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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3240-2021

Pensión convencional

Fecha
19 de mayo de 2021
Magistrado ponente
Ivan Mauricio Lenis Gomez
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3240-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿La convención colectiva 2004-2007 se prorrogó hasta el 31 de julio de 2010 y el trabajador cumplió sus requisitos pensionales durante su vigencia?

  2. ¿Cómo se determina el IBL, los factores salariales, el disfrute y la compartibilidad de la pensión convencional si la convención no reguló esos aspectos?

Reglas

  1. Si el término inicial de la convención estaba en curso al entrar en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005, sus prórrogas automáticas pueden extenderla hasta el 31 de julio de 2010 cuando no hubo denuncia.

    «esta se mantendrá por el término inicialmente pactado y hasta el 31 de julio de 2010»
  2. La causación de la pensión convencional ocurre al reunirse los requisitos de edad y servicio durante la vigencia del acuerdo, aunque su disfrute pueda iniciarse después.

    «el actor estructuró el derecho pensional cuando cumplió los veinte años de servicio discontinuos en la empresa, esto es, el 31 de mayo de 2009, en vigencia de la convención colectiva de trabajo»
  3. Si la convención no define el IBL ni los factores salariales, se aplican las normas legales que regulan esos aspectos.

    «se deber llenar ese vacío y acudir a la norma vigente que regula el tema en la ley»
  4. Cuando el beneficiario continúa trabajando después de causar la pensión, el cálculo del IBL incluye la última cotización; el disfrute inicia al retirarse del servicio oficial.

    «en los eventos en que el interesado continúe trabajando con posterioridad a causar la pensión, se debe calcular el ingreso base de liquidación con inclusión de la última cotización»
  5. El pago tardío de una prestación pensional debe indexarse para conservar su poder adquisitivo y satisfacer integralmente la deuda.

    «tiene la obligación de indexarla como único conducto»

Decisión

La Corte revocó la absolución y reconoció la pensión convencional, causada el 31 de mayo de 2009 y disfrutable desde el retiro en junio de 2018. Ordenó pagar el mayor valor que resulte tras compartirla con la pensión de vejez, indexar el retroactivo y negó intereses moratorios.

Parte resolutiva

III. DECISIÓN Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, actuando en sede de instancia, RESUELVE: Revocar la sentencia que profirió la Jueza Segunda Laboral de Descongestión del Circuito de Cali el 31 de julio de 2012, y en su lugar: PRIMERO: Declarar que JORGE ENRIQUE BENÍTEZ RODRÍGUEZ tiene derecho a la pensión de jubilación del artículo 87 de la convención colectiva de trabajo vigente en la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI-EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN para el periodo 2004-2007 y que fue objeto de prórrogas sucesivas, en los términos que se indicó en la parte motiva; (ii) esa prestación que está cargo de la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI-EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN se causó el 31 de mayo de 2009 y el disfrute es a partir del 25 de junio de 2018 cuando operó el retiro del servicio oficial, y (iii) dicha prestación es compartible con la de vejez que le reconoció Colpensiones al accionante, a través de Resolución SUB 190992 de 17 de julio de 2018. SEGUNDO: Condenar a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI-EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN a pagar a favor de JORGE ENRIQUE BENÍTEZ RODRÍGUEZ el mayor valor si lo hubiere derivado de la mesada adicional de junio o mesada catorce desde el 25 de junio de 2018 en adelante, luego de aplicar la compartibilidad con la pensión de vejez que reconoció Colpensiones incluido el valor de las mesadas adicionales de junio y diciembre. El retroactivo por esas sumas, de existir, se indexará al momento del pago. TERCERO: Absolver a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI-EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN del pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por las razones expuestas en la parte motiva. CUARTO: Declarar no probadas las excepciones que formuló la demandada. QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3240-2021

Magistrado ponente: Ivan Mauricio Lenis Gomez

19 de mayo de 2021

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

SL3240-2021

Radicación n.° 66223

Acta 18

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

La Corte profiere fallo de instancia en el proceso ordinario laboral que JORGE ENRIQUE BENÍTEZ RODRÍGUEZ promovió contra la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI EN LIQUIDACIÓN-EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN.

ANTECEDENTES

Mediante sentencia CSJ SL4287-2020 de 26 de agosto de 2020, esta Corporación casó la decisión que la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 31 de enero de 2013, en cuanto confirmó el fallo del a quo que absolvió a la accionada de todas las pretensiones de la demanda y no consideró que el acuerdo convencional, fuente de las pretensiones del actor, se prorrogó hasta el 31 de julio de 2010.

Asimismo, para mejor proveer, solicitó a la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali-Emsirva E.S.P. que en el término máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo del oficio correspondiente certificara los conceptos que pagó al demandante en los últimos 10 años de servicios.

A través de correos electrónicos de 26 de noviembre de 2020 y 1.º de marzo de 2021, la Coordinadora de Talento Humano de la referida entidad cumplió con dicho requerimiento, de modo que están dadas las condiciones para proferir fallo de instancia.

CONSIDERACIONES

En sede de casación se indicó que el Tribunal incurrió en un yerro porque estimó que la convención colectiva, fuente del derecho pensional del accionante, tuvo una vigencia de 48 meses, esto es, entre el 1.º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007. Ello porque en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 dicho término estaba en curso y como ninguna de las partes efectuó denuncia para darlo por terminado desde la última data en mención, por ministerio de la ley, se entiende que se prorrogó de seis (6) en seis (6) meses hasta el 31 de julio de 2010.

Para arribar a dicha conclusión, la Corte precisó su criterio para señalar que en los eventos en que la vigencia inicial de la convención colectiva de trabajo que pacten las partes se encuentre en curso al momento de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, esta se mantendrá por el término inicialmente pactado y hasta el 31 de julio de 2010, para lo cual debe considerarse la figura jurídica de la prórroga automática prevista en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo cuando las partes no presenten la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem. De modo que, en ese contexto, dichos acuerdos en materia pensional se extienden hasta el 31 de julio de 2010.

Ahora, en la demanda el accionante requirió el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en el artículo 87 de la convención colectiva de trabajo vigente para el periodo 2004-2007 y que se liquide teniendo en cuenta los factores salariales previstos en la cláusula 98 ibidem; junto con el retroactivo causado, los intereses moratorios y las costas procesales.

El contenido de la cláusula mencionada es el siguiente:

ARTÍCULO 87. EMSIRVA E.S.P. jubilará a los trabajadores (as) oficiales con veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos en el sector oficial y que hayan cumplido 53 años de edad.

Esto sin perjuicio de aquellos trabajadores (as) que tengan derecho adquirido de jubilación especial vigente en la empresa.

El valor de la mesada corresponderá al porcentaje igual estipulado por la ley.

PARÁGRAFO. Todos los trabajadores que ingresen al servicio de la empresa a partir del primero (1.º) de enero de 1995, se regirán por el régimen de pensiones establecido en la ley 100/93 y sus decretos reglamentarios. Se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores.

