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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3184-2023-

Acción de revisión

Fecha
25 de octubre de 2023
Magistrado ponente
Ivan Mauricio Lenis Gomez
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3184-2023-

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Se presentó oportunamente la acción de revisión promovida por la UGPP?

  2. ¿La sentencia revisada reconoció una cuantía pensional superior a la debida al incluir factores salariales no autorizados y aplicar incorrectamente el ingreso base de liquidación?

Reglas

  1. La acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 está sujeta al término de cinco años, contado desde la creación del acto o la ejecutoria de la providencia; para la UGPP que representa a Cajanal corre desde que asumió su defensa.

    «dicho término se cuenta a partir del 12 de junio de 2013 -Decreto 2196 de 2009-, fecha en que aquella asumió la defensa de la citada entidad de seguridad social»
  2. La causal de revisión por exceso pensional exige que la cuantía reconocida resulte de una infracción evidente y grave del ordenamiento, con exceso manifiesto.

    «la tipificación de la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe contar, como ya lo ha dicho la Sala, con la demostración de que»
  3. En el IBL de la pensión de Ley 33 de 1985 reconocida bajo transición solo se incluyen los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.

    «solo los conceptos previstos en el Decreto 1158 de 1994 deben considerarse a efectos de liquidar la pensión contemplada en la Ley 33 de 1985»
  4. El régimen de transición del artículo 36 conserva reglas anteriores únicamente sobre edad, tiempo de servicios y monto; el IBL se determina con las reglas de la Ley 100 de 1993.

    «en los demás aspectos, tales como el ingreso base de liquidación, estos quedan amparados por las disposiciones de la mencionada Ley 100 de 1993»

Decisión

Declaró fundada la causal de revisión; invalidó la sentencia que había ordenado reliquidar la pensión y absolvió a Cajanal de esas pretensiones. No ordenó devolver las sumas pagadas en exceso por la buena fe del pensionado.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la forma alegada por la UGPP. SEGUNDO: INVALIDAR la sentencia que el Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano profirió el 13 de julio de 2009, en el proceso ordinario laboral que Felipe Anaya Moreno promovió contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social–Cajanal-, hoy UGPP. TERCERO: ABSOLVER a la entonces demandada de todas las pretensiones formuladas en el proceso ordinario laboral que Felipe Anaya Moreno adelantó en su contra. CUARTO: NO DISPONER el reintegro de las sumas canceladas en exceso al pensionado, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. QUINTO: En firme esta providencia, ENVÍESE por Secretaría copia de la presente decisión al Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano para que se agregue al respectivo expediente. SEXTO: Por la Secretaría de la Sala, ARCHÍVESE el expediente, una vez ejecutoriada la presente providencia. Sin costas.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3184-2023-

Magistrado ponente: Ivan Mauricio Lenis Gomez

25 de octubre de 2023

4917440-1946910

00

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

SL3184-2023

Radicación n.° 83907

Acta 40

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

La Corte decide la revisión que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP- interpuso contra la sentencia que el Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano (Córdoba) profirió el 13 de julio de 2009, en el proceso ordinario laboral que FELIPE ANAYA MORENO y otros promovieron contra la extinta CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL -CAJANAL E.I.C.E.-.

ANTECEDENTES

La UGPP solicita la revisión de la sentencia que el Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano (Córdoba) profirió el 13 de julio de 2009, respecto de las condenas impuestas a Cajanal E.I.C.E y a favor del entonces demandante Felipe Anaya Moreno, en tanto ordenó la reliquidación de la pensión a favor de aquel en cuantía superior a la que le correspondía.

En respaldo de su solicitud, narra que Felipe Anaya Moreno nació el 23 de agosto de 1941, prestó sus servicios al Ministerio de Salud y Protección Social del 13 de mayo de 1968 al 31 de agosto de 1994 y al Departamento de Córdoba desde el 1.º de septiembre de 1994 hasta el 29 de marzo de 1999; asimismo, que el último cargo que desempeñó fue el de auxiliar de Epidemiología II.

Refiere que el 23 de agosto de 1996 adquirió el estatus de pensionado, de modo que mediante Resolución n.º 014412 de 2 de diciembre de 1999 la extinta Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal- le reconoció pensión de jubilación a partir del 30 de marzo de 1999, en cuantía de $296.294,08.

Agrega que Anaya Moreno solicitó la reliquidación de la prestación; no obstante, a través de Resoluciones n.º 25688 de 31 de agosto de 2005 y 33822 de 11 de julio de 2007, aquella entidad negó lo pretendido.

Expone que inconforme con la anterior decisión, el pensionado inició proceso ordinario laboral contra la referida entidad, con el fin de que se reliquidara su pensión teniendo en cuenta como factores salariales, además del salario base y la bonificación por servicios prestados, las primas anuales de servicios, vacacional y de navidad, así como los auxilios de transporte y alimentación mensual.

El asunto correspondió al Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano, quien, mediante fallo de 13 de julio de 2009 condenó a Cajanal a reliquidar la pensión de jubilación del demandante «con el 75% de la asignación mensual más elevada en el último año de servicios», esto es, la suma de $953.573 para el año 2009, y a pagar $46.051.141,58 por concepto de retroactivo pensional, providencia que quedó ejecutoriada el 16 de julio de 2009.

