RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL3170-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3170-2023

Fecha
29 de noviembre de 2023
Magistrado ponente
Gerardo Botero Zuluaga
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3170-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral promovido por GLORIA ELENA MARTÍNEZ DUQUE y NEYGER ALEJANDRA VALENCIA MARTÍNEZ en contra de ALBERTO LÓPEZ ROA y de la recurrente. Costas como se indicó.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3170-2023

Magistrado ponente: Gerardo Botero Zuluaga

29 de noviembre de 2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado ponente

SL3170-2023

Radicación n.° 97784

Acta 45

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2022, en el proceso que instauró GLORIA ELENA MARTÍNEZ DUQUE y NEYGER ALEJANDRA VALENCIA MARTÍNEZ en contra de ALBERTO LÓPEZ ROA y la recurrente.

ANTECEDENTES

Gloria Elena Martínez Duque y Neiger Alejandra Valencia Martínez, llamaron a juicio a las partes citadas, con el fin de que se les condene: al Fondo de Pensiones, reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a partir del 24 de octubre de 1996, así como los intereses consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Subsidiariamente, se condene a Alberto López Roa, a cancelar el cálculo actuarial con sus respectivos intereses moratorios, a nombre de César Julio Valencia Bustamante, entre el 18 de febrero y el 1 de abril de 1996.

Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que: i) César Julio Valencia Bustamante falleció el 24 de octubre de 1996; ii) Gloria Elena Martínez Duque contrajo matrimonio con éste el 13 de noviembre de 1993 y fruto del mismo procrearon a Neyger Alejandra Valencia Martínez; iii) Valencia Bustamante prestó servicio militar como soldado del Ejército Nacional, entre el 22 de marzo de 1990 y el 14 de septiembre de 1991 y como soldado voluntario entre el 18 de noviembre de 1992 y el 1 de abril de 1993; iv) la historia laboral en pensiones, del 16 de noviembre de 2017, el causante, tenía acreditadas 61 semanas; v) el último empleador fue Alberto López Roa, propietario del establecimiento de comercio «la ola electrodoméstica», con quien laboró entre el 18 de febrero al 24 de octubre de 1996; vi) el 14 de febrero de 2018, pidieron a Porvenir S.A. la corrección de la historia laboral del afiliado; vii) el 9 de agosto de 2018, solicitaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la que fue negada. (fls.93-103 cuaderno no.1)

Al dar respuesta Alberto López Roa, dijo «atenerse a lo probado por la parte demandante» y, en cuanto a la pretensión subsidiaria se allanó, en el entendido que canceló al Fondo de Pensiones los aportes del 1 de julio al 24 octubre de 1996, a nombre de su trabajador, los que fueron cobrados ejecutivamente mediante proceso radicado «con el no. 2005-000555-00 conocido por el JUZGADO 25 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ». En su defensa, formuló las excepciones que denominó: prescripción y buena fe. (fls. 127-131 cuaderno no.1)

A su turno, Porvenir S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda; adujo que el causante no dejó causado en derecho de la pensión de sobrevivientes, toda vez que, no acreditó «26 semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior al fallecimiento de conformidad con lo exigido por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993» que, además, empezó a cotizar al RAIS a partir de mayo de 1996. Presentó los medios exceptivos que denominó: inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, cobro de lo no debido e incumplimiento de los requisitos legales para acceder a la prestación económica; incumplimiento de los requisitos legales para acceder a la prestación económica; buena fe de Porvenir S.A., compensación y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, puso fin a la primera instancia, mediante fallo del veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en el que resolvió:

PRIMERO. DECLARAR PROBADA la excepción de Cobro de lo no debido e incumplimiento de los requisitos legales para acceder a la prestación económica formulada por PORVENIR S.A., conforme las consideraciones expuestas.

SEGUNDO. ABSOLVER a los demandados de las pretensiones incoadas en su contra por las demandantes GLORIA ELENA MARTÍNEZ DUQUE y NEYGER ALEJANDRA VALENCIA MARTÍNEZ.

TERCERO. SIN COSTAS en la presente actuación.

CUARTO. En caso de no ser apelada la presente decisión, y al ser totalmente desfavorable al demandante, remítase al superior en el grado jurisdiccional de consulta

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Inconforme con dicha decisión, las demandantes la apelaron y, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022), resolvió:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 25 de octubre de 2021, por el Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá DC, para en su lugar, CONDENAR a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías SA a reconocer a la demandante Gloria Elena Martínez Duque, la pensión de sobrevivientes, en catorce mesadas al año, causada a partir del 24 de octubre de 1996, la cual deberá ser calculada conforme a lo establecido en los artículos 21 y 48 de la Ley 100 de 1993, conforme a lo expuesto en las consideraciones de esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas pensionales causadas y exigibles con anterioridad al 9 de agosto de 2015.

TERCERO: CONDENAR a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías SA a pagar a la demandante Gloria Elena Martínez Duque el retroactivo de las mesadas causadas desde el 1° de agosto de 2015 y hasta que se produzca la inclusión en nómina, aplicando para el efecto los respectivos reajustes anuales.

