Ficha de la providencia
Sentencia SL3138-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3138-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3138-2019
Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa
23 de julio de 2019
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL3138-2019
Radicación n.° 68683
Acta 024
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HELÍ DE JESÚS HENAO GALLEGO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 16 de mayo de 2014, en el proceso que instauró contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.
ANTECEDENTES
Helí de Jesús Henao Gallego demandó a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en Liquidación, hoy UGPP, con el fin de que se declarara que es beneficiario del régimen especial de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial establecido en los Decretos 546 de 1971, 1660 de 1978, 717 y 911 de 1978; y en consecuencia, se ordenara la reliquidación de la pensión de jubilación con base en el 75% de la remuneración mensual más alta percibida en el último año de servicios, el pago de los intereses moratorios o en subsidio, la indexación de las condenas.
Indicó que mediante la Resolución n.° 14078 de 2000 adicionada por la 031889 de la misma anualidad, Cajanal le reconoció la pensión de jubilación con base en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, teniendo en cuenta como factor salarial la asignación mensual únicamente. Por estar inconforme, presentó demanda ordinaria laboral, que le correspondió al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, que ordenó reliquidar la pensión de jubilación con «[…] el 75% de la asignación más elevada percibida en el último año de servicios, incluyendo las doceavas partes correspondientes a la bonificación por servicios, prima de servicios, navidad y de vacaciones […]»; y en consecuencia la demandada emitió el Acto Administrativo n.° 5547 de 2005, pero no dio aplicación al régimen especial de los empleados públicos de la Rama Judicial.
Señaló que era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y que la norma aplicable debía ser el Decreto 546 de 1971, por haber laborado más de 10 años al servicio de la Rama Judicial «[…] completó 20 años de servicio, alcanzó la edad de 55 años», por lo que su pensión se debió liquidar con el 75% de la asignación mensual más elevada percibida en el último año de servicio, teniendo en cuenta todos los ingresos que constituían salario, sin realizar promedio de ningún tipo o con doceavas partes de las primas anuales.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que no admitía los factores salariales que se pretendía, fueran tenidos en cuenta porque la pensión se liquidó conforme a la ley. Frente a los demás, manifestó que no le constaban y quedaban sometidos al debate probatorio. En su defensa propuso como excepción previa la de falta de jurisdicción y competencia que fue resuelta desfavorablemente y como de fondo las que llamó prescripción, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 3 de noviembre de 2009 absolvió a la Caja Nacional de Previsión Social de todos los cargos formulados en su contra por Helí de Jesús Henao Gallego, por encontrarse prescrita la acción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 16 de mayo de 2014, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó la decisión del a quo.
El tribunal, de conformidad con la prueba documental recaudada durante el trámite procesal, dio por probado que:
(i) Cajanal mediante la Resolución n.° 014078 «[…] del 28 de julio de 2009 […]» le reconoció al señor Henao Gallego, la pensión de vejez, en cuantía mensual de $525.529,45 a partir del 8 de diciembre de 1998, liquidando la prestación con el 75% del promedio de lo devengado en el último año;
(ii) Cajanal mediante Resolución n.° 5547 de 2005, dando cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, reliquidó la pensión de vejez, elevando la cuantía a $765.010,83.
Dijo que las pretensiones de la demanda, estaban encaminadas a demostrar la inconformidad respecto de cómo se tuvieron en cuenta las primas para efectos de la reliquidación pensional, lo que versa sobre el aspecto económico de la pensión «[…] y no concretamente en cuanto al ingreso base de liquidación – IBL – considerado», por consiguiente, desestimó el argumento presentado en la apelación, de que se trataba de un asunto declarativo, pues este fue resuelto en el primer proceso adelantado.