Para arribar a tal decisión, la autoridad judicial analizó la resolución de reconocimiento pensional, de la cual extrajo que el actor era beneficiario del régimen de transición, de modo que su situación debía resolverse al tenor de lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968, 1045 de 1978 y las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, esto es, aplicando una tasa de reemplazo del 75% «de la asignación mensual más elevada que devengó durante el último año de servicios» y no con el promedio de los devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho -4 años, 11 meses y 29 días-, como lo hizo Cajanal. Así, señaló que:

Dicho error consistió en aplicar parcialmente el régimen anterior en la liquidación de la pensión del demandante, y por otro lado para efectos de factores salariales y salario base de liquidación aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 inciso 3°, transgrediendo de esta manera tanto el principio de favorabilidad de la ley laboral como el de inescindibilidad, este último en el sentido de que el régimen anterior debe aplicarse en su integridad y no parcialmente como se hizo para el porcentaje de la pensión, utilizándose el art. 36 de la Ley 100 de 1993 sobre los factores salariales y el salario base de liquidación.

El juez de conocimiento agregó que el concepto de la «asignación mensual» comprendía la asignación básica mensual, así como todas las sumas que habitual y periódicamente recibió el funcionario o empleado como retribución por sus servicios, las cuales señaló que correspondían a: gastos de representación, prima de antigüedad, auxilio de transporte, prima de capacitación, prima ascensional, prima semestral, viáticos recibidos en comisión de servicios, prima de navidad, entre otras.

No obstante, precisó que como en el asunto puesto a su consideración, el actor cuestionó la no inclusión de la «prima anual de servicios, prima vacacional, prima de navidad, auxilio de transporte y auxilio de alimentación mensual» como factores salariales, únicamente reliquidaría la prestación con estos conceptos.

La UGPP informa, además, que mediante Resolución n.º UGM 035671 de 28 de febrero de 2012, la extinta Cajanal E.I.C.E. dio cumplimiento al fallo referido, aumentó la cuantía de la prestación a la suma de $953.573, la cual, según Resolución n.° UGM 054957 de 27 de agosto de 2012 se hizo efectiva y adquirió efectos fiscales el 1.° de agosto de 2009.

Aduce que el pensionado no tiene derecho al reconocimiento pensional «con el 75% de la asignación mensual más elevada en el último año de servicios» como lo ordenó el juez de conocimiento, «al parecer» en aplicación del Decreto 546 de 1971, pues el régimen pensional aplicable a los empleados oficiales es la Ley 33 de 1985, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 – en lo relativo al ingreso base de liquidación- y el Decreto 1158 de 1994 -respecto de los factores salariales para la liquidación de la pensión-. En apoyo, transcribe apartes de las sentencias CC SU-230-2015 y SU-427-2016.

En el anterior contexto, con fundamento en la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la UGPP solicita que se «revoque y/o sustituya» la sentencia en cita, para que, en su lugar: (i) se profiera una nueva decisión con base en la Ley 33 de 1985 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y (ii) se ordene al pensionado devolver los dineros que recibió por cuenta de la reliquidación pensional, debidamente indexados (f.º 1 a 11, cuaderno del Tribunal).

Por medio de auto AL2749-2020 de 5 de agosto de 2020, esta Corporación admitió la demanda de revisión y ordenó la notificación al beneficiario de la pensión (archivo 01, cuaderno digital Corte).

Al dar respuesta a la demanda, Felipe Anaya Moreno se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos en que se fundamentan, los acepta todos.

Señala que la sentencia objeto de revisión se profirió con fundamento en la Ley 33 de 1985 y, por ello, el juez de conocimiento ordenó la reliquidación de la pensión con el 75% del salario promedio del último año de servicio.

Respecto de la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para determinar el ingreso base de liquidación, indica que el juez de instancia no consideró que fuera procedente «en el sentido de que el régimen anterior debe aplicarse en su integridad y no parcialmente como se hizo para el porcentaje de la pensión, utilizándose el art. 36 de la Ley 100 de 1993 sobre los factores salariales y el salario base de liquidación», sin que, ahora, sea dable modificar ese criterio con sustento en la jurisprudencia que la Corte Constitucional emitió posteriormente, a través de sentencias CC SU-230-2015 y CC SU-427-2016, pues ello atentaría contra el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada.

Expone que si en gracia de discusión se concediera lo pretendido por la UGPP, no procede la devolución de los dineros pagados debidamente indexados con ocasión a la reliquidación ordenada por el Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano en sentencia de 13 de julio de 2009, tal como se puntualizó en la sentencia CC C- SU-427-2016.

CONSIDERACIONES

En este asunto se acreditó que: (i) Felipe Anaya Moreno nació el 23 de agosto de 1941; (ii) laboró en el entonces Ministerio de la Protección Social y Salud del 13 de mayo de 1968 al 31 de agosto de 1994 y en el Departamento de Córdoba del 1.° de septiembre de 1994 al 29 de marzo de 1999; (iii) es beneficiario del régimen de transición; (iv) adquirió el «status jurídico» de pensionado el 23 de agosto de 1996; (v) mediante Resolución n.° 0144412 de 2 de diciembre de 1999 la extinta Cajanal E.I.C.E. le reconoció pensión por vejez conforme a las disposiciones de la Ley 33 de 1985, en cuantía de $296.294,08 a partir del 30 de marzo de 1999 y aplicó el 75% del promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho -«4 años, 11 meses, 29 días»-; (vi) el pensionado formuló demanda contra Cajanal E.I.C.E. con el fin de obtener la reliquidación de su prestación; (vii) el Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano, a través de fallo de 13 de julio de 2009 accedió a las pretensiones del accionante; (viii) por Resolución UGM035671 de 28 de febrero de 2012 la extinta Cajanal E.I.C.E. dio cumplimiento a la anterior decisión y aumentó la cuantía de la mesada a $953.573, efectiva a partir del «30 de marzo de 1999», con efectos fiscales a partir de 1.° de agosto de 2009, y (ix) mediante Resolución UGM 054957 de 27 de agosto de 2012 se modificó el anterior acto administrativo, en el sentido de establecer que su efectividad lo era desde el 1.° de agosto de 2009.

