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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3159-2019

Fecha
6 de agosto de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3159-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en cuanto revocó la condena por indemnización por terminación unilateral del contrato por causa imputable al empleador y en tanto que confirmó la absolución por la indemnización moratoria dispuesta en el artículo 65 del CST, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALBERTO VARGAS, JAIRO RIAÑO PASCAGAZA, MARÍA DEL TRÁNSITO ROBAYO ÁVILA, JORGE EDUARDO GARNICA MALAVER, LUZ HERMINDA VELANDIA ALBARRACÍN, MERY PULIDO PULIDO, LUÍS FELIPE ROZO MORA, ANA GLADYS GARZÓN LEÓN, SANDRA PATRICIA GACHA MURCIA, ADELAIDA BERNAL POVEDA, AIDA CELY HERNÁNDEZ GÓMEZ, ELIZABETH CÁRDENAS TORRES, HERNÁN RICARDO PRIETO RODRÍGUEZ, FABIO ARMANDO RODRÍGUEZ VERA, ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, GLORIA VERGARA VALERO, LUÍS ENRIQUE SARMIENTO ROJAS, MARÍA HELENA SÁNCHEZ VALERO, MARÍA OLIVA RODRÍGUEZ PALACIOS, MARÍA DEL CARMEN ROJAS PENAGOS, MARÍA CLAUDIA MURCIA, BLANCA EMILCE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARCO TULIO RIVERA SILVA, VÍCTOR JULIO MELO CHÁVEZ, CIRO HERNANDO MORENO MORENO, CARLOS JOSÉ BELTRÁN PEÑUELA, FLOR MARINA PINILLA ALMANZA, LINA AURORA PALACIOS, MARÍA GRACIELA VALDERRAMA UMAÑA, YOHON ALEXANDER MARTÍNEZ HERRERA, ALCIRA BELLO INFANTE, HERNANDO MOLINA MONTAÑO, ESTHER SANTAMARÍA ORTEGA, MYRIAM CECILIA ROCHA MALAVER, PABLO EMILIO ABRIL, MIRIAM ARAQUE PÉREZ, JOSÉ ARISTÓBULO GÓMEZ CASTAÑEDA, FERNANDO CAMILO PÁEZ SUÁREZ, ORLANDO RINCÓN SILVA, NUBIA YANETH GÓMEZ BOLÍVAR, PRESENTACIÓN RÍOS CAICEDO y DEVIS ALFONSO SÁNCHEZ VILLAMIL contra C. I. AGRÍCOLA GUACARÍ LTDA. Sin costas en el recurso extraordinario. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3159-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

6 de agosto de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL3159-2019

Radicación n.º 62666

Acta 026

Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Decide la sala el recurso de casación interpuesto por GLORIA VERGARA VALERO y MARÍA CLAUDIA MURCIA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 30 de abril de 2013, en el proceso que ellas y ALBERTO VARGAS, JAIRO RIAÑO PASCAGAZA, MARÍA DEL TRÁNSITO ROBAYO ÁVILA, JORGE EDUARDO GARNICA MALAVER, LUZ HERMINDA VELANDIA ALBARRACÍN, MERY PULIDO PULIDO, LUÍS FELIPE ROZO MORA, ANA GLADYS GARZÓN LEÓN, SANDRA PATRICIA GACHA MURCIA, ADELAIDA BERNAL POVEDA, AIDA CELY HERNÁNDEZ GÓMEZ, ELIZABETH CÁRDENAS TORRES, HERNÁN RICARDO PRIETO RODRÍGUEZ, FABIO ARMANDO RODRÍGUEZ VERA, ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LUÍS ENRIQUE SARMIENTO ROJAS, MARÍA HELENA SÁNCHEZ VALERO, MARÍA OLIVA RODRÍGUEZ PALACIOS, MARÍA DEL CARMEN ROJAS PENAGOS, BLANCA EMILCE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARCO TULIO RIVERA SILVA, VÍCTOR JULIO MELO CHÁVEZ, CIRO HERNANDO MORENO MORENO, CARLOS JOSÉ BELTRÁN PEÑUELA, FLOR MARINA PINILLA ALMANZA, LINA AURORA PALACIOS, MARÍA GRACIELA VALDERRAMA UMAÑA, YOHON ALEXANDER MARTÍNEZ HERRERA, ALCIRA BELLO INFANTE, HERNANDO MOLINA MONTAÑO, ESTHER SANTAMARÍA ORTEGA, MYRIAM CECILIA ROCHA MALAVER, PABLO EMILIO ABRIL, MIRIAM ARAQUE PÉREZ, JOSÉ ARISTÓBULO GÓMEZ CASTAÑEDA, FERNANDO CAMILO PÁEZ SUÁREZ, ORLANDO RINCÓN SILVA, NUBIA YANETH GÓMEZ BOLÍVAR, PRESENTACIÓN RÍOS CAICEDO y DEVIS ALFONSO SÁNCHEZ VILLAMIL instauraron contra C. I. AGRÍCOLA GUACARÍ LTDA.

ANTECEDENTES

Gloria Vergara Valero, María Claudia Murcia y otros llamaron a juicio a C. I. Agrícola Guacarí Ltda., con el fin de que se declarara la existencia de sendos contratos de trabajo con la demandada y que esta incumplió sus obligaciones legales e incurrió en prohibiciones en su contra. A consecuencia de esas declaraciones, solicitaron que se condenara al pago de la indemnización legal por terminación unilateral de los vínculos de trabajo, en la modalidad de autodespido o despido indirecto, por las justas causas imputables al empleador señaladas en las cartas que aquellos le enviaron; las vacaciones del último año de servicios y su bonificación, según el pacto colectivo suscrito el 22 de noviembre de 2007; la de navidad, del mismo origen; la de antigüedad, de idéntica fuente; el pago compensatorio «y/o» las dotaciones de labor del último año de labores; las cesantías finales con sus intereses legales y la sanción por no pago oportuno de estos del año 2010 y los mismos rubros, por fracción del año 2011; la prima legal de servicios del segundo semestre de 2010; la misma, pero proporcional al período laborado durante el año 2011; el subsidio familiar desde noviembre de 2010 hasta marzo de 2011; las cotizaciones a la seguridad social; los sueldos, desde el 1 de abril de 2010 hasta el 10 de abril de 2011, entre otros; la sanción moratoria por la mala fe en el pago tardío de los salarios y demás derechos laborales; que se descontaran las sumas pagadas; la indexación y las costas.

Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que trabajaron bajo subordinación y dependencia de la demandada, según las fechas de ingreso y despido indicadas en el memorial demandatorio; que fueron vinculados mediante contratos de trabajo a término indefinido; que la mayoría de ellos «[…] se auto (sic) despidieron, conforme cartas de despido indirecto presentadas y recibidas por la demandada»; que algunos renunciaron a sus cargos; que los que entregaron sus cartas de despido indirecto invocaron como causas el no pago de las primas legales, dos quincenas de sueldos, las cotizaciones a la seguridad social, las dotaciones de labor, overol y zapatos en el último año de servicios, y los derechos derivados del pacto colectivo suscrito el 22 de noviembre de 2007; que no recibieron el paz y salvo de seguridad social conforme a la Ley 789 de 2002; que al momento de la terminación les adeudaban los intereses legales sobre cesantías, y los sancionatorios correspondientes al año 2010; que tampoco les pagaron la prima legal de servicios de ese año; que el empleador no les pagó las cesantías finales ni los intereses causados en lo que correspondía al año 2011, así como la prima legal proporcional, ni las vacaciones; que tampoco les fueron entregadas las dotaciones de calzado y vestido de labor desde enero de 2010; que no percibieron los derechos y prestaciones económicas contenidos en el pacto colectivo del año 2007, según relación individual; que no recibieron el pago de los salarios desde diciembre de 2010 hasta abril de 2011, ni se hicieron los pagos a la seguridad social; que presentaron acción de tutela, fallada favorablemente; que la demandada efectuó unos pagos parciales a los demandantes en tutela, mediante depósitos judiciales, el 17 de junio de 2011, sin especificar los conceptos ni los derechos que les pagaban; aclararon que, conforme al fallo de tutela, la demandada canceló los derechos de la seguridad social, según planillas del 20 y 21 de junio de 2011 por los períodos de enero de a abril del mismo año; que la demandada les descontó a los trabajadores los conceptos de seguridad social desde noviembre de 2010 hasta abril de 2011, pero los pagó tardíamente a las respectivas entidades.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones, salvo en cuanto a la declaración de existencia de los contratos de trabajo y a los descuentos respecto de eventuales condenas y, en cuanto a los hechos, afirmó que eran ciertas las fechas de inicio y fin de los contratos; que la terminación fue por «[…] renuncia intempestiva y voluntaria de los demandantes», pero negó que hubiera incurrido en los actos que se le endilgaron en las cartas de renuncia; que estaba sumida en una «[…] grave crisis económica que le ha ocasionado por fuerza mayor el incumplimiento de algunas obligaciones» y que siempre obró de buena fe; que ya canceló algunas de las obligaciones adquiridas con sus trabajadores, de los que se pretendían en el proceso; que cumplió con los requisitos para efectuar los pagos por consignación; que dio cumplimiento a las órdenes de tutela; que efectuó acuerdos de pago con las entidades de seguridad social.

En su defensa propuso las excepciones de pago, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, ausencia de título y de causa en las pretensiones de los demandantes, ausencia de obligación de la demandada, buena fe y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 6 de agosto de 2012, declaró probada la excepción de ausencia de obligación de la demandada, en relación con las pretensiones de salarios insolutos, sanción moratoria de que trata el artículo 65 del CST, primas correspondientes a diciembre de 2010, subsidio familiar, aportes al sistema de seguridad social y dotaciones, por lo que absolvió a la demandada de ellas; condenó a la pasiva a pagar la indemnización por despido injusto, las vacaciones, las bonificaciones de vacaciones, navidad y antigüedad, el auxilio de cesantía y sus intereses, la sanción por el no pago de intereses a la cesantía, la prima de servicios y las costas.

Posteriormente, mediante auto interlocutorio del 18 de septiembre de 2012, a petición de la parte demandante, corrigió los montos correspondientes a la condena por indemnización por despido injusto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca resolvió los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, mediante fallo del 30 de abril de 2013, en el que dispuso:

1. REVOCAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá Cundinamarca, el seis (6) de agosto de dos mil doce (2012); corregido con proveído del dieciocho (18) de septiembre de la misma anualidad, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ALBERTO VARGAS, JAIRO RIAÑO PASCAGAZA, MARÍA DEL TRÁNSITO ROBAYO ÁVILA, JORGE EDUARDO GARNICA MALAVER, LUZ HERMINDA VELANDIA ALBARRACIN, MERY PULIDO PULIDO, LUIS FELIPE ROZO MORA, ANA GLADYS GARZÓN LEON, SANDRA PATRICIA GACHA MURCIA, ADELAIDA BERNAL POVEDA, AIDA CELY HERNANDEZ GOMEZ, ELIZABEHT CÁRDENAS TORRES, HERNAN RICARDO PRIETO RODRIGUEZ, FABIO ARMANDO RODRIGUEZ VERA, ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, GLORIA VERGARA VALERO, LUIS ENRIQUE SARMIENTO ROJAS, MARIA HELENA SÁNCHEZ VALERO, MARIA OLIVA RODRIGUEZ PALACIOS, MARIA DEL CARMEN ROJAS PENAGOS, MARIA CLAUDIA MURCIA, BLANCA EMILCE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARCO TULIO RIVERA SILVA, VICTOR JULIO MELO CHÁVEZ, CIRO HERNANDO MORENO MORENO, CARLOS JOSÉ BELTRÁN PEÑUELA, FLOR MARINA PINILLA ALMANZA, LINA AURORA PALACIOS, MARIA GRACIELA VALDERRAMA UMAÑA, YOHON ALEXANDER MARTINEZ HERRERA, ALCIRA BELLO INFANTE, HERNANDO MOLINA MONTAÑO, ESTHER SANTAMARIA ORTEGA, MYRIAM CECILIA ROCHA MALAVER, PABLO EMILIO ABRIL, MIRIAM ARAQUE PÉREZ, JOSÉ ARITÔBULO GOMEZ CASTAÑEDA, FERNANDO CAMILO SUÁREZ, ORLANDO RINCON SILVA, NUBIA YANETH GOMEZ BOLIVAR, PRESENTACION RIOS CAICEDO, y DEVIS ALFONSO SÁNCHEZ VILLAMIL, contra C.I. AGRÍCOLA GUACARÍ LTDA, en cuanto condenó a la demandada a pagar las sumas allí establecidas por indemnización por terminación unilateral del contrato por causa imputable al empleador.

2. ABSOLVER a la empresa de dicho concepto, conforme lo anotado en la parte motiva de esta providencia.

3. ADICIONAR la citada sentencia, para CONDENAR a la empresa demandada a cancelar a los siguientes demandantes la (sic) sumas que se mencionan por concepto de prima de servicios del segundo semestre del año 2010: Fernando Camilo Páez Suárez $261.500.oo, Orlando Rincón Silva $257.500.oo y Presentación Ríos Caicedo $257.000.oo.

4. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.

5. SIN COSTAS en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró, como fundamento de su decisión, y en cuanto a la ruptura de los contratos por despido indirecto, que la carga de la prueba de este competía a los trabajadores, quienes dieron por terminado el vínculo por propia iniciativa y que indicaron en las comunicaciones dirigidas a la demandada que daban por finiquitados los vínculos por justa causa imputable a la empresa, en términos generales, por el no pago de derechos laborales, tanto legales como derivados del pacto colectivo, así como las cotizaciones para la seguridad social.

Luego dijo que la defensa se basó en que pagó algunas de las sumas adeudadas a ellos, pero que las no erogadas se justificaban en la crisis económica por la que atravesaba, de manera que estimó que el incumplimiento no era sistemático ni injustificado. En particular, advirtió que las omisiones alegadas en las comunicaciones por los trabajadores no eran constantes, dado que no ocurrió varias veces que el empleador dejara de pagar los salarios, la prima de servicios y la de diciembre; justificó el retardo en la consignación de la cesantía en la crisis económica invocada por la pasiva, que se manifestó en un acuerdo de reestructuración que solicitó para cumplir, incluso, sus obligaciones laborales. Agregó que el subsidio familiar lo debía cubrir la caja de compensación a la que estaba afiliada la empresa, ya que aquella contaba con los mecanismos idóneos para adelantar el cobro pertinente.

Dio por cierta la difícil situación económica descrita por la empresa a través de los acuerdos de pago celebrados con las entidades del Sistema de Seguridad Social y con las organizaciones sindicales, antes del fenecimiento de los vínculos laborales, así como las gestiones orientadas a cumplir sus obligaciones, de lo que coligió que no existía la intención de defraudar los derechos de sus trabajadores, «[…] máxime que en el plenario no quedó acreditado de manera fehaciente el “perjuicio” que aluden los actores en sus cartas de terminación».

Sumó a esas razones la admisión de la matriz de la demandada, C. I. Americaflor Ltda., en un proceso de reorganización o reestructuración, lo que entendió como la demostración de la situación grave por la que atravesaba la llamada a juicio.

Concluyó que el pago inoportuno de algunos derechos no tuvo la intención de desconocer los intereses de los extrabajadores, de forma que, si no había prueba de una infracción grave respecto de las obligaciones especiales legalmente asignadas a los empleadores, lo procedente era revocar la sentencia en lo atinente a la condena impuesta por indemnización por despido.

