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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3130-2022

Pensión de vejez

Fecha
3 de agosto de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
20 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3130-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿La Sala interpretó erróneamente el parágrafo 2.º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 al computar las semanas cotizadas con anualidades de 360 días en vez de días calendario?

Reglas

  1. Para las cotizaciones posteriores a la Ley 100 de 1993, el cómputo de semanas se basa en meses de 30 días y años de 360 días, no en días calendario.

    «la contabilización de las semanas debe atender en una anualidad a 360 días»
  2. En el cómputo de aportes, una semana equivale a siete días y un mes a treinta días, de modo que el año corresponde a 360 días.

    «una semana equivale a 7 días, un mes debe considerarse que es de 30 días y, por consiguiente, un año corresponde a 360 días»
  3. Según la posición mayoritaria de la Sala, una anualidad posterior a la Ley 100 representa 51,42 semanas y cada mes 4,29 semanas por aproximación.

    «lo que se traduce en 51,42 al año y 4,29(por aproximación) al mes»
  4. Para periodos anteriores a la vigencia del parágrafo 2.º del artículo 33 de la Ley 100, la fracción mensual se equipara a 4,33 semanas conforme al Acuerdo 049 de 1990.

    «su fracción por mes se equipara a 4,33»

Decisión

La Corte no casó la sentencia que negó la pensión, al considerar correcto el cómputo de semanas cotizadas sobre anualidades de 360 días.

Parte resolutiva

IX.DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 19 de marzo de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que instauró NUBIA ROCÍO DUQUE ISAZA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-. Costas conforme lo expuesto en la motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3130-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

3 de agosto de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL3130-2022

Radicación n.° 91704

Acta 25

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por NUBIA ROCÍO DUQUE ISAZA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 19 de marzo de 2021, en el proceso ordinario que promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-.

AUTO

Téngase a la sociedad World Legal Corporation S.A.S. identificada con NIT. 900.390.380-0 como apoderada general de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, conforme a la Escritura Pública n.° 3364 del 2 de septiembre de 2019, visible en el cuaderno digital de la Corte.

Asimismo, téngase a la doctora Maira Alejandra Ríos Henao identificada con C.C. n.° 42.160.618 y portadora de la T.P. n.° 296.412 del C.S. de la J., como apoderada sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en los términos y para los efectos del memorial visible en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES

Nubia Rocío Duque Isaza convocó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, con el fin de que se declarara: (i) que prestó sus servicios a favor del Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA desde el 15 de agosto de 1984 hasta el 30 de abril de 1993; (ii) cotizó al otrora Instituto de Seguros Sociales desde el 30 de septiembre de 1994, por lo que acumuló tiempos públicos, así como, empleada privada; (iii) es beneficiaria «del Acto Legislativo 01 de 2005 y del régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993»; (iv) que su pensión debe ser regentada bajo el marco del Decreto 758 de 1990[sic], y (iv) que Colpensiones omitió liquidar los años cotizados por 365 y 366 días, sin tener en cuenta que las semanas son de 7 días.

Con fundamento en las anteriores declaraciones, planteó como pretensiones condenatorias: (i) que Colpensiones actualizara los tiempos durante toda su vida laboral, (ii) que reconociera la pensión de vejez «con base salarial realmente devengada y a partir del 18 de julio de 2013, calenda en que cumplió los 57 años de edad»; (iii) intereses moratorios, y (iv) lo que resulte probado ultra y extra petita.

Edificó sus peticiones, básicamente, en que estuvo vinculada al servicio del extinto Incora desde el 15 de agosto de 1984 hasta el 30 de abril de 1993; laboró al servicio del Instituto de Seguros Sociales durante ocho años y 15 días; que en el Incora se le asignó una retribución salarial mensual de $33.800 mensuales y desde el 30 de septiembre de 1994 cotizó aportes para pensión de vejez sobre una base salarial de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes; que desde el 1º de noviembre de 2001 laboró al servicio de la Registraduría Nacional del Estado Civil hasta el 31 de mayo de 2002; presentó solicitud de reconocimiento pensional ante la accionada, la cual fue resuelta de forma negativa mediante Resolución GNR 170903 del 15 de mayo de 2014; contra el anterior acto administrativo presentó recursos de reposición y, en subsidio apelación, sin embargo, fueron decididos de forma adversa a sus intereses.

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las pretensiones de la accionante, aceptó los hechos relativos al tiempo de servicios prestado al Incora, las cotizaciones realizadas desde 1994 al Instituto de Seguros Sociales, la solicitud de reconocimiento, así como, sus negativas; los restantes afirmó no ser ciertos o no constarle.

Propuso las excepciones de carencia de causa para demandar, prescripción, buena fe, inexistencia de intereses moratorios e indexación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 12 de noviembre de 2020 condenó al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a partir del 1º de noviembre de 2016, por trece mensualidades, en cuantía inicial de $689.455. Además, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, absolvió por concepto de intereses moratorios. Finalmente, autorizó descuentos por concepto de salud y aquello pagado por indemnización sustitutiva.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al conocer del asunto por virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, así como del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 19 de marzo de 2021, revocó la decisión de primera instancia. En su lugar, absolvió a la convocada a juicio e impuso costas en primera instancia.

