Ficha de la providencia
Sentencia SL3191-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3191-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3191-2023
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
11 de octubre de 2023
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL3191-2023
Radicación n.° 96971
Acta 38
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 6 de junio de 2022, en el proceso que instauró BLANCA INÉS ORJUELA DÍAZ en contra de la recurrente.
I. ANTECEDENTES
Blanca Inés Orjuela Díaz demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones para que, previa las declaraciones de rigor se condenara a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por padecer una enfermedad de carácter crónica y progresiva, y por cumplir, a su criterio, con el requisito establecido en la Ley 860 de 2003.
De manera subsidiaria, se condenara al reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común, a partir del 1.° de agosto de 2018, por el cumplimiento de más de 300 semanas antes del 1.° de abril de 1994, bajo lo normado por el Decreto 758 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, las costas y agencias en derecho.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: estuvo afiliada al ISS en donde cotizó 594.71 semanas, las que eran anteriores a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y en toda su vida laboral aportó 725.43; la Junta Nacional de Calificación, mediante el Dictamen n°. 20956314-27180 del 13 de agosto de 2020, le determinó una pérdida de la capacidad laboral de 59.09%, estructurada el 20 de julio del año 2006, producto de una hipoacusia neurosensorial bilateral progresiva y degenerativa.; a través de la Resolución n.° SUB-278211 del 22 de diciembre de 2020, la demandada le negó su solicitud de pensión de invalidez porque no cumplió con el mínimo de semanas exigido en la ley; interpuso acción de tutela la que en segunda instancia consideró el mecanismo improcedente.
Colpensiones, al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones, aceptó los hechos relativos a la solicitud pensional y su negativa. En su defensa, propuso los medios exceptivos que denominó inexistencia de la obligación, imposibilidad jurídica para reconocer derechos por fuera del ordenamiento legal, buena fe, imposibilidad de condena en costas y la que denominó «declaratoria de otras excepciones».
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 19 de noviembre de 2021, absolvió a la demandada de la totalidad de las pretensiones planteadas en su contra e impuso costas a la promotora.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, en fallo del 6 de junio de 2022, decidió:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2021 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso que promueve la señora BLANCA INÉS ORJUELA DÍAZ en contra de LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR que la señora BLANCA INÉS ORJUELA DÍAZ tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde el 20 de julio de 2006, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas al año, como se indicó en precedencia.
TERCERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES al pago de las mesadas adeudadas la señora BLANCA INÉS ORJUELA DÍAZ, debidamente indexadas, desde el 12 de mayo de 2018 hasta la ejecutoria de esta providencia, y a partir del día siguiente a la ejecutoria, cancelar en favor de la susodicha los intereses moratorios de que habla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 hasta el pago total de la obligación.
CUARTO: CONDENAR en costas procesales a la parte demandada en ambas instancias a favor de la demandante. Liquídense por el juzgado de origen
El juez colegiado estableció como problemas jurídicos:
Determinar si se dan los presupuestos establecidos en la jurisprudencia constitucional que permitan tener en cuenta las semanas cotizadas por la demandante con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, a efectos de obtener el reconocimiento pensional.
Establecer si en el presente caso hay lugar a la aplicación de la condición más beneficiosa para conceder la pensión de invalidez a la parte demandante por haber cotizado más de 300 semanas cotizadas en vigencia del acuerdo 049/90, a pesar de que la estructuración de la PCL se dio en vigencia de la Ley 860 de 2003, que modificó los requisitos que para acceder a la pensión de invalidez consagraba la Ley 100 de 1993 en su contenido original.
Para abordar el estudio de los cuestionamientos el juzgador, con base en la sentencia CC SU588-2016, trató los presupuestos para el reconocimiento de la pensión de invalidez, en virtud de cotizaciones que se efectuaron con posterioridad a la fecha de estructuración y, con la sentencia CC SU556-2019, de los requisitos de tal providencia para acceder a la pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Frente a este último aspecto describió las 4 condiciones necesarias para la procedencia como mecanismo subsidiario de la tutela denominado «test de procedencia».
