FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL3133-2022
Radicación n.° 91245
Acta 27
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022).
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por MARIELA PAZ HURTADO ORTIZ contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 9 de noviembre de 2020, dentro del proceso ordinario laboral que promovió en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
AUTO
Téngase a la firma WORLD LEGAL CORPORATION S.A.S., con NIT 900.390.380-0, como apoderada general de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en los términos y fines contenidos en la Escritura Pública No. 3364, que obra en el cuaderno digital de la Corte.
Asimismo, téngase a la doctora Maira Alejandra Ríos Henao, identificada con C.C. 42.160.619 y portadora de la T.P. 296.412 del C.S. de la J., como apoderada sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en los términos y para los efectos del memorial visible en el cuaderno digital de la Corte.
I. ANTECEDENTES
Mariela Paz Hurtado Ortiz convocó a las entidades demandadas para que, previa declaración de la existencia de una relación laboral – contrato realidad – con el ICBF desde el 5 de marzo de 1989 que continuaba vigente, se condenara a la demandada a la constitución de un título pensional previo cálculo actuarial pagadero a Colpensiones, se ordenara a esta última reconocer la pensión de vejez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 12 del «Decreto 758 de 1990» y, como consecuencia, se dispusiera el pago del retroactivo pensional desde el cumplimiento de los requisitos, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios, los incrementos pensionales por hijo a cargo y las costas procesales.
En sustento de las pretensiones, indicó que: nació el 10 de abril de 1957, por lo que era beneficiaria del régimen de transición; se vinculó con el ISS hoy Colpensiones desde el 1 de julio de 1996, con el que reportaba 1049,86 semanas, incluyendo varios periodos en mora por causa imputable al empleador; prestó servicios al ICBF como madre comunitaria a través de varias asociaciones desde el 5 de marzo de 1989 hasta la fecha, totalizando 29 años y 10 meses que equivalían a 1535,1 semanas, cifra con la que acreditaba, con creces, la densidad de semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del «Decreto 758 de 1990». Prestó servicios de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. con una hora de descanso; las directrices eran dadas por la institución pública a través de los representantes legales de las asociaciones, pues era quien determinaba las pautas para la vinculación de las madres comunitarias, quiénes podían prestar ese servicio, además, ejercían poder disciplinario y fijaban su salario, pagadero a título de becas; no obstante lo anterior, solamente fue afiliada al régimen de prima media en el año 1996, a través del fondo de solidaridad pensional y le hicieron los aportes de manera interrumpida en contravía a lo dispuesto en el Convenio 111 de la OIT; pese a que cuenta con 60 años de edad y haber laborado por más de 30 años al servicio del ICBF no ha podido acceder a la pensión de vejez porque la entidad no ha realizado el pago de la totalidad de cotizaciones al Sistema General de Pensiones, con lo que se le genera un perjuicio reflejado en el retroactivo pensional desde que cumplió los requisitos para obtener la prestación mencionada.
Añadió que, el tema de las madres comunitarias era de alta sensibilidad social, había evolucionado su tratamiento desde la estipulación que descartaba la existencia de una relación laboral de estas y, la posterior regulación que estableció su vinculación mediante contrato de trabajo, a partir del año 2012 hasta la ficción legal consagrada en la sentencia T-480-2016 que declaró la existencia de una relación laboral conforme al artículo 23 del CST entre las madres comunitarias y el ICBF.
Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda dirigidas en su contra, admitió la fecha de nacimiento y afiliación de la actora y dijo no constarle los demás; en su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reajustar y pagar la pensión de vejez de forma retroactiva e indexada, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y la que denominó como genérica.
El ICBF se opuso a la totalidad de las pretensiones, admitió algunos hechos, solicitó prueba de los demás y, propuso en su defensa las excepciones de inexistencia de relación laboral, legal o reglamentaria entre las partes, falta de legitimación por activa y por pasiva, imposibilidad jurídica de la entidad para celebrar contratos de trabajo, ausencia de solidaridad patronal, cobro de lo no debido y la genérica.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín, por decisión del 28 de enero de 2020, negó la totalidad de las pretensiones, declaró probada la excepción de ausencia de relación laboral o reglamentaria y condenó en costas a la actora.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al estudiar la apelación de la parte demandante mediante fallo del 9 de noviembre de 2020 confirmó la sentencia, e impuso costas a la demandante.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Colegiado determinó como problema jurídico establecer si entre las partes existió un contrato de trabajo bajo el principio de primacía de la realidad sobre las formas y en aplicación del Convenio 111 de la OIT. Enseguida señaló que la Ley 89 de 1981 creó los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, como uno de los objetivos planteados para el desarrollo de las actividades asignadas al ICBF y se buscó que familias en acción, en forma mancomunada con los vecinos y utilizando recursos locales y otros asignados por esa entidad, atendieran las necesidades básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo individual y social de los niños de los estratos menos favorecidos del país.
