Ficha de la providencia
Sentencia SL3153-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3153-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3153-2023
Magistrado ponente: Gerardo Botero Zuluaga
29 de noviembre de 2023
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado ponente
SL3153-2023
Radicación n.° 97752
Acta 45
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2022, en el proceso que instauró en su contra ANA LUVIDIA ACEVEDO DÍAZ.
ANTECEDENTES
Ana Luvidia Acevedo Díaz llamó a juicio a Porvenir S.A. para que se le reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo Diego Alejandro Acevedo, desde el 27 de junio de 2017, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios, la indexación, lo que se declare ultra y extra petita, y las costas del proceso (fls. 3 al 9 Cdno Primera Inst.).
Fundó sus aspiraciones, en que Diego Alejandro Acevedo nació el 29 de diciembre de 1985, y falleció el 27 de junio de 2017; que no fue reconocido por su padre, que era ingeniero de profesión y laboraba para Metalpar S.A.S. a través de un contrato de obra o labor; que si bien, su trabajo le exigía desplazarse por diferentes ciudades del país, ello no cambiaba el hecho de que su domicilio principal era la ciudad de Bogotá, donde vivía con ella en un apartamento ubicado en la Calle 7B #87B-53, en el que ambos figuraban como arrendatarios.
Apuntó, que su descendiente estuvo afiliado a Porvenir S.A. desde el año 2010, y devengaba un salario de $4.300.000; que los gastos del hogar ascendían a $2.187.000, de los cuales aquel aportada $1.487.000, y la demandante $700.000, que era lo recibido como pago del servicio doméstico en favor de quienes la contratan por días desde hacía 10 años.
Afirmó, que el 15 de agosto de 2017, solicitó a Porvenir S.A. el reconocimiento de la pensión demandada, pero le fue negada el 5 de abril de 2018, con sustento en que no estaba acreditado el requisito de dependencia económica al momento del deceso, lo cual dijo no ser cierto, dado que en el formulario de solicitud pensional indicó que su hijo aportaba al hogar $2.000.000, y mediante declaración extrajuicio rendida ante notario indicó que «no posee bienes inmuebles, vehículos, ni ingresos diferentes a los que percibe como empleada doméstica por días».
Porvenir S.A. se opuso a las pretensiones. Admitió, que Diego Alejandro era afiliado de esa entidad; el reclamo de la prestación; su negativa a acceder a ella, y la información que la accionante plasmó en el formulario. Explicó que negó la pensión, porque el estudio que adelantó arrojó que el cotizante no convivía con la mamá para el día de la muerte, pues residían en ciudades distintas; que la actora compartía lecho, techo y mesa con Manuel Antonio Bernal Parra, su compañero permanente, y no figuraba como beneficiaria del afiliado en el sistema de salud. Dijo, que no le constaba lo demás, y en su defensa formuló las excepciones de falta de causa para pedir, buena fe, prescripción y compensación (fls. 90 al 96 Cdno Primera Instancia).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo de 29 de julio de 2020, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, condenó a Porvenir S.A. a reconocer y pagar a favor de Ana Luvidia Acevedo Díaz la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de su hijo Diego Alejandro Acevedo, en cuantía de $1.343.271, a partir del 28 de junio de 2017.
Así mismo, le ordenó pagar $56.995.969 por retroactivo causado desde dicha fecha hasta el 31 de julio de 2020, y $20.938.790 por los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, liquidados a la última data, junto con los que se generen hasta que se haga efectivo el pago. Declaró no probadas las excepciones propuestas por la demandada y le impuso costas (fls. 160 y 161 Cdno Prim. Inst.).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver la apelación formulada por la convocada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el fallo gravado, confirmó el proferido por el juez de primer grado. Condenó en costas a la vencida (fls. 13 al 16 Cdno Segunda Instancia).
Centró el problema jurídico en definir, si a la actora le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de Diego Alejandro Acevedo. Señaló, que como quiera que el suceso ocurrió el 27 de junio de 2017, la norma que regía el debate era el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en tanto preceptúa que, a falta de cónyuge, compañero permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios de la prestación los padres del causante, si dependían económicamente de este, sin que tal aporte debiera hacerse de forma total o absoluta, en virtud de lo dispuesto en el fallo CC C-1112006.
Del testimonio de «la hermana» rendido en el proceso, halló acreditado que el causante cubría las necesidades básicas de su progenitora, pues pretendía que tuviera una vida en condiciones óptimas como contraprestación por la ayuda que le brindó «para salir adelante, y llegar a ser un profesional». Luego, mencionó: «no es por desmeritar (sic) que la demandante trabajaba haciendo aseo en casas familiares, con lo que allí ganara no le alcanzaba para cubrir una vida digna como la que soportaba con las colaboraciones que le brindaba su hijo», pues según las pruebas documentales, la accionante devengaba $700.000 mensuales, mientras que su descendiente recibía en promedio $2.800.000 (fl. 100).
