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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3164-2023

Estabilidad laboral reforzada

Fecha
25 de octubre de 2023
Magistrado ponente
Gerardo Botero Zuluaga
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3164-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Erró el Tribunal al negar la estabilidad laboral reforzada por no encontrar barreras laborales asociadas a la deficiencia física del trabajador?

  2. ¿El conocimiento previo de la deficiencia por el empleador, al contratar, impide por sí solo que opere la presunción de despido discriminatorio?

Reglas

  1. La protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 requiere una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de mediano o largo plazo.

    «La deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, a mediano y largo plazo»
  2. La deficiencia debe interactuar con una barrera laboral que impida ejercer efectivamente la labor en condiciones de igualdad.

    «barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, entre otras»
  3. Los elementos de la discapacidad deben ser conocidos por el empleador al momento del despido, salvo que sean notorios.

    «Que estos elementos sean conocidos por el empleador al momento del despido, a menos que sean notorios para el caso»
  4. Para desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, corresponde al empleador acreditar los ajustes razonables o que eran desproporcionados o irrazonables y que informó de ello al trabajador.

    «al empleador le corresponde probar que realizó los ajustes razonables»
  5. La contratación con conocimiento de una deficiencia no permite presumir discriminación al despedir por la sola presencia de esa deficiencia, aunque pueden surgir barreras durante el contrato.

    «no es posible presumir discriminación en la desvinculación, por la sola presencia de la deficiencia; por el contrario, tal circunstancia bien puede ser entendida como una práctica de acceso al empleo»
  6. Si el trabajador tiene discapacidad y la terminación obedece a ella, el despido es ineficaz y procede el reintegro con salarios, ajustes razonables e indemnización legal.

    «el despido es discriminatorio y, es preciso declarar su ineficacia por lo que procede el reintegro»

Decisión

La Corte no casó la sentencia del Tribunal. Aunque reiteró que la discapacidad laboral se establece por la deficiencia y su interacción con barreras, concluyó que el cargo no prosperaba y que el Tribunal no encontró barreras que impidieran el trabajo en igualdad.

Parte resolutiva

XI. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 29 de julio de 2021, en el proceso que instauró JAIME HUMBERTO LAMPREA JARAMILLO contra SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA – SETI S.A.S. Costas como se indicó.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3164-2023

Magistrado ponente: Gerardo Botero Zuluaga

25 de octubre de 2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado ponente

SL3164-2023

Radicación n.° 95010

Acta 40

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por JAIME HUMBERTO LAMPREA JARAMILLO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 29 de julio de 2021, en el proceso que instauró contra SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA – SETI S.A.S.

ANTECEDENTES

El recurrente solicitó el reintegro, y el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, desde que se produjo el despido hasta cuando se haga efectiva su reincorporación. En subsidió, pidió la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la indexación y las costas del proceso.

Manifestó, que laboró para la demandada mediante un contrato a término indefinido desde el 9 de mayo de 2018 hasta el 20 de enero de 2019, cuando fue despedido sin justa causa, y sin el permiso de la autoridad del trabajo. Precisó, que se desempeñó como consultor especialista; que devengó como último salario $4.000.000, y al terminar el contrato, la accionada le pagó $11.076.384 por prestaciones sociales, «seguridad social, solicitud de retiro de cesantías, y orden de examen de retiro».

Adujo, que para el momento de la desvinculación, la enjuiciada conocía sobre las condiciones corporales que tenía, dado que era «visible la limitación física al caminar»; que además, acogió las recomendaciones que Omnisalud entregó en el concepto de aptitud ocupacional y, adicionalmente, la EPS Sura había certificado que padecía «SECUELAS DE POLIOMIELITIS», enfermedad que «genera discapacidad física manifiesta del 26 de marzo de 2019».

Indicó, que si bien la accionada sufragó una indemnización por despido sin justa causa, desconoció que la Alta Corporación Constitucional tiene definido que el despido de una persona con discapacidad se presume discriminatorio. Por lo anterior, estimó que debían concedérsele las garantías que consagra el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

La demandada se opuso a las pretensiones. Admitió la existencia de la relación de trabajo; que finalizó sin justa causa; los extremos temporales; el cargo; el salario, el pago de la liquidación final, y que sabía de las condiciones físicas del accionante para cuando se le contrató.

Arguyó, que de ninguna manera podría admitirse que la terminación de la relación laboral fue un acto discriminatorio, pues desde el ingreso del actor supo que tenía dificultades para caminar, con ocasión a las secuelas que le dejó la enfermedad de poliomielitis; que, incluso, tal condición fue sabida desde cuando inició el proceso de selección, toda vez que en el examen de ingreso de 2 de mayo de 2018, se dejó consignado que debía «Continuar En Controles Con Médico De Su Eps Tratante Frente A Los Problemas Y Síntomas Musculoesqueléticos», y en el informe confidencial de la entrevista familiar, cuando se le indagó a Lamprea Jaramillo si se le había diagnosticado una enfermedad, respondió: sí, y quedó escrito que «cuando estaba pequeño sufrió poliomielitis y como secuela quedó con dificultad para caminar normalmente, sin embargo, puede hacerlo de manera lenta y sin ayuda de otros».

Expresó, que los argumentos del actor sobre su condición de discapacidad no eran más que una «manifestación oportunista» para lograr el reintegro, y precisó, que el documento emitido por la EPS Sura, en el que aquel soporta su estado, no solo se elaboró dos meses después de que finalizara el nexo de trabajo, sino que de su revisión no se desprende ninguna condición distinta de la que tuvo razón la empresa antes de su ingreso.

Por lo expuesto, señaló, no era necesaria la autorización del Ministerio del Trabajo para terminar la relación laboral, pues para ese momento no contaba con una calificación de pérdida de capacidad laboral; no estaba incapacitado, con restricciones médicas, ni algún tratamiento médico pendiente.

En su defensa, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación de reintegrar, del nexo de causalidad entre el despido y la dificultad para caminar del demandante, y de pagar salarios, prestaciones sociales e indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, prescripción y pago.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 10 de noviembre de 2020, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que la sociedad SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA “SETI” (…) debió solicitar autorización para la terminación unilateral del contrato del señor JAIME HUMBERTO LAMPREA JARAMILLO (…), acaecido el 18 de ENERO de 2019, al estar amparado por la protección especial consagrada en la CP y en el art. 26 de la Ley 361 de 1997 y demás normas concordantes, relativo a la estabilidad laboral reforzada de conformidad con lo explicado en la parte motiva de la sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA “SETI” SAS, en calidad de empleador, a reintegrar al señor JAIME HUMBERTO LAMPREA JARAMILLO al mismo cargo que desempeñaba antes del despido, o a uno equivalente o de superior categoría, acorde con sus condiciones de salud, debiéndose pagar los salarios, prestaciones sociales que se han causado desde la finalización del contrato (18 de enero de 2019) (sic) hasta el momento del reintegro, como los aportes a la seguridad social integral en todos sus subsistemas, teniendo en cuenta para ello, el salario devengado al momento del despido, reintegro que no aplica un cambio en la naturaleza del contrato pactado por las partes, conforme a los expuesto en la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR a la sociedad TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA “SETI” SAS, en calidad de empleador, a cancelar al señor JAIME HUMBERTO LAMPREA JARAMILLO, al pago (sic)de la indemnización consagrada en el art. 26 de la Ley 361 de 1997, que asciende a la suma de $23.999.940, suma que debe ser indexada desde [el] 18 de enero de 2019 (sic) y hasta el momento en que se efectué el pago total de dicha obligación.

Suma que deberá ser indexada al momento de su pago de conformidad con la fórmula indicada en a parte motiva.

De los valores aquí reconocidos y adeudados por la empresa se autoriza descontar el valor cancelado por la empresa por concepto de indemnización por despido injusto que ascendió a la suma de $4.000.000, valor que igualmente se autoriza se indexe al momento de su descuento. Se advierte que el trabajador no puede ser sometido a discriminación por parte de la empresa y compañeros de trabajo.

CUARTO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de PRESCRIPCIÓN; las demás excepciones propuestas quedan resueltas en los términos de esta Sentencia.

QUINTO: CONDENAR en COSTAS procesales a la parte vencida en juicio, es decir la sociedad demandada (…).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver la apelación formulada por la demandada, a través del fallo gravado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, revocó el de primer grado y, en su lugar, absolvió a la enjuiciada de todas las pretensiones formuladas en su contra. Costas en ambas instancias a cargo del actor.

El haz probatorio lo llevó a tener por probado que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 9 de mayo de 2018 y el 20 de enero de 2019 (fl. 18); que antes de que el actor fuera contratado, Omnisalud expidió concepto de aptitud en el que consignó que aquel cumplía con las condiciones para el cargo, y «se le emitieron conductas a seguir por problemas musculo-esqueleticos» (fls. 24 y 25). Así mismo, que la relación finalizó de forma unilateral e injusta por la empresa, con el consecuente pago de la indemnización (fls. 19 y 29).

