Ficha de la providencia
Sentencia SL3149-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3149-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3149-2019
Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa
6 de agosto de 2019
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL3149-2019
Radicación n.° 61668
Acta 026
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUIS EDUARDO ABADÍA BASTO, FERNANDO LÓPEZ JIMÉNEZ, LUIS ÓSCAR MONTES, NELSON YESID CASTAÑEDA POLOCHE, HÉCTOR FABIO MORALES, JORGE ALBERTO QUINTERO RODRÍGUEZ, y CAMPO ELÍAS QUIROZ ASMASA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 20 de marzo de 2013, en el proceso que instauraron contra PRICOL ALIMENTOS S.A., POLMARCER LTDA., INVERSIONES PRICOL C.A. e IVÁN DARÍO QUINTERO MARTÍNEZ.
ANTECEDENTES
Luis Eduardo Abadía Basto, Fernando López Jiménez, Luis Óscar Montes, Nelson Yesid Castañeda Poloche, Héctor Fabio Morales, Jorge Alberto Quintero Rodríguez, y Campo Elías Quiroz Asmasa llamaron a juicio a las empresas Polmarcer Ltda., Pricol Alimentos S.A., en Liquidación, e Inversiones Pricol C.A., y solidariamente a la persona natural con el fin de que se declarara la existencia de sendas relaciones de trabajo que culminaron de manera unilateral e ilegal el 20 de diciembre de 2009; que se encontraban amparados por el parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 50 de 1990 en relación con el numeral 5 del artículo 8 del Decreto 2351 de 1965, «[…] para aquellos trabajadores que tuvieran más de diez años de servicio a la entrada en vigencia de esa ley, es decir al 1° de enero de 1990».
En consecuencia, que fueran condenas a reintegrarlos, sin solución de continuidad, a los cargos que ocupaban en la planta de personal de Pricol Alimentos S.A., en Liquidación, a la fecha de retiro o a otro de igual o superior categoría, con el pago de los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir; a consignar las cesantías en el fondo respectivo, así como los aportes a la seguridad social integral, y las costas procesales.
Fundamentaron sus peticiones, en que hacía 52 años, aproximadamente, que había iniciado operaciones la sociedad Quaker S.A., en la ciudad de Cali; que el 3 de julio de 1958 sus trabajadores crearon la organización Sintraquaker; que el 7 de octubre de 2002 Pricol Alimentos S.A., adquirió los derechos de productos Quaker S.A., y, en relación con los contratos de trabajo vigentes, operó la sustitución de empleadores; que en virtud de lo anterior el sindicato cambió su razón social el 16 de diciembre siguiente y pasó a llamarse Sintrapricol.
Adujeron, que ingresaron a laboral en estas fechas: Luis Eduardo Abadía Basto (14-02-80), Fernando López Jiménez (25-07-77), Luis Oscar Montes (25-06-79), Nelson Yesid Castañeda Poloche (11-12-76), Héctor Fabio Morales (14-03-77), Jorge Alberto Quintero Rodríguez (14-07-80), y Campo Elías Quiroz Asmasa (02-08-79); que Sintrapricol, el 14 de octubre de 2005, firmó la convención colectiva de trabajo 2005-2008; que el 26 de noviembre de 2006 se les comunicó que a partir del 9 de enero siguiente debían presentarse a laborar en la ciudad de Facatativá, Cundinamarca, en aplicación de la potestad del ius variandi; que dichos traslados se hicieron efectivos entre enero y agosto de 2007.
Adujeron, que el 21 de octubre de 2009, la asamblea de accionistas de Pricol Alimentos S.A., acordó la disolución y liquidación voluntaria de la sociedad; que a través de distintos comunicados del 18 de diciembre siguiente les dieron por terminados los contratos de trabajo; que, para ese momento, se encontraban amparados por el parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 50 de 1990, que conservó el derecho al reintegro previsto en el numeral 5 del artículo 8 del Decreto 2351 de 1965, para aquellos trabajadores que tuvieran más de diez años de servicios al 1 de enero de 1991.
Agregaron que, mediante la escritura pública n.° 2187 del 21 de diciembre de 2009, de la Notaría 15 del Círculo de Bogotá, la empresa Pricol Alimentos S.A., se liquidó, y se designó a la sociedad Polmacer Ltda., como administradora de su patrimonio autónomo de remanentes.
Al dar respuesta a la demanda, Polmacer Ltda. e Inversiones Pricol C.A.se opusieron a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijeron que ninguno les constaba por no relacionarse con ellas y que no debieron ser vinculadas al proceso, como quiera que en la liquidación de Pricol Alimentos S.A., a la primera le fueron impartidas algunas instrucciones y a la otra le fue asignado un inmueble en razón de sus derechos societarios, tal y como aparecía en la escritura pública n.° 2187 del 21 de diciembre de 2009.