En punto de los beneficios derivados del pacto colectivo, observó que en el proceso estaba demostrado que los trabajadores eran beneficiarios de aquel, según que así se acordó el 16 de noviembre de 2007 para la vigencia del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009, con su correspondiente constancia de depósito y la relación de los trabajadores que lo suscribieron, dentro de los cuales estaban los demandantes, razón que estimó suficiente para confirmar las condenas impartidas con base en ese pacto, vigente al momento de la ruptura de los contratos de trabajo.

Confirmó las demás acreencias sobre las que se impuso condena, dado que no se demostró su pago.

En cuanto a la apelación de la parte demandante, el ad quem confirmó la absolución de la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, al hacer suyas las razones del juez de primera instancia, a las que agregó que la situación de la empresa, que la llevó al impago de algunas acreencias de los actores no implicaba mala fe, pues no se evidenció la intención de la demandada de defraudar los intereses de ellos, conforme a los acuerdos que suscribió con terceros y las pruebas del pago de algunas acreencias. Al mismo efecto, reiteró que la compañía matriz de la demandada fue admitida a un proceso de reorganización, lo que estimó suficiente para entender que la demandada no tenía interés en defraudar los intereses de los trabajadores, pues si bien es cierto que:

«[…] el trabajador no tiene porque (sic) asumir las pérdidas de la empresa (art. 28 del CST), también lo es, que la indemnización deprecada no es de aplicación automática ni inexorable, debiendo analizarse en cada caso si el empleador obro (sic) o no de buena fe en la mora en el pago de las acreencias laborales, buena fe que quedo (sic) acreditada en es examine (sic), según lo antes expuesto».

Finalmente, confirmó unas decisiones sobre prestaciones y salarios, dirigidas a demandantes diferentes de quienes impetraron el recurso extraordinario.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por los demandantes, concedido por el tribunal a Gloria Vergara Valero y María Claudia Murcia, exclusivamente, y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretenden las recurrentes que la corte obre conforme a la siguiente petición:

Se case parcialmente la sentencia impugnada de segunda instancia en lo desfavorable a los trabajadores demandantes numerales 1., 2., 4. y 5. En cuanto resolvió, al Punto 1. Revocar la condena del numeral cuarto del a quo del pago de la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo por auto despido a causa imputable al patrón; Punto, 2. que absolvió a la patronal demandada de dicho concepto indemnizatorio. Punto 4. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. y Punto 5. SIN COSTAS absolviendo de la misma a la demandada. Una vez convertida en sede de instancia, se revoque parcialmente la de primer grado en los numerales primero y segundo que absuelve (sic) a la demandada de la sanción moratoria e indexación para que se concedan y se confirmen todas las condenas impuestas a la demandada y se acceda a todas las pretensiones demandadas. Sobre costas se resolverá conforme (sic) derecho.

Con tal propósito formularon cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de oposición y de los cuales los tres primeros serán estudiados de manera conjunta, pese a que se formularon por distintas vías, pues resultan complementarios en cuanto a la afinidad que comparten en el objetivo, así como la proposición jurídica que señalan.

CARGO PRIMERO

Acusaron la sentencia, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de las siguientes normas:

[…] artículo 28 del C.S.T. y del Art. 62 ibídem subrogado por el Decreto Ley 2351 de 1965 Art. 7 literal b) numeral 6), Ley 48 de 1968 numeral 3), en relación con los Arts. 55, 56, 57 numeral 4) y 9), artículo 59 numeral 1) y 9), Art. 61 subrogado artículo 5) Ley 50 de 1990, Art. 64 CST.< modificado L. 789 de 2002 Art. 28, en relación a (sic) los arts. 1, 2, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20 y 21, CST, Arts. 8 y 13 ley 153 de 1887, Arts. 1551, 1613 y 1614 CCC., Arts. 1, 25, 53, 86, 228, 229 y 230 de la C.N., en relación con los Arts. 40, 51, 60, 61, 77 modificado por el Art. 39 Ley 712 de 2001 num. 2) y 145 del CPTSS. y los Arts. 174, 176, 187, 207, 208 y 210 del CPC modificados por los Arts. 20, 21 y 22 Ley 794 de 2003.

En la sustentación del cargo explicaron que el tribunal revocó la indemnización por autodespido debido a que las causales invocadas «[…] no fueron sistemáticas y ni (sic) sin razones válidas, sino por crisis económica», ello en aplicación del literal b) del artículo 7 numeral 6º del Decreto 2351 de 1965, cuando debió aplicarse el numeral 8º del mismo artículo, por concurrir las causales previstas en los artículos 57, numerales 4 y 9 y 59, numerales 1 y 9 del CST, que habrían dado lugar a confirmar la condena. Estimó que el artículo 28 ibídem no era aplicable, en razón de que legalmente se prohíbe «[…] exculpar al patrón en el incumplimiento de sus obligaciones laborales por cualquier situación económica, porque su crisis económica no es procedente ex (sic) culpativa para incumplir obligaciones y prohibiciones laborales, porque esta es ajena a los trabajadores», quienes no pueden asumir sus riesgos o pérdidas.

Dijeron que la violación se dio porque no se aplicó la norma más protectora y que, en su sentir, era obligatoria, en tanto que sí se dio curso a una menos favorable, porque teniendo «[…] por demostrado el incumplimiento sistemático patronal, reiterado y de mala fe, en el pago de las acreencias laborales patronales a los recurrentes», el tribunal exculpó a la demandada, a pesar de que se demostró que no cumplió sus obligaciones legales, omisión que quiso justificar con una crisis económica, cuando existían derechos con más de un año de mora en el pago, o al menos, al 11 de abril de 2011 llevaban más de 45 días de retardo, lo que se estableció mediante confesión, tanto directa como declarada por inasistencia a la audiencia del artículo 77 del CPTSS y a aquella en la que se practicaría interrogatorio de parte, ausencias que no fueron justificadas y cuyos efectos declaró el a quo, pero que su superior no observó, cuando de los mismos se extraía que no era posible aplicar el artículo 28 de la codificación sustantiva laboral, porque el incumplimiento y mora estaban ya establecidas como situaciones consumadas.

Posteriormente enumeraron las obligaciones que estaban pendientes de pago al 10 de abril de 2011, a saber:

1) De Sus salarios adeudados del 1º de marzo al 10 de abril de 2011.

2) La no consignación de las cesantías a los fondos respectivos de los actores causadas del 1º de enero al 31 diciembre del año 2010, que debió consignar a más tardar el 15 de febrero del año 2011.

3) El no pago de sus respectivos intereses a las cesantías por dicho periodo, al 30 de enero de 2011.

4) El no pago de las primas legales de servicio del 1 de Julio de 2010 al 31 de diciembre de 2010.

5) El no pago de la seguridad social de los recurrentes que habiéndoles sido descontadas no las entregaron a las entidades en el momento que correspondía, es decir en cada mes de los últimos cuatro meses del año anterior.

6) El incumplimiento, mora y retrazo (sic) de no pago de los derechos, obligaciones, y beneficios laborales extralegales económicos contenidos en el pacto colectivo de trabajo suscrito con la empresa en el período último año, es decir del 1º de enero de 2009 al 1º de enero de 2010 y del cual son adherentes los recurrentes, por bonificación de bonificación de navidad, y vacaciones, bonificación por antigüedad.

7) La no entrega de dotaciones de labor a los trabajadores en el ultimo (sic) año de servicios, es decir del 1º de enero de 2009 al 1º de enero de 2010.

8) La no concesión de las vacaciones del ultimo (sic) año y otros derechos.

Expuestas esas deudas, advirtieron que el tribunal las justificó y convalidó con el argumento de que se originaron en la crisis económica empresarial, lo que lo llevó a revocar la condena por indemnización derivada del despido indirecto, para concluir que el actuar del juzgador de apelaciones fue contrario a la ley al haber desconocido el incumplimiento de las obligaciones del empleador.