CUARTO: CONDENAR a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías SA a pagar a la demandante Gloria Elena Martínez Duque, los intereses moratorios previsto en el art. 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas causadas del 1° de agosto de 2015 al 30 de septiembre de 2018, desde el 9 de octubre de 2018 y de las siguientes a partir del primer día del mes siguiente a su causación y hasta que se verifique su pago, a la tasa máxima de interés moratorio vigente para la fecha en la que se verifique el respectivo pago.

QUINTO: AUTORIZAR a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías SA, a realizar los descuentos por concepto de cotización al Sistema General de Salud y girarlo a la EPS de preferencia del demandante, conforme a lo explicado en la parte motiva de esta decisión.

SEXTO: ABSOLVER a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías SA de todas las pretensiones incoadas en su contra por Neyger Alejandra Valencia Martínez, de acuerdo con lo considerado.

SÉPTIMO: CONDENAR a Alberto López Roa a efectuar el traslado del cálculo actuarial de los aportes pensiónales de Cesar Julio Bustamante Valencia, por el período comprendido del 18 de febrero al 30 de abril de 1996, con destino y a entera satisfacción de la la (sic) Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías SA; y, a pagar al ente de seguridad social, los aportes en mora del trabajador en mención causados del 1 o de julio al 24 de octubre de 1996, teniendo como ingreso base de cotización el salario mínimo legal mensual vigente para esa anualidad, conforme a lo explicado en la parte motiva de esta decisión.

SÉPTIMO (sic): Sin costas en esta instancia, ante su no causación. Las de primera a cargo de los demandados y a favor de la parte demandante.

OCTAVO: Esta sentencia se notificará a través de EDICTO, atendiéndose los términos previstos en el artículo 41 del CPTSS.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal adujo que, César Julio Valencia Bustamante falleció el 24 de octubre de 1996; y, que reporta las siguientes semanas válidas para pensión:

i) el equivalente a 95,29 semanas en el tiempo de servicio como soldado del Ejército Nacional del 22 de marzo de 1990 al 14 de septiembre de 1991 y del 18 de noviembre de 1992 al 1 o de abril de 1993, ii). 76,57 de cotizaciones y aportes al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones y a la AFP Colfondos del 5 de julio de 1994 al 31 de diciembre de 1995 y, iv). 8,57 del 1° de mayo al 30 de junio de 1996

Sostuvo, que en principio el causante no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, por no estar cotizando al momento de su deceso y, además, por «registrar solo 8,57 semanas en el año anterior a su ocurrencia», pero que, pese a ello la parte demandante solicitó la corrección de su historia laboral, con base en la certificación laboral expedida por Alberto López Roa, su empleador, en la que se hizo constar que «laboró en el establecimiento de comercio la Ola Electrodoméstica del 18 de febrero al 24 de octubre de 1996».

Memoró, las sentencias de esta Corporación CSJ SL5665-2021, reiterada en la CSJ SL2163-2022, en las que se adoctrinó que «no es dable trasladar al trabajador las consecuencias del no pago del aporte por parte de su empleador, así como que la administradora tiene el deber de adelantar las acciones de cobro correspondientes a efectos de persuadir al aportante incumplido de honrar su obligación».

Argumentó, que además del antecedente jurisprudencial debe tenerse en cuenta lo preceptuado en el artículo 13 del Decreto 2633 de 1994, en desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, que previó que las entidades administradoras del «régimen de ahorro individual con solidaridad deben adelantar la correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio».

Adujo, que con respecto a la omisión de la afiliación, esta Sala ha explicado que:

No se puede atribuir incumplimiento alguno a la administradora de pensiones en su obligación de desplegar las gestiones de cobro y que la convalidación de los tiempos dejados de cotizar en ese evento, mediante título pensional o cálculo actuarial, aplica exclusivamente para las pensiones de jubilación y vejez, pero no para las pensiones de invalidez o sobrevivientes, en la medida en que las mismas “tienen origen en una fecha cierta de causación atada a la realización efectiva del riesgo que cubren y están fundamentadas sobre otras concepciones de solidaridad, financiación y aseguramiento, diferentes de la acumulación de una cantidad suficiente de capital o de aportes, durante largos años, propias estas del riegos de vejez? (CSJ SL4698-2020).

No obstante, se ha dicho igualmente que “(...) tal omisión no genera para el trabajador la pérdida del derecho a la prestación, pero sí apareja, a cargo del empleador el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez o de sobrevivientes o sustitución, por riesgo común, que se llegase a causar, tal como lo dispone el artículo 8.° del Decreto 1642 de 1995 mediante el cual se reglamentó la afiliación de los trabajadores al sistema general de pensiones compilado en el artículo 2.2.4.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016” (CSJ SL4698-2020).

Afirmó, que el empleador del afiliado fallecido,

(…) omitió efectuar la afiliación al sistema general de seguridad social en pensiones en el interregno que comprendió del 18 de febrero al 30 de abril de 1996, pues ello se infiere de los formularios de autoliquidación mensual de aportes al sistema general de pensiones que fueron presentados por dicho empleador a la AFP Porvenir SA, (…) De manera que sobre los tiempos en mención, (…) no es factible endilgar a la AFP llamada a juicio la omisión de realizar acciones de cobro de los aportes.