Debido a lo anterior, acogió lo acogió lo resuelto por el a quo, y por esta corporación en sentencia CSJ SL 19557, 15 jul. 2003, reiterada entre otras, en la SL 35126, 21 abr. 2009, y confirmó la prescripción de la acción, toda vez que la Resolución n.° 014078 se expidió el 28 de julio de 2000 (f.° 10 a 12), la interrupción se dio con la presentación de la demanda dentro del proceso ordinario laboral promovido ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín con sentencia del 11 de enero de 2003 (f.° 13 a 15) y el presente asunto, fue instaurado el 19 de mayo de 2008 (f.° 6).
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la corte case la sentencia atacada, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a quo y acceda a todas las pretensiones de la demanda inicial.
Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación, que mereció réplica.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por:
[…] INFRINGIR DIRECTAMENTE las normas de derecho sustancial contenidas en LOS ARTÍCULOS 1° y 136° del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989 y por el artículo 44° de la Ley 446 de 1998 y el artículo 36 del mismo Código, aplicable a los procesos del Trabajo en casos donde se está atacando la legalidad del ACTO ADMINISTRATIVO por medio del cual se le reconoce una pensión de jubilación a un ex funcionario público por parte de una entidad pública, y en el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia, por FALTA DE APLICACIÓN (SIC) de dichas normas, así como también viola igualmente la ley sustancial, por APLICACIÓN INDEBIDA, de la ley sustancial contenida en los artículos 388 del Código Sustantivo del Trabajo y al artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la cual se ataca de MANERA DIRECTA lo consagrado en el artículo 1 y 6° del Decreto ley 546 de 1971, al no respetar el derecho real de ser miembro del régimen especial allí consagrado y que se reclama en el proceso, todo lo cual ha de quedar claramente establecido como consecuencia del siguiente análisis.
Para la demostración del cargo, señaló que el ad quem no tuvo en cuenta que era un funcionario y que Cajanal, entidad que reconoció la pensión, era de carácter público, toda vez que, de haberlo advertido, habría definido la controversia a la luz de las normas del Código Contencioso Administrativo, que no consagran término prescriptivo alguno; pero lo hizo por las «generales» del Código Sustantivo del Trabajo, que no debieron ser aplicadas, ya que el proceso se tramitó ante esta jurisdicción por tratarse de un derecho de la seguridad social.
Pues, es muy claro el pensar, que las entidades públicas se dirigen a los particulares por MEDIO DE ACTOS Y HECHOS, pero esos actos y hechos, son ACTOS ADMINISTRATIVOS y HECHOS DE LA ADMINISTRACION (SIC), y NO DEJARAN DE TENER TALES CARACTERES, por lo que por más que se cambie la jurisdicción competente para conocer de la legalidad o no de dichos actos de la administración. Puesto que bien puede el legislador radicar en cabeza de cualquier jurisdicción la competencia de conocer tales litigios que tienen que ver con la legalidad delos actos de la administración, y NO POR ELLO DEJARAN DE SER ACTOS ADMINISTRATIVOS, sino que conservaran su naturaleza jurídica de SER ACTOS ADMINISTRATIVOS y , por lo tanto es a dichas normas a las que hay que recurrir para darle solución al caso en estudió (sic).
Afirmó que:
[…] lo que se reclama en la pretensión primera de la demanda no es la inclusión de factores salariales, sino el respeto y la declaratoria del REAL DERECHO PENSIONAL AL QUE SE ENCONTRABA AFILIADO EL DEMANDANTE y sobre el cual debe de emitirse una Sentencia. Derecho este que no se vence con el paso del tiempo, sino que perdura a futuro, muy diferente a la interpretación equivocada que le dio el Tribunal autor de la sentencia.
Después de trascribir in extenso la sentencia CSJ SL 25770, 16 nov. 2005, concluyó que los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados y que, si la entidad puede reclamar el reajuste por un error suyo, el no comprenderlo de dicha manera para el ciudadano y, en particular para el pensionado como miembro de la tercera edad, sería violatorio del derecho a la igualdad.
Finalmente, para respaldar su afirmación de que la reclamación no estaba prescrita, citó varios apartes de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional CC C-221-1992, C-546-1992 y C-479-1992.