Precisó, que como quiera que no se discutió que el actor padecía una deficiencia física que alteraba su movilidad, pues la accionada la advirtió desde el momento en que lo contrató, el debate se centraría en definir, si la terminación de la relación de trabajo estuvo motivada en ello, y así establecer, si procedían las consecuencias del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Para tal fin, señaló que el legislador persiguió con la creación de tal precepto, que las personas que padecieran una discapacidad pudieran acceder al mercado laboral sin ser discriminados en razón de ello, esto es, «derribar las barreras actitudinales, comunicativas y físicas», que históricamente han impedido efectivizar su derecho al trabajo.

Dijo, que esa finalidad:

(…) es bien explicada en la sentencia SU040-2018, en la que se indicó que existen eventos en los que el empleador que contrató con conocimiento de la existencia de una discapacidad actúa dentro de un marco de inclusión y ello hace que exista una diferencia estructural en la operatividad de la protección consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 pues la presunción de discriminación aplica en aquellos casos en que la discapacidad sobreviene en desarrollo del contrato, pues esta se convierte en la motivación para terminarlo.

Manifestó, que según lo ilustrado por la citada Corporación, en fallo CC T-305-2018, que reiteró lo discurrido en la sentencia de unificación, en la construcción del concepto persona en condición de discapacidad, no debe revisarse cuál es el grado de «pérdida de capacidad de la persona», sino verificarse si padece afectaciones en su salud que le impidan o dificulten sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares.

En sintonía con esa línea de pensamiento, señaló que en el caso de Lamprea Jaramillo, la deficiencia que padece no altera las condiciones en que lleva a cabo sus funciones, «y ello lo confiesa el mismo actor» al absolver el interrogatorio, cuando manifestó que «antes de su desvinculación el empleador conoció de una discapacidad que le impedía el desplazamiento, la que nunca impidió sus labores como ingeniero de sistemas[,] y que para el momento en que fue despedido no contaba con recomendaciones o restricciones médicas».

Luego, «a partir de lo expresado» por el promotor del juicio, concluyó que no existió en el empleador un ánimo discriminatorio que diera lugar a la protección consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en razón a que las secuelas que afectaban la movilidad del actor, conocidas desde antes de su contratación, no fueron una barrera para su ingreso a la compañía, «confiando en sus capacidades y ello hace que en este este caso en particular no se torne en operativa la presunción de discriminación». Por último, insistió en que: «(…) la deficiencia que padece el demandante no impedía o dificultaba el desempeño de sus labores en condiciones regulares, no cumpliéndose el presupuesto cualitatativo establecido por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la protección (…).

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante la formulación de dos cargos, replicados en tiempo, pretende que la Corte case el fallo gravado, para que, en sede de instancia, confirme el proferido por el juez de primer grado.

CARGO PRIMERO

Denuncia violación directa por interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Reproduce lo que el ad quem afirmó, estaba por fuera de discusión; enseguida, califica de errada la apreciación del juez de la alzada, al indicar que la sentencia CC SU040-2018, varió las reglas fijadas por la jurisprudencia para que opere la presunción de despido discriminatorio, que protege la Ley 361 de 1997. Afirma, que una lectura adecuada de tal pronunciamiento, le habría permitido percatarse de que los presupuestos que allí se analizaron no guardan identidad con el caso de marras, dado que tienen que ver con un «contrato laboral administrativo», regido bajo políticas de inclusión social, y orientado por un programa de la administración local, en el que el trabajador estaba próximo a pensionarse por invalidez. Adicionalmente, sostiene:

[…] en ningún momento la sentencia SU-040 de 2018 expresa que para que una persona sea considerada en situación de discapacidad, su discapacidad debe cumplir con el siguiente criterio: "impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares".

Esto no es lo que precisa exactamente la Corte en la T-305 de 2018, esta además de mantener su condición cualitativa además adiciona la protección de estabilidad reforzada para quienes por su condición se afecta el desempeño de sus labores:

“3.2. La figura de “estabilidad laboral reforzada” tiene por titulares a: (i) mujeres embarazadas;[31] (ii) personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud;[32] (iii) aforados sindicales;[33] y (iv) madres cabeza de familia.[34] En el caso de las personas con discapacidad, “es el derecho que garantiza la permanencia en el empleo, luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y de conformidad con su capacidad laboral.”[35] Adicionalmente, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite una discapacidad.[36] En este contexto, la estabilidad laboral reforzada hace ineficaz el despido o desvinculación cuando la razón del mismo es la condición especial que caracteriza al trabajador.

Estima, que lo correcto habría sido que el sentenciador plural hubiera resuelto el litigio con base en las enseñanzas de esta Sala de la Corte.

VII. LA RÉPLICA

La demandada asevera, que el recurso está llamado al fracaso, en la medida en que la censura no se ocupó de probar en qué consistió la interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Afirma, que quien acude en sede extraordinaria y denuncia tal modalidad, está en el deber de demostrar cuál es la verdadera exégesis que el Tribunal debió imprimirle a las normas que denuncia.

Arguye, que de todas maneras, el juez plural no incurrió en ninguna equivocación al sostener que lo que busca tal norma es derribar las barreras que a lo largo de la historia han impedido el acceso de las personas con discapacidad al trabajo y a la integración en la sociedad en general.

Añade, que la presunción no puede predicarse de un empleador que a sabiendas de la situación de salud en que se encontraba la persona, decide contratarlo, menos, cuando según el concepto médico, las condiciones clínicas no interfieren en la ejecución de las actividades encargadas. Dice, que para que opere la protección es indispensable que quede acreditado que el despido fue injusto, con ocasión a la discapacidad del trabajador, que no fue lo que aquí se presentó.

CONSIDERACIONES

Sobre la protección que deriva del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el Tribunal reflexionó que: i) al compás de la doctrina de la Corte Constitucional, quien contrata a una persona con el conocimiento de que cuenta con algún tipo de deficiencia, actúa de forma «inclusiva» y, ii) dicha condición no pende de un porcentaje, sino de que las afectaciones que sufra una persona en su salud representen barreras, por alterar el ejercicio de sus labores en condiciones regulares.

Bajo los anteriores derroteros jurídicos, asentó que la deficiencia con la que cuenta el demandante, no le impidió el desempeño normal de sus actividades de trabajo, en tanto así lo confesó en el interrogatorio de parte. De esa suerte, concluyó, que el despido no estuvo precedido de un ánimo discriminatorio del empleador, justamente, porque las secuelas que inciden en la movilidad del actor, conocidas previamente por la compañía, no fueron obstáculo para su ingreso, por manera que no nació la presunción de discriminación.

La censura lamenta que para zanjar el debate, el colegiado se hubiera valido de precedentes de la Corte Constitucional que, bajo su óptica, no resultan aplicables a su caso, como quiera que se refieren a supuestos fácticos diferentes, a más de que dedujo de ellos cuestiones ajenas a las que abordó el Alto Tribunal, pues no es cierto que en esos pronunciamientos se hubieran variado las reglas jurisprudenciales relativas a la presunción del despido discriminatorio, menos, que se hubiera aleccionado que para que una persona sea considerada en situación de discapacidad, se requiere que la deficiencia le impida o dificulte el desempeño de sus funciones en condiciones corrientes.

Al margen de cualquier discusión, se tiene por establecido que Jaime Humberto Lamprea tiene una deficiencia física; el nexo de trabajo que unió a las partes, entre el 9 de mayo de 2018 y el 20 de enero de 2019; que en concepto de aptitud ocupacional, emitido antes de la vinculación del actor, se indicó que cumplía con las condiciones para el cargo, y se emitieron conductas a seguir por problemas músculo esqueléticos que lo aquejaban; tampoco se controvierte, que el contrato terminó unilateralmente y sin justa causa, con el pago de una indemnización.

Para definir si el Tribunal dio un alcance equivocado al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la Sala reitera el marco mínimo, recientemente adoptado (CSJ SL1152-2023), en torno a la interpretación de la citada norma. En tal proveído, se remembró, en los siguientes términos, cuál ha sido la postura de Sala, sobre la discapacidad como presupuesto para activar el resguardo que depreca el actor.

Sobre los criterios de la Sala respecto a la definición de discapacidad y a la protección de estabilidad laboral establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997

La jurisprudencia vigente de la Sala, por mayoría, tiene asentado que para la concesión de la protección de estabilidad laboral reforzada contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no es suficiente que, al momento del despido, el trabajador sufra quebrantos de salud, esté en tratamiento médico o se le hubieran concedido incapacidades médicas, sino que debe acreditarse, al menos, una limitación física, psíquica o sensorial con el carácter de moderada; esto es, que implique un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, en los términos del artículo 7º del Decreto 2463 de 2001, e independientemente del origen que tenga y sin más aditamentos especiales, como que obtenga un reconocimiento y una identificación previa (CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 39207, reiterada en las decisiones CSJ SL14134-2015, CSJ SL10538-2016, CSJ SL5163-2017, CSJ SL11411-2017, CSJ SL4609-2020, CSJSL3733-2020, CSJ SL058-2021 y CSJ SL497-2021).

A partir de ese porcentaje, se ha considerado que la condición o situación de discapacidad es relevante o de un grado significativo, de carácter considerable y prolongado en el tiempo que afecta el desarrollo de las funciones del trabajador en el ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, por lo que merece la protección legal.