Para llegar a la anterior conclusión, el tribunal fijó como problema jurídico a resolver, si la accionante era beneficiaria del régimen de transición consignado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, interrogante que de ser afirmativa su respuesta, lo habilitaría para determinar si «le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez de conformidad con lo establecido en el Decreto 758 de 1990[sic]»

Expresó que no eran objeto de debate los siguientes supuestos fácticos: (i) que mediante Resoluciones GNR 170903 del 15 de mayo de 2014 y GNR 223219 del 19 de junio de 2014, Colpensiones negó el derecho a la pensión en el entendido de que la accionante había perdido el régimen de transición, al no acreditar 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005; (i) que la señora Duque Isaza no acreditaba los requisitos para acceder a la pensión de vejez, con fundamento en el amparo de la Ley 797 de 2003; (iii) que mediante Resolución SUB256623 del 30 de enero 2018, Colpensiones reconoció indemnización sustitutiva de la pensión en cuantía igual a $10.651.569.

Para dar solución al interrogante planteado, trascribió el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, luego, expuso que los requisitos previstos en esta última norma, fueron controlados por el Acto Legislativo 01 de 2005, cuando en su parágrafo 4º consagró:

[…] que el régimen de transición no podía extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen tuviesen cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicho Acto Legislativo, es decir para el 29 de julio de 2005, los cuales se les mantendría la transitoriedad hasta el 31 de diciembre de 2014.

Con lo anterior, concluyó que las personas que quisieran mantener el régimen de transición y, con ello, lograr la aplicación de legislaciones anteriores «como lo es el caso del Decreto 758 de 1990[sic], era menester [que]acreditaran los requisitos hasta el 31 de julio de 2010, o para el 31 de diciembre de 2014, siempre y cuando tuviesen 750 semanas de cotización al 29 de julio de 2005».

Descendió, entonces, al caso en concreto y refirió que la demandante nació el 18 de julio de 1956, por lo que al 1º de abril de 1994, acreditaba 37 años de edad, de ahí que en principio sea beneficiaria del régimen de transición. Claro en ello, expuso que:

[E]l artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, prevé la pensión de vejez, para el caso de las mujeres, cuando éstas cumplan 55 años de edad y acrediten 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o 1000 en cualquier tiempo.

La demandante cumplió la edad exigida el 18 de julio de 2011, pues se itera, nació el mismo mes y día del año 1956, lo que conlleva a establecer que la edad la cumplió con posterioridad al 31 de julio de 2010, de ahí que tuviera que acreditar 750 semanas al 29 de julio 2005.

En tal sentido, se tiene que según se desprende del Formato No. – Certificado de Información Laboral emitido por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, la actora laboró al servicio del INCORA por el periodo entre el 15 de agosto de 1984 y el 30 de abril de 1993, lo que arroja un total de 448.44 semanas, adicional a que, como se acredita del reporte de semanas que emitiera COLPENSIONES el 13 de noviembre de 2019 (Fls. 17 a 15), cotizó a dicha entidad un total de 600 semanas comprendidas entre el 30 de septiembre de 1994 y el 31 de octubre de 2016; circunstancia por la cual, colige la Sala que el total de semanas cotizadas por la señora NUVIA ROCÍO DUQUE ISAZA tanto en el sector público como en el privado ascendió a 1.048.44 semanas.

Sobre este punto, y contrario a lo decidido por el fallador de instancia, la demandante no acreditó 750 semanas al 29 de julio de 2005, pues una vez efectuados los cálculos respectivos, se observa que para dicha calenda realizó un total de cotizaciones de 717.15 semanas, situación que conlleva a que el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no se le pudiese aplicar hasta el 31 de diciembre de 2014; y en tal sentido, es palmario que no le asiste derecho a la pensión contemplada en el Decreto 758 de 1990, ni en disposiciones normativas anteriores.

Enseguida, plasmó en una tabla, de manera individualizada, los periodos que lo llevaron a concluir en las semanas enunciadas en su providencia. Cálculos que, de igual manera, le permitieron consentir en la inviabilidad del reconocimiento de la pensión bajo la égida de la Ley 797 de 2003, al acreditarse únicamente 1.048.44 semanas para el año 2016, anualidad para la cual se requerían 1.200 semanas.

Finalmente, y con relación a la pretensión relativa a que el año debía ser contabilizado por 365 días, dado que la semana se reporta como 7 días, tal «tesis se cae de peso, como quiera que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL7995-2015, Radicación n.° 53082, señaló que las semanas de cotización se calculan teniendo en cuenta que la anualidad es de 360 días y el mes de 30 días».

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la providencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, «revoque la sentencia proferida por el ad quem y en su lugar[,] confirme el fallo de primera instancia proferido por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., que condenó a la demandada al reconocimiento y pago conforme a la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia».

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado y pasa a decidirse.