RÉPLICA
Se opuso a la prosperidad de la demanda de casación, pues dijo que, en su escrito, el recurrente planteó un debate que se analizó en las instancias, y que, si escogió de manera equivocada la jurisdicción, este no era el momento procesal para alegarlo. Además, el ad quem dio aplicación a las normas pertinentes para el caso y a la jurisprudencia de esta corporación contenida en la sentencia del 15 de julio de 2003.
CONSIDERACIONES
Dada la vía directa escogida por el actor, se mantienen incólumes los siguientes supuestos: (i) que Helí de Jesús Henao Gallego es beneficiario del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993; (ii) que tuvo la calidad de funcionario de la Rama Judicial y (iii) que el régimen pensional aplicable es el especial contenido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
La controversia que platea el recurrente está dirigida a 2 aspectos: el primero, la pertinencia de la aplicación de normas del derecho ordinario laboral, como es el caso de la prescripción del artículo 151 del CPTSS a prestaciones concedidas mediante actos administrativos expedidos por entidades del sector público; y la segunda, la imprescriptibilidad de la acción de reliquidación de la base económica de la pensión.
Frente al primer aspecto la sala recuerda que la prescripción de las acciones de que conoce el juez del trabajo no está soportada en el carácter particular o público del acto que da origen al derecho en disputa, sino simplemente en la naturaleza social de las acciones que se promueven ante los jueces ordinarios del trabajo.
Así lo recordó la corte en sentencia CSJ SL 41453, 31 jul. 2012:
Ahora bien, al revisar la situación desde la óptica presentada en el ataque, esto es, que en el sub judice no podían aplicarse los artículos 488 de C.S.T. y el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, precisa recordar que, al punto, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han adoctrinado tesis opuestas a la que sugiere el recurrente.
Ciertamente, las citadas Corporaciones han enseñado que cuando el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral se refiere a la prescripción trienal de los derechos que emanen de las “leyes sociales”, debe entenderse que cobija también a los empleados públicos, pese a que su régimen laboral esté previsto en sus propios estatutos, porque esas leyes, - las sociales-, abarcan el tema laboral, sin importar el status de trabajador oficial o de empleado público.
En efecto, dijo la Corte Constitucional en la sentencia C- 745 del 6 de octubre de 1999, en referencia al artículo 4º del C.S.T., de cuyo contenido emana que las disposiciones contenidas en esa codificación no se aplican a los servidores públicos, concretamente en lo que al fenómeno de la prescripción corresponde, lo siguiente:
Sin embargo, ese razonamiento no es de recibo, como quiera que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral expresamente señala el término de prescripción para ‘las acciones que emanen de las leyes sociales’. Así pues, las leyes sociales no sólo son aquellas que rigen relaciones entre particulares, sino que son las normas que regulan el tema laboral, por lo que es una denominación referida a la relación de subordinación entre patrono y trabajador y no a su status.
En efecto, la interpretación que, en reiteradas oportunidades, ha realizado el Consejo de Estado, también sostiene que el término de prescripción para el cobro de salarios e indemnizaciones por accidentes de trabajo para los trabajadores al servicio del Estado es el que consagran los artículos 488 del CST, 151 del CPL y 41 del Decreto 3135 de 1968, esto es, un término de tres años para todos los casos, pues ‘la prescripción establecida en el citado artículo 151 [del Código de Procedimiento Laboral] se refiere a las acciones que emanen de las leyes sociales, en un sentido general, lo que quiere decir que comprende no sólo las acciones que se refieren a los trabajadores particulares sino también a los que amparan a los servidores oficiales’".
Así las cosas, los ingentes argumentos de la censura tendientes a demostrar el error del juez de alzada por apoyar su decisión en los artículos 488 del C.S.T. y del 151 del C.P.T. y de la S.S., quedan sin fundamento.