Adicionalmente, la Sala ha precisado que, para acreditar la discapacidad, no se requiere de prueba solemne y concomitante a la terminación del vínculo laboral, toda vez que, por el carácter finalista de la norma, lo importante es que el empleador tenga conocimiento de la condición del trabajador, para asumir con cuidado la potestad de prescindir de sus servicios, bien sea logrando su calificación o esperando el resultado de aquella.

Entre tanto, el contenido y los alcances del concepto de discapacidad han sido tópicos en constante discusión y desarrollo, de manera que han sido varios instrumentos que impactan el entendimiento que debe asumir esta Sala, específicamente, en lo que concierne al ámbito del trabajo y a la estabilidad que consagra el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

En efecto, el concepto de discapacidad no ha sido estático, ha evolucionado como consecuencia de diferentes factores, de acuerdo con las realidades sociales. Desde la década de los años 60 se propuso un concepto de modelo social de discapacidad, tal como puede notarse de la aprobación del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que buscaba el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad, enfocado no solo en medidas de rehabilitación, sino de prevención y equiparación de oportunidades.

Tal objetivo también puede advertirse en la Resolución n.º 48/1996 del 20 de diciembre de 1993, emanada de la Asamblea de las Naciones Unidas relativa a:

(…) las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad», que puso de presente los «obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades», y la necesidad de «centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad (…)

En el 2001, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF- de la OMS, que tiene por objetivo ser una herramienta descriptiva en la medición de la salud y la discapacidad en el contexto de la atención e investigación médica y en políticas públicas sanitarias compatible con el modelo social de la discapacidad.

Con todo, este último documento no puede utilizarse por sí solo para determinar la estabilidad laboral reforzada para las personas con discapacidad, sino que debe leerse en armonía con otros instrumentos normativos de aplicación obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico que han abordado el concepto de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos.

Posteriormente, con la expedición de la «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad» y su «Protocolo Facultativo» de 2006, se enfatizó en un modelo con orientación social y de derechos humanos, y reafirmó que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras externas, incluidas las actitudinales, las cuales finalmente evitan o impiden la participación igualitaria del individuo en el ámbito social, político, económico y cultural del Estado.

La Convención adoptó el «enfoque de los derechos humanos», por cuanto, con base en el «modelo social» de concepción de la discapacidad, se fijó como propósito «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente», artículo 1. º.

Dicha convención «configura el estándar global más reciente y garantista de los derechos de las personas en situación de discapacidad» (CC C066-2013) y, en particular para Colombia, al ser aprobada a través de la Ley 1346 de 2009, que entró en vigor desde el 10 de junio de 2011 (CSJ SL3610-2020).

En vigencia de dicho instrumento, las sentencias CSJ SL 711-2021 y CSJ SL 572-2021 reiteraron el criterio de la Sala referido con anterioridad y, en esta última decisión se amplió y señaló que, si bien ante el carácter técnico científico de la condición de discapacidad era relevante contar con una «calificación técnica descriptiva», en el evento en que esta no obrara en el proceso, bajo el principio de libertad probatoria, la limitación podía inferirse:

[…] del estado de salud en que se encuentra, siempre que sea notorio, evidente y perceptible, precedido de elementos que constaten la necesidad de la protección, como cuando el trabajador viene regularmente incapacitado, se encuentra en tratamiento médico especializado, tiene restricciones o limitaciones para desempeñar su trabajo, cuenta con concepto desfavorable de rehabilitación.

A continuación, reexaminó la composición del bloque de constitucionalidad con relación a los derechos de las personas en situación de discapacidad y concluyó, que la mencionada convención es vinculante no solo para el entendimiento del concepto de discapacidad, sino de la protección de estabilidad contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 o, en otros términos, que constituye el parámetro para interpretar los derechos humanos de las personas con discapacidad contenidos en la Constitución, especialmente, en lo que concierne a las medidas de integración social en igualdad de oportunidades de las demás personas.

Se indicó, que según el inciso 2. º del artículo 1. º de la convención, «Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».

Que, así mismo, señala:

Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables (Inc. 4, art. 2).

Este concepto también concuerda con lo establecido en la Ley 1618 de 2013, que incluso lo amplió a las deficiencias de mediano plazo, en tanto establece:

ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes conceptos:

1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Destaca la Sala.

Además, la Ley 1618 de 2013 también definió que las «acciones afirmativas son políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan».

La Sala apuntó, que estas disposiciones tienen un impacto en el ámbito laboral y se orientan a precaver despidos discriminatorios fundados en una situación de discapacidad que pueda surgir cuando un trabajador con una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, a mediano y largo plazo, al interactuar con el entorno laboral vea obstaculizado el efectivo ejercicio de su labor en igualdad de condiciones que los demás.

Aclaró, que la identificación de la discapacidad a partir de los porcentajes previstos en el artículo 7. º del Decreto 2463 de 2001 es compatible para todos aquellos casos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 10 de junio de 2011 y, de la ley estatutaria 1618 de 2013.

Alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad

De acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la protección de estabilidad laboral reforzada establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en la providencia citada, la Sala consideró, que aquella se configura cuando concurren los siguientes elementos:

La deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, a mediano y largo plazo.

La existencia de barreras que puedan impedir al trabajador que sufre la deficiencia el ejercicio efectivo de su labor, en igualdad de condiciones que los demás.

En cuanto a las barreras, el artículo 2.5 de la Ley 1618 de 2013, señala que son «cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad». La Sala destaca que el término discapacidad empleado en este precepto debe entenderse como «algún tipo de deficiencia a mediano y largo plazo».

Dicha disposición, sin pretender realizar un listado exhaustivo, señala que las barreras pueden ser:

a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad;

b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa de las personas.

c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad.

Al respecto, debe destacarse que en el ámbito laboral, el trabajador tiene el derecho a que esas barreras comunicadas o conocidas por el empleador, sean mitigadas mediante los ajustes razonables en el trabajo que, según los define la convención en el artículo 2, consisten en:

[…] las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Por tanto, el empleador tiene la obligación de realizar los ajustes razonables para procurar la integración al trabajo regular y libre (artículo 27 de la convención), en iguales condiciones que las demás. Para tales efectos la Sala entiende por ajustes razonables, una lista no cerrada de medidas o adaptaciones que los empleadores pueden implementar para eliminar o mitigar esas barreras y permitir la plena participación de las personas con discapacidad en el trabajo.

Así mismo, los ajustes razonables deben fundarse en criterios objetivos y no suponer «una carga desproporcionada o indebida» para el empleador. La determinación de la razonabilidad o proporcionalidad de los ajustes requeridos podría variar, según cada situación, lo que implica para los empleadores hacer un esfuerzo razonable para identificar y proporcionar aquellos que sean imprescindibles para las personas con discapacidad. Y, en caso de no poder hacerlos, debe comunicarle tal situación al trabajador.

Los ajustes razonables cobran relevancia al momento de lograr la integración laboral de las personas con discapacidad, máxime si se tiene en cuenta que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Observaciones finales sobre el informe inicial de Colombia del año 2016, recomendó al Estado que «adopte normas que regulen los ajustes razonables en la esfera del empleo».

En suma, para esta Corte, la protección de estabilidad laboral reforzada que refiere el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a la luz de la convención analizada, se determina conforme a los siguientes parámetros objetivos:

a) La existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo. Entiéndase por deficiencia, conforme a la CIF, «los problemas en las funciones o estructurales corporales tales como una desviación significativa o una pérdida»;

b) La existencia de una barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, entre otras, que, al interactuar con el entorno laboral, le impiden ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás;

c) Que estos elementos sean conocidos por el empleador al momento del despido, a menos que sean notorios para el caso.

Lo anterior puede acreditarse mediante cualquier medio probatorio, atendiendo al principio de la necesidad de la prueba y sin perjuicio de que, para efectos de dar por probados los hechos constitutivos de la discapacidad y los ajustes razonables, de acuerdo con el artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez en el ejercicio del deber de decretar pruebas de oficio ordene y practique la prueba pericial.

Se puntualizó, que la determinación de una situación de discapacidad analizada al amparo de la convención no depende de un factor numérico, pues mirarlo así sería mantener una visión que se enfoca en la persona y sus «limitaciones». El baremo establecido en el manual de calificación de pérdida de capacidad laboral tiene vocación de ser aplicado en los campos de la seguridad social, para fines principales de aseguramiento, rehabilitación y prestacionales.

La Corte estimó conveniente anotar, sin que esto implique un estándar probatorio, que al momento de evaluar la situación de discapacidad que conlleva la protección de estabilidad laboral reforzada, es necesario definir, por lo menos, tres aspectos:

(i) La existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, una limitación o discapacidad de mediano o largo plazo -factor humano-;

(ii) El análisis del cargo, sus funciones, requerimientos, exigencias, el entorno laboral y actitudinal específico -factor contextual-; y

(iii) La contrastación e interacción entre estos dos factores -interacción de la deficiencia o limitación con el entorno laboral-.