VI. CARGO ÚNICO

Denuncia la sentencia recurrida, por la vía directa, «en la modalidad de aplicación indebida del numeral[sic] 2 artículo 33 artículo 33[sic] y s.s. de la Ley 100/1993, como consecuencia de la infracción directa del literal b del artículo 12 del [A]cuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, 21 del C.S.T. preámbulo de la Carta Política artículos 1, 2, 13, 48, 53, 93 y 229 de la Constitución Política de Colombia».

Para dar desarrollo al cargo, recuerda lo expuesto por el tribunal y, con ello, le cuestiona que, pese a encontrar probado que la accionante es beneficiaria del régimen de transición,

[S]e contradice al hacer la sumatoria de las semanas cotizadas olvidando que los años don[sic] de 365 y 366 días, que las cotizaciones corresponde así: desde 1967 hasta el 31 1994 el año corresponde 52,14 y no como se ve reflejado en los folios 7, 8 y 9 del fallo del Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral de fecha 19 de marzo de 2021[,] el cual omitió dar el valor real de las semanas cotizadas por la demandante, lo cual nos arroja el siguiente resultado: 52,14 por año, 4,345 por mes y 7 días por semanas[sic] presentándose así un error en los resultados de las semanas cotizadas por mandante, debido a que no le liquidan las semanas completa[sic] con lo que se genera perjuicios a todos los cotizantes.

Además, quizá el Honorable del Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral cayo[sic] en el error debido a que todo el tiempo cotizado lo tomaron con la sumatoria de los 360 días por año cotizados cuando realidad los años calendario continúan siendo de 365 y 366 por año al igual que aun nadie sabe donde van los días que cada trabajador está perdiendo al año, o sea que un trabajador trabajo[sic] 20 años está perdiendo 120 o 125 días de cotización.

Aclara que, el ataque se dirige por la vía directa, por cuanto el colegiado, a pesar de la evidencia probatoria, «ignoró la protección legal y constitucional que tienen los y las trabajadoras de Colombia en torno a sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Política», y al ser ello así, «el dislate se presenta en lo que verdaderamente aceptó el juez colegiado, ad quem [sic], y su inconsecuente decisión».

Luego, pregona la existencia de un derecho adquirido cuya titular es la accionante, pero que fue desconocido, sin fundamento, en la sentencia cuestionada. Acusa, entonces, la vulneración de los artículos 53 de la Constitución Política y 43 del Código Sustantivo del Trabajo.

Concluye, para la procedencia de la casación de la providencia, que:

[L]a enorme discrepancia con la sentencia acusada tiene que ver con la equivocada aplicación de las normas legales y constitucionales que hizo el [a]d-quem con las pretensiones de la demanda, circunstancia lamentable que condujo al desconocimiento de los derechos de origen legal y los[sic] fundamentales de la actora y a la valoración de las normas sustanciales del orden nacional invocadas, dislates que salen a flote del cuidadoso examen de la realidad fáctica y probatoria.

VII. RÉPLICA

Luego de hacer un recuento sobre las actuaciones que en sede administrativa se despliegan por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, expone que la accionante si bien fue, en primer término, beneficiaria del régimen de transición, lo cierto es que, dada las previsiones del Acto Legislativo 01 de 2005, perdió tal garantía al no acreditar 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios, para el momento en que entró en vigencia la precitada reforma constitucional.

En ese contexto, afirma que el número de semanas reportadas equivalen a un total de 720.85 al 25 de julio de 2005[sic], discriminadas en 470 en el servicio público y 280.85 en el sector privado, por lo que, su prestación no podía ser estudiada en el marco del Acuerdo 049 de 1990 dada la pérdida del régimen de transición. Como sustento acude a la sentencia CC SU-769-2014, la que transcribe.

Añade que, de igual manera, analizó la viabilidad de la prestación pensional con amparo en la Ley 797 de 2003, requisitos que no encuentra cumplidos dado que la accionante adquiere el status de pensionada para el 18 de julio de 2013 y, en tal momento, se exigen un mínimo de 1250 semanas, pero solo encuentra acreditadas 1055.

Finaliza con la solicitud de no casar la sentencia, por cuanto del análisis probatorio y fáctico consignado en la providencia

[L]ogra concluirse que los cargos contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de noviembre de 2020, no se encuentran llamados a prosperar, toda vez que dicha decisión se ajusta a la normatividad aplicable al caso controvertido y se encuentra fundamentada en las pruebas debidamente allegadas al libelo […].

VIII. CONSIDERACIONES

En primer término, debe precisarse que en el escrito de demanda, se observan algunas falencias de técnica, tales como, el solicitar se case la sentencia de segunda instancia, y de forma simultánea, su revocatoria: ello, por cuanto de proceder al quiebre del fallo en esta sede, este desaparece del escenario jurídico; sin embargo, tal imprecisión puede ser superada al entender que, lo realmente pretendido por la recurrente, es que, en sede de instancia, se confirme la decisión del a quo que concedió el derecho pensional.