Informó que para la Corte Constitucional sólo resultaba razonable y proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa de manera ultractiva hasta las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, en los eventos en que la invalidez se estructurara en vigencia de la Ley 860 de 2003, cuando el accionante sea una persona en situación de vulnerabilidad. Postura que distaba de la asumida por esta Sala de Casación Laboral que «únicamente de la ley 100 original y no del Acuerdo 049 de 1990, siempre y cuando las 26 semanas de cotización que establecía la ley 100 original se hubieren cotizado dentro de los 3 años anteriores a la vigencia de la ley 860 de 2003».
Señaló que estaba probado que la pérdida de capacidad laboral de la demandante se presentó en vigencia de la Ley 860 de 2003, esto es, el 20 de julio de 2006, normativa frente a la que, la accionante, no tenía las 50 semanas exigidas en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez y, con relación al primer problema jurídico tuvo que, con posterioridad a la data de estructuración ya referida, los únicos aportes que reflejaba la historia laboral correspondían a los efectuados «entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de julio de 2018, los cuales representan un total de 72.85 semanas, que fueron cotizadas en el marco de los beneficios que otorga el régimen subsidiado en pensiones, esto es, con el aporte del 90% del valor de la cotización a cargo del Estado», sin encontrar dentro del plenario prueba alguna que demostrara que fue una actividad laboral la que originó dichos aportes. De allí que dedujera que esas aportaciones no fueron efectuadas en virtud «de una capacidad laboral residual, razón por la cual no es posible tenerlas en cuenta con el fin de reconocer la pensión de invalidez».
No obstante, por los aportes bajo el régimen subsidiado, tuvo por cierto que la accionante se encontraba dentro de un grupo poblacional vulnerable, de bajos ingresos, aspecto indispensable para haberse vinculado al régimen subsidiado en pensiones y que no tenía una vinculación laboral formal, pues de haberla tenido no habría sido beneficiaria del subsidio en comento. En consecuencia, le dio cabida al estudio de la pretensión subsidiaria, la prestación peticionada bajo el principio de la condición más beneficiosa.
Puesto los ojos en tal principio, y ante las dos interpretaciones existentes, echando mano del postulado pro-operario, aplicó la línea de la Corte Constitucional plasmada en la sentencia CC SU556-2019, frente a la cual encontró acreditados los cuatro supuestos del test de procedencia para dar cabida a la aplicación ultractiva de la ley hasta el Decreto 758 de 1990. Revisados los requisitos, estimó que:
De acuerdo con el material probatorio y con sustento en las anteriores premisas, se concluye que la actora tiene derecho a la pensión de invalidez porque acredita una Pérdida de la Capacidad Laboral del 59,09%, de origen común, estructurado el 20 de julio de 2006 y cotizó un total de 551,71 semanas antes del 1º de abril de 1994. En consecuencia, conforme al principio de la condición más beneficiosa, su pensión se disciplina con el Acuerdo 049 de 1990, cuyos requisitos se cumplen al tener más de 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Entonces, lo procedente para el juez de alzada, era revocar la sentencia de primer grado para efectos de reconocer la pensión peticionada, con la respectiva indexación como quiera que la condena se impartió en virtud de una interpretación favorable.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la de primera que absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica, que se estudiarán de manera conjunta, por cuanto se dirigen por la misma vía, atacan similar elenco normativo y se tornan complementarios.
VI. CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, del «artículo 53 constitucional y los artículos 5 y 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad; 39 y 141 de la Ley 100 de 1993; yerros que lo condujeron a infringir directamente el artículo 1°de la Ley 860 de 2003 (que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993)».
Aclara que dada la vía del ataque no están en debaten los hechos probados por el fallador y de manera particular que:
i)La afiliada cotizó un total de 594,71 semanas con anterioridad al 1 de abril de 1994 y 725,43 en toda su vida laboral;
ii)Dentro de los 3 últimos años anteriores a la estructuración de la invalidez, ocurrida el 20 de julio de 2.006, no efectuó cotizaciones al sistema,
iii) Incluso, ni siquiera cotizó al sistema en los 3 años anteriores a la vigencia de la Ley 860 de 2003.
iv) Tampoco será motivo de debate que las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la reclamante (72,85 para ser exactos) no fueron realizadas a partir de su capacidad laboral residual, por lo que no era dable tenerlas en cuenta como lo dictaminaron ambos sentenciadores-para otorgar el reconocimiento de la prestación a la luz de la Ley 860 de 2003, vigente al momento de la estructuración de la invalidez. Determinación que además ha sido respaldada de manera reiterada por esta Corporación, entre otros, en providencia SL3275-2019.