En ese sentido expidió el Acuerdo 21 de 1996 que dispuso que la ejecución de tal programa se realizaría bajo el esquema del contrato de aporte con las asociaciones conformadas por los padres de familia de los niños beneficiados, que escogerían la madre o padre comunitario, debiendo celebrar un contrato de aportes con el ICBF para administrar los recursos asignados por el gobierno nacional y los aportes provenientes de la comunidad, sin que implicara relación laboral con las asociaciones u organizaciones comunitarias con aquellos, conforme a lo previsto en los artículos 4 del Decreto 1340 de 1995 y 16 del Decreto 1137 de 1999.
Acudió, igualmente, a la sentencia CC SU273-2019, al artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 que otorgaba a las madres comunitarias y sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente; al Decreto 289 de 2014, en el que se dispuso que las mencionadas serían vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del programa de hogares comunitarios de bienestar, con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo de acuerdo con la modalidad contractual y que regulaban el sistema de protección social, que no tendrían la calidad de servidoras públicas, a partir de lo cual concluyó:
Puestas de esta manera las cosas, solo a partir de la vigencia del Decreto 289 de 2014, esto es, febrero de 2014, es que el vínculo jurídico de las madres comunitarias mutó a laboral; por lo tanto, cualquier pretensión dirigida a obtener una declaratoria de contrato de trabajo con el Estado, con anterioridad al 12/02/2014 será improcedente, pues el vínculo que las regía se enmarcaba en la solidaridad, y si bien no se desconoce que en la sentencia T-480 de 2016 se le reconoció a algunas madres comunitarias la existencia de un contrato realidad de trabajo con el ICBF, dicha decisión fue anulada parcialmente en Auto 186 de 2017, en el que únicamente se mantuvo la protección a las madres comunitarias para el pago de los aportes pensionales faltantes, pero luego mediante Auto 217 del 2018 se declaró también la nulidad parcial de dicho auto para revocar dichas órdenes pensionales, quedando vigentes así solo las sentencias SU ya enunciadas en las cuales se indica que la relación que liga a las madres comunitarias es de tipo civil, sin que sea posible para el caso, aplicar lo dispuesto en el Convenio 111 de la OIT sobre el empleo y la discriminación, pues, incluso ni la propia Corte Constitucional lo consideró a efectos de tomar las decisiones antes mencionadas, y que plasmo en sentencias SU, las cuales tienen para la Sala conforme a la pauta establecida en sentencia SU 298 de 2015 y T-109 de 2019, un carácter vinculante no solo en forma vertical (respecto de todos los jueces que conforman la jurisdicción constitucional), sino también para los órganos de cierre de las demás jurisdicciones que, en aras del principio de supremacía constitucional, deben procurar por una lectura sistemática del derecho, la cual comprende la interpretación auténtica de la Constitución, que se encuentra a cargo de la Corte, y se hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia constitucional, al tenerse en cuenta el principio de supremacía constitucional y la importancia que tienen las decisiones sobre la interpretación y alcance de los preceptos constitucionales, destacando seguidamente la Corporación la relevancia de la obligatoriedad de las sentencias de unificación cuando son proferidas por la Corte Constitucional, precisando que: la interpretación y alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los pronunciamientos realizados en los fallos de revisión de tutela deben prevalecer sobre la interpretación llevada a cabo por otras autoridades judiciales, aun cuando sean altos tribunales de cierre de las demás jurisdicciones”. A su vez, “en el caso de las sentencias de unificación de tutela (SU) […], basta una sentencia para que exista un precedente, debido a que […] unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos (subrayado y negrillas fuera de texto).