Por otra parte, esta Corte tiene por explicado con profusión que la infracción de la ley por aplicación indebida, tiene lugar cuando el juzgador entiende rectamente la norma pero la aplica a un hecho o a una situación no prevista o regulada por ella o le hace producir efectos distintos a los contemplados en la propia norma; mientras que la interpretación errónea se produce cuando yerra en cuanto al contenido del precepto legal por desconocimiento de los principios interpretativos, desviándose del cabal y genuino sentido de la disposición(CSJ SL1392-2018, CSJ SL, 22 nov. 2006, rad. 27.237); de manera que, en el presente cargo, resulta impropio pregonar, ante un mismo elenco normativo, que este fue aplicado de manera indebida y a su vez, interpretado de forma errónea; sin embargo, una lectura integrada permite concluir que, la acusación se plantea con fundamento en la presunta interpretación errónea que extiende la sala sentenciadora, a aquella previsión legal consignada en el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, la que en su sentir, obliga a tener la semana por fracciones de 4,34 y los años de 365 y/o 366 días (52,14 semanas) y no de 360 días.

Superados los aspectos de técnica, al descender en el caso en estudio y dirigirse el cargo por la vía directa, son supuestos fácticos no sometidos a discusión, que: (i) la accionante nació el 18 de julio de 1956, por lo que al 1º de abril de 1994, acreditaba 37 años de edad; (ii) era beneficiaria del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dado que superaba los 35 años de edad; (iii) laboró al servicio del INCORA por el periodo entre el 15 de agosto de 1984 y el 30 de abril de 1993, y (iv) cotizó a la entidad de seguridad social, por el periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 1994 y el 31 de octubre de 2016.

Ahora bien, puesta la mirada en la decisión cuestionada en sede casacional, se tiene que el fallador de segundo grado concluyó que para el momento en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005 -29 de julio de 2005-, la accionante solo acreditaba un total de 717.15 semanas, reproche en que estriba el embate, dado que, desde el criterio de la censura, tal contabilización parte de una imprecisión puesto que se adjudica la fracción de 4,29 semanas por mes de cotización y no 4,34, ello, dada la imperiosidad de atender el año cotizado por 365 días o bien 366, mas no 360 conforme hizo el colegiado.

De acuerdo con lo anterior, una cosa debe quedar en claro, en el embate no se hace cuestionamiento a los tiempos que se reportan como cotizados, sino su equivalencia en días que se trasponen a semanas y años. De esta manera, y reiterando que el ataque se dirige por la vía directa, aquella consideración del fallador sobre este particular, que aparece consignada en los folios 7, 8 y 9 de la providencia de segundo grado, apartes por demás enunciados en el cargo, no serán objeto de análisis en un marco diferente al expresado en este último.

De manera que, le corresponde a la Sala, el determinar si el colegiado incurrió en una interpretación errónea de la previsión legal consignada en el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 cuando allí se dispone que “se entiende por semana cotizada el periodo de 7 días calendario”, pero concluye que los años deben ser contabilizados por 360 días calendario y no 365 o 366 días.

Sobre este particular, recordemos la posición mayoritaria de la Corte, la cual se acompasa con aquello expuesto por el juez de alzada. En efecto, recientemente, esta Sala en la sentencia CSJ SL3585-2020, donde se reitera lo expresado en la CSJ SL7995-2015 razonó:

[E]n lo concerniente al cómputo de semanas que alega la actora debe realizarse sobre 365 días al año, la Corte recuerda que la correcta contabilización de los términos para la afiliación o cotización se toman así: una semana equivale a 7 días, un mes debe considerarse que es de 30 días y, por consiguiente, un año corresponde a 360 días y, por ende, ese cálculo no se mide por los días calendario. Así lo dijo en sentencias CSJ SL3794-2015, rad. 56639 y CSJ SL7995-2015, rad. 53082, reiteradas en providencias CSJ SL2050-2017, rad. 46017 y SL529-2018, rad. 64588.

En la sentencia hito CSJ SL7995-2015, del 25 mar. 2015, rad. 53082, esta Sala sostuvo al respecto:

Aun cuando desde la demanda inicial la actora planteó la necesidad de calcular la anualidad de aportes como equivalente a 365 o 366 días y no a 360, la mensualidad a los propios de cada una de ellas, o sea, 28, 29, 30 o 31 y no a 30; y la semana a 7, que es lo que indica en este último caso la ley, con lo cual alcanzaría el número de semanas de cotización que asigna a las 20 anualidades de aportes exigidos en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 (1.029 para ser exactos), la razón no le asiste en manera alguna, pues es indiscutible que los plazos previstos en la ley repudian la contabilización de términos sobre el único concepto de ‘día’, dado que los hay de otros órdenes, como son los de semanas, meses y años, con la incidencia de que en tanto los de ‘días’ y de ‘semanas’ son por esencia uniformes --hablando de que los primeros siempre se cuentan en una unidad inferior de tiempo de 24 horas y las segundas de 7 días--, los meses y los años no lo son, dado que los meses lo pueden ser de 28, 29, 30 o 31 días y los años de 365 o 366 días. Tal divergencia se ha superado teniendo el término del mes como equivalente a 30 días, y por ende, el del año a 360 días (12 x 30).

