Ficha de la providencia
Sentencia SL3163-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3163-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3163-2020
Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez
26 de agosto de 2020
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado ponente
SL3163-2020
Radicación n.° 74467
Acta 31
Estudiado, discutido y aprobado en sesión virtual.
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por CHEVRON PRETROLEUM COMPANY, contra la sentencia proferida el 6 de octubre de 2015, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., en el proceso que EDMUNDO PINILLA MATIZ instauró en su contra.
ANTECEDENTES
Edmundo Pinilla Matiz llamó a juicio a la recurrente, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los aportes pensionales causados por cuenta del vínculo laboral que lo ató a la empresa, de acuerdo con el cálculo actuarial que realice Colpensiones, junto con las costas del proceso. Se sustentó en que laboró para la accionada entre el 11 de abril de 1983 y el 30 de noviembre de 1988, sin afiliación al sistema general de pensiones (fls. 3-7).
La convocada a juicio se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, «doctrina probable» y prescripción. Recordó que durante el periodo en que se ejecutó el contrato de trabajo, las empresas de la industria del petróleo no fueron llamadas a inscripción por el Instituto de Seguros Sociales para la cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, por manera que no se trató de una omisión, sino de una imposibilidad legal (fls. 50-68).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá D. C., mediante fallo del 13 de abril de 2015 (fl. 168 Cd), condenó a la demandada al pago de «las cotizaciones correspondientes del 11 de abril de 1983 y hasta el 30 de noviembre de 1988, de acuerdo a los salarios devengados por el actor, cálculo actuarial que estará a cargo de (…) COLPENSIONES», junto con las costas del proceso.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La alzada se surtió por apelación de la demandada y terminó con la sentencia atacada en casación, mediante la cual, el Tribunal (fl. 174 Cd) confirmó la del a quo, sin costas para los litigantes.
Precisó que mediante sentencia CSJ SL9856-2014, la Corte reorientó su criterio para asentar que el empleador debe responder por los aportes pensionales, por los periodos y en las regiones en que no hubo cobertura del ISS para los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Recordó que para ello no es necesario que hubiera mediado culpa o negligencia del empleador, ni que el vínculo se encontrara activo a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. Concluyó que dado que no estaba en discusión la existencia de la relación de trabajo por el lapso alegado en la demanda, la regla jurisprudencial comentada era aplicable al caso bajo estudio.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandada, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y, en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones.
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que mereció réplica.
CARGO ÚNICO
Denuncia violación directa, por interpretación errónea, del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por el 9 de la Ley 797 de 2003, en relación con los artículos 5 del Decreto 813 de 1994, 3 del Decreto 1748 de 1995, 6 y 17 del Decreto 3798 de 2003 y 2-7 del Decreto 1887 de 1994; y por infracción directa, los artículos 6, 7 y 8 del Acuerdo 189 de 1965, 4 del Decreto 1650 de 1977, 6 del Decreto 2665 de 1988, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, y 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo.
Expone que conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, las omisiones de afiliación que dan lugar a la emisión y pago de un título pensional, son aquellas que «siendo obligatorias resultan imputables al empleador». Asegura que este supuesto no corresponde al caso bajo estudio, en tanto la empresa actuó de acuerdo con el marco legal vigente al momento de la ejecución del contrato de trabajo. Sostiene que al estimar irrelevante la ausencia de cobertura del ISS para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, en la zona en donde se ejecutó el contrato de trabajo, el Tribunal equivocó el sentido y alcance de la disposición y, con ello, terminó por obligarlo a lo imposible. Recuerda que:
(…) la cobertura del Instituto de Seguros Sociales en el territorio colombiano fue legalmente “GRADUAL”, dado que si bien en un comienzo estuvo a cargo del empleador todo lo relacionado a la materia pensional, posteriormente con el régimen de transición de las pensiones de jubilación, se fue subrogando PAULATINAMENTE el riesgo en la medida en que el cubrimiento se extendiera a los distintos lugares de prestación de servicios con el objeto de que dicha carga prestacional fuera asumida conforme a la ley y los reglamentos emitidos por el mismo Instituto, según lo preceptuado en el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo.
En tales condiciones, el grado de responsabilidad del empleador depende de la zona geográfica en la que se ejecuta el contrato de trabajo, pues al no existir cobertura en una región por no haberse llamado a inscripción y consecuencialmente obligación de afiliar a los trabajadores, no es dable predicar incumplimiento u omisión del patrono.
Transcribe apartes de las sentencias CSJ SL, 27 oct. 2009, rad. 32639; CSJ SL, 18 abr. 1996, rad. 8453; CSJ SL, 24 feb. 1998, rad. 10339; CSJ SL, 31 ene. 2003, rad. 18999; CSJ SL, 10 jul. 2012, rad. 39914 y CSJ SL, 29 ene. 2014, rad. 39144.
Añade que el juez de segundo grado también desconoció la sentencia CC C-506-2001, en la que la Corte Constitucional precisó que el legislador solo puede imponer la emisión de bonos pensionales hacia el futuro, de suerte que no es viable afectar situaciones jurídicas consolidadas en contratos laborales extintos, ni crear una obligación patronal retroactiva derivada de una relación jurídica ya terminada, so pena de atentar contra el principio de seguridad jurídica.
RÉPLICA
El demandante hace notar que la censura no es precisa en la identificación del concepto de violación de las disposiciones que estima transgredidas. Añade que en cualquier caso, el Tribunal no se equivocó al interpretar las normas llamadas a operar.
CONSIDERACIONES
Dada la vía escogida para el ataque, no se discute que el accionante prestó sus servicios a la demandada entre el 11 de abril de 1983 y el 30 de noviembre de 1988, ni que durante dicho periodo no estuvo afiliado al sistema de pensiones.