En su defensa propusieron las excepciones de inexistencia de las obligaciones, prescripción, inexistencia de responsabilidad solidaria, y buena fe.
Mediante proveído del 25 de octubre de 2011, el despacho de conocimiento desvinculó del proceso a la sociedad Pricol Alimentos S.A., en Liquidación, en consideración de que había dejado de existir a partir del 28 de diciembre de 2009, es decir, antes de la presentación de la demanda acaecida el 10 de febrero de 2010 (f.° 326 a 329).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá, Cundinamarca, mediante fallo del 17 de septiembre de 2012, absolvió a las demandadas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación de los demandantes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, a través de sentencia del 20 de marzo de 2013, confirmó la decisión.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal señaló que debía establecer si las accionadas Inversiones Pricol C.A., y Polmacer Ltda., eran solidariamente responsables de las obligaciones contraídas por la extinta Pricol Alimentos S.A., y, por ende, del reintegro deprecado por los actores.
Dio por sentado, que los demandantes prestaron sus servicios a Pricol Alimentos S.A., desde las siguientes fechas: Luis Eduardo Abadía Basto (14-02-80), Fernando López Jiménez (25-07-77), Luis Oscar Montes (25-06-79), Nelson Yesid Castañeda Poloche (12-04-76), Héctor Fabio Morales (14-03-77), Jorge Alberto Quintero Rodríguez (14-07-80), y Campo Elías Quiroz Asmasa (02-08-79); que dichos vínculos fenecieron el 20 de diciembre de 2009; que la citada empresa fue liquidada mediante la escritura pública n.° 2187 del 21 de diciembre de 2009, de la Notaría 15 del Círculo de Bogotá D.C., que se canceló su matrícula mercantil por documento privado, el 22 de ese mismo mes y año, y que a través de proveído adiado el 25 de octubre de 2011 fue desvinculada de la actuación procesal, «[…] por considerarse que para la fecha de instauración de la acción aquella se encontraba liquidada y por ende no existía jurídicamente, no siendo capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones».
En relación con la presunta responsabilidad solidaria de las dos sociedades, advirtió que ya esa colegiatura había fijado su posición en sentencia del 18 de enero de 2013, dentro del proceso de fuero sindical instaurado por Jorge Alberto Quintero Rodríguez contra las accionadas, en la cual se reseñó la sentencia CSJ SL 13939, 10 ago. 2000. Reprodujo dicha providencia y concluyó, que no era factible acceder a la pretensión de reinstalación de los accionantes, «[…] pues al haberse extinguido jurídicamente quien ostentaba la condición de empleador, se hace inviable el reintegro deprecado, ya que las accionadas Inversiones Pricol C.A., y Polmacer Ltda., no son las llamadas a responder».
Enfatizó, que «[…] no se puede predicar la solidaridad argüida, prevista en el artículo 36 del CST, por tratarse de una sociedad anónima, de conformidad con lo señalado en la providencia transcrita».
Agregó, que la extinta Pricol Alimentos S.A., reconoció a los demandantes la indemnización por la terminación de los contratos (f.° 20, 23, 26, 29,32, 35 y 37), sin que existiera reparo alguno, respecto de las sumas reconocidas, «[…] siendo esta la opción legal que tiene el trabajador cuando se hace –como en este caso- materialmente imposible el reintegro, por la desaparición o extinción de la vida jurídica de la empleadora».
Por último, sostuvo que el argumento de los apelantes, en el sentido de que no existió autorización del Ministerio del Trabajo para el cierre definitivo de la empresa, situación que conllevaba la violación del artículo 466 del CST, «[…] se constituye en un hecho nuevo que de ser tenido en cuenta en este estadio procesal, vulneraría el derecho de defensa y el debido proceso por cuanto no fue controvertido en juicio, habida consideración que de ello no se hizo manifestación alguna en el escrito demandatorio».
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por los demandantes, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretenden que la corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá del 17 de septiembre de 2012 y, en su lugar, se estimen las pretensiones de la demanda, en el orden en que fueron presentadas.
Con tal propósito formularon tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados por las dos sociedades y se resolverán conjuntamente dado que acusan normas similares y apuntan a un fin común.
CARGO PRIMERO
Acusaron la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 252 del CCo, en relación con los artículos 53 y 83 de la CN; 6 de la Ley 50 de 1990; 36, 64 y 466 del CST; 245 y 830 del CCo, 2341 CC y 60 del CPC.
En la demostración del cargo, recordaron que el artículo 83 de la CN establecía el principio de la buena fe como una garantía de la convivencia en sociedad, en tanto que el artículo 53 ídem imponía la interpretación de las fuentes del derecho, más favorable al trabajador; afirmaron, que ese era el caso del entendimiento que debía dársele al artículo 252 del CCo, o sea, dirigido a establecer que los accionistas y liquidadores de las sociedades anónimas debían responder por las deudas laborales hasta la concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos, cuando se demostraba que actuaron de mala fe, por desconocer los derechos de los trabajadores. Adujeron, que tal proceder conducía a la responsabilidad ilimitada.