El hecho de que no le asista razón al recurrente en la diferencia planteada entre el acto particular y el administrativo, no quiere decir que ocurra lo mismo frente al segundo aspecto, toda vez que la postura adoptada por la sala en relación con la prescriptibilidad de la reliquidación de la base económica de la pensión, expresada en la mentada sentencia CSJ SL 19557, 15 jul. 2003, y reiterada en múltiples decisiones, fue revisada por la sala en sentencia CSJ SL8544-2016, en los siguientes términos:
[…] la existencia de renovados y sólidos argumentos en contra del criterio vertido en la sentencia CSJ SL, 15 jul. 2003, rad. 19557, y en favor de la tesis de la imprescriptibilidad del derecho al reajuste pensional por inclusión de nuevos factores salariales, imponen hoy a la Sala la rectificación de la postura jurisprudencial atrás reseñada.
Para ese propósito, es conveniente empezar por recordar que, de acuerdo con el art. 48 de la C.P., la seguridad social es un derecho subjetivo de carácter irrenunciable. Esto quiere decir que, en tanto derecho subjetivo, es exigible judicialmente ante las personas o entidades obligadas a su satisfacción y, en cuanto irrenunciable, es un derecho que no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular, como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo o por imposición de las autoridades.
Ahora bien, la exigibilidad judicial de la seguridad social y, en específico, del derecho a la pensión, que se desprende de su carácter de derecho inalienable, implica no solo la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo, sino también el derecho a obtener su entera satisfacción, es decir, a que el reconocimiento del derecho se haga de forma íntegra o completa.
En efecto, el calificativo irrenunciable de la seguridad social no procura exclusivamente por el reconocimiento formal de las prestaciones fundamentales que ella comporta, sino que, desde un enfoque material, busca su satisfacción in toto, a fin de que los derechos y los intereses objeto de protección, sean reales, efectivos y practicables.
En este sentido, el derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran; si además se tiene en cuenta que una pensión deficitaria no cumple su propósito de garantizar una renta vitalicia digna y proporcional al salario que el trabajador devengó cuando tenía su capacidad laboral inalterada.
Por esto, la seguridad social y los derechos subjetivos fundamentales que de ella emanan, habilita a sus titulares a requerir en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacción, a fin de que liquiden correctamente y reajusten las prestaciones a las cifras reales, de modo que cumplan los objetivos que legal y constitucionalmente deben tener en un Estado social de Derecho.
Aunque podría sostenerse que al prescribir los derechos crediticios que emanan de las relaciones de trabajo, éstos desaparecen del mundo jurídico y, por ello, no pueden ser tenidos en cuenta para otros efectos legales, incluidos los pensionales; tal tesis presenta el serio inconveniente de no distinguir y ofrecer un tratamiento particular a dos cuestiones que son bien diferentes: (i) el salario como retribución directa del servicio en el marco de una relación de trabajo, y (ii) el salario como elemento o factor establecido por la ley para la liquidación de las pensiones.
En la primera hipótesis, es claro que el salario constituye un derecho crediticio sujeto a las reglas generales de prescripción previstas en los arts. 151 del C.P.T., 488 del C.S.T. y 41 del D. 3135/1968; en la segunda, el salario se redimensiona y adquiere otra calidad, pues deja de ser un derecho patrimonial y se convierte en un elemento jurídico esencial de la pensión.
Naturalmente, esta reconsideración del salario como elemento jurídico consustancial de la pensión, apareja su imprescriptibilidad, pues ya deja de ser un referente aislado para integrarse en la estructura de la prestación pensional y formar con ella un todo indisoluble.
Por lo demás, esta visión del salario y su papel en la consolidación de la pensión, empalma perfectamente con el pensamiento de la Sala en el sentido que los elementos consustanciales a la prestación pensional no prescriben y, por este motivo, pueden ser revisados judicialmente en cualquier momento. Así, se ha dicho jurisprudencialmente que aspectos tales como el porcentaje de la pensión, los topes máximos pensionales, los linderos temporales para determinar el IBL y la actualización de la pensión, no se extinguen por el paso del tiempo, pues constituyen aspectos ínsitos al derecho pensional (CSJ SL, 19 may. 2005, rad. 23120; CSJ SL, 5 dic. 2006, rad. 28552; CSJ SL, 22 ene. 2013, rad. 40993; CSJ SL6154-2015).