De esa manera es que ha resultado dable al legislador facilitar el uso de distintos plazos a los particulares en el desenvolvimiento de sus diversas relaciones jurídicas, y a estos, adquirir seguridad para saber cómo se computan los plazos o términos acordados --en los actos jurídicos de esa naturaleza-- o los impuestos por éste mismo, para de esa forma tener certeza sobre el nacimiento o extinción de sus obligaciones o derechos.

Ello explica que en el mundo del trabajo el salario, las prestaciones sociales de cualquier naturaleza y demás conceptos de orden laboral se paguen regularmente por quincenas, mensualidades o anualidades sin distinción al número de días calendario al cual corresponda el respectivo período laborado. También, que para efectos fiscales se tomen en cuenta similares guarismos, y que salvo disposición legal en contrario, las cotizaciones se sufraguen en idénticos términos. Tal tipo de convención en manera alguna contradice el sentido común de las cosas, más bien se respalda en él, como en disposiciones como las consignadas en los artículos 18 de la Ley 100 de 1993, 134 del Código Sustantivo del Trabajo, 67 del Código Civil, 59 de la Ley 4ª de 1913, entre otras, que, en suma, predican una uniformidad de medida de los tiempos en que se cumplen los plazos y los términos de la ley.

En suma, como lo ha dejado dicho la jurisprudencia, los términos de afiliación o cotización a los entes administradores de riesgos del Sistema de Seguridad Social Integral no se miden por los días calendario, sino por términos uniformes de 7, 30 y 360 días, respectivamente, es decir, semanas, meses y anualidades.

Y en la sentencia CSJ SL3794-2015, rad. 56639, se dijo:

Ahora, debe recordarse que para acceder a las pensiones del Sistema de Prima Media con Prestación Definida, el tiempo exigido no es el que transcurre entre una fecha y otra, sino el correspondiente a semanas de cotización, para cuyo cálculo el parágrafo segundo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, establece que «se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días calendario» y que «la facturación y el cobro de los aportes se hará sobre el número de días cotizados en cada período». Y de otro lado, el artículo 18 de dicha ley prescribe con meridiana claridad que la base de las cotizaciones para los trabajadores dependientes de los sectores público y privado, será el salario mensual. Y cuando se alude al salario mensual, el período que se remunera es el de 30 días y no otro diferente, sin tener en cuenta el número efectivo de días que comprende un mes calendario. Es decir que generalmente se remuneran 30 días sin importar que un mes tenga 28, 29 o 31 días como sucede en algunos, y sobre esa remuneración es que se realizan los aportes a la Seguridad Social Integral.

Se concluye entonces en la precitada decisión, que

Todo lo anterior permite entender, sin dificultad, el porqué de las historias laborales expedidas por las administradoras de los regímenes de prima media con prestación definida y de ahorro individual con solidaridad, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues, de otro modo, las cotizaciones deberían variar mensualmente según el calendario, y, por ejemplo, en los meses de 31 días, los empleadores y trabajadores independientes estarían en la obligación de cotizar ese día adicional para que fuera tenido en cuenta por la entidad recaudadora y no imponerle a ésta que cuando el aporte se realiza por 30 días, aquel deba asumir el día adicional de cotización.

Del anterior criterio jurisprudencial, fluye con claridad que, de acuerdo con la posición mayoritaria de esta Sala, luego de la expedición de la Ley 100 de 1993, la contabilización de las semanas debe atender en una anualidad a 360 días, lo que se traduce en 51,42 al año y 4,29(por aproximación) al mes. Pero, una aclaración imperiosa debe realizarse, los periodos que transcurren de forma anterior a la vigencia del precitado aparte legal, según el parágrafo primero del Título II del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año-norma no cuestionada en el cargo-, su fracción por mes se equipara a 4,33, lo que si con extrema laxitud se analizara dentro del embate, en nada modificaría la presente decisión, como quiera y la diferencia en el cálculo, no permite acreditar las 750 semanas que pregona la censura.

Como colofón se tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, cambiando lo que haya que cambiar, es innegable el acierto de la sala sentenciadora y la improsperidad del cargo planteado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente y a favor de la opositora, se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($4.700.000), que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 19 de marzo de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que instauró NUBIA ROCÍO DUQUE ISAZA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-.

Costas conforme lo expuesto en la motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

(Aclara Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

(Aclara Voto)

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n.° 91704

REFERENCIA: NUBIA ROCÍO DUQUE ISAZA vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto, en torno a la forma en que deben contabilizarse las semanas en el sistema general de seguridad social.

En mi sentir, y sobre este punto, se deben tener en consideración todos los días calendario de cada año.

A la verdad, las razones son muy concretas, como paso a explicarlas.

El artículo 17 de la Ley 100 de 1993, establece que durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.

Por su parte, el artículo 18 ibidem instituye el ingreso base de cotización y claramente dispone que este será el salario mensual y, en consecuencia, las cotizaciones se liquidarán con base en aquél devengado por el afiliado.