Arguyeron, que en el presente caso la sociedad Pricol Alimentos S.A., fue liquidada por decisión de sus accionistas en asamblea, sin que se hubiese obtenido la «AUTORIZACIÓN LEGAL DE CIERRE DE LA EMPRESA, establecida como requisito previo en el artículo 466 del C.S.T. este proceder, fue de mala fe y violatorio de la ley, por tanto, implica la violación del artículo 83 de la C.N. y del mismo artículo 466 del C.S.T.».
Expresaron, que la correcta hermenéutica que debió impartir el tribunal, en torno al artículo 252 del CCo, era la de declarar la responsabilidad de la sociedad Inversiones Pricol C.A., por haberse quedado con el patrimonio de la empresa liquidada, representada en un bien inmueble por valor superior a los 10.000 millones de pesos, ubicado en la ciudad de Cali, pues era el único activo adjudicado en la liquidación. En consecuencia, «[…] debió levantarse el velo de la sociedad, para hacer responder a los accionistas beneficiarios de activos, por la mala fe y la ilegalidad con la que liquidaron la empresa».
Reiteraron, que como en el presente caso los demandantes se vincularon antes del 1 de enero de 1981, son beneficiarios de la acción de reintegro establecida en el artículo 64 del CST, desde la vigencia de los artículos 7 y 8 del Decreto 2351 de 1965, como restablecimiento de los contratos de trabajo, «[…] hasta tanto los accionistas maliciosos de la que fuera su empleadora obtengan la autorización de cierre definitivo de la empresa en los términos del artículo 466 del C.S.T.». Complementaron, que debía aplicarse la teoría del abuso del derecho establecida en el artículo 830 del CCo.
También expusieron, que en el acto de liquidación se decidió, por parte los accionistas, constituir un patrimonio autónomo para responder por las obligaciones laborales en los términos del artículo 245 del CCo. Por consiguiente, la sociedad Polmacer Ltda., debía concurrir como sucesora procesal de Pricol Alimentos S.A. liquidada, para responder en los términos del artículo 60 del CPC, por las condenas que se impusieren en este proceso. Aclararon, que no se trataba de llamarlos a responder como empleadores, sino de asumir las condenas hasta el monto de la suma cuya administración les fuera delegada en el acta de liquidación de la sociedad.
Llamaron la atención sobre el precedente que existía, acerca de la teoría del «levantamiento del velo», respecto de obligaciones laborales, en la sentencia CC C-865-2004, al declarar la exequibilidad del artículo 252 del CCo, en la cual se señaló:
Conforme a lo expuesto, lo que si resulta indiscutible es que las personas asociadas no pueden ser llamadas a responder por beneficio o lucro que reporten de la explotación de una actividad lícita, pues el supuesto del cual depende la existencia de la responsabilidad, es la comisión de un daño sobre los derechos de los demás.
En este orden de ideas, cuando se vulnera el principio de buena fe contractual y se utiliza a la sociedad de riesgo limitado no con el propósito de lograr un fin constitucional válido, sino con la intención de defraudar los intereses de terceros, entre ellos, los derechos de los trabajadores, es que el ordenamiento jurídico puede llegar a hacer responsables a los asociados, con fundamento en una causa legal distinta de las relaciones que surgen del contrato social. Es entonces en la actuación maliciosa, desleal o deshonesta de los accionistas generadora de un daño para con los terceros, en donde se encuentra la fuente para desconocer la limitación de la responsabilidad y exigir de los socios la reparación del daño acontecido.
VII. CARGO SEGUNDO
Acusaron la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de falta de aplicación del mismo elenco normativo expuesto en el cargo anterior.
En la demostración, reprodujeron iguales argumentos a los esgrimidos en el primer cargo.
CARGO TERCERO
Acusaron la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de las normas sustanciales destacadas en los cargos precedentes.
Endilgaron, los siguientes errores de hecho:
No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad PRICOL ALIMENTOS S.A. fue liquidada y desparecida como persona jurídica sin previa autorización de cierre por parte del Ministerio del trabajo.
No dar por demostrado estándolo, que al liquidar la empresa PRICOL ALIMENTOS S.A sin autorización de cierre por parte del Ministerio del Trabajo los accionistas obraron de mala fe.
No dar por demostrado estándolo que INVERSIONES PRICOL C.A. debe responder frente a los trabajadores de PRICOL ALIMENTOS S.A. hasta el valor del bien inmueble recibido como activo remanente en la liquidación de la sociedad anónima PRICOL ALIMENTOS S.A.