En este orden de cosas, debe entenderse que así como no son susceptibles de desaparecer por prescripción extintiva esas cuestiones innatas de la pensión, tampoco deben serlo los factores salariales, pues tanto unos como otros son elementos estructurales y definitorios de la prestación, por manera que, en la actualidad no existe un principio de razón suficiente para seguir sosteniendo la prescriptibilidad del reajuste por inclusión de nuevos factores salariales.
Adicional a esta crítica y a la consideración de la imprescriptibilidad de la acción de revisión pensional por inclusión de factores salariales, esgrimida con apego en el carácter inalienable del derecho fundamental a la pensión, salen en defensa de la tesis que hoy acoge la Sala, los siguientes argumentos:
(1º) La jurisprudencia de la Corte, desde hace muchos años, ha asegurado que la pensión genera un arquetípico estado jurídico en las personas: el de jubilado o pensionado, que da derecho a percibir de por vida, una suma mensual de dinero. En esa línea, no puede ser objeto de prescripción, dado que este fenómeno afecta los derechos, más no los estados jurídicos de los sujetos.
Al respecto, en sentencia CSJ SL, 9 feb. 1996, rad. 8188, se expresó:
De los “hechos” que fundamentan la pretensión que se hace valer en juicio sólo cabe predicar su existencia o inexistencia, lo cual sucede también con los “estados jurídicos” cuya declaratoria judicial se demande - como los que emanan del estado civil de las personas, respecto de los cuales adicionalmente se puede afirmar que se han extinguido. La jurisprudencia ha dicho que la pensión de jubilación genera un verdadero estado jurídico, el de jubilado, que le da a la persona el derecho a disfrutar de por vida de una determinada suma mensual de dinero. Por eso ha declarado la imprescriptibilidad del derecho a la pensión de jubilación y por ello la acción que se dirija a reclamar esa prestación puede intentarse en cualquier tiempo, mientras no se extinga la condición de pensionado, que puede suceder por causa de la muerte de su beneficiario. “Del estado de jubilado se puede predicar su extinción, más no su prescripción”, dijo la Corte (Cas., 18 de diciembre de 1954). También la ley tiene establecido que la prescripción es un medio de extinguir los derechos, con lo cual los efectos de ese medio extintivo de las obligaciones no comprenden los estados jurídicos, como el de pensionado.
[…] La posibilidad de demandar en cualquier tiempo está jurídicamente permitida por ser consustancial al derecho subjetivo público de acción. La prescripción extintiva por tanto, no excluye tal derecho porque dentro de ella, dentro del proceso y presuponiendo su existencia, le permite al juez declarar el derecho y adicionalmente declarar que se ha extinguido - como obligación civil, más no natural - por no haberse ejercido durante cierto tiempo.
Es claro, en consecuencia, que cualquier persona en ejercicio de la acción - entendida como derecho subjetivo público - puede demandar en cualquier tiempo que se declare judicialmente la existencia de un derecho que crea tener en su favor. El derecho público también se manifiesta en el ejercicio del derecho de excepcionar.
En este orden de ideas, las personas tienen derecho a que en todo momento se declare su status de pensionado y se defina el valor real de su pensión, teniendo en cuenta que este último aspecto es una propiedad indisoluble de la calidad que les otorga el ordenamiento jurídico.
(2º) El estado jurídico de pensionado o jubilado implica el derecho a percibir mensualmente una renta, producto del ahorro forzoso, del trabajo realizado en vida o de cuando se tenía plena capacidad para laborar. De ahí, el carácter vitalicio del derecho, inextinguible por prescripción, y la connotación de tracto sucesivo de las prestaciones autónomas que de él emanan; todo lo cual significa que, si bien es imprescriptible el derecho a la pensión o, si se quiere, el estado de pensionado, sí son esencialmente prescriptibles sus manifestaciones patrimoniales, representadas en las mesadas pensionales o en las diferencias exigibles.
