le permitía cubrir los costos de sus enfermedades, de su nieto, servicios públicos domiciliarios y la contratación de una empleada para los trabajos domésticos.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario de casación lo interpuso la accionada, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

La recurrente pretende que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, confirme la decisión de primer grado y se absuelva a la demandada.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria por la vía indirecta en la modalidad de «[…] aplicación indebida del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y por la infracción directa de los artículos 28 del Código Civil, 221 numeral 3° del Código General del Proceso, 29 y 230 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005».

Aduce que el error fáctico consistió «[…] en dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Fabiola Nieto de Banguero dependía en términos económicos del fallecido», pues estima que no hay prueba de los aportes periódicos a la fecha del deceso, que la cuantía fuera significativa o superara una simple ayuda para constituirse en una subordinación pecuniaria; por el contrario, advierte que «[…] sí hay comprobaciones que acreditan que el cónyuge de la demandante disponía de recursos que bastaban para sufragar los gastos de subsistencia de su familia».

Acusa los siguientes medios de convicción:

Mal apreciados:

a) Testimonios de Huber Rojas Álvarez y Blanca Adiela Alzate Ospina.

b) «Confesiones» contenidas en los interrogatorios de parte rendidos por los señores Fabiola Nieto de Banguero y Heriberto Banguero Bonilla.

Dejados de valorar:

a) Resolución 109395 del 14 de octubre de 2010 del Instituto de Seguros Sociales.

b) Informe de investigación para pago de prestaciones económicas.

Manifiesta que el juez plural no tenía los pilares fácticos que la ley exige para reconocer la prestación y cita la providencia «CSJ SL, jul. 1 2015 rad. 47695», de la cual destaca lo siguiente:

[…] resultaba de vital importancia establecer, el monto de los gastos del núcleo familiar de la asegurada fallecida, así como el aporte que ésta suministraba para su sostenimiento, lo que a juicio de la Corte no puede considerarse como una exigencia violatoria del ordenamiento jurídico, en especial de las normas legales denunciadas en el cargo, en la medida en que la jurisprudencia de esta Corporación tiene precisado, que si bien la dependencia económica de los padres con respecto de sus hijos no tiene que ser total y absoluta, sí debe ser un verdadero sustento económico importante para resolver las necesidades de la familia.

Advierte que en la Resolución 109395 del 14 de octubre de 2010 se observa que Heriberto Banguero Bonilla percibía 14 mesadas pensionales anuales por valor de «2,4 SMMLMV» y que él «confesó» que para la fecha del deceso recibía «$2.800.000» mensuales, como fruto de la prestación y su trabajo, lo equivalente a «4,5 SMMLMV» de la época. Sobre tal monto, señala que no se demostró que fuera insuficiente para llevar una vida digna y afirma que la Corte «ha estimado esa cantidad como suficiente para desestimar la dependencia económica de los papás frente al occiso», de acuerdo con el fallo CSJ SL687-2017.

Destaca también que Heriberto Banguero Bonilla dijo que la vivienda era propia y que terminó de pagarla en 2014, por lo que no era cierto lo afirmado por la actora, esto es, que para la fecha de la muerte de su hijo, aún estaban pagando la casa.

Resalta que, si en gracia de discusión se aceptara que hubo algún aporte, era innegable que una parte considerable iba dirigida a ayudar a su sobrino, lo que desestima también la sujeción pecuniaria de los padres, conforme al proveído CSJ SL, 18 sep. 2001, rad. 16.598.

Acude nuevamente a la jurisprudencia de la Sala, a las sentencias CSJ SL8406-2015 y CSJ SL15116-2014, para exponer que es necesario fijar el monto de las contribuciones del causante y de los egresos de los progenitores, con el fin de conocer si la cuantía del dinero era significativa. De ello, se probó que Fabiola Nieto de Banguero no dependía de su descendiente, dado que su cónyuge tenía ingresos «considerables» y no se demostró que aquellos fueran insuficientes para los egresos comunes; además, que la ayuda del hijo no equivalía a sometimiento monetario.

Señala que, de lo dicho en precedencia, se probaba la existencia del error fáctico denunciado, por lo que era procedente el estudio de las pruebas no hábiles, como los testimonios rendidos por Huber Rojas Álvarez y Blanca Alzate Ospina. De ellos, asevera que eran testigos de oídas y debían estudiarse conforme la Corte adoctrinó en CSJ SL2490-2019 y CSJ SL2120-2020. Adicionalmente, anota que, si en gracia de discusión se ignorara tal supuesto, la información que suministraron no servía para conocer el valor de la colaboración del fallecido o las erogaciones de la demandante.

Por otra parte, considera que, del estudio del informe de investigación para pago de prestaciones económicas, la actora consignó que no tenía «discapacidades», de modo que sus afecciones de salud no pudieron ser anteriores a la muerte de su hijo y menos valoradas en el proceso judicial.

De manera que, concluye que no se acreditaron los requisitos exigidos por la norma para el reconocimiento del derecho.

CONSIDERACIONES

Pese a la senda escogida, no se discuten en casación los siguientes hechos:

Que Heriberto Banguero Nieto era hijo de la demandante, murió el 23 de julio de 2014 y cumplió con las semanas requeridas para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes;

Que el fallecido no tuvo descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente;

Que la actora solicitó la pensión de sobrevivientes y la administradora la negó, al no hallar probada la dependencia económica;

Que la promotora del litigio convive con un nieto y su cónyuge, quien labora y es pensionado.

