Ficha de la providencia
Sentencia SL3174-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3174-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3174-2021
Magistrado ponente: Gerardo Botero Zuluaga
7 de julio de 2021
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado ponente
SL3174-2021
Radicación n.° 74615
Acta n° 25
Bogotá, D. C., siete (07) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ÓSCAR JULIÁN VÁSQUEZ GIRALDO, contra la sentencia proferida por la Sala Primera Dual de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veintiuno (21) de septiembre de dos mil quince (2015), en el proceso que instauró el recurrente contra la NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y el BANCO DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A.
AUTO
Téngase a la doctora SANDRA MÓNICA ACOSTA GARCÍA con T.P No.66.333 del CSJ como apoderada del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO en los términos y para los efectos de la Resolución n.° 4153 del 18 de noviembre de 2015, suscrita por el ministro de ese ramo.
ANTECEDENTES
Oscar Julián Vásquez Giraldo llamó a juicio a la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Banco de Colombia-Bancolombia S.A., con el fin de que se declarara que tiene derecho a que su bono pensional sea liquidado con un salario base de $1.303.800; que se le reconozca la diferencia existente entre el valor con el que se le liquidó ($683.760) y la cuantía antes indicada, por haber devengado el 30 de junio de 1992, un salario de $1.750.000, debidamente actualizada y capitalizada con la tasa de interés equivalente al DTF pensional; que si se establece que es la Nación quien debe asumir el reajuste pretendido, sea condenada a emitir a su favor un bono pensional complementario; que si se determina que es Bancolombia S.A., el responsable de la reliquidación solicitada, se le ordene pagarla mediante una consignación a su cuenta de ahorro pensional en el Fondo de pensiones Obligatorias Protección S.A.; además que, se les imponga la cancelación de las costas procesales.
Fundamentó sus peticiones básicamente, en que trabajo desde el 1º de enero de 1988 hasta el 29 de julio de 1995, al servicio del Banco Industrial Colombiano hoy Bancolombia S.A, quien efectuó las respectivas cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social en el entonces Instituto de Seguros Sociales; que el 30 de julio de 1995, se trasladó de régimen pensional vinculándose a Protección S.A.; que dicho cambio le generó el derecho a un bono pensional «tipo A, modalidad 2, cuya emisión correspondió a la oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público», quien lo liquidó teniendo en cuenta 1153 semanas y un salario base de $683.760, a pesar de que debió haber tenido en cuenta el «tope máximo» de $1.303.800, «que es el que le correspondía por haberse trasladado al régimen de ahorro individual antes del 14 de julio de 2005 y haber devengado en junio 30 de 1992 un salario de $1.750.000, conforme al certificado expedido el 25 de noviembre de 2010 por Bancolombia S.A».
Agregó que, la oficina de bonos pensionales, mediante Resolución No.6327 del 21 de julio de 2009, «emitió el cupón principal a cargo de la Nación y el cupón a cargo del ISS, por un valor total de $453.838 al 16 de julio de 2009», y que, en el referido acto administrativo se afirmó, que el bono pensional había sido liquidado con «el salario devengado y reportado con base en normas vigentes al 30 de junio de 1992, como lo establece el artículo 1 del Decreto 3366 de 2007 (…).
Acotó que, solicitó la reliquidación del bono pensional, lo que fue rechazado mediante oficio 2-2011-001987 del 25 de enero de 2011, en el que se le indicó, que «el bono pensional no fue liquidado con el salario certificado por BANCOLOMBIA (…), porque no coincide con el que esta entidad le reportó al [ISS] en junio 30 de 1992, por $683.760, a través de la Relación Mensual Completa de Personal del Sistema Pila».
Adujo que, otros funcionarios en igual condición elevaron solicitud ante Bancolombia S.A., quien contestó que «es el Ministerio quien debe liquidar el bono con base en el salario devengado aunque el reportado al ISS no coincida con éste»; que el 11 de junio de 2008, la entidad bancaria le informó que « En el caso del antiguo BIC y otras empresas afectada (las que reportaban en el sistema ALA sólo el salario sobre el que se cotizaba al ISS) éstas han emitido certificaciones complementaritas sobre el salario devengado (cuando éste era superior al salario sobre el cual se cotizaba al ISS), las cuales últimamente no han sido aceptadas por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, dependencia encargada de la emisión de los bonos».
Alega que, es indiscutible el derecho que tiene a que su bono sea reliquidado tomando como salario base $1.303.800, por haber devengado a junio 30 de 1992, una remuneración de $1'750.000, con sujeción a lo previsto en el inciso primero del artículo 1° del Decreto 3366 de 2007, toda vez que su traslado del régimen de prima media al de ahorro individual, se produjo antes del 14 de julio de 2005.
Expresa que, el valor por el que se reconoció el bono, disminuyó notoriamente el monto de su mesada pensional, pues «el valor total del bono pensional a la fecha de corte (agosto 1° de 1995) fue de $77'004.672, con un salario base de $683.760, cuando ha debido ser de $146.711.000, con un salario base de $1'303.800, representando una diferencia a esa fecha de $69.707.000, que actualizada y capitalizada a fecha de emisión del bono (julio 16 de 2009) con el DTF Pensional (IPC más 4 puntos anuales porcentuales) $409.256.000, según cálculos efectuados por PROTECCIÓN utilizando el programa liquidador de bonos pensionales».
Finalmente indicó, que Protección S.A., le reconoció la pensión de vejez a partir de julio 7 de 2009, la que fue financiada «en su mayor parte con el valor negociado del bono pensional que el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO le emitió y expidió» (fls.2-14).
Al dar respuesta a la demanda, la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, reconoció los relativos al traslado de régimen pensional efectuado por el demandante, el derecho que dicha situación generó a que la entidad emitiera un bono pensional tipo A, modalidad 2; la expedición de la Resolución N.6327 de 2009, su contenido; la respuesta negativa dada al promotor del proceso de adelantar un reajuste al bono emitido y las razones expuestas para ello; frente a los demás supuestas fácticos en que se soportaron las solicitudes del actor, dijo no aceptarlos y que por tanto debían probarse.
En su defensa, propuso como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación a cargo de la entidad; inexistencia del vínculo laboral con el demandante y, falta de legitimación en la causa por pasiva (fls.78-84).
Por su parte Bancolombia S.A., se opuso a todo lo pretendido por el demandante; frente a los hechos, aceptó la existencia del contrato de trabajo, su periodo de duración, el traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual, la forma en que se liquidó y emitió el bono pensional que suscitó la controversia, la discusión que existía sobre la forma como se liquida el bono. Advirtió que, el cálculo para obtener el valor del bono pensional, se realizó conforme a la normatividad vigente, la que establecía que equivalía al salario base de cotización al 30 de junio de 1992; que para esa data el demandante devengaba un salario de $1.750.000, con aportes al Sistema de Seguridad Social en la categoría 51; que el salario para liquidar prestaciones sociales al finalizar la relación contractual, era diferente al «ordinario devengado»; frente a los demás supuestos fácticos, los negó o dijo que no se trataban de tales. En su defensa, propuso las excepciones de pago, ausencia de derecho sustantivo, prescripción y buena fe (fls.108-119).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado (16) dieciséis Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del treinta y uno (31) de agosto de dos mil doce (2012), absolvió a las demandadas de todo lo pretendido en su contra e impuso las costas de esa instancia al accionante (fls. 223-233).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Primera Dual de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del veintiuno (21) septiembre de dos mil quince (2015), confirmó la sentencia dictada en primera instancia (Fls.270-293).
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como problema jurídico «si el bono pensional tipo A, liquidado a favor del demandante por la OBP del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, amerita ser reliquidado por haberse realizado con un salario base inferior al realmente devengado por el trabajador en su momento».
Al efecto precisó, que no era objeto de controversia que el demandante laboró para la entidad bancaria accionada entre el 1° de enero de 1988 y el 29 de julio de 1995 (fls. 29 a 33); que el 30 de julio de 1995, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, vinculándose a Protección S.A. (folio 22); que para el 30 de junio de 1992, percibía un salario de $1.750.000.00 y que el reportado al ISS, como ingreso base de cotización fue de $683.760,00 (fl. 27).
Recordó, que el problema jurídico antes establecido, había sido resuelto en multiplicidad de casos por esta Corporación y por la Corte Constitucional, a través de la acciones pública de inconstitucionalidad y de tutela; memoró que esta Sala había sostenido reiteradamente que si «el traslado del asegurado entre regímenes se dio entre la entrada en vigencia del art. 5° del D.1299/1994 (22 de julio) y la declaratoria de inexequibilidad del mismo en sentencia C-734 del 14 de julio de 2005, no aplica dicha disposición legal para efectos de la liquidación del bono pensional en razón a que la normativa que regulaba las pensiones de vejez en el ISS tenían establecido un salario máximo asegurable, sin que la administradora pudiera recibir cotizaciones por encima de ese tope».
Indicó que, la referida línea de pensamiento había sido acogida por esa Sala de Decisión, de manera que bastaba con recordar lo sentado en las providencias CSJ SL10945-2014, la que trascribe extensamente y en la CSJ SL1639-2014, de las que advirtió se concluía que en el presente asunto «la liquidación del bono pensional del actor se ajustó a las normas regulatorias de la materia, sin que se advierta que por la omisión del empleador de reportar al ISS el salario realmente devengado por él, se le haya perjudicado en sus derechos pensionales».
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente, que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y, en su lugar, se acceda a lo pretendido en el escrito genitor.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica y que la Sala estudiara a continuación en forma conjunta, dado que se soportan en igual elenco normativo, exponen similares argumentos por no decir idénticos y buscan un mismo objetivo.
CARGO PRIMERO
Acusa a la sentencia del Tribunal, de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de:
[…] los artículos 70, 72 y 76 del Acuerdo 44 de 1989 (Aprobado por Decreto 3063 de1989; 4 del Decreto 2610 de 1989 (Acuerdo 048 de 1989); 1, 11, 12, 75 del Decreto 2665 de 1988, en armonía con el 5° del Decreto 1299 de 1994; 1, 11, 21, 74, 117 de la Ley 100 de 1993; 1 y 2 del Decreto 3666 de 2007; 72 y 76 del Acuerdo 44 de 1989, Aprobado por Decreto 3063 de 1989; 1, 11, 12, 75 del Decreto 2665 de 1988 20 21 22. 23, 24 de la Ley100 de 1993, artículos 8 del decreto 1642 de 1995; 12, 22, 24, 39 del Decreto 1406 de 1999, 2 del Decreto 2633 de 1994 y aplicación indebida del 15 numeral 1° inciso 6° del Decreto 1474 de 1997; 45 de la Ley 270 de 1996. Artículos 48, 53 y 58 de la Constitución Nacional.
Para desarrollar el cargo recordó, que el Tribunal con sustento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala, determinó que al demandante no le asistía el derecho a la reliquidación pretendida «porque excedía la categoría máxima asegurable en los reglamentos del ISS y porque el empleador había cumplido su obligación como se la imponía la norma en ese momento».
Acota que, bajo esa premisa es posible inferir que el Tribunal consideró que no existía un sustento jurídico que permitiera dar prosperidad a lo pretendido en la demanda, ya que determinó que no resultaba aplicable el literal a) del artículo 5° del Decreto 1299 de 1994, pues a pesar de haber sido declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-734 de 2005, las normas del ISS, no permitían una cotización superior a la categoría 51.
Refiere que no es objeto de discusión, que la Corte Constitucional no le dio efecto retroactivo a la sentencia C-734 de 2005, mediante la que se declaró inexequible el artículo 5 del Decreto 1299 de 1994, de manera que se podía colegir que dicha normativa estuvo vigente desde la fecha de su expedición (22 de junio de 1994) hasta el 14 de julio de 2005, data de la referida providencia.
Alega que, el alcance fijado por el Tribunal a las normas enlistadas en la proposición jurídica, en el sentido de que no se permitía una cotización superior a la establecida a la categoría 51 y que, por tanto, un reporte inexacto del salario devengado por el trabajador a junio 30 de 1992, era intrascendente para efectos de la reliquidación pretendida es equivocado, puesto que:
el articulo 4° del Decreto 2610 de 1989, mediante el cual se aprobó el Acuerdo 048 de octubre 19 de 1989, expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, estableció que: "El valor del Salario Mensual de Base máximo asegurable será el equivalente a veintiún (21) veces el salario mínimo legal mensual decretado por el Gobierno Nacional en cada año o periodo...", lo que significa que los empleadores que cotizaban al ISS, según los salarios devengados, aseguraban a sus trabajadores hasta por un valor equivalente a 21 salarios mínimos ($1'148.875 en 1992), de allí que el argumento jurídico esbozado por el juez de apelaciones respecto del entendimiento de cuál es el salario base para liquidar los bonos, sea equivocado, dado que de la norma trascrita se infiere, que aunque había un tope en las categorías como máximos asegurable, en otra norma de ese mismo Decreto se amplió ese quantum a ese respecto y hasta la cifra que se acaba de referir.
Agrega además que, el juez de segundó grado fijó un alcance equivocado al referido Decreto, pues si bien su artículo 3º establece la regla de las categorías, en el siguiente se determinó una base máxima asegurable de 21 salarios mínimos legales, pero que además, su artículo 76 disponía que: «Los patronos están obligados a informar el instituto, tanto la inscripción de sus trabajadores como las relaciones mensuales de novedades, los salarios reales devengados por estos, aún cuando dichos salarios sobrepasen el límite superior de la máxima categoría señalada por el ISS»; acota entones que, era obligación de los empleados reportar el salario real devengado aunque el mismo fuera superior al máximo asegurable en las categorías del ISS, que correspondía a la 51, equivalente a un salario mensual de $665.070.
En ese mismo sentido refiere, que los artículos 64 y 72 del Decreto 3063 de 1989, establecían que en caso de que el empleador no hiciera el reporte de una novedad de manera veraz y oportuna «inclusive la relativa a un salario superior al que exigía la categoría máxima asegurable- pero que sea devengado por el trabajador- siendo indispensable para el otorgamiento de la prestación, además de la sanción que debe asumir por esa conducta y consignada en el mismo estatuto, debe sufrir, igualmente, el rigor de pagar la diferencia del monto de la prestación que fue cuantificada deficitariamente, que en este caso es el bono pensional, que tuvo una liquidación deficitaria».
Señala que, no se podía afirmar que el reporte del salario real era intrascendente «porque no se había de reconocer por el ISS una pensión superior, toda vez que en estos casos el obligado a reconocer ese reajuste del bono pensional sería la OBP del Minhacienda, pero como quien incurrió en la conducta del subreporte fue el empleador, lo más sensato es que deba responder de esa conducta».