Anotó, que el hecho de que la demandante no figurara como beneficiaria de su hijo en el sistema de salud, no desvirtuaba que aquella dependiera de la ayuda monetaria que el afiliado le proporcionaba, menos cuando los testigos, al unísono, contaron que aquel contribuía para el «arriendo, el mercado de su señora progenitora, lugar donde él vivía cuando se encontraba en la ciudad de Bogotá, es decir, que siempre estaba pendiente de ella en sus necesidades».
Manifestó, que el caudal probatorio llevaba a colegir, que si bien, por periodos, Ana Luvidia vivía sola en Bogotá, en razón del trabajo que Diego Alejandro desempeñaba, eso no le restaba credibilidad a que este cubría gran parte de los requerimientos elementales de su madre, que no eran lujos, como lo intenta mostrar la convocada, sino recursos que favorecían sus condiciones de vida, «de la que no se presenta reparo alguno para procurarse la pensión de sobrevivientes, ni está excluida por el hecho de satisfacer poco más de lo que se espera de la mínima subsistencia». Enseguida, apuntó: «no se trata entonces de reprochar que las sumas de dinero o el apoyo económico brindado por el causante a su señora madre debía estar destinado netamente a proporcionarle lo necesario para su congrua subsistencia, tal no es la concepción que tanto legal ni jurisprudencialmente ha sido aceptada».
Insistió, en que mediante sentencia CC C111-2006, la Corte Constitucional ilustró que la dependencia económica no debía ser total y absoluta, lo cual traduce en que, si bien debe existir una relación de sujeción de los padres frente a los hijos, ello no impide que aquellos puedan percibir ingresos adicionales, tesis que, anotó, es la que sostiene también esta Corporación, como se ve en las sentencias CSJ SL300-2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014, CSJ SL3630-2014, entre otras).
Indicó, que esta Sala tiene adoctrinado que los padres deben probar que dependen económicamente de sus hijos, y a las administradoras de pensiones les corresponde derruir dicha verdad, a través de pruebas que acrediten la autosuficiencia económica de los primeros para solventar su congrua subsistencia (CSJ SL, 24 nov. 2009, rad. 36026), lo que no logró demostrar la AFP accionada, en tanto:
(…) ni siquiera se tomó la molestia de investigar las condiciones en las que vivía la demandante, solamente se limitó a señalar que la señora Acevedo Díaz trabaja y para el momento de los hechos vivía con su compañero permanente, y que el salario devengado por el causante le alcanzaba para cubrir sus necesidades atendiendo que [se] encontraba realizando una especialización y vivía para ese momento en la ciudad de Yopal.
Estimó, que las pruebas del plenario solo conducen a concluir que la accionante dependía económicamente de su hijo, pues con independencia de la proporción del aporte en el hogar, esto resultaba necesario para sufragar los ineludibles gastos que aquella requería, a fin de garantizar su vida digna, sin que la actora tuviera que demostrar que se encontraba en situación de mendicidad o indigencia para acceder a la prestación.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por Porvenir S.A., fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Mediante la formulación de un cargo, que no mereció replica, pretende que la Corte case el fallo gravado, para que, en sede de instancia, revoque el proferido por el a quo y, en su lugar, la absuelva de las pretensiones de la demanda.
CARGO ÚNICO
Denuncia violación indirecta, por aplicación indebida de los artículos 13, literal d) de la Ley 797 de 2003 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y por infracción directa, los artículos 28 del Código Civil, 221-3 del Código General del Proceso, 29 y 230 de la Constitución Política, y 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
Esgrime, que el Tribunal se equivocó al dar por probado, sin estarlo, que la demandante dependía económicamente de su hijo. Para soportar su tesis, asevera que quien anhela beneficiarse de un derecho debe probar la calidad de acreedor legítimo, y al juez le corresponde fundar su decisión en pruebas, y no en meras suposiciones como ocurrió en la cuestión bajo estudio, en el que no obra un elemento de juicio que dé cuenta del valor de los gastos del hogar; la contribución monetaria periódica, concomitante a la fecha del deceso, en cuantía significativa y suficiente para constituirse en determinante del mínimo vital; tampoco se demostró que ese aporte, de existir, no representara solo una ayuda brindada por un buen hijo, sino que era constitutiva de subordinación pecuniaria.
Como pruebas mal valoradas denuncia el “formulario de solicitantes por sobrevivencia padres» (fls. 44 al 46), y los testimonios rendidos en la audiencia celebrada el 17 de julio de 2020.
Arguye, que el mencionado formulario (fls. 44 al 46), informa que la madre contaba con los medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades, como quiera que se registró percibir $750.000 mensuales como contraprestación a su trabajo, esto es, «algo más de un salario mínimo legal».