En voces de la censura, el único reparo se centra en que el colegiado ordenó reconocer a favor de la accionante, una pensión de invalidez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad, cuando la fecha de estructuración es del 20 de julio de 2006, data para la cual rige la Ley 860 de 2003.
La recurrente describe que, si bien la Corte Constitucional ha desarrollado el principio de la condición más beneficiosa adoptando un test para su procedencia, esta no limita en el tiempo la norma que debe ser aplicada, mientras que esta Corte adoctrina que es aplicable al régimen inmediatamente anterior al que estaba vigente cuando la situación de invalidez se estructuró, siempre que se cumplan los requisitos de tal ordenamiento; se soporta en sentencias de esta Corporación.
Identifica que la data de estructuración fue el 20 de julio de 2006, en vigencia de la Ley 860 de 2003 y, como quedó demostrado y no se controvierte, no hay cotizaciones de 50 semanas en el interregno para del 20 de julio de 2006 y el 20 de julio de 2003.
Adicionó que, para esta Sala existe un periodo de gracia para cumplir con tal requisito, consistente en la posibilidad de computar las cotizaciones mínimas requeridas dentro de los tres años anteriores a la vigencia de la norma que regía al momento de la estructuración, para el efecto que nos convoca la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003, lo que considera no cumplía la demandante. Suma a su argumento que, acudiendo al principio bajo análisis, la norma precedente era la Ley 100 de 1993 que, en su versión original, exigía 26 semanas en el año inmediatamente anterior, aspecto que tampoco se demostró.
Con base en ello afirma que al no observar la accionante los requisitos consagrados en la Ley 860 de 2003, ni tampoco los del artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, para acceder a la pensión de invalidez, el juez de alzada violó las normas denunciadas en la proposición jurídica del cargo.
VII. CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, del artículo 53 de la CN que condujo a la aplicación indebida de los artículos 5.° y 6.° del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad; 48, 141 de la Ley 100 de 1993 y, la infracción directa del artículo 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.
Siguiendo la argumentación referida en el cargo primero y dada la vía del ataque, se atiene a los hechos probados por el juez de alzada; se duele de la interpretación errónea que efectuó del artículo 53 constitucional que lo llevó a conceder una pensión de invalidez con base en los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, cuando la estructuración de la invalidez fue en el año 2006. El sentenciador de segundo grado entendió erradamente que el hecho de que la afiliada hubiere acreditado 300 semanas antes del 1.° de abril de 1994 le permitía causar la pensión conforme a la referida normativa.
Para la entidad recurrente en casación,
Teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, se debía determinar que, como en el caso de marras, al no encontrarse cotizando la demandante al momento de la estructuración de la invalidez (hecho probado y que no se discute) debía acreditar 26 semanas o más dentro del año inmediatamente anterior a la data del tránsito legislativo, esto es, entre el 26 de diciembre de 2002 y el 26 de diciembre de 2003, por lo que, al no acreditarlo (supuesto que encontró probado y no se discute) no tenía una situación jurídica concreta y, por ende, se aplicaba con todo el rigor la Ley 860 de 2003, en desarrollo del principio de la retrospectividad de la ley, pues no posee una expectativa legítima y mucho menos un derecho adquirido. En conclusión, tampoco hay lugar a la aplicación de la condición más beneficiosa.
VIII. RÉPLICA
El opositor asevera, en esencia, que no existe error alguno de la sala sentenciadora y, por el contrario, se ajusta a derecho la decisión, por cuanto el colegiado acogió la jurisprudencia de la Corte Constitucional que regula la materia, esto es, la sentencia CC SU 556-2019 que exigía el cumplimiento de cuatro condicionamientos para aplicar el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, que cumple a cabalidad.
