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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3131-2022

Casación laboral

Fecha
17 de agosto de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3131-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Podía controvertirse por la vía directa la valoración de los elementos fácticos que llevaron al Tribunal a declarar configurada la cosa juzgada sobre la reliquidación de la pensión?

Reglas

  1. La vía directa de casación exige aceptar los hechos establecidos por el Tribunal y limita el debate a errores jurídicos en la aplicación, inaplicación o interpretación de la ley.

    «parte en su estructuración de la aceptación total de los hechos que se tienen por probados en la decisión fustigada»
  2. La discusión de errores de hecho derivados de la apreciación o falta de apreciación de pruebas debe plantearse por la vía indirecta.

    «lo que encuentra oportunidad al plantearse el cargo por la vía indirecta»
  3. La vía directa excluye cuestiones probatorias y no permite reexaminar si en el caso concreto se configuraron los requisitos fácticos de la cosa juzgada.

    «se aleja de toda posibilidad que en el planteamiento de la acusación se discutan cuestiones probatorias»
  4. El recurso extraordinario de casación tiene por objeto controlar la legalidad de las providencias que ponen fin a las instancias y proteger la aplicación del derecho objetivo.

    «la labor que despliega la Sala, se materializa en un control de legalidad que se aplica a las providencias»
  5. La censura debe atacar todos los pilares fácticos de la decisión; si deja alguno indemne, subsiste la presunción de legalidad y acierto del fallo.

    «la censura dejó indemnes todos los pilares de la decisión, dada la doble presunción de legalidad y acierto»
  6. La infracción directa, la interpretación errónea y la aplicación indebida son los submotivos de violación de la ley propios de la vía directa.

    «el directo comprende los tres conceptos o submotivos de trasgresión de la Ley sustantiva denominados infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea»

Decisión

La Corte no casó la sentencia del Tribunal que declaró probada la cosa juzgada y negó la reliquidación; impuso las costas del recurso extraordinario a la recurrente.

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia 26 de febrero de 2021, proferida por Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso instaurado por MARGARITA DOLORES DÍAZ FERNÁNDEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-. Costas como se dijo.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3131-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

17 de agosto de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL3131-2022

Radicación n.° 91272

Acta 27

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por MARGARITA DOLORES DÍAZ FERNÁNDEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 26 de febrero de 2021, dentro del proceso ordinario laboral que promovió en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES

Margarita Dolores Díaz Fernández convocó a la entidad demandada para que se le condenara a reliquidar la pensión de vejez reconocida aplicando el porcentaje máximo del 90% sobre el ingreso base de liquidación, tomando hasta el último aporte pagado, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, junto con el pago del retroactivo correspondiente a las diferencias generadas desde el 1° de junio de 2010, los intereses moratorios y lo ultra y extra petita y las costas del proceso.

En sustento de las pretensiones, indicó que: cotizó de manera ininterrumpida al sistema de pensiones desde enero de 1967 hasta el año 2011, un total de 1505,29 semanas; es beneficiaria del régimen de transición; efectuó aportes con un ingreso superior a tres salarios mínimos; fue pensionada mediante la Resolución n.° 0560 de 2011 a partir del 10 de julio de 2001 en cuantía equivalente al salario mínimo legal, con ingreso a nómina a partir del 1 de junio de 2010, sin tener en cuenta las cotizaciones de los últimos diez años para conformar el IBL; solicitó la revisión del monto de la pensión, la cual se le negó mediante acto administrativo GNR 395647 del 7 de diciembre de 2015, contra el que interpuso los recursos de ley, sin que a la fecha de presentación de la demanda se hubieran resuelto.

Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda, admitió algunos de los hechos y negó otros; en su defensa, propuso las excepciones de cosa juzgada, cobro de lo no debido, prescripción y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, por decisión del 15 de agosto de 2017, declaró probada la excepción de cosa juzgada y, como consecuencia, absolvió a la demandada de todas las pretensiones y condenó en costas a la actora.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 26 de febrero de 2021, confirmó la sentencia apelada e impuso costas a la demandante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Colegiado consideró como fundamento de su decisión, que le correspondía definir si la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, a través de la cual le reconoció la pensión a la actora, hizo tránsito a cosa juzgada frente a la pretensión de reliquidación planteada en este asunto.

Señaló que en la decisión judicial referida se condenó a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a partir del 10 de julio de 2001, en los términos del Acuerdo 049 de 1990, por virtud de la aplicación del régimen de transición. Luego de lo anterior dijo que, en el presente asunto se aspira a reliquidar la misma prestación teniendo en cuenta los IBC incluyendo los referidos a Electricaribe.