CARGO SEGUNDO

Endilgaron al fallo gravado la violación de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de

[…] falta de aplicación del Art. 62 del C.S.T. modificado por el Decreto Ley 2351 de 1965 Art. 7 literal B) numeral 8), Art. 8 Ibídem, Ley 48 de 1968 numeral 3), en relación con los Arts. 55, 56, 57 ordinal4) y 9), artículo 59 ordinal 1) y 9), Art. 61 subrogado artículo 5) Ley 50 de 1990 del CST., Art. 6 ibídem, y los Arts. 1, 2, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 61 subrogado L. 50 de 1990 Art. 5), 64 mod. L. 789 de 2002 Art.28, 127, 132, 133, 134, ,139, y 140 CST, Arts. 8 y 13 ley 153 de 1887, Arts. 1551, 1613 a 1615 C.C.C. y Arts. 1, 25, 53, 86, 228, 229 y 230 de la C.N.

A efectos de sustentar el cargo se adujo que se dejaron de aplicar las normas más favorables, para disculpar el actuar moroso u omisivo del empleador frente a sus obligaciones salariales y prestacionales, lo que dio pie a la revocatoria de la condena por indemnización derivada del despido indirecto que ejecutaron. Basó esa deducción en el análisis de la conducta de la empleadora que sufragó algunos derechos reclamados hasta el mes de septiembre de 2011, es decir, más de seis meses después de causados, a raíz de una acción de tutela que interpusieron todos los trabajadores.

En apoyo de su alegato acogió el salvamento de voto, según el cual la sentencia debió confirmarse por existir mora e incumplimiento patronal frente a los derechos de los trabajadores, sin que la crisis económica sea exculpatoria porque es ajena a los trabajadores, quienes no pueden asumir las pérdidas del empleador.

En lo demás, el cargo reitera en diferentes formas las mismas razones ya reseñadas, siempre orientadas a que la consecuencia debe ser la casación respecto de la revocatoria dispuesta por el ad quem, y la consecuente confirmación de la condena al pago de las indemnizaciones por despido indirecto.

CARGO TERCERO

Acusaron la sentencia, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de las siguientes disposiciones:

[…] Arts (sic) 62 modificado por el Decreto Ley 2351 de 1965 Art. 7 literal B) numeral 6) y Art. 28 del CST., en relación con los Arts. 55, 56, 57 ordinal 4) y 9) , artículo 59 ordinal 1) y 9), Art. 61 subrogado artículo 5) Ley 50 de 1990, del CST., y los Arts. 1, 2, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20 y 21, 127, 132, 133, 134, 139, y 140 CST, Arts. 8 y 13 ley 153 de 1887, Arts. 1551 1613, 1614 C.C.C., y Arts. 1, 25, 29, 53, 86, 228, 229 y 230 de la C.N. y los Arts. 40, 51, 60, 61, 77 modificado por el Art. 39 Ley 712 de 2001 num. 2) y 145 del CPTSS. y los Arts. 174, 176,187, 207, 208, 210 del CPC modificados por los Arts. 20, 21 y 22 Ley 794 de 2003.

Expusieron que la violación se produjo a consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que el patrón si (sic) incumplió sus prohibiciones y obligaciones legales a las que está obligado ante los trabajadores, en cuanto al no pago puntual y mora de sus salarios y otras prestaciones legales y extralegales de orden laboral.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la violación patronal a sus obligaciones y prohibiciones legales frente a los trabajadores, si (sic) fue sistemática y reiterativa sin causa de exoneración o ex culpativa (sic) a su incumplimiento.

3. No dar por demostrado, estándolo, que los trabajadores si (sic) demostraron en el proceso que el patrón fue incurso en las causas justas de terminación del contrato de trabajo de auto despido o despido indirecto, imputables a este.

4. No dar por demostrado, estándolo que las justas causas alegadas por los trabajadores en su auto (sic) despido contra el patrón, están demostradas y probadas y que por lo tanto procede la condena contra este por el pago de la respectiva indemnización por terminación del contrato de trabajo por justa causa imputable a él.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la omisión patronal en sus obligaciones y prohibiciones contra los trabajadores, en la mora y tardanza en el pago de sus derechos laborales, eran causas justas y suficientes para que estos terminaran el contrato de trabajo por justa causa mediante el despido indirecto sin que mediara ninguna excusa de una supuesta crisis económica.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que los trabajadores supuestamente impidieron el acceso del patrón a las instalaciones del sitio de trabajo para impedir el pago de sus salarios y demás derechos y acreencias laborales.

7. No dar por demostrado, estándolo, que no obstante la declaratoria de confeso contra el patrón, de casi todos los hechos de la demanda por inasistir (sic) a absolver interrogatorio de parte y por no comparecer a la diligencia pública y obligatoria de conciliación, el tribunal omitió esta sanción, y anteponiendo conceptos subjetivos ajenos al proceso desconoció tal declaratoria absolviéndolo, revocando la sentencia del a quo, cuando debió confirmarla por estar demostradas por la declaratoria de confeso, justas causas de despido indirecto por los trabajadores.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que el incumplimiento y mora patronal en el pago salarial, siendo incurso en las prohibiciones y obligaciones contra los actores, obedecieron a una supuesta crisis económica y que por lo tanto aquellas eran razonables y válidas para que el patrón las incumpliera y que por lo tanto los trabajadores carecían de fundamento en el despido indirecto imputable a su patrón.

9. No dar por demostrado, estándolo que la obligación patronal frente a sus trabajadores recurrentes, era pagarles sus salarios y prestaciones oportuna, sin mora y puntualmente en el sitio de trabajo como contraprestación y retribución a sus servicios laborales.

10. No dar por demostrado, estándolo, que la tardanza, la mora y la negativa patronal en la obligación de pago oportuno salarial y de los derechos económicos del pacto colectivo de trabajo a los trabajadores, alegada como causa de incumplimiento patronal, fue sistemática, reiterativa y de mala fe por el patrón.

11. No dar por demostrado, estándolo, que por virtud de la acción de tutela de los trabajadores, la patronal pagó tardíamente en forma obligada y bajo apremio legal, parte de los derechos salariales y prestacionales de los recurrentes y otros trabajadores y que jamás fue voluntario ni oportuno de la patronal.

Como pruebas y piezas del proceso erróneamente apreciadas enumeraron:

1. El expediente que contiene la acción de tutela de los trabajadores demandantes contra la patronal demandada. Folios 496 a 692.

2. La demanda folios 1 al 39.

3. La contestación a la demanda Folios 404 a 425 y 430 a 447

4. Cartas de auto (sic) despido ó despido indirecto de los demandantes presentada ante la patronal con sello de recibido Folios 122 a 160

5. Cuestionario del interrogatorio de los actores a la demandada folios 873 a 876.

6. Acta de audiencia Pública de Interrogatorio verbal de parte a los demandados con prueba de confesión folios 867 a 869 y 877 a 879.

A su vez, indicaron que el tribunal no apreció las siguientes pruebas y piezas procesales:

1. Acta de Audiencia Obligatoria Pública y Especial de Conciliación, la constancia de no comparecencia patronal y el auto de sanción de declaratoria de confeso contra los demandados. Folios 449, 452 a 459.

2. Acta de Audiencia Publica (sic) de Interrogatorio de Parte de la actora a la parte demandada, continuación, con la constancia de incomparecencia de esta y el respectivo auto de declaratoria de confeso a la demandada. Folios 877, 878 y 879.

3. Formulario escrito contentivo del cuestionario de Interrogatorio de la parte demandante a la parte demandada en audiencia publica (sic) folio 873 a 875.