Adicionalmente, solicita no casar la sentencia por adolecer la demanda de errores en la técnica, como es el alcance de la impugnación, pues no señaló si debía casarse total o de manera parcial la decisión confutada; además, «debía encaminarlo por la vía indirecta al darse por probado los hechos propios del test de procedencia exigidos por la Corte Constitucional para conceder la prestación de invalidez a las personas disminuidas físicamente y que gozan de especial protección del estado».
IX. CONSIDERACIONES
No le asiste razón a la opositora cuando enrostra al recurso errores de técnica, por cuanto la entidad recurrente sí definió cuál era el alcance de la impugnación, en el entendido de casar la sentencia y, constituida en sede de instancia, confirmar la de primer grado que fue absolutoria para la demandada. Tampoco acierta la opositora al sostener que el ataque no fue completo, dado que no encaminó su embate por la vía de los hechos, los supuestos que encontró probados el colegiado para la procedencia de la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, por cuanto no desconoció ninguna de las probanzas, pues lo que en verdad se cuestionan son temas rigurosamente jurídicos, en torno al artículo 53 de la Constitución Política y demás disposiciones atacadas.
Dado que los cargos se dirigen por el sendero de puro derecho, no hay controversia alguna con respecto a que: i) la actora tiene dictaminada una pérdida de capacidad laboral del 59.09 % que se estructuró el 20 de julio de 2006; ii) cotizó 551.7 semanas al 1 de abril de 1994, por lo que no cumple con la densidad de semanas exigidas en la Ley 860 de 2003, norma vigente para la época en la que se estructuró la invalidez; iii) tampoco registra 26 semanas en el año anterior a la entrada en vigor de la ley última citada, y iv) las 72.85 semanas cotizadas con el beneficio del subsidio a la cotización, frente a las que no se demostró que correspondieran a una «capacidad residual».
Del análisis del cargo dimana palmario que el descontento de la recurrente gravita, en estricto rigor, en que el colegiado, al acudir al principio de la condición más beneficiosa, aplicó indebidamente el artículo 6.º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, al otorgar la pensión de invalidez a la demandante sin el lleno de los requisitos contemplados en la disposición aplicable a la fecha de estructuración de la invalidez apartándose del precedente sentado por esta Corporación sobre la materia.
Entonces, el problema jurídico a elucidar consiste en determinar si erró el tribunal al aplicar el principio de la condición más beneficiosa al asunto bajo escrutinio, que lo llevó a resolver el derecho prestacional con la regla vigente antes de la Ley 100 de 1993.
En lo que respecta al reproche, la Corte de vieja data ha advertido que no es posible, entre otros, la utilización del postulado de la condición más beneficiosa, con el objeto de realizar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores hasta acompasar al caso concreto la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte más favorable y, con ello, una aplicación plusultractiva de la ley, lo cual, por demás, desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia el futuro.
Al punto, esta Corte, en sentencia CSJ SL333-2023 y la CSJ SL5657-2021 que memoran la providencia CSJ SL840-2020 que a su vez recuerda lo expuesto en la CSJ SL1689-2017, reiterada en sentencia CSJ SL8305-2017, enseñó:
La inconformidad de la parte recurrente con el fallo atacado radica básicamente en que, de acuerdo con el principio de la condición más beneficiosa, es viable darle aplicación al artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año.
Pues bien, es criterio reiterado de esta Corporación, que el derecho a la prestación pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuración de tal condición. De ahí que, al haberse estructurado la invalidez el 23 de junio de 2008, la disposición que rige el asunto es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, cuyos requisitos no cumplió el actor pues no cotizó 50 semanas durante los tres años anteriores a dicha fecha.
De otra parte, como la censura invoca el principio de la condición más beneficiosa a fin de que el asunto se resuelva bajo la égida del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, es preciso señalar que no es viable dar aplicación a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una búsqueda interminable de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del peticionario o cuál resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. Esta ha sido la postura de la Sala expuesta en recientes providencias, entre otras, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016 y CSJ SL15965-2016.
En este orden, no era procedente que el Tribunal considerara los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 de manera plus ultractiva como lo pretende la censura, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub-lite.