Así mismo, el parágrafo 2º del artículo 33 del estatuto de la seguridad social estatuye que, para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada período.

Entonces, mientras los dos primeros preceptos hacen referencia a la base sobre la cual se debe cotizar que, como se dijo, corresponde al salario mensual, el cual puede variar si por ejemplo el trabajador labora horas extras, dominicales, festivos, viáticos, pero que de todas maneras corresponde a un monto que se calcula mensual, el tercero es claro en definir que una semana de cotización equivale a 7 días calendario.

De suerte que a la luz de lo erigido en el mencionado parágrafo refulge que las semanas sobre las cuales se cotiza corresponden a 7 días calendario, sin importar que los meses sean de 28, 29, 30 o 31 días, o que los años sean de 365 o 366 días.

Lo anterior debe ser así por la sencilla y potísima razón de que el sistema integral de seguridad social, está diseñado para que el afilado y sus beneficiarios estén protegidos durante todos los días del año y, por ello, también se cotiza todos los días de cada anualidad, pues no tendría ninguna lógica jurídica que pese a que el trabajador aporta sobre el entendido de que la semana cotizada corresponde al período de 7 días calendario, cuando, por ejemplo, arribe a la edad-pensión de vejez- no se le tengan en cuenta los días efectivamente aportados, lo que implicaría que las semanas de cotización no fueran de 7 días calendario, como lo dispone la ley, sino mucho menor, soslayando que el sistema se nutre y reconoce las prestaciones, precisamente por las semanas de cotización.

Es que, si echáramos mano del vetusto método de interpretación ad absurdum, se llegaría a la conclusión que un siniestro ocurrido, verbi gracia, el 31 de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre o diciembre, el sistema no lo debe cubrir porque únicamente se cotiza por 30 días.

Claro que ¡Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa¡ Una es el ingreso base de liquidación- salario- que según el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo debe pagarse por períodos iguales y, otra, muy diferente, que una semana de cotización corresponde a 7 días calendario. Interpretar que como para el salario mensual se tiene en cuenta el mes de 30 días, también se cotiza por ese mismo periodo, es pasar por alto la existencia del palmario querer del legislador expresado en el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

De manera que, al descender en el presente asunto, si bien la censura edificada su cuestionamiento, en parte, en el hecho de no contabilizarse los años por 365 días, lo cierto es que, realizadas las operaciones aritméticas del caso, ni aún asumiendo las anualidades de esta manera, la accionante cumple con las 750 semanas narradas en el Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar el régimen de transición.

Fecha ut supra

FERNANDO CASTILLO CADENA

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: Nubia Rocío Duque Isaza

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Radicación: 91704

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala y tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, si bien estoy de acuerdo con la decisión de no casar la sentencia, dado que la actora no reunió los requisitos para conservar el régimen de transición, pues no contaba con 750 semanas de cotización al 29 de julio de 2005, aclaro mi voto en tanto discrepo del argumento relativo a que «luego de la Ley 100 de 1993, la contabilización de las semanas debe atender en una anualidad a 360 días, lo que se traduce en 51.42 al año y 4.29 (por aproximación) al mes», dado que solo los periodos anteriores pueden tenerse en cuenta en una fracción por mes que se equipara a 4.33 [semanas]»; al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990.

Ello, porque a mi juicio, sí es viable contabilizar los tiempos de cotización al sistema general de pensión por períodos de 365.25 días anuales, sin importar si corresponden a interregnos previos o posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Lo anterior, por las siguientes razones:

En mi criterio, las cotizaciones al sistema general de pensiones deben contabilizarse con los días calendarios que efectivamente trabaje la persona afiliada, esto es, de acuerdo a los días que tenga cada mes o año, sin distinción que se trate de tiempos de servicios cotizados o laborados antes o después de la Ley 100 de 1993.

Y, para ello, es oportuno señalar que el sistema pensional colombiano está amparado, entre otros, en los principios de universalidad, eficiencia e integralidad -artículo 2 de la Ley 100 de 1993 y 48 de la Constitución Nacional-. Ello implica un objetivo universal de garantizar el derecho irrenunciable, mínimo y fundamental a la seguridad social de todas las personas -artículos 48 y 53 ibidem- y, para tal fin, las normas que regulan las contingencias protegidas por el sistema deben basarse en un principio de justicia, esto es que cada persona contribuya según su capacidad y «reciba las prestaciones que correspondan al trabajo prestado».

Bajo esta orientación, el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que para adquirir los derechos pensionales que contemplan las normas legales es necesario cumplir «la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley».

Ahora, en cuanto a la forma de calcular las semanas de cotización para efectos pensionales, tal aspecto está regulado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, parágrafo 2.º, cuyo contenido no fue alterado por el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, que estipula lo siguiente:

PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada período (negrilla fuera del texto original).

En mi criterio, la anterior precisión relativa a que una semana corresponde a «7 días calendario» debe entenderse en su sentido natural y obvio, esto es, que independientemente del día en que una persona comience a prestar sus servicios subordinados o independientes, la primera semana la cumplirá cuando alcance «7 días calendario».