En la explicación del cargo expusieron que el tribunal incurrió en aquellos errores fácticos evidentes que lo llevaron a revocar la sentencia, porque si hubiera analizado y valorado correctamente la prueba habría concluido que los actores sí demostraron las causales alegadas e imputadas al patrono en las cartas de autodespido, por lo que debió confirmar la condena indemnizatoria y no revocarla, en tanto que el empleador debe asumir las consecuencias de la confesión en la que incurrió.

Manifestaron que el sentenciador de apelaciones desconoció las razones de los trabajadores y erró al revocar la condena, en cuanto justificó el actuar patronal anómalo, en desconocimiento del artículo 28 del CST.

El resto del cargo hace referencia a argumentos similares a los que explicó en los dos cargos anteriores.

RÉPLICA A LOS TRES CARGOS

Dijo que la demanda de casación padecía de numerosos errores de técnica que exigían su rechazo, pero omitió la indicación de cuáles eran tales dislates; agregó que la sentencia del tribunal no había violado la ley pero que, si hipotéticamente hubiera incurrido en violaciones tales como las acusadas, los cargos no las acreditaban.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico que debe abordar la sala, consiste en establecer si la sentencia censurada incurrió en los yerros fácticos y jurídicos que se le endilgan, con base en la apreciación omisiva o desviada del cúmulo probatorio denunciado, que habrían llevado al ad quem a revocar la condena al pago de la indemnización por despido indirecto.

El estudio de esa cuestión es procedente merced a la flexibilización del recurso extraordinario, pues es notorio que estos cargos, individualmente considerados, carecen de elementos técnicos que permitan su estudio. A pesar de ello, su finalidad y complementariedad argumentativa abren paso a su análisis.

En torno a los extremos de las relaciones laborales, la empresa aceptó que fueron entre el 15 de noviembre de 1991 y el 11 de abril de 2011, para el caso de Gloria Vergara Valero y entre el 18 de enero de 1991 y el mismo tope final para María Claudia Murcia.

El tribunal concluyó que, si bien la sociedad demandada incurrió en atrasos en el pago de las obligaciones que adujeron las recurrentes en sus cartas de autodespido, en todo caso, esos incumplimientos no fueron sistemáticos,

[…] dado que no sucedió varias veces que el empleador dejara de pagar los días 15 y 30 los salarios, el día 30 de diciembre la prima de servicios, pues lo que reclama son los salarios de las quincenas de marzo y lo corrido de abril de 2011, y la prima de diciembre, de manera que no hubo un incumplimiento sistemático. Respecto a la no consignación de las cesantías del año 2010, tampoco puede considerarse como un incumplimiento sistemático, pues como antes se indicó no fue constante ni deliberado, además en el presente caso le asisten razones válidas para su incumplimiento como es la crisis económica que estaba atravesando, tan es así que tuvo que solicitar acuerdo de reestructuración para poder cumplir con sus obligaciones, entre ellas las laborales […].

En tal virtud, el juez plural entendió que la empleadora siempre estuvo dispuesta a honrar sus compromisos laborales, pues su matriz realizó actuaciones para dar cumplimiento a los deberes patronales pendientes, tales como la celebración de acuerdos de pago efectuados con entidades de la seguridad social y con organizaciones sindicales, y entre esas piezas enunció las que suscribió el grupo empresarial C. I. Americaflor Ltda., al que pertenecía la demandada, que es un tercero frente a este proceso, sin que ello obstara para que el tribunal entendiera que, a pesar de las dificultades económicas, la empresa había justificado los impagos en los que incurrió, por lo que las razones alegadas por las demandantes para dar por terminados sus contratos de trabajo eran infundadas.

Las piezas procesales y pruebas que la censura denuncia como mal apreciadas u omitidas, indican lo siguiente:

El fallo de primer grado de la acción de tutela que instauraron, entre otros, las recurrentes (f.os 98 a 103), amparó los derechos salariales y prestacionales de los accionantes y es posterior a la carta de despido indirecto, pues fue emitido el 18 de mayo de 2011, en tanto que el reparto de la demanda de amparo, según ese mismo proveído, databa del 26 de abril de ese año, esto es, días después de haberse entregado las susodichas cartas a la empleadora, lo que implica que, hasta entonces, la demandada no había cubierto las obligaciones dinerarias que le fueron exigidas al momento de la desvinculación laboral.

De paso, debe acotarse que las actas de compromiso (f.os 104 a 120) que según el tribunal excusaban la omisión en los pagos adeudados por la empresa fueron manifestaciones de intención suscritas por el representante legal del grupo empresarial del que hacía parte la demandada, pero ese conglomerado no actúa en este proceso, y, de contera, se desconoce si esos compromisos fueron honrados o no por aquella entidad, que es un tercero ajeno a estas actuaciones.

De la demanda y su contestación se corrobora que, al iniciar las diligencias de instancia, la pasiva no había pagado en su totalidad los créditos laborales de las actoras.

Los folios 137 y 142 son del mismo tenor y corresponden a las cartas que las recurrentes radicaron el 11 de abril de 2011 ante la sociedad demandada; en ellas manifiestan su decisión de dar por terminados unilateralmente sus contratos, bajo los siguientes argumentos:

[…] doy por terminado el contrato de trabajo, a partir de la fecha, por justa y legal causa, con fundamento en el incumplimiento patronal a sus deberes y obligaciones, previstos en los Arts. 57 Núm. 4), 5) y 9), Art. 59 Num. 1) y 9), Art. 61 subrogado L. 50 de 1990 Art. 5, Lit. h), Art. 62 subrogado por el Art. 7 del D. 2351 de 1965 Lit. b Num. 4), 6) y 8) y el Art. 64 modificado L. 789 de 2002 Art. 28 del C.S.T., en que han incurrido, lesionando y perjudicando mis derechos como persona humana y como trabajador. Como hechos injustos e ilegales concretos en que ha incurrido la sociedad patronal señalo:

1. Las cesantías causadas del año 2010, a la fecha, no me han sido consignadas ni pagadas al fondo cesantías respectivo.

2. La prima legal de Diciembre de 2010, hasta hoy, no me ha sido cancelada.

3. Las cotizaciones de seguridad social, pensión de vejez y demás, no obstante que fueron descontadas de mi salario mensualmente en los últimos 6 meses no han sido consignadas ni pagadas a las entidades de seguridad social, incurriéndose por el patrón en retención ilegal de salarios, causándome perjuicio.

4. Se me adeudan las 2 quincenas de sueldo correspondientes al mes de Marzo de 2011 y la que va corrida del mes de Abril de 2011, que no obstante haber sido laboradas no se me han pagado.

5. Se me adeudan las dotaciones de labor, overol y zapatos, del último año de servicios.

6. La empresa ha incurrido repetida y sistemáticamente en estos incumplimientos vulnerando mis derechos fundamentales toda vez que mi supervivencia deviene de mi trabajo y ustedes no me han pagado oportunamente estos derechos.

7. Al pago de las vacaciones.

8. Finalmente solicito se de (sic) cumplimiento a lo ordenado por el Art. 29 de la L. 789 de 2002.

Cabe anotar que la señora Vergara Valero no pidió el pago de las vacaciones.

El cuestionario de interrogatorio de parte a la demandada (f.os 873 a 875) determina los hechos que fueron declarados confesos por la juzgadora de primer grado en la audiencia celebrada el 7 de junio de 2012 (f.° 878), providencia que no fue objeto de reparo. Tales hechos se refieren, precisamente, al incumplimiento de los derechos reclamados en la demanda, en suma, vacaciones, bonificaciones extralegales, dotaciones de vestido y calzado de labor, cesantías e intereses, primas legales, subsidio familiar, cotizaciones y salarios, estos, correspondientes al lapso comprendido entre el 1 de abril de 2011 y el 11 del mismo mes y año.

