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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3186-2022

Fecha
31 de agosto de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3186-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), por Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARÍA DEL TRÁNSITO ORTEGA GARCÍA contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. Costas como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3186-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

31 de agosto de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL3186-2022

Radicación n.° 92734

Acta 29

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), en el proceso ordinario laboral que le promovió MARÍA DEL TRÁNSITO ORTEGA GARCÍA.

I. ANTECEDENTES

María del Tránsito Ortega García llamó a juicio a Electricaribe S.A. E.S.P. para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su condición de compañera de Francisco Carlos García Caraballo, al igual que los demás emolumentos, derechos y prestaciones que de ella se deriven, las mesadas retroactivas, la indexación y las costas.

En sustento de sus pretensiones, afirmó que: la Electrificadora de Bolívar S.A. reconoció pensión mensual vitalicia de jubilación de origen convencional a Francisco Carlos García Caraballo, a partir del 1° de abril de 1979; desde el 4 de agosto de 1998 la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. continuó cancelándoles a los trabajadores y pensionados las mesadas salariales y pensionales en virtud de la sustitución patronal; posteriormente, esta última sociedad se fusionó con Electricaribe S.A. E.S.P.; mediante Resolución del 29 de agosto de 1986, el otrora Instituto de Seguros Sociales reconoció pensión de vejez al pensionado por lo que Electrocosta, contrario a lo dispuesto en la norma convencional, procedió a compartirla mediante la Resolución n.° 0335 de 1989, motivo por el cual acudió a la jurisdicción ordinaria en la que obtuvo el pago de la totalidad de la prestación extralegal; el 23 de noviembre de 2014 falleció García Caraballo por lo que obtuvo el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por parte de Colpensiones; hizo vida marital con el causante hasta que falleció en la fecha indicada. El 19 de enero de 2016 solicitó a la accionada la pensión de sobrevivientes, la cual se le negó el 28 de enero siguiente, con fundamento en que la prestación por muerte estaba cargo de Colpensiones.

Electricaribe S.A. E.S.P. se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra por cuanto consideró que la prestación de sobrevivientes estaba a cargo exclusivo del sistema de seguridad social. Aceptó la calidad de pensionado del causante; la sustitución patronal; la fecha de fallecimiento y la negativa del derecho; dijo no constarle los demás. Como excepciones propuso las de prescripción y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, mediante sentencia del 22 de agosto de 2018, condenó a la demandada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la actora, a partir del 23 de noviembre de 2014, en cuantía del 100% de la pensión que venía disfrutando el finado, el retroactivo pensional, la indexación y las costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en fallo del trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), confirmó la sentencia apelada y no impuso costas.

Como fundamento de su decisión, el tribunal, determinó como problema jurídico decidir, si a la actora le asistía el derecho a la sustitución de la pensión de jubilación de origen convencional en calidad de cónyuge [así se dice] supérstite del señor Francisco Carlos García Carballo, extrabajador de Electricaribe S.A. E.S.P. y añadió:

Se centra el inconformismo del apoderado de la parte demandada que existe imposibilidad por parte de la actora de devengar la pensión convencional reconocida por el a quo con la pensión de sobrevivientes reconocida por Colpensiones ya que a su juicio Electricaribe S.A. es una entidad pública y, por ende, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Acuerdo 049 de 1990 hay una incompatibilidad para devengar dos pensiones que provengan del tesoro público, o mejor, del sector público.

Pues bien, debe señalarse que analizado el certificado de existencia y representación de Electricaribe S.A. ESP que milita a folios 145 a 167, se advierte que dicha sociedad no tiene carácter estatal puesto que está controlada desde el 26 de junio de 2013 por Aplicaciones y Desarrollo Profesionales Nuevo Milenio S.L. y el 28 de julio de 2015 cambió su razón social por Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia SL, folio 148, es decir, se trata de una empresa de capital privado que aunque ciertamente presta un servicio público domiciliario como es la distribución de energía eléctrica, no por ello deja de ser una empresa de carácter privado.

