Ficha de la providencia
Sentencia SL314-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL314-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL314-2020
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
5 de febrero de 2020
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL314-2020
Radicación n.° 73223
Acta 03
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veinte (2020).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARTHA JEANET SIERRA DÍAZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 27 de agosto de 2015, dentro del proceso ordinario laboral que promovió contra el BANCO DE LA REPÚBLICA.
ANTECEDENTES
Martha Jeanet Sierra Díaz, llamó a juicio a la mencionada entidad bancaria, para que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 7 de diciembre de 1987; que es beneficiaria de la convención colectiva suscrita en el año 1997, entre el Banco demandado y la organización sindical «ANEBRE», la cual se prorrogó automáticamente desde 1999 y se encuentra vigente y que tiene derecho a la pensión de jubilación del artículo 20 convencional «régimen unificado –(numeral 12 del acta No. 24 del 12 de diciembre de 1977)», por haber cumplido 25 años de servicio en el ente accionado.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, pidió que se condenara al Banco de la República, a reconocerle la pensión de jubilación, a partir del 7 de diciembre de 2012, fecha en que cumplió 25 años de servicio; que para efectos de la liquidación, se tuvieran en cuenta los factores salariales contemplados en los artículos 16 y 26 del instrumento convencional de 1997, tales como sueldo básico, prima de antigüedad, horas extras, dominicales, bonificaciones, prima de servicios; intereses moratorios; indexación y costas procesales.
En respaldo de sus pedimentos, relató que se vinculó al Banco, mediante contrato de trabajo a término fijo, desde el 7 de diciembre de 1987, como «Codificador del Departamento de Crédito Agropecuario»; que ocupó diferentes cargos, siendo el último el de profesional de investigación; que a la fecha de presentación de la demanda, tenía más de 26 años de servicio; que es beneficiaria del acuerdo colectivo celebrado entre el demandado y el sindicato «ANEBRE»; que tiene derecho a obtener la pensión de jubilación prevista en su artículo 20 y el numeral 12 del acta n.° 24 del 12 de diciembre de 1977, aún vigente, sobre el 90% del salario devengado, por haber cumplido más de 25 años de servicio, sin consideración a la edad.
Afirmó que el 9 de julio de 2010, solicitó al empleador el reconocimiento de la prestación pensional del artículo 20 de la convención, o en su defecto, la prevista en el artículo 78 del Reglamento Interno de Trabajo de 1985, las que fueron negadas a través de la respuesta emitida el 23 de ese mes y año; posteriormente, el 9 de agosto de 2013, presentó reclamación administrativa en el mismo sentido, también negada con el memorando «DSGH-0513» de 14 de agosto de 2013, suscrito por la Directora de Recursos de Gestión Humana de la entidad financiera enjuiciada, en la que reiteró la del 23 de julio de 2010.
Finalmente señaló que para el 7 de diciembre de 2012, en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, tenía 25 años de servicios continuos y el convenio colectivo de 1997, no fue denunciado, por lo que se ha venido prorrogando desde 1999; así mismo, que el Reglamento Interno de Trabajo, establece una pensión de jubilación especial para sus trabajadores (f.° 1 a 22).
La demandada al contestar, manifestó que en relación con las declaraciones, «no me opongo, siempre y cuando no conlleve algún tipo de reconocimiento pensional» y respecto a las restantes, al igual que las condenas impetradas, dijo que las rechazaba. Como razones de defensa adujo, que su negativa a conceder la pensión de jubilación se ajustaba a los preceptos legales, extralegales y constitucionales a efectos de no contrariar el mandato del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual tuvo como finalidad, eliminar prerrogativas en materia pensional.
De los hechos, aceptó la mayoría, excepto los relacionados con la vigencia de la convención colectiva de trabajo con posterioridad al 31 de julio de 2010, por así disponerlo el mencionado acto legislativo; el cumplimiento de 25 años de servicios de la actora antes de la vigencia de esta reforma constitucional, porque dicho requisito lo reunió «en diciembre de 2012», con posterioridad a aquella data; y la prórroga del instrumento colectivo en asuntos pensionales, pues solo operó en lo concerniente a prestaciones diferentes a aquellos derechos.