Por lo anterior considera, que sí existía una fuente jurídica para otorgar el reajuste pretendido, pues insiste en que el Decreto 2610 de 1989, estableció una cuantía máxima asegurable, pero que también imponía la obligación a los empleadores de reportar el salario real que devengan los trabajadores. Explica que, «en ese momento (1989 o 1992 para dejar la fecha base del cálculo de los bonos) no se viera la utilidad de esa medida, no obstante ahora si se ve, pues era clara la necesidad de fijar una fecha base anterior para efectos de evitarle fraudes al sistema incrementando el salario para que el bono pensional resultara robustecido».
Insiste, en la existencia de un soporte jurídico que les imponía a los empleadores la obligación de reajustar el bono pensional cuando aquellos incurrían en alguna de las omisiones descritas en las normas antes aludidas. Señala que, además el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3366 del año 2007, por medio del cual se reglamentó el articulo 117 de la Ley 100 de 1993, el que transcribe para argüir que, contrario a lo determinado por el Tribunal lo que se buscaba era «hacer justicia con aquellas personas que tenían un salario devengado superior al reportado y que había servido de base para el cálculo del bono pensional».
Anota que, si bien antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el hecho de reportar un salario inferior al devengado podía ser intrascendente, debido a que las prestaciones del sistema de seguridad social solo se calculaban con base a la categoría máxima asegurable, luego de la expedición de la referida Ley, tal situación cobró relevancia, pues es lo que le permite al afiliado obtener una pensión en las condiciones que legalmente le corresponde.
Expresa que, incluso con anterioridad a la expedición del Decreto 3366 de 2007, el Ministerio de Hacienda había radicado en el Congreso «el proyecto de Ley 200 de 2005, "Por medio del cual se establece el salario base de liquidación de los Bonos Pensiónales Tipo "A" de personas que cotizaban a fecha base", que tenía como propósito fundamental, según su exposición de motivos, evitar la disminución del valor de los bonos pensiónales de quienes devengaban en junio 30 de 1992 un salario superior a la base de cotización, a raíz de la declaratoria de inexequibilidad del literal a) del artículo 5 del Decreto 1299/94 […], estableciendo que todos los bonos pensiónales sean calculados a partir del mismo salario base».
Aduce que, alguna de las entidades demandadas al proceso debe responder por el menor valor que tuvo el bono pensional del demandante; que actualmente esa carga ha sido impuesta al Ministerio de Hacienda, en virtud de lo dispuesto por los Decretos1299 de 1994 y el 3666 de 2007, además por el artículo 117 de la Ley 100 de 1993; trascribe ampliamente la ponencia del primer debate del proyecto de Ley 200 de 2005, para afirmar que existía una diferencia entre:
el salario que debía reportar el empleador (aunque fuere uno superior a la máxima categoría, porque no tenía trascendencia en ese momento para la seguridad social) y otro el que alude el citado Decreto, que siempre refiere a DEVENGADO, aunque fuere superior al de la categoría 51, porque, se insiste, era intrascendente para los empleadores e inclusive para el ISS un reporte de salario diferente ya que las prestaciones económicas del Ente Gestor de Seguridad Social se reconocían con el salario asegurado en la máxima categoría y no con el realmente devengado por el trabajador a ese momento.
Recalca nuevamente, que el Tribunal se equivocó al considerar que no existía un sustento legal que obligara a Bancolombia S.A., a pagar la diferencia del bono pensional, puesto que de las normas enunciadas en el desarrollo del cargo, es posible inferir claramente una «responsabilidad por esas conductas omisivas, entre ellas la de no reportar el salario real del trabajador», cuya consecuencia es «asumir la prestación en las condiciones en que le hubiere correspondido al trabajador perjudicado con la conducta, en este caso, el ajuste del bono pensional», lo que tiene como sustento legal el artículo 76 del Acuerdo 044 de 1989, aprobado por el Decreto 3083 de la misma anualidad.
Esgrime, que el Acto Legislativo 01 de 2005 y la procura de la sostenibilidad fiscal y financiera del sistema, no pueden ser aplicados al caso bajo análisis, puesto que se trata de una norma posterior a las que crearon y rigen el tema de los bonos pensionales, tesis que soporta en la sentencia CSJ SL 9 agt.2006, rad. 27198, con sustento en la cual además arguye que estando probado que:
el demandante se trasladó para el régimen de ahorro individual el 30 de julio de 1995, que devengaba un salario de $1.750.000 a junio 30 de 1992, que por esta razón la Oficina de Bonos Pensionales no le liquidó el bono tomando como salario base el devengado; además que la Corte Constitucional no le dio efectos retroactivos a la sentencia C-734 de 2005 […], y que, además, en virtud del Decreto 3366 de 2007 las personas trasladadas al régimen de ahorro individual antes del 14 de julio de 2005 conservan el derecho a que sus bonos sean liquidados tomando como base el salario devengado, considero que fuerza concluir, como lo hizo el Juez a quo, que el demandante tiene derecho a que su bono pensional sea liquidado tomando como salario base $1.303.800, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 5° del Decreto 1299 de 1994 y que Bancolombia es quien debe asumir la diferencia en el bono pensional por no haber efectuado el reporte exacto de salario devengado por el actor […].
RÉPLICA- BANCOLOMBIA S.A
Indica que el recurrente se equivoca al plantear respecto de las mismas normas anunciadas en la proposición jurídica dos modalidades de vulneración de la ley que son excluyentes, como lo son la interpretación errónea y la infracción directa.
Afirma que, el Tribunal fundamentó su decisión en la interpretación y la aplicación de las normas que regulan el tema objeto de controversia en su sentido lógico y literal; que el recurrente desconoció el artículo 91 del CPTSS, que ordena que el planteamiento de la demanda debe ser sucintó, sin que puede constituirse en un alegato de instancia; que además en los ataques propuestos se incluyeron normas constitucionales para integrar la proposición jurídica lo que resulta errado al no constituir normas sustanciales de aplicación.
Acota que, el Tribunal además fundamentó su decisión en la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, donde de manera reiterada ha sostenido que:
[…] en eventos como éste, en el que el traslado del asegurado entre regímenes se dio entre la entrada en vigencia del artículo 5° del D. 1299/1994 (22 de julio) y la declaratoria de inexequibilidad del mismo en sentencia C-734 del 14 de julio de 2005, no aplica dicha disposición legal para efectos de la liquidación del bono pensional en razón a que la normativa que regulaba las pensiones de vejez en el ISS tenía establecido un salario máximo asegurable, sin que la administradora pudiera recibir cotizaciones por encima de ese tope.
Precedente jurisprudencial que lo cataloga de doctrina probable a la luz del artículo 10 de la Ley 153 de 1886, modificado por el artículo 4° de la Ley 169 de 1989, en concordancia con el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, lo que constituye el «pilar fundamental del principio de la seguridad e igualdad jurídica consagrada en el artículo 13 de la CN», tesis que soporta en la sentencia de la Corte Constitucional C-836 de 2001.
Expresa, que en el presente asunto no resulta procedente aplicar el artículo 5° del Decreto 1299 de 1994, porque «para el 1° de abril de 1994, ya existía una situación jurídica definida y consolidada para Bancolombia S.A., en relación con la subrogación de la situación pensional de Oscar Julián Vásquez Giraldo, la cual no podía ser alterada por el decreto citado, para modificar los ingresos base de cotización al 30 de junio de 1992 y hacerles producir unos efectos diferentes a los que regían para dicha fecha», lo que conduciría a la aplicación retroactiva de una sanción, y por tanto a la transgresión de los artículos 16 del Código Sustantivo del Trabajo y 52 del Código del Régimen Político y Municipal.
Con sustento en lo anterior, explica que para la data en que se expidió la Ley 100 de 1993, para Bancolombia S.A., ya «se había producido de pleno […], la subrogación plena en las obligaciones pensiónales frente al demandante […] pues, la omisión de la obligación consagrada en el artículo 76 del Decreto 3063 de 1989 (Acuerdo 044 de 1989), era una conducta solamente sancionable por el Instituto de Seguros Sociales (ISS) con la sanción pecuniaria a favor de dicha entidad, sin incidencia en las prestaciones económicas que dicho Instituto tuviese que concederle al gestor del proceso, punición que prescriben tres (3) años de acuerdo con el mandato del artículo 65 del Decreto 2665 de 1988».
Acota que la Ley 100 de 1993, no modificó la situación antes descrita, puesto que su artículo 117, al establecer la cuantía del bono pensional, determinó que una de las variables para su cálculo era «la base de cotización del afiliado al 30 de junio de 1992» la que equivalía al «salario o ingreso que correspondía a la Tabla de Categorías, que para el caso sub judice y de conformidad con el Decreto 2610 de 1989, que aprobó el Acuerdo 014 del mismo año, dictado por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, lo era el asignado a la categoría 51, que se aplicaba para salarios mensuales de $ 665.070,00 con el que se liquidaban todas las prestaciones económica que debía reconocerle el Instituto de Seguros Social».
Indica que, los precedentes jurisprudenciales a los que hace referencia el recurrente «radicación 27198, 20251 y 25165», no son aplicables al caso objeto de estudio por tratarse de un problema jurídico diferente, en la medida que allí se analizó «la conducta de un empleador que realizó aportes deficitarios dentro del rango de categorías establecidas por el Instituto de Seguros Sociales», mientras que aquí lo que se estudia, es el hecho de «un trabajador que para el 30 de junio de 1992 devengaba un máximo asegurable, correspondiente a la salario superior al categoría 51, fijada por el Decreto 2610 de 1989, con el cual se omitió la obligación de indicar el salario realmente devengado, acción que no implicaba ninguna consecuencia adversa en ese tiempo para el otorgamiento por parte del Instituto de Seguros Sociales».
Termina señalando entonces, que al demostrarse que el actuar del Tribunal se ajustó al criterio reiterado de esta Sala de la Corte, no puede afirmarse que la actuación de dicho juzgador llevó a la interpretación errónea o a la infracción directa de las normas enlistadas en la proposición jurídica.
RÉPLICA- LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Afirma, que el hecho de haber integrado la proposición jurídica del cargo con normas constitucionales, compromete su prosperidad, y que si dicha falencia técnica se pasará por alto, la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió, redimió y pagó el bono pensional del demandante, de conformidad con el artículo 117 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo reglamentado por el artículo 28 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 8 del Decreto 1474 de 1997 y el artículo 1 del Decreto 3366 de 2007, validando el salario base devengado y reportado al Instituto de Seguros Sociales a junio 30 de 1992, por su empleador, BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO BIC hoy BANCOLOMBIA S.A, motivo por el cual la entidad no es la llamada a responder por el reajuste pretendido por el demandante, pues en caso de que se determine que existió una cotización deficitaria por parte del empleador, debe ser este el obligado a cubrir la respectiva diferencia, por no haber cumplido con la obligación de reportar al ISS, el salario realmente devengado a junio 30 de 1992.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia dictada por el Tribunal, de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de infracción directa de:
los artículos 64, 70 y 72 del Acuerdo 44 de 1989 (Aprobado por Decreto 3083 de 1989), 4° del Decreto 2610 de 1989, mediante el cual se aprobó el Acuerdo 048 de octubre 19 de 1989, 1, 11, 12, 75 del Decreto 2665 de 1988, 20, 21, 22, 23, 24 de la Ley 100 de 1993 e infracción directa de los artículos 8 del Decreto 1642 de 1995, 12, 22, 24, 39 del Decreto 1406 de 1999, 2 del Decreto 2633 de 1994, 15 numeral 1° inciso 6° del Decreto 1474 de 1997; a consecuencia de lo cual se infringieron también directamente los artículos 12, 21, 22 del Acuerdo 049 de 1990 (Aprobado por Decreto 0758 de 1990), 36, 5, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993. Artículos 48, 53 y 58 de la Constitución Nacional.
Para desarrollar el cargo, refiere que el juez de segundo grado, consideró que no existía fundamento jurídico para acceder a lo pretendido por el demandante, ya que determinó que no resultaba aplicable al asunto controvertido el literal a) del artículo 5° del Decreto 1299 de 1994, pues a pesar de haber sido declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-734 de 2005, las normas del seguro no permitían una cotización superior a la categoría 51.
Al efecto señala, al igual que en el primer cargo, que el artículo 4° del Decreto 2610 de 1989, mediante el cual se aprobó el Acuerdo 048 de octubre 19 de 1989, estableció que: «El valor del Salario Mensual de Base máximo asegurable será el equivalente a veintiún (21) veces el salario mínimo legal mensual decretado por el Gobierno Nacional en cada año o periodo», lo que a su juicio implicaba que los empleadores cotizaran al ISS, «según los salarios devengados, aseguraban a sus trabajadores hasta por un valor equivalente a 21 salarios mínimos ($1.148.875 en 1992)»; que dentro de las novedades que debía reportar el empleador estaba la consignada en el artículo 76 del referido Decreto, que disponía «Los patronos están obligados a informar el instituto, tanto la inscripción de sus trabajadores como las relaciones mensuales de novedades, los salarios reales devengados por estos, aún cuando dichos salarios sobrepasen el límite superior de la máxima categoría señalada por el ISS»
Con sustento en lo anterior explica, que «en todos los eventos de novedades por cambio de salarios, los empleadores estaban en la obligación a reportar el salario real, aunque ese salario estuviere por encima del máximo asegurable en las categorías del ISS, que en sus reglamentos, para esa época, era la categoría 51 equivalente a un salario de $665.070».
Recuerda lo dispuesto por los artículos 64 y 72 del Decreto 3063 de 1989, para aducir que «si el empleador no hizo el respectivo reporte de manera veraz y oportuna, siendo indispensable para el otorgamiento de la prestación, además de la sanción que debe asumir por esa conducta y que se encuentra consignada en el mismo estatuto, debe sufrir, igualmente, el rigor de pagar la diferencia del monto del bono pensional».
Expresa que, el Tribunal se equivocó al considerar que no existía fuente legal que obligara a Bancolombia S.A., a pagar el reajuste pretendido, pues las normas antes referidas, constituyen ese fundamento normativo, ya que no solo imponen el deber de reportar el salario real del trabajador, sino las consecuencias por esas conductas omisivas.
Acota que el Tribunal infringió directamente, no solo las normas enlistadas en la proposición jurídica, sino también «las sentencias de Constitucionalidad», que no identifica, en especial el artículo 5 del Decreto 1299 de 1994 y el Decreto 3666 de 2007, ello por cuanto:
[…] es a la Corte Constitucional a quien corresponde, con efectos erga omnes, decidir la Constitucionalidad o no de una norma en su misión de guardiana de la Constitución y esa decisión debe ser acatada por todos los operadores judiciales, y de otro, el Decreto 3666 de 2007, aún en vigor, no hace otra cosa que dar vida jurídica a la pretensión del actor, en el sentido que su salario base para la liquidación del bono es la que allí se refiere.