De otra parte, debe señalarse que si bien es cierto que a la actora a través de la Resolución GNR 149121 del 21 de mayo de 2015, folios 58 59, le fue reconocida pensión de sobrevivientes por parte de Colpensiones a partir del 23 de noviembre de 2014 esta prestación pensional no puede considerarse como proveniente del tesoro público como erróneamente lo pretende hacer ver la apelante, postura que ha venido reiterando la sala de Decisión Laboral de este Tribunal en sentencia dictada dentro de los procesos de Carmen de las Mercedes Manjarrés Sierra contra Electricaribe S.A. con radicación única 130013105005201700493-02 y Luis Ríos Aguaslimpias y Misael Arrieta Pastrana contra Electricaribe S.A. ESP con radicación única 13001310500720170052-02 en la que fungió como magistrado ponente el doctor Carlos Francisco García Salas. Adicionalmente, al respecto la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha indicado, entre otras sentencias SL1373-2019 reiterada en la sentencia SL5118-2019 lo siguiente:

[…]

Como se ve son precedentes muy recientes de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que no son incompatibles porque provengan del tesoro público quitando la naturaleza pública a los aportes que se hacen precisamente ante el ISS. Dado lo anterior, estima la sala es aceptado el reparo por el apoderado de la parte recurrente en punto a la presunta incompatibilidad e imposibilidad de la actora para devengar la sustitución de la pensión de jubilación convencional que le fue reconocida a su compañero permanente Francisco Carlos García Carballo y la pensión de sobrevivientes de naturaleza legal reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.

De igual forma se debe señalar que si bien el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó la posibilidad de transmitir la pensión de jubilación convencional que recibía el causante a sus beneficiarios por haber ocurrido su fallecimiento el 23 de noviembre de 2014 cuando ya estaba en vigor dicho acto legislativo, debe señalarse que esta norma también dispuso en su inciso 4º que: “en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos” y en el presente asunto se tiene que al señor Antonio Carlos García Carballo le fue reconocida pensión a partir del 1 de abril de 1979, de manera que se está en presencia de un derecho adquirido de recibir la pensión de jubilación convencional el cual es transmitible[así se dice] a sus beneficiarios, a quien se le aplican las mismas garantías y exigencias de las pensiones legales. Así lo ha decantado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. A manera de ejemplo tenemos la sentencia SL1373-2019 y SL5118-2019 a que nos referimos anteriormente.

Por consiguiente, se tiene que a la fecha de fallecimiento del causante, esto es, el 23 de noviembre de 2014, la pensión de jubilación convencional ya se había causado siendo exigible a partir de esa fecha únicamente para el actor acreditar los requisitos exigidos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, para acceder a dicha prestación en carácter de beneficiaria sustituta, los cuales declaró el a quo que fueron cumplidos a cabalidad y no fueron objeto de reparo por parte de la demandada, imponiéndose de contera confirmar la sentencia de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., concedido por el Tribunal, fue admitido por la Corte.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicita la recurrente que se case la sentencia atacada para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y se absuelva a la demandada de todas las pretensiones.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica y procede la Sala a resolver.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea

[D]e los artículos 260, 467 del C.S.T.; por aplicación indebida de los artículos 11, 13, 46, 47 de la Ley 100 de 1993 (arts. 12, 13 ley 797 de 2003); 1° del A.L. No. 1 de 2005; por infracción directa de los artículos 230 de la Constitución; 1494, 1495, 1501, 1502, 1508, 1602, 1618, 1619, 1741 del C.C.; 76 de la [L]ey 90 de 1946; 259 del C.S.T. Igualmente por aplicación indebida los artículos 29 de la Constitución, 5º del [A]cuerdo 049 de 1990 ([D]ecreto 758 de 1990).

El cargo se centra en establecer el error del tribunal, pues estima que la pensión que se le reconoce al señor García y luego se otorga a la demandante en las decisiones de instancia no es la misma, por lo que solicita modificar la postura conceptual sobre el particular. Realiza un paralelo entre la pensión de jubilación convencional y la solicitada en la demanda, la primera nace de un contrato o acuerdo de voluntades, obedeció a la prestación de servicios por un tiempo de 20 años, en razón a su afiliación al sindicato; mientras que la segunda no está prevista en el instrumento colectivo, la actora no prestó servicios a la demandada ni fue afiliada a la organización sindical.