Propuso como excepciones de mérito, las de inexistencia de la obligación pretendida; falta de título y causa y cobro de lo no debido; prescripción; legalidad de la actuación del banco; buena fe; compensación; y, la «GENÉRICA» f.° 114 a 139).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá D.C., dictó sentencia el 16 de julio de 2015 (f.° CD 173 y 174), en la que resolvió absolver a la entidad demandada de todas las pretensiones de la actora y la gravó con costas.
La anterior decisión, fue apelada por la demandante.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante fallo emitido el 27 de agosto de 2015 (f.° CD 181 y 182), confirmó el del a quo, sin imposición de costas.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal, comenzó por relacionar los elementos probatorios y el marco normativo y jurisprudencial en los que se apoyaría para dilucidar el conflicto sometido a su conocimiento. Citó entre estos, el contrato de trabajo celebrado por la demandante con su empleador, las reclamaciones administrativas que aquella realizó, los cargos desempeñados y la convención colectiva y «régimen unificado» de 1977; así mismo, el Acto Legislativo 01 de 2005, las sentencias de la Corte Constitucional SU555-2014, SU789-2002 y de esta Corporación, de las que solo indicó sus radicados «29907» y «35402».
Señaló que se encontraban por fuera de controversia, que la demandante era trabajadora oficial del Banco de la República desde el 7 de diciembre de 1987, su condición de beneficiario de la convención colectiva aún vigente, que contempla en sus artículos 18 y 20, la pensión de jubilación con 20 años de servicio y 50 años de edad y 25 de servicio sin consideración a la edad, respectivamente (f.° 20 a 82).
Adujo que el problema jurídico se centraba en determinar si la promotora del proceso había reunido los requisitos exigidos por la convención colectiva de trabajo, antes del 31 de julio de 2010, fecha señalada en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Explicó las reglas pensionales contenidas en pactos, convenciones y laudos y sus limitaciones a partir de la vigencia del anterior acto, el respeto por los derechos adquiridos y su interpretación por esta Corte. Descendió al caso en concreto e indicó que por tratarse de una aspiración pensional de naturaleza extralegal, era aplicable el parágrafo 3 de aquel, teniendo en cuenta la vigencia hasta el 31 de julio de 2010.
Coligió que de las pruebas arrimadas al proceso, para efectos de aplicar los artículos 18 y 20 de la convención, se desprendía que la accionante cumplió 20 años de servicio «en el año 2007» y los 25 años, el 7 de diciembre de 2012; en ese orden y de acuerdo a la interpretación y sub reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-555 de 2014, la situación en concreto, «no encajaba en la definición de derechos adquiridos», por cuanto a la entrada en vigencia de la reforma constitucional, no cumplía los requisitos para acceder a la prestación reclamada; que tampoco contaba una expectativa legítima, ya que su derecho no se concretó antes de la fecha límite fijada por el acto jurídico que modificó el precepto 48 superior.
Dijo que frente a la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la parte actora, no había lugar a la misma, porque la Corte Constitucional en la sentencia de unificación citada en precedencia, se había referido al acto legislativo y los criterios para su aplicación y además que esta Corporación, asentó en la sentencia «con radicación 39797», que con la aplicación de este, no se afectaba el derecho a la negociación colectiva.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte, case totalmente la la sentencia impugnada y en sede de instancia, revoque la de primera instancia y condene a la entidad accionada al «reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional a la demandante de acuerdo con el tiempo de servicio y el art. 20 de la convención colectiva de trabajo de 1997 (folios 3 y 82 del expediente), cláusula 26 (folio 83 del expediente)» y a las costas a que haya lugar.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados oportunamente y se estudiarán conjuntamente, pese a su formulación por distintas vías y modalidades, dada la similitud de las normas acusadas, su argumentación y un único objetivo.
CARGO PRIMERO
Denuncia la sentencia impugnada, por la vía directa, en el concepto de aplicación indebida,
[…] del Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafos 2°. y 3°., los artículos 467, 468 y 471 del C. S. del T.; arts.1, 4, 6, 13, 23, 29, 39, 48, 55, 53, 93, 236 y 266 de la C.P. sentencia SU-555-2014, convención colectiva de trabajo, año 1997, cláusulas 18 y 20, acuerdos y convenios internacionales de la OIT 87 (aprobado por la ley 26 de 1976) y 98 (aprobado por la ley 27 de 1976); Recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la 01T, caso 2434, informe 353, informe 362 caso 2804 Consejo de Administración 2011, y de las normas procedimentales referentes al tema, como consecuencia de la interpretación errónea en que incurrió el Tribunal al aplicar el Acto Legislativo 01 de 2005.