Por su parte, el tribunal aplicó el numeral 6º del literal B) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, sin embargo, en las cartas de autodespido se alegó, no solo ese numeral, sino también el octavo, que no fue considerado y que indica como justa causa para dar por fenecido el vínculo subordinante: «8. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos», norma que fue concordada en esas misivas con el incumplimiento de las obligaciones cuarta, quinta y novena, contenidas en el artículo 57 del CST, de las cuales vale resaltar que la primera enunciada reza: «4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos», disposición que no hace referencia a que esos eventos deban ser sistemáticos ni repetitivos, amen que, desde las mismas cartas, el cúmulo de derechos no remunerados oportunamente puede entenderse, por sí solo, como una omisión sistemática, independientemente de que las quincenas impagas sean apenas dos o tres, máxime cuando se trata de los derechos que constituyen el mínimo vital de las trabajadoras reclamantes, a lo que se suma que otros de los derechos reclamados ya llevaban un tiempo más que significativo sin honrarse.

La declaración de la representante legal de la demandada contiene una confesión en los términos del artículo 195 del CPC aplicable en materia laboral, dada la fecha de las actuaciones, conforme al artículo 145 del CPTSS. En efecto, a la segunda pregunta, sobre el autodespido de los accionantes, respondió «No es cierto porque los trabajadores cesaron sus labores de manera intempestiva aun (sic) conociendo la situación económica que atravesaba y atraviesa la empresa hoy demandada, con lo cual tomaron la decisión unilateral de dar por terminado el contrato de trabajo», respuesta de la que se resalta el aparte en el que se incurre en contradicción, pues es claro que la decisión unilateral de finalizar el nexo es justamente lo que se advierte en las cartas de autodespido.

De otra parte, en esa misma diligencia, al responder la tercera pregunta, sobre si la demandada pagó o no a los trabajadores las quincenas correspondientes al lapso que va entre el 1 de marzo y el 11 de abril de 2011 –más de dos períodos quincenales de pago– la respuesta fue «El pago correspondiente a esas quincenas no fue cancelado», aunque se dijo que ello ocurrió por culpa de los mismos trabajadores, lo que no obsta para que, rectamente entendida esa respuesta, surja la duda de por qué a la última fecha, aún se debían salarios de quincenas del mes anterior.

En punto de las pruebas que la censura denuncia como no apreciadas se tiene:

El acta de audiencia obligatoria de conciliación, (f.os 449, 452 a 459) contiene una constancia de no comparecencia de la parte demandada y el auto en el que se aplica la consecuencia procesal de declaratoria de confesión contra la demandada. Esta pieza, en efecto, no fue analizada por el tribunal, así como tampoco se refirió al acta de continuación de la audiencia pública en la que se surtió el interrogatorio de parte de la demandada, con la constancia de no comparecencia de esta y el respectivo auto de declaratoria de confesión.

El conjunto de pruebas examinadas lleva a concluir que el tribunal, a pesar de que dio por cierto que la sociedad demandada incurrió en atrasos en el pago de sus obligaciones, prefirió elucubrar sobre las razones que llevaron al retardo que afectó los derechos de los trabajadores, como si solo se hubiese alegado sobre lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, cuando el mero incumplimiento del pago de los salarios y prestaciones fue tan grave que llegó al punto de obligar a las recurrentes a dar por terminados sus contratos de trabajo, situación que no fue atendida bajo todas las motivaciones jurídicas expuestas en las cartas de autodespido analizadas y sin reparar que se endilgó válidamente al empleador el incumplimiento de la obligación contenida en el numeral 4º del artículo 57 del CST, que es una de las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo, al tenor del artículo 62 ibídem, subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, en especial en lo que toca al numeral 8º del literal B), norma que dejó de aplicar el juzgador de segunda instancia, y para la cual no se requería de análisis de justificación de las razones del incumplimiento, de manera que en el fallo gravado se incurrió en los errores de hecho 1º, 3º, 4º, 5º endilgados por la censura en el primer cargo.

Así, las razones que esgrimieron las trabajadoras el 11 de abril de 2011, encajan dentro de las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte de ellas, en los términos y para los efectos del numeral 8° del literal B) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, en concordancia con el numeral 4° del artículo 57 del CST, pues la empresa se sustrajo de uno de los más vitales aspectos en el contrato de trabajo, esto es, la remuneración que es la que le permite al trabajador sufragar sus necesidades, de ahí que la decisión acusada se deba casar, pues es patente que el tribunal se equivocó al estimar infundadas las razones por las que renunciaron las impugnantes y exponer, contra toda evidencia, que el retardo en el pago de las obligaciones de carácter laboral estaba justificado por una situación económica que un tercero, el grupo empresarial, se habría comprometido a solucionar, sin que se haya probado el cumplimiento de los pagos pactados, que ni siquiera corresponden en su integridad a los reclamados en la demanda.

Los cargos prosperan, tal como se reclamó en el alcance de la impugnación, en cuanto al punto relativo a la absolución por la indemnización por despido indirecto.

CUARTO CARGO

Acusaron la sentencia por violación indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de:

[…] los Arts. 1, 9, 13, 14, 16, 21, 28, 57 num.4 y 59 núm. 1 y 9, Art. 7º Lit. B) num.8 D. L. 2351 de 1965, Art. 65, Art. 249 y ss., CS.T., en relación a (sic) los Arts. 49, 60 y 61 CPT SS., L. 157 de 1887 Art. 8º, L. 57 de 1887 Arts. 5, L. 153 de 1887 Arts. 1º a 7º, 25, 32, 45 párrafo final, L. 95 de 1890 Art. 1º, Arts. 4,6, 768 y 769, 1494 y 1495 y concordantes CCC. en relación con los Arts. 37 Núms. 2, 3, 4, 8, Arts. 71 num.1), 74 Mod. D. 2282 de 1989, Art. 1 Núms. 27 y 30, Arts. 174, 176, 177, 194, 195, 197, 210 mod. L.794 de 2003 Art. 22, 304 y 305 CPC, en analogía con el Art. 145 CPT y SS.

Los errores de hecho que dieron lugar a tales violaciones los enumeraron así:

1. No dar por demostrado estándolo, que los demandados han obrado de mala fe en el incumplimiento a los pagos de los créditos laborales adeudados a los recurrentes, y siendo confesos, han actuado con exprofesa (sic) mala fe en la retención ilegal de salarios a sabiendas de su sus prohibiciones y obligaciones ante las demandantes.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, contra evidencia, de la declaratoria de confeso y en contravía a la ley, que no pagaron el derecho a las cesantías y que los demandados demostraron buena fe y que actuaron por una supuesta crisis en el incumplimiento a sus obligaciones y prohibiciones para exculparlos de la sanción moratoria.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que existían razones de incumplimiento no sistemáticas para que los demandados creyeran haber actuado de buena fe, en creencia que por una supuesta crisis económica para absolverlos de la sanción moratoria (sic).

4. No dar por demostrado, estándolo, que los patronos fueron incursos en reiteradas oportunidades en la mora en el pago de los derechos y acreencias laborales no solo legales sino las extralegales de las actoras.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada ha obrado con ánimo de fraude económico contra los derechos de los trabajadores, pues según el Tribunal los demandados suscribieron acuerdos ante la supersociedades (sic) de pagos de varios de los derechos demandados, entre estos las cesantías del ultimo (sic) año y las parciales al retiro, los cuales no han pagado hasta la fecha, en antítesis a la supuesta buena fe que le pregona el Tribunal.

6. No dar por demostrando, estándolo, que la demandada ha obrado sin causa justa, con el ánimo dañino y perverso de enriquecerse a costa del trabajo de los actores y su pobreza, en detrimento de la perdida de sus beneficios.