Siendo ello así, la pensión reclamada en la demanda no está dirigida a cubrir el riesgo de debilitamiento de la capacidad para trabajar sino a cubrir la pérdida del ingreso económico que antes de morir proveía el pensionado, por lo que en noviembre de 2014 que es cuando se causa la que reclama la actora, estaba en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2005, por lo que no le puede ser concedida. En ese orden, el Colegiado no atiende los argumentos de la entidad, en el sentido de que no hay disposición legal ni convencional que respalde las condenas impuestas, sin distinguir si se trata de una pensión legal a cargo de la seguridad social y una convencional a cargo del empleador, pese a que acepta que el instrumento colectivo no hace ninguna referencia a la sustitución de la pensión y, aun cuando se apoya en decisiones de esta Corporación, solicita un nuevo estudio de la cuestión dadas las diferencias entre las mencionadas prestaciones.

Señala que la vejez y el desamparo por muerte constituyen riesgos diferentes, por tanto, están sometidos a requisitos distintos. La pensión de jubilación otorgada al causante proviene de la convención colectiva que como institución jurídica de derecho privado se rige por el Código Civil, salvo lo relativo a las normas especiales de esta clase de vínculo jurídico y la sentencia confutada, se apoya en decisiones que tienen sustento en la regulación sobre la seguridad social.

Se remite a la normatividad civil sobre los contratos y arguye que, las partes solamente quedan sujetas a lo acordado expresamente, sin que nada se hubiera dispuesto sobre la sustitución pensional impuesta en la decisión judicial, la que tampoco se deriva de la ley.

Añade que no se puede entender como una obligación consustancial a la pensión, pues si así fuera, «no hubiera sido necesaria la expedición de todas las normas que regulan la pensión de sobrevivientes en los dos regímenes en las cuales se establece cuándo se transmite una pensión por la muerte del pensionado y a quiénes […]».

Sostiene que la prestación convencional no abarca el riesgo de vejez por estar cubierto por el sistema de seguridad social en los términos del artículo 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del CST, además que su objeto es conceder un beneficio complementario por el extenso tiempo de servicio. En el caso, refiere que la demandante no trabajó para la demandada y el riesgo de desamparo está en cabeza de Colpensiones, por lo que reitera la existencia de un error, cuando se estima que el derecho a la sustitución de la pensión no es un derecho nuevo sino uno derivado e insiste en la diferencia entre las pensiones de vejez y la de sobrevivencia.

Acota que el juzgador no aplicó el artículo 1619 del CC, de acuerdo con el cual «por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado» y, en el caso, solamente se pactó una pensión de jubilación en la convención «que tiene por objeto proveer al trabajador de un recurso para cuando no puede generarlo con su trabajo» y no la de sobrevivencia reconocida a la demandante.

Por lo anotado, solicita reconsiderar la postura jurisprudencial que invoca el colegiado en apoyo de su decisión y se acoja la que propone; como consecuencia, se case la sentencia y, en su lugar, revoque la decisión de primer grado y absuelva a la demandada de todas las pretensiones de la demanda.

VII. RÉPLICA

Estima que el Tribunal no incurrió en yerro alguno y la decisión se ajusta a la constitución, a la ley y a la jurisprudencia, para lo cual invoca las decisiones CSJ SL, 14 jun. 2005, rad. 24201, CSJ SL8294-2014, CSJ SL4974-2018, CSJ SL1420-2019, CSJ SL1984-2020, CSJ SL3011-2019, CSJ SL5140-2019 y CSJ SL607-2022, con fundamento en las cuales asevera que es reiterada la doctrina de esta Corporación en el sentido de que la pensión convencional se transmite íntegramente a la cónyuge y beneficiarios.

VIII. CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que la acusación se dirige por la vía directa, se tienen por establecidos los siguientes supuestos fácticos: 1) mediante Resolución n.° 0255 del 10 de mayo de 1979, la Electrificadora de Bolívar S.A., concedió a Francisco García Caraballo una pensión de jubilación de origen convencional, a partir del 1° de abril de esa anualidad; 2) por Resolución n.° 04924 de 1986, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de vejez, a partir del 5 de octubre de 1985; 3) la demandante solicitó a la empresa la sustitución pensional, la cual le fue negada porque en la convención colectiva no se establece la transmisión del derecho pensional y la contingencia de muerte se encuentra a cargo de Colpensiones.