Para su demostración, sostiene que el ad quem fijó su posición únicamente en el parágrafo 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 y en la sentencia CC SU-555 de 2014 y aplicó los criterios interpretativos que «la Sala» ha venido haciendo de esta y de las que «tienen como pretensión el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional después del 31 de julio de 2010».
Expresa que si bien el artículo 48 constitucional «hace un corte» a las pensiones extralegales después del 31 de julio de 2010, no lo hace respecto a una transición a los mismos, aspecto que dice es fundamental y el colegiado no lo tuvo presente, como tampoco las normas de carácter convencional que rigen las relaciones empleador-trabajador desde 1997 y sus prórrogas que no han perdido vigencia.
Destaca que el referido acuerdo colectivo no solo creó unas expectativas legítimas a los trabajadores, sino que se consolidó en el tiempo y fue ratificado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, aprobado por el Consejo de Administración, lo que lo hace vinculante y de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, pese a que la Corte Constitucional lo haya desconocido o dado una interpretación diferente.
Critica que el Tribunal hubiere negado la prestación pensional de la accionante con el argumento de que los beneficios convencionales fueron restringidos a partir del 31 de julio de 2010 y que a esta fecha, no contaba con 20 ni 25 años de servicio sin consideración a la edad en el primer caso y 50 años en el segundo, para lo cual se amparó en la sentencia CC SU-555 de 2014.
Itera que con la interpretación dada por el colegiado al Acto Legislativo 01 de 2005, «atropella» jurídicamente los acuerdos y tratados internacionales que hacen parte de nuestra legislación interna, con desconocimiento de los derechos incorporados en la misma.
Agrega:
[…] llama la atención que el Tribunal desconozca derechos y principios traídos al proceso como son: los salvamentos de voto, el mismo derecho adquirido, confianza legítima, favorabilidad in dubio pro operario y pro homini, buena fe, la aplicación de la convención dada su prórroga automática y su vigencia, Pacta Sunt Servanda, confianza legítima, el bloque de constitucionalidad y la antinomia constitucional, y los acuerdos y tratados internacionales, derecho de asociación sindical, así como las recomendaciones vinculantes del Comité de la OIT y su aprobación por parte del consejo de administración del mismo organismo, todos ellos traídos al proceso, hacen parte del cuerpo jurídico de la demanda.
Por último, previa alusión al bloque de constitucionalidad, los Convenios 87 y 98 de la OIT, dice que el ad quem, desconoció el «Acto 03 de 2011», que ordena que bajo ninguna circunstancia, autoridad administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva, «Y de igual manera ese Acto Legislativo está sujeto a ser interpretado y aplicado en el marco del bloque de constitucionalidad, las antinomias constitucionales y demás principios del derecho» (f.° 14 a 24).
RÉPLICA
Aduce defectos de orden técnico que a su juicio conllevan el fracaso del cargo formulado; dice que en la violación denunciada, la censura incluye con el carácter de normas legales sustanciales una sentencia, la convención colectiva de 1997, recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y un informe del Consejo de Administración de la OIT, que no son leyes y por tanto no pueden ser objeto de estudio en el cargo propuesto por la vía directa; que acusa el Acto Legislativo de 2005 como indebidamente aplicado e interpretado, lo que es imposible por ser excluyente.
Como razones de fondo y de orden conceptual, señala que el censor no intenta demostrar los errores jurídicos que le endilga al Tribunal, pues se dedica a realizar una extensa disertación para cuestionar que el sentenciador no le hubiera dado prevalencia a unos salvamentos de voto y actos de la OIT distintos a la Conferencia Internacional y tampoco explica por qué hubo error en la interpretación del artículo 1 del Acto Legislativo; que el raciocinio del ad quem fundado en la jurisprudencia de esta Corte, fue acertado (f.° 42 a 46).
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia recurrida, de violatoria de la ley, por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos «21, 467 y 478 del C. S. del T.; Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo 3º; artículos, 39, 53 y 54 C.P.; convención colectiva de trabajo años 1997, arts. 18 y 20. Los artículos 177, 237 (6) y 393 del C.P.C., aplicables en virtud del artículo 145 del CPT y SS. Tratados y acuerdos internacionales».