En ese sentido, en tanto las madres comunitarias carecen de relación laboral con el ICBF y su relación es apenas civil, entonces el acceso a los derechos pensionales implicará por parte de ellas la obligación de afiliarse y realizar los aportes respectivos, a través del subsidio otorgado por el Fondo de Solidaridad Pensional, lo cual según lo dicho en el escrito de demanda ocurrió a partir de 1996, y se constata con los aportes realizados como trabajadora independiente y que constan en las historias laborales visibles a folio 80 a 83 y 130 138, evidenciándose por demás que a partir de febrero de 2014, cotizó de manera ininterrumpida por medio de las asociaciones de padres de familia y corporaciones educativas, supuestos que llevan a confirmar la decisión de primera instancia, no sin antes indicar que si en gracia de discusión se admitiera la posibilidad de analizar el asunto bajo las reglas del contrato realidad, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral carecería de competencia para declararlo y ordenar el pago de los aportes a la seguridad social, pues la demandante no acreditó que las actividades que aseguró haber realizado coincidieran con aquellas que realiza un trabajador oficial, es decir, conservación y mantenimiento de obra pública, pues, por el contrario se afirma que su condición fue de madre comunitaria, y por ende, se dedicó al desempeño de actividades tendientes el[sic] cuidado y atención de la población infantil, descartándose, se itera, que su labor estuviera dirigida a la conservación y mantenimiento de obra pública.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el apoderado de la demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte, se procede a resolverlo.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia de segunda instancia para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, condene a las demandadas conforme a las pretensiones incoadas.
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue objeto de réplica.
VI. CARGO ÚNICO
Se acusa la sentencia por violar directamente, en la modalidad de infracción directa el siguiente elenco normativo:
[…] artículos 22, 23, 24, 35 y 36 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 2º del decreto 1340 de 1995; artículos 2, 11, 14, 15 y 15 del acuerdo 21 de 1989; numeral 5.2.1, 6.1 y 6.1.3 de la resolución 776 del 7 de marzo de 2011; artículo 2º del acuerdo 21 de 1996; los artículos 3 y 7 de la ley 1496 de 2011; artículo 1º y 7º de la ley 1276 de 2009, todos ellos en relación con el preámbulo y los artículos 1, 4, 13, 25, 29, 43, 53 y 93 de la Constitución Política; los artículos 1, 2 y 3 del Convenio 111 de la OIT; artículos 2, 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado mediante la Ley 74 de 1968; el artículo 1º, 2, 11 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer aprobada mediante Ley 051 de 1981.
Considera la recurrente que el colegiado elige unas normas que no están llamadas a gobernar el caso, puntualmente la Ley 89 de 1989, el Acuerdo 21 de 1996, el artículo 4º del Decreto 1340 de 1995 y el 16 del Decreto 1137 de 1999 y en precedentes de la Corte Constitucional, revelándose a la aplicación de las disposiciones internacionales e internas que daban lugar a efectuar una conclusión distinta a la resuelta.
Estima que debe acudirse a los artículos 43 y 53 constitucionales, el 22 y 23 del CST; luego, a partir del canon 2 del Decreto 1340 de 1995, dice que «[b]ajo ese contexto jurídico anterior, esto es, el ICBF es quien determina quiénes hacen parte del programa, y el condicionamiento de cómo, cuándo y dónde se desarrolla la labor, ejercicio propio de un verdadero empleador». Una vez refiere los preceptos, 2, 11, 14, 15 y 16 del Acuerdo 21 de 1989, indica que de allí «se desprende con claridad que la coordinación y la ejecución están bajo la estricta y principal dirección del ICBF, limitándose las madres comunitarias a acatar las directrices dadas por el ICBF, como máximo coordinador y ejecutor del programa Hogares Comunitarios de Bienestar».
Hace mención a la Resolución n.° 776 del 7 de marzo de 2011, con respecto a la cual acota que permite acudir al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, «cuya aplicación constituye una garantía en la protección efectiva de los derechos laborales de las mujeres, cuando tales derechos han sido desconocidos por empleadores (ya sea del sector público o privado) que utilizan estrategias jurídicas encaminadas a ocultar o simular el contrato de trabajo real […]». Agrega que posee unas condiciones especiales de vulnerabilidad, en atención a su nivel socio económico, el que deriva de los hogares comunitarios dado que «no operan en altos estratos sociales, sino, por el contrario [,] en los sectores más deprimidos […]»; también hace parte de la tercera edad por lo que goza de protección especial y por el género femenino ha sido objeto de múltiples escenarios de discriminación, entre ellos, en el campo laboral.