7. No dar por probado, estándolo, que la demandada ha actuado de ex profesa (sic) mala fe, pretendiendo engañar a la justicia y las trabajadores (sic), pues hasta el momento, ni a las recurrentes como tampoco a los demás trabajadores a quienes no se les concedió el recurso, a ninguno les ha cancelado los derechos a su favor dictados en esta sentencia.

Enunciaron como pruebas y piezas procesales erróneamente apreciadas:

1. Demanda y contestación a la demanda folios 1 al 39 y folios 404 a 425 y 430 a 447.

2. Contestación a la demanda folios 404 a 417.

3. Acta Superintendencia de Sociedades sobre reorganización demandada por la que se revoca la reorganización de unas sociedades y de la demandada por no pago de los salarios a los trabajadores. Folios 894 a 911.

4. Recibos de pago en la acción de tutela de las recurrentes y demás trabajadores de la demandada folios 290, 293, 735 a 738 y 749 a 753.

5. Cartas de auto despido o despido indirecto de las recurrentes presentadas al patrón. Folios 137, 142, 580 y 586.

6. Auto de declaratoria de confeso contra la demandada POR INASISTENCIA AUDIENCIA CONCILIACION, INTERROGATORIOS DE PARTE Y CONFESION FOLIOS 449 a 452-459, Folios 867 a 869, 873 a 875.

7. La acción de tutela y sentencia de la misma Folios 496 a 692

Como pruebas dejadas de apreciar indicaron:

1. Acta de Audiencia de Conciliación con inasistencia de la demandada y la declaratoria de confeso. Folios 449, 452 a 459.

2. Interrogatorio de Parte a los demandados y la declaratoria de confeso Folios 873 a 875, 877, 878 y 879

En la demostración del cargo propusieron que era errónea la deducción del tribunal acerca de que la crisis económica daba lugar a entender la buena fe patronal y la consecuente absolución de la sanción moratoria, sin tener en cuenta que el actuar empresarial estuvo revestido de mala fe y que fue desleal frente a los trabajadores, a más de que quiso engañar al juez con la crisis alegada como origen del no pago oportuno a los trabajadores.

Adujeron que el empleador confesó el no pago de las cesantías de los años 2010 y 2011 hasta el 10 de abril, en tanto existen autos que declaran esa condición, y que la ley no permite la alegación de la crisis económica como justificación de la mora o el incumplimiento del pago de las obligaciones patronales, lo que daría lugar a la imposición de la sanción moratoria. Como el empleador omitió la consignación judicial de lo que debía a los trabajadores, dedujo que no existió excusa para esa falta de pago, hecho que no calificó el tribunal.

También expusieron que el tribunal desconoció que debieron acudir a la acción de tutela para obtener el pago de sus acreencias, pues de lo contrario, el empleador seguiría incurso en la situación de impago, como sucede con algunos derechos que a la fecha de la demanda de casación aún no habían sido cubiertos.

Finalmente, citaron diversos fallos de esta corte sobre el tema de la indemnización moratoria.

CONSIDERACIONES

Estima la corte que la razón establecida por el tribunal como justificativa de la omisión en el pago de salarios y prestaciones legales a la fecha del despido indirecto de las accionantes no es atendible, y constituye error evidente en la apreciación de las pruebas denunciadas, pues esa corporación afirmó que la demandada atravesaba por una crisis económica que le impedía cumplir sus cargas laborales, y sustentó la disculpa que impartió en que la accionada «[…] ejerció los mecanismos legales a su alcance para conjurar dicha situación, efectuando acuerdos de pago para cumplir con sus obligaciones; téngase en cuenta que con los documentos de folios 283 a 336 y 696 a 851, se establece el pago de algunos de los derechos que se señalan como insolutos».

Pues bien, como el tribunal se refería con el ejercicio de esos mecanismos a los pagos que efectuó a nombre de las recurrentes (f.os 290 y 293), mediante consignaciones de depósito judicial, debe advertir la sala que estos fueron el resultado del ejercicio de la acción de tutela que impetraron ellas y sus compañeros de labores, pues se pagaron el 17 de junio de 2011, ya después de que se surtiera el despido indirecto; además, el mismo tribunal afirma que esos pagos corresponden a «[…] algunos de los derechos que se señalan como insolutos», de manera que se dedujo que las sumas ahí consignadas no fueron suficientes para satisfacer los pagos pendientes, luego, como esta corte ha dicho que la sanción moratoria del artículo 65 del CST depende de si el actuar del empleador estuvo revestido o no de buena fe, derivarlo de la consignación parcial de unas sumas de dinero, impuesta por el juez constitucional, cuando menos es discutible, y más si se suma a ello que el tribunal no reparó en que no fue la misma demandada, sino la sociedad C. I. Americaflor Ltda. la que fue admitida para proceso de reorganización conforme a la Ley 1116 de 2006, conforme al certificado de existencia y representación de folios 912 a 914, y eso, solo hasta agosto de 2011, luego de manifestado por las recurrentes el despido indirecto, sin que ello implique para ellas ninguna garantía de que sus obligaciones serían oportunamente pagadas, como en efecto, no lo fueron, al menos de manera integral.

Tampoco se puede deducir buena fe de la demandada a partir del auto de la Superintendencia de Sociedades visto a folios 894 a 911, en primer lugar, porque de su texto se advierte que la afectada por las decisiones administrativas allí adoptadas es la matriz de la demandada y no la sociedad C. I. Agrícola Guacarí Ltda., que por cierto, ni siquiera está mencionada a lo largo de tal providencia y, de contera, el auto tampoco es anterior a la fecha de la manifestación de autodespido, pues data del 23 de diciembre de 2011 a lo que se suma que, si se para mientes en su contenido, hace relación a la revocatoria de unas decisiones previas, en las cuales se había ordenado la terminación de unos procesos de reorganización y apertura de trámite de liquidación, cuya fuente fue, ni más ni menos que el «[…] incumplimiento reiterado y sistemático» de obligaciones laborales.

En el caso debatido surge que los argumentos que destacó el ad quem para no imponer la sanción moratoria se circunscribieron a la crisis económica que afectó a la empresa y que le impidió satisfacer las acreencias laborales, pero esa razón en modo alguno puede constituirse en fundamento para predicar la buena fe en la actuación de la demandada, la cual, por virtud de lo convenido con sus trabajadoras, aquí recurrentes, estaba obligada a cumplir con lo pactado y, en todo caso, a actuar diligentemente en procura de la satisfacción de tales créditos que devienen vitales para ellas, a quienes no les puede ser oponible la mera razón de tales problemas económicos internos, y no pueden ver afectadas sus garantías laborales por ello, menos cuando el artículo 28 del CST impone que «[…] el trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su patrono pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas», de forma que, siendo lo único que predicó para exonerarse de la sanción, no resulta atendible desde la órbita del derecho del trabajo, tal como por demás, ya se ha dicho por esta corte en la sentencia CSJ SL912-2013.

En tal medida, al exonerar de la sanción prevista en el artículo 65 del CST, por tales motivos, el tribunal incurrió en las infracciones fácticas que se le imputan.

El cargo prospera, según lo expuesto en el alcance de la impugnación, en cuanto a la indemnización moratoria del artículo 65 del CST.

Sin costas en el recurso extraordinario, ante su prosperidad.

SENTENCIA DE INSTANCIA

Con el fin de atender el punto de apelación que toca el tema de la indemnización por la terminación dispuesta por las recurrentes, originada en causa imputable al empleador, en particular por la omisión en el pago de salarios y prestaciones, conforme al numeral 8° del literal B) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, en concordancia con el numeral 4° del artículo 57 del CST, a las razones expuestas en sede de casación agrega la corte que quedó debidamente establecido que el empleador incurrió en el incumplimiento de su obligación de pagar la remuneración pactada, esto es, salarios y prestaciones sociales, lo que constituye justa causa para dar por terminado el contrato por parte de los trabajadores.