Si del análisis referido se concluye que el trabajador está en situación de discapacidad y la terminación del vínculo laboral es por esta razón, el despido es discriminatorio y, es preciso declarar su ineficacia por lo que procede el reintegro con el pago de salarios y demás emolumentos respectivos, junto con la orden de los ajustes razonables que se requieran y la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Se insistió en que, para despedir a una persona con discapacidad, es necesario solicitar previamente el permiso del Ministerio del Trabajo; de no ser así, se activa una presunción de despido discriminatorio, que puede ser desvirtuada en juicio por parte del empleador (CSJ SL1360-2018). En tal caso, en un proceso judicial a las partes les concierne lo siguiente:

Para solicitar el amparo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el trabajador debe demostrar que tenía una discapacidad (deficiencia más barrera laboral, en los términos previamente descritos) y que el empleador conocía tal situación al momento del retiro o que era notoria.

Para desestimar la presunción de despido discriminatorio, al empleador le corresponde probar que realizó los ajustes razonables y, en caso de no poder hacerlos, demostrar que eran una carga desproporcionada o irrazonable y que se le comunicó al trabajador. Igualmente, puede acreditar que se cumplió una causal objetiva, justa causa, mutuo acuerdo o renuncia libre y voluntaria del trabajador.

En el pronunciamiento referido, la Corporación recordó que el empleador puede terminar el vínculo contractual si se cumple una causal objetiva o justa causa y teniendo en cuenta que a la luz de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad también debe demostrar la realización de los ajustes razonables, o que no los hizo por ser desproporcionados o irrazonables.

Por último, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su función de unificación de la jurisprudencia, se apartó de las interpretaciones que consideran que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, aplica para personas que sufren contingencias o alteraciones momentáneas de salud o que padecen patologías temporales, transitorias o de corta duración toda vez que, conforme se explicó, la Convención y la ley estatutaria previeron tal protección únicamente para aquellas deficiencias de mediano y largo plazo que al interactuar con barreras de tipo laboral impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Precisó, que las diferentes afectaciones de salud per se no son una discapacidad, pues solo podrían valorarse para efectos de dicha garantía si se cumplen las mencionadas características.

Caso concreto

De acuerdo con lo explicado, está en condición de discapacidad, la persona que padezca de una deficiencia mental, intelectual o sensorial a mediano o largo plazo, y que enfrente barreras actitudinales, comunicativas o físicas, entre otras, que impidan al trabajador que tiene la afectación, desempeñar sus labores en igualdad de condiciones con los demás.

En el asunto de que se trata, acreditada está la deficiencia física que padece el actor, que afecta su locomoción, a consecuencia de secuelas dejadas por la enfermedad de poliomielitis. Tal como se indicó al historiar el trámite, así fue aceptado por la encausada al contestar la demanda. En esa medida, el primer presupuesto de la discapacidad resultó acreditado, no empece, la confesión que el ad quem derivó del interrogatorio de parte rendido por el convocante del juicio -que no es dable examinar por esta vía- lo llevó a concluir que los problemas de movilidad del trabajador no constituían una barrera para el ejercicio pleno de su actividad laboral, de suerte que no se presumía discriminatorio el despido, ni viable la protección.

Si bien, una lectura desprevenida del fallo atacado, llevaría a pensar que para el juzgador de la alzada no operó la presunción, simplemente porque el actor fue contratado por Seti SAS, a sabiendas de su limitación física, en realidad, lo determinante de la decisión fue que el operador judicial no avizoró la existencia de barreras para la ejecución de sus funciones. Así se afirma, porque fue insistente en señalar «que la deficiencia que padece el demandante no impedía o dificultaba el desempeño de sus labores en condiciones regulares».

En ese orden, la traza jurídica que hizo el colegiado para definir la condición de discapacidad, no sujeta a un porcentaje y, por contera, para la procedencia de la protección exigida, se aviene, en un todo, al criterio actual de la Sala sobre la materia.

Ahora bien, es lo cierto que en la sentencia CC SU040-2018, la Corte Constitucional asentó que no hay discriminación en la desvinculación por vencimiento del plazo en eventos en que se contrata con conocimiento de la discapacidad que padece una persona, y en el marco de una política pública de inclusión social -lo que a juicio de la censura se adoctrinó de cara a supuestos fácticos diferentes a los de ahora-; sin embargo, el fallador de segundo grado se refirió a ese pronunciamiento constitucional para destacar la finalidad del artículo 26 de la Ley 361, en tanto expresó:

[…] La norma anteriormente mencionada tuvo como finalidad permitir que las personas que padezcan una discapacidad puedan acceder al mercado laboral sin ser discriminados en razón de esa condición, esto es, derribar las barreras actitudinales, comunicativas y físicas que históricamente han impedido que las personas con capacidades diversas puedan hacer efectivo su derecho al trabajo.

Esta finalidad es bien explicada en la sentencia SU-040 de 2018 (…).

Empero, como precedentemente se anotó, lo que le impidió dispensar la protección, fue que no halló demostrada la discapacidad (deficiencia-barreras) y, en consecuencia, la discriminación en el despido.

La Sala precisa, que en casos como el estudiado, en el que el empleador sabía de la situación del trabajador, y eliminando cualquier obstáculo que reprimiera el goce pleno de sus derechos, decide incorporarlo, no es posible presumir discriminación en la desvinculación, por la sola presencia de la deficiencia; por el contrario, tal circunstancia bien puede ser entendida como una práctica de acceso al empleo, al interior de las empresas que, en últimas, apunta al cumplimiento de uno de los principios generales de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, contenido en el artículo 3, literal c), relativo a la «participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad».

Lo anterior, en modo alguno significa, que durante la ejecución del contrato, no puedan devenir barreras que le impidan al trabajador ejecutar sus funciones en iguales condiciones que sus pares, pues no se pierda de vista que aquellas pueden ser actitudinales, comunicativas o físicas, y que, de hallarse demostradas, pueden dar lugar a dispensar la protección.

Así las cosas, el cargo no prospera.

CARGO SEGUNDO

Denuncia violación indirecta, por aplicación indebida de los artículos 13, 47, 53, 54 y 68 de la Constitución Política; 26 de la Ley 361 de 1997, y 3 del Decreto 1507 de 2014.

Sostiene que el Tribunal erró al dar por demostrado, sin estarlo, que el actor confesó en el interrogatorio que no existió en el empleador un ánimo discriminatorio, cuando en verdad lo que dijo fue:

(…) no es cierto, doctor, porque al momento del despido no existía una justa causa, entonces queda en el aire, como si la relación que yo tenía con la que rea (sic) mi superior, quedo en el aire, para mi fue un acto de discriminación, no di pie para motivar un despido, considero que fue una discriminación por este” (Min 1:24) (P), Si, la respuesta es sí, no respecto de mis compañeros, sino de la que era mi jefe por sus actitudes (Min. 1:25) no tenía que ver con la forma como yo me sentaba frente a un computador, sino de la forma como ella se comportaba, con respecto a mi (…) (P), no era muy amable, se le notaba la agresividad (Min 1:26) era por que (sic) tenía Poliomielitis”

Esgrime, que de su versión no se puede extraer nada distinto a que sí existieron actos de discriminación por parte del empleador, en razón a su condición. Solicita a esta Sala evaluar, en conjunto, el acervo probatorio, puesto que:

(…) así se vea poco, denota que el señor Lamprea, no trabajaba en las instalaciones del demandado, es decir estaba en misión, o especie de outsorcing, por lo que la presión tal vez del cliente, como lo llama uno de los testigos XM, pudo influir y presionar a su jefe, quien dice que lo contrato (sic) a pesar de su condición para que lo sacara del puesto de trabajo, no por que (sic) tuviera bajo rendimiento, pues en ese sentido hubiese recibido llamados de atención, o procesos disciplinarios, sino por su estado de invalidez, dificulta[d] o limitación en su movilidad.

Es muy factible que la empresa XM, no contara con los accesos adecuados a sus instalaciones para limitados físicos, además de considerar, quizás un riesgo para la empresa tener un persona subcontratado en dicho estado, y para esto era fácil presionar al contratista para que se deshiciera de su trabajador.

Lo que de una u otra manera, demuestra que no existía otra causal diferente para despedir al demandante que su condición de discapacidad.

Teniendo en cuenta que el actor desempeñaba su labor en las instalaciones de otra empresa cliente, es muy sospechoso sostener que su despido se dio por situaciones diferentes al disgusto de tener una persona discapacitada, toda vez que no existió en el plenario, quejas, procesos disciplinarios, situaciones de incumplimientos contractuales, de la empresa SETI, o más aun de la empresa XM, a más aun que (sic) se haya terminado la relación comercial entre SETI y XM.

Indica, que también erró el ad quem al negar la protección foral, bajo la tesis de que las secuelas que afectaban al accionante no fueron una barrera para contratarlo, y porque para el momento en que terminó el vínculo, no tenía recomendaciones o restricciones médicas, como quiera que:

(…) no por el hecho de haberse contratado a una persona con alguna discapacidad, da entender automáticamente que no se despide sobre la razón de su misma discapacidad.

Solo al apreciar lo que el demandante afirma en su interrogatorio, respecto a - que su jefe no lo trataba bien y esto se daba solo con él, y a la vez en razón a su discapacidad, pero en este caso no se puede predicar exclusivamente, que esta discriminación fue directamente de su empleador, sino que pudo provenir de sus clientes donde el señor demandante tenia (sic) que hacer presencia, es decir la relación nació bien, sin discriminación, pero en el curso del tiempo la discapacidad del actor causo (sic) malestar en su empleador directo, como en los indirectos, como la empresa que llaman los testigos XM.