Trae a colación el mismo argumento que expuso en el primer cargo, sobre la inaplicabilidad al caso bajo estudio del Acto Legislativo 1 de 2005 y del principio de sostenibilidad fiscal y financiera del sistema en el desarrollado.
Concluye afirmando que:
Por tanto, de bulto se ve la rebeldía del Tribunal no solo contra la decisión de la Corte que lo obliga, sino contra el mencionado Decreto que- se insiste- da vigencia al principio de igualdad para que todos aquellos que tuvieron traslado de régimen entre la fecha de expedición del decreto 1299 de 1994 y aquella en que fue declarado inexequible, puedan acceder a la liquidación del bono con el salario cotizado a 14 de julio de 2005.
RÉPLICA-BANCOLOMBIA S.A
Expone los mismos argumentos que para el primer cargo, pues la réplica la efectuó de manera conjunta para ambos ataques.
RÉPLICA- LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Señala iguales planteamientos que los aducidos frente al primer cargo.
CONSIDERACIONES
Sea lo primer precisar, que no les asiste razón a los opositores en los yerros de técnica que le atribuyen a los cargos con que se sustentó el recurso extraordinario de casación, pues si bien el recurrente respecto de un mismo elenco normativo, adujo como modalidades de vulneración de la ley sustancial las de interpretación errónea e infracción directa, lo cierto es que lo hizo como la técnica lo exige, es decir, en cargos separados. Por su parte, en lo que tiene que ver con las normas constitucionales a las que se hizo referencia en la proposición jurídica, debe recordarse que el criterio actual de esta Sala de la Corte, es que ellas pueden ser consideradas como normas sustanciales, en la medida en que contienen mandatos expresos susceptibles de aplicación directa por parte de los administradores de justicia; al respecto vale la pena traer a colación lo dicho en la sentencia CSJ SL2160-2019, en la que sobre dicho punto se sostuvo « Tienen carácter sustancial porque la CN goza de fuerza normativa vinculante y de aplicación directa; por tanto, pueden emplearse directamente para la resolución de los asuntos».
Aclarado lo anterior y teniendo en cuenta el sendero por el que se encauzaron los ataques, no es objeto de discusión que: i) el demandante prestó sus servicios para Bancolombia S.A., entre el 1° de enero de 1988 y el 29 de julio de 1995 (fls. 29 a 33); ii) que el 30 de julio de 1995, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad vinculándose a Protección S.A. (folio 22); iii) que para el 30 de junio de 1992, percibía un salario de $1.750.000.00 y que el reportado al ISS, como ingreso base de cotización fue de $683.760,00 (fl. 27), además que iv) para esa época la máxima categoría (51) asegurable, conforme a los reglamentos del ISS equivalía a 10 SMLMV.
El Tribunal para confirmar la decisión absolutoria de primer grado, se fundó básicamente en la jurisprudencia de esta Sala de la Corte sobre la materia, según la cual si «el traslado del asegurado entre regímenes se dio entre la entrada en vigencia del art. 5° del D.1299/1994 (22 de julio) y la declaratoria de inexequibilidad del mismo en sentencia C-734 del 14 de julio de 2005, no aplica dicha disposición legal para efectos de la liquidación del bono pensional en razón a que la normativa que regulaba las pensiones de vejez en el ISS tenían establecido un salario máximo asegurable, sin que la administradora pudiera recibir cotizaciones por encima de ese tope», de manera que el obrar de las entidades convocadas al proceso se ajustó a la normatividad vigente, razón por la que no había lugar a la reliquidación pretendida.
Por su parte, de la sustentación de los cargos que hizo el recurrente, básicamente se infiere, que su inconformidad gira en torno al hecho de que el juez de segundo grado hubiese considerado que no existía sustento legal para ordenar el reajuste pretendido, ya que, a su juicio, la fuente jurídica de este se encontraba en las normas enlistadas en la proposición jurídica, y especialmente en el artículo 5 del Decreto 1299 de 1994 y en el Decreto 3666 de 2007.
Bajo el contexto que antecede, lo que le corresponde a la Sala, es determinar cuál es el salario que debe servir de base para la obtención del bono pensional, esto es, si es aquel con el que se hicieron aportes al ISS al 30 de junio de 1992, sobre la categoría máxima, o el efectivamente devengado por el trabajador como lo afirma la parte recurrente.
Frente a dicha problemática, de entrada la Sala advierte que, no le asiste razón al promotor del proceso, ya que como bien lo advirtió uno de los opositores, su criterio se acompasa con la línea de pensamiento de esta Corte, según la cual ha asentado que la base sobre la cual debe liquidarse el bono pensional en casos como el presente, es aquella sobre la cual se hicieron los aportes al ISS al 30 de junio de 1992, por ser el máximo asegurable para esa época, como pasa a explicarse.
En efecto, esta Corporación desde la sentencia CSJ SL, 16 mar. 2008, rad. 25608, ha venido sosteniendo de manera reiterada y pacífica, que para la liquidación del bono pensional de las personas que se trasladaron del régimen de prima media al de ahorro individual, el salario que debe tomarse para ese efecto, no es el efectivamente devengado al 30 de junio de 1992, sino el máximo asegurable que permitía el Decreto 2610 de 1989, aprobatorio del Acuerdo 048 de la misma anualidad, emanado del Consejo Nacional de Seguros del ISS, en donde estableció un límite de cotización de $665.070, para la categoría 51 (art. 2), y en esa medida, el fondo de pensiones no estaba facultado por mandato legal, a recibir aportes por monto superior al señalado, sin importar que el afiliado percibiera una asignación por encima de ese tope. Para más ilustración del tema, vale la pena traer a colación lo dicho en la sentencia CSJ SL15601 de 2016, en la que se precisó:
Frente a los errores jurídicos endilgados por la censura en el ataque, esta Corporación se ha venido pronunciando en el sentido de que, para efectos de la liquidación del bono pensional de las personas que se trasladaron del régimen de prima media al de ahorro individual, el salario de referencia no es el “devengado” para el 30 de junio de 1992 sino el máximo asegurable permitido, según lo dispuesto en el Acuerdo 048 de 1989, aprobado por el Decreto 2610 del mismo año, que determinó como límite el valor de $665.070, por lo que la entidad administradora de pensiones no estaba autorizada a recibir cotizaciones superiores a este tope, así el trabajador hubiese devengado una remuneración superior, tal como sucede en el presente asunto, de manera que, en estos casos, debe tomarse en cuenta la base máxima asegurable, sin que pueda alegarse la aplicación del artículo 5 del Decreto 1299 de 1994 con base en decisiones de la Corte Constitucional, como lo alega desacertadamente el censor.
En ese mismo sentido, se pronunció igualmente la Corte en la sentencia CSJ SL, 22 sep. 2009, rad. 32349, reiterada en la CSJ SL8586-2017, entre otras, donde se dijo:
Acorde con esa normatividad se encuentra el artículo 24 del Decreto 1650 de 1977 que consagra el establecimiento, en los reglamentos del ISS, de los límites del salario asegurable, y en tal sentido, por ejemplo, el artículo 60 de aquel Decreto 433, previó el salario máximo asegurable en suma no inferior a 22 veces el salario mínimo legal, mientras que el artículo 1° del Acuerdo 01 de 1979, aprobado por el Decreto 3090 del mismo año, señaló para esos efectos la cantidad diaria de $2.530, la que se aumentó mediante Acuerdo 003 de 1982 y 048 de 1989, aprobados por los Decretos 2630 de 1983, 2610 de 1989; estos preceptos además regularon unas categorías y la máxima (en la última norma reseñada) fue la 51, con un salario mensual máximo asegurable de $665.070 (artículo 2°), mientras que en el artículo 4° señalaba el salario mensual de base máximo asegurable en 21 veces el salario mínimo legal de cada año.
Ahora bien, frente a la falta de aplicación del artículo 5 del Decreto 1299 de 1994, en donde se consagró que el salario que debía tomarse era el devengado por el trabajador y el cual considera el recurrente estuvo vigente entre su fecha de expedición y la de la sentencia C-734 de 2005, mediante la cual fue declarado inexequible, debe recordarse, que esta Sala de la Corte, decidió inaplicar dicho precepto, al considerar que introdujo una evidente modificación respecto del salario base para la obtención de los bonos pensionales, la que entraba en conflicto con la normatividad existente que regulaba este tópico, por lo cual consideró que «convirtió en ilegal lo que antes estaba ajustado a derecho», en virtud de lo cual optó por darle prevalencia a lo estatuido en la Ley 100 de 1993, y demás decretos reglamentarios, sin que en manera alguna pueda pensarse que ello conlleva a darle efectos retroactivos a la sentencia de inexequibilidad C-734 de 2005.
En efecto, en la sentencia CSJ SL, 31 mar. 2009, que ha sido reiterada en la CSJ SL15601-2016, CSJ SL8586-2017, y más recientemente en las CSJ SL1042-2019 y CSJ SL1977-2019, se sostuvo:
No obstante la armonía y concordancia existente entre la Ley 100 de 1993 y el salario base de cotización a 30 de junio de 1992, el artículo 139-5 de la mencionada ley concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para que dictara “las normas necesarias para la emisión de los bonos pensionales, su redención, la posibilidad de transarlos en el mercado secundario, y las condiciones de los bonos cuando deban expedirse a personas que se trasladen del régimen de prima media al régimen de capitalización individual”.
En desarrollo de tales facultades, el Presidente de la República expidió el Decreto 1299 de 1994 (publicado en el Diario Oficial número 44.411 del 28 de junio de ese año), en cuyo artículo 5º, literal a) 1994, titulado como “Salario base de liquidación para la pensión de vejez de referencia”, asentó que “a) Tratándose de personas que estaban cotizando o que hubieren cotizado al ISS o a alguna caja o fondo de previsión del sector público o privado, el salario o el ingreso base de liquidación será el salario devengado con base en normas vigentes al 30 de junio de 1992 reportado a la respectiva entidad en la misma fecha, o el último salario o ingreso reportado antes de dicha fecha, si para la misma no se encontraba cotizando”. (El subrayado es de la Sala).
Es evidente que el artículo 5º del precitado Decreto 1299 de 1994, introdujo una protuberante modificación en cuanto al salario base de liquidación de los bonos pensionales a 30 de junio de 1992, pues ya no aludió al salario base de cotización, sino al salario devengado en esa fecha de acuerdo con las normas legales vigentes. Y así se afirma, pues si para dicha fecha había un salario máximo asegurable de $665.070, pero el afiliado realmente devengaba un salario superior, el bono debía liquidarse de acuerdo con este último y no con el [que] se le cotizó.
Desde luego que con la modificación implementada por el artículo 5º del Decreto 1299 de 1994, bien puede decirse que, mediante una norma posterior, se convirtió en ilegal lo que anteriormente estaba ajustado a la ley. En otras palabras, una situación que en su momento estaba amparada por la ley, después por virtud de una modificación legislativa, pasó a ser ilegal, lo cual no es más que la aplicación retroactiva de una norma, desconociendo con ello el clásico principio general del derecho de la irretroactividad de la ley.
Y pese a que la Corte Constitucional, en su oportunidad, declaró la inexequibilidad del artículo 5º del Decreto 1299 de 1994, mediante la sentencia C-734 de 2005, sin embargo, en otras decisiones suyas, especialmente las sentencias de Tutela T-147, T-801, T-910, T-920 y T-1087, de 2006, refiriéndose a la citada sentencia de constitucionalidad, reiteró en forma textual que: “Las sentencias de constitucionalidad rigen hacia el futuro por regla general, de forma que sólo tienen efectos retroactivos cuando la Corte expresamente le confiere a su sentencia alcances hacia el pasado, lo cual ha sucedido de manera excepcional, cuando en casos concretos se demuestra que están en juego valores constitucionales más importantes que la propia seguridad jurídica”, por eso puntualizó que “no es posible aplicar de manera retroactiva la sentencia C-734 de 2005 y por ende las personas que tenían derecho a la emisión del bono conforme a las reglas vigentes al momento de su traslado de un sistema a otro, no han perdido ese derecho. Quiere decir que para aquellas personas que se trasladaron entre la entrada en vigencia del literal a) del artículo 5° del Decreto Ley 1299 de 1994 y el momento en el cual se profirió la sentencia C-734 de 2005 (14 de julio de 2005) el literal a) del artículo 5° es plenamente aplicable. La sentencia T910 de 2006 lo explicó así: “De forma que si la persona se trasladó entre el 28 de junio de 1994 hasta el 14 de julio de 2005 tiene derecho a que el salario de referencia que sirve de base para la determinación del bono pensional se calcule como establecía el literal a) del artículo 5° del Decreto Ley 1299 de 1994, esto es, tomando en cuenta el salario devengado por el beneficiario del bono a 30 de junio de 1992” (Lo subrayado no pertenece al texto reproducido). Es decir, que según lo dicho por esa alta Corporación, el artículo 5º del Decreto 1299 de 1994, surtió efectos y los seguirá surtiendo en tratándose de situaciones acontecidas bajo su vigencia.
Empero, la Corte Suprema considera, por lo antes expuesto, que el tantas veces mencionado artículo 5º del Decreto 1299 de 1994, no puede tener aplicación en el asunto bajo examen, porque al tenor de los Acuerdos y demás disposiciones que regulaban las pensiones de vejez, entre ellas, las atinentes a los límites de cotizaciones a los cuales debía someterse el empresario inscrito en el ISS, las mismas establecían un salario máximo asegurable, por encima del cual, se repite, la entidad de previsión social no podía recibir cotizaciones. (Negrillas fuera del texto original).
Y en el fallo CSJ SL1042-2019, proferido en un proceso seguido también contra el ente ministerial aquí llamado a juicio, en asunto similar al que ahora ocupa nuestra atención, se puntualizó:
Entonces, el literal a) del artículo 5.° del Decreto-Ley 1299 de 1994 no solo se expidió por fuera de las facultades entregadas al Presidente de la República, aspecto que finalmente provocó su inexequibilidad en el año 2005, sino que, además, desde un inicio suscitó un problema jurídico de incompatibilidad normativa bidimensional: (1) con el artículo 117 de la Ley 100 de 1993, el cual había dispuesto todo lo contrario, esto es que la pensión de referencia se liquidaba teniendo en cuenta «la base de cotización del afiliado a 30 de Junio (sic) de 1992» y no lo devengado; y (2) con los principios y directrices que inspiran el actual sistema de seguridad social, de los cuales deriva la regla según la cual las pensiones se financian con lo efectivamente cotizado».