No dar por demostrado estándolo, que el patrimonio autónomo constituido para responder por las obligaciones laboral de PRICOL ALIMENTOS S.A con posterioridad a la liquidación de la empresa, deben destinarse al pago de los perjuicios causados a los trabajadores con la liquidación de su empleador.
Tildaron, de erróneamente apreciadas o dejadas de valorar:
A folios 19 a 38 del cuaderno principal aparecen las cartas de despido de los demandantes cuya relación laboral con la demandada culminó el 20 de diciembre de 2009.
A folios 39 a 45 del cuaderno principal obran las certificaciones laborales de los trabajadores demandantes, en las que consta su vinculación laboral con la demandada.
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE PRICOL ALIMENTOS S.A. de la CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ. Obrante a folios 15 a 18 del cuaderno principal.
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA INVERSIONES PRICOL C.A. de la República Bolivariana de Venezuela a folios 161 a 171 del cuaderno principal.
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE la sociedad POLMACER LTDA, a folios 172 Y 173 del cuaderno principal.
Escritura pública 2187 del 21 de diciembre de 2009 de la Notaría 15 de Facatativá a folios 178 a 197 del cuaderno principal con la cual se liquida la sociedad PRICOL ALIMENTOS S.A.
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE PRICOL ALIMENTOS S.A. de la CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ. Obrante a folios 198 y 199 del cuaderno principal en el que consta la liquidación definitiva de la empresa.
Confesión de la liquidadora de la sociedad PRICOL ALIMENTOS S.A., doctora YOLIBEL DELGADO, realizada en la diligencia de interrogatorio que se le practicara y que fuera trasladada del Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativá a este expediente, obrante a folios 398 a 403 del cuaderno principal en la que reconoce que la sociedad se liquidó sin autorización de cierre del Ministerio del Trabajo.
En la demostración del cargo, aludieron a las copias de los contratos de trabajo y a las certificaciones, donde se demostraba que todos se vincularon a término indefinido antes del 1 de enero de 1981; que por ello eran beneficiarios de la acción de reintegro establecida en el artículo 64 del CST, creada por el numeral 5 del artículo 8 del Decreto 2351 de 1965, para quienes tuvieren más de 10 años de servicios, norma que dice:
5. Con todo, cuando el trabajador hubiere cumplido diez (10) años continuos de servicios y fuere despedido sin justa causa, el Juez del Trabajo podrá mediante demanda del trabajador, ordenar el reintegro de éste en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir, o la indemnización en dinero prevista en el numeral 4. Literal d) de este artículo. Para decidir entre el reintegro y la indemnización, el juez deberá estimar y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio, y si de esa apreciación resulta que el reintegro no fuere aconsejable en razón a las incompatibilidades creadas por el despido, podrá ordenar, en su lugar, el pago de la indemnización.
Observaron, que ese numeral quinto quedó vigente con la modificación que le introdujo al artículo la Ley 50 de 1990 en su artículo 6, que luego fuera modificado por la Ley 789 de 2002 en su artículo 28. En consecuencia, sostuvieron que debían ser reintegrados por aplicación de la norma en comento puesto que estaba probado que fueron despedidos sin justa causa el 20 de diciembre de 2009 y al día siguiente se liquidó la empresa empleadora, sin que mediara la autorización legal de cierre establecida en el artículo 466 del CST.
Destacaron, que por escritura pública n.° 2187 del 21 de diciembre de 2009 de la Notaría 15 de Bogotá D. C., se decidió la liquidación definitiva de la sociedad Pricol Alimentos S.A., y se dispuso la cancelación de su registro mercantil; igualmente, que se dejó a cargo de sus obligaciones laborales a las sociedades Inversiones Pricol C.A., y Polmacer Ltda.
Refirieron, que hubo confesión de parte de la liquidadora, Yolibel Delgado, en el sentido de que no existió autorización del Ministerio de la Protección Social para el cierre definitivo de la empresa (f.° 398 a 403 del cuaderno principal), y que de ahí se deducía que los accionistas que aprobaron la liquidación actuaron de mala fe, pues omitieron, con conocimiento de causa, darle aplicación al artículo 466 DEL CST que establece:
ARTICULO 466. EMPRESAS QUE NO SON DE SERVICIO PÚBLICO. Las empresas que no sean de servicio público no pueden clausurar labores, total o parcialmente, en forma definitiva o temporal, sin previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, salvo fuerza mayor o caso fortuito, y sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar por razón de contratos de trabajo concertados por un tiempo mayor. Para tal efecto la empresa deberá presentar la correspondiente solicitud y en forma simultánea informar por escrito a sus trabajadores tal hecho.
La suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en todo o en parte, hasta por ciento veinte (120) días, suspende los contratos de trabajo. Cuando la empresa reanudare actividades deberá admitir de preferencia al personal licenciado, en condiciones no inferiores a las que disfrutaba en el momento de la clausura. Para tal efecto, deberá avisar a los trabajadores la fecha de reanudación de labores. Los trabajadores que debidamente avisados no se presenten dentro de los tres (3) días siguientes, perderán este derecho preferencial.