En este caso, el juez plural estimó que, de las declaraciones de parte y los testimonios que se rindieron, se había demostrado que el fallecido hizo contribuciones periódicas y significativas para la subsistencia de la demandante, especialmente, para la subvención de los gastos de su nieto, los costos médicos, los servicios públicos y la contratación de una persona para trabajar en las labores domésticas del hogar, dado que Fabiola Nieto de Banguero no podía realizar tales actividades por razones de salud, por lo que reconoció el derecho pensional.

En su decisión, acudió a los fallos CC T-456-2016 y CC T-538-2015 para fundamentar que la ley no exige que los aportes recibidos por los beneficiarios, en el caso de los padres, sean su fuente total y absoluta de supervivencia material, sino que la falta de estos les impida vivir dignamente.

Por su parte, la recurrente sustenta que el colegiado aplicó indebidamente las disposiciones que regulan la materia, puesto que la dependencia económica exige que se pruebe el monto de las contribuciones del causante y los egresos del progenitor para valorar la subordinación financiera, lo que no se acreditó en el caso.

Así, la censura acusa que de las pruebas obrantes en el expediente se encuentra que la actora y su cónyuge confesaron que con los ingresos de este último eran autónomos monetariamente; y que, de las demás pruebas atacadas, resulta evidente que no se cumplía con los requisitos de ley.

De modo que, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Tribunal incurrió en algún error en el estudio probatorio de los requisitos exigidos para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en lo que concierne a la dependencia económica, cuando se trata de los padres del causante.

Respecto de la temática propuesta, y sin olvidar la vía seleccionada, valga reiterar lo que la Corte expuso con relación a la condición de dependencia económica de los padres respecto del hijo fallecido, pues tal como el Tribunal lo expuso conforme el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, no se requiere que esta sea total y absoluta.

Igualmente, la Corporación resaltó que esta exigencia debe analizarse conforme las circunstancias de cada caso particular y concreto, para que el juzgador establezca si los ingresos que reciben los progenitores tienen la virtualidad de hacerlos autosuficientes desde el punto de vista financiero, al permitirles la satisfacción de sus necesidades dignamente.

La Sala también precisó que no cualquier contribución tiene la capacidad de hacerlos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, pues para ello, es indispensable que dependan económicamente de aquel. Al respecto, es importante resaltar que los aportes, si bien no tienen que ser totales o absolutos, esto no significa que:

[…] cualquier estipendio que se le otorgue a los familiares pueda ser tenido como prueba determinante ser beneficiario de la pensión, pues esa no es la finalidad prevista desde el inicio, ni menos con el establecimiento en el sistema de seguridad social, cuyo propósito, se insiste, es servir de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas […] (CSJ SL4811-2014).

Igualmente, advirtió que la circunstancia de que existan otras ganancias o rentas en favor de los padres del fallecido no excluye su derecho a obtener la prestación. La única condición que debe cumplirse es que esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas (CSJ SL386-2023).

Lo anterior, en armonía con lo señalado por esta Sala, entre otras, en la sentencia CSJ SL1759-2020, en la que se dijo:

“Y la circunstancia que independientemente de la posterior declaración de inexequibilidad contenida en la sentencia C-111 del 22 de febrero de 2006, el ad quem a re[n]glón seguido haya estimado que pese a lo consagrado originalmente en el citado literal d) del artículo 13, que incorporó al ordenamiento la expresión ‘total y absoluta’, debía entenderse que la dependencia allí exigida no podía tener tal connotación, en la medida que en su sentir aquella se configura cuando los beneficiarios de la prestación, no son autosuficientes económicamente así tengan un ingreso o patrimonio, y cuando para poder subsistir dignamente ‘se hallan supeditados al ingreso proveniente del de cujus’; tampoco esas aserciones constituyen un error jurídico, dado que tales razonamientos están acordes a los parámetros jurisprudenciales que de tiempo atrás la Sala de Casación Laboral ha adoctrinado sobre esta precisa temática, antes y después de la expedición de la norma de marras, e incluso mientras estuvo en vigor el enunciado ‘de forma total y absoluta’, en el sentido de que el requisito de la dependencia económica, está concebido bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para poder subsistir, con la precisión de que ‘no descarta que aquellos puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación que predica la norma legal’, como se puede ver en la sentencia del 11 de mayo de 2004 radicado 22132, reiterada en decisiones del 7 de marzo de 2005 y 21 de febrero de 2006 con radicación 24141 y 26406 respectivamente.

Así las cosas, al contrario de lo que asevera la censura, en ningún momento el Tribunal pasó por alto el condicionamiento que introdujo la mencionada disposición legal, lo que ocurrió fue que a la misma le impartió una inteligencia y alcance, que por lo atrás dicho, se aviene a su genuino y cabal sentido, interpretación que se repite, en últimas coincide con la postura inveterada de la Corte.