De manera que, trasladando todos los argumentos expuestos en las anteriores decisiones al asunto sometido a escrutinio de la Corte, cambiando lo que haya que cambiar, se concluye que el juzgador se equivocó, por cuanto, para la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral de la actora, esto es, 20 de julio de 2006, la norma aplicable era la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.
Tampoco sobra indicar que, en torno a la fuerza vinculante del precedente constitucional, puntualmente de la sentencia CC SU005-2018, esta Corporación, en providencia CSJ SL184-2021, adoctrinó:
La fuerza vinculante del precedente constitucional
La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia.
Asimismo, ha precisado que un precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensión a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios básicos del Estado constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremacía de la Carta Política, debido proceso y confianza legítima (C-539-2011).
No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.
El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).
En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicación debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos Superiores importantes para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que se expone a continuación -deber de argumentación suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017).
En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultractiva de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres años anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, (iii) pero sí reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el régimen anterior.
Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes, cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.
A juicio de esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Así mismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de retrospectividad.
Por otra parte, la aplicación ultractiva de normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, según el criterio de la Sala, no es posible (…)
En síntesis, conforme al criterio jurisprudencial citado, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.
En consecuencia, y ante la inexistencia de razones diferentes y novedosas que permitan un cambio de pensamiento, habrá de casarse la sentencia, por las razones expresadas arriba.
Sin costas dada la prosperidad del recurso.
X SENTENCIA DE INSTANCIA
En sede de instancia, basten las anteriores consideraciones para concluir que la actora no le asiste el derecho a la pensión de invalidez con aplicación de la condición más beneficiosa, pues no procede el salto normativo entre la ley vigente a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, que modificó el 39 de la Ley 100 de 1993, y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad y tampoco cuenta con el mínimo de 50 semanas en el último trienio conforme con la Ley 860 anotada, ni las 26 semanas en el año inmediatamente anterior como dispone la regla jurídica de la Ley 100 de 1993, sin las respectivas modificaciones, y que era la regulación que le podría ser aplicable.
Para abordar el segundo aspecto de inconformidad de la recurrente, el cual se centra en que bajo la línea relativa a enfermedades del tipo congénito, degenerativo, crónico y, secuelas tardías, se le tengan en cuenta las semanas aportadas con posterioridad a la estructuración de la situación de invalidez. Frente a ello se resalta que la jueza de conocimiento encontró, con base en la línea dada por esta Corporación que, si bien la accionante demostró el condicionamiento de que su situación de invalidez se enmarcaba en una de las patologías descritas, no cumplía con los demás requerimientos establecidos por esta Sala.
Del análisis de la historia laboral allegada por Colpensiones, dedujo que la actora permaneció inactiva como cotizante entre febrero de 1997 hasta octubre de 2016, momento en el que reanudó el pago de aportes y que, resultan posteriores a la fecha en que conoció el dictamen del extinto I.S.S., del 17 de marzo de 2009, en el cual se estableció que tenía una pérdida de capacidad laboral de 72.86% con fecha de estructuración el 20 de julio de 2006, resaltó que se elevó solicitud de reconocimiento en el año 2010, la cual le fue negada por no cumplir con la densidad de cotización exigida en la norma.
Con ello, predicó que la demandante tuvo interés en cotizar las 50 semanas una vez conoció el dictamen anotado, lo que consideró notorio por cuanto permaneció aproximadamente 19 años inactiva y luego cotizó un total de 72.85 semanas, es decir, las necesarias para que, en un nuevo estudio tuviera derecho bajo la jurisprudencia de las altas Cortes. Precisamente refiere que frente a la revisión de la P.C.L que se le hiciera por parte de Colpensiones, la Junta regional de Calificación del Quindío y la Junta de Calificación Nacional, las condiciones de la peticionaria no variaron.
La Jueza de primer grado, fundamentó su conclusión en que, con posterioridad al 20 de julio de 2006, no existía probanza de la actividad personal ejecutada por la señora Orjuela Díaz, por manera que carecía de soportes para poder formar su convencimiento de su presunto trabajo en oficios varios; sumado a ello, integró a su estudio, el análisis de la historia clínica en la cual constató que padecía de hipoacusia neurosensorial bilateral, que generaba afecciones en su agudeza visual, auditiva y locomotora, las que eran requeridas para desempeñar, precisamente, funciones en oficios varios, por cuanto según las reglas de la experiencia para ellas se requerían aptitudes físicas de gran connotación como el estado físico considerable, fuerza y coordinación.