Acto seguido se remitió a la institución de la cosa juzgada y al artículo 303 del CGP, se refirió a los presupuestos de identidad de partes, de objeto y de causa, luego de lo cual señaló:

En efecto, en el primer proceso el reconocimiento y pago de la pensión vejez fue parte del petitum de la demanda, estableciéndose lo concerniente a su cuantía en el salario mínimo, pero sin que el juez de la causa anterior abordara expresamente lo relacionado con el ingreso base de liquidación y el monto de la pensión o tasa de reemplazo. Es decir, el juez sin mayor análisis fijó la mesada pensional en el salario mínimo mensual legal vigente.

Sin embargo, advierte la Sala que los aportes pensionales cotizados bajo ELECTRICARIBE S.A E.S.P. sí fueron materia de pronunciamiento por el juez anterior, sino que las cotizaciones efectuadas desde diciembre de 2003 hasta agosto de 2011 con un salario superior a 3 smmlv, no fueron tenidos en cuenta, o dicho de modo más preciso, fueron excluidos por el juez, bajo la consideración que hizo de resultar menos favorable al demandante, en tanto su inclusión comportaba diferir la efectividad de la pensión al día siguiente al de la última cotización; vale decir, a partir del 1º de septiembre de 2011, con lo cual no había lugar a retroactivo alguno, por lo que bajo la anterior premisa, prefirió ordenar su reconocimiento a partir del 10 de julio de 2001.

Aunado a lo anterior se observa que contra tal decisión judicial proferida por el JUZGADO 4º LABORAL DE SANTA MARTA no se interpuso recurso alguno por las partes, adquiriendo así firmeza, quedando zanjada cualquier discusión sobre los salarios base de las cotizaciones que deben tenerse en cuenta para determinar el monto pensional a través de cualquier acción o proceso posterior. Por tales razones, la parte activa no podía iniciar una nueva actuación procesal con el mismo objeto, pues de permitirse, se alteraría sin duda lo que allí fue objeto de resolución y, por contera, el principio de la cosa juzgada que la ampara.

[…]

Como viene de verse, estos supuestos, no se dan en este caso, toda vez que, si bien el ingreso de la pensión y el monto de ésta no fueron abordados expresamente por el juez de la causa anterior, si lo fueron las cotizaciones que se tuvieron en cuenta para establecer el monto pensional, lo que implicó – como se dijo – la exclusión de los aportes que ahora en este nuevo proceso se solicita incluir para los efectos de la reliquidación pretendida. En tal virtud, no resulta posible calcular la pensión de vejez, incluyendo los aportes que fueron excluidos expresa y deliberadamente por el juez del primer proceso.

En conclusión, se confirmará la sentencia apelada, siendo de cargo de la parte demandante las costas en esta instancia, por el sentido desfavorable de su recurso.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el apoderado de la demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte, se procede a resolverlo.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, condene a la demandada a reliquidar la pensión otorgada a la demandante «y en tal virtud aplique una tasa de remplazo del 90% sobre su IBL tomando la totalidad de los aportes efectuados al sistema General de pensiones del ISS., junto con el pago de las diferencias dinerarias de las mesadas ordinarias y adicionales, que resulten a su favor», los intereses moratorios, la indexación y las costas.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue objeto de réplica.

VI. CARGO ÚNICO

Se acusa la sentencia por infracción directa de «los artículos 303 del C.G.P. artículos 13, 46, 47, 48 y 53 de la Constitución Nacional y los artículos 13, literal g), 33 y 36 de la Ley 100 de 1993; así como los artículos 19 y 21 del C.S.T., lo que originó la aplicación indebida de los artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990».

Estima el recurrente que el colegiado

[…] incurre en defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 303 del Código General del Proceso, al identificar la causa petendi de los procesos con las pruebas de los mismos y confunde el objeto de la pretensión de reliquidación pensional con la súplica del reconocimiento de la prestación de vejez. Adicionalmente, esa hermenéutica significa que la pretensión del aumento del monto de la pensión nunca sea estudiada de manera directa por los jueces, escenario que supone una afectación desproporcionada de los derechos de los accionantes”

Como quiera que se trata de una solicitud de reliquidación de la pensión por vejez constituye un hecho nuevo; en razón a que este no fue debatido en el proceso anterior por cuanto las pretensiones de la demanda inicial se limitaron a reclamar el reconocimiento de la pensión por vejez.