Así, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en determinar: (1) si la revisión se interpuso en el término legal, (2) las características de la revisión y la causal invocada, y si la decisión que se controvierte se enmarca en tal definición y, en caso afirmativo, (3) si el Juez Promiscuo de Montelíbano se equivocó al ordenar la reliquidación de la pensión de vejez a Felipe Anaya Moreno en cuanto a los factores salariales que tuvo en cuenta, así como en la determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Término para impetrar la acción de revisión del artículo 20 de la ley 797 de 2003

De conformidad con la disposición en cita, las providencias judiciales, transacciones y conciliaciones judiciales y extrajudiciales que impongan el pago de sumas periódicas a cargo del tesoro público o fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas «en cualquier tiempo», por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, por las precisas causales allí establecidas.

La expresión «en cualquier tiempo» fue declarada inexequible por la Corte Constitucional por medio de sentencia CC C-835-2003, de modo que el plazo para interponer la revisión es el consagrado genéricamente para el recurso extraordinario de revisión en cada jurisdicción que, en materia ordinaria laboral, es de «seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal sin que pueda excederse de cinco (5) años contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación, según el caso», de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 712 de 2001.

Asimismo, en la precitada providencia se indicó que el término para interponer el recurso «se aplica a todas las hipótesis del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que hayan ocurrido con anterioridad a este fallo o que ocurran con posterioridad a él», y debe comenzar a contarse desde el «día siguiente de la notificación de esta sentencia».

A partir de una lectura armónica de las anteriores reglas, esta Sala ha definido que el plazo para interponer la revisión por las especiales causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es de 5 años, contados desde la fecha de creación del acto o ejecutoria de la providencia que se pretende anular.

No obstante, en aquellos casos en los que la UGPP está legitimada para representar los intereses de Cajanal E.I.C.E., dicho término se cuenta a partir del 12 de junio de 2013 -Decreto 2196 de 2009-, fecha en que aquella asumió la defensa de la citada entidad de seguridad social (CSJ SL1687-2020 y CSJ SL5119-2020).

En tal perspectiva, teniendo en cuenta la data en que la UGPP asumió la representación de la extinta Cajanal E.I.C.E. -12 de junio de 2013- y que la revisión se presentó el 5 de junio de 2017 (f.º 3 del archivo PDF 83907), se advierte que la UGPP acudió al mecanismo de manera oportuna.

Características de la revisión y la causal invocada

La jurisprudencia de la Corporación ha indicado que la revisión de las decisiones de los jueces de primer o segundo grado por las causales consagradas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 constituye un mecanismo jurídico de carácter extraordinario, mediante el cual se busca la defensa de los recursos públicos y el afianzamiento de los principios de moralidad pública e interés general, a partir de una excepción a los efectos de cosa juzgada que amparan a ciertas decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones, que imponen el pago de sumas periódicas o pensiones a cargo del tesoro público o fondos de naturaleza pública.

Sin embargo, ha destacado que no es la vía adecuada para discutir indefinidamente los extremos de una litis que ha sido objeto de decisión judicial ejecutoriada ni tampoco reemplaza los instrumentos de impugnación previstos por el legislador en cada procedimiento, sino que su finalidad es la de evitar la defraudación de los recursos públicos, a partir de unas precisas causales que deben ser invocadas en un marco serio y responsable (CSJ SL5119-2020).

Y el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra la procedencia del mecanismo de revisión «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Nótese que la norma en comento tiene como finalidad la protección del patrimonio público y el interés general que se afectan notablemente cuando se impone a las entidades públicas el reconocimiento de prestaciones periódicas cuya cuantía excede lo debido de acuerdo con las normas legales o extralegales vigentes y, en ese orden, esta causal debe interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde este instrumento legal.

Al respecto, en sentencia CSJ SL351-2018 reiterada en la CSJ SL4335-2021, la Corte señaló:

Sin duda, el análisis de la referida situación corresponde hacerlo en cada caso concreto y, debido a los importantes fines y principios que acompañan a la conciliación, en correspondencia con la naturaleza excepcional y extraordinaria del recurso de revisión, la tipificación de la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe contar, como ya lo ha dicho la Sala, con la demostración de que «…la cuantía de la pensión concedida sea el fruto de una infracción evidente y grave al ordenamiento legal o extralegal que haya servido de base para su otorgamiento, con consecuencias objetivamente distantes del valor por el que realmente debió concederse la prestación…» (CSJ SL7185-2015), o que «…el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos…» (CSJ SL, 15 abr. 2005, rad. 25761).

De modo que la Ley 797 de 2003 no consagró la revisión del reconocimiento de las prestaciones pensionales que en concreto emanan de la seguridad social, sino de toda suma periódica o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública contenido en providencias judiciales de todo tipo, en conciliaciones o transacciones judiciales o extrajudiciales, dado que el propósito del legislador, se reitera, es el de evitar perjuicios económicos a La Nación y derivados del pago de valores superiores a los establecidos en la legislación (CSJ SL15882-2017 y CSJ SL3276-2018).

En consecuencia, la sentencia dictada en el proceso ordinario mediante la cual el Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano condenó a la extinta Cajanal E.I.C.E. a reliquidar la mesada pensional de Felipe Anaya Moreno, implica para La Nación el reconocimiento de una prestación con cargo al tesoro público o fondos de naturaleza pública, obligación que actualmente la asume la UGPP, conforme a lo previsto en los artículos 156 del Decreto 1151 de 2007 y 1.° de la Ley 169 de 2008.