Por otra parte, en el proceso se acreditó que: (i) el demandante nació el 16 de agosto de 1955 (f.º 10); (ii) ingresó a laborar a Emsirva E.S.P. hoy en liquidación, a través de contratos de trabajo a término fijo entre el 9 de junio de 1988 y el 9 de marzo de 1989, del 1.º de junio de 1989 al 30 de enero de 1990, del 26 de febrero de 1990 al 25 de agosto de 1990, del 3 de octubre de 1990 al 2 de abril de 1991, del 24 de julio de 1991 al 23 de enero de 1992, del 13 de marzo de 1992 al 12 de septiembre de 1992, del 19 de octubre de 1992 al 18 de mayo de 1993, y por contrato a término indefinido del 4 de junio de 1993 al 25 de marzo de 2009; (iii) la accionada lo despidió en esta última fecha, pero un juez de tutela ordenó su reintegro en virtud del retén social como pre-pensionado y mantuvo el vínculo contractual sin solución de continuidad hasta el 24 de junio de 2018, fecha en la que se le terminó la relación por haber ingresado en nómina de pensionados de Colpensiones; (iv) laboró para la demandada un total 29,06 años; (v) el último cargo que desempeñó fue el de asistente del proceso de liquidación (archivo n.º 2 cuaderno digital Corte); (vi) ostentó la condición de trabajador oficial y fue beneficiario de la convención colectiva de trabajo como asociado de la organización sindical SintraEmsirva ESP (f.º 17); (vii) el texto convencional se suscribió el 23 de diciembre de 2003 por una vigencia inicial de cuatro años, esto es, entre el 1.º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007 y no fue denunciado por ninguna de las partes, y (viii) obra constancia de depósito del acuerdo convencional en el expediente (f.º 30).

Y a través de sentencia de 31 de julio de 2012 la Jueza Segunda Laboral de Descongestión del Circuito de Cali absolvió a la entidad convocada a juicio de todas las pretensiones incoadas en su contra (f.° 342 a 349).

Así, la Corte, en sede de instancia, y en armonía con lo expuesto en casación le corresponde determinar si el accionante estructuró el derecho a la pensión convencional de jubilación en el plazo máximo de vigencia del acuerdo colectivo, esto es, hasta el 31 de julio de 2010; y en caso afirmativo: (i) la cuantía de la prestación; (ii) el valor del retroactivo pensional; (iii) si proceden los intereses moratorios o la indexación de la deuda, y (iv) si la pensión es compartible con la de vejez a cargo de Colpensiones.

Pues bien, al estudiar la norma colectiva que se invoca como fuente de la pretensión, se observa que como se precisó en la sentencia de casación tuvo vigencia hasta el 31 de julio de 2010, en virtud de las prórrogas sucesivas previstas en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo y porque ninguna de las partes presentó denuncia de la convención.

El artículo 87 de la convención exige para causar el derecho «veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos en el sector oficial y que hayan cumplido 53 años de edad». Así, se evidencia que el actor estructuró el derecho pensional cuando cumplió los veinte años de servicio discontinuos en la empresa, esto es, el 31 de mayo de 2009, en vigencia de la convención colectiva de trabajo. Así se explica en el siguiente cuadro:

En cuanto al monto de la prestación, el artículo 87 convencional prevé que «el valor de la mesada corresponderá al porcentaje igual al estipulado por la ley», de modo que es necesaria la remisión a las normas que regulan el tema en el régimen de prima media, vigentes al momento en el que se configuró el derecho pensional para determinar tal porcentaje. Y sobre los factores salariales para dicho cálculo el texto extralegal no precisó lo pertinente.

En este punto es importante destacar que el accionante no tiene razón en cuanto afirma que la prestación se debe calcular con base en los factores salariales que consagra el artículo 98 de la convención colectiva y que según se afirma en la demanda, en armonía con el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, corresponden al «promedio de los salarios y primas de toda especie devengado por el trabajador en el último año de servicios».

Ello por cuanto la citada cláusula convencional está en un capítulo distinto al de las pensiones de jubilación y en realidad hace referencia es a la definición de salario para efectos laborales y no pensionales; y su redacción corresponde al concepto de salario que el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo tenía antes de ser modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990.

Además, si las partes hubieran querido extender los efectos de esta disposición a los derechos pensionales del artículo 87 convencional, así lo hubieran consignado expresamente y en tal perspectiva la norma tendría el sentido perseguido por el actor; sin embargo, ello no se estableció así y por tanto no se puede dar tal alcance.

Ahora, los suscriptores del contrato colectivo tampoco contemplaron el periodo temporal que debe ser considerado a efecto de calcular el ingreso base de liquidación de la pensión.

Por consiguiente, en estos eventos en los que en el acuerdo extralegal no se contempla la forma de definir el ingreso base de liquidación ni los factores salariales de la pensión de jubilación, se deber llenar ese vacío y acudir a la norma vigente que regula el tema en la ley (CSJ SL4086-2017 y CSJ SL3138-2018). Precisamente, en la primera sentencia referida la Sala señaló:

Pues bien, sea lo primero destacar que la pensión reconocida a Cuartas Gil por Caprecom fue de origen convencional por lo que, en principio, es tal instrumento el que determina la forma de calcular el IBL así como los factores salariales que lo integran.

No obstante, al plenario no obra copia de la convención colectiva de trabajo, de modo que conforme lo ha establecido la Sala en reiteradas oportunidades, es menester acudir a los precisos términos que sobre el particular establezca la ley» (…).

En cuanto al segundo reparo, relacionado con los factores salariales que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión de la actora, es de señalar que cuando un convenio colectivo de trabajo consagra una pensión de jubilación sin establecer en concreto cuáles son aquellos que deben observarse para su liquidación, o cuando el instrumento colectivo en el que supuestamente se establecieron, no obra al plenario, en ningún yerro incurre el juez si con fundamento en las normas que regulan la materia, establece cuáles son los que lo integran.

En el sub lite procede entonces determinar las normas legales que regulan este caso, tanto para el ingreso base de liquidación como para los factores salariales, puesto que esos aspectos no se previeron por las partes, y además en relación con el porcentaje pensional.

Por tanto, al analizar la situación del accionante se advierte que es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, que en su caso es 30 de junio de 1995 por ser un servidor público del orden territorial (artículo 151 de la Ley 100 de 1993), y pese a que no tenía 40 años de edad pues nació el 16 de agosto de 1955, sí tenía más de 15 de servicios. En efecto, entre el 30 de julio de 1974 y el 30 de junio de 1995 Benítez Rodríguez acumuló el equivalente a 19,87 años de servicios, según se acredita con la Resolución del Instituto de Seguros Sociales Sub 190992 de 17 de julio de 2018 (Pdf. 30, cuaderno de la Corte).