Si se hace una revisión de la sentencia mediante la cual se ordena el reconocimiento de la pensión por vejez, en ninguno de sus apartes hace referencia a la liquidación ni factores a tener en cuenta para la fijación del valor de la mesada pensional de la señora MARGARITA D. DIAZ FERNANDEZ.

[…]

Es así que las conclusiones fácticas obtenidas por el Tribunal que lo llevaron a establecer como probada la excepción de cosa juzgada es una inadecuada e indebida interpretación de la ley concretamente del artículo303 del C.G.P. mediante el cual se establece los casos en que se cumple la cosa juzgada, en la forma que se dejó plasmada, en la sentencia motivo de la presente impugnación que lo hizo incurrir en los errores de interpretación jurídica, que arriba se dejaron detallados.

Las anteriores razones son suficientes para dar prosperidad al cargo. Por lo anterior, corresponde a esa Honorable Corporación enmendar el yerro en que incurrió el Tribunal y, con el fin de subsanar la deficiencia, proceder en sede de instancia en los términos del alcance de la impugnación.

VII. RÉPLICA

Se funda la oposición en que el reconocimiento de la pensión de vejez a la actora se ajustó a lo ordenado en sede judicial, sin que le fuera dable modificar su alcance, aspecto sobre el que se encuentran vigentes los efectos de cosa juzgada. Se remite a la providencia de esta Corporación CSJ SL6097-2015 y a las sentencias CC T-262-1997 y CC T-553-1995 de la Corte Constitucional.

Afirma que no fue objeto de discusión que la demandante instauró una demanda contra el extinto ISS, hoy Colpensiones, en el que solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, a partir del 24 de agosto de 1997, junto con los intereses moratorios, el cual correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta; que mediante sentencia del 28 de agosto de 2008 impuso el pago de la misma desde el 1 de junio de 2010. En ese mismo proceso se pretendió la inclusión del IBC detallados en el libelo, incluyendo los correspondientes a Electricaribe, por lo que considera que se presenta identidad de objeto, de causa y de partes, luego en ningún yerro incurrió el sentenciador de instancia.

Por lo expuesto solicita no quebrar la sentencia.

VIII. CONSIDERACIONES

El Tribunal fundamentó su decisión en que se configura la cosa juzgada entre el proceso que era objeto de su decisión y aquél que, en forma anterior, promovió Margarita Dolores Díaz Fernández contra el Instituto de Seguros Sociales que cursó en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, el cual, mediante sentencia del 28 de agosto de 2008, condenó a la demandada al pago de la pensión de vejez en cuantía equivalente al salario mínimo legal, con aplicación del régimen de transición y el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues estimó que los aportes cotizados por Electricaribe S.A. ESP, fueron allí materia de pronunciamiento.

La censura radica su inconformidad en que en su concepto no se reúnen los requisitos para que se configurara la excepción de cosa juzgada, pues en la decisión judicial en ninguna parte se hizo mención a los factores a tener en cuenta para la fijación del valor de la mesada pensional.

En ese orden, dada la vía escogida para encaminar el ataque, se tiene que no se discute que entre las mismas partes cursó un proceso anterior en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, que tuvo por objeto el reconocimiento de la pensión de vejez en los términos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por aplicación del régimen de transición, en el que se condenó a la demandada al pago de la prestación en cuantía equivalente al salario mínimo legal vigente a partir del 1° de junio de 2010.

El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario donde la labor que despliega la Sala, se materializa en un control de legalidad que se aplica a las providencias que son adoptadas en juicios ordinarios y ponen fin a las instancias. De manera que, lo que se pretende, es establecer si en la labor que desplegó la sala sentenciadora se incurrió en algún error que amerite la invalidez, o anulación de estas, pues el objeto de este recurso extraordinario es, en términos de la Corte Constitucional vertido en la sentencia C 1065 – 2000, «proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo, por lo cual ha sido denominada por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia como “nomofilaquia” (…)». (CSJ SL5102-2020)

Vale anotar que, en la vía directa, elegida por la impugnante, el fallador vulnera la ley mediante tres posibilidades: la inaplica por ignorancia o rebeldía (infracción directa), la interpreta erróneamente (interpretación errónea), o la utiliza indebidamente (aplicación indebida). Doctrina y jurisprudencia han precisado los alcances de cada una de dichas expresiones.

Así mismo, la vía directa, como modalidad de ataque, en cualquiera de sus sub motivos, parte en su estructuración de la aceptación total de los hechos que se tienen por probados en la decisión fustigada, los cuales sirvieron de base para su adopción. De manera que, se aleja de toda posibilidad que en el planteamiento de la acusación se discutan cuestiones probatorias, lo que encuentra oportunidad al plantearse el cargo por la vía indirecta.