Aseveró, que el empleador afilió a su trabajador al fondo de pensiones el 15 de mayo de 1996; que la AFP Porvenir, en noviembre de 2001, requirió al empleador por la «mora» en el pago de los aportes entre el 1 de julio y el 24 de octubre de 1996; que el dador del empleo, el 14 de febrero de 2002, informó a la Administradora accionada que canceló el mes de junio de 1996 el 19 de junio de 1997 y que los períodos de julio a octubre de 1996 los adeudaba; que además, en reporte de novedades del 17 de octubre de 2008 indicó que estaba pendiente efectuar novedad de retiro desde el «30 de junio de 1996» (sic), la cual fue tenida en cuenta «como válida por la entidad de seguridad social»; que Porvenir inició demanda ejecutiva en contra de Alberto López Roa, pretendiendo el cobro de aportes pendientes del cotizante Julio Bustamante Valencia.

Analizó, que con los medios de prueba obrantes en el expediente «no se puede considerar que la gestión de cobro que estaba a cargo del fondo de pensiones convocado se adelantó en debida forma, como para negar la inclusión de las semanas de aportes que se echan de menos en la historia laboral del afiliado con fundamento en que únicamente existió incumplimiento del empleador al reportar al sistema una novedad que no encontraba respaldo en la realidad».

Razonó, que la accionada no inició, en término, la acción de cobro prevista en el artículo 13 del Decreto 2633 de 1994 y, además, aceptó la novedad de retiro retroactiva, que fue reportada 12 años después, en la que «se relacionó por el mismo empleador que ello había tenido lugar el 30 de junio de 1996 (sic), por el deceso del cotizante, aun cuando existían inconsistencias en las situaciones que habían sido declaradas por el patrono con anterioridad, y sin exigir tan siquiera, bajo ese panorama, documental que acreditara su nueva y alterada afirmación».

Dedujo, que la demandada no acreditó que hubiera efectuado debidamente la gestión para el cobro de los aportes y, que esas consecuencias adversas, no podían ser asumidas por las accionantes y, que con la «certificación expedida por Alberto López Roa y la comunicación dirigida a Porvenir SA, se demuestra que el causante cumplió en su momento con la obligación como trabajador dependiente que dio lugar a la contribución que dejó de cobrarse por omisión de la entidad de seguridad social».

Dispuso, que la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., debía incluir en la historia laboral del causante y, tener como válidos los aportes de pensión entre el 1 de julio al 24 de octubre de 1996; que con ello quedaba demostrada la causación del derecho pensional, bajo los postulados del numeral 2° del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, en la medida en que acumuló un total de 34 semanas cotizadas al sistema pensional en el año inmediatamente anterior a su muerte, «o cuando menos desplegando la actividad por la que la contribución se causa, con evidente omisión de la entidad de seguridad social ante la mora del empleador, para proceder a realizar las gestiones necesarias a fin de obtener el pago de los aportes que estaban en mora en vigencia de la afiliación, lo que conlleva a tenerlos como efectuados; y, claro está, registraba más de 26 semanas en toda su vida laboral».

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente de manera principal que la Corte «case la sentencia acusada. Luego, se pide que confirme el fallo del juez a quo y, finalmente, se absuelva a Porvenir S.A. frente a todo lo pedido en su contra».

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el que fue objeto de réplica.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia recurrida por vía directa,

por la aplicación indebida del artículo 13 literales a) y c) y 24 de la Ley 797 de 2003 y 2° del Decreto 2633 de 1994 (compilado en el artículo 2.2.3.3.5 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016) y por la infracción directa de los artículos 1°, 13 literal d) y 22 de la Ley 100 de 1993, 8° del Decreto 1642 de 1995 (compilado en el artículo 2.2.4.1.2 del Decreto Reglamentario 1833 de 2016), 39 y 53 del Decreto 1406 de 1999 (compilados en los artículos 3.2.1.9 y 3.2.1.13 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016), 11, 12 y 13 del Decreto 2665 de 1988 (aplicables por remisión del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, según jurisprudencia de la H. Sala), 27 y 19 del Decreto 692 de 1994 (este último compilado en el artículo 2.2.3.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016), 259 del Código Sustantivo del Trabajo, 1609 del Código Civil, 48, 83 y 230 de la Constitución Política y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.

En su demostración, memora la sentencia CSJ SL230-2021, de la Sala de Descongestión, en la que indicó que:

la falta de inscripción en el sistema de quien ya está afiliado frustra la realización de los efectos jurídicos de la afiliación y, por esa razón, salvo en aquellos casos en que el asegurado ha consolidado los requisitos para obtener una prestación, es forzoso concluir que ante tal omisión se presentan las mismas consecuencias jurídicas previstas en la ley para cuando la afiliación no se ha dado.

ManifIesta, que el Juzgador de segunda instancia desatinó en su decisión, pues, el único responsable del pago de la pensión reclamada es el empleador; que, según la jurisprudencia de la Corte, «si el empleador no afilió a su dependiente (…) no lo libera de la responsabilidad de asumir con su propio pecunio el pago de la pensión correspondiente».

Aduce, que si el empleador del causante «dejó de reportar la situación verídica de su trabajador Valencia ante el sistema de seguridad social en pensiones o entregó informaciones no coincidentes con la realidad, es dicho empleador y solo él quien debe asumir las consecuencias dañinas derivadas de su incuria o falacia, sin que quepa responsabilidad alguna en Porvenir S.A., por esas omisiones o por esas falsedades».