Anota, que una valoración adecuada de dicha diligencia, habría llevado al juez colegiado a confirmar el fallo de primera instancia, en la medida en que no quedó probada la causal objetiva de despido por parte de la accionada.

Advierte, que el fallador de alzada también se equivocó al haber dado por demostrado, que la deficiencia que padece el actor no impedía o dificultaba el desempeño de sus labores en condiciones normales; que ello es así, toda vez que:

(…) debía llegar en un horario de oficina, en un edificio, con todas las limitaciones que tiene una persona que no puede caminar de manera natural, transportarse en el servicio público, soportar todas las barreas de las calles de la ciudad, los andenes, la falta de pasamanos, rampas y demás, situaciones que las personas como nosotros desconoceos, o que no las veremos hasta que estemos de avanzada edad.

Este tenía que llegar hasta el edificio donde trabajaba, y por demás el demandado no explica si tiene las condiciones para facilitar la vida de un limitado físico, si tenía espacios suficientes para el desplazamiento, un servicio sanitario adecuado, y mas aun que este era enviado a desempeñarse en las instalaciones de un tercero.

Manifiesta, que ninguna de estas situaciones las tuvo presente el Tribunal para dar por probada «la inclusión social»; por el contrario, lo que quedó acreditado fue la inequívoca situación de acoso laboral contra el demandante, basada en su limitación física, dada la ausencia de elementos de juicio que prueben el incumplimiento en alguna de las obligaciones laborales encomendadas.

Agrega, que si bien en el interrogatorio de parte señaló que sus condiciones de movilidad no eran obstáculo para atender sus tareas como ingeniero informático, también es cierto que para ello «se debía desplazar a otras instalaciones de Setti o donde se encontrara el cliente e implícitamente se desprende que su discapacidad si afectaba la ejecución de sus labores», pues para poder llegar allí, «necesitaba utilizar los aparatos ortopédicos y sus compañeros en condiciones regulares no».

Acusa al colegiado de no haber valorado en debida forma los elementos de juicio allegados al plenario, con los que lucen satisfechos los presupuestos para dispensarle la protección que consagra la Ley 361 de 1997; que quedó demostrado, con la contestación de la demanda, que el despido no estuvo precedido de razones justas ni objetivas; que la accionada conocía la enfermedad que el actor padecía desde antes de contratarlo, y que a pesar de ello, no tramitó la autorización del Ministerio del Trabajo para finalizar el vínculo.

Finaliza, con que el sentenciador colegiado inadvirtió que no padecía «cualquier discapacidad, sino una grave». Reproduce fragmentos de las sentencias CSJ SL4632-2021 y CSJ SL1360-2018, en las que esta Corporación ilustró que el trabajador debe acreditar el despido junto con su limitación de salud en los grados previstos por el legislador, para que surja a su favor la protección legal.

IX. LA RÉPLICA

Manifiesta, que el cargo contiene deficiencias técnicas que lo hacen insalvable, en tanto el censor olvidó indicar cuáles pruebas calificadas valoró el Tribunal de forma errada o cuáles dejó de apreciar. Destaca, que el interrogatorio de parte no es prueba calificada que permita estructurar un error de hecho pues, en virtud del principio universal de que nadie puede crear su propia prueba para valerse o sacar provecho de la misma, al accionante no puede pretender tener por probadas ciertas situaciones, con lo expuesto por él mismo.

Afirma, que el censor centró gran parte del cargo en demostrar hechos novedosos en esta sede y, agrega, que si bien, quedó acreditado que el actor fue despedido sin justa causa, y que tenía una deficiencia física, no lo está el nexo de causalidad entre una y otra situación, lo que impide acceder a la protección legal que persigue, de la cual no es merecedor.

X. CONSIDERACIONES

Importa reiterar, que la demanda de casación, por lo menos, debe cumplir las exigencias formales previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo. Además, satisfacer las exigencias técnicas desarrolladas por la jurisprudencia, en tanto hace parte del núcleo esencial de la garantía del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política que contempla la «plenitud de las formas propias de cada juicio».

No puede olvidarse que el recurso extraordinario es eminentemente rogado y, mediante su ejercicio, se procura desvirtuar la presunción de acierto y legalidad con las que viene revestida la sentencia de segundo nivel. También, se ha dicho con profusión que este medio de impugnación no otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón (CSJ SL1471-2021).

Por supuesto, esto impone no solo relacionar las normas sustanciales de alcance nacional que se estiman infringidas, sino estructurar el ataque conforme a la vía seleccionada y la indicación de la modalidad de violación esgrimida; para el caso de la vía indirecta, es necesario indicar los errores de hecho e individualizar las pruebas por cuya incorrecta valoración se incurrió en ellos y, por último, confrontar el análisis probatorio y las deducciones del fallador plural, contra lo que el impugnante estima demostrado.

A juicio de la Sala, le asiste razón a la oposición cuando afirma que la acusación no satisface las exigencias de técnica, como pasa a explicarse.

Aunque formalmente, la censura no enlista los desatinos fácticos, a lo largo del escrito se identifican tres errores que le atribuye al Tribunal i) haber colegido que confesó que el empleador no procedió con ánimo discriminatorio; ii) estimar que no procedía la protección, porque las secuelas que sufre el demandante no fueron una barrera para contratarlo y porque a la finalización de la relación no tenía recomendaciones médicas y, iii) dar por demostrado que la deficiencia que padece no le dificultaba la ejecución de sus labores en condiciones regulares.

Para demostrarlos, menciona la declaración de parte, respecto de la cual, en principio, asegura que contiene expresiones distintas a las que extrajo el Tribunal. Afirma, que de ella solo puede desprenderse que fue víctima de actos discriminatorios; no obstante, más adelante manifiesta que sí dijo que su dificultad en la marcha, no afectaba el cumplimiento de sus funciones.

En todo caso, el sustento de la acusación se condensa en que:

En la diligencia en la que se ha hecho mención, expuso que no hubo una justa causa para despedirlo, y que su superior no era muy amable, se le «notaba la agresividad» y era «porque tenía poliomielitis».

Como trabajaba en misión, el «cliente» pudo influir y presionar a su jefe «para que lo sacara del puesto de trabajo».

Era factible que la empresa en la que laboraba, no contara con accesos adecuados para «limitados físicos», lo que constituía un riesgo para la empresa tener «subcontratada a una persona» en ese estado, lo que hacía fácil presionar «al contratista» para deshacerse del actor.

La discriminación no fue exclusiva del empleador, sino que provino de los clientes en donde hacía presencia el demandante, es decir, causó malestar en su empleador directo e indirecto.

Lo anterior evidencia, que la censura se ocupó del interrogatorio de parte, no para desvirtuar la confesión que dedujo el colegiado -caso en el cual la Sala sí podría adentrarse en ese medio de prueba-, pues termina admitiendo que, en efecto, en esa diligencia, sí hizo las revelaciones que destacó el Tribunal, sino para sacar provecho de sus manifestaciones, es decir, busca servirse de una confesión propia, relativa a que fue despedido por su condición de discapacidad, con lo que pierde de vista que «tampoco es dable, en el ámbito del derecho probatorio, que el recurrente edifique sus propias pruebas» (CSJ SL658-2022).

Adicionalmente, construye su discurso a partir de suposiciones, al tiempo que sorprende con planteamientos ajenos al diálogo judicial e, incluso, endilga comportamientos agresivos y desobligantes a terceros ajenos a su empleador. Adicionalmente, exige a la Corte una valoración conjunta de los elementos de convicción, con pleno desconocimiento de que el recurso de casación no hace parte de las instancias regulares del juicio y que, por el contrario, a lo que está compelido quien aspira al quiebre de la decisión colegiada, es a demostrar, si de la vía fáctica se trata, los errores del sentenciador, por ausencia de valoración o apreciación errada de las pruebas, claro está, previa su singularización.

En otro giro, la tesis consistente en que la contratación de una persona con discapacidad no descarta que el despido sea en razón de esa condición, es jurídico, por manera que no puede solventarse en una acusación por vía indirecta, tampoco, el planteamiento de que la protección procede por la sola existencia de la deficiencia, aun cuando la censura intenta atarlo a que ello presupone una serie de actividades a las que tiene que enfrentarse la persona que la sufre; desplazarse y usar aparatos ortopédicos, por ejemplo, aunque ello no le impida cumplir sus funciones laborales.

Finalmente, se esgrime, que no quedó probada la causal objetiva de despido, y sí que la empresa sabía de la deficiencia del demandante antes de su ingreso a ella, de acuerdo con la contestación de la demanda. Una vez más, pierde de vista que eso no estuvo en discusión, fueron premisas fácticas al margen del debate.

De lo que viene de decirse, el cargo no es estimable.

Costas a cargo del recurrente. Fíjese como agencias en derecho la suma de cinco millones trescientos mil pesos ($5.300.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia realice, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

XI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 29 de julio de 2021, en el proceso que instauró JAIME HUMBERTO LAMPREA JARAMILLO contra SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA – SETI S.A.S.

Costas como se indicó.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

Aclaro voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Aclaro voto

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Aclaro voto

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n.° 95010

Jaime Humberto Lamprea Jaramillo contra Servicios Especializados de Tecnología e Informática – SETI S.A.S.