Por su parte, en cuanto a los argumentos del recurrente, relativos a que conforme a los artículos 4 y 76 del 2610 de 1989, así como según lo dispuesto en los preceptos 64 y 72, era posible cotizar hasta 21 salarios mínimos legales mensuales vigentes e incluso sobre el salario realmente devengado, basta señalar que resultan equivocados de cara a la posición doctrinal a la que se ha hecho mención en precedencia, para lo cual además, resulta procedente traer a colación lo dicho en la sentencia CSJ SL 23 jul.2009, rad. 35913, en la se dijo:
Cabe agregar, en lo atinente a lo manifestado por la réplica, que si bien el artículo 4° del mismo Acuerdo No. 048 de de 1989 expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, contemplaba un salario asegurable mayor al fijado para la máxima categoría que lo era la 51, al prever que “El valor del Salario Mensual de Base máximo asegurable será el equivalente a veintiún (21) veces el salario mínimo legal mensual decretado por el Gobierno Nacional en cada año o período”; lo cierto es que, como atrás se explicó, el sistema de recaudo que era mediante facturación que imperaba para la época basado en la tabla de categorías y aportes que se mantuvo vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, no permitía que el ISS recibiera cotizaciones por encima del tope de los $665.070,oo, y por tanto es esta cifra y no otra la que es dable tener como máximo asegurable al 30 de junio de 1992. (negrilla y cursiva del texto)
Acorde con lo expresado, ha de tenerse en cuenta que sobre la base de los $665.070,oo, se habría pensionado el afiliado en el evento de que hubiera decidido continuar en el régimen de prima media con prestación definida, dado que como se dijo, con sujeción a ese monto era que estaba obligada la empleadora a realizar los aportes al ISS, aunque el salario real del trabajador sobrepasara dicho quantum; lo cual confirma la tesis acogida por la Sala y plasmada en el antecedente jurisprudencial que se acaba de transcribir, consistente en no tomar un valor superior sino el correspondiente a la categoría 51.
Así las cosas, fuerza concluir entonces, que el Tribunal en su decisión, no incurrió en yerro jurídico endilgado, al considerar que el salario base para obtener el bono pensional, debía ser aquel con el cual el empleador cotizó al sistema al 30 de junio de 1992, por corresponder a la máxima categoría, y no el devengado por el actor, como equivocadamente lo argumenta el promotor del proceso.
Lo anterior, es suficiente para no darle prosperidad a los ataques.
Las costas en el recurso extraordinario, estarán a cargo del recurrente que lo fue la parte actora, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $4.400.000, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintiuno (21) de septiembre de dos mil quince (2015), por la Sala Primera Dual de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín dentro del proceso ordinario laboral seguido ÓSCAR JULIÁN VÁSQUEZ GIRALDO contra la NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y el BANCO DE COLOMBIA -BANCOLOMBIA S.A.
Costas como se dijo en la parte motiva de la providencia.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Salvo el voto
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.° 74615
REFERENCIA: ÓSCAR JULIÁN VÁSQUEZ GIRALDO vs. BANCO DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Y OTRO.
Con el debido respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito salvar mi voto como a continuación paso a explicar:
Estimo que el artículo 5 del Decreto Ley 1299 de 1994 establece que el salario de base para liquidar el bono pensional es, tratándose de personas que estaban cotizando o que hubieren cotizado al ISS o a alguna caja o fondo de previsión del sector público o privado, «el salario devengado con base en normas vigentes al 30 de junio de 1992 reportado a la respectiva entidad en la misma fecha, o el último salario o ingreso reportado antes de dicha fecha, si para la misma no se encontraba cotizando».
En cuanto al reporte a la entidad de seguridad social, es totalmente transparente que el empleador tenía que reportar el salario real devengado por el trabajador, independientemente del sistema de categorías. Así lo expresa el artículo 76 del Decreto 3063 de 1989, en los siguientes términos:
Artículo 76. NOVEDADES SOBRE CAMBIOS DE SALARIOS. Los patronos están obligados a informar al Instituto, tanto en la inscripción de sus trabajadores como en las relaciones mensuales de novedades los salarios reales devengados por éstos, aun cuando dichos salarios sobrepasen el límite superior de la máxima categoría señalada por el ISS. (Negrita fuera de texto)
De manera que aparece claro que el empleador sí tenía una obligación legal de reportar el salario real del trabajador, y esa obligación en el actual Sistema General de Pensiones crea efectos jurídicos, lo que implica consecuencias que deben determinarse a la luz del régimen de responsabilidad vigente para el caso de las omisiones del empleador, que, a no dudarlo, deben ser reexaminadas por esta Corporación.
Dicha norma de raigambre legal, aunque fue declarada inexequible por medio de la Sentencia CC C-734 de 2005, no afecta derechos adquiridos; y, como lo ha entendido la Corte Constitucional el derecho al bono, conforme lo instituye el artículo 113 de la Ley 100 de 1993, se adquiere por el hecho del traslado al Régimen de Ahorro Individual, siendo la fecha en que este se torne efectivo, la data en que se adquiere el derecho. Pero, además, el Gobierno Nacional también reglamentó esta situación con la expedición del Decreto 3366 de 2007, el cual goza de presunción de legalidad.
Entonces, basta señalar que la norma sí consagra que el salario base es el devengado por el trabajador con base en normas vigentes al 30 de junio de 1992, pero, para que dicho salario pueda ser tenido en cuenta, debe ser reportado a la institución de seguridad social. Ahora, si bien el parágrafo del citado artículo estatuye que «en caso de que en la respectiva entidad no obre constancia sobre el salario devengado a 30 de junio de 1992, valdrá la certificación que en tal sentido expida el empleador», es preciso acotar que el empleador debe certificar que reportó el salario devengado a la entidad de seguridad social.
Ahora bien, para efectos de abundar en razones, me remiro textualmente a la doctrina fijada en el artículo titulado Equidad pensional y salario base. La interpretación judicial actual como base de inequidad, versión inmediatamente anterior a la publicada el 15 de diciembre de 2013, en la revista VNIVERSITAS, Vol. 62, No. 127,17-60 (2013), por la Pontificia Universidad Javeriana, elaborado por el suscrito así:
INTRODUCCIÓN
La Ley 100 de 1993 creó la institución del bono pensional como mecanismo de homologación de los tiempos de servicios y cotizaciones de los afiliados que decidieran trasladarse al Régimen de Ahorro Individual.
El artículo 117 de la mencionada ley estableció dos fórmulas de cálculo del bono pensional: una para los afiliados que ingresaron por primera vez a la fuerza laboral antes del 1º de julio de 1992 y otra para aquellos que ingresaron por primera vez a la fuerza laboral con posterioridad al 30 de junio de 1992. El Decreto Reglamentario 1748 de 1995 denominó a los bonos que se calculan para el primer grupo de trabajadores, “bonos tipo A de modalidad 2”; mientras que para los segundos los denominó “bonos tipo A de modalidad 1”. El presente trabajo aborda única y exclusivamente la fórmula de cálculo de los bonos tipo A de modalidad 2, aunque sus resultados pueden ser extendidos a los bonos tipo B.
Conforme con la mencionada ley,
(…) los bonos pensionales (de modalidad 2) se expedirán por un valor equivalente al que el afiliado hubiera debido acumular en una cuenta de ahorro, durante el periodo que haya efectuado cotizaciones al ISS o haya sido servidor público o haya estado empleado en una empresa que deba asumir el pago de pensiones, hasta el momento de ingreso al sistema de ahorro, para que a ese ritmo de acumulación, hubiera completado el capital necesario para financiar una pensión de vejez y de sobrevivientes, a los 62 años si es hombre y 60 si son mujeres por un monto igual a la pensión de referencia.
Para hacer el cálculo de la “pensión de referencia” ordenado por la norma, el legislador estableció que el dato principal o variable base para el cálculo es “la base de cotización de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado, antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante”. Aunque la norma sugiere equiparación entre base de cotización y salario devengado, este tema no ha sido pacífico en la jurisprudencia nacional ni en la doctrina.
La Corte Constitucional declaró, mediante la Sentencia C-734 de 2005, inexequible una aparente interpretación de la norma en comento plasmada en el literal a) del artículo 5 del Decreto Ley 1299 de 1994. La Corte estableció que el gobierno se excedió en el uso de las facultades otorgadas por el Congreso de la República, dado que en su sentir las facultades extraordinarias otorgadas no eran “(…) para regular aspectos relacionados con el reconocimiento y liquidación de la pensión de vejez, como lo es precisamente el tema de la definición del salario base de liquidación de tal prestación”.
En otra interpretación la Corte Suprema de Justicia, rebelándose de cierta manera a las normas de carácter nacional, como son los decretos reglamentarios, ha considerado que el término “base de cotización” establecido en el artículo 117 de la Ley 100 de 1993 se refiere a las “bases de cotización” establecidas por el sistema de categorías del Instituto de Seguros Sociales con base en la cual se pagaban los aportes a la seguridad social, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. Con base en su particular interpretación ha decidido inaplicar los Decretos 1748 de 1995 y 3366 de 2007 para resolver los conflictos que se presentan en relación con los bonos pensionales que se deben liquidar con salarios superiores a 10,2 salarios mínimos; decreto que fue promulgado para resolver el conflicto de aplicación en el tiempo de la norma con rango material de ley declarada inexequible; pero además por otras consideraciones que se revelarán en este estudio.
El presente trabajo de investigación pretende mostrar cómo las interpretaciones judiciales de normas con contenido financiero-económico, que se realizan en forma restrictiva se desvían de las finalidades perseguidas por la ley, básicamente de aquellas que intentan brindar equidad general.
Para lograr nuestra finalidad, en primer lugar mostraremos cuál es el papel que el bono pensional juega en el Sistema General de Pensiones y los pasos que se deben seguir para su liquidación. En forma posterior, en segundo lugar esbozaremos los problemas objeto de investigación. En el tercer apartado estudiaremos a fondo los pasos para la liquidación de la pensión de vejez de referencia, desarrollando los literales a) y b) del artículo 117 de la Ley 100 de 1993. En seguida mostraremos, dado el análisis previo, algunos reparos a la interpretación de las dos altas Cortes en relación con el “salario de base para la liquidación de la pensión de referencia”. Finalmente, ofreceremos algunas conclusiones.
I. El papel del bono pensional en el Sistema General de Pensiones y su forma de liquidación
El Sistema General de Pensiones, en adelante sgp, fue concebido bajo una estructura de mercado de corte oligopólico, con la pretensión de que desarrollara procesos competitivos entre los regímenes de prima media con prestación definida, rpm, y de ahorro individual con solidaridad, rais. Para lograr este cometido se le otorgó a los afiliados el derecho a la libre selección de régimen, el cual podía ser ejercido por una vez cada tres años, de forma tal que las entidades administradoras de pensiones debían competir por los afiliados.
El objetivo del sistema así diseñado no era otro que, bajo la lógica de mercado, el afiliado decidiera de manera libre y voluntaria en qué régimen pensionarse, permitiéndole revaluar su decisión cada tres años; decisión que solo quedaba consolidada totalmente cuando el afiliado efectivamente se pensionara en uno de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones.
Ahora bien, para lograr el acceso a la pensión, la ley estableció que las semanas cotizadas en ambos regímenes son válidas para el acceso a las prestaciones propias de la seguridad social en pensiones con las particularidades propias del régimen en que el afiliado se pensiona. Interpretando lo anterior bajo reglas de mercado, fácilmente se puede deducir que la unidad básica de intercambio (la moneda) para determinar (comprar) el acceso a la pensión es la semana de cotización; y el producto (por ejemplo la pensión de vejez), en principio se puede “comprar” cuando el afiliado reúna un número determinado de semanas de cotización. En términos de cuenta, el afiliado ahorra semanas de cotización para “comprar” una pensión. Ahora bien, el derecho “de compra” de la prestación solo se puede ejercer al momento en que el afiliado cumpla con una edad previamente determinada en la ley o cuando se da una circunstancia habilitante para su ejercicio, como puede ser la invalidez o la muerte. De otro lado, la unidad “semana de cotización”, tiene un valor económico que es igual al aporte mensual convertido en términos semanales, lo que permite su acumulación en las cuentas de ahorro individual, y la generación de rendimientos, con miras a acceder a una pensión con base en el capital cuya cuantía depende del valor ahorrado, no del número de semanas cotizadas.
Para permitir el correcto funcionamiento del sistema se estableció, en ambos regímenes, opciones pensionales a las cuales se puede acceder mediante el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas de cotización; es decir, en ambos regímenes, la acumulación de semanas de cotización, previo cumplimiento de una edad, otorga normalmente el derecho a una prestación económica.
Sin embargo, un punto quedaba sin resolver: ¿cómo homologar los tiempos de cotización o servicios prestados antes de la entrada en vigencia del sgp? Para resolver este punto, la Ley 100 de 1993 estableció la institución del bono pensional, como mecanismo de homologación de los tiempos de servicios y cotizaciones de los afiliados que decidieran trasladarse al Régimen de Ahorro Individual. Para los que decidieran permanecer en el rpm, en principio, los tiempos servidos o cotizados, sin necesidad de mecanismo adicional ex ante, se debían convalidar directamente como semanas de cotización.
El bono pensional, cuyo precedente inmediato es el bono de reconocimiento propio del sistema pensional chileno, debía tener la virtud de ser compatible con las formas legales de acceso a la pensión que la ley autoriza: a) por el cumplimiento de requisitos de edad y semanas de cotización para las pensiones en sede de prestación definida; y b) por acumulación del capital necesario para el rais.
Para cumplir la finalidad trazada, el artículo 117 de la Ley 100 de 1993 estableció la siguiente fórmula sacramental:
Los bonos pensionales se expedirán por un valor equivalente al que el afiliado hubiera debido acumular en una cuenta de ahorro, durante el periodo que haya efectuado cotizaciones al ISS o haya sido servidor público o haya estado empleado en una empresa que deba asumir el pago de pensiones, hasta el momento de ingreso al sistema de ahorro, para que a ese ritmo de acumulación, hubiera completado el capital necesario para financiar una pensión de vejez y de sobrevivientes, a los 62 años si es hombre y 60 si son mujeres por un monto igual a la pensión de referencia.
Como se observa, la ley convalida con el bono pensional el tiempo de cotizaciones o servicios realizados con anterioridad al traslado del afiliado al régimen de ahorro individual, estableciendo un momento específico, aunque supuesto, para acceder a la pensión: los 62 años para los hombres y los 60 años para las mujeres. Al mismo tiempo, tiene la virtud de cuantificar el valor actuarial de la reserva pensional para el financiamiento de la pensión del afiliado, permitiendo determinar el valor de acumulación proporcional al tiempo de cotizaciones realizado hasta el momento del traslado y, además, en su mínima unidad, el valor de la cotización semanal mínima necesaria para alcanzar el capital necesario para financiar una pensión, dada la tasa de interés.