Expresa, que lo anterior lleva indefectiblemente a señalar que la actora no demostró la dependencia, pues aunque no es necesario encontrarse en escasez absoluta para merecer la pensión pretendida -como acertadamente lo afirmó el juez de alzada-, también es cierto que no está instituida para acrecentar el patrimonio de los padres o garantizarle algunos lujos; su verdadero propósito, es que los padres no sufran desmejora en las condiciones de vida por carecer del mínimo vital; por tanto, si la demandante contaba con los ingresos que «confesó» tener, y no probó que eran precarios para solventar sus necesidades básicas, luce prístino que el juez de alzada no podía mantener la condena impuesta por el de primer nivel.
Reitera, que la ausencia de demostración del valor de los gastos de la actora y del monto del aporte de su hijo, impiden establecer la significancia del hipotético auxilio dado por el afiliado. Reproduce apartes del fallo CSJ SL8406-2015, y sostiene que exigir que se demuestren esos valores no es excesivo, en la medida en que la ley impone que se compruebe el sometimiento económico, lo cual solo es posible si se conocen las cifras, por lo menos aproximadas.
Expone, que el deficiente análisis probatorio del Tribunal lo llevó a considerar, de «forma muy imaginativa (…) y partiendo de pilares irreales», que existió dependencia económica, y que, por ende, procedía el reconocimiento de la pensión; que con ello, por contera, transgredió preceptos que le exigían fundar su decisión en lo demostrado en el juicio. Agrega, que el hecho de que el hijo asuma parte de los gastos del hogar para darle una vida confortable a sus padres, es señal de gratitud, por afecto, o por pacto, pero no configura el requisito aludido.
Cree que las anteriores reflexiones habilitan el estudio de los testimonios rendidos en audiencia de 17 de julio de 2020. Dice, que aunque los deponentes coinciden en afirmar que la actora dependía económicamente de su hijo, «no dan explicación que sustente sus comentarios ni dan alguna información aproximada, incluso burda, al monto de los gastos maternos y del valor del aporte [del] de cujus», datos indispensables para sopesar la importancia de la ayuda, y la imposibilidad que aquella tenía para sufragar sus necesidades en forma autónoma. Transcribe fragmentos del fallo CSJ SL2120-2020.
VII. CONSIDERACIONES
En lo fundamental, la recurrente reprocha al sentenciador colegiado haber concluido la dependencia económica de Ana Luvidia respecto de su fallecido hijo, la cual, estima, a la luz de los precedentes que cita, solo habría podido deducir de aflorar demostrado el valor de los gastos del hogar; el monto de la contribución del cotizante, de forma periódica, concomitante a su muerte, y en cuantía suficiente para constituirse en determinante del mínimo vital de la progenitora, lo cual no aconteció, por inexistencia de pruebas en ese sentido.
Al margen de cualquier controversia, están los siguientes hechos que el Tribunal tuvo por confirmados: i) que la promotora del juicio es madre del afiliado Diego Alejandro Acevedo, quien murió el 27 de junio de 2017; ii) que para el momento del deceso, la actora laboraba como empleada de servicio doméstico, con un salario de $750.000, y su hijo tenía una remuneración promedio al mes de $2’800.000 y, iii) que la sociedad enjuiciada negó a la demandante la prestación de sobrevivientes, fundada en la ausencia de subordinación monetaria.
Prontamente, la Sala encuentra que el planteamiento consistente en que el sometimiento financiero solo puede deducirse si se demuestra el monto de los gastos del hogar del padre y la frecuencia de la ayuda en cuantía importante, no puede abordarse desde el plano de los hechos, luego ha debido esbozarse a instancia de una acusación por vía directa, más aun, cuando el juez plural no estimó trascendental conocer esos montos. Así se afirma, porque en torno a la suma que entregaba el afiliado, dijo: «independientemente de la proporción de su aporte en el hogar, este era necesario para sufragar los gastos ineludibles de aquella…sin que la demandante tenga que demostrar un estado de mendicidad o indigencia para ser acreedora del derecho a la prestación pensional». Esta aserción, se reitera, ha debido cuestionarse desde lo jurídico.
En todo caso, conviene no olvidar, que de los testimonios recogidos el ad quem infirió que el hijo soportaba las necesidades primordiales del hogar (arriendo y mercado), pese a que por su trabajo tuviera que permanecer por temporadas en otras ciudades. Así, concluyó «conforme al análisis realizado de las pruebas existentes en el proceso (…) que la demandante dependía económicamente del causante». En ese orden, concierne a la Sala examinar si los medios persuasivos acusados logran desacreditar la realidad fáctica que vio el sentenciador de la alzada.