PARAGRAFO. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá lo relacionado con la solicitud en un plazo no mayor de dos meses. El incumplimiento injustificado de este término hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta, sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente.
Relievaron que, a pesar de que en la sentencia recurrida el tribunal consideró que no podía ordenarse el reintegro, en tanto que la empleadora Pricol Alimentos S.A., fue liquidada y no existía; también lo era que, en la escritura de liquidación de la sociedad, se adjudicó a Inversiones Pricol C.A.:
El cien por ciento (100%) de la plena propiedad y derecho de dominio sobre el inmueble ubicado en la carrera 6 No 45-120 de la ciudad de Santiago de Cali (VALLE), con las edificaciones allí construidas que constituyen una Planta de producción de alimentos, edificaciones provistas de completa infraestructura de servicios públicos como alcantarillado, energía eléctrica a nivel industrial y teléfonos, con todo sus usos, dependencia y anexos que tiene actualmente sobre ellos [...] PARAGRO TERCERO: El precio del inmueble objeto de la presente adjudicación, es la suma de ocho mil doscientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil seiscientos ($8.254479.600) de conformidad con avaluó técnico para el año 2009... TERCERO: Confiérase por parte de la Asamblea General de Accionistas Poderes a las personas, en la forma y alcance que se indican a continuación:
Confiérase poder al doctor IVAN DARIO QUINTERO MARTINEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 79.234998 de Suba, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional de abogado número 42.400 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo siguiente: 1) Representar judicialmente y comparecer por PRICOL ALIMENTOS S.A. EN LIQUIDACION en todos los pleitos, juicios, y/o procedimientos administrativos relacionados directa o indirectamente con aspectos de orden laboral, ante cualquier Juez Tribunal Judicial o ante la misma Corte Suprema de Justicia […].
Concluyeron que, como «[…] INVERSIONES PRICOL C.A. recibió por sus aportes más de 8.000 millones de pesos, es responsable por la obligación de reintegrar a los demandantes y pagarles los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, desde su despido, hasta cuando sean reintegrados».
También atribuyeron responsabilidad solidaria a Polmacer Ltda., porque fue autorizada en la escritura de liquidación de Pricol Alimentos S.A., para constituir garantía de responsabilidad de las obligaciones laborales, respecto de lo cual se suscribió un contrato de fiducia mercantil (f.° 246 y ss), por la suma de $2.412.000.000, para el pago de las obligaciones laborales que se derivasen de las sentencias judiciales proferidas como consecuencia de la liquidación de la entidad y los honorarios de abogados en esos procesos.
RÉPLICA
Polmacer Ltda., e Inversiones Pricol C.A., criticaron los cargos primero y segundo, en el sentido de que se fundan en conjeturas fácticas y no en realidades probatorias: dijeron que la liquidación de Pricol Alimentos S.A., obedeció a la mala fe de sus accionistas y liquidadores, pero estos hechos no se adujeron en la demanda y no se encontraron establecidos en los autos; además, que tratándose de cargos por la vía directa resultaban discrepando de las conclusiones probatorias del ad quem.
Cuestionaron, que los recurrentes quisieran endilgar responsabilidad respecto de Pricol Alimentos S.A., sin tener en cuenta que fue disuelta y liquidada, además de haber sido desligada del proceso.
Relataron, que todos los cargos planteaban que la liquidación de Pricol Alimentos S.A., era ilegal por no haber sido autorizada previamente por el Ministerio del Trabajo; pero que este hecho no fue aducido en la demanda ni fue materia litigiosa en las instancias.
Del tercer cargo, acusaron falta de precisión acerca de cuáles pruebas no fueron apreciadas y cuáles se valoraron erróneamente; asumieron, que los presuntos errores cometidos por el tribunal no eran protuberantes, de tal magnitud que implicaran casar la sentencia, y hacían parte del principio de libre apreciación probatoria.
Por último, asintieron que los recurrentes no derruyeron los pilares de la sentencia confutada, especialmente aquel que concluyó que el reintegro deprecado no era procedente, debido a la liquidación definitiva de la empresa y porque recibieron la correspondiente indemnización; razón por la cual era un memorial de instancia.
Observaron que, si para el juez existía este deber de evaluar y sopesar la conveniencia o inconveniencia del reintegro a fin de no generar incompatibilidades o situaciones que resquebrajaran la armonía en las relaciones de trabajo y afectaran los procesos económicos de la empresa, tenía la posibilidad de elegir entre esas dos opciones, aquella que más le conviniese al trabajador, a sus intereses, expectativas y necesidades.