Sostiene, que la orden dada por el Tribunal, con base en el desacato de su obligación del cobro de los aportes atrasados, es inadecuada, pues, era un deber inexistente, ya que no hubo mora patronal, «dadas las fechas que el señor López Roa comunicó como las de inicio del vínculo y terminación del mismo», sobre todo si se parte de la base de la «presunción de la buena fe en el actuar de los particulares».

Dice, que con lo expuesto no se «viola la técnica de casación», en cuanto a que se está debatiendo un tema probatorio, porque,

es palmario que si la vía directa exige conformidad con el examen de las pruebas hecho por el Tribunal y aquí simplemente se atiene el cargo a lo que se expuso en la providencia recurrida, es diáfano que no se está planteando un debate sobre el entendimiento de tales comprobaciones sino sobre las consecuencias que derivó el juez colegiado de esos supuestos fácticos, inferencias que lo llevaron a quebrantar las normas denunciadas como transgredidas.

LA RÉPLICA

Las demandantes, manifiestan que el Tribunal realizó un análisis congruente de los preceptos legales y constitucionales al revocar la sentencia de primer grado; que el causante, al momento de su deceso, estaba vinculado laboralmente; que, la sentencia que desató el recurso de apelación también impuso obligaciones al contratante.

Sostuvo, que la sociedad accionada, no puede evadir su responsabilidad como administradora de pensiones, máxime cuando el «mismo empleador admitió desde la presentación del certificado laboral, que se adjuntó en la reclamación administrativa, donde se solicitó la corrección de la historia laboral, y donde podía corregir, corroborar, la información de acuerdo con las facultades legales, sin embargo, decidió omitir esta prueba».

Agrega, que Valencia Bustamante, dejó causado el derecho pensional, bajo los postulados de la ley 100 de 1993, al contar con 34 semanas en el año inmediatamente anterior a su deceso.

CONSIDERACIONES

El Tribunal, para revocar la decisión del a quo, en lo que concierne al reconocimiento de la prestación económica de sobrevivientes, sostuvo que el empleador del óbito omitió efectuar la afiliación al sistema general de seguridad social en pensiones, por lo menos, entre el 18 de febrero al 30 de abril de 1996, por lo que por estos períodos no se le podía endilgar a Porvenir S.A., realizar acciones de cobro de los aportes; pero sí encontró acreditado que Alberto López Roa, empleador, «el día 15 de mayo de 1996, radicó solicitud de vinculación a pensiones del trabajador»; que en noviembre de 2001, la accionada, requirió al dador del empleo por mora presentada entre el 1 de julio al 24 de octubre de 1996; que a su vez éste, el 14 de febrero de 2002 informó que el período de junio de 1996 del trabajador César julio Valencia Bustamante, fue cancelado el 19 de junio de 1997 y, que además el fondo inició proceso ejecutivo en su contra, por el cobro de aportes pendientes.

Estimó, que la gestión de cobro no se adelantó en debida forma, por lo que debían tenerse en cuenta las semanas de aportes y, con ello deducir, que se daban los presupuestos para dejar causado el derecho de la pensión de sobrevivientes.

Para la censura, el criterio acogido por el sentenciador plural luce equivocado, por cuanto ante la ausencia de afiliación, es el empleador el que debe responder por las obligaciones del sistema de seguridad social y, que no tenía responsabilidad alguna respecto del cobro de los aportes, pues, no había mora patronal.

Dada la vía del ataque, está al margen de la discusión, que el causante no estuvo afiliado al sistema de seguridad social, por lo menos entre el 18 de febrero al 30 de abril de 1996, ya que solo lo afilió a partir del 15 de mayo de 1996; que, en noviembre de 2001, Porvenir S.A. lo requirió por la mora en los aportes del de cujus, por el período del 1 de julio al 24 de octubre de 1996; que, el 14 de febrero de 2002, López Roa informó a la accionada que había cancelado en junio de 1997, el aporte correspondiente a junio de 1996, que Porvenir S.A. inició una acción de cobro ejecutivo por el cobro de aportes y, que el señor César Julio Valencia falleció el 24 de octubre de 1996.

Ahora bien, razón le asiste al recurrente cuando indica que, ante la falta de afiliación al sistema general de pensiones de un trabajador, es el empleador quien debe asumir el pago de las prestaciones que le hubiera podido corresponder; así lo ha adoctrinado esta Corporación, como por ejemplo en la sentencia CSJ SL205-2022, en la que citó la CSJ SL1078-2021, en las que se dijo:

En el caso de la no afiliación, la Corporación enseña que esta circunstancia no puede equipararse a la mora, pues no resulta comparable la situación del empleador que afilia a sus trabajadores e incumple el pago de algunos periodos con quien no comunica su ingreso al sistema, ya que el empleador debe asumir el pago de las prestaciones que le hubieran correspondido a las administradoras en caso de afiliación […].

Sin embargo, el censor, parte de una premisa equivocada en el proceso, pues, ya se dejó dicho que el tribunal distinguió dos situaciones fácticas con el trabajador, una que durante el período de febrero a abril de 1996, no fue afiliado al sistema general de pensiones y, otra que el 15 de mayo de 1996 fue afiliado por su empleador y, que por tanto, estos períodos cotizados con posterioridad sí debían estar incluidos en la historia laboral en pensiones, pues el fondo no realizó adecuadamente el cobro de los aportes en mora.