De allí, tuvo por cierto que los aportes efectuados no correspondían a una trabajadora independiente con una capacidad laboral residual, sino como una afiliada voluntaria al Sistema General de Pensiones conforme con el artículo 15 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003 y, en virtud del cual, si bien esos aportes tenían plena validez dentro del sistema, no necesariamente respondían al ejercicio de una actividad laboral efectivamente realizada por la afiliada, razón por la cual su existencia no probaba la capacidad que debe ser acreditada para desconocer la fecha de estructuración fijada por la entidad calificadora.
Puestas en esa dimensión las cosas, debe recordarse que esta Corporación tiene por sentado que, por regla general, la disposición llamada a regular el asunto, tratándose de la pensión de invalidez, es la vigente al momento de la ocurrencia del hecho causante, en este caso la invalidez; que para el caso bajo estudio, corresponde a la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003, la cual exige, de un lado la declaratoria que concreta dicha situación, esto es, que el afiliado tiene una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral y, acreditado ello, haber cotizado un número mínimo de semanas anteriores al momento de la estructuración del estado de invalidez del afiliado.
Es menester precisar, que se entiende por fecha de estructuración, aquel momento en el que el afiliado alcanza una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, punto de partida para establecer el lapso dentro del cual se han de contabilizar las semanas exigidas por la Ley.
El artículo 3.° del Decreto 917 de 1999, vigente para la fecha en que se calificó al actor, establecía:
Fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez.
Para el caso, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003, exige 50 semanas de cotización en los 3 últimos años anteriores a la fecha de estructuración.
Empero lo anterior, existen situaciones específicas, como en las enfermedades congénitas o, aquellas calificadas como enfermedades crónicas o degenerativas; o la establecida por esta Sala, ocasionada por secuelas que se manifiesten de manera ulterior al diagnóstico de la enfermedad (CSJ SL4178-2020), que le permiten a la persona mantener su capacidad laboral, y que al actuar como trabajador activo lo obliga a realizar los respectivos aportes para cubrir inclusive los riegos de invalidez y muerte que ofrece el sistema; cotizaciones éstas que resultan ser plenamente válidas, y con las cuales puede alcanzar el reconocimiento inclusive de una pensión de vejez.
Con este contexto en mente, si bien no hay debate sobre la naturaleza crónica, degenerativa, congénita o secuela tardía de la enfermedad en cuestión, se observa que la demandante fue evaluada en el Dictamen n.° 877 del 17 de marzo de 2009, según lo expuesto en el informe de la Junta Nacional de Calificación al transcribir las consideraciones de la valoración realizada por la Junta Regional, que fue el objeto de estudio durante la apelación en curso. En dicho dictamen se estableció un Porcentaje de la Capacidad Laboral (P.C.L.) del 72.86%, de origen común y con fecha de estructuración el 20 de julio de 2006 (véase f.° 60-70 del cuaderno principal). Este hecho evidencia que la calificación que la demandante ahora reclama es una revisión de su calificación inicial, la cual se llevó a cabo en un momento en el que ya había experimentado una pérdida superior al 50% de su capacidad laboral. Sin embargo, en ese momento no cumplía con los requisitos de cotización necesarios para acceder a la pensión de invalidez, lo que condujo a la entidad de seguridad social a denegar la prestación en esa época, como se confirma en los antecedentes de la Resolución SUB 278211 del 22 de diciembre de 2020, entre otros (véase f°. 93-100 del cuaderno principal).
No está de más señalar que, si bien en la revisión de la calificación, se disminuyó el porcentaje de P.C.L., en esencia no cambio la condición de invalidez, ni la data de estructuración. De esta manera le asistió razón a la Jueza cuando afirmó que, como quiera que la accionante ya estaba calificada y no accedió al derecho pensional, lo que correspondía era que esos aportes tuvieran validez para vejez y, ello es así, ante el derecho de opción de la petente de recibir la indemnización sustitutiva o, seguir aportando, pero no para la pensión de invalidez.