CONSIDERACIONES
De tiempo atrás esta Sala ha sostenido, que quien acude al recurso extraordinario de casación debe cumplir con el mínimo de exigencias formales a fin de permitir su examen de fondo, toda vez que la estructura del ordenamiento jurídico colombiano otorga a los jueces de instancia la misión de definir la controversia sometida por las partes, determinando a cuál de ellas le asiste la razón, mientras que a esta Corporación se le asigna la función de verificar estrictamente la legalidad de la decisión de segunda instancia.
De esta manera, el respeto a las exigencias formales derivadas del artículo 90 del CPTSS y de la jurisprudencia inveterada de esta Corporación, en materia del recurso extraordinario de casación, no constituye un mero culto a la forma sino que hace parte esencial de la garantía del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, dentro del cual se encuentra la denominada plenitud de las formas propias de cada juicio, sin la cual no se puede predicar el equilibrio de quienes participan dentro del proceso jurisdiccional.
El tal sentido, tal como lo recalcaron las opositoras, se avizoran algunas deficiencias en la técnica de la demanda de casación que la corte no puede enmendar oficiosamente, como se describen a continuación:
1.- En los cargos primero y segundo se esgrimió un argumento que es jurídico y fáctico, cuando se afirmó que «[…] los accionistas y liquidadores de las sociedades anónimas debían responder por las deudas laborales hasta la concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos, cuando se demostraba que actuaron de mala fe». Vale recordar que, cuando un cargo se dirige por la senda de puro derecho no puede cuestionar las conclusiones probatorias de la sentencia del tribunal que, en este caso, ninguna apuntó a dar por establecido que los accionista y liquidadores de Pricol Alimentos S.A., actuaron de mala fe y, por tanto, debían responder por las obligaciones objeto de litis. Por tanto, la censura resultó combinando inadecuadamente las dos sendas de casación. Al respecto, en la sentencia CSL SL16025-2017, se dijo:
[…] En efecto, cuando se acude a la vía directa, la sustentación de la demanda de casación debe ser estrictamente jurídica, en la medida que se parte de la plena conformidad de la recurrente con las conclusiones fácticas y probatorias a las que arribó el Tribunal. En ese asunto, al involucrar temas fácticos, la censura hace una mixtura de las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial, las cuales son excluyentes, por razón de que la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos, por lo que su análisis debe ser diferente y su formulación por separado.
2.- Ahora bien, en la arista jurídica, los censores afirmaron que hubo interpretación errónea del artículo 252 del CCo, en relación con el artículo 36 del CST, por parte de la colegiatura. Para la sala ello no es cierto, por el contrario, es el reflejo de la hermenéutica trazada en asuntos de contornos similares, entre otras en la sentencia CSJ SL831-2013 28443, donde se reiteró:
[…] sobre el tema jurídico que propone el recurrente, y que atañe con la responsabilidad de los socios por créditos laborales adeudados, en aquellas sociedades diferentes a las de personas, derivada de lo que al efecto prevé el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, la Corte tiene precisado que, dentro de los alcances de la norma, no se tiene previsto hacer extensiva la solidaridad a los accionistas en las sociedades de capital. Así se dijo en la sentencia del 10 de agosto de 2000, radicación 13939.
La razón para ello es que en las sociedades de capital, el accionista no compromete su responsabilidad en iguales condiciones a las de un socio de las sociedades de personas, pues mientras en aquellas no hay acción de los terceros contra los socios por las obligaciones sociales, de conformidad con las previsiones del artículo 252 del Código de Comercio, en éstas, los miembros que conforman la sociedad son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo, tal como lo prevé el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, sin que tal norma responsabilice a los accionistas por las obligaciones laborales surgidas, dado que el sujeto de los derechos y obligaciones es el ente social.’
Y en ocasión más reciente sobre el mismo tema, en sentencia del 10 de marzo de 2009, radicado 31175, adujo que no fue equivocada la interpretación del Tribunal, porque su decisión se basó en la línea jurisprudencial trazada por la Sala en las dos sentencias antes referidas y, complementó:
‘Ahora bien, la interpretación que reclama el recurrente, con base en la realidad actual y los desarrollos de la economía que exigen una mayor protección del trabajo, más que una nueva exégesis atemperada a los hechos sociales, lo que implica es un llamado al legislador para que extienda el fenómeno de la solidaridad de los socios a las sociedades de capitales, pues, frente a la limitación expresa de la norma a las sociedades de personas, no es permitido al intérprete, bajo ningún pretexto, extender tal responsabilidad, que por naturaleza es taxativa, a otros eventos claramente excluidos.
3.- Los dos primeros errores endilgados en el cargo tercero, consistentes en «No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad PRICOL ALIMENTOS S.A. fue liquidada y desparecida como persona jurídica sin previa autorización de cierre por parte del Ministerio del trabajo»; constituyen un medio nuevo inadmisible en casación, pues no fue materia de la litis, como lo puso de presente el ad quem; por consiguiente, no puede proponerse en sede casacional, sorprendiendo a la contraparte y a la administración de justicia, en tanto comportaría una transgresión al derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política. Así se iteró, recientemente, en la sentencia SL843 – 2019.