“Adicionalmente, cabe agregar que como también lo ha expresado la Sala, esa dependencia económica en los términos que se acaban de delinear, indudablemente se erige como una situación que sólo puede ser definida y establecida para cada caso concreto, pues si los ingresos que perciben los padres fruto de su propio trabajo o los recursos que éstos obtengan de otras fuentes, son suficientes para satisfacer las necesidades básicas o relativas a su sostenimiento, no se configura el presupuesto de la norma para poder acceder al derecho pensional, y es por esto, que se ha puntualizado jurisprudencialmente que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del buen hijo, no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica, y en esta eventualidad no se cumpliría las previsiones señaladas en la ley.

A su vez, la Corporación señaló que, para demostrar el requisito exigido por la norma, no es necesario que se realice un cálculo detallado de los gastos de los padres del causante, pues basta con acreditar la subordinación financiera:

Asimismo, no puede dejarse de lado que la aseveración que sobre los gastos familiares hagan los reclamantes solo constituye un estimado económico subjetivo de un consumo aproximado, cuya cuantificación se calcula a priori, sin que ello represente, en estricto sentido, una afirmación pormenorizada o rigurosa de las cargas reales que imponen el sostenimiento de un hogar (CSJ SL2022-2021).

Claras las premisas en precedencia, y dada la orientación probatoria de la acusación, la Sala procederá a analizar los diferentes medios de convicción acusados como mal apreciados o dejados de valorar, a fin de establecer si el Colegiado se equivocó en el fallo. Para ello, se empezará por el análisis de las pruebas hábiles, y de encontrarse un error en su valoración, se analizarán todas las demás que fueron atacadas.

Interrogatorio de parte que Fabiola Nieto de Banguero absolvió

Sobre el particular, es pertinente recordar que esta Sala ha sostenido que el interrogatorio de parte no es un medio probatorio calificado en casación, salvo que entrañe confesión de algún de hecho en los términos del artículo 191 del Código General del Proceso. Igualmente, la norma citada establece que tal medio de convicción debe versar «sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria».

En este sentido, las acusaciones van encaminadas a señalar que Fabiola Nieto de Banguero confesó que era autónoma monetariamente, en tanto describió que su cónyuge tenía como ingresos una pensión por valor de 2 SMMLV y un salario que promediaba entre 1,5 y 2 SMMLV.

Ahora, la actora describió en su declaración que tenía acceso a unas fuentes financieras para el sostenimiento común, derivadas de las ganancias de Heriberto Banguero Bonilla. Sin embargo, destacó que no tenía ganancias propias, sino que hasta el momento de la muerte de su descendiente dependía de él y de su cónyuge, y que los ingresos de este último no permitían cubrir todas las necesidades familiares.

Igualmente, manifestó que sufría diferentes afecciones de salud que generaban altos costos para el sostenimiento común, especialmente, por el pago del plan complementario, los transportes, medicamentos y servicios no cubiertos por el plan de salud, los cuales se sufragaban únicamente con los ingresos del fallecido.

Además, que tal era su condición física que no podía realizar las labores del hogar, por lo que requería de una empleada diaria para atenderlas; egreso que se encontraba a cargo de su hijo y del cual tuvo que prescindir por su muerte. Además, relató que su descendiente financiaba los costos de los servicios públicos domiciliarios, una parte del impuesto predial y el colegio de su nieto, quien cohabitaba en la vivienda y era sobrino del fallecido.

De modo que el juez plural no hizo un estudio incorrecto de la declaración, sino que realizó un análisis integral y determinó que de ella no se derivó ninguna confesión, puesto que en ningún momento admitió que tuviera recursos para subvencionar sus necesidades con el fin de vivir en condiciones dignas.

Así, conforme dicta la norma, el Tribunal recordó que para el reconocimiento de la prestación de sobrevivientes a favor de los padres del causante, no se exige como requisito que la dependencia económica sea total y absoluta, sino que podía ser parcial.

Razón por la cual, en síntesis, estableció que la actora no tenía ingresos propios y que los de su cónyuge eran insuficientes para atender los gastos comunes del hogar, debido a diferentes circunstancias, entre ellas, el estado de salud de la actora. Asimismo, que tenía derecho a la pensión pretendida, con base a que su hijo fallecido, como se indicó, sufragaba su plan complementario de salud, los transportes, medicamentos y servicios no cubiertos por el plan de salud, una empleada de trabajo doméstico debido a su situación médica, los costos de los servicios públicos domiciliarios, una porción del impuesto predial y los estudios de su nieto, todos egresos necesarios para mantener las condiciones de vida digna.

En consecuencia, consideró que los aportes de Heriberto Banguero Nieto eran sustanciales e importantes para la convocante a juicio, sin necesidad de que, como la recurrente solicita, se tuvieran que detallar de manera pormenorizada o rigurosa las cargas reales que imponen el sostenimiento de un hogar o el valor exacto de sus aportes del fenecido, pues basta con acreditar la existencia de la subordinación financiera, como aquí aconteció (CSJ SL2022-2021).

Por ende, el colegiado tuvo en cuenta que la subordinación financiera «debe ser determinada en razón a la trascendencia del aporte económico brindado por el descendiente en la subsistencia digna de los padres en el caso particular», como la Corte asentó en providencia CSJ SL1340-2022.

De manera que sus respuestas no contienen confesión alguna y, por tanto, tal como lo establece el artículo 7. ° de la Ley 16 de 1969, a menos que se acredite un yerro sobre un elemento de juicio que sí lo es, este será calificado, lo que no ocurre en el presente caso.