Al respecto, vale la pena recordar y reivindicar los argumentos expuestos por esta Corporación en sentencia CSJ SL, 26 may. 1986, rad. 0052:
Ahora bien, respecto al fondo del asunto se observa que conforme lo ha definido la jurisprudencia, la pensión de jubilación por ser una prestación social de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, no prescribe en cuanto al derecho en sí mismo, sino en lo atinente a las mesadas dejadas de cobrar por espacio de tres años, y, además, trae aparejada una situación jurídica regulada por la ley que, entre otras cosas, incluye los reajustes económicos de tal derecho. Estos reajustes como integrantes del status pensional son consustanciales a él y, por ende, no prescriben en cuanto tales, sino en tanto afectan la cuantía de determinadas mesadas. De suerte que la potencialidad del reajuste legal no desaparece por prescripción con arreglo a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral, sino que se extingue la incidencia que el ajuste pudo haber tenido en ciertas mensualidades que se percibieron sin que el acreedor hubiera objetado su cuantía durante el término prescriptivo de tres años. Así, en la práctica, el reajuste dispuesto por la Ley 10 de 1972 tiene incidencia en las mesadas del 1º. de enero de 1975 en adelante y, si como ocurrió en este caso sólo vino a reclamarse acerca de tal reajuste el 19 de octubre de 1981, es claro que la incidencia del reajuste prescribió hasta el 19 de octubre de 1978, pero de ahí en adelante tiene toda su eficacia ya que integra la situación legal del jubilado.
La imprescriptibilidad del derecho pensional y la vocación prescriptible de las mesadas pensionales obedece, además, a lo siguiente: respecto al estado jurídico de pensionado, si bien puede predicarse su existencia y la consecuente posibilidad de que sea declarado judicialmente, junto con todos sus componentes definitorios, no puede aseverarse su exigibilidad y, por ende, su vocación prescriptible, dado que, se itera, no existe un plazo específico para solicitar la definición de los estados jurídicos que acompañan a los sujetos de derecho. En cambio, en relación con cada una de las mesadas pensionales, en tanto expresiones económicas de la situación jurídica de pensionado, sí puede sostenerse su exigibilidad, para, a partir de allí, empezar a contar el término trienal de prescripción.
3º) La postura jurisprudencial que hoy nuevamente se retoma tiene la bondad de superar una situación de desigualdad procesal en el tratamiento que la jurisdicción ordinaria laboral y la contenciosa administrativa le venía ofreciendo a las personas que solicitaban la revisión de sus pensiones por defectos o incorrecciones en su liquidación.
En efecto, mientras que una persona puede solicitar ante la jurisdicción contenciosa administrativa la revisión en cualquier tiempo de los actos administrativos «que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas» (lit. c), num. 1º del art. 164 del CPACA), como las pensionales, en la jurisdicción laboral, para que su petición de reajuste pensional por inclusión de factores salariales prospere, tiene que presentar su demanda con arreglo a las reglas generales de prescripción. De manera que, una vez transcurrido el término trienal, va a obtener una respuesta diferente dependiendo de la jurisdicción en que presente su demanda, no obstante que en el fondo se encuentra un mismo problema: el derecho o no al reajuste de una pensión cuantificada incorrectamente por omisión de factores salariales.
Con lo anterior no se quiere significar que no puedan presentarse diferencias en los criterios de ambas jurisdicciones, pues, en virtud de la autonomía e independencia que la Constitución les otorga a los jueces en la interpretación de la ley, pueden darse y de hecho se presentan disparidades de pensamientos jurídicos, que son válidas. Lo que se quiere decir es que la tesis que se adopta, producto de una interpretación conforme con el postulado de la irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, indisponibilidad e indivisibilidad del derecho subjetivo a la pensión y del estado jurídico que genera, tiene unas consecuencias o corolarios positivos de cara a la idea del derecho de que las decisiones de los distintos órganos judiciales sean armónicas.