4.- Los errores cuarto y quinto, del cargo tercero, que apuntan a que: «INVERSIONES PRICOL C.A. debe responder frente a los trabajadores de PRICOL ALIMENTOS S.A. hasta el valor del bien inmueble recibido como activo remanente en la liquidación de la sociedad anónima PRICOL ALIMENTOS S.A.»; igualmente, que «[…] deben destinarse al pago de los perjuicios causados a los trabajadores con la liquidación de su empleador»; a juicio de la sala, no son idóneos para derruir la legalidad y validez de la sentencia de segunda instancia porque no atacan la conclusión central o basilar de la misma.
En efecto, el tribunal estableció que la empresa empleadora, antes de liquidarse, les reconoció a los demandantes la indemnización por la terminación de los contratos laborales (f.° 20, 23, 26, 29,32, 35 y 37), sin que existiera reparo alguno de aquellos respecto de las sumas reconocidas, «[…] siendo esta la opción legal que tiene el trabajador cuando se hace –como en este caso- materialmente imposible el reintegro, por la desaparición o extinción de la vida jurídica de la empleadora».
La referida conclusión del ad quem no fue atacada y tampoco se pudo desvirtuar por los recurrentes. Además, la decisión se movió entre las dos opciones que tiene el fallador cuando se enfrente al numeral 5 del artículo 8 del Decreto 2351 de 1965, es decir, la indemnización o el reintegro; adicionalmente, el cuestionamiento sería más del ámbito netamente jurídico. En todo caso la opción acogida por el juez colegiado no fue desacertada, como se puede ver en la doctrina expuesta en la sentencia CSJ SL16798-2015:
Pues bien, para ofrecer una respuesta adecuada a este concreto cuestionamiento jurídico, es indispensable dilucidar si el reintegro previsto en el ordinal 5º del art. 8º del D. 2351/1965, es o no un derecho mínimo irrenunciable de los trabajadores. En perspectiva a lo dispuesto en el art. 13 del C.S.T., según el cual «Las disposiciones de este código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores», la razón, en principio, estaría del lado del recurrente, quien sostiene que el reintegro es un derecho mínimo dado que se encuentra en una norma legal del Código Sustantivo del Trabajo, lo que daría a entender por ello, que es irrenunciable.
Sin embargo, una tesis en ese sentido, además de apresurada, deja por fuera otras consideraciones relevantes para comprender los alcances e implicaciones del carácter de mínimos de los derechos consagrados en la legislación laboral, pues con ella se soslaya el contenido del art. 14 del C.S.T., que consagra el principio de la irrenunciabilidad en los siguientes términos:
ARTICULO 14. CÁRACTER DE ORDEN PÚBLICO IRRENUNCIABILIDAD. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.
[…]
De igual modo, al amparo del principio en comento el legislador puede establecer alternativas o niveles distintos de protección de un derecho, tal como acontece con el reintegro previsto en el ordinal 5º del art. 8 del D. 2351/1965, en el que la estabilidad o continuidad en el empleo se ampara frente a despidos arbitrarios o injustificados, de dos formas: mediante el reintegro o el pago de una compensación en dinero.
En efecto, una revisión del artículo 8 del D. 2351/1965, en su versión original, permite colegir que aquellos trabajadores que hubieran servido por 10 años o más al servicio de una empresa, y sean despedidos injustamente, tienen derecho a: (a) el reintegro o (b) el pago de una indemnización en dinero.
Con ello, la norma fijó una opción en favor del juez en el sentido que puede adscribirse a cualquiera de esas alternativas. Por supuesto, su actividad decisoria debe fundamentarse en el estudio, verificación y estimación de las circunstancias objetivas del caso, de suerte que, «si de esa apreciación resulta que el reintegro no fuere aconsejable en razón a las incompatibilidades creadas por el despido, podrá ordenar, en su lugar, el pago de la indemnización». (Subrayas al margen).
[…]
Finalmente, cabe precisar que si para el legislador el reintegro previsto en el ordinal 5º del art. 8 del D. 2351/1965 fuese un derecho irrenunciable e indisponible, no habría fijado una opción entre el pago de la indemnización en dinero y el reintegro, sino que, habría consagrado este último como única posibilidad frente al despido injusto. Por lo que puede afirmarse que el contenido mínimo de la norma es que, frente al hecho cierto e indiscutible de un despido injustificado, se conceda, o la reparación en dinero o el reintegro, es decir, lo mínimo es la concesión de alguna de las dos.