En el formulario de Solicitud de Sobrevivencia para Padres, suscrito por la demandante, que corre entre folios 44 y 47, esta consignó que recibía $750.000 por salario; sin embargo, esa declaración, por sí misma no perjudica sus intereses, como quiera que para decidir, el Tribunal fijó como presupuesto que la dependencia no debe ser total y absoluta, de suerte que el progenitor puede recibir otros ingresos, lo que no rebate la censura, y al analizar el caso particular, el operador judicial no desconoció que Ana Ludovina recibía ese monto por su trabajo como empleada de servicio doméstico, solo que estimó que era exiguo para alcanzar una vida en condiciones dignas, a lo que añadió que la ley ni la jurisprudencia exigen, para que pueda accederse a la pensión de sobrevivientes por muerte de hijo, que la contribución monetaria esté dirigida a solventar, únicamente, la congrua subsistencia del padre, puede orientarse, como en este asunto, a mejorar las condiciones de vida de la ascendiente. La impugnante, no arremetió contra esta inferencia.
Interesa destacar, que aunque la recurrente acusa la prueba testifical, eje de la decisión colegiada, como no es un medio hábil en la casación del trabajo, no le es posible a la Sala adentrarse en ella, en tanto no se acreditó un desafuero protuberante sobre el único medio de convicción calificado.
La Sala juzga conveniente reiterar, que en los términos del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los jueces de instancia cuentan con amplia libertad para valorar las pruebas, en aras de formar su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, siempre que sus deducciones no superen el límite de lo razonable (CSJ SL1616-2023).
Por último, se recuerda que la violación indirecta de la ley supone la comisión de errores ostensibles, producto del deficiente ejercicio valorativo de las pruebas, con la trascendencia o entidad necesaria para variar el curso de la decisión; no obstante, la censura no consiguió demostrar ninguno, por manera que la sentencia cuestionada conserva la doble presunción de acierto y legalidad con la cual viene revestida.
El cargo no prospera. Sin costas, dada la ausencia de réplica.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2022, en el proceso que instauró ANA LUVIDIA ACEVEDO DÍAZ contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
Costas como se indicó.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
SALVO VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrada ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n°97752
REFERENCIA: ANA LUVIDIA ACEVEDO DÍAZ, vs. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito salvar el voto, en estricto rigor, sobre el alcance de la dependencia económica en tratándose de los padres del causante, por lo siguiente:
Objeto y cobertura de la seguridad social integral.
En la Sentencia CSJ SL3312-2020, se expuso que a través de la seguridad social integral se pretende la cobertura de toda la población colombiana, tal como lo indica expresamente el preámbulo de la Ley 100 de 1993 al definir la seguridad social como ese conjunto de,
[…] normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.
De allí, que su diseño se integra por los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, hoy laborales, y los denominados servicios sociales complementarios, a través de los cuales se llega a la población de escasos recursos. Al respecto la sentencia referida señaló:
El sistema integral incluyó dentro del ámbito de aplicación a aquellas personas que no cuentan con capacidad de pago, así en el subsistema de salud que, como su nombre indica, se ocupa de la prestación del servicio de salud de la población a través de planes para el efecto instituidos, en dos regímenes: el contributivo dirigido a aquellas personas con ingresos, esto es, los trabajadores y, el subsidiado, para aquellos de bajos ingresos.
En lo tocante a los subsistemas de Riesgos Laborales y de Pensiones, debe precisarse que los mismos están dirigidos a la cobertura de contingencias de los trabajadores, de un lado ocasionadas en el trabajo y, de otro, la denominada de origen común, esto es, que su causa no está en la labor desempeñada, y que en la actualidad incluye tanto a dependientes como a independientes.
Dado que estos subsistemas son netamente contributivos y se dirigen a la protección del trabajador, esto es, de aquel que tiene capacidad de pago atado a la fuerza laboral, se estableció como componente de la Seguridad Social Integral, los servicios sociales complementarios, focalizados a las personas de escasos recursos y que por la relevancia de los sujetos de protección en el Acto Legislativo 01 de 2005, se delegó en el legislador la posibilidad de crear beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo para la protección a ese grupo poblacional, que precisamente por presentar bajos ingresos, no lograran los requerimientos de acceso a una pensión.
La Ley 1328 de 2009, desarrolló el mandato constitucional y creó el vehículo de ahorro para la obtención de BEPS, de aquellos que, por sus condiciones de ingresos, no podían afiliarse o permanecer en el Sistema General de Pensiones, y como incentivo a dicho ahorro serían beneficiarios de un subsidio estatal, con los que, sumados, se busca primordialmente la obtención de una renta con carácter vitalicia que permita un ingreso en la vejez.