Es decir, no se pone en duda la afiliación al sistema, pues, el tribunal así lo encontró demostrado y, se itera, los supuestos fácticos no fueron controvertidos, por lo que el planteamiento cae al vacío.

Sobre el punto, debe decirse, que son situaciones diferentes, la falta de afiliación y la mora en los aportes, pues en esta última situación, el empleador ha cumplido con su deber de afiliar al trabajador al sistema pensional, pero deja de cancelar oportunamente las cotizaciones, y cuya omisión de cobro por parte de la respectiva administradora del fondo pensional, ha precisado ciertamente esta Sala, le representa a esta última asumir el pago de las acreencias que se deriven de los riesgos asegurados. Otra situación fáctica muy diferente es la falta de afiliación al sistema general de pensiones, pues en este caso, tal omisión conlleva que las respectivas prestaciones recaigan sobre el empleador. (SL3619-2022).

Adicionalmente, en la sentencia CSJ SL4103-2017, la Corte ilustra claramente la distinción entre las consecuencias en la incursión en mora en las cotizaciones y la ausencia de la afiliación al sistema, frente a los diferentes riesgos que cubre el sistema, precisando que:

Es por ello que, en tratándose de una prestación definida en función del aseguramiento del riesgo, como la pensión de sobrevivientes, para la Corte resulta trascendental que, antes de asumir las prestaciones correspondientes a la realización del riesgo, las entidades de seguridad social hubieran contado con la posibilidad de gestionarlo, lo que solo se logra con la afiliación oportuna del trabajador o, en subsidio, con algún trámite de convalidación de los tiempos servidos, pero con antelación a que se concrete el riesgo.

Lo contrario equivaldría a imponer una carga desproporcionada en contra de las entidades de seguridad social, que tendrían que asumir el pago completo de una pensión de sobrevivientes, por la convalidación de un tiempo mínimo e indeterminado de servicios y sin poder adoptar medidas para la gestión adecuada del riesgo, por la falta de afiliación. Así, por ejemplo, si se admitiera irrestrictamente que, ante la falta de afiliación, las administradoras de pensiones son las encargadas del pago de la pensión, se llegaría a la conclusión de que el Instituto de Seguros Sociales, como administradora del régimen de prima media, debe asumir el pago de una pensión respecto de la cual: i) no tuvo conocimiento para iniciar acciones de cobro de los aportes; ii) no pudo prever y gestionar el riesgo de sobrevivientes, a través de reservas o seguros; iii) y tiene que financiar en un 100%, aun si los aportes que puede convalidar a través de título pensional no alcanzan para ello.

Con arreglo a lo anterior, para la Corte, en el caso específico de las pensiones de sobrevivientes, la subrogación del riesgo pensional en el Instituto de Seguros Sociales, por la vía de la convalidación de tiempos servidos y no cotizados, a través de cálculo actuarial, solo resulta admisible si dicho procedimiento es realizado en su integridad, antes de que se produzca el riesgo que da origen a la prestación, vale decir, la muerte. Si ello es así, la entidad de seguridad social puede asumir y gestionar válidamente el riesgo, a través de los mecanismos y recursos establecidos legalmente para ello, mientras que, si se admitiera esa posibilidad una vez causado el riesgo, se podría dar lugar a que la entidad tenga que financiar una pensión completa, tras el pago de escasos recursos por tiempos indeterminados de servicios.

Como corolario de lo dicho, si el empleador omiso en la afiliación no realiza el trámite de convalidación de tiempos servidos, antes de la causación del riesgo de muerte, debe asumir el pago de la pensión de sobrevivientes reclamada, en aplicación de disposiciones como el artículo 8 del Decreto 1642 de 1995 y sentencias de esta Sala como la CSJ SL, 9 sep. 2009, rad. 35211. De esta orientación deben excluirse, eso sí, los casos en los que se ha realizado la afiliación del trabajador y la administradora de pensiones incumple las gestiones de cobro, que han recibido otro tratamiento en la jurisprudencia (Ver CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, reiterada, entre otras, en las CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 38622, CSJ SL, 13 feb. 2013, rad. 43839, y CSJ SL, 15 may. 2013, rad. 41802).

Criterio que procede agregar, para el caso en particular, se soporta en la consecuencia jurídica, que ante dicho supuesto fáctico advertido, consagra el inciso 2º del artículo 8 del Decreto 1641 de 1995, que señala:

Los empleadores del sector privado que no hubiesen afiliado a sus trabajadores al Sistema General de Pensiones, deberán asumir el reconocimiento y pago de las pensiones de invalidez o de sobrevivientes o sustitución, por riesgo común, que se llegasen a causar durante el periodo en el cual el trabajador estuvo desprotegido.

Según lo analizado en precedencia, si el empleador no hubiese afiliado a su trabajador antes del fallecimiento, debería asumir la prestación económica pretendida, sin embargo, el Tribunal encontró acreditado que el codemandado Alberto López Roa afilió al señor César Julio Valencia Bustamante el 15 de mayo de 1996 y, ello no fue objeto de censura, por lo que la discusión no puede centrarse en la falta de afiliación, sino en la mora en los aportes.

Así las cosas, no puede entenderse que la falta de pago de algunos aportes sea equivalente a que el trabajador no estuviere afiliado, pues resulta evidente que, lo que se presentó fue una mora de cara a la cual era obligación de la administradora realizar el cobro respectivo, solo que lo hizo de manera tardía, pero ello no es óbice para no reconocer que en efecto hizo el cobro.