Desde la perspectiva material, al comprobarse que la empleadora ya no existía al momento de promoverse el proceso, la decisión del ad quem no fue desorientada. Justamente, esa es la postura reiterada de la sala, por ejemplo, en las sentencias CSJ SL 1063 – 2014 y SL 36285, 4 may. 2010, en las que se concluyó que, […] la liquidación de la empresa es una circunstancia que imposibilita física y jurídicamente la reincorporación del trabajador al cargo que ocupaba, así el reintegro se encuentre consagrado en la ley, en pacto colectivo o en convención colectiva […]».
En el contexto anterior, en el cual quedaron incólumes las conclusiones medulares de la decisión del juez plural, en cuanto a las razones que expuso para no acceder al reintegro, y como quiera que los recurrentes no cuestionaron que recibieron el pago de la indemnización por la terminación unilateral e injusta de sus contratos de trabajo; entonces carece de relevancia que la sala se adentre en el tema de la responsabilidad solidaria que se pretende demostrar, por parte de Inversiones Pricol C.A., y Polmacer Ltda. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL 41148, 25 ene. 2011, se adujo:
Esta Corte ha explicado, con reiteración, que la confrontación de una sentencia, en la intención de lograr su derrumbamiento en el estadio procesal de la casación, comporta para el recurrente una labor persuasiva y dialéctica, que ha de comenzar por la identificación de los verdaderos pilares argumentativos de que se valió el juzgador para edificar su decisión, por manera que el ejercicio que corresponde realizar a quien recurre una sentencia en casación, no puede verse suplido con afirmaciones extrañas a las conclusiones del fallo gravado.
De otro lado, es preciso recordar, que los jueces laborales gozan de la potestad de apreciar libremente las pruebas de acuerdo con lo previsto en el artículo 61 del CPTSS, lo que permite colegir que mientras las inferencias del Juzgador sean lógicas, razonadas y aceptables, como acontece en este asunto, quedan abrigadas por la presunción de legalidad y acierto, tal como lo tiene adoctrinado esta Corporación y bien se aprecia en sentencia CSJ SL 32879 35466, 10 de jun. 2009, en la cual se puntualizó:
Al efecto y de vieja data la Corte ha considerado que dada la libertad de apreciación de las pruebas que tienen los juzgadores de instancia en virtud de lo establecido por el art. 61 del C.P. del T., el entendimiento que estos le den a aquellas, nace de la autonomía e independencia de que gozan y de la facultad de formar libremente su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, que no es más que la lógica y la experiencia.
Por lo dicho, las conclusiones que hace el Tribunal acerca del material probatorio recepcionado, mientras sean lógicamente aceptables, se encuentran cobijadas por la presunción de legalidad, por lo que priman sobre las conclusiones que hacen las partes en relación con el análisis de una o varias pruebas aun cuando dichas inferencias sean también lógicas y de recibo, dado lo cual, debe mantenerse la sentencia con base en esta conclusión del Tribunal.
Colofón de lo anterior, los cargos no prosperan.
Costas en el recurso extraordinario, a cargo de la parte recurrente, en cuanto los cargos no salieron avante y hubo oposición, para lo cual el juez de primer grado, al liquidarlas, de conformidad con el artículo 366 del CGP, incluirá la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000) por concepto de agencias en derecho.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013), en el proceso que instauraron LUIS EDUARDO ABADÍA BASTO, FERNANDO LÓPEZ JIMÉNEZ, LUIS ÓSCAR MONTES, NELSON YESID CASTAÑEDA POLOCHE, HÉCTOR FABIO MORALES, JORGE ALBERTO QUINTERO RODRÍGUEZ, y CAMPO ELÍAS QUIROZ ASMASA, contra PRICOL ALIMENTOS S.A., POLMARCER LTDA., INVERSIONES PRICOL C.A. e IVÁN DARÍO QUINTERO MARTÍNEZ.
Costas, como se indicó en los considerandos.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
ACLARACIÓN DE VOTO
SL3149-2019
Radicación n.° 61668
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
Con el debido respeto por la posición mayoritaria, y aunque acompaño la decisión de NO CASAR la sentencia recurrida, me aparto de la forma como ello se resolvió, por las siguientes razones:
Si bien en los cargos primero y segundo encaminados por la vía directa, se esgrimen argumentos jurídicos y probatorios (buena o mala fe), realmente el punto neurálgico controvertido por los censores, se centró en un aspecto eminentemente legal, cual fue, «[…] la autorización de cierre definitivo de la empresa en los términos del artículo 466 del C.S.T.», sin perder de vista, que al unir la Sala estas acusaciones con el tercer cargo, la mixtura aludida desaparece, precisamente por ello.
Así, desde esa arista, es obvio que la propuesta argumentativa de los recurrentes, buscaba que la Corte examinara si la liquidación de Pricol S.A., fue temeraria o no, por no obtenerse previamente, la «AUTORIZACIÓN LEGAL DE CIERRE DE LA EMPRESA».
Así dejo consignada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,356235-165354000
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Magistrado
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