Con ello encontramos que dentro del sistema de seguridad social integral la protección a la vejez se materializa bajo diferentes pilares de acuerdo con la capacidad de ingresos de la persona; así el sistema pensional, dentro de su ámbito de aplicación personal tendrá al trabajador con capacidad de pago que le permite con su aporte contribuir a la financiación de la prestación que del mismo logre; de otro lado, a través de los denominados BEPS dirigidos a personas de escasos recursos, encuentran la manera de lograr algún ahorro, que sumado al subsidio estatal les permita principalmente algún ingreso para la vejez.
Ahora, la seguridad social no dejó de lado a las personas sin ingresos, de tal manera que, con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional, creó el auxilio monetario para el adulto mayor que no cuente con recursos para su ancianidad, programa que busca la ampliación del número de personas que sean beneficiarias del mismo.
Lo descrito nos permite inferir que el sistema de seguridad social integral busca la cobertura de los servicios y prestaciones que de acuerdo con la ley ofrece cada uno de los subsistemas, a los sujetos objeto de protección de manera que son complementarios para lograr la protección integral.
Pues bien, para efectos de definir qué cubre la seguridad social, es importante reconocer que su objeto se encamina a la calidad de vida a través de la cobertura integral de los riesgos citados, apuntando al bienestar individual y a la integración de la comunidad; de allí que comporta un doble contenido, social e individual. Esto nos lleva a un segundo aspecto para tener en cuenta, que es el imperativo de analizar no solo el contenido individual sino su efecto frente a lo social que comporta.
La filigrana de la seguridad social implica la integración de sus componentes y determinar el alcance de la protección según el grupo poblacional y la norma que lo cobija. De allí surge que conceptos como el mínimo vital, el umbral de pobreza - línea de pobreza y pobreza extrema- cobren un significado relevante en la definición del contenido mínimo a proteger, de manera progresiva, que permita aumentar la calidad de vida de toda la población como política de estado.
No se puede dejar de lado que, ante la existencia de escasos recursos para atender todas las necesidades de los habitantes del territorio, se deben distribuir de la manera más eficiente, para lograr en toda la población un nivel de vida adecuado. Dado que existen diferentes grupos poblacionales con distintas necesidades la seguridad social busca la superación del umbral de pobreza y frente aquellos con capacidad económica que tengan cubierta la congrua subsistencia.
Esta última comprendida en el concepto de nivel de vida adecuado se refiere a un mínimo de ingresos y condiciones del sustento básico de una persona y su familia, lo cual, si bien comporta un aspecto jurídico, posee un carácter económico, basado en la evaluación de los costos y, se insiste, las necesidades básicas de los sujetos en su ámbito de protección.
La seguridad social busca contrarrestar las consecuencias que genera la materialización de los riesgos que menoscaban la salud y la capacidad económica, mas no suplir las condiciones socioeconómicas preexistentes. Esto es, tiene un alcance resarcitorio o de superación de umbrales de pobreza más no remuneratorio y en el pilar contributivo encuentra piso de cobertura en ese mínimo vital.
Así, uno de los componentes que conforman a la protección social integral es el subsistema de pensiones, cuyo ámbito cobija a aquellas personas con trabajo dependiente o, independiente que se encuentran obligados a vincularse y aportar al mismo.
El Sistema General de Pensiones y su piso mínimo de protección.
El sistema general de pensiones, como uno de los componentes de la seguridad social integral, busca proteger a los trabajadores de las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte, mediante el reconocimiento de prestaciones económicas, previó el cumplimiento de los requisitos que el legislador ha establecido para ello.
Debe resaltarse y, para continuar en la línea que se viene discurriendo que, tratándose del reconocimiento de pensiones, la Constitución de 1991 establece el piso mínimo monetario de protección al introducir que ninguna mesada pensional podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente y, por esta máxima, en el diseño del sistema, desde la obligatoriedad de afiliación y aportes se circunscribe al mismo. Por manera que, este es el referente del piso de protección en materia pensional, lo que nos lleva a validar qué cubre.
Mínimo vital y móvil - Salario Mínimo
La protección al mínimo vital como derecho fundamental de un trabajador (Art 53 C.P.) está en la definición y en el diseño del salario mínimo mensual, cuya confección se basa en reconocer que los trabajadores, además de las propias responsabilidades y necesidades individuales, deben atender las de su núcleo familiar (artículo 145 C.S.T.), Es por ello que la cobertura de este propende por garantizar un nivel mínimo de bienestar, enfocado en superar la pobreza.
Esta finalidad, contemplada en diversos instrumentos internacionales ratificados por Colombia, reafirma que la remuneración por la prestación del servicio es para cubrir las necesidades mínimas del colaborador, con especial énfasis en incluir las de su familia y, la importancia de tener en cuenta factores económicos para la fijación del salario, teniendo en cuenta, claro está, las condiciones particulares de cada país.