Ahora, respecto a la mora patronal, que echa de menos el recurrente, también debe decirse que en efecto el tribunal encontró acreditado que la entidad accionada requirió al obligado de hacer los aportes al sistema en el año 2001 y, que, además, fue enterada del pago de aportes del mes de junio de 1996, por parte de su empleador en el año 2002, y que apenas, en el 2008 inició el proceso ejecutivo para el cobro de los aportes; premisas que están libres de ataque y por tanto, el fallo goza de la presunción de legalidad y acierto; además, es ilógico que el recurrente diga que el óbito no fue afiliado, pero le hizo un requerimiento y le inició una acción ejecutiva para el cobro de los aportes en mora conforme lo halló acreditado el fallador de segunda instancia.

Finalmente, en lo que tiene que ver con que se desconoció la presunción de la «buena fe en el actuar de los particulares», y que no estaba obligado a lo «imposible», para el cobro de los aportes, debe decirse que para los efectos del recurso y, una vez analizada la sentencia, no aflora de la misma, que el Tribunal hubiera desconocido la buena fe de la entidad o del empleador, sino que, encontró acreditado con la certificación expedida por el contratante y con la comunicación dirigida a Porvenir, que, el causante cumplió con la obligación como «trabajador dependiente que dio lugar a la contribución que dejó de cobrarse por omisión de la entidad de seguridad social».

Así las cosas, en ningún yerro jurídico incurrió el tribunal, pues, así lo ha considerado la jurisprudencia de la Corporación, como por ejemplo en la sentencia CSJ SL2652-2020, en la que se dijo:

Tales reflexiones han sido analizadas por la Corte en repetidas oportunidades en las que ha refrendado la regla jurídica asumida por el Tribunal, en virtud de la cual una interpretación armónica de los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, guiada por los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad, permite concluir que la mora del empleador en el pago del aporte no afecta la validez de las semanas de cotización de un afiliado, si la respectiva entidad de seguridad social no acredita el adelantamiento de las acciones tendientes a gestionar su cobro.

En la sentencia CSJ SL348-2019 la Sala se refirió a los mismos reparos formulados por la censura en los siguientes términos:

En ese sentido, las pautas jurisprudenciales precedentes a las que acude el recurrente han sido justificadamente superadas por la Sala, a partir de premisas tales como que, en el caso de los trabajadores dependientes, la cotización se causa a partir de la prestación efectiva del servicio (CSJ SL, 30 sep. 2008, rad. 33476, CSJ SL5987-2014); que es el fondo de pensiones el que tiene a su alcance medidas legales eficaces para perseguir el pago de las cotizaciones (CSJ SL4932-2014); que el trabajador no puede asumir las consecuencias de conductas omisivas del empleador ajenas a su responsabilidad; y que, en dicha medida, la cotización debe ser validada, por el periodo correspondiente a su causación, así hubiera sido pagada de manera extemporánea (CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 40852, CSJ SL782-2013).

Ahora bien, contrario a lo aducido por la censura, la orientación jurisprudencial construida por la Corte en el tema estudiado encuentra pleno respaldo en las reglas sobre distribución de responsabilidades entre los agentes partícipes del sistema de pensiones; está abrigada por principios de la seguridad social como la eficiencia, la unidad y la integralidad; asegura la protección de las contingencias que afectan a todos los trabajadores, en el sentido amplio del término, a través de un sistema único, articulado y coherente, ajeno a la dispersión de modelos y de responsables del aseguramiento que se tenía con anterioridad; y no afecta las bases de financiación de las prestaciones, fundadas en el recaudo oportuno de los aportes, a cargo de los fondos, y en sistemas especiales de aseguramiento, con aseguradoras contratadas para tales fines.

Cabe advertir, finalmente, que las objeciones de la censura a la orientación defendida por la Sala se apoyan en meros supuestos especulativos, sin respaldo objetivo alguno, pues, entre otras cosas, la evasión en el pago de aportes al sistema es algo que, por mandato legal, corresponde perseguir a los propios fondos de pensiones, además de que las presuntas conductas fraudulentas constituyen supuestos que corresponde analizar en cada caso, pero que no pueden ser enarbolados en abstracto, para afectar los derechos fundamentales de los afiliados.

En lo que tiene que ver con el argumento planteado por la censura, de que el empleador reportó informaciones no coincidentes con el retiro de su trabajador y, por ello debe asumir las consecuencias de su falacia, debe decirse que el Tribunal en ejercicio del principio de formación del libre convencimiento le dio valor a la afiliación no discutida en mayo de 1996, a la certificación laboral expedida por el empleador Alberto López Roa, que da cuenta de un contrato de trabajo entre el 18 de febrero y el 24 de octubre de 1996 y a la primera comunicación dirigida por éste último a Porvenir, en la que reconoció que adeudada los períodos «1996-07 a 1996-10 y novedad de retiro octubre 24 de 1996», documentos con los cuales concluyó que el empleador, como ya se dijo líneas atrás, afilió al trabajador en mayo de 1996 y se encontraba en mora por los períodos del 1 de julio al 24 de octubre de 1996, situación que se insiste, encuadra en las consecuencias de la mora en las cotizaciones y el no cobro oportuno de la AFP, quien por dicha incuria debe asumir el pago de la prestación.