De conformidad con lo manifestado en la sesión en la que se debatió el asunto de la referencia, me permito aclarar el voto respecto de la decisión adoptada en los siguientes términos:

Al resolver el primero de los cargos, la Sala, luego de recordar la reciente posición acogida para evaluar la situación de discapacidad que conlleva a la protección del trabajador a una estabilidad laboral reforzada, acotó:

La Sala precisa, que en casos como el estudiado, en el que el empleador sabía de la situación del trabajador, y eliminando cualquier obstáculo que reprimiera el goce pleno de sus derechos, decide incorporarlo, no es posible presumir discriminación en la desvinculación, por la sola presencia de la deficiencia; por el contrario, tal circunstancia bien puede ser entendida como una práctica de acceso al empleo, al interior de las empresas que, en últimas, apunta al cumplimiento de uno de los principios generales de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, contenido en el artículo 3, literal c), relativo a la «participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad». (Negrilla fuera de texto)

Para la suscrita, no es conveniente tal precisión, en tanto la resolución del caso se da en aplicación fundamentalmente del nuevo criterio adoptado por la Corporación, esbozado a lo largo de las consideraciones que dan solución al primero de los ataques, pues, dicha postura -marco mínimo-, justamente, se aleja de la presunción de discriminación para el momento de la desvinculación laboral por la sola presencia de la deficiencia, ya que, como se recuerda en la providencia, lo que se debe demostrar es que la persona padece una deficiencia mental, intelectual o sensorial a mediano o largo plazo y que afronte barreras actitudinales, comunicativas o físicas, entre otras, que impidan al trabajador que tiene la afectación, desempeñar sus labores en igualdad de condiciones con los demás.

Más aún, cuando el caso abordado corresponde al de un trabajador que ya presentaba deficiencias físicas (derivadas de la poliomielitis padecida) para el momento en que ingresó a laborar, con conocimiento del empleador.

De contera, resulta innecesario el párrafo transcrito, que a la postre envía un mensaje contrario a las reglas fijadas por la Sala.

En los anteriores términos dejo consignada la aclaración de voto.

Fecha ut supra

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

Magistrada

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado Ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n°95010

REFERENCIA: JAIME HUMBERTO LAMPREA JARAMILLO Vs SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA – SETI S.A.S.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión, si bien comparto el fallo adoptado, me permito aclarar el voto, en torno a la manera en la que debe operar la garantía de estabilidad laboral reforzada por fuero de discapacidad, en el marco de un proceso judicial.

En la decisión proferida se realizan algunas afirmaciones, las cuales, desde mi sentir, necesitan una ampliación en sus argumentos, los que, en últimas, permitirán delimitar la forma en que debe materializarse el fuero de estabilidad, para quienes se encuentran en una situación de discapacidad, concepción no poco relevante para el ámbito laboral.

La postura mayoritaria de la Sala, en el marco general de la precitada protección, reexamina la composición del bloque de constitucionalidad en relación con los derechos de las personas en situación de discapacidad y su protección contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; con base en la que descarta, de plano, la necesidad de contar con una calificación o baremo objetivo que permita, desde un estudio integral, determinar si un trabajador(a) se encuentra en condiciones especiales que permiten predicar de ellos, una protección por parte del operador judicial y, equiparar la calificación de invalidez a la de discapacidad cuando su finalidad es distinta.

Conceptos y disposiciones de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 1618 de 2013.

La providencia parte de la premisa de que, como consecuencia de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobado por la Ley 1346 de 2009 y la Ley 1618 de 2013, existen conceptos y disposiciones diferentes para la protección de una persona en situación de discapacidad. Ello, en el entendimiento de que, como consecuencia de la adherencia del Estado Colombiano al precitado instrumento internacional y la mencionada ley, existen diferentes escenarios para que ello proceda.

En ese contexto, considero que la consecuencia de la promulgación de las normativas previamente citadas implica la obligación, principalmente estatal, bajo el postulado de la progresividad, de adecuar las políticas públicas, el marco normativo y la proposición de medidas de quienes se encuentren en dicha condición, al reconocerlos como verdaderos sujetos de derechos y partícipes activos en el estudio y proposiciones de medidas que, se itera, propenden por eliminar cualquier forma de discriminación. En cumplimiento de ese mandato de adecuación, se expidió la Ley Estatutaria 1618 de 2013, con la finalidad de garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de este grupo poblacional, en concordancia con la anotada norma internacional.

Con lo anterior, desde mi punto de vista, el alcance de ambas normativas es complementar el Sistema Nacional de Discapacidad creado en la Ley 1145 de 2007, cuyo principio rector es el de impulsar la formulación y adopción de políticas públicas en discapacidad de manera coordinada con todas las entidades estatales y la sociedad civil para promocionar y garantizar los derechos fundamentales, en el marco de los derechos humanos de las personas con y en situación de discapacidad. Con la precisión de que, frente a este último concepto deja claro que se actualizará con base en las modificaciones que realice la Organización Mundial de la Salud, afirmación supremamente relevante, por la cual y desde este momento, puedo afirmar sin temor a equivocaciones, que las condiciones de discapacidad son variables, por ende, cambiantes en el tiempo y espacios desde los cuáles puede ser observada, de manera que, no resulta plausible el alejarse de baremos objetivos que puedan determinarla.

Recapitulando entonces, existe un sistema normativo de protección a las personas en situación o en condición de discapacidad e invalidez, que propenden por la eliminación de la discriminación, así como, de las barreras del entorno y actitudinales, que materialicen su integración en la vida social de manera autónoma que parte de la prevención, la rehabilitación y la incorporación, como verdaderos actores, en la vida comunitaria; por ende, las normas y convenios internacionales adoptados no se fundamentan per se en el otorgamiento de una prestación compensatoria; por el contrario, busca propender por reafirmar su rol personal, familiar, social y político, bajo acciones afirmativas, armonizando el Sistema Nacional de Discapacidad.

Conforme a lo expuesto, se mantiene vigente el propósito de la disposición que contiene el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que no es otro que impedir que las personas en situación de discapacidad fueran despedidas en virtud y, específicamente, por esa condición.

Si bien, en la sentencia se reconoce que el enfoque de modelo social, desde la década de los años 60 ya se encontraba transitando, y marcó un cambio sustancial con la aprobación del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, deja de lado la nutrida normatividad interna que, alineada con los instrumentos internacionales, ya contemplaba el concepto de discapacidad como hoy replican las leyes que sustentan el fallo.

Para refrendar lo dicho vale referir que el objetivo de lograr una verdadera protección de las personas en situación de discapacidad, condujo a la adopción de convenios, inclusive antecedentes a los hoy aplicados, como el de la Clasificación Internacional del funcionamiento de la discapacidad y la Salud (CIF 2001), aprobado en la Asamblea Mundial de la Salud del mismo año, de la que Colombia no fue ajena, por lo que introdujo en el artículo 2º de la Ley 1145 de 2007, que: «Persona con discapacidad: Es aquella que tiene limitaciones o deficiencias en su actividad cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de salud, o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano. Esta definición se actualizará, según las modificaciones que realice la Organización Mundial de la Salud, OMS, dentro de la Clasificación Internacional de Funcionalidad, CIF.»

Así las cosas, si bien el reconocimiento de que los factores que pueden inferir en el concepto de discapacidad son cambiantes; no obstante, los mismos están soportados en determinar de manera objetiva sobre quién recae la protección dependiendo del ámbito en el que se genera y que, para nuestros efectos, es el laboral.

Y es que, en puridad de verdad, el entendimiento de la posición mayoritaria realmente no se acompasa con aquellas previsiones legales que, de antaño, nos indican: (i) quién cuenta con la potestad para determinar la existencia de discapacidad, además de, (ii) qué conceptos técnicos debe consultar a efectos de concretar la protección en el sujeto que la requiere.

En efecto, si acudimos a las vetustas reglamentaciones internas del extinto Seguro Social, en las que aún no se tenía tanta claridad sobre el concepto de discapacidad, encontramos que en el Acuerdo 470 de 1989 aprobado por el Decreto 1546 del mismo año, ya se concebía la imperiosa necesidad de contar con un comité especializado interdisciplinario denominado como de «Evaluación Funcional», que era un asesor de la Sección de Medicina Legal y su función era evaluar, entre otros aspectos, «la relación que existe entre la capacidad funcional del trabajador y su ocupación funcional del trabajador y su ocupación habitual y considerar la enfermedad no sólo para su prevención, curación y rehabilitación, sino también para valorar las secuelas de la enfermedad o accidente, por ser éstas las que perturban el curso de la vida habitual».

Por su parte, y en forma posterior, el Decreto 2177 de 1989 cuya finalidad fue desarrollar la Ley 82 de 1988, por la cual aprobó el Convenio 159 de la OIT, sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, en su artículo 4º, de igual manera, se plasmó la necesidad de que tal condición fuera certificada por la dependencias de salud ocupacional o quien hiciera sus veces «en las entidades de seguridad y previsión social públicas o privadas», a tal punto de que en el evento donde no existiese cobertura de estas últimas, ello debería ser «declarado por los médicos del trabajo dependientes del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social en los diferentes niveles».