Pues bien, en nuestro caso la determinación del salario mínimo general (rural y urbano) debe ser concertada, y tiene en cuenta «que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia» y para cuantificarlo deben incluirse factores como la inflación, el costo de vida, el crecimiento económico, la productividad, el nivel de empleo y las necesidades básicas para la garantía de subsistencia. Resulta indispensable buscar la protección de los trabajadores con la sostenibilidad económica.
En el evento de no lograr dicha concertación, y de manera subsidiaria, la competencia de establecerlo queda en el ejecutivo que deberá obligatoriamente consultar,
[C]omo parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC)».
Este artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y, la facultad subsidiaria, junto con los parámetros a consultar por el ejecutivo, fue declarado exequible en la sentencia CC C-815-1999 bajo el entendimiento que,
[E]l Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos
De lo asentado se puede extraer que las variables que se aplican para la definición del SMLMV están concebidas de tal manera que cubra las necesidades básicas del trabajador extendidas a su entorno familiar, para con ello, cumplir los cometidos estatales contenidos en la constitución.
Con esta premisa en mente, debe ser analizado el alcance de la pensión de sobrevivientes objeto de análisis.
Pensión de sobrevivientes y su finalidad
La pensión de sobrevivientes tiene como finalidad menguar las consecuencias económicas que se generan en el núcleo familiar por la intempestiva muerte de uno de sus miembros, afiliado o pensionado al Sistema General de Pensiones, que contribuye de manera sustancial a su sostenimiento; esto con el fin de paliar el cambio abrupto de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados beneficiarios de esta protección por la propia ley de seguridad social
Ello es así que, el estatuto pensional determina cuáles personas del núcleo familiar del afiliado o pensionado tienen la vocación de ser beneficiarios, es decir, no cualquiera de ellos tiene tal connotación. La Ley 100 de 1993, en sus artículos 47 y 74, contemplan como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al cónyuge y/o compañero (a) permanente, a los hijos menores del causante y los mayores de edad hasta los 25 años, que dependían de aquel por razón de estudios. A falta de éstos la ley habilita que los padres supeditados económicamente puedan ser beneficiarios de la pensión y, en un siguiente orden, se establece a los hermanos inválidos con la misma relación de dependencia, mientras permanezcan las circunstancias de la invalidez.
3.1. Dependencia económica de los padres para ser considerados beneficiarios de una pensión de sobrevivientes
En cuanto a la protección de los padres a la luz de la Ley 100 de 1993, ha de señalarse que ha existido una evolución.
Inicialmente el Decreto 1889 de 1994, estableció que existía dependencia económica cuando los ingresos de los progenitores eran equivalentes a medio salario mínimo, norma declarada nula por el Consejo de Estado, por exceder la potestad reglamentaria ya que:
El art. 47 de la Ley 100 de 1993 [...] no exige que el beneficiario no tenga ingreso o si los llegare a tener que éstos sean inferior a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual se suspendieron provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la Sala procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad reglamentaria. // Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos. // La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros. // Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el Decreto reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta última que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta.// Las anteriores breves razones llevan a la Sala a concluir que el Decreto acusado, al fijar los alcances del concepto de ‘dependencia económica’ para acceder a la pensión de sobrevivientes, so pretexto de reglamentar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no solo establece unas condiciones no previstas en la norma que reglamenta, sino que limita dicho concepto a situaciones extremas desbordando la potestad reglamentaria e incurriendo en contracción[sic] con los principios que orientan el régimen de seguridad social integral en pensiones”[i]. (Subrayado por fuera del texto original). CE SC, 11 abr. 2002, rad. 2361-98.
Posteriormente, con la Ley 797 de 2003, se calificó la dependencia como total y absoluta, condicionamiento que también fue expulsado del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-111-2006, toda vez que tal exigencia desconocía los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana. En esa oportunidad explicó el Tribunal constitucional que:
[…] si la finalidad de la pensión de sobrevivientes es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado, y por ende, evitar que el deceso implique un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios, ello no descarta la posibilidad de que los padres puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo, de una actividad privada o de una pensión autónoma (v.gr. pensión de vejez o de invalidez), siempre y cuando éstas no los conviertan en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación material que da fundamento a la citada prestación.
De otra parte, esta Sala, en nutrida jurisprudencia, ha precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u otras fuentes de recursos, no obstante los mismos no les permiten una autosuficiencia (sentencias CSJ SL9640-2014, CSJ SL9640-2014, SL8928-2014, CSJ SL30790-2007, CSJ SL22132-2004, CSJ SL24141-2005, CSJ SL26406-2006, CSJ SL30348-2007 y CSJ SL31205-2007).