En tal sentido, el reparo jurídico de la censura es infundado.

Costas en esta instancia, a cargo de la recurrente y a favor de las demandantes. Se fijan como agencias en derecho la suma de diez millones seiscientos mil pesos ($10.600.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral promovido por GLORIA ELENA MARTÍNEZ DUQUE y NEYGER ALEJANDRA VALENCIA MARTÍNEZ en contra de ALBERTO LÓPEZ ROA y de la recurrente.

Costas como se indicó.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

ACLARO VOTO

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado Ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n°97784

REFERENCIA: GLORIA ELENA MARTÍNEZ DUQUE y NEYGER ALEJANDRA VALENCIA MARTÍNEZ vs SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., y ALBERTO LÓPEZ ROA.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión, si bien comparto el fallo adoptado, me permito aclarar el voto, en torno a la manera en la que deben operar los deberes especiales del empleador.

En la providencia adoptada se realizan algunas afirmaciones las cuales, desde mi sentir, necesitan una ampliación en sus argumentos los que, en últimas, permitirán delimitar la forma en que debe materializarse el rol y responsabilidad de los aportantes y las administradoras del sistema pensional, así como, la convalidación de aportes para asumir los riesgos de invalidez, vejez y muerte de un afiliado; concepción no poco relevante para el ámbito laboral.

Operatividad del Sistema

Dentro del sistema general de pensiones, existen reglas relativas a su operación, que incluyen procedimientos desde la afiliación, traslado, pago de aportes, su forma de recuperación y la imputación de los aportes pensionales; así como, el deber de reportes de información y novedades por los diferentes participes del sistema; normas que resultan pertinentes para entender su cobertura, operatividad y las diferentes responsabilidades de sus actores.

Siendo un procedimiento reglado, en tratándose del aporte pensional, debemos indicar que está definido bajo un esquema de autoliquidación, esto es, que el directo responsable efectúa la liquidación de lo que considera deber, conforme a ello declara y hace el respectivo pago; para estos efectos desde el año 2007, para darle mayor agilidad y organización al sistema integral de seguridad social, se crea la planilla integrada de liquidación de aportes P.I.L.A., con el fin de hacer el recaudo unificado de los aportes a la seguridad social integral.

Bajo este modelo existen unos actores que son los canalizadores o centralizadores de este procedimiento denominados Operadores de Información y, a través de sus portales web el aportante ingresa, realiza su autoliquidación de aportes y paga del valor correspondiente; de su lado el operador es el encargado de dispersar el recaudo recibido a la administradora en la cual se encuentra afiliado un trabajador, aun cuando se reporte de manera errada la entidad previsional en que se encuentra vinculado.

De esta manera, palmario se exhibe que, la administradora de Fondos de Pensiones no controla ni puede bloquear o impedir el pago de cotizaciones en favor de uno de sus afiliados, pues causado el aporte este pertenece al trabajador por lo que, mal podría rehusarse a la recepción de un pago tardío, inclusive aun si se ha reconocido una prestación o ha ocurrido un hecho siniestral.

Así las cosas, resulta relevante identificar los roles de los actores en el sistema y cuál es el efecto de los pagos tardíos de la obligación de aportar.

2. Responsabilidad de la administradora del sistema pensional en el aporte de sus afiliados

La administradora del sistema pensional, si bien tiene una obligación de medio, lo cierto es que el estándar de su deber de diligencia es superlativo, de manera que responde hasta por culpa leve y, dado que es su obligación frente a la mora del aporte es adelantar las acciones de cobro al aportante, su inacción genera su responsabilidad; es así como, a no dudarlo, la entidad de seguridad social responde por la prestación de su afiliado cuando no ha adelantado dicho actuar, sin perjuicio, claro está, que pueda repetir contra el aportante por los efectos generados por el incumplimiento de su deber y, no le es dable excusarse en la conducta omisiva del obligado en efectuar la cotización; repárese en que la asunción en cabeza de la entidad emerge por su gestión.

Por ende, la administradora solo verá liberada su culpa, en un actuar diligente, lo que se traduce en que, conforme a la ley y regulación especial, adelantó las gestiones pertinentes en los plazos que se le han concedido para compelir al aportante incumplido y es acá en donde podrá generarse la asunción de la consecuencia derivada en el sistema al empleador.

3. Deberes especiales del empleador ante el incumplimiento del aporte

La entidad administradora de pensiones, se encuentra frente a la prestación de un servicio público esencial, como es el de la seguridad social, razón por la que, aun cuando su obligación sea de medio, el marco normativo y regulatorio exige un deber de diligencia y cuidado cuya responsabilidad se causa hasta por culpa leve; así las cosas, su estándar de cumplimiento, si bien puede ser, como se indicó de medio, la finalidad del servicio implica la administración diligente que concrete que se cumpla la finalidad del sistema.

De allí que, ante la falta del administrador de adelantar las acciones de cobro pertinentes para recuperar los aportes del aportante incumplido, se genera en cabeza de la entidad de seguridad social, la asunción de la prestación correspondiente en el sistema.