De modo que la normativa que ampara la transición como trabajador oficial es la Ley 33 de 1985, pues ingresó a laborar por primera vez a Emsirva ESP el 9 de junio de 1988, a través de contrato de trabajo a término fijo. Por esa razón, no se le aplica el parágrafo del artículo 87 convencional que prescribe:

PARÁGRAFO. Todos los trabajadores que ingresen al servicio de la empresa a partir del primero (1.º) de enero de 1995, se regirán por el régimen de pensiones establecido en la ley 100/93 y sus decretos reglamentarios. Se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores.

Conforme lo anterior, como a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones al accionante le hacían falta más de diez años para adquirir el derecho, la norma que regula el ingreso base de liquidación es el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que se refiere al promedio de los salarios cotizados durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados con base en la variación del índice de precios al consumidor, que le es más favorable al actor en comparación con el promedio de toda la vida laboral, conforme a la información que obra en el expediente.

Y conforme al criterio jurisprudencial de la Sala, en los eventos en que el interesado continúe trabajando con posterioridad a causar la pensión, se debe calcular el ingreso base de liquidación con inclusión de la última cotización (CSJ SL3113-2019); en consecuencia, el cálculo de la primera mesada se hará con los salarios devengados del 25 de junio de 2008 al 24 de junio de 2018.

Los factores salariales serán los establecidos en el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, estos son: «la asignación básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica, cuando sea factor de salario, las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna y la bonificación por servicios prestados» (CSJ SL4454-2018, CSJ SL2878-2019, CSJ SL3277-2019 y CSJ SL057-2021). La tasa de reemplazo es del 75%, de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985.

El disfrute se reconocerá a partir del retiro del servicio oficial, esto es, 25 de junio de 2018, debido a la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución Política de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público (CSJ SL2170-2019 y CSJ SL3226-2020).

Así, hechos los cálculos se conformidad con los anteriores parámetros y con apoyo en los documentos que aportó la demandada en virtud del requerimiento de la Sala, se determinó como valor de la primera mesada pensional la suma de $1.285.261,94, conforme se detalla a continuación:

FECHAS

N° DE

N° DE

SALARIO

SALARIO

SALARIO

DESDE

HASTA

DIAS

SEMANAS

DEVENGADO

INDEXADO

PROMEDIO

25/06/2008

30/06/2008

6

0,86

$ 1.333.120,80

$ 1.993.305,58

$ 3.322,18

01/07/2008

31/07/2008

30

4,29

$ 858.623,00

$ 1.283.828,16

$ 10.698,57

01/08/2008

31/08/2008

30

4,29

$ 785.027,00

$ 1.173.786,13

$ 9.781,55

01/09/2008

30/09/2008

30

4,29

$ 897.173,00

$ 1.341.468,79

$ 11.178,91

01/10/2008

31/10/2008

30

4,29

$ 925.210,00

$ 1.383.390,21

$ 11.528,25

01/11/2008

30/11/2008

30

4,29

$ 910.315,00

$ 1.361.118,94

$ 11.342,66

01/12/2008

31/12/2008

30

4,29

$ 1.046.117,00

$ 1.564.172,47

$ 13.034,77

01/01/2009

31/01/2009

30

4,29

$ 1.120.007,00

$ 1.555.173,04

$ 12.959,78

01/02/2009

28/02/2009

30

4,29

$ 1.000.044,00

$ 1.388.599,78

$ 11.571,66

01/03/2009

31/03/2009

30

4,29

$ 807.638,00

$ 1.121.436,60

$ 9.345,31

01/04/2009

30/04/2009

30

4,29

$ 915.816,67

$ 1.271.646,87

$ 10.597,06

01/05/2009

31/05/2009

30

4,29

$ 976.803,67

$ 1.356.329,68

$ 11.302,75

01/06/2009

30/06/2009

30

4,29

$ 1.830.616,67

$ 2.541.882,05

$ 21.182,35

01/07/2009

31/07/2009

30

4,29

$ 915.816,67

$ 1.271.646,87

$ 10.597,06

01/08/2009

31/08/2009

30

4,29

$ 915.816,67

$ 1.271.646,87

$ 10.597,06

01/09/2009

30/09/2009

30

4,29

$ 915.816,67

$ 1.271.646,87

$ 10.597,06

01/10/2009

31/10/2009

30

4,29

$ 915.816,67

$ 1.271.646,87

$ 10.597,06

01/11/2009

30/11/2009

30

4,29

$ 915.816,67

$ 1.271.646,87

$ 10.597,06

01/12/2009

31/12/2009

30

4,29

$ 915.816,67

$ 1.271.646,87

$ 10.597,06

01/01/2010

31/01/2010

30

4,29

$ 497.653,00

$ 677.423,16

$ 5.645,19

01/02/2010

28/02/2010

30

4,29

$ 870.893,00

$ 1.185.490,86

$ 9.879,09

01/03/2010

31/03/2010

30

4,29

$ 901.997,00

$ 1.227.830,75

$ 10.231,92

01/04/2010

30/04/2010

30

4,29

$ 933.100,00

$ 1.270.169,27

$ 10.584,74

01/05/2010

31/05/2010

30

4,29

$ 964.203,00

$ 1.312.507,79

$ 10.937,56

01/06/2010

30/06/2010

30

4,29

$ 2.083.923,00

$ 2.836.710,92

$ 23.639,26

01/07/2010

31/07/2010

30

4,29

$ 964.203,00

$ 1.312.507,79

$ 10.937,56

01/08/2010

31/08/2010

30

4,29

$ 777.583,00

$ 1.058.473,94

$ 8.820,62

01/09/2010

30/09/2010

30

4,29

$ 933.100,00

$ 1.270.169,27

$ 10.584,74

01/10/2010

31/10/2010

30

4,29

$ 964.203,00

$ 1.312.507,79

$ 10.937,56

01/11/2010

30/11/2010

30

4,29

$ 933.100,00

$ 1.270.169,27

$ 10.584,74

01/12/2010

31/12/2010

30

4,29

$ 964.203,00

$ 1.312.507,79

$ 10.937,56

01/01/2011

31/01/2011

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.312.662,31

$ 10.938,85

01/02/2011

28/02/2011

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.270.318,37

$ 10.585,99

01/03/2011

31/03/2011

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.312.662,31

$ 10.938,85

01/04/2011

30/04/2011

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.270.318,37

$ 10.585,99

01/05/2011

31/05/2011

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.312.662,31

$ 10.938,85

01/06/2011

30/06/2011

30

4,29

$ 2.150.030,00

$ 2.837.044,35

$ 23.642,04

01/07/2011

31/07/2011

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.312.662,31

$ 10.938,85

01/08/2011

31/08/2011

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.312.662,31

$ 10.938,85

01/09/2011

30/09/2011

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.270.318,37

$ 10.585,99

01/10/2011

31/10/2011

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.312.662,31

$ 10.938,85

01/11/2011

30/11/2011

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.270.318,37

$ 10.585,99

01/12/2011

31/12/2011

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.312.662,31

$ 10.938,85

01/01/2012

31/01/2012

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.265.455,40

$ 10.545,46

01/02/2012

29/02/2012

30

4,29

$ 930.610,00

$ 1.183.813,11

$ 9.865,11

01/03/2012

31/03/2012

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.265.455,40

$ 10.545,46

01/04/2012

30/04/2012

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.224.634,26

$ 10.205,29

01/05/2012

31/05/2012

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.265.455,40

$ 10.545,46

01/06/2012

30/06/2012

30

4,29

$ 2.150.030,00

$ 2.735.016,51

$ 22.791,80

01/07/2012

31/07/2012

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.265.455,40

$ 10.545,46

01/08/2012

31/08/2012

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.265.455,40

$ 10.545,46

01/09/2012

30/09/2012

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.224.634,26

$ 10.205,29

01/10/2012

31/10/2012

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.265.455,40

$ 10.545,46

01/11/2012

30/11/2012

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.224.634,26

$ 10.205,29

01/12/2012

31/12/2012

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.265.455,40

$ 10.545,46

01/01/2013

31/01/2013

30

4,29

$ 288.810,00

$ 358.635,04

$ 2.988,63

01/02/2013

28/02/2013

30

4,29

$ 898.520,00

$ 1.115.753,47

$ 9.297,95

01/03/2013

31/03/2013

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.235.298,49

$ 10.294,15

01/04/2013

30/04/2013

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.195.450,15

$ 9.962,08

01/05/2013

31/05/2013

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.235.298,49

$ 10.294,15

01/06/2013

30/06/2013

30

4,29

$ 2.150.030,00

$ 2.669.838,66

$ 22.248,66

01/07/2013

31/07/2013

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.235.298,49

$ 10.294,15

01/08/2013

31/08/2013

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.235.298,49

$ 10.294,15

01/09/2013

30/09/2013

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.195.450,15

$ 9.962,08

01/10/2013

31/10/2013

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.235.298,49

$ 10.294,15

01/11/2013

30/11/2013

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.195.450,15

$ 9.962,08

01/12/2013

31/12/2013

30

4,29

$ 320.900,00

$ 398.483,38

$ 3.320,69

01/01/2014

31/01/2014

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.211.853,28

$ 10.098,78

01/02/2014

28/02/2014

30

4,29

$ 898.520,00

$ 1.094.577,15

$ 9.121,48

01/03/2014

31/03/2014

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.211.853,28

$ 10.098,78

01/04/2014

30/04/2014

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.172.761,24

$ 9.773,01

01/05/2014

31/05/2014

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.211.853,28

$ 10.098,78

01/06/2014

30/06/2014

30

4,29

$ 2.150.030,00

$ 2.619.166,76

$ 21.826,39

01/07/2014

31/07/2014

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.211.853,28

$ 10.098,78

01/08/2014

31/08/2014

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.211.853,28

$ 10.098,78

01/09/2014

30/09/2014

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.172.761,24

$ 9.773,01

01/10/2014

31/10/2014

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.211.853,28

$ 10.098,78

01/11/2014

30/11/2014

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.172.761,24

$ 9.773,01

01/12/2014

31/12/2014

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.211.853,28

$ 10.098,78

01/01/2015

31/01/2015

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.169.092,36

$ 9.742,44

01/02/2015

28/02/2015

30

4,29

$ 898.520,00

$ 1.055.954,39

$ 8.799,62

01/03/2015

31/03/2015

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.169.092,36

$ 9.742,44

01/04/2015

30/04/2015

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.131.379,70

$ 9.428,16

01/05/2015

31/05/2015

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.169.092,36

$ 9.742,44

01/06/2015

30/06/2015

30

4,29

$ 2.150.030,00

$ 2.526.748,00

$ 21.056,23

01/07/2015

31/07/2015

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.169.092,36

$ 9.742,44

01/08/2015

31/08/2015

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.169.092,36

$ 9.742,44

01/09/2015

30/09/2015

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.131.379,70

$ 9.428,16

01/10/2015

31/10/2015

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.169.092,36

$ 9.742,44

01/11/2015

30/11/2015

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.131.379,70

$ 9.428,16

01/12/2015

31/12/2015

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.169.092,36

$ 9.742,44

01/01/2016

31/01/2016

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.095.003,37

$ 9.125,03

01/02/2016

29/02/2016

30

4,29

$ 930.610,00

$ 1.024.357,99

$ 8.536,32

01/03/2016

31/03/2016

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.095.003,37

$ 9.125,03

01/04/2016

30/04/2016

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.059.680,68

$ 8.830,67

01/05/2016

31/05/2016

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.095.003,37

$ 9.125,03

01/06/2016

30/06/2016

30

4,29

$ 2.150.030,00

$ 2.366.620,19

$ 19.721,83

01/07/2016

31/07/2016

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.095.003,37

$ 9.125,03

01/08/2016

31/08/2016

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.095.003,37

$ 9.125,03

01/09/2016

30/09/2016

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.059.680,68

$ 8.830,67

01/10/2016

31/10/2016

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.095.003,37

$ 9.125,03

01/11/2016

30/11/2016

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.059.680,68

$ 8.830,67

01/12/2016

31/12/2016

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.095.003,37

$ 9.125,03

01/01/2017

31/01/2017

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.035.496,15

$ 8.629,13

01/02/2017

28/02/2017

30

4,29

$ 898.520,00

$ 935.286,85

$ 7.794,06

01/03/2017

31/03/2017

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.035.496,15

$ 8.629,13

01/04/2017

30/04/2017

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.002.093,05

$ 8.350,78

01/05/2017

31/05/2017

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.035.496,15

$ 8.629,13

01/06/2017

30/06/2017

30

4,29

$ 2.150.030,00

$ 2.238.007,81

$ 18.650,07

01/07/2017

31/07/2017

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.035.496,15

$ 8.629,13

01/08/2017

31/08/2017

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.035.496,15

$ 8.629,13

01/09/2017

30/09/2017

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.002.093,05

$ 8.350,78

01/10/2017

31/10/2017

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.035.496,15

$ 8.629,13

01/11/2017

30/11/2017

30

4,29

$ 962.700,00

$ 1.002.093,05

$ 8.350,78

01/12/2017

31/12/2017

30

4,29

$ 994.790,00

$ 1.035.496,15

$ 8.629,13

01/01/2018

31/01/2018

30

4,29

$ 994.790,00

$ 994.790,00

$ 8.289,92

01/02/2018

28/02/2018

30

4,29

$ 898.520,00

$ 898.520,00

$ 7.487,67

01/03/2018

31/03/2018

30

4,29

$ 994.790,00

$ 994.790,00

$ 8.289,92

01/04/2018

30/04/2018

30

4,29

$ 962.700,00

$ 962.700,00

$ 8.022,50

01/05/2018

31/05/2018

30

4,29

$ 994.790,00

$ 994.790,00

$ 8.289,92

01/06/2018

24/06/2018

24

3,43

$ 1.957.490,00

$ 1.957.490,00

$ 13.049,93

TOTAL

3.600

514,29

$ 1.285.261,94

Por otra parte, en atención a que la prestación de jubilación convencional que aquí se reconoce se causó con posterioridad al 17 de octubre de 1985, esta es compartida con la prestación de vejez que reconoció Colpensiones, dado que ello opera por ministerio de la ley, salvo que las partes hubieran dispuesto lo contrario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del Decreto 758 de 1990 y el criterio reiterado de esta Corporación (CSJ SL4278-2017, CSJ SL4974-2018, CSJ SL2049-2020, CSJ SL2564-2020 y CSJ SL4391-2020). De modo que estará a cargo de la demandada el mayor valor si lo hubiere.