¿El Juez Promiscuo de Montelíbano se equivocó al ordenar la reliquidación de la pensión de vejez a Felipe Anaya Moreno?

La UGPP solicita que se deje sin efecto la sentencia recurrida al considerar que el juez de conocimiento erró al ordenar la reliquidación de la pensión de vejez que le había reconocido aplicando el régimen de los trabajadores de la Rama Judicial y Ministerio Público, esto es, el Decreto 546 de 1971, y además con la inclusión de factores salariales diferentes a los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, norma aplicable a aquellos funcionarios públicos que no alcanzaron a consolidar su status pensional con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Asimismo, alega que el juez de conocimiento infringió de manera directa el artículo 36 ibidem, comoquiera que no liquidó el ingreso base con fundamento en tal precepto, sino con el régimen anterior, lo cual es errado pues según la sentencia CC C-SU-230 de 2015 el «IBL no es un elemento que esté sometido a la transición, por lo cual para su obtención se deberán observar las reglas establecidas en la noma general Ley 100 de 1993».

Bajo ese contexto, en lo relativo a los factores que deben incluirse para efectos de determinar el ingreso base de liquidación –IBL- de la prestación reconocida a Felipe Anaya Moreno, la Sala ha precisado que solo los conceptos previstos en el Decreto 1158 de 1994 deben considerarse a efectos de liquidar la pensión contemplada en la Ley 33 de 1985 para los beneficiarios del régimen de transición (CSJ SL3276-2018 y CSJ SL1686–2020). Precisamente, en la primera providencia referida, la Corporación precisó:

Por lo demás, este profundo convencimiento interpretativo no ha tenido al interior de la Corte vacilaciones o fluctuaciones, y en la actualidad es suscrito también por la Corte Constitucional (SU 230-2015 y SU 395-2017), bajo el argumento de que resulta contrario al principio de igualdad la concesión de privilegios pensionales que no corresponden a los ingresos reales devengados en la vida laboral del trabajador y que, por tanto, atrofian la sostenibilidad del sistema mediante subsidios en detrimento de los derechos de la generalidad de los colombianos (…).

Adicionalmente, el Juzgado Doce Laboral de Medellín integró a la base de liquidación pensional rubros que si bien pudieran tener connotación salarial, no pueden tenerse en cuenta para liquidar la pensión de jubilación oficial bajo los el régimen de transición, ya que de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 solo están llamados a dichos efectos la asignación básica mensual, los gastos de representación, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la bonificación por servicios prestados, así como las primas técnica y de antigüedad, ascensional y de capacitación, cuando constituyan factor de salario. Por consiguiente, no tienen tal naturaleza la bonificación de junio o prima de servicios, la prima de vacaciones, la bonificación o prima de navidad, y mucho menos las vacaciones que el juzgador de primera instancia computó como parte de la base para calcular el monto de la pensión.

Conforme al precedente en cita, se tiene que el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994 dispone:

ARTÍCULO 1º. El artículo 6.º del Decreto 691 de 1994, quedará así:

Base de cotización. El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación;

c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;

d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;

e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;

f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;

g) La bonificación por servicios prestados.

En tal perspectiva, la Corte advierte que el Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano se equivocó al ordenar la reliquidación de la pensión prevista en la Ley 33 de 1985 con inclusión de factores salariales como «auxilio de alimentación, auxilio de transporte, primas de navidad, de servicios y vacacional» (f.º 180 a 198 del archivo PDF Cuaderno Corte), pues como se dijo, dichos conceptos no están incluidos en la citada disposición, con lo cual generó un pago periódico injustificado que mengua el patrimonio público.

Por otra parte, se tiene que el juez del asunto expuso que la extinta Cajanal E.I.C.E. liquidó erróneamente la prestación en cuanto al salario base de liquidación, pues aplicó el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con lo cual consideró transgredido «tanto el principio de favorabilidad de la ley laboral como el de inescindibilidad, este último, en el sentido de que el régimen anterior debe aplicarse en su integridad y no parcialmente como se hizo para el porcentaje de la pensión, utilizándose el art. 36 de la Ley 100 de 1993 sobre los factores salariales y el salario base de liquidación».

No obstante, la Corte advierte que tal manifestación del a quo fue equivocada, pues con ello desconoció la norma aplicable para la determinación del ingreso base de liquidación de aquellas personas que son beneficiarias del régimen de transición.

Al respecto, la Sala reitera que la prerrogativa transicional que regula el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 garantizó a sus beneficiarios la aplicación de las disposiciones anteriores a la vigencia del sistema general de pensiones tan solo en tres aspectos puntuales: la edad, el tiempo de servicios y el monto de la prestación; asimismo, que en los demás aspectos, tales como el ingreso base de liquidación, estos quedan amparados por las disposiciones de la mencionada Ley 100 de 1993 (CSJ SL12845-2015, CSJ SL9808-2016, CSJ SL12419-2017, CSJ SL3106-2018, CSJ SL223-2020, CSJ SL5082-2020, CSJ SL057-2021 y CSJ SL1956-2021).

En el anterior contexto, esta Corporación considera que como a Anaya Moreno se le otorgó la pensión de vejez en virtud del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dicha prestación debía liquidarse conforme al citado artículo, tal como lo hizo Cajanal E.I.C.E., al reconocer el derecho pensional mediante Resolución n.º 014412 de 2 de diciembre de 1999.