Ahora bien, el cálculo del bono pensional, conforme al inciso transcrito del artículo 117 de la Ley 100 de 1993, implica los siguientes pasos:
i. Determinar la pensión de referencia.
ii. Hallar el capital necesario para financiar una pensión equivalente a la pensión de referencia.
iii. Hallar el valor proporcional (valor equivalente) del capital necesario que el afiliado hubiera debido acumular en la cuenta de ahorro individual para financiar una pensión equivalente a la pensión de referencia.
Para hallar la pensión de referencia, la legislación requirió un dato personal real, del afiliado que se traslada al régimen de ahorro individual, con el cual determinar el valor de la reserva actuarial para el financiamiento de la pensión, y con base en ello, el valor del bono pensional. A ese dato necesario, el Decreto Ley 1299 de 1994, lo denominó “salario base de liquidación de la pensión de referencia”. Es este concepto el que ha venido presentando problemas de entendimiento y ha generado no poca controversia en cuanto a su alcance.
En este trabajo solo se abordará el primer paso del procedimiento necesario para la liquidación del bono pensional, esto es, la determinación de la pensión de referencia, pues es el que muestra de manera fehaciente las consecuencias jurídicas y económicas de una indebida interpretación de la norma.
II. Los problemas jurídicos
En la Sentencia C-734 de 2005 la Corte Constitucional señaló: “En lo que respecta a los artículos 4 y 5, éstos consagran asuntos referidos al cálculo de la pensión de vejez y al salario base de cotización de dicha pensión para los afiliados al sistema de seguridad social con anterioridad al 30 de julio de 1992”.
Y más adelante apuntó:
Confrontados los dos textos, encuentra la Corte que, a partir de diferentes contenidos normativos, tanto la ley (de manera general en el artículo 21 y en concreto en el artículo 117) como el decreto citado en la norma acusada, hacen referencia expresa al tema de la definición del salario base de cotización para el reconocimiento de la pensión de vejez de quienes venían cotizando al ISS o a una caja o fondo del sector público o privado con anterioridad al 30 de junio de 1992. En consecuencia, si la ley habilitante determinó claramente cuál era el salario base de cotización para el reconocimiento de la pensión de vejez de ese grupo de personas, no resultaba constitucionalmente válido que el Gobierno, so pretexto de regular aspectos relacionados con la emisión de los bonos pensionales, entrara a redefinir el mismo punto temático.
El primer problema jurídico que se busca resolver es si, como lo supone la Corte Constitucional en la citada sentencia, los artículos 4 y 5 del Decreto Ley 1299 de 1994 buscaron cambiar las reglas de cálculo de la pensión de vejez establecidas en la Ley 100 de 1993, o si por el contrario, a pesar de la inferencia de la Corte, lo único que buscaban estas normas era brindar los pasos necesarios para el cálculo de la pensión de vejez de referencia de que trata el artículo 117 de la mencionada Ley 100.
De otro lado, el segundo problema que surge, y al cual se pretende dar respuesta en el presente trabajo, es si el término “base de cotización”, de que trata el artículo 117 de la Ley 100 de 1993 debe entenderse en consonancia con el artículo 18 de dicha ley, o si debe acudirse a la normatividad preexistente para determinar su significado.
La interpretación actual de la Corte Suprema de Justicia sobre las normas reguladoras de los bonos pensionales privilegia la aplicación de las normas preexistentes a la vigencia de la Ley 100 de 1993, y sobre ellas una particular interpretación. Sin embargo, consideramos que esa interpretación es restrictiva de derechos y, por tanto, debe indagarse por su plausibilidad.
Para resolver los problemas propuestos en el siguiente apartado desarrollaremos el contenido de los literales a) y b) del artículo 117 de la Ley 100 de 1993 con el fin de, a continuación, entrar a refutar los planteamientos realizados tanto por la Corte Constitucional como por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
III. El artículo 117 de la Ley 100 de 1993
La hipótesis que se intenta verificar en el presente trabajo de investigación es que el literal a) del artículo 117 de la Ley 100 de 1993 está indagando por un salario futuro, que se obtiene dada una experiencia de salarios y que, por ende, cuando dicho literal se refiere a “base de cotización” en realidad se está refiriendo al salario devengado y reportado a esa fecha, pues es la única manera de hallar un salario.
La norma que se desarrolla en el presente apartado establece en lo pertinente:
Artículo 117. Valor de los bonos pensionales. Para determinar el valor de los bonos pensionales. Para determinar el valor de los bonos, se establecerá una pensión de vejez de referencia para cada afiliado que se calculará así:
a. Se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de su ingreso al sistema según la variación porcentual de índice de precios al consumidor del DANE, por la relación que exista entre el salario medio nacional a los 60 años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado a dicha fecha. Dichos salarios medios nacionales serán establecidos por el DANE, y
b) El resultado obtenido en el literal anterior, se multiplica por el porcentaje que resulte de sumar los siguientes porcentajes:
Cuarenta y cinco por ciento, más un 3% por cada año que exceda de los primeros 10 años de cotización, empleo o servicio público, más otro 3% por cada año que faltaré para alcanzar la edad de sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, contado desde el momento de su vinculación al sistema.
La pensión de referencia así calculada, no podrá exceder el 90 % del salario que tendría el afiliado al momento de tener acceso a la pensión, ni de 15 salarios mínimos legales mensuales.
Básicamente la norma establece tres pasos para determinar la pensión de referencia, a saber:
i. Hallar el salario que el afiliado tendría a los 60 años si es mujer o 62 años si es hombre, conforme con las reglas señaladas en el literal a.
ii. Establecer el monto de pensión que resulte de la aplicación del literal b.
iii. Obtener el producto de ambos resultados.
Ahora bien, para dar respuesta a los problemas de investigación establecidos en el presente trabajo, primero demostraremos que la norma busca hallar un salario futuro, es decir, el salario que tendría el afiliado a los 62 años si es hombre o a los 60 si es mujer. En segundo lugar mostraremos algunos planteamientos que hacen inferir que el literal a) de la norma analizada toma los términos “base de cotización” y “salario” como sinónimos; en tercer lugar, explicaremos el concepto de salarios medios nacionales y cuáles son las consecuencias de su aplicación en la fórmula para el cálculo de los bonos pensionales. Finalmente, determinaremos la cuantía de la pensión de referencia para, con base en todos los argumentos construidos, entrar a refutar las tesis presentadas por las Altas Cortes en esta materia.
La norma busca hallar un salario futuro
La frase inicial del literal a del artículo 117, señala: “a. Se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre (…)”.
Aparece entonces claro que lo que se está buscando hallar es un salario futuro: el salario que tendría el afiliado a los 60 años si es mujer o 62 si es hombre. A este salario que se busca hallar se le denominó “salario de referencia, sr”. Para el desarrollo del presente trabajo se acoge este término en este preciso significado.
La razón de la búsqueda de un salario de referencia aparece justificada: tal como lo señala la fórmula sacramental establecida en el artículo 117, lo que el bono pensional representa es una parte del capital necesario para financiar la pensión a la que tendría derecho el afiliado cuando llegue a la edad de pensión. Sería ilógico para lograr este fin utilizar, sin más, un salario actual para hallar el costo de una prestación que se ha de causar en el futuro. Dado que la prestación depende de la evolución de salarios del afiliado, el rigor financiero exige que se halle una suerte de valor futuro (un valor de salario futuro), a la edad de pensión, para realizar el cálculo: este es el concepto del salario de referencia.
Ahora bien, es usual en los esquemas vigentes de seguridad social que las prestaciones se liquiden con base en una experiencia individual de salarios relativamente cercana al momento de la adquisición del derecho; y en nuestro país este hecho no es excepción. El salario de referencia, establecido como el salario que tendría el afiliado a la edad de pensión, satisface esta convención de la seguridad social.
Somos conscientes de que esta primera explicación por sí sola es insuficiente para comprobar la hipótesis, pero tiene la virtud de que no deja lugar a dudas que lo que busca la norma es determinar un salario futuro, el salario de referencia, y que este hecho es congruente con la política pensional colombiana que busca liquidar las pensiones con base en una experiencia personal de salarios cercana al momento en que el afiliado acceda al derecho a la pensión (el último o los últimos salarios).
Equiparación entre base de cotización y salario
Nótese que el literal a del artículo 117 de la Ley 100 de 1993 señala:
a. Se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de su ingreso al sistema según la variación porcentual de índice de precios al consumidor del DANE. (énfasis añadido)
A primera vista parece tenerse la claridad de que la variable para determinar el salario que el afiliado tendría a los 60 años si es mujer o 62 si es hombre, se encuentra definida por la situación laboral del afiliado al 30 de junio de 1992, es decir, si se encuentra empleado o cesante.
Nótese que la norma dice que es “el resultado de multiplicar la base de cotización” o, “en su defecto, el último salario devengado, si para la fecha se encontrase cesante”. Si los términos no se trataran como sinónimos en una interpretación literal estricta, los cesantes tendrían derecho a que se les calculara el bono pensional con base en el último salario devengado, mientras que a los activos laboralmente se les debería aplicar para el cálculo del bono la “base de cotización”, cualquiera sea el significado que este término tuviera. Es decir, bajo esta interpretación, la norma premia a los desvinculados a dicha fecha en detrimento de aquellos que estaban laboralmente activos. Desde luego, esta interpretación no es plausible.
La explicación más simple, pero en nuestro criterio más poderosa, está dada por el artículo 18 de la Ley 100 de 1993. En efecto, es este artículo el que establece lo que debe entenderse como base de cotización para el Sistema General de Pensiones; y lo hace estableciendo que la base de cotización es el salario. Así las cosas, aparece que los términos “base de cotización” y “salario devengado” a una fecha son sinónimos.
Ahora bien, en caso de que la anterior explicación no resultara plausible para el lector, dado que la norma sugiere equiparación entre dos conceptos, base de cotización y salario devengado, se encuentra una duda razonable en la interpretación del artículo 117 de la Ley 100 de 1993. Conforme con el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, en caso de duda en la aplicación de la fuente formal debe aplicarse la que más favorezca al trabajador. Ello implica que ante dos interpretaciones razonables que surjan de la aplicación de la fuente formal, se debe escoger la más favorable al trabajador. En este caso, la interpretación que establece en sentido restringido base de cotización por oposición a salario devengado, por ser más desfavorable al trabajador, dado que implica un menor valor para la liquidación del bono, debería descartarse por desfavorable.
Ni la Corte Constitucional ni la Sala de Casación Laboral han estudiado que existe esta disonancia normativa basada en la situación laboral del afiliado; lo que lleva a que cualquier estudio de la norma que hasta la fecha se haya hecho sea incompleto, pero además, a que no se haya contemplado la utilización del principio de favorabilidad a pesar de la evidente duda que surge de la aplicación de la fuente formal.
Finalmente, es necesario aclarar que esta norma para el cálculo del bono pensional también se utiliza para los servidores públicos que no tenían vinculación a una caja o fondo de previsión social y para los trabajadores que se encontraban vinculados a empresas que reconocían y pagaban sus propias pensiones, situaciones en las cuales es extraño el concepto de “base de cotización”. Ello implica que, dada una interpretación restringida de la norma, no tendrían derecho a bono pensional, pues no existe la definición de la variable relevante para el cálculo, en caso de que el trabajador estuviera vinculado al 30 de junio de 1992.
En el siguiente apartado, mostraremos un parámetro establecido por la ley que afecta la determinación del salario de referencia y que resulta esclarecedor para intentar resolver la hipótesis que se plantea en este artículo.
Los salarios medios nacionales
Conforme con el literal a) del artículo 117 de la Ley 100 de 1993, la base de cotización al 30 de junio de 1992, o en su defecto el último salario devengado por el afiliado, si a esa fecha se encontraba cesante, se debe actualizar, a la fecha de traslado al régimen de ahorro individual, con base en el Índice de Precios al Consumidor, ipc. El resultado así obtenido, que lo podemos denominar Salario Base Actualizado, sba, debe ser afectado con el Índice de Salarios Medios Nacionales.
El literal a del artículo 117 en lo pertinente señala:
a. Se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de su ingreso al sistema según la variación porcentual de índice de precios al consumidor del DANE, por la relación que exista entre el salario medio nacional a los 60 años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado a dicha fecha. Dichos salarios medios nacionales serán establecidos por el DANE […]. (énfasis añadido).
Definamos el salario medio nacional como el salario promedio que un colombiano recibe a una edad determinada. La ley le ordenó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística calcular los salarios medios nacionales. Mediante Decreto 2779 de 1994, el Gobierno Nacional expidió la siguiente tabla de salarios medios nacionales:
Edad
smn
Edad
smn
Edad
smn
12 o menos
1,000000
32
2,528971
52
2,979401
13
1,066649
33
2,596463
53
2,944284
14
1,135599
34
2,660676
54
2,904026
15
1,206678
35
2,721264
55
2,858858
16
1,279752
36
2,777921
56
2,809030
17
1,354687
37
2,830357
57
2,754790
18
1,431251
38
2,878287
58
2,696446
19
1,509273
39
2,921441
59
2,634304
20
1,588504
40
2,959570
60
2,568691
21
1,668693
41
2,992482
61
2,499933
22
1.749612
42
3,020004
62
2,428355
23
1,830933
43
3,041946
63
2,354341
24
1,912388
44
3,058210
64
2,278237
25
1,993652
45
3,068682
65
2,200368
26
2,074416
46
3,073323
66
2,121119
27
2,154318
47
3,072096
67
2,040814
28
2,233031
48
3,065019
68
1,959800
29
2,310209
49
3,052111
69
1,878421
30
2,385489
50
3,033468
70
1,796985
31
2,458524
51
3,009187
71 y más
1,715798
La tabla de salarios medios nacionales expresa la experiencia de salarios de los colombianos, hombres y mujeres, a cada edad relativa como un índice; donde la base del índice, 1, se estableció en la edad 12 años o menos. En otras palabras, el salario promedio de los colombianos a la edad de 12 años o menos, equivale al 100%, o lo que es igual a 1, a efectos de la construcción del índice. Los salarios promedio a cada edad relativa se establecen en términos de variación porcentual; cada variación porcentual va alimentando el índice. Ello implica que se puede determinar la variación porcentual de los salarios medios dadas dos edades, conforme con la experiencia colombiana. Por ejemplo, entre los 12 y los 62 años el salario medio de los colombianos se incrementa en un 142,84% aproximadamente.
Ahora bien, la ley, al ordenar la aplicación de los salarios medios nacionales, para la determinación del salario de referencia, que se debe tener en cuenta para el cálculo de la pensión de referencia, está estableciendo un paso que no se tiene en cuenta ordinariamente para la liquidación de las pensiones; por tanto, no solo resulta extraño en sus efectos para los operadores jurídicos sino totalmente desconocido.