En otras palabras, la accionante busca que, con base en una revisión del dictamen inicial, el que valga recordar no cambió la condición de invalidez ni desde cuando se gestó, se le habiliten aportes muy posteriores a la fecha de concretado el siniestro, que lo fue en el año 2009, fecha del dictamen inicial, momento para el que no contaba con aportes que dieran el derecho a la pensión por el riesgo de invalidez -se recuerda que, conforme quedó probado, dejó de cotizar por aproximadamente 19 años-. Ahora, los aportes posteriores tienen validez, y así lo dejó ver la jueza, pero no para el riesgo de invalidez, al cual no había accedido, pues no encontró probados los supuestos necesarios para acceder la regla de excepción fijada por esta Corporación.
Así las cosas, lo que surge es que la accionante a través de una revisión de la calificación de P.C.L., inicial del 2009, intenta reabrir un debate, para que, bajo la actual mirada de la corporación se habiliten semanas posteriores al dictamen.
Aquí y ahora, valga la oportunidad para rememorar y reiterar lo razonado en la mencionada providencia, CSJ SL5023- 2021, frente a la justificación de la excepción a la regla, así:
[…] la excepción se justifica en que la data de estructuración fijada en el dictamen es errada, pues no coincide realmente con el momento en que la persona llega a la pérdida mínima en el sistema (50%), como efectivamente ha dejado evidenciado esta Sala, como por ejemplo la CSJ SL4178-2020:
De manera que es palmario, que existen eventos donde la data de estructuración de la invalidez no debe tenerse como aquella en que se evidenció la enfermedad o el primer síntoma, porque al tiempo en que lenta y paulatinamente la enfermedad va desmejorando la situación de salud la persona puede desarrollar actividades que le permitan ser productiva hasta cuando se verifique que efectivamente pierde la capacidad laboral de forma permanente y definitiva, máxime cuando se padece desde la infancia.
Entonces, sin desconocer que existe una condición determinada como aquella que evidenció la enfermedad o el primer síntoma, se debe auscultar la fecha más cercana a la fijada por los calificadores, en la que se verifique que efectivamente se llegó a esa pérdida mínima en forma permanente y definitiva, […]
Así, del marco descrito surgen dos consideraciones: la primera, relativa a que la actora desde el año 2009 (fecha de calificación), llegó a la pérdida de capacidad laboral superior al 50%, momento para el cual se concretó el siniestro y lo que efectuó fue una revisión de su calificación la cual confirmó que el momento a partir del cual estructuró su situación de invalidez lo fue en el año 2006, lo que concuerda con el momento en el que dejó de tener una actividad laboral de tal manera que, conforme se anotó anteriormente, la accionante tenía el derecho de opción de recibir la indemnización sustitutiva o, por el contrario seguir cotizando pero no para el riesgo de invalidez.
Finalmente, debe enfatizarse en la validez de las aportaciones tanto de los afiliados voluntarios como obligatorios para los riesgos de vejez, invalidez, muerte y las prestaciones adicionales que ofrece el sistema pensional. Lo que implica que, por la naturaleza de la vinculación al sistema, no se pueden desconocer los mismos ni la negativa a las prestaciones que con ellos pueda obtener el afiliado. Ahora, ello no habilita a que bajo aparente cumplimiento normativo lo que se busque es arbitrar con la regla de excepción jurisprudencial a efectos de que cualquier persona, bajo la apariencia de estar conforme con la ley y la jurisprudencia, obtenga una prestación por invalidez.
Permitir tal conducta, implica desconocer el origen de la regla jurisprudencial, que no es otra, que evitar un déficit de protección a aquellos que, teniendo una situación de invalidez congénita, degenerativa, crónica o secuelas tardías, tienen efectivamente una capacidad laboral que les permite cotizar efectivamente para acceder a la cobertura de uno de todos los riesgos que ofrece el sistema pensional, pues sería excluirlos sin una causa justificable a la luz de nuestra constitución.
Así las cosas y reiterando lo dicho por esta Corporación no por cualquier circunstancia se torna válido alterar la fecha de estructuración de invalidez que hayan definido las autoridades médicas competentes, sin razón justificativa alguna o sin medio probatorio que así lo permita.