En efecto, nótese que la entidad al liquidar la pensión respetó los requisitos de tiempo de servicio, edad y monto dispuestos en la Ley 33 de 1985 y, en lo relacionado con la determinación de su IBL, la misma se ajustó a lo dispuesto en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho, y tuvo como factores salariales los contemplados en el Decreto 1158 de 1994, encontrándose ajustada a la normatividad.

En consecuencia, la Sala advierte la configuración de la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, por tanto, se invalidará la sentencia que el Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano profirió el 13 de julio de 2009, en el proceso ordinario laboral que Felipe Anaya Moreno promovió contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal E.I.C.E.-, hoy UGPP; y en su lugar, se dispondrá absolver a la entonces demandada de todas las pretensiones formuladas en el proceso ordinario laboral que Felipe Anaya Moreno adelantó en su contra.

Vale la pena resaltar que la decisión que se adopta no significa en manera alguna la pérdida del derecho que, acorde con la ley, le corresponda al accionado por haber prestado sus servicios al sector oficial por más de 20 años y contar con la edad requerida en la ley.

Por último, no se dispondrá la devolución de las sumas de dinero que fueron pagadas en exceso, toda vez que no es posible imputar al accionado una conducta desprovista de buena fe, dado que la reliquidación de la pensión fue consecuencia de un pronunciamiento judicial que se encontraba en firme y amparado por la presunción de legalidad y acierto, que además fue producto del ejercicio legítimo del derecho de acción sin que se adviertan conductas indicativas de colusión o fraude (CSJ SL3276-2018).

Sin lugar a costas en sede de revisión, dada la prosperidad de la acción.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la forma alegada por la UGPP.

SEGUNDO: INVALIDAR la sentencia que el Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano profirió el 13 de julio de 2009, en el proceso ordinario laboral que Felipe Anaya Moreno promovió contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social–Cajanal-, hoy UGPP.

TERCERO: ABSOLVER a la entonces demandada de todas las pretensiones formuladas en el proceso ordinario laboral que Felipe Anaya Moreno adelantó en su contra.

CUARTO: NO DISPONER el reintegro de las sumas canceladas en exceso al pensionado, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

QUINTO: En firme esta providencia, ENVÍESE por Secretaría copia de la presente decisión al Juez Promiscuo del Circuito de Montelíbano para que se agregue al respectivo expediente.

SEXTO: Por la Secretaría de la Sala, ARCHÍVESE el expediente, una vez ejecutoriada la presente providencia.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Salva Voto

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

Aclara Voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO

SL3184-2024

Radicación n.º 83907

Acta 40

Referencia: Revisión promovida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), contra la sentencia proferida el 13 de junio de 2009, por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE MONTELÍBANO - CÓRDOBA, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por FELIPE ANAYA MORENO contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL (CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN).

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, como lo manifesté en la sesión donde se debatió el tema, salvo el voto, en cuanto a la competencia que se tiene para conocer de la presente revisión contra la sentencia emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano – Córdoba, el 13 de junio de 2009, por las razones que paso a exponer a continuación.

Según lo manifestara al estudiar la admisión de esta revisión, en providencias CSJ AL1245-2019, CSJ AL5063-2019 y CSJ AL2749-2020, en mi criterio, la competencia para conocer del presente trámite corresponde a los Tribunales Superiores, y en este caso en particular al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, atendiendo lo señalado por el literal b) del numeral 6.º del artículo 15 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y por tal razón no había lugar a efectuar actuación por parte de esta Sala.

Lo anterior, por cuanto como lo dejara allí precisado, el artículo 30 de la Ley 712 de 2001, consagrara el recurso extraordinario de revisión contra sentencias ejecutoriadas de esta Sala, de las salas laborales de los tribunales superiores y de los jueces laborales, así como contra las conciliaciones.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contempló la revisión contra las providencias judiciales, las transacciones y las conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconozcan sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, a cargo del tesoro o de los fondos de naturaleza pública, indicando que estas «podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias», agregando en su inciso tercero que «La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código» (Negrillas fuera de texto)

El artículo 20 de la Ley 797/03, lo que hizo, fue simple y llanamente incluir unas nuevas causales del recurso extraordinario de revisión a las previstas en materia laboral por la Ley 712 de 2001, pero en modo alguno crear una acción de revisión autónoma e independiente, pues de llegar a razonarse en este último sentido, tal situación tendría enormes implicaciones desde diferentes tópicos procesales, pues no puede ser igual tratar una figura procesal como un recurso a catalogarla como una acción.

Lo anterior, por cuanto como lo señalara en las citadas providencias:

En efecto, si los recursos se constituyen en los medios de impugnación de los actos procesales al alcance de las partes o terceros intervinientes, a través de los cuales estos pueden procurar la enmienda de aquellas resoluciones que por considerarse erradas resultan lesivas a sus intereses, no existe duda alguna que la revisión, no solo la que alude el artículo 30 de la L. 712/ O1, sino también la del artículo 20 de la L. 797/ 03, comparten ese mismo propósito y, por ende, vuelve y se reitera, en ambos casos se trata del mismo recurso extraordinario de revisión.

En este orden de ideas, aun cuando esta Corporación ha venido conociendo de los recursos extraordinarios de revisión o acciones de revisión contra las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia, como la del caso de autos, con fundamento en las normas arriba transcritas, considero que la Sala carece de competencia por cuanto el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en su artículo 15, modificado por el artículo 1 O de la L. 712/O 1, al referirse a la competencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, establece en su numeral 5, que la Corte conoce “Del recurso de revisión que no esté atribuido a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial,” y que las Salas Laborales de los Tribunales conocen “Del recurso de revisión, contra las sentencias dictadas por los jueces de circuito laboral”. (Negrillas fuera de texto)

De lo anterior se colige entonces que, el artículo15 del CPTSS establece expresamente la competencia para conocer de los recursos de revisión; siendo ello así, cuando el artículo 20 de la L. 797/03, hace mención a la procedencia de dicho recurso respecto de sentencias judiciales que ordenen reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, el deber de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, y que estas podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, «de acuerdo con sus competencias», y «por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código», ello no significa de manera alguna, que esta Corporación deba conocer de las aludidas providencias, puesto que, las frases transcritas, no se están refiriendo a las competencias jurisdiccionales sino a las funcionales.