Resolución 109395 del 14 de octubre de 2010 del ISS

Del acto administrativo, la censura señala que se observa que Heriberto Banguero Bonilla percibía 14 mesadas pensionales anuales por valor de 2,4 SMMLMV, lo que demostraba la autonomía financiera del hogar conjunto con la actora.

Sea lo primero advertir que el Tribunal sí estudió tal documento, no obstante, en un ejercicio de flexibilización la Sala entiende que el ataque se dirige a cuestionar las apreciaciones sobre la misma.

Sin embargo, ocurre lo mismo que con la declaración de Fabiola Nieto de Banguero, esto es, que, a pesar de su estudio, el juez plural determinó, en uso de sus facultades, que las contribuciones del causante eran necesarias para el hogar por existir dependencia económica parcial de la promotora del litigio, de acuerdo con las consideraciones expuestas en precedencia.

Es decir que el Tribunal sí tuvo en cuenta la información contenida en este documento, esto es, que el cónyuge de la demandante devengaba una pensión, solo que determinó, con fundamento en un análisis integral de las pruebas, que tal ingreso no hacía a la reclamante económicamente autosuficiente, en relación con las demás cargas económicas que debía asumir de forma cotidiana, lo que no entraña algún error de hecho evidente y manifiesto.

Lo anterior, en tanto el juez plural advirtió que los recursos del fallecido eran indispensables para que la actora pudiera mantener sus condiciones de vida digna, a través de la financiación de los gastos relacionados previamente.

Testimonios de Huber Rojas Álvarez y Blanca Alzate Ospina, informe de investigación para pago de prestaciones económicas, que la actora no firmó, y declaración de Heriberto Banguero Bonilla

Estos no son medios de convicción calificados en casación, pues de acuerdo con el artículo 7. º de la Ley 16 de 1969, solo tienen tal connotación el documento auténtico, la confesión o la inspección judicial.

Es importante anotar que, a pesar de la solicitud de la censura del estudio de la declaración de Heriberto Banguero Bonilla, con el fin de derivar de ella una confesión que hubiera sido mal apreciada, la Sala recuerda que el padre del causante actúo en el proceso en calidad de interviniente excluyente, sin suscribir pretensiones propias y sin estar ligado a Fabiola Nieto de Banguero, quien es una parte distinta de la litis. Por tanto, esta Corporación no puede entender que exista una confesión que tenga efectos sobre la actora, dado que, como indica el artículo 191 del Código General del Proceso, dicho medio de convicción debe versar «sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria».

Asimismo, recuérdese que el análisis de las pruebas no hábiles en casación queda sujeto a que se demuestre el error de hecho frente a las ya enunciadas, situación que no aconteció y, en consecuencia, releva a la Sala de su estudio.

Por último, la Sala debe recordar que existe libertad probatoria en relación con el requisito de la dependencia económica para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, de modo que el juez de segunda instancia no incurre en un error de hecho manifiesto cuando, en virtud del principio de libre formación del convencimiento establecido en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, fundamenta su decisión en aquellas pruebas que le ofrecen mayor certeza, y en las inferencias que concluye del análisis del litigio.

Adicionalmente, como esta Corporación adoctrinó en innumerables ocasiones, la violación indirecta de la ley supone la comisión de errores manifiestos o protuberantes en el ejercicio de valoración probatoria, con la trascendencia o entidad necesaria para variar el curso de la decisión. Nada de esto logra demostrar la censura, de manera que la sentencia gravada conserva la doble presunción de acierto y legalidad con la cual viene revestida y debe mantenerse intacta.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Sin costas, en cuanto no hubo oposición.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 12 de junio de 2020, en el proceso ordinario laboral que FABIOLA NIETO DE BANGUERO promueve contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., y en el que se vinculó a HERIBERTO BANGUERO BONILLA como interviniente excluyente.

Sin costas.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

Salvo voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrada ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n°94170

REFERENCIA: FABIOLA NIETO DE BANGUERO promueve contra la recurrente, vs. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., y en el que se vinculó a HERIBERTO BANGUERO BONILLA

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito salvar el voto, en estricto rigor, sobre el alcance de la dependencia económica en tratándose de los padres del causante, por lo siguiente:

Objeto y cobertura de la seguridad social integral.

En la Sentencia CSJ SL3312-2020, se expuso que a través de la seguridad social integral se pretende la cobertura de toda la población colombiana, tal como lo indica expresamente el preámbulo de la Ley 100 de 1993 al definir la seguridad social como ese conjunto de,

[…] normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.

De allí, que su diseño se integra por los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, hoy laborales, y los denominados servicios sociales complementarios, a través de los cuales se llega a la población de escasos recursos. Al respecto la sentencia referida señaló:

El sistema integral incluyó dentro del ámbito de aplicación a aquellas personas que no cuentan con capacidad de pago, así en el subsistema de salud que, como su nombre indica, se ocupa de la prestación del servicio de salud de la población a través de planes para el efecto instituidos, en dos regímenes: el contributivo dirigido a aquellas personas con ingresos, esto es, los trabajadores y, el subsidiado, para aquellos de bajos ingresos.