Así, se entiende que la dependencia económica de los padres no tiene que predicarse de manera total y absoluta respecto de su hijo fallecido; no obstante, no se puede entender que esto habilitó que cualquier ayuda por parte de un hijo se convierte en dependencia económica CSJ SL 14539-2016, CSJ SL 4103-2016 y CSJ SL 16184 -2015 y, con ello, deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial en las condiciones de su subsistencia. Así fue reconocido de antaño por esta corporación cuando al referirse a la norma que regula los beneficiarios de pensión del estatuto de seguridad social dijo en la Sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991. que «simplemente exige la existencia de un vínculo de dependencia económica con éste, por consiguiente, no tendrán aptitud jurídica para aspirar a la prestación de supervivencia aquellos padres que fueren económicamente independientes o que dependieren en tal aspecto de otro miembro del grupo familiar». Negrilla fuera de texto.
Valga rememorar que en el mismo precedente (CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991) esta Corporación determinó:
Por manera que, vistas así las cosas, es la situación de necesidad a la que se ven expuestas las personas que dependían económicamente del causante al dejar de percibir lo que aquél les prodigaba para su subsistencia, y no propiamente los lazos de familia, lo que constituye el interés jurídicamente tutelado por el legislador a través de dicha figura de la seguridad social. Y siendo ello así, no cabe considerar dentro de esta modalidad de protección a otras personas o familiares del fallecido que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio, pues es requisito sine qua non para que ella surja a la vida jurídica, la afectación inmediata y ostensible que a su supervivencia genera la interrupción del flujo de recursos económicos que regularmente el causante les proveía, la cual sólo es entendible de quienes en su núcleo familiar dependían directamente de éste de acuerdo al orden previsto en la ley.
Tal como había asentado este precedente, de un lado la dependencia económica conlleva el concepto de necesidad de esos padres que, al no contar con la manutención por parte del hijo ven afectada su subsistencia, bajo la garantía de nivel de vida adecuado y, de otro para determinar la supeditación, no pueden incluirse familiares que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio
3.2 Ingresos propios y Salario Mínimo
El nivel de ingresos que percibe el padre o la madre se torna relevante para establecer si es o no dependiente en el sistema pensional.
Con sustento en las líneas antecedentes y con el convencimiento de que los recursos propios del padre o madre no descartan la supeditación a lo que proporcionaba el hijo fallecido, el suscrito, en consonancia con el contenido mínimo de protección en la pensión de sobrevivientes, en el marco de aquel que ve en riesgo su mínimo vital es el sujeto de protección, se encuentra que si las fuentes de ingresos al momento del deceso equivalen a un salario mínimo, no se está en condiciones de ser considerado beneficiario.
Ello es así, por cuanto el ascendiente que cuenta con un ingreso de salario mínimo, conforme a la manera en que este es definido, encuentra recursos que le permiten su subsistencia, que es cubrir sus necesidades básicas como son la alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y otros gastos esenciales que promuevan un nivel de vida adecuado.
Se reitera que esta subsistencia económica, con protección constitucional y desarrollo legal, parten del derecho del trabajador a recibir una remuneración justa y equitativa que garantice las necesidades no solo de la persona que recibe el salario o ingreso, sea este dependiente o independiente, sino el de su familia. Por ende, si ya se cuenta con un piso mínimo de cobertura para tener unas condiciones de vida adecuadas, no es beneficiario, puesto que, a riesgo de fatigar, la finalidad de la prestación es hacer menos gravosa la carga económica que sus dependientes tendrían que soportar dada la supeditación al ingreso del hijo.
Aquí y ahora, surge pertinente diferenciar el nivel de vida de una persona y su familia, del concepto de dependencia mínima de subsistencia legal constitucionalmente hoy definida. Esto por cuanto el sistema pensional no entra a cubrir el estándar particular de vida que los padres del causante pudieran estar disfrutando al momento de su muerte, sino evitar que aquel que no cuenta con la cobertura de su subsistencia, se vea afectado en el núcleo duro de protección -mínimo vital y móvil- que debe ser garantizado. Es decir, la mirada de la protección es independiente de la posición o rol social es, en clave de derecho, proteger el contenido mínimo precisamente del derecho del ser humano y su dignidad. Expresado en los términos de la sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991:
En suma, no erró el Tribunal al concluir que la pensión de sobrevivientes no tiene por objeto acrecentar el patrimonio familiar, o que el miembro de la familia que en principio cuenta con aptitud jurídica o vocación para su reconocimiento, la pretenda pretextando la atención de las necesidades económicas de personas del mismo clan que están a su cargo o bajo su tutela. Se repite, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la prestación por muerte tiende es a solventar y suplir el estado de necesidad en que quedan expuestas las personas que individual y directamente dependían económicamente del trabajador o pensionado fallecido al dejar, por ese hecho, de percibir los ingresos económicos con que aquél atendía su sostenimiento. Y como en este caso no hay discusión en que la recurrente es empleada judicial, afiliada a la seguridad social, con las prerrogativas que tal situación laboral apareja, no erró el Tribunal al considerar que su alegación de ser madre o mujer cabeza de familia no era suficiente para obtener la prestación reclamada.