4º) Por último, debe subrayarse que la postura de la Sala, antes que atentar contra el principio de la seguridad jurídica, termina afianzándolo, puesto que las condiciones de seguridad y certeza en el derecho existen cuando las normas jurídicas se interpretan y aplican correctamente, en aras de que sean consistentes con las demás disposiciones e instituciones y compatibles con los valores del ordenamiento jurídico en general.
Adicionalmente, a la realización de la seguridad jurídica, en tanto valor complejo del derecho, no solo se contribuye cuando se definen con presteza los conflictos jurídicos, sino, primordialmente, cuando éstos son resueltos en los precisos términos normativos, teniendo en cuenta todas las salvedades y reservas que la Constitución y la ley consagren, de modo tal que el ciudadano y demás participes del sistema tengan certeza y puedan prever sus condiciones objetivas de aplicación por parte de los jueces.
Por todo lo anterior, esta Sala recoge el criterio jurisprudencial expuesto en la sentencia CSJ SL, 15 jul. 2003, rad. 19557 y, en su lugar, postula que la acción encaminada a obtener el reajuste de la pensión por inclusión de factores salariales, no está sujeta a las reglas de prescripción, motivo por el cual, puede demandarse en cualquier tiempo la revisión de las pensiones. Igualmente, se aclara que si bien es inextinguible por prescripción el derecho al reajuste de la pensión, sí continúan sujetas a las reglas generales de prescripción previstas en los arts. 151 del C.P.T., 488 del C.S.T. y 41 del D. 3135/1968, las diferencias en las mesadas originadas como consecuencia de una reliquidación judicial”.
En virtud de lo anterior, resulta oportuno destacar que en materia del derecho del trabajo y de la seguridad social, los preceptos aplicables son de carácter general y de orden público: los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. El primero, en lo correspondiente a los derechos regulados en ese cuerpo normativo y, el segundo, aunque no aplica al caso, en lo que tiene que ver con el ejercicio de las acciones que emanan de las leyes sociales.
Es importante subrayar que ambas disposiciones contemplan una prescripción trienal cuyo término de consolidación empieza a correr desde la exigibilidad de la respectiva obligación. También, en ambas, no basta para la pérdida o extinción del derecho, el simple paso del tiempo previsto en la ley, sino que se requiere, además, de la inactividad en el derecho o en el ejercicio de la acción durante ese mismo interregno, pues a decir de la segunda disposición, la simple reclamación escrita del trabajador recibida por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinados, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
La exigibilidad de la obligación apunta, adicionalmente, a su ejecución instantánea o a su desarrollo en un espacio de tiempo determinado o indeterminado, es decir, en relación con las obligaciones de tracto sucesivo, naturaleza propia de las pensiones.
Y es esta característica la que le otorga la imposibilidad de prescripción de la acción del derecho del cual surge, pues no comporta una prestación única de ejecución instantánea, sino una pluralidad de prestaciones que se causan a medida que transcurre la periodicidad por la que están regidas. Cada una de tales prestaciones constituye un acto autónomo frente a las demás y, por ende, exigible en su fecha de causación.
Entonces, si ha de estimarse la extinción de algún derecho por virtud de la omisión en su ejercicio y el cumplimiento del plazo trienal legalmente determinado en cuanto al contenido económico de la prestación, ello debe circunscribirse o restringirse a lo que en términos estrictos pretende el legislador, que no es más sino el que no se revivan prestaciones causadas y no reclamadas en su total o parcial valor dentro del plazo o término establecido para el efecto, vale decir, a las diferencias de valor de la prestación que debieron cumplirse y disfrutarse con anterioridad.
Lo anterior conllevaría a la casación del fallo atacado, sin embargo, no es posible, por cuanto, aun cuando por razones distintas, la sala, en sede de instancia, llegaría al mismo resultado absolutorio respecto de la pretensión principal de la demanda, que no es otra que reliquidar la mesada pensional teniendo en cuenta la asignación mensual más elevada percibida en el último año de servicios, sin realizar promedio de ningún tipo o con doceavas partes de las primas anuales.