Y en todo caso debe tenerse presente que la compartibilidad pensional se pactó en la cláusula de la convención, así:

ARTÍCULO 90: Cuando la E.S.P., A.F.P., o A.R.L. asuma el pago de la pensión o jubilación EMSIRVA E.S.P. solamente completará el ciento por ciento (100%) de ella.

Y debe tenerse presente que a través de Resolución SUB 190992 de 17 de julio de 2018 que aportó la demandada cuando respondió el requerimiento de la Corte y que se tiene como prueba de un hecho sobreviniente, se acreditó que Colpensiones reconoció la pensión de vejez al accionante a partir del 25 de junio de 2018, esto es, en la misma fecha de disfrute de la prestación de jubilación convencional, en cuantía inicial de $1.068.630, valor superior al de la extralegal. Por ende, no habría en principio mayor valor a cargo de la demandada, pues quedó subrogada en el pago.

No obstante, en el mencionado acto administrativo la entidad de seguridad social indicó que el estatus de pensionado se configuró el 16 de agosto de 2017, pero no precisó sobre el reconocimiento de las mesadas adicionales de junio y diciembre y dejó en suspenso el valor del retroactivo hasta que el actor acreditara la fecha de retiro como trabajador oficial.

Debe advertirse además que el accionante tiene derecho a las mesadas adicionales de junio y diciembre en la pensión convencional (CSJ SL 20 mar. 2013, rad. 54265), pues pese a que la mesada 14 fue derogada por el Acto Legislativo 01 de 2005, ello no ocurre cuando el derecho se estructura antes del 31 de julio de 2011 y el valor de la pensión es inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora, pese a que, en principio, no existe un valor a pagar por parte de la accionada, tampoco hay lugar a la pretensión de intereses moratorios contemplado en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por tratarse de una pensión convencional (CSJ SL13280-2014 y CSJ SL2802-2020).

Sin embargo, de establecerse una diferencia a favor del actor respecto a los pagos que efectúe Colpensiones por las mesadas adicionales en comento, la accionada debe pagar el mayor valor derivado de dicho concepto; y dicho rubro debe ser indexado así no haya sido solicitado en las pretensiones del escrito introductorio. Precisamente, en la sentencia CSJ SL359-2021 la Corte explicó:

Es cierto que dicho ajuste no hizo parte de las pretensiones de la demanda, pero también lo es que, pese a ello, su imposición oficiosa es perfectamente viable porque la indexación no comporta una condena adicional a la solicitada.

En efecto, la indexación se erige como una garantía constitucional (art. 53 CP), que se materializa en el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones, en relación con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE. A su vez, el artículo 1626 del Código Civil preceptúa que ‘el pago efectivo es la prestación de lo que se debe’, esto es, que la deuda debe cancelarse de manera total e íntegra a la luz de lo previsto en el artículo 1646 ibidem. De ahí que, si la AFP no paga oportunamente la prestación causada en favor del afiliado, pensionado o beneficiario, tiene la obligación de indexarla como único conducto para cumplir con los mencionados estándares de totalidad e integralidad del pago. Por tal motivo, es incompleto el pago realizado sin el referido ajuste cuando el transcurso del tiempo devaluó el valor del crédito.

Por último, en cuanto a la excepción de prescripción que formuló la demandada, es preciso advertir que el derecho pensional en sí no prescribe, y como la data de disfrute de la pensión se estableció con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda -28 de julio de 2010 (f.° 1)-, no hay mesadas afectadas por ese fenómeno extintivo de las obligaciones.

Las costas de la primera instancia estarán a cargo de la demandada; sin lugar a ellas en la alzada.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, actuando en sede de instancia,

RESUELVE:

Revocar la sentencia que profirió la Jueza Segunda Laboral de Descongestión del Circuito de Cali el 31 de julio de 2012, y en su lugar:

PRIMERO: Declarar que JORGE ENRIQUE BENÍTEZ RODRÍGUEZ tiene derecho a la pensión de jubilación del artículo 87 de la convención colectiva de trabajo vigente en la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI-EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN para el periodo 2004-2007 y que fue objeto de prórrogas sucesivas, en los términos que se indicó en la parte motiva; (ii) esa prestación que está cargo de la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI-EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN se causó el 31 de mayo de 2009 y el disfrute es a partir del 25 de junio de 2018 cuando operó el retiro del servicio oficial, y (iii) dicha prestación es compartible con la de vejez que le reconoció Colpensiones al accionante, a través de Resolución SUB 190992 de 17 de julio de 2018.

SEGUNDO: Condenar a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI-EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN a pagar a favor de JORGE ENRIQUE BENÍTEZ RODRÍGUEZ el mayor valor si lo hubiere derivado de la mesada adicional de junio o mesada catorce desde el 25 de junio de 2018 en adelante, luego de aplicar la compartibilidad con la pensión de vejez que reconoció Colpensiones incluido el valor de las mesadas adicionales de junio y diciembre. El retroactivo por esas sumas, de existir, se indexará al momento del pago.

TERCERO: Absolver a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI-EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN del pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por las razones expuestas en la parte motiva.

CUARTO: Declarar no probadas las excepciones que formuló la demandada.

QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

SALVO VOTO PARCIAL

GERARDO BOTERO ZULUAGA

ACLARO VOTO

FERNANDO CASTILLO CADENA

ACLARO VOTO

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

ACLARO VOTO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

ACLARACIÓN DE VOTO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

Radicación n.° 66223

Ref: JORGE ENRIQUE BENÍTEZ RODRÍGUEZ contra EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI EN LIQUIDACIÓN-EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN.

Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, aun cuando estoy de acuerdo con la decisión de instancia adoptada en el presente asunto, debo aclarar mi voto en cuanto toca con el argumento expuesto por la mayoría, y que se contrae a que, en palabras de la providencia:

«Conforme lo anterior, como a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones al accionante le hacían falta más de diez años para adquirir el derecho, la norma que regula el ingreso base de liquidación es el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que se refiere al promedio de los salarios cotizados durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados con base en la variación del índice de precios al consumidor […]

Los factores salariales serán los establecidos en el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, esto es: «la asignación básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica, cuando sea factor de salario, las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna y la bonificación por servicios prestados» (CSJ SL4454-2018, CSJ SL2878-2019, CSJ SL3277-2019 y CSJ SL057-2021). La tasa de reemplazo es del 75%, de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985».

Lo dicho, por cuanto el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, encuentra su regulación íntegra en él, incluido lo relativo al IBL. Y cuál es ese IBL de la citada Ley 100 de 1993nque se debería utilizar?, he aquí el motivo de mi aclaración.

La Sala ha sido de la opinión, que el régimen de transición protege solo la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y el monto consagrado en el régimen anterior; asimismo, ha considerado que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso base que determina la cuantía de la pensión.

En lo que interesa al presente escrito, dispone la norma en comento:

&$ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas (sic) años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

En cuanto a la interpretación y alcance del IBL, aunque ha habido un entendimiento de que dicho precepto no comprende a quienes les faltaba más de 10 años para adquirir el derecho, es donde reside el núcleo central de mi aclaración, pues, esa lectura no es afortunada y la misma fue propiciada, entre otros motivos, por virtud de la declaratoria de inexequibilidad del apartado que figuraba a renglón seguido y que redondeaba, de manera precisa, la explicación sobre la aplicación del IBL, en el artículo 36:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice (sic) de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos. (Subrayas propias. El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-168 de 1995).

Así las cosas, aceptando el hecho de que el mentado artículo 36 reguló íntegramente el tema y que el IBL que allí se dispone es especial, diferente al general contemplado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, la consecuencia que se deriva es que habían tres grupos diferenciados, según la proximidad de cada uno de ellos con el momento de la pensión: i) a quienes les faltaban 1 ó 2 años, dependiendo de si eran servidores públicos o trabajadores del sector privado; ii) a quienes les faltaban menos de diez años; y iii) a quienes teniendo derecho a la transición, les faltaban más de diez años.

Para cada uno de ellos, el inciso ofrecía una solución gradual y progresiva atendiendo la mayor o menor proximidad al momento de pensionarse. Lo que ocurrió, fue que la declaratoria de inexequibilidad desquició la arquitectura propia del precepto legal y, a partir de allí, ha sido difícil encontrar una solución que satisfaga a todos, propiciando toda suerte de interpretaciones, en veces contradictorias.

La lectura que propongo a la problemática planteada, armoniza con el hecho de considerar que el régimen de transición tiene por objeto aminorar el impacto que supone un cambio abrupto de sistema, y que se preserven las condiciones más favorables del régimen anterior.

Sobre el particular, en ejercicio de la acción de constitucionalidad, la Corte Constitucional al revisar el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, expresó en sentencia C-168-1995 que:

En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador. (Subrayas propias).

Así pues, la solución que más se aviene con lo hasta ahora dicho, consiste en considerar que la norma contrasta los dos grupos que subsistieron luego de la declaratoria de inexequibilidad de la última parte del inciso, y el resultado final que se obtiene es que:

i) para el grupo de los que les faltaban menos de diez años para adquirir el derecho el IBL «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello», es decir, para tener el estatus de pensionado;

ii) en tanto que, cuando la norma señala «si éste fuere superior» está hablando, precisamente, del tiempo «que les hiciere falta para ello» de la frase anterior, con lo cual es claro que se refiere, por oposición, a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho», quedando claro entonces que, como se señala a continuación;

iii) a los que les faltaban más de diez años, la regla que aplica en materia de IBL, será la del promedio cotizado durante todo el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho.

Bajo esa óptica interpretativa, contraria a la que ha venido sosteniendo mayoritariamente la Sala, en mi sentir, resultaría problemático concluir que por virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hay una especie de remisión directa al artículo 21 de la misma normativa, pues en este análisis, ello no es consecuencia inmediata de que al trabajador le falten más de diez años para pensionarse, cuando dicha disposición comenzó a regir y porque, en síntesis, considero que el artículo 36 contiene, en principio, todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez.

Habrá, por supuesto, algunos casos especiales que escapen a esta regla general, por lo que, excepcionalmente, podrá acudirse a otras normas, en aplicación de los principios de favorabilidad y equidad que rigen el derecho del trabajo, si a ello hubiere lugar.

Por tanto, en el caso sub examine no procedía calcular el IBL con base en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; así mismo, los factores salariales debían ser aquellos señalados en la norma correspondiente bajo el amparo, precisamente, del Régimen de Transición. En los términos antedichos dejo expresado mi pensamiento respecto de la aludida afirmación contenida en la providencia en cita.

Fecha ut supra.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

MAGISTRADO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado Ponente

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Fallo de instancia

Radicación n.° 66223

Acta 18

Referencia: Demanda promovida por JORGE ENRIQUE BENÍTEZ RODRÍGUEZ contra la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI EN LIQUIDACIÓN-EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, salvo parcialmente el voto en la sentencia de instancia que se profirió en el proceso referenciado, toda vez que, aunque comparto el criterio de que el demandante tiene derecho a la pensión de jubilación convencional y que esta es compartible con la de vejez que otorgó Colpensiones, no estoy de acuerdo con lo que se proveyó respecto de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100/93, al sostenerse que no había lugar a ellos por tratarse de una prestación de origen convencional.

En efecto, en dicha providencia se consideró que no es viable imponer condena por dichos réditos, en tanto que no resultan procedentes por tratarse de una pensión convencional.

En mi prudente juicio, tal y como de manera reiterada lo he venido sosteniendo en casos similares, sí debía accederse al pedimento de la demanda ordinaria en lo relativo a tales réditos, como consecuencia del retardo en el cumplimiento de la obligación de pago de la mesada pensional al accionante, como sucede en este caso, pues los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, proceden aún respecto de las pensiones no reguladas por esta normativa, así como en torno de las voluntarias o convencionales y los reajustes de estas, cuando el obligado incurre en mora en su pago, para lo cual basta con remitirse a los argumentos expuestos en los salvamentos como en el que se hizo en las sentencias SL4088-2018 y SL2810-2020, respecto de pensiones convencionales.

En este orden, la Corte al emitir la sentencia de remplazo revocando la del juzgado, para en su lugar ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo de la empresa enjuiciada junto con las mesadas adicionales de junio, debió también fulminar condena por los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que también fueron reclamados por el promotor del litigio.

En los anteriores términos dejo consignado mi salvamento de voto.

Fecha ut supra

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicado n.° 66223

REFERENCIA: JORGE ENRIQUE BENÍTEZ RODRÍGUEZ vs. EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI EN LIQUIDACIÓN-EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito aclarar el voto pues considero que no se ha explicado con suficiencia los motivos para aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en algunas de las pensiones de vejez que se otorgan con base en el artículo 36 de este cuerpo normativo, es decir, aquellas que se reconocen en sede de transición del sistema.

No existe duda alguna, por lo menos para esta Sala de Casación, de que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior; como tampoco que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.

Esta exégesis de la Sala se ve reforzada cuando la misma ley, a punto seguido, reza que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley», para, inmediatamente, proceder a definir la figura del Ingreso Base de Liquidación –IBL.

Así las cosas, en nuestro criterio, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fija tanto los elementos necesarios para la causación del derecho como aquellos indispensables para la cuantificación de la mesada, a decir, el monto y la base de liquidación. Por tanto, ese precepto consagra todo lo necesario para la determinación y cuantificación del derecho pensional, lo que genera, prima facie, la imposibilidad de aplicar otras disposiciones jurídicas de similar contenido para la definición de la cuantía de la pensión. En este sentido, emerge palmario, el principio de inescindibilidad de la norma jurídica, al no existir razón alguna para acudir a otro texto normativo bajo el pretexto de que existe un vacío en la Ley.

Al respecto, considero que existen dos problemas que deben ser analizados al momento de estudiar el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en régimen de transición: i) la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) la posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos.

La interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

El inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, admite al menos dos alcances que pueden conducir a resultados diferentes en la cuantificación de la prestación. La primera se basa en un derecho de opción; mientras que la segunda considera que la norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación. Lo anterior se explica así:

Derecho de opción

La estructura normativa para dar fundamento a esta interpretación, es del siguiente tenor:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Esta primera interpretación, itérese, se soporta en el derecho de opción, en la medida en que se considera que el inciso tercero del artículo 36 no regula todas las situaciones que pudieran derivarse del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que solo cobija a quienes les falta 10 o menos años para cumplir los requisitos de acceso a la pensión, población para la cual se instituye un derecho de opción en la fijación del Ingreso Base de Liquidación, ya que la mesada se liquida con el promedio del tiempo que les falte para adquirir el derecho, siempre que sea inferior a 10 años, o el cotizado durante «toda la vida», dejando por fuera la determinación del IBL para quienes les falte diez o más años para acceder a la pensión en sede de transición. En este último evento, y ante el vacío normativo, debe aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

b. La norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación

La segunda interpretación posible está dada por una lectura completa del inciso tercero original, sin tener en cuenta la sentencia de inexequibilidad C-168 de 1995, pero solo para establecer el alcance del mencionado inciso. Dicho aparte completo señalaba:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley., el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos.

Teniendo en cuenta que una norma, como supuesto, abarca todas las hipótesis sobre el tema a regular, y que el régimen de transición, en su versión original, tendría una duración superior a 20 años, dadas las edades a partir de las cuales se protegió la expectativa pensional, 35 años para las mujeres, 40 para los hombres, se puede encontrar que lo que se entiende del citado inciso como un derecho de opción no lo es y, más bien, que la ley regula todas las situaciones para determinar el Ingreso Base de Liquidación, así:

Para los afiliados que les falten dos años o menos para acceder al derecho a la pensión, el IBL se halla con el promedio de lo devengado en los dos últimos años, para trabajadores del sector privado, y de un año para los servidores públicos. Se reitera esta forma de encontrar el IBL fue declarada inexequible, pero, claro está, hacía parte de la norma original.

Para los que le faltan menos de 10 años para acceder al derecho a la pensión, el IBL es el promedio de lo devengado en el tiempo que les haga falta para ello, debidamente actualizado con el IPC.

Para los que le faltan más de 10 años para acceder a la pensión es el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, que le faltara para adquirir el derecho debidamente actualizado con el IPC.

Esta interpretación emerge cristalina cuando la lectura del inciso se realiza en forma inversa, de atrás para adelante, colocándose como objeto principal de interpretación el tiempo que le hace falta al afiliado para el acceso a la pensión y teniendo, como supuesto, que el legislador previó todas las hipótesis posibles derivadas del régimen de transición.

En efecto, la contraposición que hace la norma es entre los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho y los que le faltan más de diez años para tener el estatus de pensionado, cuando señala «si éste fuere superior» pues se está refiriendo al tiempo «que les hiciere falta para ello» con referencia a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho».

Con esta interpretación se libera el contrasentido de entender que el IBL es el promedio del tiempo que les haga falta para adquirir el derecho siempre que sea inferior a diez años o todo el tiempo que les falta para adquirir el derecho si es superior a 10 años, pues la adquisición del estatus de pensionado se da en un solo momento, cual es, aquél en que se cumple con los requisitos mínimos de acceso a la pensión.

Pero, además, adquiere mayor visibilidad cuando se acude a crear un rango de amparo diferenciado entre la protección de expectativas legítimas, muy cercanas y medianas, y meras expectativas, en tanto el IBL para las primeras se calcula de manera muy aproximada al régimen entonces vigente y, en el otro extremo, que corresponde a las meras expectativas, de la forma en que lo hace la nueva ley, incrementándose progresivamente el periodo de determinación del mismo con base en el tiempo que le hace falta al afiliado para adquirir el derecho.

Este último alcance, en nuestro criterio, deja sin bases a la interpretación que propone, como un derecho de opción del afiliado, la doble determinación del IBL para escoger la que más le favorezca.

-Las dificultades que se imponen con la lectura completa del inciso 3 del artículo 36 en su versión original

La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.

En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.

Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.

De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.

Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.

Llegados a este punto, si impone retornar al primer orden de transición, hoy declarado inexequible.

Básicamente, en este orden, se protegía no sólo el tiempo de servicios o semanas de cotización, la edad y el monto de pensión, sino también la base de liquidación para aquellas personas que les faltare dos años o menos para acceder a la pensión.

Nótese que la forma de establecer la base de la pensión para el sector privado, según se desprende del apartado final del inciso tercero del artículo 36, es similar en cuanto al tiempo que se tiene en cuenta en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, dos años aproximados. Y para el sector público, dado el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la base de liquidación se toma con el promedio del salario devengado durante el último año de servicios.

Como se recuerda, la norma de protección de la base de liquidación para este primer orden, fue declarada inexequible por medio de la sentencia C-168 de 1995. Sin embargo, afloraba que el querer del legislador no era otro que proteger a aquellos que les faltaran dos años o menos para acceder a la pensión, en cuanto a que las reglas de acceso y cuantificación del derecho fueran muy similares, si no iguales, a las del régimen anterior.

A nuestros efectos, baste memorar que el motivo de inexequibilidad fue la discriminación que se daba entre los trabajadores del sector privado y del público en relación al tiempo para fijar la base de liquidación, dos años para los aquellos, un año para estos, pero no lo fue el de la posibilidad de segmentar el régimen de transición, pues en esa sentencia, se razonó:

Y sobre la discriminación que, según el actor, se crea entre las personas que quedan comprendidas por el precepto demandado frente a las demás, cobijadas por el régimen anterior, cabe anotar que mal podría considerarse que la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, las que como tantas veces se ha reiterado, pueden ser reguladas por el legislador a su discreción, sus condiciones, por ser distintas, justifican un trato diferente. Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual.

En el segundo orden aparecen los afiliados a los que les falta diez años o menos para acceder a la pensión. Para ellos, el Ingreso Base de Liquidación se define como el promedio de lo devengado durante el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho.

Atinente al nuevo régimen, la base de liquidación se toma con un tiempo inferior, lo que puede traer beneficios, toda vez que es más fácil mantener una determinada base salarial durante menos tiempo.

Por su parte, en tercer orden se encuentran los beneficiarios de la transición que les falta más de 10 años para adquirir el derecho, a los que, a voces del artículo 36, se les liquida la base con el promedio de todo el tiempo que les haga falta para ello, es decir, el lapso para adquirir el derecho.

Es en este punto donde, en nuestro criterio, se configuró una manifiesta inequidad, en tanto, en el régimen ordinario las pensiones se liquidan, en principio, con base en el promedio de los salarios cotizados durante los últimos diez años, generándose una contradicción palpable entre la favorabilidad que el régimen de transición protege y la nueva normatividad, que se supone debe ser restrictiva en la determinación del IBL, según se desprende de lo asentado y, por ende, menos favorable.

De lo explicado hasta aquí fluye una primera conclusión: las pensiones en sede de régimen de transición para los afiliados que les hace falta menos de 10 años para adquirir el derecho se deben liquidar, única y exclusivamente, teniendo como base el promedio de lo devengado durante el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el Índice de Precios al Consumidor. En ningún caso, se debe liquidar dicha pensión con el promedio de «toda la vida», a menos que expresamente se renuncie al régimen de transición.

La posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos

Como lo hemos señalado, dada la interpretación que dimana del inciso tercero, existe un problema jurídico que debe atenderse, no por falta de regulación sino por manifiesta inequidad. Me explico. Si mediante el régimen de transición se protegió tres de los cuatro elementos estructurales de la pensión, y el IBL, como cuarto elemento estructural, se modula entorno al tiempo que le falta al afiliado para adquirir el derecho, se supone, dado el principio de favorabilidad que subyace a la institución de la transición, que este no puede ser perjudicial en relación con el estatuido en la legislación permanente (Ley 100 de 1993).

Entonces, como el artículo 36 instituye que para los que les falta más de 10 años, el IBL se toma con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el I.P.C., esta es la definición que debe utilizarse, por regla general, para liquidar la pensión a favor de este grupo de afiliados.

No obstante, si dicho IBL resulta inferior al que se obtendría de la aplicación de la norma ordinaria, vale decir, el derivado del promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, debe aplicarse este último cálculo, en tanto, se repite, aun a riesgo de fatigar, que la esencia de un régimen de transición es mantener rasgos de favorabilidad frente al nuevo régimen, por ello, la forma de encontrar el IBL no puede ser más desfavorable que la que se aplica de manera general para los afiliados del Sistema General de Pensiones.

Pero lo dicho también tiene que ver el elemento de gradualidad, pues la idea finalmente de la ley, fue la de que el IBL para cada segmento de afiliados se determinara con el tiempo que le faltara al afiliado para adquirir el derecho, hasta un máximo de 10 años. Ello se corrobora con el artículo 39 del proyecto de ley, texto definitivo, aprobado por el Senado, registrado en la Gaceta del Congreso 397 del 16 de noviembre de 1993, el cual señalaba:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación expedida por el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta para ello, fuere igual o inferior a dos (2) años, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años.

Así las cosas, en nuestro criterio, lo que se deriva de la Ley concerniente al IBL es que no fue parte de los elementos dejados íntegramente a salvo por la transición, pues debe servir como instrumento de graduación proporcional de la base pensional para llevarlo hasta el momento en que sea igual al IBL ordinario, es decir, el promedio de los últimos diez años cotizados.

Debe en todo caso señalarse que el término «o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior» fue incorporado al texto definitivo del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, según consta en la Gaceta del Congreso 434 del 3 de diciembre de 1993.

3. Conclusión

A modo de corolario, considero que en los casos en que al afiliado le falten 10 o más años para adquirir el derecho, el IBL se concreta con el promedio de lo devengado durante todo el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, tal como lo señala expresamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, por favorabilidad, con el promedio de lo cotizado durante los 10 últimos años, apoyándose en este estricto sentido en el artículo 21 de la mencionada Ley.

Ahora bien, sería pertinente aplicar el IBL de «toda la vida» conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, si para el afiliado es más favorable la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media, a condición de que en virtud del artículo 288 ibídem renuncie al régimen de transición.

Conforme a lo anterior, aclaro mi voto.

Fecha ut supra

FERNANDO CASTILLO CADENA

ACLARACIÓN DE VOTO

Recurrente: Jorge Enrique Benítez Rodríguez

Opositor: Emsirva E.S.P. en liquidación

Radicación: 66223

Magistrado Ponente: Iván Mauricio Lenis Gómez

Aunque estoy de acuerdo con la decisión, tal como lo manifesté en la aclaración de voto que realicé a la sentencia de casación CSJ SL4287-2020 –que dio origen a este fallo de instancia- no comparto el criterio de la mayoría que nuevamente se repite, según el cual, en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005, el 31 de julio de 2010 perdieron vigencia todas las cláusulas pensionales de carácter convencional, incluidas aquellas cuyo término inicialmente pactado por las partes, fuere posterior a dicha data.

Lo anterior, toda vez que, desde la providencia CSJ SL12498-2017 reiterada recientemente en la CSJ SL3635-2020, la Corte ha sostenido que de la lectura del parágrafo transitorio 3.º de la enmienda constitucional, es posible armonizar y dar coherencia lógica a las expresiones «se mantendrán por el término inicialmente estipulado» y «en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010».

La primera, alude a la observancia del término inicial de duración de los acuerdos pactados por las partes en el marco de la negociación colectiva de trabajo -antes de la entrada en vigencia del acto legislativo- en las que su voluntad expresa de otorgarle a las cláusulas convencionales de carácter pensional una determinada vigencia pudo extenderse más allá del 31 de julio de 2010, y, la segunda, a las prórrogas legales automáticas de dichos instrumentos colectivos que, en todo caso, con la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, solo subsistieron hasta esa fecha. (CSJ SL12498-2017, CSJ SL3962-2018, CSJ SL4781-2018, CSJ SL621-2019, CSJ SL1348-2019, CSJ SL1408-2019, CSJ SL2236-2019, CSJ SL2524-2019, CSJ SL4331-2019 y SL3635-2020).

Bajo ese derrotero, en mi concepto, en las reglas pensionales de carácter convencional que se hubieren suscrito por primera vez antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, la expresión «término inicialmente pactado» hace alusión al tiempo de vigencia expresamente acordado por las partes, aunque fuere posterior al 31 de julio de 2010.

En los anteriores términos aclaro mi voto.

Fecha ut supra.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada

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