Lo precedente permite concluir que el sentido y finalidad de la norma no parece estar encaminada a plantear reglas de uniformidad para contar meses, años o «semanas» de trabajo, sino más bien a darle valor y contenido al simple hecho de trabajar, supuesto que da vida jurídica a las prestaciones pensionales (CSJ SL8082-2015) y entre los cuales debe existir correspondencia, tal como se explicó. Ello es evidente cuando la norma hace expresa mención a «días calendario», de lo cual no emana otra cosa que en la contabilización de semanas, deben incluirse todos los días laborados.

De modo que no se advierte compatible con aquella finalidad el entendimiento que refiere la simplificación de los años y meses a 360 y 30 días respectivamente.

Y es que si el parágrafo 2.º del artículo 33 en estudio señala que por semana cotizada se entiende un período de «7 días calendario», es claro que el legislador no previó nada distinto a que todas las semanas debían contarse así, se reitera, con los días del «calendario», esto es, día a día. Por tanto, simple y llanamente lo que corresponde es contar todos los días laborados por la persona trabajadora y llevarlos a semanas de cotización dividiendo el resultado final entre 7 días.

Lo anterior no significa que la simplificación de los años y meses, esto es, la reducción a su forma más breve y sencilla -30 días y 360 días-, no pueda ser válida en otros contextos, como en el pago de salarios fijos por «mensualidades» -artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo- o del ingreso base de cotización con base en el «salario mensual» -artículo 18 de la Ley 100 de 1993-.

En efecto, nótese que, en el primer caso, entender que la mensualidad del salario sea de 30 días le da estabilidad a la remuneración pues impide que su monto varíe negativamente en los meses que tienen menos días. Asimismo, permite precisar el valor del salario diario a fin de computar el valor del trabajo suplementario, los descuentos legales autorizados, permisos no remunerados, etc.; y, desde luego, esto facilita su correspondencia con las bases salariales para pagar las cotizaciones mensuales al sistema pensional.

Sin embargo, lo anterior no tiene el mismo efecto útil en la contabilización de las semanas de cotización en materia de seguridad social, pues anula el hecho que los aportes se realizan, por regla general, por el trabajo de un mes completo y que este no siempre es de 30 días. En otros términos, el hecho que los aportes a pensiones se paguen con el «salario mensual» por mandato del artículo 18 citado, y que esta remuneración se pague generalmente -pero no exclusivamente- por sumas calculadas con una variable de 30 días, no debe servir como argumento para considerar «ficticiamente» que la persona trabaja siempre 30 días en un mes y 360 en un año, cuando la realidad material es otra.

Y esta divergencia entre la simplificación de las semanas con la realidad material no es un asunto menor, pues cuando el cálculo de las semanas aportadas se efectúa con 30 días mensuales y 360 días al año, terminan afectando los derechos pensionales de los trabajadores en tanto no se reconoce el verdadero tiempo de trabajo laborado. En efecto, si una persona labora entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de cualquier año, dejan de contabilizarse entre 5 o 6 días dependiendo si es o no bisiesto, cuando en realidad laboró todos los meses completos y, por supuesto, también pagó la cotización pensional por todo el mes.

Así, adviértase que para alcanzar 1300 semanas bajo la ficción de un mes de 30 días y un año de 360 días los afiliados en realidad tendrían que laborar aproximadamente 19,28 semanas de más (casi 4 meses y 15 días adicionales), y ello es porque con este método se le desconocen a una persona por año entre 0,71 y 0,85 semanas de trabajo.

En ese orden, es claro que las personas no accederán a una pensión de vejez en el tiempo de trabajo que el legislador, en el marco de su potestad de configuración legislativa, consideró como causante de ese derecho pensional. Esto es sumamente relevante si se tiene en cuenta que uno de los rasgos característicos de esta prestación es justamente el de compensar el desgaste físico producido por un largo período de labores, de modo que el hecho de mantener un criterio que obligue a las personas a laborar más allá del tiempo predefinido en la ley, evidentemente no reconoce aquel fin y se aparta de los propósitos legislativos; y no debe olvidarse, además, la importancia que esta reducción paulatina de semanas efectivamente trabajadas tiene en la causación de pensiones tan relevantes como las de invalidez o sobrevivientes.

Ahora, es importante destacar que el precedente actual sustenta la simplificación de las semanas a 30 días mes y 360 días año en los citados artículos 18 de la Ley 100 de 1993 y 134 del Código Sustantivo del Trabajo, así como en el 67 del Código Civil y 59 de la Ley 4.º de 1913.

Respecto de los dos primeros, ya se precisó que su efecto útil no encaja en las finalidades de la seguridad social que procura que las pensiones de vejez correspondan al trabajo efectivamente prestado. Y, en cuanto a los dos últimos, la Corte ya tuvo oportunidad de aclarar que no siempre tienen cabida en el análisis de los términos y plazos en materia laboral, pues «en el Derecho del Trabajo existe la particularidad de que el contrato de trabajo se ejecuta día a día, desde la fecha de su suscripción hasta aquella de su finalización. Todos los días, incluso los de descanso dominical y festivo, suman para efectos laborales» (CSJ SL981-2019, subraya la Sala).