Como es sabido, la forma ordinaria de cálculo de la mesada pensional establece que la cuantía de la pensión es el producto del promedio de salarios de un periodo establecido en la ley, debidamente actualizado con el ipc, por el monto que corresponde de acuerdo al volumen de semanas de cotización. Sin embargo, para el caso del bono pensional la determinación de la cuantía de la pensión de referencia exige que el dato (la base de cotización a 30 de junio de 1992 o el último salario devengado si para la fecha el afiliado se encontraba cesante), debidamente actualizado con el ipc, es decir el sba, debe afectarse con la relación entre salarios medios nacionales. Esta exigencia legal, la afectación con los salarios medios nacionales, es la que nos permitirá establecer por qué no es plausible la interpretación que establece una diferencia entre los conceptos base de cotización y salario devengado a efectos del cálculo del bono pensional.
La relación entre salarios medios nacionales que exige la ley, para la determinación de la pensión del salario de referencia, implica la regulación del dato, el sba, con base en la experiencia colombiana de salarios.
De un lado, al establecerse como parámetro para el cálculo el smn a la edad de 62 años si es hombre o 60 si es mujer, implícitamente se está determinando el crecimiento promedio salarial de los colombianos desde los 12 años hasta la edad que se toma como referencia. En otras palabras: el valor del Índice de Salarios Medios Nacionales, a la edad de referencia, está determinando el resultado final promedio de las variaciones de salario de todos los colombianos: está señalando, en términos reales, el Ingreso Base de Liquidación Promedio de los colombianos, tomando como periodo de cálculo la vida laboral formal de los colombianos.
Del otro lado, lo que la ley supone al ordenar tomar el salario medio nacional correspondiente a la edad que tenía el afiliado a la fecha de traslado, es que el salario del afiliado a 30 de junio de 1992, o el último devengado antes de dicha fecha si se encontraba cesante, debidamente actualizado a la fecha de traslado, ha venido variando conforme al índice de salarios medios hasta ese momento; y al relacionarse con el salario medio nacional de la edad de referencia la ley asume que la variación individual del salario del afiliado se comportará exactamente como en promedio lo hace el salario de los colombianos.
Al establecerse la relación entre el smn a la edad de referencia y el smn a la edad que tiene el afiliado a la fecha de traslado, lo que se está haciendo es someter el dato, sba, a la experiencia promedio colombiana de salarios, haciendo que según la edad el dato se ajuste al resultado final promedio de las variaciones de todos los salarios de los colombianos.
El efecto se traduce en que todos los datos, sba, a las edades en que conforme con la curva de smn sean superiores al promedio, se adapten al promedio reduciéndose, y los que son menores al promedio, se adapten al promedio incrementándose.
En forma más técnica: dado que la variación total promedio de los salarios de todos los colombianos a tenerse en cuenta para el cálculo está dada por el smn a la edad de referencia al relacionarse este smn con el establecido para la edad a la fecha de traslado del afiliado, se está internalizando en el cálculo dicha variación promedio. El resultado, manteniéndose lo demás constante, es que en ningún caso el salario calculado excede en forma proporcional el promedio salarial de toda la vida de los colombianos.
Corriendo el riesgo de simplificar, al obtenerse el Salario de Referencia, como el producto del sba por la relación de los smn, lo que se está es determinando una suerte de ibl, pero no construido con base en la experiencia individual del trabajador, sino en la experiencia colectiva de los trabajadores colombianos.
Como se puede inferir, el concepto de Salario de Referencia, sr, es bastante parecido al de Ingreso Base de Liquidación, ibl: Ambos toman una experiencia promedio de salarios. Sin embargo se diferencian, en principio, en dos cosas: por un lado, mientras que el sr se determina con la experiencia colectiva de salarios, el ibl se establece con la experiencia individual de salarios. En segundo lugar, mientras que en el sr se toma toda la experiencia colombiana de salarios, desde los 12 años hasta la edad de referencia, 60 o 62 años según el sexo, el ibl se determina, por regla general, en forma alternativa con dos experiencias de salario: el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, o el promedio de toda la vida si el afiliado ha cotizado más de 1.250 semanas.
Desde luego, existe otra diferencia sustancial: mientras el sr es un valor futuro supuesto a la fecha de cálculo, construido con base en la experiencia colombiana de salarios (el salario que tendría el afiliado a los 60 años si es mujer o 62 si es hombre), el ibl se construye con una experiencia pasada de salarios a fecha de cálculo.
1. El efecto de la aplicación de los salarios medios nacionales
Vamos a considerar, a efectos prácticos y para simplificar, ocho afiliados al régimen de ahorro individual bajo los siguientes supuestos: a) Todos se trasladaron al rais el 1º de abril de 1995. b) Todos son hombres. c) Los cuatro primeros devengaban un salario de $665.070 al 30 de junio de 1992, y los demás devengaban a esa fecha un salario de $1’303.800. d) Respectivamente para cada uno de los que componen cada cuarteto, las edades que tenían a fecha de traslado eran 20, 30, 40 y 50 años, edad que cumplieron en la víspera del traslado, es decir el 31 de marzo de 1995. e) La edad de referencia es la de 62 años, dado que todos son hombres.
Conforme con la fórmula de cálculo establecida en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley 100 de 1993, los siguientes son los pasos que se deben seguir: 1) Actualizar hasta la fecha de traslado, con base en el ipc, el salario al 30 de junio de 1992 del afiliado y, 2) aplicar la relación de salarios medios. El siguiente cuadro muestra los resultados para los ocho casos. Al resultado que se llegue después de cumplir los dos pasos anteriores, como ya lo hemos señalado, se le denomina salario de referencia, porque con base en dicho salario se calcula la pensión de referencia.
SALARIO DE REFERENCIA PARA OCHO CASOS
Afiliado
Edad
Salario Base
Salario Actualizado
Afectación smn
Salario de Referencia
A
20
$665.070
$1.149.348
1,528706
$1.757.015
B
30
$665.070
$1.149.348
1,017969
$1.170.001
C
40
$665.070
$1.149.348
0,820509
$943.051
D
50
$665.070
$1.149.348
0,800521
$920.077
E
20
$1.303.800
$2.253.177
1,528706
$3.444.444
F
30
$1.303.800
$2.253.177
1,017969
$2.293.665
G
40
$1.303.800
$2.253.177
0,820509
$1.848.753
H
50
$1.303.800
$2.253.177
0,800521
$1.803.715
Para continuar con esta explicación se debe tener claro que los valores $1.149.348 y $2.253.177, a 1º de abril de 1995, son, en términos de capacidad adquisitiva constante, totalmente equivalentes respectivamente a $665.070 y $1.303.800 pesos del 30 de junio de 1992. Asimismo, se debe tener en cuenta que la relación de salarios medios se obtiene de la división entre el salario medio nacional a la fecha de referencia (en este caso de los 62 años, por tratarse de hombres) y el salario medio nacional de la edad que tenía el afiliado a la fecha de traslado. Tomemos como ejemplo a A. Para este caso la relación entre smn está dada por:
smn62/smn20 = 2,428355/1,588504 = 1,5287056
En la columna “Afectación smn” de la tabla anterior se reflejan los resultados para cada caso particular. Nótese que en unos casos el resultado es superior a 1, pero en otros el resultado es inferior a la unidad. Como arriba lo señalamos, la afectación por salarios medios está ajustando el salario del afiliado, dada la edad, a la experiencia promedio colombiana de toda la vida. Cuando el valor resultante es inferior a 1, se infiere que el salario devengado superó el promedio nacional, mientras que si el valor resultante es superior a 1, el salario devengado es inferior al promedio nacional. En ambos casos se ajusta.
Ahora bien, nótese además que, partiendo del mismo salario de base, el salario de referencia es sustancialmente diferente para cada uno de los afiliados dependiendo de su edad relativa; pero adicionalmente que, en varios casos, el salario que se utiliza como referencia para el cálculo es inferior al salario del 30 de junio de 1992, actualizado con el ipc.
Ello implica que, manteniendo lo demás constante, es la relación entre salarios medios la que determina el valor del salario de referencia que se utiliza para el cálculo de la pensión de referencia. Y ello tiene una razón lógica: lo que está indagando la norma es el salario que tendría el afiliado a la fecha en que, conforme con la norma, adquiriría el derecho a la pensión, salario que recoge toda la experiencia colombiana de salarios, desde la edad de 12 años hasta la edad de referencia que se utiliza para el cálculo del bono.
Por último, teniendo en cuenta el resultado mostrado en la columna “salario de referencia”, no puede partir de una base de cotización diferente al salario, porque el resultado no sería entonces un salario (el que tendría el afiliado a los 62 años si es hombre o 60 si es mujer) y lo que el artículo 117 de la Ley 100 en el literal a exige es hallar un salario, en caso alguno una pretendida base de cotización.
2. Una temprana conclusión
La base de cotización a 30 de junio de 1992 o el último salario devengado por el afiliado, si a dicha fecha se encontraba cesante, es apenas un dato para el cálculo del salario de referencia y, por ende, para obtener el valor de pensión de referencia, con base en la cual se determina el capital necesario para financiar la pensión de vejez cuando el afiliado cumpla los requisitos.
En realidad este dato sirve para construir el salario de referencia pero ese dato per sé no es la base de liquidación de la pensión de referencia para el cálculo del bono pensional.
La diferencia salta a la vista: el ibl de que trata la Ley 100 de 1993, en sus artículos 21 y 36, es el promedio de las bases de cotización (salarios reportados a la seguridad social) actualizadas con el ipc, durante un determinado periodo; por regla general, los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión. Sin embargo, el artículo 36 de la Ley 100 establece el ibl como el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, que puede ser un mes, y el mismo artículo 21 de la citada ley, establece que puede ser el promedio de toda la vida si el afiliado ha cotizado durante más de 1.250 semanas de cotización.
Conforme con el artículo 117 de la Ley 100 de 1993, el salario real final, salario de referencia, que se va a tener en cuenta para liquidar el bono pensional es el resultado de tomar un dato (un salario), actualizarlo con el ipc a la fecha de corte y afectarlo con la relación entre salarios medios nacionales; por tanto, es clara su diferencia con el ibl. Esta diferencia no fue creada en los decretos con fuerza de ley, ni en los reglamentarios: fue establecida en el mismo artículo 117 de la Ley 100.
Se reitera que mientras el ibl obedece a una experiencia individual de salarios, la del afiliado, la determinación del salario de referencia para la liquidación de la pensión de referencia se basa en una experiencia colectiva de salarios.
La pensión de referencia
En la técnica pensional la cuantía de la pensión de vejez es el resultado de multiplicar la base de liquidación de la pensión por el monto que le correspondería de acuerdo con el tiempo de cotizaciones a la seguridad social.
Definamos monto, para los efectos técnicos establecidos en la Ley 100 de 1993 pero en especial a efectos del presente trabajo, como una proporción. El monto de la pensión puede ser plano, por decir el 75%, o puede ser integrado: por ejemplo, el artículo 117 de la Ley 100 de 1993 estableció, por regla general, la integración del monto con base en los tiempos de cotizaciones o servicios así: el 45% por las primeras quinientas semanas de cotización más un 3% adicional por cada 50 semanas adicionales de cotización.
El literal b) del artículo 117 de la Ley 100 de 1993, estableció como regla general la integración del monto, con base en la reglamentación de la pensión de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales. Ahora bien, dado que se trataba de calcular el monto de pensión que alcanzaría el afiliado en caso de realizar cotizaciones a la seguridad social hasta la fecha de retiro supuesta, los tiempos para calcular el monto no solo son los tiempos de cotización o servicios prestados hasta el momento del traslado, sino además aquellos que se estima que el afiliado cotizará hasta la mencionada fecha de retiro. Señala el mencionado literal b):
b) El resultado obtenido en el literal anterior, se multiplica por el porcentaje que resulte de sumar los siguientes porcentajes:
Cuarenta y cinco por ciento, más un 3 % por cada año que exceda de los primeros 10 años de cotización, empleo o servicio público, más otro 3 % por cada año que faltaré para alcanzar la edad de sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, contado desde el momento de su vinculación al sistema.
La pensión de referencia así calculada, no podrá exceder el 90 % del salario que tendría el afiliado al momento de tener acceso a la pensión, ni de 15 salarios mínimos legales mensuales.
Por excepción el monto de la pensión, conforme al parágrafo 1 del mencionado artículo 117, es el 75% para el caso de las empresas que asumen las pensiones.
Como el caso que nos interesa es el de afiliados al Instituto de Seguros Sociales tomaremos, para el cálculo de la pensión de referencia, el monto del 90%. Los resultados son los que siguen:
PENSIÓN DE REFERENCIA PARA OCHO CASOS
Afiliado
Edad
Salario Base
Salario Actualizado
Salario de Referencia
Monto
Pensión de Referencia sin ajustar
Pensión de referencia Ajustada
A
20
$665.070
$1.149.348
$1.757.015
$0,90
$1.581.314
$1.581.314
B
30
$665.070
$1.149.348
$1.170.001
$0,90
$1.053.001
$1.053.001
C
40
$665.070
$1.149.348
$943.051
$0,90
$848.746
$848.746
D
50
$665.070
$1.149.348
$920.077
$0,90
$828.070
$828.070
E
20
$1.303.800
$2.253.177
$3.444.444
$0,90
$3.099.999
$1.784.003
F
30
$1.303.800
$2.253.177
$2.293.665
$0,90
$2.064.299
$1.784.003
G
40
$1.303.800
$2.253.177
$1.848.753
$0,90
$1.663.877
$1.663.877
H
50
$1.303.800
$2.253.177
$1.803.715
$0,90
$1.623.344
$1.623.344
Dado que la ley establece que la pensión de referencia no puede ser superior a quince (15) salarios mínimos, la columna pensión de referencia ajustada, muestra la pensión de referencia que va a ser utilizada para determinar el capital necesario para financiarla, es decir, el valor básico del bono pensional. Nótese que las personas que se encuentran más cercanas a la edad de retiro, tienen una pensión de referencia inferior, así se haya partido del mismo salario de base. Ya sabemos que este efecto lo produce la afectación del sba con los salarios medios nacionales.
Pero hay algo que debe llamar fuertemente la atención: solo en los casos de los afiliados A y B, a los que se les liquida la pensión de referencia con un salario de inicio de cálculo de $665.070, la pensión de referencia excede del 90% del salario de inicio del cálculo actualizado con el ipc. En todos los demás casos, la pensión de referencia representa una proporción inferior al 90% del salario actualizado.
Podemos mostrar, a modo de conclusión, el siguiente cuadro que refleja, en número de salarios mínimos, el salario de base, el salario actualizado, el salario de referencia y la pensión de referencia ajustada.