En lo tocante a los subsistemas de Riesgos Laborales y de Pensiones, debe precisarse que los mismos están dirigidos a la cobertura de contingencias de los trabajadores, de un lado ocasionadas en el trabajo y, de otro, la denominada de origen común, esto es, que su causa no está en la labor desempeñada, y que en la actualidad incluye tanto a dependientes como a independientes.

Dado que estos subsistemas son netamente contributivos y se dirigen a la protección del trabajador, esto es, de aquel que tiene capacidad de pago atado a la fuerza laboral, se estableció como componente de la Seguridad Social Integral, los servicios sociales complementarios, focalizados a las personas de escasos recursos y que por la relevancia de los sujetos de protección en el Acto Legislativo 01 de 2005, se delegó en el legislador la posibilidad de crear beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo para la protección a ese grupo poblacional, que precisamente por presentar bajos ingresos, no lograran los requerimientos de acceso a una pensión.

La Ley 1328 de 2009, desarrolló el mandato constitucional y creó el vehículo de ahorro para la obtención de BEPS, de aquellos que, por sus condiciones de ingresos, no podían afiliarse o permanecer en el Sistema General de Pensiones, y como incentivo a dicho ahorro serían beneficiarios de un subsidio estatal, con los que, sumados, se busca primordialmente la obtención de una renta con carácter vitalicia que permita un ingreso en la vejez.

Con ello encontramos que dentro del sistema de seguridad social integral la protección a la vejez se materializa bajo diferentes pilares de acuerdo con la capacidad de ingresos de la persona; así el sistema pensional, dentro de su ámbito de aplicación personal tendrá al trabajador con capacidad de pago que le permite con su aporte contribuir a la financiación de la prestación que del mismo logre; de otro lado, a través de los denominados BEPS dirigidos a personas de escasos recursos, encuentran la manera de lograr algún ahorro, que sumado al subsidio estatal les permita principalmente algún ingreso para la vejez.

Ahora, la seguridad social no dejó de lado a las personas sin ingresos, de tal manera que, con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional, creó el auxilio monetario para el adulto mayor que no cuente con recursos para su ancianidad, programa que busca la ampliación del número de personas que sean beneficiarias del mismo.

Lo descrito nos permite inferir que el sistema de seguridad social integral busca la cobertura de los servicios y prestaciones que de acuerdo con la ley ofrece cada uno de los subsistemas, a los sujetos objeto de protección de manera que son complementarios para lograr la protección integral.

Pues bien, para efectos de definir qué cubre la seguridad social, es importante reconocer que su objeto se encamina a la calidad de vida a través de la cobertura integral de los riesgos citados, apuntando al bienestar individual y a la integración de la comunidad; de allí que comporta un doble contenido, social e individual. Esto nos lleva a un segundo aspecto para tener en cuenta, que es el imperativo de analizar no solo el contenido individual sino su efecto frente a lo social que comporta.

La filigrana de la seguridad social implica la integración de sus componentes y determinar el alcance de la protección según el grupo poblacional y la norma que lo cobija. De allí surge que conceptos como el mínimo vital, el umbral de pobreza - línea de pobreza y pobreza extrema- cobren un significado relevante en la definición del contenido mínimo a proteger, de manera progresiva, que permita aumentar la calidad de vida de toda la población como política de estado.

No se puede dejar de lado que, ante la existencia de escasos recursos para atender todas las necesidades de los habitantes del territorio, se deben distribuir de la manera más eficiente, para lograr en toda la población un nivel de vida adecuado. Dado que existen diferentes grupos poblacionales con distintas necesidades la seguridad social busca la superación del umbral de pobreza y frente aquellos con capacidad económica que tengan cubierta la congrua subsistencia.

Esta última comprendida en el concepto de nivel de vida adecuado se refiere a un mínimo de ingresos y condiciones del sustento básico de una persona y su familia, lo cual, si bien comporta un aspecto jurídico, posee un carácter económico, basado en la evaluación de los costos y, se insiste, las necesidades básicas de los sujetos en su ámbito de protección.

La seguridad social busca contrarrestar las consecuencias que genera la materialización de los riesgos que menoscaban la salud y la capacidad económica, mas no suplir las condiciones socioeconómicas preexistentes. Esto es, tiene un alcance resarcitorio o de superación de umbrales de pobreza más no remuneratorio y en el pilar contributivo encuentra piso de cobertura en ese mínimo vital.

Así, uno de los componentes que conforman a la protección social integral es el subsistema de pensiones, cuyo ámbito cobija a aquellas personas con trabajo dependiente o, independiente que se encuentran obligados a vincularse y aportar al mismo.

El Sistema General de Pensiones y su piso mínimo de protección.

El sistema general de pensiones, como uno de los componentes de la seguridad social integral, busca proteger a los trabajadores de las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte, mediante el reconocimiento de prestaciones económicas, previó el cumplimiento de los requisitos que el legislador ha establecido para ello.

Debe resaltarse y, para continuar en la línea que se viene discurriendo que, tratándose del reconocimiento de pensiones, la Constitución de 1991 establece el piso mínimo monetario de protección al introducir que ninguna mesada pensional podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente y, por esta máxima, en el diseño del sistema, desde la obligatoriedad de afiliación y aportes se circunscribe al mismo. Por manera que, este es el referente del piso de protección en materia pensional, lo que nos lleva a validar qué cubre.