Y es por ello que, aquí, la Corte juzga conveniente memorar lo adoctrinado recientemente por esta Sala en la decisión CSJ SL5667-2021, donde al memorar lo expuesto en la CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 43345, precisó que

[…] [E]l recurso de casación propende por el imperio y preservación de la ley sustancial de alcance nacional, la cual puede ser infringida de dos formas por los falladores, (las llamadas «causales»): mediante la violación de aquella ley (causal 1ª), o, a través del desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus (causal 2ª). Sin olvidar, desde luego la violación medio.

Si bien es cierto que el texto del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, expresamente no señaló como senderos de ataque dentro del primer motivo del recurso extraordinario, la vía «directa» y la «indirecta», también lo es, que en casación se ha venido aceptando su existencia como géneros de violación, donde el primero de ellos, el directo comprende los tres conceptos o submotivos de trasgresión de la Ley sustantiva denominados infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, mientras que el indirecto en el cual no tiene cabida la interpretación equivocada de la ley, se orienta a la cuestión meramente probatoria, que encierra lo relativo a la segunda parte de la causal primera, esto es, la violación de la Ley proveniente de la apreciación errónea o de la inestimación de determinada prueba donde ha de demostrarse que se incurrió en un error de hecho o uno de derecho (sentencia CSJ SL, 25 may. 2004, rad. 22.543).

Vía directa

En la vía directa, el fallador vulnera la ley mediante tres posibilidades: la inaplica por ignorancia o rebeldía (infracción directa), la interpreta erróneamente (interpretación errónea), o la utiliza indebidamente (aplicación indebida). Doctrina y jurisprudencia han precisado los alcances de cada una de dichas expresiones.

La transgresión por la vía directa implica llegar a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional, por dislates exclusivamente jurídicos; lo que significa que, en dicho nivel, el juzgador obtiene una conclusión específica mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma jurídica, quedando por fuera de su razonamiento todo lo relativo a las pruebas del proceso o aspectos netamente fácticos.

De acuerdo con lo anterior, no se encuentra ningún desaguisado de naturaleza jurídica en la decisión del sentenciador de segundo grado, quien dio un entendimiento idóneo a la figura de la cosa juzgada al señalar sus efectos, límites e identidades configurativas, conforme a lo dispuesto en el artículo 303 del CGP, aplicable por remisión del canon 145 del CTPSS. Lo que realmente deja ver el cargo, es la inconformidad con la valoración fáctica de la sentencia, lo que invita a la Corte a entrar en el análisis probatorio a fin de determinar si se incurrió en un error de hecho evidente frente a las pruebas, lo cual no es viable a través de la vía directa utilizada, por las razones que se acaban de exponer.

Siendo, así las cosas, incurre en dislate el embate cuando se plantean reproches de conclusiones de tipo fáctico como la configuración en el caso concreto de los requisitos para que se repute la existencia de cosa juzgada, aspecto que, como se indicó, no puede ser discutido por la senda directa, pues impone a la Corte abordar el análisis de las decisiones judiciales que sirvieron de base para la conclusión del sentenciador, sin que el censor plantee yerro específico en cuanto a su apreciación.

Por último, el juzgador de alzada advirtió que en el proceso anterior se tuvieron en cuenta las cotizaciones realizadas por la recurrente durante la prestación del servicio a Electricaribe S.A. porque con ello se perjudicaría al actor en cuanto a la fecha de inicio del pago de la pensión de vejez, y que ese mismo asunto es el que se persigue en esta demanda, circunstancia sobre la que nada dijo el embate; no obstante, aun cuando de manera general pudiera entenderse incluido este punto concreto en la argumentación vertida en el cargo, lo cierto es que es eminentemente fáctico que solamente puede encontrarse en el análisis de las piezas procesales, lo que no admite cuestionamiento por la senda directa y, siendo ello así, como efectivamente lo es, la censura dejó indemnes todos los pilares de la decisión, dada la doble presunción de legalidad y acierto que abriga a la decisión proferida por el Tribunal, por lo que esta continúa incólume.

Lo dicho en precedencia, es suficiente para concluir que el cargo se rechaza.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($4.700.000.oo) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia 26 de febrero de 2021, proferida por Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso instaurado por MARGARITA DOLORES DÍAZ FERNÁNDEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-.

Costas como se dijo.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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