De modo que esas referencias normativas no pueden sustentar la contabilización de las semanas efectivamente laboradas, y menos si del parágrafo 2.º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9.º de la Ley 797 de 2003, emana con objetiva claridad que para contar las semanas deben tenerse en cuenta «todos los días calendario laborados».

De hecho, si se trata de auscultar en el ordenamiento jurídico a fin de hallar una norma que sea sistemáticamente consecuente con el fin que desprende el precitado artículo, se destaca que el artículo 4.º del Decreto 1748 de 1995 señala que «para los cálculos de bonos pensionales previstos en este decreto, un año de cotización o tiempo de servicios, equivale a 365,25 días». Si bien esta norma se contempla para calcular bonos pensionales, la Corte no advierte algún motivo que impida trasladar esa referencia para la contabilización de semanas en las prestaciones que otorga el sistema de pensiones en el régimen de prima media. Nótese que los bonos pensionales no son exclusivos de tiempos de servicio anteriores a la Ley 100 de 1993, de modo que no se advierte alguna razón que justifique tener años de cotizaciones con 365,25 días a efectos de calcular bonos pensionales, pero para establecer las semanas de cotización el año se considere de 360 días.

Similar suerte se corre con el artículo 2.º, parágrafo 1.º del Decreto 2192 de 2004 «El tiempo de servicio será liquidado computando trescientos sesenta y cinco (365) días por año, treinta (30) días por mes», y artículo 7.º, numeral 7.7. del Decreto 2070 de 2003 «Para efectos de la asignación de retiro o pensión de sobrevivientes, el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, liquidarán el tiempo de servicio, así: … El tiempo de servicio como Oficial, Suboficial, miembro del Nivel Ejecutivo, Agente, o Soldado Profesional, computando 365 días por año de servicio».

Y el hecho que estas dos últimas disposiciones reglamenten el cómputo de servicios de ciertas prestaciones económicas del régimen exceptuado de la fuerza pública, no permite concluir que no le resulten aplicables a la contabilización de semanas de las prestaciones del sistema de pensiones, pues es evidente que tanto las normas en comento como el pluricitado parágrafo 2.º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9.º de la Ley 797 de 2003, hacen parte de una misma área del derecho, esto es, la seguridad social, un derecho hoy día con sus propios principios, reglas, bases, fundamentos constitucionales y legales que lo hacen una rama autónoma e independiente del derecho al trabajo.

Aunado, razonablemente puede expresarse que existe una interpretación jurídicamente plausible para que ante esta problemática, resulte más coherente con la autonomía del derecho a la seguridad social, aplicar por analogía los artículos 4.º del Decreto 1748 de 1995, 2.º del parágrafo 1.º del Decreto 2192 de 2004 y 7.º, numeral 7.7. del Decreto 2070 de 2003, en predominio de los preceptos 134 del Código Sustantivo del Trabajo y 67 del Código Civil y 59 de la Ley 4.º de 1913.

Y es que el principio de analogía, contenido en el 8.º de la Ley 153 de 1887, a saber: «cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho», implica que no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido; que la norma que se aplica sea semejante a la que inicialmente regula el caso y contempla el vacío normativo, y que exista identidad de razón jurídica para aplicar a la última el supuesto contenido en la primera (se destaca).

En esas condiciones, es evidente que el argumento del cual discrepo no se compadece con las reglas generales de la analogía, toda vez que los artículos 134 del Código Sustantivo del Trabajo y 67 del Código Civil y 59 de la Ley 4.º de 1913 no regulan una situación semejante a la que debe resolverse, esto es, el cómputo de semanas para la adquisición de los derechos prestacionales del sistema de seguridad social en pensiones.

En lo que a este último tema se refiere, esta Sala en sentencia CSJ SL31746, de 2 de julio de 2008, esta Corporación, explicó:

Y ese razonamiento no resulta desacertado porque, como lo ha explicado esta Sala de la Corte, la analogía como medio de integración del derecho no puede ser utilizada en forma mecánica, porque el raciocinio lógico que da origen a la utilización de una norma análoga a una situación similar exige el estudio de las respectivas situaciones jurídicas para encontrar si en ellas existen diferencias, pero también se precisa establecer si por su origen, naturaleza, alcance o campo de aplicación, en la norma que se pretende aplicar se presenta alguna circunstancia que impida su utilización a determinado caso, no regulado por ella.

Por su parte, la normativa referida anteriormente y que está contenida en el 4.º del Decreto 1748 de 1995; 2.º del parágrafo 1.º del Decreto 2192 de 2004 y 7.º, numeral 7.7. del Decreto 2070 de 2003, expresamente sí prevé una situación similar y, por consiguiente, su aplicación cumple con las reglas de la analogía: (i) ausencia de norma aplicable, (ii) existencia de una norma que regula un asunto semejante, e (iii) identidad de razón jurídica de las normas.

En los anteriores términos sustento mi aclaración de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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