Mínimo vital y móvil - Salario Mínimo

La protección al mínimo vital como derecho fundamental de un trabajador (Art 53 C.P.) está en la definición y en el diseño del salario mínimo mensual, cuya confección se basa en reconocer que los trabajadores, además de las propias responsabilidades y necesidades individuales, deben atender las de su núcleo familiar (artículo 145 C.S.T.), Es por ello que la cobertura de este propende por garantizar un nivel mínimo de bienestar, enfocado en superar la pobreza.

Esta finalidad, contemplada en diversos instrumentos internacionales ratificados por Colombia, reafirma que la remuneración por la prestación del servicio es para cubrir las necesidades mínimas del colaborador, con especial énfasis en incluir las de su familia y, la importancia de tener en cuenta factores económicos para la fijación del salario, teniendo en cuenta, claro está, las condiciones particulares de cada país.

Pues bien, en nuestro caso la determinación del salario mínimo general (rural y urbano) debe ser concertada, y tiene en cuenta «que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia» y para cuantificarlo deben incluirse factores como la inflación, el costo de vida, el crecimiento económico, la productividad, el nivel de empleo y las necesidades básicas para la garantía de subsistencia. Resulta indispensable buscar la protección de los trabajadores con la sostenibilidad económica.

En el evento de no lograr dicha concertación, y de manera subsidiaria, la competencia de establecerlo queda en el ejecutivo que deberá obligatoriamente consultar,

[C]omo parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC)».

Este artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y, la facultad subsidiaria, junto con los parámetros a consultar por el ejecutivo, fue declarado exequible en la sentencia CC C-815-1999 bajo el entendimiento que,

[E]l Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos

De lo asentado se puede extraer que las variables que se aplican para la definición del SMLMV están concebidas de tal manera que cubra las necesidades básicas del trabajador extendidas a su entorno familiar, para con ello, cumplir los cometidos estatales contenidos en la constitución.

Con esta premisa en mente, debe ser analizado el alcance de la pensión de sobrevivientes objeto de análisis.

Pensión de sobrevivientes y su finalidad

La pensión de sobrevivientes tiene como finalidad menguar las consecuencias económicas que se generan en el núcleo familiar por la intempestiva muerte de uno de sus miembros, afiliado o pensionado al Sistema General de Pensiones, que contribuye de manera sustancial a su sostenimiento; esto con el fin de paliar el cambio abrupto de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados beneficiarios de esta protección por la propia ley de seguridad social

Ello es así que, el estatuto pensional determina cuáles personas del núcleo familiar del afiliado o pensionado tienen la vocación de ser beneficiarios, es decir, no cualquiera de ellos tiene tal connotación. La Ley 100 de 1993, en sus artículos 47 y 74, contemplan como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al cónyuge y/o compañero (a) permanente, a los hijos menores del causante y los mayores de edad hasta los 25 años, que dependían de aquel por razón de estudios. A falta de éstos la ley habilita que los padres supeditados económicamente puedan ser beneficiarios de la pensión y, en un siguiente orden, se establece a los hermanos inválidos con la misma relación de dependencia, mientras permanezcan las circunstancias de la invalidez.

3.1. Dependencia económica de los padres para ser considerados beneficiarios de una pensión de sobrevivientes

En cuanto a la protección de los padres a la luz de la Ley 100 de 1993, ha de señalarse que ha existido una evolución.

Inicialmente el Decreto 1889 de 1994, estableció que existía dependencia económica cuando los ingresos de los progenitores eran equivalentes a medio salario mínimo, norma declarada nula por el Consejo de Estado, por exceder la potestad reglamentaria ya que:

El art. 47 de la Ley 100 de 1993 [...] no exige que el beneficiario no tenga ingreso o si los llegare a tener que éstos sean inferior a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual se suspendieron provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la Sala procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad reglamentaria. // Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos. // La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros. // Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el Decreto reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta última que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta.// Las anteriores breves razones llevan a la Sala a concluir que el Decreto acusado, al fijar los alcances del concepto de ‘dependencia económica’ para acceder a la pensión de sobrevivientes, so pretexto de reglamentar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no solo establece unas condiciones no previstas en la norma que reglamenta, sino que limita dicho concepto a situaciones extremas desbordando la potestad reglamentaria e incurriendo en contracción[sic] con los principios que orientan el régimen de seguridad social integral en pensiones”[i]. (Subrayado por fuera del texto original). CE SC, 11 abr. 2002, rad. 2361-98.

Posteriormente, con la Ley 797 de 2003, se calificó la dependencia como total y absoluta, condicionamiento que también fue expulsado del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-111-2006, toda vez que tal exigencia desconocía los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana. En esa oportunidad explicó el Tribunal constitucional que:

[…] si la finalidad de la pensión de sobrevivientes es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado, y por ende, evitar que el deceso implique un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios, ello no descarta la posibilidad de que los padres puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo, de una actividad privada o de una pensión autónoma (v.gr. pensión de vejez o de invalidez), siempre y cuando éstas no los conviertan en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación material que da fundamento a la citada prestación.

De otra parte, esta Sala, en nutrida jurisprudencia, ha precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u otras fuentes de recursos, no obstante los mismos no les permiten una autosuficiencia (sentencias CSJ SL9640-2014, CSJ SL9640-2014, SL8928-2014, CSJ SL30790-2007, CSJ SL22132-2004, CSJ SL24141-2005, CSJ SL26406-2006, CSJ SL30348-2007 y CSJ SL31205-2007).