El tema planteado ya fue estudiado por la sala en sentencia CSJ SL 46502, 11 may. 2011, que rememoró la SL 35095, 4 may. 2010, en donde se precisó que el valor de la pensión se encuentra conformado por la asignación básica, más las doceavas partes de las demás retribuciones que se causan por año de servicio o proporcional a éste, al considerar que «[…] cuando se trate de integrar la base salarial para liquidar la pensión, debe tomarse su doceava parte y no su totalidad».
De forma más reciente al resolver similar controversia, la sala en sentencia CSJ SL10506-2016, reiterada en la SL288-2018, recordó:
Como se indicó en precedencia, la inconformidad de la censura radica en que la liquidación de la pensión se debió realizar teniendo en cuenta la asignación del «mes en el último año de servicios» en el que «más alta remuneración le cancelaron», pero sin «efectuar promedio alguno», esto es, sin calcular las doceavas partes de los factores salariales.
Pues bien, el tema en cuestión ya fue analizado por esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, 4 may. 2010, rad. 35095, rememorada en providencia CSJ SL, 11 may. 2011, rad. 46502, y reiterada en fallos CSJ SL15819-2014, CSJ SL15823-2014, CSJ SL15824-2014 y CSJ SL15825-2014, en el sentido adoptado por el Tribunal. En ellas, se precisó que el valor de la pensión se encuentra conformado por la asignación básica, más las doceavas partes de las demás retribuciones que se causan por año de servicio o proporcional a éste, al considerar que «cuando se trate de integrar la base salarial para liquidar la pensión, debe tomarse su doceava parte y no su totalidad», y que «(…) no ocurre lo mismo con la prima de antigüedad o el subsidio de transporte o el subsidio de alimentación, a manera de ejemplo, pues estos conceptos se causan mes a mes y se cancelan precisamente por ese lapso, de ahí que como monto para conformar la base salarial, se tome el total de lo cancelado por ello en el mes correspondiente».
Así mismo, en dicha providencia se expuso que:
De admitirse la pretensión de la censura, significaría aceptar desproporciones no queridas por el legislador, que además repugnan al sentido natural, pues es lógico suponer, que dado el régimen de vacancia judicial que como norma general impera en la Rama, será siempre diciembre el mes en que un servidor judicial reciba cuantitativamente más dineros. No obstante, ello jamás ha significado que el total de lo recibido en ese mes deba ser siempre la base salarial para liquidar la pensión. Se repite, no ha sido esa la intención legislativa sobre la materia, porque usualmente el monto de la pensión está ligado al salario y ciertos elementos que tienen esa connotación, guardando una proporcionalidad entre tales conceptos y sin que el monto sea exorbitantemente superior a los pagos mensuales que se reciben y que retribuyen específicamente ese tiempo (Negrilla fuera del texto original).
La anterior postura jurisprudencial fue recientemente reiterada en providencia CSJ SL8645-2016.
De manera que, en este asunto, conforme a los supuestos fácticos que no son objeto de discusión y al no encontrar la Sala razones para cambiar el criterio jurisprudencial que hasta ahora se ha mantenido vigente sobre el tema de las doceavas partes como factor de salario para los beneficiarios del régimen especial contenido en el D. 546/1971, se concluye que el Tribunal no cometió el yerro jurídico endilgado y, en este orden de ideas, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
Con el anterior criterio jurisprudencial queda definido el tema de las doceavas partes como factor de salario, el cual se mantiene invariable, al no existir argumentos nuevos que den lugar a cambiar la postura de la sala. En consecuencia, no se casará la decisión.
Teniendo en cuenta que a la censura le asiste razón en cuanto al yerro cometido en la decisión atacada, respecto de de la prescripción de la acción, no hay lugar a condena en costas.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el dieciséis (16) de mayo de dos mil catorce (2014) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por HELÍ DE JESÚS HENAO GALLEGO contra CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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