Ahora, conforme a los límites planteados en el petitum del recurso extraordinario, no se exhibió inconformidad alguna respecto del monto de las condenas impuestas a favor de las recurrentes por autodespido, conforme al auto que corrigió un error aritmético fechado el 18 de agosto de 1012; tales condenas fueron fijadas en $26.896.167.73 a favor de Gloria Vergara Valero y en $24.015.994.71 para María Claudia Murcia; al contrario, se pidió mantener «[…] todas las condenas impuestas a la demandada», por lo que se confirmarán esos montos.

En cuanto a la apelación que suscitó la decisión de absolver de la sanción moratoria a la demandada, estima la sala que quedó verificado que el actuar omisivo de la empresa se concretó en el no pago de las quincenas alegadas en las cartas de despido indirecto, esto es, las correspondientes a marzo de 2011 y la proporcional hasta el 11 de abril del mismo año, que se pagaron con retardo; también en la omisión en el pago de las demás prestaciones requeridas por las demandantes, y que esa demora y omisión no podían ser justificadas con el pretexto de que la situación económica de la demandada le impedía cumplir sus obligaciones sociales ante sus trabajadoras aquí demandantes, pues ello implicaría la participación de ellas en las pérdidas empresariales.

Por tal motivo, se revocará la declaratoria de estar probada la excepción de ausencia de la obligación de la demandada respecto de ese ítem, así como la consecuente absolución impuesta en primer grado; en su lugar, se impondrá la sanción moratoria a cargo de la demandada y a favor de las dos recurrentes cuyas razones triunfaron en el recurso extraordinario, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del CST, a razón de un día de salario por cada día de retraso en el pago de las obligaciones, a partir del 12 de abril de 2011 y hasta el 13 de septiembre del mismo año, fecha en la cual se inscribió el Auto n.º 12259 del 12 de agosto de 2011, por el cual la Superintendencia de Sociedades decretó, de oficio, «[…] la apertura conjunta del proceso de reorganización del grupo empresarial conformado por las sociedad (sic) de la referencia (C.I. AGRICOLA (sic) GUACARI (sic) LTDA.) y otras» (f.º 980 vuelto), pues desde ese momento se entiende que la demandada quedó, ahora sí, involucrada en un proceso concursal que le permitiría sanear su situación económica, en los términos de la Ley 1116 de 2006, luego ya sometida la exempleadora a ese régimen, no puede considerarse que persista en su actuar ajeno a la buena fe.

Estas condenas por sanción moratoria se establecen en los siguientes montos:

A favor de Gloria Vergara Valero, con un salario base de $826.000 (f.º 169):

A favor de María Claudia Murcia, con un salario base de $742.000 (f.º 174):

Las costas en ambas instancias quedarán a cargo de la parte demandada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en cuanto revocó la condena por indemnización por terminación unilateral del contrato por causa imputable al empleador y en tanto que confirmó la absolución por la indemnización moratoria dispuesta en el artículo 65 del CST, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALBERTO VARGAS, JAIRO RIAÑO PASCAGAZA, MARÍA DEL TRÁNSITO ROBAYO ÁVILA, JORGE EDUARDO GARNICA MALAVER, LUZ HERMINDA VELANDIA ALBARRACÍN, MERY PULIDO PULIDO, LUÍS FELIPE ROZO MORA, ANA GLADYS GARZÓN LEÓN, SANDRA PATRICIA GACHA MURCIA, ADELAIDA BERNAL POVEDA, AIDA CELY HERNÁNDEZ GÓMEZ, ELIZABETH CÁRDENAS TORRES, HERNÁN RICARDO PRIETO RODRÍGUEZ, FABIO ARMANDO RODRÍGUEZ VERA, ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, GLORIA VERGARA VALERO, LUÍS ENRIQUE SARMIENTO ROJAS, MARÍA HELENA SÁNCHEZ VALERO, MARÍA OLIVA RODRÍGUEZ PALACIOS, MARÍA DEL CARMEN ROJAS PENAGOS, MARÍA CLAUDIA MURCIA, BLANCA EMILCE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARCO TULIO RIVERA SILVA, VÍCTOR JULIO MELO CHÁVEZ, CIRO HERNANDO MORENO MORENO, CARLOS JOSÉ BELTRÁN PEÑUELA, FLOR MARINA PINILLA ALMANZA, LINA AURORA PALACIOS, MARÍA GRACIELA VALDERRAMA UMAÑA, YOHON ALEXANDER MARTÍNEZ HERRERA, ALCIRA BELLO INFANTE, HERNANDO MOLINA MONTAÑO, ESTHER SANTAMARÍA ORTEGA, MYRIAM CECILIA ROCHA MALAVER, PABLO EMILIO ABRIL, MIRIAM ARAQUE PÉREZ, JOSÉ ARISTÓBULO GÓMEZ CASTAÑEDA, FERNANDO CAMILO PÁEZ SUÁREZ, ORLANDO RINCÓN SILVA, NUBIA YANETH GÓMEZ BOLÍVAR, PRESENTACIÓN RÍOS CAICEDO y DEVIS ALFONSO SÁNCHEZ VILLAMIL contra C. I. AGRÍCOLA GUACARÍ LTDA.

Sin costas en el recurso extraordinario.

En sede de instancia, se confirma el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá el 6 de agosto de 2012, corregido mediante el auto interlocutorio n.º 969 del 18 de septiembre del mismo año, en el que condenó a la demandada C. I. Agrícola Guacarí Ltda. a pagar la suma de $26.896.167.73 a favor de Gloria Vergara Valero y de $24.015.994.71 a favor de María Claudia Murcia, por concepto de indemnización por despido indirecto.

Se revoca la providencia apelada en cuanto hace a la declaratoria de la excepción de ausencia de la obligación por la sanción moratoria del artículo 65 del CST, así como la absolución por ese concepto establecida en el numeral segundo de la parte resolutiva de la misma; en su lugar, se adiciona el fallo para condenar a la demandada, por concepto de sanción moratoria del artículo 65 del CST, a favor de Gloria Vergara Valero, en la suma de $4.185.067 y a favor de María Claudia Murcia, en la suma de $3.759.467. En lo demás, se confirma la decisión apelada.

Sin costas en casación, las de las instancias como se indicó en las consideraciones.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

SALVAMENTO DE VOTO

SL3159-2019

Radicación n.° 62666

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

Con el debido respeto por la posición mayoritaria, sustento el salvamento parcial de voto, en lo siguiente:

En el proveído del que me alejo, aunque se decidió CASAR la sentencia del Tribunal, y confirmar la condena por despido indirecto en favor de las recurrentes, al tiempo que se revocó la decisión absolutoria en relación con la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, limitada hasta el 13 de septiembre de 2011 –fecha última en que se inscribió el Auto n.º 12559 del 12 de agosto de 2011–, por medio del cual la Superintendencia de Sociedades decretó de oficio la apertura conjunta del proceso de reorganización del grupo empresarial conformado por las sociedades CI Agrícola Guacarí Ltda. y Otras.

Lo anterior impone recordar que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 1116 de 2006, el proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos, de modo que no es equiparable a la liquidación de la empresa en la medida que con la reestructuración no perdió la posibilidad de actuar en el mundo jurídico.

Por otra parte, el precedente contenido en la sentencia CSJ SL986-2019, ha sido aplicado en los casos de liquidación de entidades públicas, bajo el entendido que el presupuesto de la buena o mala fe del cual depende la imposición o no de la sanción moratoria es inexigible frente a un sujeto de derecho extinto porque la empresa perdió toda posibilidad de actuar en el mundo jurídico, situación totalmente disímil de la evidenciada en este proceso. En todo caso, a partir de ese momento ha ordenado la indexación de las sumas objeto de la condena, lo que no se dispuso en el asunto bajo estudio.

Dejo así consignado mi salvamento parcial de voto.

Fecha ut supra,

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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