Ahora bien, la falta de diligencia por parte de una administradora, que genere como consecuencia de su inacción el reconocimiento de una prestación del sistema, en nada libera al empleador de los efectos de su incumplimiento y, en esa medida, la administradora queda habilitada para repetir en contra del mismo por los costos que haya demandado la recuperación de recursos; e inclusive, en el evento en que el trabajador se vea privado del pago de alguna prestación dentro del sistema integral de seguridad social concurrir a su pago como en la actualidad se contempla con el artículo 39 del Decreto 1406 de 1999 que señala:

Artículo 39. Deberes especiales del empleador. Las consecuencias derivadas de la no presentación de las declaraciones de autoliquidación de aportes o de errores u omisiones en ésta, que afecten el cubrimiento y operatividad del Sistema de Seguridad Integral o la prestación de los servicios que él contempla con respecto a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del aportante.

En todo caso el empleador que tenga el carácter de aportante, deberá tener a disposición del trabajador que así lo solicite la copia de la declaración de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en que conste el respectivo pago, o el comprobante de pago respectivo en caso que este último se haya efectuado en forma separada a la declaración respectiva.

Igualmente, y de conformidad con las normas establecidas en el Código de Comercio sobre conservación de documentos, el aportante deberá conservar copia del archivo magnético contentivo de las autoliquidaciones de aportes presentadas.

No es menor resaltar que, la afiliación conlleva la correlativa obligación de efectuar el aporte, que para trabajadores dependientes está en cabeza del empleador, quien responde por el 100% del aporte bajo las voces del artículo 22 de la Ley 100 de 1993, le sea descontado o no en el porcentaje que corresponde a su trabajador; por eso no puede escindirse el deber de aporte de la afiliación y, por ende, hasta tanto no se efectúa el respectivo pago de la cotización respectiva, el aportante mantiene el riesgo de cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y muerte de sus colaboradores.

Es de tal magnitud la importancia del aporte que el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, relativo a la sanción moratoria por el pago extemporáneo del mismo, estatuye como causal de mala conducta para los funcionarios de entidades de naturaleza pública que, sin justa casusa, no dispongan la consignación oportuna de los aportes, y determina la obligación de las tales entidades de incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisitos para la presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente.

Así las cosas, aunque exista responsabilidad en la entidad previsional por incumplir el estándar de actuación exigido —falta leve— al cumplir sus deberes, esto no libera ni remplaza el deber del empleador de honrar el aporte y asumir las consecuencias de su incumplimiento en la operatividad del sistema.

4. Convalidación de aportes pagados con posterioridad a la fecha de acaecido un siniestro

La finalidad primordial del sistema pensional es que sus afiliados logren acceder a una pensión de vejez, no obstante, esto puede verse truncado como consecuencia de la ocurrencia de la muerte o, una situación de invalidez, es por ello que el legislador colombiano desde 1946 diseñó el modelo pensional con la mirada en la teoría financiera, económica y jurídica de la institución del seguro con las evidentes particularidades del sistema de seguridad social, lo que de hecho supone varios supuestos, como que: i) el siniestro no haya sido provocado intencionalmente; ii) el riesgo asegurado sea futuro e incierto, y iii) el pago de la prima del seguro se efectúe dentro de los plazos estipulados y, se insiste, modelo que fue acogido por la Ley 100 de 1993, el cual se encuentra vigente.

Así las cosas, la exigencia de tener cotizadas al sistema 50 semanas antes de la fecha de ocurrencia del siniestro tiene que ver con la eliminación de los incentivos a un abuso del derecho e, inclusive del traslado del respectivo riesgo por parte del aportante. En ese contexto, el mínimo de semanas establecidos en la ley se funda en que, por lo general, una persona no tiene manera de saber que el riesgo se va a materializar.

Es un riesgo asegurable, por lo que, si bien es cierta la afirmación de que los pagos extemporáneos resultan válidos, esto es, en todos los casos del riesgo de vejez, pero tratándose de invalidez y muerte la validez del mismo está supeditado a que no se haya producido el hecho siniestral, puesto que si ya ocurrió el siniestro mal puede aceptarse el pago de una prima tardía.

De esta manera el aportante que no cumple con el pago de la cotización no traslada la cobertura del riesgo y, por ende, queda obligado con el sistema a cubrir las consecuencias derivadas de su omisión.

Conforme lo expuesto se comparte plenamente la línea de responsabilidad de la administradora en ejercer acciones de cobro y que su inacción, es decir, su falta de diligencia y cuidado en tal gestión, concreta en su cabeza el responder por su negligencia; por lo que se comparte la decisión ello al no estar en discusión la existencia de afiliación y, por ende, la carga de adelantar las acciones pertinentes en tiempo; no obstante dos cosas hay que resaltar, conforme lo expuesto 1) la culpa leve del administrador pensional no libera al aportante ya que este responde por las consecuencias de su retardo en la declaración o autoliquidación y pago, ii) la convalidación del aporte cuando el pago es posterior a que haya ocurrido el siniestro, pues el aporte causado pertenece al trabajador y no es dable a la administradora rechazarlo aun después de ocurrido el siniestro; por ende, el empleador moroso que sale a ponerse al día en su obligación acaecido un siniestro no encuentra liberado su deber de concurrencia de cubrir las consecuencias dentro del sistema porque, simplemente, no trasladó a la seguridad el riego por la omisión del aporte.

De allí las razones de mi aclaración de voto.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL3170-2023 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.