Dicho de otra manera, cuando el referido artículo de la L. 797/03, indica que el Consejo de Estado o la Corte Suprema, de acuerdo a sus competencias y conforme al procedimiento señalado por el respectivo código, podrán revisar las providencias que se demanden invocado las causales de este artículo, nos remite inequívocamente a la competencia funcional que establece el artículo 15 del CPTSS.

De otra parte, en lo atinente al término que tiene la UGPP para adelantar la presente revisión, debe tenerse en cuenta, que la sentencia CC C-835-2023 de septiembre, emitida por la Corte Constitucional, declaró inexequible la expresión en «cualquier tiempo», que consagraba el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en donde se instituyó la figura de la revisión, a la que nos hemos venido refiriendo.

Como fundamento de dicha decisión, la mencionada Corporación sostuvo:

Ahora bien, según se ha visto el inciso tercero del artículo 20 dispone que la revisión podrá solicitarse en cualquier tiempo. Es decir, que en relación con el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión no opera el término de dos años que prescribe el Código Contencioso Administrativo, ni el término de seis meses que prevé el artículo 32 de la ley 712 de 2001 para su interposición, cuando quiera que se trate de los actos estipulados como revisables en términos del artículo 20 de la ley 797 de 2003.

Entonces, la expresión "en cualquier tiempo", ¿es constitucional? La respuesta es no.

En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad calendas graecas.

Paradójicamente, considerando que el recurso extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente irracional y desproporcionada. Valga recordar que el procedimiento es vehículo impulsor y definitorio de los derechos, deberes y garantías que la Constitución Política y la ley establecen a favor de las personas. (Negrillas fuera de texto original).

En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.

Igualmente, los vicios que afectan a la expresión "en cualquier tiempo", contenida en el tercer inciso del artículo 20 impugnado, dada su conexidad temática y teleológica, hacen metástasis en la misma expresión "en cualquier tiempo", vertida en el primer inciso del mismo artículo; motivo por el cual la decisión de inexequibilidad las comprenderá por igual, según se verá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo. (Negrillas fuera de texto original).

Y más adelante agrega:

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acción especial o sui génesis de revisión y ordena que se tramite por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas que los modifiquen y como quiera que se declaró inexequible la expresión en cualquier tiempo, mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendrá como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, según sea el órgano competente en cada caso. (Negrillas fuera de texto original).

También precisa la Corte que ese plazo, comenzará a contarse a partir del día siguiente de la notificación de esta sentencia. (Negrillas fuera de texto original).

De lo anterior, fácilmente se puede concluir entonces que, el término para adelantar la revisión, en materia laboral, es el establecido en el artículo 32 de la Ley 712/01, esto es, cinco (5) años contados desde la ejecutoria de la sentencia, hecho que para cuando se instauró el presente trámite, el 6 de marzo de 2019, evidentemente se encontraba vencido, puesto que acorde con la fecha en que se profirió la misma, quedó ejecutoriada el 17 de julio de 2009, como se infiere del folio 188 del cuaderno principal.

En este orden de ideas, en mi criterio, el término para impetrar la tantas veces mencionada revisión, ya caducó, sin que sea de recibo acoger lo indicado en la sentencia SU427/16, en donde contabiliza ese tiempo desde cuando la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a su cargo Cajanal – 12 de junio de 2013, puesto que no puede el ciudadano sufrir las consecuencias de la omisión de la entidad encargada de ejercer las respectivas acciones para aquella época, en este caso la Caja Nacional de Previsión Social, por cuanto ello implica desconocer la sentencia de constitucionalidad, arriba referida, y de paso afectar los derechos adquiridos otorgados en virtud de las decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas, desconociéndose además el principio de confianza legítima y creando inseguridad jurídica.

Luego, como en el caso analizado la sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano - Córdoba cobró ejecutoria el 16 de julio de 2009, según lo informó la UGPP, y la revisión se presentó el 5 de junio de 2017 (fs. 1-3 del archivo PDF 83907), es decir, pasados más de los cinco (5) años a que se refiere el artículo 32 de la Ley 712 de 2001, la solicitud de revisión fue extemporánea, por lo que no ha debido la Corporación, siquiera asumir el conocimiento.

En los anteriores términos, dejo consignada mi discrepancia.

Fecha ut supra,

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n° 83907

REFERENCIA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP- vs. FELIPE ANAYA MORENO.

Con el debido respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto por cuanto en la sentencia se citan providencias en las cuales salvé el voto en torno a la interpretación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en algunas de las pensiones de vejez que se otorgan con base en el artículo 36 de este cuerpo normativo, es decir, aquellas que se reconocen en sede de transición del sistema.

No existe duda alguna, por lo menos para esta Sala de Casación, de que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior; como tampoco que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.

Esta exégesis de la Sala se ve reforzada cuando la misma ley, a punto seguido, reza que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley», para, inmediatamente, proceder a definir la figura del Ingreso Base de Liquidación –IBL.