Indica:
[…] de acuerdo a las consideraciones del Tribunal donde se analizaron el acto legislativo 01 de 2005, la sentencia SU-555 de 2014, los derechos adquiridos y no se tuvieron en cuenta otros fundamentos de derecho (folios 181 del expediente)».
Enlista los siguientes errores de hecho:
No dar por demostrado estándolo que la demandante tiene derecho a la pensión de jubilación convencional de acuerdo con lo regulado en la convención colectiva de trabajo año 1997 artículo 20 (Folio 82 del expediente).
No dar por demostrado estándolo que a la demandada Banco de la República le asiste el derecho de reconocer y pagar la pensión de jubilación a la demandada por así regularlo la norma convencional (folios 82 y 83 del expediente).
No dar por demostrado, estándolo, "que a la demandante no se le aplica el Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo 3°., por cuanto a la fecha de entrada en vigencia la convención se venía prorrogando automáticamente desde el año 2000, (folios 04 hecho 14 y folio 116 respuesta al hecho 14 del expediente).
No aplicar de acuerdo a lo manifestado por el Ad quem el principio de favorabilidad traído como elemento principal y fundamental para la decisión de segunda instancia (folio 08 del expediente).
No aplicar o desconocer el acuerdo de voluntades celebrado entre empleador -trabajador (folio 09 y 10 del expediente).
Desconocer el Tribunal que la demandante tiene un derecho adquirido materializado en la convención colectiva de trabajo año 1997 (folios 07 y 08 del expediente).
No aplicar el ad quem o desconocer el principio de progresividad (folios 12 y 13 del expediente).
Desconocer o dar aplicación a las recomendaciones del comité de libertad sindical aprobado por el consejo de administración de la OIT al caso 2434 (folios 17,18 y 19 del expediente).
Sostiene que el sentenciador de segundo grado no tuvo en cuenta sus argumentos ni todas las pruebas presentadas; iteró parcialmente sus disertaciones del anterior cargo, relativos al criterio del ad quem frente al Acto Legislativo, la jurisprudencia constitucional y los derechos adquiridos; respecto a las pruebas arrimadas al plenario, hizo abstracción de los fundamentos de derecho sobre los cuales se soportaron.
Esgrime que el acuerdo convencional de 1997 se prorrogó automáticamente a partir del año 2000; reproduce su artículo 20, para destacar la exigencia de los 25 años de servicios sin consideración a la edad para acceder al derecho pensional; menciona el precepto 26, relativo a la forma de liquidación y los factores salariales y afirma que dicho acuerdo, no nació a la vida jurídica entre los años 2005 y 2010, ni que su vigencia fuera para ese periodo, insiste en que la convención «viene de mucho atrás y su prórroga automática no le hace perder vigencia, al contrario, la fortalece y le da seguridad, por ello las condiciones y requisitos están vigentes, no han sido modificados», conforme lo establece el artículo 478 del CST, del cual copia su texto.
Arguye que los acuerdos convencionales entre empleadores y trabajadores hacen parte del contrato laboral, son ley para las partes, que están protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, así como por las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, el «PACTA SUN (sic) SERVANDA», que no pueden ser desconocidos por el Estado Colombiano ni por el Acto Legislativo 01 de 2005.
Acto seguido discierne sobre los Convenios 87 y 98, la sentencia CC C-258-1993 relativa al régimen pensional y salariales especial; dice que no es cierto lo predicado por los despachos judiciales en cuanto a que el cumplimiento de los requisitos pensionales después del 31 de julio de 2010 son meras expectativas; que por el contrario, los derechos de esta índole son ciertos «y no se pierden», que la reforma constitucional lo que hizo fue reafirmarlos, ya que esta por sí sola no podía derogar los acuerdos y tratados con la OIT que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como tampoco el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, ni los artículos 53 y 55 de la C.P., razón por la «queda intacto el derecho adquirido por convención colectiva» (f.° 24 a 32).
RÉPLICA
También le enrostra defectos de orden técnico, porque incluye en el mismo plano de una ley sustancial de contenido laboral una convención sin indicar las cláusulas supuestamente violadas y alude a acuerdos o tratados internacionales sin precisar los artículos; que los desatinos que afirma como cometidos por el Tribunal son de esencia jurídica, pues los relaciona en gran parte con un derecho, obligación o desconocimiento de un principio jurídico y convierte el cargo en inexistente debido a que no incluye planteamientos fácticos, no denuncia ninguna falencia del Tribunal en su labor de análisis probatorio ni relaciona ninguna prueba de la que puedan surgir los errores de hecho que le atribuye.