Recordemos en este punto que, bajo las voces del Convenio precitado, una persona inválida era aquella «cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida».

Ahora bien, de manera mucho más reciente, el Decreto 917 de 1999 describe con amplitud, y sobre el tema en específico de la discapacidad, cuáles resultan ser los criterios objetivos para determinarla; en efecto, el Manual contenido en la anotada normativa fue derogado por el Decreto 1507 de 2014 y, si bien, este no continúo siendo el documento técnico para determinar la discapacidad, en su artículo 3º la define como el «Término genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad» y que esta se valoraría en «el Título Segundo Valoración del Rol Laboral, Rol Ocupacional y otras áreas Ocupacionales». Dicho en breve, los Manuales de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral, concibieron un aparte relativo a cómo debe entenderse la discapacidad de cara al rol laboral de quien se pregone como afectado por ella.

Es así entonces que, cuando echamos mano de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la Ley 1346 de 2009, la Ley 361 de 1997, o bien, la Ley1618 de 2013, no emerge de sus apartes la imposibilidad de acudir a una calificación que determine el grado de severidad de la discapacidad, so pretexto de reducir a un «número» la garantía de esta última. Por el contrario, en todos los textos encontramos un común denominador, este es, que la estabilidad laboral reforzada se predica en palabras de la Convención, de la persona que posee «deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás». Y que si bien, nuestra legislación interna, ella es, la Ley 1618 de 2013, las define como: «[a]quellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás», lo único que puede llegar a consentirse es que, sólo quienes cuentan con una afectación considerable en su salud serán aquellos dignos de pregonarse como beneficiarios de una situación de especial protección constitucional y legal.

En línea con lo discurrido, y como ya lo expuse, además de ser innegable la mayor protección que se extendió en nuestro ordenamiento interno para garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos por parte de quienes se encuentran en una situación de discapacidad – se amparan afectaciones de mediano plazo-; a riesgo de fatigar, lo realmente indiscutible, es la necesaria acreditación de unas deficiencias de no cualquier monta, como un primer aspecto para dar paso al estudio de si se cuenta con todos los elementos que concretan una situación de discapacidad, en aras de alcanzar la estabilidad laboral reforzada, que en últimas, es aquella que abre las puertas para percibir los beneficios que ha previsto el Estado por tal condición.

-Un alto en el camino nos invita a realizar una breve recensión normativa en torno a la definición de discapacidad

Como ya lo indicamos con anterioridad, la definición de la discapacidad, en la manera que se presenta, no resulta ser un tema novedoso para nuestro ordenamiento jurídico, puesto que fue abordada por los acuerdos internos del hoy extinto Seguro Social, pero desde la perspectiva del concepto de invalidez.

En efecto, estos últimos compendios, desde sus inicios dan muestra del interés del legislador por regular el tema para aquella población que, en su momento, fue concebida como inválida, pero no desde su concepción actual, sino desde una perspectiva mucho más amplia, como se pasa a explicar.

Ciertamente, se contemplaron, desde aquél entonces, diferentes estadios, desde la incapacidad permanente parcial hasta la condición de invalidez. De manera más reciente, en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, se denominaron como permanente total, permanente absoluta y gran invalidez, que parten para su definición, de conceptos relativos a la existencia de barreras para ejercer la profesión para el cual se encontraban capacitados los trabajadores, bien en cualquier oficio ora porque se requería la necesidad de contar con «asistencia constante de otra persona para movilizarse, conducirse o efectuar los actos esenciales de la existencia».

Y si acudimos a las definiciones de discapacidad consignadas en los Manuales de Calificación de Invalidez, v.gr., el Decreto 917 de 1999 que, por demás, era la norma técnica para la definición en su momento de la discapacidad, la enunció como «toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos», y, el Decreto 1507 de 2014, hoy vigente, la explica como aquél «[t]érmino genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad, que se valora en el Título II referido al «Rol Laboral, Rol Ocupacional y otras áreas Ocupacionales»; claro es concluir que, siempre ha sido relevante el hecho de existir una limitación o barrera que impacta el rol en el trabajo o en la sociedad.

En ese orden de ideas, puede afirmarse que en nuestra sociedad, el análisis del concepto de discapacidad pertenece a un trinomio que debe ser analizado obligatoriamente conjunto al de deficiencia, entendida como la afectación en la salud de una persona y el de minusvalía, el que comprende «toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su entorno».

Así las cosas, con anterioridad a la Constitución de 1991, en Colombia ya se habían expedido normas cuyo objeto buscaba la protección de las personas en situación de discapacidad e invalidez y que vino a ser reforzada en vigencia de nuestra Carta Política, que estableció la necesidad de ampliar la cobertura y efectiva protección de los mismos.

Claros en lo anterior, desde mi perspectiva, podemos abordar la discapacidad, bajo los siguientes grupos conceptuales:

Protección a la situación de discapacidad en materia laboral

Determinar cuándo surge el amparo en materia laboral a una persona en condición de discapacidad, genera una labor con determinado nivel de complejidad, por cuanto de la concreción de tal situación y el nivel de dificultad que esta le representa para «autorrealizarse, cambiar la calidad de sus vidas y a intervenir en su ambiente inmediato y en la sociedad» (Ley 361 de 1997), en este caso en el ámbito laboral, dependerá la existencia o no de la protección foral.

La idea expuesta cobra suma importancia, en la medida que las personas pueden presentar una condición de salud que no necesariamente implica para el trabajador una situación de discapacidad y, si bien, efectivamente generan una incapacidad temporal que, inclusive, puede tener una garantía específica en la normatividad, no implica que lo sea bajo las normas forales de estabilidad laboral reforzada estatuidas en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

La tutela de la discapacidad que se enmarca en el reconocimiento a las personas en una condición especial, como desarrollo del principio fundamental de la dignidad humana, como verdaderos sujetos de derecho, obliga a la necesaria integración en todos los ámbitos de la vida social, personal y política, de manera autónoma. Ello nos invita a que el amparo se dispense en situaciones en las que el trabajador pueda verse discriminado[1] por esa razón. Pero si el nivel de discapacidad no compromete ni afecta su participación plena y efectiva en condiciones de igualdad con los demás, no hay lugar a aplicar el resguardo legal, por lo menos en el campo laboral.

Debe dejarse por sentado que, la sola consideración de aplicar el amparo a una persona con cierto nivel de discapacidad, aun cuando esta le permita su participación autónoma y plena en el trabajo, puede considerarse, en sí misma como discriminación, al no reconocerse esa capacidad real que el trabajador posee para desempeñarse en el rol laboral.

Por demás, es innegable que los avances científicos y tecnológicos han llevado a que, situaciones que en un pasado pudieron ser consideradas como discapacitantes y que impedían la interacción o integración plena del trabajador, hoy no lo sean, dada la existencia de equipos y ayudas especiales que le permiten ejercer adecuadamente una actividad de trabajo. Explicado en apretadas palabras: para otorgar el fuero por discapacidad en el ámbito laboral, se debe estar ante una situación objetiva, concretada en un grado de limitación relevante que le impida el desarrollo normal de su actividad.

Un primer colofón: las elocuentes voces del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no prevé que cualquier situación de salud de lugar a la protección especial allí prevista.

3. Determinación de la discapacidad

Desde mi sentir, para concretar en quién se habilita la garantía foral, debe acudirse a la aplicación del concepto de discapacidad, el cual no ha sido estático, ha variado como consecuencia de diferentes factores, pues evoluciona de acuerdo con las nuevas realidades de la sociedad que, en todo caso, resulta de la interacción entre las personas con deficiencias, las ayudas disponibles con las que cuentan y, las barreras externas que dificultan o impiden su participación en la sociedad; entre ellas, los cambios tecnológicos, mejoras en los procedimientos de salud y avances científicos, de manera que, la protección se dirige inequívocamente a dotar a esta población de los mismos derechos y oportunidades que asisten a todos los seres humanos y que acuña como lenguaje técnico desde vieja data la distinción entre deficiencia, discapacidad y, aun, cuando hoy no se utilice el término «minusvalía».

Así, a partir de la definición de discapacidad, se han establecido normativamente procedimientos que permiten esclarecer si una persona se encuentra en un estadio que requiere la protección, en este caso laboral y, ello es así por cuanto, la acción afirmativa debe estar dirigida a quien realmente la requiere, en otras palabras, aun cuando una persona puede estar en una situación de discapacidad e inclusive una condición de salud, no necesariamente requiere de la protección.

Y como se indicó, nuestra legislación ha determinado las condiciones para determinar si una persona se encuentra en condición de discapacidad, incluido en tal concepto la situación de salud relevante y, en la misma, se ha evidenciado la incorporación de elementos no solamente físicos, que involucran aspectos relativos a la interacción con la sociedad. Efectivamente, el Decreto 2463 de 2001, además de establecer en su artículo 7, el «Grado de severidad de la limitación» dispuso en su artículo 4, que la calificación se debía efectuar con base en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez o en las tablas de calificación vigentes al momento de la estructuración de dicha pérdida.

De lo anterior se concluye que la regulación ha estatuido que la procedencia de la protección foral se activa cuando esta tiene una connotación relevante, para ello, ha determinado límites a partir de los cuales opera y es esta la que constituye esa situación concreta que requiere la acción afirmativa.