La recurrente cuestiona la sentencia con fundamento en que: la pensión de jubilación tuvo como fuente jurídica la convención colectiva de trabajo y, en ella, no se estableció el derecho a una sustitución para los beneficiarios del causante; la que no se puede derivar de dicho convenio al no haber sido una obligación expresamente asumida; la prestación extralegal no asume el riesgo de muerte del pensionado y este se encuentra a cargo del sistema de seguridad social. Propone que la Corporación modifique su criterio en torno al tema.

Como primera medida, la Sala recordará su criterio en lo atinente al derecho a la sustitución de las pensiones de jubilación de naturaleza convencional, la cual se ha reiterado en casos de similares contornos a este y contra la misma entidad demandada, y a continuación determinará si hay lugar al cambio que propone el censor.

La Corte ha adoctrinado que las pensiones de carácter convencional pueden sustituirse en los términos de ley, salvo que la norma colectiva haya previsto lo contrario, esto es, su intransmisibilidad, por cuanto el derecho a la sustitución pensional se deriva de la pensión extralegal, por lo que no es un derecho autónomo o nuevo independiente de aquél.

En ese sentido se pueden consultar, entre muchas, las decisiones CSJ SL16026-2017, CSJ SL2437-2018, CSJ SL3168-2018, CSJ SL1420-2019, CSJ SL4353-2019, CSJ SL5140-2019, CSJ SL1984-2019 y CSJ SL4275-2020, última en la que se razonó así:

[…] la Sala ha adoctrinado de manera pacífica que las pensiones de carácter convencional son susceptibles de sustituirse, lo cual implica que se transfiere o traslada, no solo la prestación en cuanto tal, sino también sus elementos definitorios, tal y como lo hizo esta Sala en la sentencia CSJ SL8294-2014, al establecer:

Al abordar la Sala el fondo de la acusación, basta con decir, para tener por fundado el cargo, que el Tribunal se equivocó al negar la sustitución pensional de una pensión convencional, basado en un error puramente jurídico o «juris in judicando», con el argumento de no haber estado pactada en los acuerdos extralegales entre las partes.

Lo anterior, porque las pensiones de jubilación de origen convencional son susceptibles de transmitirse por causa de muerte, como de tiempo atrás tiene establecido la jurisprudencia de la Sala, con base en lo legalmente dispuesto, «en cuanto atañe a la repercusiones y alcances de ese derecho con posterioridad al fallecimiento de su titular», pero debe precisarse igualmente que ello es así, salvo que convencionalmente se pacte lo contrario, esto es, que se estipule que no fuese sustituible, lo cual corresponde al principio de autocomposición de las partes.

Por ello, en el presente caso, en defecto de disposición convencional, en aplicación de los principios de complementariedad y subsidiaridad, se siguen los parámetros legales, con base en normas como las contenidas en las leyes 33/1973, 12/1975, 4/1976, 44/1980; 113/1985, y más recientes como la L. 100/1993 y 797/2003. Destacándose al efecto, que la L. 71/1988, en su art. 11 prescribió:

Esta ley y las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de Previsión Social del Sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez (Destaca la Sala).

La anterior tesis fue concebida por esta Corporación desde la sentencia CSJ SL, 27 jun. 2002, rad. 17900, y reiterada en múltiples providencias como la CSJ SL, 3 jun. 2011, rad. 41329, CSJ SL, 8 nov. 2011, rad. 43794, CSJ SL870-2013, CSJ SL6138-2015, CSJ SL4365-2016, CSJ SL4285-2017, CSJ SL4927-2017, CSJ SL16026-2017, entre otras.

De igual modo, la Corporación ha establecido que la sustitución pensional no constituye un derecho originario sino derivado, como de ello da cuenta la sentencia CSJ SL 41137, 30 nov. 2010, reiterada en CSJ SL 47928, 19 jul. 2011, CSJ SL870-2013 y CSJ SL13267-2016, en la que indicó: […] Respecto del tema de la transmisibilidad de las pensiones, tanto convencionales como voluntarias, manifestó la Sala en sentencia 22699 de 14 de febrero de 2005”.

De otro lado, como también lo ha determinado la Corte, en el caso de los pensionados, la pensión de sobrevivientes susceptible de transmisión no configura un derecho nuevo a favor de los beneficiarios, sino un derecho derivado, valga decir, una verdadera “sustitución pensional” del mismo derecho adquirido, que conduce a que no sea de recibo la argumentación de la censura en el sentido de haber nacido, con la muerte del señor…, un derecho diferente sujeto a nuevos condicionamientos” (negrillas fuera del texto).