Relevada de verificar los anteriores supuestos, la Sala debe dilucidar si la demandada se encuentra compelida a asumir el cálculo actuarial por el periodo en que se ejecutó el contrato de trabajo. Ello, pese a que durante dicho lapso, la empresa no estuvo obligada a afiliar al accionante al ISS, debido a la falta de cobertura para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, en la zona en que se ejecutó el vínculo.
Para resolver, basta memorar que desde la providencia CSJ SL9856-2014, citada por el Tribunal, esta Corporación asentó la postura de que las obligaciones de los empleadores con sus trabajadores derivadas de la seguridad social en pensiones, subsisten aun cuando la falta de afiliación al sistema no obedezca a su culpa o negligencia. Así se recordó recientemente en la sentencia CSJ SL5535-2018, en los siguientes términos:
(…) en el 2014, la Corporación fijó un criterio mayoritario a partir de las sentencias CSJ SL9856-2014 y CSJ SL17300-2014 y, así, abandonó antiguas posiciones en las que se predicaba una inmunidad total del empleador, en cuanto entendía que no incurría en omisión de afiliación de sus trabajadores y pago de cotizaciones para cubrir el riesgo de vejez, en aquellas regiones del país en las que no había cobertura del ISS.
Desde entonces, bajo la orientación de los principios constitucionales que propenden por la protección del ser humano que al cabo de años de trabajo se retira del servicio sin la posibilidad de obtener el reconocimiento de la prestación pensional, por causas ajenas a su voluntad y a las del empleador, y en el entendido que el derecho a la seguridad social es fundamental, irrenunciable e inalienable, la Sala, por mayoría, estimó viable y necesario que los tiempos trabajados y no cotizados, por la ausencia de cobertura del sistema general de pensiones en algunos lugares de la geografía nacional, fueran calculados a través de títulos pensionales a cargo del empleador, con el fin de que el trabajador completara la densidad de cotizaciones exigida por la ley.
Bajo esos derroteros, en la sentencia CSJ SL9856-2014, luego reiterada en sentencia CSJ SL10122-2017, la Sala definió: (i) que no se podía negar que los empleadores mantenían obligaciones y responsabilidades respecto de sus trabajadores, a pesar de que no actuaran de manera incuriosa, al dejar de inscribirlos a la seguridad social en pensiones; (ii) que, en ese sentido, esos lapsos de no afiliación por falta de cobertura, debían estar a cargo del empleador, por mantener en cabeza suya el riesgo pensional, y (iii) que la manera de concretar ese gravamen, en casos «(…) en los que [el trabajador] no alcanzó a completar la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez, [es] facilitar (…) que consolide su derecho, mediante el traslado del cálculo actuarial para de esa forma garantizarle que la prestación estará a cargo del ente de seguridad social».
[…]
Y es que no es de recibo el argumento según el cual la vigencia del contrato de trabajo al momento de comenzar a regir la ley de seguridad social, es condición necesaria para que opere la convalidación de tiempos servidos en los términos del literal c) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9.° de la Ley 797 de 2003, pues desde las sentencias CSJ SL 42398, 20 mar. 2013 y CSJ SL646-2013, reiteradas en SL2138-2016, la Corte ya ha justificado la necesidad de inaplicar ese condicionamiento por ser contrario a los postulados de la seguridad social.
[…]
Cabe decir también que la Corte Constitucional, haciendo eco, entre otras, de la jurisprudencia de esta Sala, ha sostenido que «…el juez de la causa concreta debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad sobre el aparte normativo “siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993” contenida en el literal “c” parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y en la expresión similar contenida en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; y ordenar en su lugar el traslado del valor del cálculo actuarial correspondiente al tiempo de servicio prestado por el trabajador.» Sentencia T 410 de 2014 (…).
Este criterio ha sido reiterado y decantado hasta nuestros días, incluso, en procesos seguidos contra la propia recurrente, como es el caso de la sentencia CSJ SL1356-2019, en la que se explicó que:
(…) los periodos no cotizados por falta de cobertura, son ellos –los empleadores- quienes asumen a través de un cálculo actuarial las contingencias que se originan en la vejez, invalidez o muerte, de tal forma que con dichos recursos se garantice el financiamiento de las prestaciones que se encuentran a cargo del ISS hoy Colpensiones.
[…]
Así, los empleadores que no habían recibido el llamado a la afiliación de sus trabajadores en virtud de la subrogación paulatina de los riegos a cargo del ISS, no se encontraban exentos de responsabilidad de cara al sistema de pensiones, pues en casos como el presente, en los que no se alcanzó a completar la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez, es el traslado del cálculo actuarial el que permite la consolidación del derecho a cargo del ente de seguridad social. Incluso, así la densidad de semanas sea insuficiente para acceder una prestación periódica de jubilación, el aludido cálculo actuarial tiene que incorporarse en aras del cómputo de la pensión, dado que es parte de los derechos irrenunciables del trabajador derivados de la seguridad social.
Así las cosas, el Tribunal no pudo cometer los errores que se le endilgan, en tanto fundó su razonamiento en la postura atrás comentada, sin que la recurrente se valga de nuevos argumentos que den lugar a la revisión del criterio jurisprudencial invocado.
La acusación no prospera.
Dado que hubo réplica, las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del ente recurrente. En la liquidación, inclúyase la suma de $8.480.000 como agencias en derecho. Aplíquese el artículo 366-6 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 6 de octubre de 2015, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por EDMUNDO PINILLA MATIZ contra CHEVRON PRETROLEUM COMPANY.
Costas como se dijo.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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