En cuanto al fondo del asunto, indica que el sentenciador se concretó a señalar que la demandante cumplió los requisitos para acceder a las distintas modalidades de pensión de jubilación, con posterioridad al 31 de julio de 2010 y estas conclusiones se encuentran intactas, ya que no fueron atacadas por la censura (f.° 46 a 48).
CONSIDERACIONES
Concluyó el Tribunal, que a Martha Jeanet Sierra Díaz, no le asistía el derecho a la prestación pensional contemplada en la convención colectiva de trabajo de 1997, suscrita entre el Banco de la República y la organización sindical «ANEBRE», toda vez que la accionante cumplió los requisitos exigidos en los artículos 18 y 20 de dicho acuerdo, con posterioridad al 31 de julio de 2010, fecha límite consagrada en el Acto Legislativo 01 de 2005, para tales efectos; que en la situación en concreto, «no encajaba en la definición de derechos adquiridos», ni contaba con una expectativa legítima.
Luego de su análisis de las pruebas arrimadas al proceso, dedujo que para efectos de aplicar los artículos 18 y 20 de la convención, se requería que la actora hubiese cumplido 20 años de servicios y 50 años de edad conforme aquel precepto y 25 años de servicios respecto al segundo; que la accionante cumplió 20 años de servicio «en el año 2007» y 25, el 7 de diciembre de 2012; que conforme a la interpretación y sub reglas establecidas en la sentencia CC SU-555 de 2014, el derecho prestacional no se concretó antes de la fecha fijada por el acto jurídico que modificó el artículo 48 constitucional.
Para la censura el ad quem incurrió en la violación de las normas acusadas, por cuanto las contenidas en la convención colectiva de 1997 suscrita entre el banco empleador y su sindicato, no han desaparecido por la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, la cual se ha venido prorrogando automáticamente en los términos del artículo 478 del CST, y creó unas expectativas legítimas a los trabajadores; que el Tribunal fijó su criterio frente al parágrafo 3 de aquel acto jurídico, la sentencia CC SU-555-2004 y las interpretaciones de esta Sala sobre el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación después del 31 de julio de 2010, con un claro desconocimiento de principios, derechos, pactos, convenios 87, 98 de la OIT y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad.
Son supuestos fácticos fuera de controversia, por haberlo encontrado así el Tribunal: i) que Sierra Díaz, nació el 29 de mayo de 1968 (f.° 25); ii) que se vinculó al Banco de la República, como trabajadora oficial, desde el 7 de diciembre de 1987 y cumplió 20 años de servicio, el mismo día y mes de 2007; iii) que es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Banco y su organización sindical Asociación Nacional de Empleados «ANEBRE», entre el 23 de noviembre de 1997 y el 22 de noviembre de 1999, aún vigente; y, iv) que el artículo 18 extralegal consagró una pensión de jubilación con más de 20 años y 55 años de edad y el artículo 20, un tiempo de 25 años de servicios, sin consideración a la edad (f.° 26 a 82).
La Sala frente a este tema, asentó el criterio que la pretensión pensional, en los términos planteados, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que el parágrafo 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, es claro al fijar que las reglas allí contenidas se mantendrían por el término inicialmente estipulado en el instrumento colectivo.
Por lo anterior, no es dable aceptar la tesis del recurrente en el sentido que al no ser denunciado el instrumento colectivo, dicha cláusula pensional se prorrogó automáticamente, pues sin perjuicio de las normas de rango legal que contemplan el sistema de prórrogas y denuncias, es claro que en este caso el constituyente reguló, de manera concreta, un mecanismo que permitiera, de forma gradual, suprimir los regímenes pensionales especiales y exceptuados que, en su criterio, comprometían la sostenibilidad financiera del sistema y creaban situaciones de inequidad.
En el caso que se examina, el Tribunal, halló con fundamento en el parágrafo transitorio 3, del Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el 48 superior, el cual consagró que las reglas de carácter pensional extralegal que regían a la fecha de entrada en vigencia de dicho acto, se mantendrían por el término inicialmente estipulado y que en los pactos, convenciones o laudos que se suscribieran entre la vigencia de la reforma y el 31 de diciembre de 2010, no podían consagrarse condiciones más favorables que las vigentes para ese momento, pero en todo caso, perderían efectos en la mencionada fecha.