Así, no queda otro sendero que confirmar la decisión de primera instancia.
Costas a la parte vencida.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 6 de junio de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral seguido por BLANCA INÉS ORJUELA DÍAZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en su lugar, dispone:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 19 de noviembre de 2021, por las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: Costas en segunda instancia, a cargo de la parte demandante.
Sin costas en el recurso extraordinario.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
Aclara voto
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
No firma por ausencia justificada
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
ACLARACIÓN DE VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
Radicación n.° 96971
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES vs. BLANCA INÉS ORJUELA DÍAZ
Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, aun cuando estoy de acuerdo con la decisión adoptada en el presente asunto de casar el fallo del Tribunal y, en tal sentido, dejar en firme la sentencia que absolvió a la entidad demandada de pagar al actor la pensión de invalidez reclamada, debo aclarar mi voto en cuanto a la afirmación que en sus considerandos se hace respecto a la dimensión o valor normativo que se da al llamado precedente constitucional, pues, es mi parecer, la obligatoriedad no es una característica propia de nuestra jurisprudencia, como sí lo son su particularidad, uniformidad y continuidad.
En otras palabras, nuestro ordenamiento jurídico, de inspiración afortunadamente democrática desde sus albores independentistas, ha dado a la jurisprudencia un gran valor como elemento iluminante del quehacer judicial, por eso es que en su tarea ha sido nivelada por el constituyente como criterio auxiliar de la actividad judicial (hoy artículo 230 constitucional), pero en modo alguno traduce tal disposición que se la pueda considerar como una fuente formal de derecho en sentido estricto.
La jurisprudencia surge de las glosas judiciales a la aplicación, interpretación e integración normativas, no precede a éstas, ergo, no tiene fuerza normativa ni vinculante, pues de seguirse ese discurso fácilmente puede llegarse, a mi manera de ver y bajo el cobijo de un arbitrio judicial mal entendido democráticamente, a la arbitrariedad e inseguridad jurídicas.
Estoy de acuerdo, eso sí, en que, conforme a su funcionalidad constitucional, la jurisprudencia es, amén de un criterio auxiliar de la actividad judicial, un complemento o elemento integrador del ordenamiento jurídico, pero de allí tampoco puede derivarse un carácter vinculante u obligacional que solo le es propio al mismo ordenamiento.
En suma, el carácter disuasivo y persuasivo de la jurisprudencia, ese sí propio de nuestro régimen democrático y social de derecho, otorga a ésta, es mi opinión, una trascendental posición entre las fuentes formales del derecho y las operaciones cognitivas judiciales utilizadas en su aplicación, de suerte que, con ella se da una respuesta más idónea, justa y real a la necesidad de justicia social de la época.
Y esa la razón fundamental para que, desde antaño, las altas Cortes, para nuestro caso el Tribunal Supremo del Trabajo, dijera con todo sentido que se imponía entender «que la estabilidad de la jurisprudencia es una condición importante para la seriedad de la administración de justicia y para la confianza que en ella se tenga. Pero ello no impide que el juzgador pueda variarla cuando estime de buena fe que con ello busca un mejor entendimiento de la ley o una interpretación suya más adecuada a los hechos sociales que aspira a regular» (Resolución en investigación disciplinaria, 7 de febrero de 1995, Jurisprudencia del Trabajo, Miguel Antonio Constaín, Vol. III, pág. 170), y en otro asunto agregara que pese a su indiscutible valor doctrinario, «no es de obligatorio acatamiento para sus inferiores jerárquicos, pero su rechazo por éstos debe fundamentarse en razonamientos jurídicos que justifiquen el desacuerdo y den base a la corporación para nuevos estudios» (Auto, 30 de agosto de 1950, ibídem).
Luego, el acatamiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional es un imperativo procesal, un deber del funcionario judicial, que no una obligación, y deber procesal que solo puede soslayar en tanto y en cuanto exponga las razones de su apartamiento. Dicho que con otras expresiones similares vive recordando a jueces y tribunales de la jurisdicción social esta Corporación.
En los términos antedichos dejo expresado mi pensamiento respecto de la aludida afirmación contenida en la providencia en cita.
Fecha ut supra,
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Magistrado
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