PENSIÓN DE REFERENCIA PARA OCHO CASOS
Afiliado
Salario Base
sb en sm de 1992 ($65.190)
Salario Actualizado
sa en sm de 1995 ($118.933,5)
Salario de Referencia
sr en sm de 1995 (118.933,5)
Pensión de Referencia Ajustada
pra en sm de 1995 (118.933,5)
A
$665.070
10,20
$1.149.348
9,66
$1.757.015
14,77
$1.581.314
13,30
B
$665.070
10,20
$1.149.348
9,66
$1.170.001
9,84
$1.053.001
8,85
C
$665.070
10,20
$1.149.348
9,66
$943.051
7,93
$848.746
7,14
D
$665.070
10,20
$1.149.348
9,66
$920.077
7,74
$828.070
6,96
E
$1.303.800
20,00
$2.253.177
18,94
$3.444.444
28,96
$1.784.003
15,00
F
$1.303.800
20,00
$2.253.177
18,94
$2.293.665
19,29
$1.784.003
15,00
G
$1.303.800
20,00
$2.253.177
18,94
$1.848.753
15,54
$1.663.877
13,99
H
$1.303.800
20,00
$2.253.177
18,94
$1.803.715
15,17
$1.623.344
13,65
Como se observa especialmente en los casos de los afiliados B, C y D, el salario de referencia para el cálculo de la pensión es sustancialmente inferior a 10,20 salarios mínimos. Así, queda demostrado que el concepto de Salario Base que se utiliza para el cálculo del bono pensional no es realmente un promedio de lo cotizado individualmente por el afiliado; ni siquiera indaga por el promedio previsible de los últimos 2 o 10 años de cotización del afiliado.
Pero además, en el caso de los bonos pensionales calculados bajo un salario inicial equivalente a 20 salarios mínimos, la pensión de referencia solo ascenderá a 15 salarios mínimos. Es decir, 4,8 salarios mínimos por encima de los 10,20 salarios que representaba en su momento un salario de $665.070. Es importante tener en cuenta finalmente, que si el afiliado al régimen de ahorro, hubiera decidido antes de pensionarse, y en vigencia de la Ley 100 original, trasladarse al régimen de prima media, por tener una expectativa de ibl cercana a los 20 salarios mínimos, su mejor opción sería dicho traslado pues la pensión final, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 original, podría ascender hasta una cuantía cercana a los 17 salarios mínimos. Este argumento será retomado más adelante.
Sin embargo, a efectos de este trabajo, lo más importante era descubrir que el salario de referencia es sustancialmente diferente al salario que se tomó como base para el inicio del cálculo.
IV. Reparos a la interpretación realizada por las altas cortes en relación con el “salario base para la liquidación de la pensión de referencia”
De manera arbitraria, salvo en lo estrictamente necesario, el presente trabajo de investigación no ha tenido en cuenta para su desarrollo el cálculo del bono lo dispuesto por el Decreto Ley 1299 de 1994. Ello tenía como finalidad mostrar las reales consecuencias económicas, financieras y jurídicas del cálculo que, soberanamente, aprobó directamente el Congreso de la República, plasmado en el artículo 117 en la Ley 100 de 1993.
El mito que se tejió, y que creció, es que el Decreto Ley 1299 de 1994 había cambiado las reglas para el cálculo. Sin embargo, si el cálculo se realiza tomando como base los artículos 4 y 5 de dicho decreto, el resultado es exactamente el mismo que el que hemos arriba obtenido. Con base en la Sentencia C-734 de 2005 se crearon otros prejuicios acerca de la norma reguladora de los bonos pensionales, pero esos prejuicios han sido achacados al Decreto Ley 1299 de 1994, quitándole todo valor al contenido del artículo 117 de la Ley 100 de 1993 y, peor, endilgando los problemas de interpretación a dicho decreto, que no a la ley.
Por ser un problema actual se abordará primero la posición de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que para todos los casos que no decide judicialmente dicha Corporación, el bono pensional se liquida, y continuará liquidando, tomando como dato inicial el salario devengado por el afiliado a 30 de junio de 1992, debidamente reportado a la seguridad social. En segundo lugar, se mostrarán a título de revisión histórica de la sentencia, los fallos en que incurrió la Corte Constitucional en la interpretación del Decreto Ley 1299 de 1994 y su consonancia con el artículo 117 de la Ley 100 de 1993.
A. La Sala de Casación Laboral no ha tenido en cuenta para su interpretación el contenido íntegro del artículo 117 de la Ley 100 de 1993
La tesis que en parte fundamentaba la demanda de inconstitucionalidad del literal a del artículo 5 del Decreto Ley 1299 de 1994, implícitamente acogida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es que el bono pensional contempla un auxilio a favor de ciertos afiliados al sistema, quienes recibían ingresos superiores a diez salarios mínimos legales, pues no se liquida con base en lo efectivamente cotizado sino en lo devengado debidamente reportado a la seguridad social. Esta tesis endilga a la norma el otorgamiento de privilegios a un cierto grupo en detrimento de los demás grupos de población cubiertos por el sistema de pensiones, lo cual no es cierto por las razones que adelante señalaremos.
Pero antes citemos la jurisprudencia de la Sala que revela su posición jurídica. En sentencia del 9 de mayo de 2010 (con ponencia de Gustavo José Gnecco Mendoza y número de radicación 36.340), la Sala de Casación Laboral señaló:
Apoyó ese criterio en la sentencia de esta Sala del 7 de diciembre de 2006, radicación 23216, y por ello debe precisar la Sala que si bien en esa decisión de instancia se consideró, en términos generales, respecto del caso que estaba bajo análisis y de cara a establecer el monto del bono pensional deprecado, que la entidad demandada debió reportar para el 30 de junio de 1992 el salario realmente devengado por el trabajador, a diferencia de este asunto, allí no estaba en discusión el ingreso surgido de las categorías de aportes vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993. Con todo, la Sala considera que el ingreso base de liquidación para la pensión de vejez de referencia, para la obtención del valor del respectivo bono pensional, debe ser aquel con el que se aportaba al Instituto de Seguros Sociales al 30 de junio de 1992 sobre la categoría máxima, esto es, el que se tomó de referencia para efectuar los aportes, por ser el máximo asegurable bajo el sistema existente a la fecha mencionada, de acuerdo con las tablas de categorías y aportes contemplados en el Decreto 2610 de 1989, esto es, la categoría 51, equivalente a la suma de $665.070,oo. De tal suerte que la existencia de una remuneración mayor a la mencionada, para tal fecha, no debe tener ninguna repercusión de cara a la determinación del salario de referencia para liquidar el bono pensional de los afiliados que se trasladaron de régimen.
En primer lugar, para sostener este argumento se ha partido de la base errada en relación con los subsidios pensionales. El argumento establece que el subsidio implícito que trae el bono pensional es solo a favor de unas personas naturales, las que se trasladen de régimen, sin tener en cuenta que en Colombia todas, absolutamente todas, las pensiones en el régimen de prima media reciben subsidios implícitos por parte del Estado. El caso más grave es el de los servidores públicos que en realidad nunca cotizaron para pensiones. La razón era, y es, simple: el mecanismo de cálculo de la pensión, típicamente la multiplicación del monto por el ibl, no consulta el capital que el afiliado acumuló para el financiamiento de la misma.
De acuerdo con múltiples estudios al respecto, el nivel de subsidio a las pensiones del régimen de prima media oscila entre el 80 y el 20% dependiendo de la cuantía de la pensión. De hecho, la razón por la cual se buscó la reforma pensional en 1992 fue la de inviabilidad del sistema.
Ahora bien, la Ley 100 de 1993 buscó otorgar congruencia, a partir de su vigencia, a la relación, hasta ese momento inexistente, entre cotizaciones y cuantía de la pensión. Sin embargo, en momento alguno dicha ley redujo a cero el subsidio a las pensiones. Los niveles de subsidio pensional persisten a los niveles arriba señalados en el régimen de prima media con prestación definida.
Con la implementación del Sistema General de Pensiones se intentó, como política de Estado, incentivar el traslado de los afiliados al régimen de ahorro individual. Como incentivo al traslado, pero también como instrumento de homologación de los tiempos de servicios o cotizaciones anteriores a la vigencia del sistema, se implementó la institución del bono pensional.
Sin embargo, la preocupación principal era que a los afiliados que se trasladaran al régimen de ahorro, se les garantizara, en lo posible, el mismo nivel de prestaciones que tendrían en caso de permanecer en el régimen de prima media con prestación definida. Para ello, había que trasladar el valor del subsidio implícito a la pensión. No obstante, dicho subsidio debía ser equivalente al que recibirían, conforme a las nuevas expectativas pensionales que se estaban creando, aquellos que permanecieran en el régimen de prestación definida.
Como se señaló en la exposición de motivos del proyecto de ley 155 de 1992:
Los actuales afiliados al sistema vigente, y quienes lo hayan sido con anterioridad, tendrán un reconocimiento de sus aportes o tiempo servido, en forma de un bono pensional. Dicho bono contribuirá a elevar el capital ahorrado por el afiliado en el nuevo Sistema de Ahorro Pensional, hasta un nivel que le permita por lo menos una pensión como la que obtendría en el nuevo régimen pensional del ISS. Para ello, dicho bono será superior a las cotizaciones efectuadas por los afiliados ya que éstas han sido insuficientes para financiar una pensión completa o completamente inexistentes en el caso del sector público.
De otra manera: lo que se buscaba con la nueva ley era garantizar prestaciones de vejez equivalentes en ambos regímenes; y se sabía de antemano que el nivel de las prestaciones, cuya expectativa se quería generar en el régimen de prima media, generaba subsidios a cargo del Estado: por tanto, para incentivar el traslado al régimen de ahorro y garantizar en lo posible la equivalencia de prestaciones era necesario hacer visible el subsidio implícito a la pensión (reconocido por la ley en forma de deuda) y trasladarlo mediante el instrumento denominado bono pensional.
En segundo lugar, es importante señalar que los bonos pensionales, que se otorgan por traslado al régimen de ahorro individual, comportan una disminución real, no un aumento, del gasto público en pensiones. En efecto, el subsidio implícito que se reconoce en el bono pensional a título de deuda, es solo una parte del subsidio que el Estado tendría que asumir por el pago de la pensión en el caso de que el afiliado se mantuviera en el régimen de prima media con prestación definida.
En tercer lugar, dadas las anteriores consideraciones, conviene señalar que es el Estado, no el Instituto de Seguros Sociales (ahora Colpensiones), el que asumió la deuda para el pago de los bonos pensionales. En efecto, dado que se trataba de deuda implícita ocasionada por la falta absoluta o parcial de cotización para otorgar las pensiones en las cuantías establecidas en la ley, el Estado asumió el pasivo pensional colombiano para honrar el valor de las prestaciones tanto pasadas como futuras, reconociendo que en ambos casos se otorgarían los subsidios implícitos. Para el pago de las pensiones en el régimen de prima media se estableció en el literal c del artículo 32 de la Ley 100 de 1993 una garantía estatal; para el pago de los bonos pensionales la Nación, conforme lo señala el artículo 121 de la Ley 100 de 1993, asumió directamente la deuda implícita del Instituto de Seguros Sociales y otras entidades del orden nacional. En relación con el Instituto de Seguros Sociales, solo asumió la deuda implícita causada por concepto de bonos pensionales hasta el 31 de marzo de 1994.
El único requisito que, a través de facultades extraordinarias, exigió el gobierno para asumir el valor de la deuda implícita, a través de los bonos pensionales tipo A, era demostrar el salario devengado a 30 de junio de 1992, debidamente reportado a la institución de previsión correspondiente. Posteriormente, pero por norma reglamentaria, en concreto, a través del artículo 28 del Decreto 1748 de 1995, se estableció que cuando no existiera constancia en la respectiva entidad de previsión respecto del salario devengando a dicha fecha por el trabajador, valdría la que expidiera el empleador, la cual, para el caso expreso del Instituto de Seguros Sociales que era el único que mantenía un sistema de categorías, valdría siempre que el salario denunciado por el empleador fuera “compatible” con el salario de la categoría.
La intención de la norma reglamentaria era simple: no buscaba cambiar lo establecido en el artículo 117 de la Ley 100 de 1993, ni mucho menos lo normado en el artículo 5 del Decreto Ley 1299 de 1994, la intención era establecer una presunción de reporte de salario con base en la categoría, para minimizar los incentivos al fraude que podrían ocasionarse si el Instituto de Seguros Sociales no encontraba la novedad individual de reporte de salario de cada afiliado. En otras palabras, dada la obligación del empleador de reportar el salario real, incluso si superaba la categoría máxima y el procedimiento establecido de registro y verificación de novedades del Instituto de Seguros Sociales, no era creíble que un empleador hubiera reportado un salario y que el Instituto no lo hubiera reflejado en la siguiente facturación, sin réplica del empleador o del empleado. Por tanto, al imponer la norma reglamentaria esta regla de compatibilidad, se buscaba que el empleador no denunciara un salario que no fuera el devengado realmente por el trabajador y que hubiera reportado al Instituto de Seguros sociales.
Desde luego, cuando se reportaba un salario superior al de categoría máxima, el Instituto solo lo podía facturar en categoría máxima; por tanto, como en su momento lo estableció la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito público, los salarios superiores a la categoría máxima y hasta el tope de 20 salarios mínimos, conforme con la ley, se consideran compatibles con la categoría máxima a efectos de establecer el salario de base para la liquidación del bono pensional. Este problema no lo tienen los afiliados que fueron reportados a través del sistema ala del Seguro Social, toda vez que existía la obligación de reportar el salario real devengado por el afiliado mes a mes. A ellos actualmente la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público les liquida el bono con el salario real reportado a la seguridad social hasta el tope de 20 salarios mínimos establecido en la ley.
Así las cosas, el argumento actual de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no consulta ni la literalidad del artículo 117 de la Ley 100 de 1993, ni el principio de favorabilidad, ni mucho menos la finalidad que se persigue. Rebelarse contra la aplicación del artículo 117 de la Ley 100 de 1993, y en particular contra los Decretos 1748 de 1995 y 3366 de 2007, es desconocer de manera arbitraria que existían poderosas razones de equidad en la conformación del sistema y en el diseño del bono para intentar brindar pensiones equivalentes a los afiliados al sistema general de pensiones.
La Sala de Casación Laboral cuando señala que se debe aplicar el concepto de “base de liquidación de la categoría 51 del ISS, para determinar el salario inicio de cálculo del bono pensional”, desconoce que a partir de la vigencia del sistema general de pensiones, el ibl se liquida con base en salarios reales devengados y reportados a la seguridad social (incluso para aquellos en régimen de transición, con experiencias cortas de salario observado), tácitamente justificando los subsidios que se otorgan a la pensión calculadas sobre un ibl que oscila entre uno y veinte salarios mínimos en el régimen de prima media, pero negando el derecho al subsidio implícito a la pensión establecido en el bono pensional que busca, como se mencionó, que los regímenes del sistema general otorguen pensiones equivalentes.