Así las cosas, en nuestro criterio, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fija tanto los elementos necesarios para la causación del derecho como aquellos indispensables para la cuantificación de la mesada, a decir, el monto y la base de liquidación. Por tanto, ese precepto consagra todo lo necesario para la determinación y cuantificación del derecho pensional, lo que genera, prima facie, la imposibilidad de aplicar otras disposiciones jurídicas de similar contenido para la definición de la cuantía de la pensión. En este sentido, emerge palmario, el principio de inescindibilidad de la norma jurídica, al no existir razón alguna para acudir a otro texto normativo bajo el pretexto de que existe un vacío en la Ley.

Al respecto, considero que existen dos problemas que deben ser analizados al momento de estudiar el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en régimen de transición: i) la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) la posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos.

La interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

El inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, admite al menos dos alcances que pueden conducir a resultados diferentes en la cuantificación de la prestación. La primera se basa en un derecho de opción; mientras que la segunda considera que la norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación. Lo anterior se explica así:

Derecho de opción

La estructura normativa para dar fundamento a esta interpretación, es del siguiente tenor:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Esta primera interpretación, itérese, se soporta en el derecho de opción, en la medida en que se considera que el inciso tercero del artículo 36 no regula todas las situaciones que pudieran derivarse del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que solo cobija a quienes les falta 10 o menos años para cumplir los requisitos de acceso a la pensión, población para la cual se instituye un derecho de opción en la fijación del Ingreso Base de Liquidación, ya que la mesada se liquida con el promedio del tiempo que les falte para adquirir el derecho, siempre que sea inferior a 10 años, o el cotizado durante «toda la vida», dejando por fuera la determinación del IBL para quienes les falte diez o más años para acceder a la pensión en sede de transición. En este último evento, y ante el vacío normativo, debe aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

b. La norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación

La segunda interpretación posible está dada por una lectura completa del inciso tercero original, sin tener en cuenta la sentencia de inexequibilidad C-168 de 1995, pero solo para establecer el alcance del mencionado inciso. Dicho aparte completo señalaba:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley., el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos.

Teniendo en cuenta que una norma, como supuesto, abarca todas las hipótesis sobre el tema a regular, y que el régimen de transición, en su versión original, tendría una duración superior a 20 años, dadas las edades a partir de las cuales se protegió la expectativa pensional, 35 años para las mujeres, 40 para los hombres, se puede encontrar que lo que se entiende del citado inciso como un derecho de opción no lo es y, más bien, que la ley regula todas las situaciones para determinar el Ingreso Base de Liquidación, así:

Para los afiliados que les falten dos años o menos para acceder al derecho a la pensión, el IBL se halla con el promedio de lo devengado en los dos últimos años, para trabajadores del sector privado, y de un año para los servidores públicos. Se reitera esta forma de encontrar el IBL fue declarada inexequible, pero, claro está, hacía parte de la norma original.

Para los que le faltan menos de 10 años para acceder al derecho a la pensión, el IBL es el promedio de lo devengado en el tiempo que les haga falta para ello, debidamente actualizado con el IPC.

Para los que le faltan más de 10 años para acceder a la pensión es el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, que le faltara para adquirir el derecho debidamente actualizado con el IPC.

Esta interpretación emerge cristalina cuando la lectura del inciso se realiza en forma inversa, de atrás para adelante, colocándose como objeto principal de interpretación el tiempo que le hace falta al afiliado para el acceso a la pensión y teniendo, como supuesto, que el legislador previó todas las hipótesis posibles derivadas del régimen de transición.

En efecto, la contraposición que hace la norma es entre los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho y los que le faltan más de diez años para tener el estatus de pensionado, cuando señala «si éste fuere superior» pues se está refiriendo al tiempo «que les hiciere falta para ello» con referencia a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho».

Con esta interpretación se libera el contrasentido de entender que el IBL es el promedio del tiempo que les haga falta para adquirir el derecho siempre que sea inferior a diez años o todo el tiempo que les falta para adquirir el derecho si es superior a 10 años, pues la adquisición del estatus de pensionado se da en un solo momento, cual es, aquél en que se cumple con los requisitos mínimos de acceso a la pensión.

Pero, además, adquiere mayor visibilidad cuando se acude a crear un rango de amparo diferenciado entre la protección de expectativas legítimas, muy cercanas y medianas, y meras expectativas, en tanto el IBL para las primeras se calcula de manera muy aproximada al régimen entonces vigente y, en el otro extremo, que corresponde a las meras expectativas, de la forma en que lo hace la nueva ley, incrementándose progresivamente el periodo de determinación del mismo con base en el tiempo que le hace falta al afiliado para adquirir el derecho.

Este último alcance, en nuestro criterio, deja sin bases a la interpretación que propone, como un derecho de opción del afiliado, la doble determinación del IBL para escoger la que más le favorezca.

-Las dificultades que se imponen con la lectura completa del inciso 3 del artículo 36 en su versión original

La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.

En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.

Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.

De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.

Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.

Llegados a este punto, si impone retornar al primer orden de transición, hoy declarado inexequible.

Básicamente, en este orden, se protegía no sólo el tiempo de servicios o semanas de cotización, la edad y el monto de pensión, sino también la base de liquidación para aquellas personas que les faltare dos años o menos para acceder a la pensión.

Nótese que la forma de establecer la base de la pensión para el sector privado, según se desprende del apartado final del inciso tercero del artículo 36, es similar en cuanto al tiempo que se tiene en cuenta en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, dos años aproximados. Y para el sector público, dado el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la base de liquidación se toma con el promedio del salario devengado durante el último año de servicios.