3.3 Calificación de la dependencia
El propósito normativo de establecer el requisito de acreditar la dependencia económica contiene un fin válido, dirigido a que la prestación llegue al real beneficiario del hijo fallecido, que no es otro que aquel, que ante la pérdida su filial, se vea de tal manera abandonado que esto atenta contra su subsistencia.
La dependencia parte de la necesidad de la protección del padre que se encuentra subordinado al ingreso que el hijo le procuraba para salvaguardar sus condiciones de subsistencia, con lo cual la ayuda económica del hijo se torna imprescindible para asumir los gastos ordinarios de los padres, ante la imposibilidad material de los mismos de costearlos para subsistir.
Ha sido claro que la imposibilidad material de los padres de suministrarse los medios para su propia subsistencia, no implica, como se señaló, el encontrarse en estado de mendicidad o la carencia total de recursos, por lo que la determinación de esta imposibilidad conlleva un juicio de autosuficiencia, entendida como aquella autonomía de generar fuentes de recursos que permitan la atención de necesidades básicas que permitan su sostenimiento económico.
Como consecuencia de ello, resulta pertinente efectuar la calificación de la dependencia para lo cual, la Corte ya ha indicado los parámetros que deben seguirse a efectos de establecer la existencia de dependencia económica de un afiliado o pensionado fallecido, partiendo de la premisa de que, si bien la dependencia no debe ser total y absoluta, la entrega de recursos a los familiares no puede ser tenida «como prueba determinante» de la dependencia (CSJ SL14539-2016 y CSJ SL1921-2019). Esto implica que la colaboración económica por parte de un hijo a sus padres no consagra una presunción de dependencia de los padres y, por lo tanto, debe verificarse la magnitud de dicho aporte.
Lo expuesto nos lleva a los criterios que deben ser analizados para calificar la dependencia, también abordado, entre otras, en las sentencias anotadas que reprodujeron la línea de pensamiento fijada en 2014, por esta Sala en la sentencia CSJ SL14923-2014, rad. 47676 y, que se recuerdan:
La dependencia económica debe ser:
Cierta y no presunta:
se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres.
Regular y periódica:
de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario.
Significativa, respecto al total de ingresos de beneficiarios:
se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.
Y, en decisión CSJ SL18980-2017, se reiteró que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente (CSJ SL529-2020 y CSJ SL704-2021), de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante o equivalentes al salario mínimo legal mensual vigente, no es dable hablar de dependencia.
En consecuencia, para el suscrito, para acceder a la protección del sistema de seguridad social en pensiones, los padres deberán, mediante los medios de convicción, acreditar, además, de i) su imposibilidad de autosuficiencia en la generación de fuentes de ingresos, ii) la sujeción material a los ingresos del hijo fallecido al momento del óbito del mismo, parámetros bajo los cuales se determina o no la existencia de la dependencia.
Así las cosas, en el caso que nos ocupa, si bien el causante podría haber dado recursos que permitían cubrir determinados gastos, este solo dicho no desvirtuaba la no supeditación de la progenitora. En el presente asunto, la accionante contaba con un ingreso de $750.000 mensuales, los que superaban el salario mínimo legal mensual vigente para la época del fallecimiento del causante. En ese orden, la subsistencia de la madre estaba garantizada y, aun cuando el de cujus también aportaba al hogar, ya contaban con un piso de protección mínimo que excluye la cobertura del sistema de seguridad social en pensiones, por lo que la decisión del tribunal debió ser casada y, como consecuencia, revocar la decisión de primera instancia y absolver a la demandada de todas las pretensiones.
Finalmente, no sobre insistir en que la protección de la seguridad social no está estructurada para cubrir cuando se «ha desmejorado la calidad de vida de ella», ya que su objetivo es menguar las consecuencias económicas del que es dependiente, que ve en riesgo su mínimo vital.
La sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991, así lo reconoció cuando explicó que:
Desde ya se advierte que el Tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le atribuye la censura, cuando aseveró que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no preveía el mejoramiento del nivel de vida del grupo familiar, “porque se limita a la subsistencia de los padres, sin otro alcance, sin otra filosofía distinta de los parámetros objetivos del mínimo vital (…), la órbita de protección del efecto de sustitución pensional se circunscribe a los progenitores. Es lamentable que la familia sea pobre, pero no es ese estado de cosas el que pretende solucionar la norma. No verlo así sería tanto como desvirtuar por completo su sentido, sería como convertir a la persona sustituta en un puente para que la pensión, en realidad, beneficie a otros miembros de la familia no cobijados como órbita de protección por el artículo 47”.
Las razones anotadas conducen a apartarme de la decisión mayoritaria.
Fecha ut supra.
FERNANDO CASTILLO CADENA
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