Del contenido de los artículos 18 y 20 de la convención colectiva de trabajo 1997-1999 de los que la demandante deriva el derecho a la pensión de jubilación reclamada, por ser beneficiaria, perdieron su vigor el 31 de julio de 2010, data para la cual, si bien tenía cumplidos en la primera hipótesis, 20 años de servicios -7 de diciembre de 2007- no así la edad exigida -50 años-, pues nació el 29 de mayo de 1968, por lo que este requisito lo cumplió en el año 2018; y, respecto a la segunda hipótesis, de los 25 años de servicios con independencia de la edad, tal presupuesto los cumplió el 7 de diciembre de 2012, es decir, con posterioridad al 31 de julio de 2010, fecha límite establecida por el Acto Legislativo 01 de 2005, para optar a la prestación jubilatoria pretendida, tal como lo concluyó el sentenciador colegiado.
Conforme a lo expuesto, no resultan equivocadas las inferencias del Tribunal, pues la reforma pensional, estableció un límite temporal máximo para la vigencia de las reglas extralegales que venían pactadas en materia pensional, en el entendido de que tales exigencias, debían acreditarse a más tardar el 31 de julio de 2010, pues a partir de esa fecha, las normas convencionales desaparecerían del mundo jurídico, tal como sucedió en el presente caso.
Sobre el tema objeto de examen, esta Corporación, en sentencia CSJ SL 1799-2018, reiterada en las CSJ SL3148-2019 Y CSJ SL2236-2019, señaló:
Pues bien, en lo que específicamente guarda relación con la materia colectiva, dicha disposición supralegal abrogó la posibilidad de que los empleadores y organizaciones sindicales acuerden, mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones. Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, dispuso un periodo transitorio, así:
Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.
Ahora, el alcance del referido Acto Legislativo lo explicó esta Sala en providencia CSJ SL 12498-2017 reiterada en reciente sentencia CSJ SL 602-2018, en la que trajo a colación la decisión CSJ SL 31 en. 2007, rad 31000, según la cual la expresión «término inicialmente pactado» allí contenida, hace alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes en una convención colectiva de trabajo, de manera que «si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”».
Así lo indicó:
(…) a juicio de esta Corporación, del precepto constitucional objeto de análisis se desprende una primera regla, consistente en que la expresión «término inicialmente pactado» hace alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes en una convención colectiva de trabajo, de manera que «si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”». Esto, desde luego, se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y cuya fecha de finalización sea ulterior a esta reforma constitucional.
La segunda y tercera hipótesis, básicamente expresan un mismo razonamiento, en el sentido que en el evento de que la convención haya sido objeto de sucesivas prórrogas por cuenta de lo dispuesto en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010, fecha fijada como límite a la pervivencia de los beneficios pensionales extralegales. A modo de ejemplo, si el vencimiento de un acuerdo colectivo ocurrió en diciembre de 2004 y por fuerza de la renovación legal aludida se ha extendido en múltiples ocasiones de 6 en 6 meses, las prestaciones pensionales allí previstas subsistirán hasta tanto sean eliminados por voluntad de las partes y como máximo hasta el 31 de julio de 2010.
La distinción entre ambos escenarios, a primera vista, parecería arbitraria, empero no lo es. En la primera situación, el constituyente delegado tuvo de presente la necesidad de respetar y darle plenos efectos a los compromisos y términos ejercicio de su derecho de negociación colectiva, que les permite pactar libremente el tiempo de vigencia de los beneficios convencionales, sin que ello pueda ser abolido unilateralmente por una disposición jurídica. Se evitó así, la restricción e imposición heterónoma a lo que autónomamente habían negociado las partes y sobre lo cual recaían sus expectativas legítimas de que lo acordado iba a tener cierta estabilidad laboral.
En ese entendido, la Corte concluyó que con base en la lectura del parágrafo transitorio 3.º es posible armonizar las expresiones «se mantendrán por el término inicialmente estipulado» y «en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010». La primera alude a la observancia del término inicial de duración de la convención expresamente pactado por las partes en el marco de la negociación colectiva de trabajo y, la segunda, a las prórrogas legales automáticas de las convenciones o pactos que, desde antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, venían operando, caso en el cual las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010.