En el horizonte trazado, el artículo 2º de la Ley 1145 de 2007, contempla la definición de persona con discapacidad atada a la actualización que de la misma realizara la Organización Mundial de la Salud, OMS, dentro de la Clasificación Internacional de Funcionalidad, CIF. Los parámetros de calificación de esta condición son:

No hay problema

(ninguno, insignificante)

0–4 %

Problema LIGERO

(poco, escaso)

5–24 %

Problema moderado

(medio, regular)

25–49 %

Problema grave

(mucho, extremo)

50–95 %

Problema completo

(total)

96–100 %

Tales baremos, fueron acogidos por la reciente Resolución n.° 113 de 2020, derogada por la Resolución 1239 de 2022 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social que dentro de su anexo técnico al referirse a la discapacidad severa, moderada y leve acogiendo la escala, precisamente de la CIF, definió el siguiente gradiente:

Calificador

Descriptor

Rangos

0

Ninguna

0-4%

1

Leve

5-24%

2

Moderada

25-49%

3

Severa

50-95%

4

Completa o no lo puede hacer

96-100%

Así fluye cristalino que, siempre se ha tenido un límite definido para establecer cuándo una persona tiene la protección foral, que fue reconocido por la Corte en inveterada jurisprudencia, aunque en términos diferentes.

De lo anterior, puedo afirmar que, ante la mirada de la evolución normativa y de la CIF, la protección a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, siempre debe enmarcarse en que el límite mínimo para que ella proceda debe ser aumentado al 25% o más y, en todo caso, inferior al 50% de la pérdida de capacidad laboral, insisto, por cuanto hoy en día, se cuenta con una regulación autónoma, la cual desarrolla el enfoque de derechos humanos y modelo social, en especial, la existencia baremos objetivos que permiten su determinación.

No está de más indicar que, la descalificación absoluta de un marco numérico nos llevaría a la contradicción de que, bajo el concepto de acción afirmativa, se establezcan medidas que generen el efecto no deseado de impedir la participación. De allí, la importancia de definir claramente el sujeto protegido y el alcance de la garantía. En el mismo sentido, pero, con otras palabras, la protección de las situaciones de discapacidad sin un criterio objetivo, lejos de proteger desincentiva la contratación de personas en ellas inmersa.

Cobra entonces importancia, la necesidad de diferenciar el evento en que se contrate a un trabajador(a) con una condición de discapacidad y aquél que la adquiere en el decurso de la relación laboral. En el primer evento, no podría concebirse que sea causal de terminación del contrato su limitación y, por ende, es posible proceder a finiquitarlo, sin que se requiera algún tipo de procedimiento; no así en el segundo caso, donde, se insiste, deberá agotarse el trámite de permiso para despedir ante la autoridad administrativa competente y por supuesto, de presentarse, acreditar en el juicio laboral respectivo, si efectivamente se contaba con una condición de especial relevancia constitucional.

Debe quedar patente que todo lo expuesto, no se desdice de la necesaria e inexcusable carga probatoria de acreditar la situación de discapacidad, la cual se encuentra a cargo de quien se pregona como su sujeto activo; todo ello, en el marco de la libertad probatoria, y ante el análisis de cada contexto en particular, sin perder de vista que actualmente existen instrumentos que permiten valorar cada uno de los elementos que conforman la situación de discapacidad y que incluyen la valoración conforme a la respectiva deficiencia, la valoración de los roles personal, social y laboral de manera muy general. Valoración técnico-científica que puede encontrar excepción, por supuesto, en aquellos eventos donde las limitaciones que se padecen sean hechos notorios.

Recapitulando entonces, y puestas en esta dimensión las cosas, puedo afirmar que para que se determine la condición de discapacidad se debe partir de la existencia de una deficiencia; no obstante, este solo aspecto no implica una discapacidad, ya que ello nos retornaría a un enfoque biológico.

Entonces, definida la existencia de la deficiencia, se debe verificar si hay ayudas disponibles y si las mismas permiten la integración de la persona en condiciones de igualdad, nuevamente, no se abre paso el determinar que se cuenta con una discapacidad.

Ahora, si existiendo la deficiencia y la ayuda disponible, aún se encuentran barreras en el entorno, entramos al camino de los ajustes razonables y si con ellos se supera el obstáculo para el desempeño laboral, no se concreta la situación de discapacidad.

Y es que en materia de ajustes y su razonabilidad también se encuentra un marco normativo que permite su valoración, pues al estar enfocado al rol laboral será precisamente el análisis del puesto de trabajo y todo aquello que se relacione con las condiciones de la prestación del servicio, salud y seguridad en este último, junto con las demás que regulan esta naturaleza de relaciones, las que definirán la razonabilidad de ellos e inclusive la imposibilidad de realizarlos, evento en el que se hace necesario acudir ante el ente ministerial correspondiente.

En ese orden de ideas, bajo el marco planteado, surge un interrogante de cara a la posición mayoritaria, y se plantea de la siguiente manera: puede entenderse que el juez, por su sola condición como tal, cuenta con el conocimiento técnico-científico para determinar, con objetividad, si un trabajador(a) realmente se encuentra en una situación de discapacidad considerable así como cuáles son las ayudas razonables que requiere; realmente desde mi punto de vista, considerar ello así, es dejar al arbitrio de cada juzgador, la determinación de tales conceptos, lo que claramente lejos de garantizar la justicia en estos casos, permitirá la existencia de situaciones que la desconozcan.

De esta manera, no se resuelve, de fondo, la imperiosa necesidad de otorgar reglas claras en materia de protección cuando nos alejamos de aquellas previsiones consignadas expresamente por la legislación interna y que a las elocuentes voces de los artículos 26 de la Ley 361 de 1997, nos obligan a aplicar la protección de no desvinculación de su labor, a aquél empleado(a) por la sola razón de una situación de discapacidad, pero se olvida, que sí existe la posibilidad de solicitar autorización al Ministerio del Trabajo, si se acredita que ella es incompatible e insuperable con la labor que se desarrolla.

De esta manera, si el trabajador es vinculado para ejercer determinada labor y dada su afectación no puede desarrollarla dada la imposibilidad de realizar ajustes razonables, lo que se acredita ante la autoridad administrativa prenunciada, no podría hablarse de la existencia de una discriminación por tal hecho, pues fue el legislador, el que habilita la terminación de su contrato de trabajo sin que se genere la indemnización de 180 días a que hace referencia la ley.

En ese sendero, entender de una manera diferente la Ley 361 de 1997, es desdibujar su real intención para, con ello, obligar a mantener una contratación sin que se cumpla la finalidad para la cual fue requerida.

Y es que aceptar ello así, desconoce la realidad de nuestro país donde la micro, pequeña y mediana empresa sobrepasa con creces aquel índice previsto para las de mayor extensión. Sobre tal particular, el último boletín del Directorio Estadístico de Empresas publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, a manera de ejemplo, para el año 2021, la microempresa que la define como aquella que emplea hasta 10 trabajadores reportaba para personas naturales un número igual a 4.824.341 y jurídicas 772.975 mientras que para la misma anualidad en el caso de las grandes empresas, definida como aquellas que cuentan con más de 200 empleados, se reportan para personas naturales un total de 51 y jurídicas 6.116.

En ese orden de ideas, no fijar derroteros claros en la protección, como lo serían, en un primer plano, tales criterios estadísticos en pro de la protección de las situaciones de discapacidad, lejos de llevar a la realización de la justicia, como se indicó en líneas superiores, puede provocar su efecto contrario, como lo sería generar condiciones poco propicias para la contratación de personal que se encuentra en ella inmerso.

Por demás, estos datos también impactan en el no poco claro criterio sobre «ajustes razonables» donde el rasero que se le puede exigir a un microempresario jamás podría ser el mismo a aquel que pertenece a las grandes empresas; lo que, por demás, sería un claro criterio de equidad y proporcionalidad. Y ello, sólo podría ser establecido por profesionales expertos en la materia y, se insiste, no a las vistas del juzgador respectivo, quien debe, como mínimo, contar con los informes ocupacionales que le indiquen los ajustes razonables que se requieren para la prestación del servicio, por lo menos, de una manera óptima para el trabajador y que deban ser desplegados por su empleador.

Así, en el mismo sentido, la ausencia de delimitación en la protección sobre la discapacidad trasladaría a los empleadores, de forma total, una obligación que realmente es establecida a cargo del Estado Colombiano o, por lo menos de manera principal, puesto que es este el responsable de desplegar las políticas que conlleven la garantía de los derechos de esta población, afirmación que puede extractarse de una simple lectura a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dado que sus intervinientes son quienes manifiestan su compromiso en «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente».

Finalmente, debo resaltar que la discapacidad a diferencia de la invalidez, en materia laboral propende por la estabilidad en el empleo, es por ello que la forma en que se determina sea distinta y que hoy cuente con una regulación diferenciada de aquel que determina la pérdida de capacidad laboral que, justamente, busca lo opuesto, que una persona ya no cuenta con la posibilidad de mantenerse en su labor; de allí que, no sea acertado hablar de la pérdida de la capacidad laboral en tratándose de discapacidad.

Por estas razones aclaro el voto.

FERNANDO CASTILLO CADENA

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