Si la ley hubiera querido trasladar el valor real de las cotizaciones realizadas a la seguridad social, hubiera aplicado de manera general la fórmula alternativa de bonos pensionales establecida en el parágrafo 3 del artículo 117 de la Ley 100 que señala:
PARÁGRAFO 3. Para las personas que ingresen por primera vez a la fuerza laboral con posterioridad al 30 de junio de 1992, el bono pensional se calculará como el valor de las cotizaciones efectuadas más los rendimientos obtenidos hasta la fecha de traslado.
Dicha fórmula, como se observa, solo traslada el valor de las cotizaciones efectuadas. En la fórmula establecida en el cuerpo del artículo 117 no se plantea esta solución: se plantea una de traslado proporcional del capital necesario para financiar la pensión a la que tendría derecho el afiliado cuando llegue a la edad de retiro.
Pero además, y por último, el término base de cotización está definido por el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 como el salario que devenga el afiliado. Como arriba se explicó, el artículo 117 de la Ley 100 aplica de manera general para todos los afiliados al sistema independientemente de donde hayan estado vinculados al 30 de junio de 1992. Por tanto, entender que la norma se refiere a la base de cotización establecida para el iss es restringir el campo de aplicación de la norma. En efecto, había personas que se desempeñaban al 30 de junio de 1992 como servidores públicos sin afiliación a una caja o fondo del sector público, empleadores que reconocían sus propias pensiones, etc., para los cuales el concepto “base de cotización” resulta extraño. Igual dificultad existe con los servidores públicos afiliados a las cajas y fondos. Para todos ellos, si el concepto de base de cotización es restringido materialmente, no habría forma de liquidar el bono pensional.
B. La Corte Constitucional tampoco tuvo en cuenta en la Sentencia C-734 de 2005 el contenido íntegro del artículo 117 de la Ley 100 de 1993
La Corte Constitucional, al confundir un término técnico establecido para los bonos pensionales con un término técnico definido para el diseño de la pensión de vejez, le dio un alcance que no tenía el Decreto Ley 1299 de 1994 en relación con el artículo 117 de la Ley 100 de 1993, lo que la llevó, en nuestro criterio, erradamente a determinar que el decreto ley excedió las facultades extraordinarias concedidas por el numeral 5 del artículo 139 de la citada ley.
Señaló la Corte en la Sentencia C-734 de 2005:
7.4. Cabe destacar, además, que el contenido material de la norma acusada, esto es, la definición del salario base de cotización para la pensión de vejez de quienes venían cotizando al ISS o a una caja o fondo del sector público o privado con anterioridad al 30 de junio de 1992, fue regulado directa e integralmente por el propio Congreso de la República en el texto de la ley habilitante, con lo cual se descarta de plano que dicho tema pudiera estar incluido en el ámbito material de las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno por intermedio del numeral 5° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993.
En efecto, la misma Ley 100 de 1993, en varias de sus disposiciones se ocupa integralmente del tema contenido en el literal a) del artículo 5° del decreto Ley 1299 de 1994, así: (i) de manera general, en el artículo 21, al definir éste cual es el salario o ingreso base de liquidación para todas las pensiones previstas en dicha ley (entre las que se incluye por supuesto la pensión de vejez), y señalar que corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos diez (10) anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si éste fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia. Y, concretamente, (ii) tratándose de la definición del salario base de cotización para la pensión de vejez de quienes venían cotizando al SS o a una caja o fondo del sector público o privado con anterioridad al 30 de junio de 1992, es el artículo 117 el que regula la materia, pues al referirse al valor de los bonos pensionales, señala que para reconocer la pensión de vejez se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de su ingreso al Sistema según la variación porcentual del índice de precios al consumidor del DANE, por la relación que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado en dicha fecha.
Las normas mencionadas y su coincidencia temática puede ser apreciada con mayor claridad en el siguiente cuadro comparativo en el que se transcribe el contenido de los artículos 21 y 117 de la Ley 100 y el literal a) del artículo 5° del Decreto ley 1299 de 1994:
Ley 100 de 1993
Decreto 1299 de 1994
ARTICULO 21. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre las cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del Indice de Precios al consumidor, según certificación que expide el DANE.
ARTICULO 117. Valor de los Bonos Pensionales. Para determinar el valor de los bonos, se establecerá una pensión de vejez de referencia para cada afiliado, que se calculará así:
a) Se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de su ingreso al Sistema según la variación porcentual del índice de precios al consumidor del DANE, por la relación que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado en dicha fecha. Dichos salarios medios nacionales serán establecidos por el DANE:
b) El resultado obtenido en el literal anterior, se multiplica por el porcentaje que resulte de sumar los siguientes porcentajes:
Cuarenta y cinco por ciento, más un 3 % por cada año que exceda de los primeros 10 años de cotización, empleo o servicio público, más otro 3 % por cada año que faltaré para alcanzar la edad de sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, contado desde el momento de su vinculación al sistema.
La pensión de referencia así calculada, no podrá exceder el 90 % del salario que tendría el afiliado al momento de tener acceso a la pensión, ni de 15 salarios mínimos legales mensuales.
ARTICULO 5o.Salario base de liquidación para la pensión de vejez de referencia. Para los efectos de que trata el literal a. del artículo anterior, se entiende por salario base de liquidación para calcular la pensión de vejez de referencia del afiliado:
a). Tratándose de personas que estaban cotizando o que hubieren cotizado al ISS o a alguna caja o fondo de previsión del sector público o privado, el salario o el ingreso base de liquidación será el salario devengado con base en normas vigentes al 30 de junio de 1992, reportado a la respectiva entidad en la misma fecha, o el último salario o ingreso reportado antes de dicha fecha, si para la misma no se encontraba cotizando.
Confrontados los dos textos, encuentra la Corte que, a partir de diferentes contenidos normativos, tanto la ley (de manera general en el artículo 21 y en concreto en el artículo 117) como el decreto citado en la norma acusada, hacen referencia expresa al tema de la definición del salario base de cotización para el reconocimiento de la pensión de vejez de quienes venían cotizando al ISS o a una caja o fondo del sector público o privado con anterioridad al 30 de junio de 1992. En consecuencia, si la ley habilitante determinó claramente cuál era el salario base de cotización para el reconocimiento de la pensión de vejez de ese grupo de personas, no resultaba constitucionalmente válido que el Gobierno, so pretexto de regular aspectos relacionados con la emisión de los bonos pensionales, entrara a redefinir el mismo punto temático.
Como fácilmente puede observarse, la Corte confundió el término “pensión de vejez” con “pensión de vejez de referencia”. El término “pensión de vejez de referencia” fue establecido en el artículo 117 de la Ley 100 para estructurar la fórmula para el cálculo del bono pensional: La pensión de referencia resulta de un cálculo que busca indagar la cuantía de la pensión a la que tendría derecho el afiliado al momento de cumplir la edad de pensión. Pero además, frente al término “con anterioridad al 30 de junio de 1992” no reparó en que existen dos formas para calcular el bono: la establecida en el parágrafo 3 del artículo 117 de la Ley 100 para quienes iniciaron su vida laboral después del 30 de junio de 1992; y la fórmula general establecida para los que los hicieron antes de dicha, o a esa fecha, inclusive.
Sin embargo, además, la misma redacción del decreto ayudó a crear más confusión en la Corte. Tal vez el rótulo del artículo 5 del Decreto Ley 1299 de 1994 (Salario base de liquidación para la pensión de vejez de referencia) la desorientó. Si la Corte hubiese realizado un examen más minucioso de la norma, hubiera encontrado, en primer lugar, que el mencionado artículo 5 tenía ámbito de aplicación exclusivo para la realización del cálculo de que trata al literal a del artículo 4 del Decreto Ley 1299 de 1994, que es una transcripción casi literal del literal a del artículo 117 de la Ley 100 de 1993. Comparemos las dos normas:
Ley 100 de 1993
Artículo 117. Valor de los Bonos Pensionales. Para determinar el valor de los bonos, se establecerá una pensión de vejez de referencia para cada afiliado, que se calculará así:
a) Se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de su ingreso al Sistema según la variación porcentual del índice de precios al consumidor del DANE, por la relación que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado en dicha fecha. Dichos salarios medios nacionales serán establecidos por el DANE:
Decreto Ley 1299 de 1994
Artículo 4. Cálculo de la pensión de vejez de referencia para los vinculados con anterioridad al 30 de junio de 1992. La pensión de vejez de referencia para cada afiliado se calculará así:
a) Se calcula el salario de referencia que el afiliado tendría a los 60 años de edad si es mujer o a los 62 si es hombre.
Dicho salario se obtiene de multiplicar el salario base de liquidación de que trata el artículo siguiente, por la relación que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que tenga el afiliado a fecha de selección o de traslado al régimen de ahorro individual. La tabla de salarios medios nacionales será establecida por el DANE y oficializada por el Gobierno Nacional….
Cuando el artículo 4 del Decreto Ley 1299 de 1994 está haciendo referencia al “salario base de liquidación de que trata el artículo siguiente”, en realidad está haciendo referencia a la “base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado”, que fue realmente lo que reguló el artículo 5 del Decreto Ley 1299 de 1994 como condición necesaria para la liquidación del bono.
Como lo hemos reiterado, en los términos de los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993, la base de cotización es el salario. De ello se desprende con claridad el porqué se estableció que, conforme lo señala el literal a del artículo 5 del mencionado Decreto 1299, el salario o el “ingreso base de liquidación” (para la determinación de la pensión de referencia) será el salario devengado con base en normas vigentes al 30 de junio de 1992, reportado a la respectiva entidad en la misma fecha, o el último salario o ingreso reportado antes de dicha fecha, si para la misma no se encontraba cotizando.
El error del Gobierno Nacional fue definir como “salario base de liquidación” lo que, en efecto, no es un salario base de liquidación, sino un dato, “la base de cotización a 30 de junio de 1992, o el último salario devengado si para dicha fecha se encontraba cesante, debidamente actualizado con el IPC”, necesario para realizar un cálculo que busca hallar un salario. El error de la Corte Constitucional fue pasar por alto que el término “pensión de vejez de referencia” fue acuñado por el artículo 117 de la Ley 100 y que en su concepción es diferente al término “pensión de vejez”.
CONCLUSIONES
La interpretación que se ha realizado sobre el concepto de “base de cotización”, tanto por la Corte Constitucional como por la Sala de Casación Laboral ha sido restrictiva, descartando cualquier otra clase de interpretación, que para casos como el presente, es necesaria tales como la interpretación sistemática o aquella que indaga por la teleología de la norma.
Ambas altas Cortes han achacado al Gobierno Nacional un exceso en las facultades extraordinarias otorgadas al regular el tema de los bonos pensionales al amparo del numeral 5 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993. La Sala de Casación Laboral, en la sentencia arriba señalada, ha dicho, al respecto,
Es evidente que el artículo 5º del precitado Decreto 1299 de 1994, introdujo una protuberante modificación en cuanto al salario base de liquidación de los bonos pensionales a 30 de junio de 1992, pues ya no aludió al salario base de cotización, sino al salario devengado en esa fecha de acuerdo con las normas legales vigentes. Y así se afirma, pues si para dicha fecha había un salario máximo asegurable de $665.070, pero el afiliado realmente devengaba un salario superior, el bono debía liquidarse de acuerdo con éste último y no con el [que] se le cotizó.
Sin embargo, como se ha mostrado, es el artículo 117 de la Ley 100 de 1993, no el Decreto Ley 1299 de 1994, el que equiparó “base de cotización” con “último salario devengado”. Ninguna de las dos Altas Cortes ha examinado a profundidad el contenido del mencionado artículo 117 de la mencionada Ley. Lo más fácil ha sido utilizar el supuesto exceso de facultades para no abordar la razón por la cual el legislador estableció la equiparación entre base de cotización al 30 de junio de 1992 y último salario devengado.
De otro lado, se dejó a un lado la teleología de la norma, no se indagó por la razón que tuvo el gobierno para presentar la fórmula de cálculo del bono pensional. Debe anotarse que la redacción del artículo 117 conservó el tenor literal durante su trámite en el Congreso de la República. Lo único que varió en ese tenor literal fue la edad tenida en cuenta para el cálculo. El proyecto de ley 155 de 1992 contemplaba una edad de pensión de 65 años; fue durante el trámite posterior que se redujo la edad de pensión a 62 años para los hombres y 60 para las mujeres.
Ambas Cortes han pasado por alto que el artículo 117 de la Ley 100 de 1993 no indaga por una pensión de vejez, sino por una pensión de vejez de referencia que se calcula con base en la fórmula implícita allí establecida y no como lo señala el artículo 33 de la misma.
Finalmente, es necesario decirlo, la posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia está afectando la equidad natural del sistema pensional. Todos los bonos pensionales que actualmente liquidan los diferentes emisores de bono, pero en especial la Oficina de Bonos Pensionales, respetan la regla de utilizar el salario devengado hasta el tope de 20 salarios mínimos, cuando el empleador reportó el salario real devengado por el afiliado y realizó la cotización sobre la categoría 51. Es decir, las entidades están cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1748 de 1995 y reiterado en el Decreto 3366 de 2007.
Solo en los casos en que el empleador sub-cotizó a la seguridad social, y por tanto, reportó salarios por debajo de la categoría 51, la Nación deja de reconocer el salario devengado por el empleado, puesto que no fue reportado a la seguridad social en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 3063 de 1989 que ordenaba reportar al Instituto de Seguros Sociales el salario real devengado por el afiliado aun cuando este excediera el rango de salarios contemplado en la categoría máxima.
Desde luego, sobre el incumplimiento de una obligación legal no se puede generar derechos. En este orden de ideas, el único responsable, ante el afiliado, de que el emisor no liquide el bono pensional con el salario devengado, dejado de reportar a la seguridad social, es el empleador, porque incumplió su deber legal de reporte. El daño que se le causa al afiliado fue directamente ocasionado por el empleador; por simple equidad debiera responder al empleado por eludir la obligación legal de reporte del salario real.
En la gran mayoría de los casos, si no en todos, la Sala de Casación Laboral termina protegiendo, en razón de su jurisprudencia, a los empleadores que evadieron su obligación legal de reportar el salario real devengado por el afiliado, lo cual no pareciera justificado, si la interpretación que se ha realizado sobre el artículo 117 de la Ley 100 de 1993 ha sido restrictiva, como en este trabajo se ha intentado mostrar.
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De esta manera, itero, salvo el voto.
Fecha ut supra,
FERNANDO CASTILLO CADENA
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