Como se recuerda, la norma de protección de la base de liquidación para este primer orden, fue declarada inexequible por medio de la sentencia C-168 de 1995. Sin embargo, afloraba que el querer del legislador no era otro que proteger a aquellos que les faltaran dos años o menos para acceder a la pensión, en cuanto a que las reglas de acceso y cuantificación del derecho fueran muy similares, si no iguales, a las del régimen anterior.

A nuestros efectos, baste memorar que el motivo de inexequibilidad fue la discriminación que se daba entre los trabajadores del sector privado y del público en relación al tiempo para fijar la base de liquidación, dos años para los aquellos, un año para estos, pero no lo fue el de la posibilidad de segmentar el régimen de transición, pues en esa sentencia, se razonó:

Y sobre la discriminación que, según el actor, se crea entre las personas que quedan comprendidas por el precepto demandado frente a las demás, cobijadas por el régimen anterior, cabe anotar que mal podría considerarse que la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, las que como tantas veces se ha reiterado, pueden ser reguladas por el legislador a su discreción, sus condiciones, por ser distintas, justifican un trato diferente. Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual.

En el segundo orden aparecen los afiliados a los que les falta diez años o menos para acceder a la pensión. Para ellos, el Ingreso Base de Liquidación se define como el promedio de lo devengado durante el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho.

Atinente al nuevo régimen, la base de liquidación se toma con un tiempo inferior, lo que puede traer beneficios, toda vez que es más fácil mantener una determinada base salarial durante menos tiempo.

Por su parte, en tercer orden se encuentran los beneficiarios de la transición que les falta más de 10 años para adquirir el derecho, a los que, a voces del artículo 36, se les liquida la base con el promedio de todo el tiempo que les haga falta para ello, es decir, el lapso para adquirir el derecho.

Es en este punto donde, en nuestro criterio, se configuró una manifiesta inequidad, en tanto, en el régimen ordinario las pensiones se liquidan, en principio, con base en el promedio de los salarios cotizados durante los últimos diez años, generándose una contradicción palpable entre la favorabilidad que el régimen de transición protege y la nueva normatividad, que se supone debe ser restrictiva en la determinación del IBL, según se desprende de lo asentado y, por ende, menos favorable.

De lo explicado hasta aquí fluye una primera conclusión: las pensiones en sede de régimen de transición para los afiliados que les hace falta menos de 10 años para adquirir el derecho se deben liquidar, única y exclusivamente, teniendo como base el promedio de lo devengado durante el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el Índice de Precios al Consumidor. En ningún caso, se debe liquidar dicha pensión con el promedio de «toda la vida», a menos que expresamente se renuncie al régimen de transición.

La posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos

Como lo hemos señalado, dada la interpretación que dimana del inciso tercero, existe un problema jurídico que debe atenderse, no por falta de regulación sino por manifiesta inequidad. Me explico. Si mediante el régimen de transición se protegió tres de los cuatro elementos estructurales de la pensión, y el IBL, como cuarto elemento estructural, se modula entorno al tiempo que le falta al afiliado para adquirir el derecho, se supone, dado el principio de favorabilidad que subyace a la institución de la transición, que este no puede ser perjudicial en relación con el estatuido en la legislación permanente (Ley 100 de 1993).

Entonces, como el artículo 36 instituye que para los que les falta más de 10 años, el IBL se toma con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el I.P.C., esta es la definición que debe utilizarse, por regla general, para liquidar la pensión a favor de este grupo de afiliados.

No obstante, si dicho IBL resulta inferior al que se obtendría de la aplicación de la norma ordinaria, vale decir, el derivado del promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, debe aplicarse este último cálculo, en tanto, se repite, aun a riesgo de fatigar, que la esencia de un régimen de transición es mantener rasgos de favorabilidad frente al nuevo régimen, por ello, la forma de encontrar el IBL no puede ser más desfavorable que la que se aplica de manera general para los afiliados del Sistema General de Pensiones.

Pero lo dicho también tiene que ver el elemento de gradualidad, pues la idea finalmente de la ley, fue la de que el IBL para cada segmento de afiliados se determinara con el tiempo que le faltara al afiliado para adquirir el derecho, hasta un máximo de 10 años. Ello se corrobora con el artículo 39 del proyecto de ley, texto definitivo, aprobado por el Senado, registrado en la Gaceta del Congreso 397 del 16 de noviembre de 1993, el cual señalaba:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación expedida por el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta para ello, fuere igual o inferior a dos (2) años, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años.

Así las cosas, en nuestro criterio, lo que se deriva de la Ley concerniente al IBL es que no fue parte de los elementos dejados íntegramente a salvo por la transición, pues debe servir como instrumento de graduación proporcional de la base pensional para llevarlo hasta el momento en que sea igual al IBL ordinario, es decir, el promedio de los últimos diez años cotizados.

Debe en todo caso señalarse que el término «o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior» fue incorporado al texto definitivo del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, según consta en la Gaceta del Congreso 434 del 3 de diciembre de 1993.

3. Conclusión

A modo de corolario, considero que en los casos en que al afiliado le falten 10 o más años para adquirir el derecho, el IBL se concreta con el promedio de lo devengado durante todo el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, tal como lo señala expresamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, por favorabilidad, con el promedio de lo cotizado durante los 10 últimos años, apoyándose en este estricto sentido en el artículo 21 de la mencionada Ley.

Ahora bien, sería pertinente aplicar el IBL de «toda la vida» conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, si para el afiliado es más favorable la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media, a condición de que en virtud del artículo 288 ibídem renuncie al régimen de transición.

Conforme a lo anterior, aclaro mi voto.

Fecha ut supra,

FERNANDO CASTILLO CADENA

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