Así, se entiende que la dependencia económica de los padres no tiene que predicarse de manera total y absoluta respecto de su hijo fallecido; no obstante, no se puede entender que esto habilitó que cualquier ayuda por parte de un hijo se convierte en dependencia económica CSJ SL 14539-2016, CSJ SL 4103-2016 y CSJ SL 16184 -2015 y, con ello, deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial en las condiciones de su subsistencia. Así fue reconocido de antaño por esta corporación cuando al referirse a la norma que regula los beneficiarios de pensión del estatuto de seguridad social dijo en la Sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991. que «simplemente exige la existencia de un vínculo de dependencia económica con éste, por consiguiente, no tendrán aptitud jurídica para aspirar a la prestación de supervivencia aquellos padres que fueren económicamente independientes o que dependieren en tal aspecto de otro miembro del grupo familiar». Negrilla fuera de texto.

Valga rememorar que en el mismo precedente (CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991) esta Corporación determinó:

Por manera que, vistas así las cosas, es la situación de necesidad a la que se ven expuestas las personas que dependían económicamente del causante al dejar de percibir lo que aquél les prodigaba para su subsistencia, y no propiamente los lazos de familia, lo que constituye el interés jurídicamente tutelado por el legislador a través de dicha figura de la seguridad social. Y siendo ello así, no cabe considerar dentro de esta modalidad de protección a otras personas o familiares del fallecido que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio, pues es requisito sine qua non para que ella surja a la vida jurídica, la afectación inmediata y ostensible que a su supervivencia genera la interrupción del flujo de recursos económicos que regularmente el causante les proveía, la cual sólo es entendible de quienes en su núcleo familiar dependían directamente de éste de acuerdo al orden previsto en la ley.

Tal como había asentado este precedente, de un lado la dependencia económica conlleva el concepto de necesidad de esos padres que, al no contar con la manutención por parte del hijo ven afectada su subsistencia, bajo la garantía de nivel de vida adecuado y, de otro para determinar la supeditación, no pueden incluirse familiares que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio

3.2 Ingresos propios y Salario Mínimo

El nivel de ingresos que percibe el padre o la madre se torna relevante para establecer si es o no dependiente en el sistema pensional.

Con sustento en las líneas antecedentes y con el convencimiento de que los recursos propios del padre o madre no descartan la supeditación a lo que proporcionaba el hijo fallecido, el suscrito, en consonancia con el contenido mínimo de protección en la pensión de sobrevivientes, en el marco de aquel que ve en riesgo su mínimo vital es el sujeto de protección, se encuentra que si las fuentes de ingresos al momento del deceso equivalen a un salario mínimo, no se está en condiciones de ser considerado beneficiario.

Ello es así, por cuanto el ascendiente que cuenta con un ingreso de salario mínimo, conforme a la manera en que este es definido, encuentra recursos que le permiten su subsistencia, que es cubrir sus necesidades básicas como son la alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y otros gastos esenciales que promuevan un nivel de vida adecuado.

Se reitera que esta subsistencia económica, con protección constitucional y desarrollo legal, parten del derecho del trabajador a recibir una remuneración justa y equitativa que garantice las necesidades no solo de la persona que recibe el salario o ingreso, sea este dependiente o independiente, sino el de su familia. Por ende, si ya se cuenta con un piso mínimo de cobertura para tener unas condiciones de vida adecuadas, no es beneficiario, puesto que, a riesgo de fatigar, la finalidad de la prestación es hacer menos gravosa la carga económica que sus dependientes tendrían que soportar dada la supeditación al ingreso del hijo.

Aquí y ahora, surge pertinente diferenciar el nivel de vida de una persona y su familia, del concepto de dependencia mínima de subsistencia legal constitucionalmente hoy definida. Esto por cuanto el sistema pensional no entra a cubrir el estándar particular de vida que los padres del causante pudieran estar disfrutando al momento de su muerte, sino evitar que aquel que no cuenta con la cobertura de su subsistencia, se vea afectado en el núcleo duro de protección -mínimo vital y móvil- que debe ser garantizado. Es decir, la mirada de la protección es independiente de la posición o rol social es, en clave de derecho, proteger el contenido mínimo precisamente del derecho del ser humano y su dignidad. Expresado en los términos de la sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991:

En suma, no erró el Tribunal al concluir que la pensión de sobrevivientes no tiene por objeto acrecentar el patrimonio familiar, o que el miembro de la familia que en principio cuenta con aptitud jurídica o vocación para su reconocimiento, la pretenda pretextando la atención de las necesidades económicas de personas del mismo clan que están a su cargo o bajo su tutela. Se repite, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la prestación por muerte tiende es a solventar y suplir el estado de necesidad en que quedan expuestas las personas que individual y directamente dependían económicamente del trabajador o pensionado fallecido al dejar, por ese hecho, de percibir los ingresos económicos con que aquél atendía su sostenimiento. Y como en este caso no hay discusión en que la recurrente es empleada judicial, afiliada a la seguridad social, con las prerrogativas que tal situación laboral apareja, no erró el Tribunal al considerar que su alegación de ser madre o mujer cabeza de familia no era suficiente para obtener la prestación reclamada.