Ahora bien, el recurrente manifiesta que la pensión de jubilación convencional no puede ser sustituida a los beneficiarios del pensionado fallecido, dado que su origen es contractual y no puede otorgársele los mismos efectos de las pensiones legales, frente a lo cual es menester manifestar que es precisamente el carácter de derecho derivado de la sustitución pensional lo que le da la calidad de transmisible a este tipo de prestaciones, como ya lo determinó esta Colegiatura en la reciente sentencia CSJ SL757-2018, en la que señaló:

En realidad, lo que le da el carácter de transmisible a este tipo de prestaciones, sin perjuicio de que su reconocimiento provenga de la ley, de una convención colectiva, de un acto de liberalidad del empleador o de una colectiva, o de una sanción que le fue impuesta, es precisamente el hecho de que la sustitución pensional no constituye un derecho originario sino derivado, cuyas condiciones de consolidación, eventual compatibilidad o compartibilidad e inclusive vocación de transmisibilidad, constituyen elementos arraigados del derecho principal.

Así las cosas, y trasladando los argumentos de puro derecho expuestos en el citado precedente jurisprudencial al asunto bajo escrutinio, se tiene que la pensión de jubilación convencional puede ser sustituida a sus beneficiarios, por lo que es claro que el tribunal no incurrió en equívoco cuando así lo dispuso en su providencia. Debiéndose precisar, que la orden de sustitución solo comprendió el mayor valor que continuó a cargo de la entidad demandada.

Allí también se reiteró lo enseñado por la Corte en torno a la cobertura del sistema de seguridad social en los términos de los artículos 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del CST, de la siguiente manera:

De otra parte, en lo referente en punto a que el riesgo de la muerte está cubierto por la seguridad social en desarrollo de lo previsto en los artículos 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del CST, razón por la cual no es el empleador quien debe asumirlo, no le asiste razón a la censura en la medida que tales disposiciones se refieren a la pensión legal que estaba a cargo del empleador, por lo que en el sub lite al tratarse de una pensión convencional no se ve afectada por el contenido de tal normativa. Así ya lo había precisado esta Corporación en la sentencia CSJ SL SL3275-2018 donde se precisó:

[…] Igualmente, se equivoca la impugnante al afirmar que no es viable la transmisión de la pensión de jubilación convencional, dado que el riesgo se encuentra protegido por la seguridad social de conformidad con lo establecido en los artículos 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo, porque si bien dichos preceptos consagran, respectivamente, que «el seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley, reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior» y que «las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los {empleadores} cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto», lo cierto es que ellas hacen referencia a la pensión legal que estaba a cargo del empleador, pero en este caso se trata de una prestación convencional que no se ve afectada por el contenido de la normativa en referencia.

Con respecto a la presunta vulneración del artículo 1619 del CC, que dispone: «Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado» (subraya la Corte), si bien la censura considera que en la convención los protagonistas sociales únicamente pactaron lo concerniente a la pensión de jubilación que se genera por el trabajo y, por contera, nada se dijo sobre la sustitución de esa prestación, lo cierto es que no se evidencia una transgresión a la disposición sustantiva, toda vez que, como quedó explicado, la transmisión del derecho pensional a los beneficiarios del trabajador, no constituye una materia distinta o una nueva prestación, por lo que no requiere su estipulación específica. Caso distinto ocurre cuando se pretende el efecto contrario, esto es, que la pensión no se sustituya, evento en el cual, como también es afirmado por la Sala, en el precedente arriba citado, ese querer debe pactarse de manera inequívoca.

En el horizonte trazado, los argumentos que esgrime la parte demandada no son diferentes a los que ya han sido objeto de estudio por parte de esta Corporación y que no expone razones adicionales que conduzcan a una nueva línea de pensamiento, debe concluirse que la sala sentenciadora, al conceder el derecho a la sustitución de la pensión de jubilación convencional a cargo de la demandada a la actora, no incurrió en el yerro jurídico que se le endilga.

Entonces, siendo coherentes con lo discurrido, el cargo no sale victorioso.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de nueve millones cuatrocientos mil pesos ($9.400.000.oo) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), por Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARÍA DEL TRÁNSITO ORTEGA GARCÍA contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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