Invoca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como a las sentencias CSJ SL17462-2014, CSJ SL17414-2014, CSJ SL13016-2015, CSJ SL2541-2018, CSJ SL3528-2019 y el Convenio 111 sobre discriminación en el empleo y ocupación, cuya incorporación se produjo por la Ley 22 de 1967, ratificado el 4 de marzo de 1969 y concluye que de haber aplicado tales disposiciones:
[…] le hubieran, al caso de autos, brindado el alcance que las normas invocadas como vulneradas consagran, situación que debe conducir a la Honorable Corte a CASAR la sentencia y en sede de instancia a plasmar un cambio jurisprudencial que conlleve a descontextualizar la discriminación a la que han sido expuestas las madres comunitarias acogiendo el alcance de la impugnación.
VII. RÉPLICA DE COLPENSIONES
Se funda la oposición en que la obligación del pago de los aportes corresponde al empleador conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Ley 797 de 2003, en consonancia con el 22 de la Ley 100 de 1993, y las consecuencias de la omisión de afiliación están previstas, entre otras, en el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el 15 del Decreto 1474 de 1997, modificado a su vez por el 17 del Decreto 3798 de 2003; y luego de que se remite a la sentencia T-291-2017, añade que en caso de incumplimiento en la afiliación y el pago de aportes al sistema de pensiones y el trabajador se vea privado de la respectiva pensión, la obligación le corresponde a aquel en las condiciones en que lo hubiera asumido el sistema; advierte falta de legitimación en la causa por pasiva en cuyo respaldo cita decisiones del Consejo de Estado, por lo que concluye que los cargos no están llamados a prosperar en lo que a ella se refiere.
El ICBF no presentó oposición.
VIII. CONSIDERACIONES
El Tribunal fundamentó su decisión en que la situación actual de las madres cabeza de familia es que ostentan una relación meramente civil con el ICBF, por lo que la obligación de afiliarse al sistema de pensiones y el pago de los respectivos aportes se realiza a través del subsidio otorgado por el Fondo de Solidaridad Pensional como en efecto ocurrió en el caso de la actora, desde el año 1996 y, a partir de febrero de 2014, lo hizo por medio de las asociaciones de padres de familia y corporaciones educativas, motivo por el cual confirmó la decisión apelada. Añadió que, si en gracia de discusión se admitiera la posibilidad de aplicar las reglas del contrato realidad, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral carecería de competencia, dado que la actora no demostró que las actividades que aseguró haber realizado correspondieran a las de un trabajador oficial.
La censura radica su inconformidad en que se debe dar aplicación al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, en aras de proteger los derechos laborales de las mujeres ante el desconocimiento de estrategias jurídicas encaminadas a ocultar o simular el contrato de trabajo real y evadir las obligaciones frente a aquellas, a más de las condiciones de vulnerabilidad que padece, por lo que se debieron aplicar los convenios internacionales debidamente ratificados, pues considera que la normatividad que rige a las madres cabeza de familia establece una clara discriminación con quienes prestan el servicio en cumplimiento del precepto 23 del CST, a partir de lo cual se debe casar la sentencia y plasmar un cambio jurisprudencial que conlleve a descontextualizar la discriminación acogiendo el alcance de la impugnación.
Puestas en esa dimensión las cosas, es menester insistir en que el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario donde la labor que despliega la Sala, se materializa en un control de legalidad que se aplica a las providencias que son adoptadas en juicios ordinarios y ponen fin a las instancias. De manera que, lo que se pretende, es establecer si en la función que desplegó la sala sentenciadora se incurrió en algún error que amerite la invalidez, o anulación de estas, pues el objeto de este recurso extraordinario es, en términos de la Corte Constitucional vertido en la sentencia CC C-1065-2000, «proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo, por lo cual ha sido denominada por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia como “nomofilaquia” (…)». (CSJ SL5102-2020)
Así se ha dicho en casos similares, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL4281–2017, 15 mar. 2017, rad.50271, en los siguientes términos:
Reitera, una vez más, la Corte que el recurso de casación no es una tercera instancia, en la que el impugnante puede exponer libremente las inconformidades en la forma que mejor considere.