3.3 Calificación de la dependencia

El propósito normativo de establecer el requisito de acreditar la dependencia económica contiene un fin válido, dirigido a que la prestación llegue al real beneficiario del hijo fallecido, que no es otro que aquel, que ante la pérdida su filial, se vea de tal manera abandonado que esto atenta contra su subsistencia.

La dependencia parte de la necesidad de la protección del padre que se encuentra subordinado al ingreso que el hijo le procuraba para salvaguardar sus condiciones de subsistencia, con lo cual la ayuda económica del hijo se torna imprescindible para asumir los gastos ordinarios de los padres, ante la imposibilidad material de los mismos de costearlos para subsistir.

Ha sido claro que la imposibilidad material de los padres de suministrarse los medios para su propia subsistencia, no implica, como se señaló, el encontrarse en estado de mendicidad o la carencia total de recursos, por lo que la determinación de esta imposibilidad conlleva un juicio de autosuficiencia, entendida como aquella autonomía de generar fuentes de recursos que permitan la atención de necesidades básicas que permitan su sostenimiento económico.

Como consecuencia de ello, resulta pertinente efectuar la calificación de la dependencia para lo cual, la Corte ya ha indicado los parámetros que deben seguirse a efectos de establecer la existencia de dependencia económica de un afiliado o pensionado fallecido, partiendo de la premisa de que, si bien la dependencia no debe ser total y absoluta, la entrega de recursos a los familiares no puede ser tenida «como prueba determinante» de la dependencia (CSJ SL14539-2016 y CSJ SL1921-2019). Esto implica que la colaboración económica por parte de un hijo a sus padres no consagra una presunción de dependencia de los padres y, por lo tanto, debe verificarse la magnitud de dicho aporte.

Lo expuesto nos lleva a los criterios que deben ser analizados para calificar la dependencia, también abordado, entre otras, en las sentencias anotadas que reprodujeron la línea de pensamiento fijada en 2014, por esta Sala en la sentencia CSJ SL14923-2014, rad. 47676 y, que se recuerdan:

La dependencia económica debe ser:

Cierta y no presunta:

se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres.

Regular y periódica:

de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario.

Significativa, respecto al total de ingresos de beneficiarios:

se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.

Y, en decisión CSJ SL18980-2017, se reiteró que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente (CSJ SL529-2020 y CSJ SL704-2021), de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante o equivalentes al salario mínimo legal mensual vigente, no es dable hablar de dependencia.

En consecuencia, para el suscrito, para acceder a la protección del sistema de seguridad social en pensiones, los padres deberán, mediante los medios de convicción, acreditar, además, de i) su imposibilidad de autosuficiencia en la generación de fuentes de ingresos, ii) la sujeción material a los ingresos del hijo fallecido al momento del óbito del mismo, parámetros bajo los cuales se determina o no la existencia de la dependencia.

En este punto es importante nuevamente parar mientes en el concepto del deber de alimentos y su procedencia conforme a la ley civil que en su artículo 411 define frente a que personas y quiénes son sus deudores, pues no puede llegarse al punto de hacer nugatoria esta regulación y trasladar tal obligación a un afiliado o pensionado que fallece sin, como paso indispensable, buscar la verdad real frente a quien se es dependiente para el sistema general de pensiones.

Así las cosas, en el caso que nos ocupa, si bien el causante podría haber dado recursos que permitían cubrir determinados gastos, este solo dicho no desvirtuaba la no supeditación de los progenitores. En el presente asunto, se pudo ver que además de los ingresos que podía llegar a proporcionar la madre, su cónyuge y padre del causante se encontraba pensionado además este ejercía como conductor con ingresos que superaban el salario mínimo legal mensual vigente, el que era el cónyuge de la madre accionante. En ese orden, la subsistencia de los padres estaba garantizada por los ingresos familiares principalmente del padre y, aun cuando el de cujus también aportaba al hogar, ya contaban con un piso de protección mínimo que excluye la cobertura del sistema de seguridad social en pensiones, por lo que la decisión del tribunal debió ser casada y, como consecuencia, revocar la decisión de primera instancia y absolver a la demandada de todas las pretensiones.

Finalmente, no sobre insistir en que la protección de la seguridad social no está estructurada para cubrir cuando se «ha desmejorado la calidad de vida de ella», ya que su objetivo es menguar las consecuencias económicas del que es dependiente, que ve en riesgo su mínimo vital.

La sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991, así lo reconoció cuando explicó que:

Desde ya se advierte que el Tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le atribuye la censura, cuando aseveró que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no preveía el mejoramiento del nivel de vida del grupo familiar, “porque se limita a la subsistencia de los padres, sin otro alcance, sin otra filosofía distinta de los parámetros objetivos del mínimo vital (…), la órbita de protección del efecto de sustitución pensional se circunscribe a los progenitores. Es lamentable que la familia sea pobre, pero no es ese estado de cosas el que pretende solucionar la norma. No verlo así sería tanto como desvirtuar por completo su sentido, sería como convertir a la persona sustituta en un puente para que la pensión, en realidad, beneficie a otros miembros de la familia no cobijados como órbita de protección por el artículo 47”.

Las razones anotadas conducen a apartarme de la decisión mayoritaria.

Fecha ut supra.

FERNANDO CASTILLO CADENA

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