Ante este panorama, es claro que como la norma convencional de la cual deriva el derecho pensional perseguido fue suscrita con una vigencia de 4 años contados a partir del 1.º de noviembre de 2003, se mantuvo vigente solo hasta el 31 de octubre de 2007 conforme aquel enunciado constitucional contenido en el parágrafo 3.° del Acto Legislativo 01 de 2005, según el cual, las reglas de carácter pensional incluidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos que venían rigiendo a la fecha de su entrada en vigencia, perdurarían «por el término inicialmente estipulado».
Por lo anterior, no es dable aceptar lo referido por la recurrente en el sentido que al no ser denunciado el instrumento colectivo, dicha cláusula pensional se prorrogó automáticamente, pues sin perjuicio de las normas de rango legal que contemplan el sistema de prórrogas y denuncias, es claro que en este caso el constituyente reguló, de manera concreta, un mecanismo que permitiera, de forma gradual, suprimir los regímenes pensionales especiales y exceptuados que, en su criterio, comprometían la sostenibilidad financiera del sistema y creaban situaciones de inequidad (CSJ SL 12498-2017).
Así entonces, para los acuerdos cuyo término inicial estuviese en curso al momento en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, se limitó su duración en el tiempo, hasta el cumplimiento del plazo en ellos estipulados y para aquellos sobre los que ya venía operando una prórroga en virtud de la ley, se fijó como límite máximo en el tiempo, el 31 de julio de 2010.
Luego, resulta evidente que el Tribunal no cometió error alguno, en tanto, se repite, las reglas pensionales contenidas en acuerdos colectivos cuya vigencia inicial pactada termine con posterioridad a la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005, desaparecen del mundo jurídico una vez se arribe al término inicialmente pactado.
(Subrayas del texto original).
Así las cosas, conforme al anterior criterio jurisprudencial, como el convenio colectivo, pilar fundamental de las pretensiones de la actora, suscrito en el año de 1997, las condiciones contenidas en los artículos 18 y 20 de dicho acuerdo, solo podían tener vigor hasta el 31 de julio de 2010, por así establecerlo el citado parágrafo 3, del artículo 1 del Acto Legislativo n.° 01 de 2005.
Ahora, en cuanto al desconocimiento de preceptos constitucionales sobre integración de normas internacionales al ordenamiento jurídico, basta traer a colación lo expresado por esta Corte, en la sentencia CSJ SL3962-2018, emitida en un asunto de similares contornos al que aquí se dilucida:
La Corte no encuentra que el ad quem hubiese desconocido las normas constitucionales sobre integración de los tratados en los cuales se consagró el derecho a la seguridad social como un derecho humano, pues justamente se limitó a aplicar en estricto rigor las disposiciones constitucionales referidas a la negociación de condiciones pensionales, plasmadas en el Acto Legislativo 01 de 2005, que establecieron la pérdida de la vigencia de las condiciones pensionales extralegales a partir del 31 de julio de 2010, de manera que el fallador no desconoció la especial protección que tiene el derecho a la seguridad social en el ámbito del derecho internacional.
Para la Corte resulta claro que un juez no puede desconocer normas internacionales cuando aplica los mandatos de la Carta Política de 1991, que constituyen la fuente primaria del ordenamiento jurídico colombiano, tal como lo efectuó en el presente asunto el Tribunal, pues el constituyente derivado, en este caso, fue el que dispuso la modificación de las reglas constitucionales. (CSJ, SL 12420-2017, rad. 58560).
Concluye esta Sala, que el colegiado, no incurrió en los dislates fácticos y jurídicos que se le endilgan, pues encontró que las reglas pensionales del instrumento de 1997, suscrito entre el banco accionado y su sindicato «ANEBRE», perdieron vigencia el 31 de julio de 2010, data para la cual la demandante no cumplió con los requisitos exigidos en el mismo, para obtener la pensión de jubilación pretendida.
Por lo expuesto, los cargos no prosperan.
Las costas, a cargo de la recurrente, por cuanto hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho, la suma de $4.240.000 que serán liquidados en el juzgado, conforme a lo dispuesto en el artículo 366-6 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 27 de agosto de 2015, dentro del proceso ordinario laboral que promovió MARTHA JEANET SIERRA DÍAZ contra el BANCO DE LA REPÚBLICA.
Costas como se dijo.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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