Por el contrario, adoctrinado está que el recurrente debe ceñirse a las exigencias formales y de técnica, legales y jurisprudenciales, en procura de hacer procedente el estudio de fondo de las inconformidades, en la medida en que son los jueces de instancia los que tienen competencia para dirimir los conflictos entre las partes, asignando el derecho sustancial a quien demuestre estar asistido del mismo. Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.
Se ha dicho con profusión que en esta sede, se enfrentan la sentencia gravada y la parte que aspira a su quiebre, bajo el derrotero que el impugnante trace a la Corte, dado el conocido carácter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnación.
En este punto es necesario recordar que, quien interpone el recurso extraordinario de casación, debe atacar todos los pilares de la sentencia atacada, pues de no ser así y, mantenerse inalterados algunos de los fundamentos en los que el juez de alzada fundó su decisión, no es posible quebrar el acto jurisdiccional, que valga la pena mencionar una vez más, está provisto de la doble presunción de legalidad y acierto que es como llegan investidas al Palacio de Justicia las providencias judiciales, cuyo quiebre se pretende.
Se dice lo anterior por cuanto al revisar la decisión recurrida es claro que se funda en dos pilares esenciales: el primero, en que el deber de afiliación y el consecuente pago de los aportes pensionales de las madres comunitarias solamente surge a partir del año 1996, inicialmente a través del Fondo de Solidaridad Pensional y desde el año 2014 mediante las asociaciones de padres de familia y corporaciones educativas y, por otro lado, en palabras del mismo colegiado «en gracia de discusión», en que la actora no logró demostrar que las actividades que aseguró haber realizado al servicio del ICBF correspondieran a las de una trabajadora oficial.
No obstante lo anterior, el ataque se dirigió exclusivamente a sostener que se debe aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, proteger los derechos laborales de las mujeres contra la simulación de estrategias jurídicas para ocultar verdaderos contratos de trabajo y evadir las obligaciones que de él emanan, ello en aplicación de las normas internacionales, de lo que se debía concluir que las madres cabeza de familia han sufrido un trato discriminatorio, aseveración que, a decir verdad, no desarrolla ni explica de manera concreta y precisa el error en que presuntamente incurrió el Tribunal; en efecto, lo único cierto es que en su discurso no se cuestionan verdaderamente las conclusiones jurídicas a las que arribó el sentenciador teniendo en cuenta la vía que eligió para el efecto.
Ello es así, por cuanto en un primer momento señala que el colegiado eligió unas normas no aplicables dentro de las cuales hizo referencia a la Ley 89 de 1989, al Acuerdo 21 de 1996, al Decreto 1340 de 1995 y al Decreto 1137 de 1999, posteriormente acudió a las mismas para concluir que el ICBF tenía la dirección del programa de madres comunitarias a quienes les correspondía acatar las directrices de ésta, lo que parece un contrasentido, frente a si el sentenciador se encontraba en la obligación de darles efecto o no.
Tampoco indica la censora, el sentido que debía ser otorgado por el juzgador a las disposiciones internacionales que invoca a fin de arribar a una conclusión jurídica distinta, en el entendido que ningún reproche le mereció la deducción fáctica que se hizo en la sentencia, en la cual, dicho sea de paso, se extrañó la prueba de que las labores que realizó la actora pudieran ser catalogadas como propias de una trabajadora oficial, pues aun cuando esgrime la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, no indica de manera concreta cuál fue el contexto que desconoció el fallador de segundo grado, advirtiendo que por tratarse de un asunto meramente fáctico debió ser atacado por la vía indirecta o de los hechos, que la misma recurrente descarta al afirmar en la demanda que no cuestiona ninguno de los fundamentos de esta naturaleza vertidos en la sentencia.
En ese orden, cabe recordar una vez más, que el recurso de casación no es una nueva oportunidad para presentar alegatos frente al asunto jurídico debatido en el juicio, sino que su objeto debe dirigirse a demostrar, sin ambages, el dislate del funcionario judicial frente a la ley.
Lo dicho en precedencia, es suficiente para concluir que el cargo se rechaza.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($4.700.000.oo) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia 9 de noviembre de 2020, proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso instaurado por MARIELA PAZ HURTADO ORTIZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
Costas como se dijo.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR