Ficha de la providencia
Sentencia SL3293-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3293-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3293-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
6 de agosto de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL3293-2019
Radicación n.° 66215
Acta 26
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CÉSAR TULIO MUÑOZ MUÑOZ, en contra de la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 4 de septiembre de 2013, en el proceso que instauró contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y la NACIÓN–MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
ANTECEDENTES
César Tulio Muñoz Muñoz interpuso demanda en contra del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Nación–Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se condenara al reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, suscrita entre la Caja Agraria y Sintracreditario; que esta fuera concedida a partir del 8 de noviembre de 2010, fecha en la que cumplió 55 años de edad y 20 al servicio de la accionada. Por último, solicitó el pago del retroactivo por concepto de las mesadas causadas y dejadas de percibir, así como los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de todas las sumas adeudadas.
Como fundamento de sus pretensiones, indicó que nació el 8 de noviembre de 1955 y que laboró para la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero–hoy liquidada (en adelante Caja Agraria), entre el 7 de mayo de 1979 y el 10 de junio de 1999, es decir, un total de 20 años, 1 mes y cuatro días. De igual forma, advirtió que el contrato de trabajo finalizó por mutuo acuerdo entre las partes, mediante audiencia de conciliación celebrada el 11 de junio de 1999 en la Inspección Trece Regional del Trabajo de Bogotá D.C.
Así las cosas, adujo que tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, ya que para el 8 de noviembre de 2010 acreditó la edad de 55 años y 20 de servicios en la misma entidad, tal y como lo exigía la disposición extralegal suscitada. Adicionalmente, sostuvo que dicha prestación había de ser liquidada sobre el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios, el cual equivalía a la suma de $2.404.093 para 1999 y que, indexado al 2010, correspondía a $4.698.627.
Aseguró que, mediante las Resoluciones n.º 1108 del 19 de abril de 2011 y 1779 del 7 de julio de la misma anualidad, le fue negada la solicitud; lo que significó que estuvo agotada en debida forma la reclamación administrativa.
Al contestar la demanda, el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia del vínculo laboral, al igual que sus extremos temporales y su forma de terminación. Así mismo, admitió la negativa de conceder la pensión de jubilación y el agotamiento de la reclamación administrativa.
Argumentó que sólo era posible causar la pensión de jubilación extralegal hasta el 31 de julio de 2010, en virtud de lo previsto por el parágrafo transitorio 3º del Acto Legislativo 1 de 2005. Con lo cual, dado que el señor Muñoz Muñoz cumplió la edad exigida el 8 de noviembre de 2010, sólo tenía una mera expectativa de acceder a la prestación y no un derecho adquirido, como equivocadamente lo sostuvo el actor.
En su defensa, propuso las excepciones de buena fe, prescripción y cobro de lo no debido.
Por su parte, la Nación–Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso igualmente a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aseguró que ninguno de ellos le constaba. Planteó que no estaba en la obligación de conceder un derecho prestacional como el aquí deprecado, como quiera que «[…] no es un administrador del régimen de prima media, ni una entidad encargada del reconocimiento de derecho pensionales o cuando menos un empleador con obligaciones en pensiones a cargo, en favor del demandante».
En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia del 4 de abril de 2013, absolvió a las entidades demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante fallo del 4 de septiembre de 2013, confirmó en su integridad la decisión proferida por el a quo.
Para fundamentar su decisión, el ad quem determinó que no era objeto de debate la existencia del vínculo laboral, ni sus extremos temporales, así como tampoco la incidencia del Acto Legislativo 1 del 2005 respecto de los derechos pensionales, por lo que determinó como problema jurídico a resolver «[…] dilucidar si el derecho pensional reclamado se causó únicamente con el cumplimiento del tiempo de servicio como lo sostiene el demandante, o si era necesario para su consolidación el cumplimiento de la edad mínima tal como lo consideró el juzgador de primera instancia luego de analizar el artículo 41 de la convención colectiva de trabajo».
Al respecto señaló que no se equivocó el a quo, pues de acuerdo con esta Corporación, las convenciones colectivas de trabajo sólo eran aplicables a contratos de trabajo vigentes, por lo que en el sub lite, al haberse suscrito el acuerdo extralegal el 13 de febrero de 1997 y finalizado el vínculo laboral con el actor el 31 de enero de dicha anualidad, lo cierto es que esta no le regía.
Precisó que la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 estableció en su artículo 4º que sus beneficios sólo aplicarían a los trabajadores de la Caja Agraria que se encontraran vinculados, razón por la que no era válida la tesis sostenida por el demandante, acerca de que el artículo 41 del referido acuerdo brindaba la posibilidad de cumplir la edad requerida para el reconocimiento de la pensión aún con posterioridad al retiro de servicio.
Finalmente, sostuvo que el demandante cumplió con la edad necesaria para consolidar el derecho el 8 de noviembre de 2010, cuando ya estaba en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2005, motivo por el cual, «[…] los derechos pensionales de origen extralegal perdieron vigencia a partir del 21 de julio del año 2010 y el demandante cumplió la edad mínima requerida el 8 de noviembre de ese mismo año, requisito que tal como se analizó es indispensable para la consolidación del derecho».
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente la Corte «CASE» la providencia de segundo grado, para que, una vez constituida en instancia, «REVOQUE totalmente» el fallo emitido por el a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones plasmadas dentro de la demanda inicial.
Con tal propósito formuló dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados por el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y que serán resueltos de manera conjunta.
PRIMER CARGO
Acusó la sentencia recurrida de violar:
[…] por infracción directa en la modalidad de falta de aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo, firmada el 15 de abril de 1998 entre SINTRACREDITARIO y la CAJA AGRARIA, con vigencia para los años 1998 y 1999, y no aplicar los incisos primero y cuarto y el parágrafo transitorio 2º del Acto Legislativo 01 de 2005, adicionados por este Acto Legislativo al artículo 48 de nuestra Constitución Política, para el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional de mi poderdante.
El fallo impugnado viola directamente la ley por falta de aplicación de las normas citadas, por:
No aplicar los incisos primero y cuarto y el parágrafo transitorio 2º del Acto Legislativo 01 de 2005, que protegen los derechos adquiridos pensionales del señor CESAR TULIO MUÑOZ MUÑOZ, los cuales se causaron al momento de aceptar el plan de retiro ofrecido por la CAJA AGRARIA, que se materializó en el acuerdo de terminación de la relación laboral en audiencia especial de conciliación celebrada el 11 de junio de 1999 en la Inspección 13 de Trabajo, con respecto al reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, al llegar a los 55 años de edad, por haber laborado para la entidad más de 20 años, conforme a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre CAJA AGRARIA y SINTRACREDITARIO, vigente para los años 1998 y 1999, periodo durante el cual se retiró el trabajador por mutuo acuerdo con el empleador.
No tener la Convención Colectiva de Trabajo firmada el 15 de abril de 1998 entre SINTRACREDITARIO y la CAJA AGRARIA, con vigencia para los años 1998 y 1999, como norma aplicable y reguladora para el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional de mi poderdante, que consagraba un derecho adquirido pensional a favor de mi poderdante por haber laborado más de 20 años para la CAJA AGRARIA, y haberse retirado de la entidad como consecuencia de un acuerdo mutuo y en acogimiento a un plan de retiro ofrecido por la misma CAJA AGRARIA.
Desconocer que el régimen pensional aplicable al señor CESAR TULIO MUÑOZ MUÑOZ, era el régimen pensional establecido en la Convención Colectiva de Trabajo, celebrada entre SINTRACREDITARIO y la CAJA AGRARIA, con vigencia para los años 1998 y 1999, por el tiempo de servicios prestados por el trabajador por más de 20 años y el mutuo acuerdo para la terminación del contrato de trabajo en acogimiento del plan de retiro ofrecido por la CAJA AGRARIA, en aplicación de los incisos primero y cuarto y el parágrafo transitorio 2º del Acto Legislativo 01 de 2005, que establecen el respeto y garantía de los derechos adquiridos pensionales.
En la demostración del cargo, el casacionista trajo a colación el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo y advirtió que en su parágrafo 1º se consagraba la posibilidad de que causara el derecho a la pensión solo con cumplir 20 años al servicio de la Caja Agraria, dejando así el requisito de edad (55 años) supeditado estrictamente a la exigibilidad.
En consecuencia, dijo que ya tenía un derecho adquirido para el momento en que, de forma voluntaria, decidió acogerse al plan de retiro ofrecido por la entidad accionada el 10 de junio de 1999. Adicionalmente, citó textualmente los incisos 1º y 4º, al igual que el parágrafo 2º del Acto Legislativo 1 de 2005, para esgrimir que debían respetarse las situaciones consolidadas antes del 31 de julio del 2010, como en el sub examine lo era la prestación pensional extralegal reclamada por el accionante.
Finalmente, transcribió apartes de diferentes providencias de esta Corporación y del Consejo de Estado, para concluir que,
La garantía mínima que le debe brindar el estado a mi poderdante es respetarle el régimen convencional vigente para el momento en que completo el tiempo de servicios, año 1999, cuando se da su retiro de la entidad por acuerdo con su empleador en virtud del plan de retiro que se le ofreció.
Ahora, de llegar a considerarse que mi poderdante tenía un derecho adquirido, creemos que el acogimiento de mi poderdante a un plan de retiro ofrecido por una entidad Estatal como era la CAJA AGRARIA, si tenía una expectativa legítima, que conforme al derecho de proporcionalidad, debe ser objeto de protección por la administración de justicia, en cumplimiento de los mandatos superiores contemplados en el Preámbulo y en los artículos 1º, 2º, 25 y 53 de nuestra Constitución Política, por cuanto a la fecha de su retiro, con más de 20 años de servicios y en acogimiento de ese plan de retiro mencionado, le daban la confianza jurídica y el convencimiento pleno de llegar a obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de la Convención Colectiva de Trabajo, es decir al cumplir los 55 años de edad; circunstancia que debe ser respetada a pesar de cumplir a posteriori el requisito de la edad, frente al tránsito de legislación; de no ser así, se estaría desconociendo el principio fundamental del derecho al trabajo, de quienes a pesar de haber cumplido el requisito de la edad establecido en el parágrafo 1º de la Convención Colectiva, por la cual se cotizó al sistema de pensiones, estarían perdiendo las condiciones en que aspiraban a recibir la pensión al momento de su desvinculación.
De no aceptarse la tesis del derecho adquirido o la protección de la (sic) expectativas legítimas para este caso, es dar por sentado que los planes de retiro ofrecidos por las entidades públicas empleadoras, no dan garantía ni seguridad jurídica a los trabajadores que se someten a ella, y se constituyen en una especie de engaño institucional para el trabajador que confía y tiene el convencimiento pleno de haber logrado los derechos consagrados en la normatividad vigente al momento de su desvinculación, pendiente solamente del requisito de edad, como condición de pago y no de consolidación del derecho, conllevando así la inseguridad jurídica, ante el hecho de haber cotizado el tiempo necesario para adquirir el derecho a la pensión.
De igual forma, no aceptarse el reconocimiento de la pensión convencional a mi poderdante, cuando a su retiro había cotizado el mínimo de tiempo exigido por dicha convención para devengar la pensión de jubilación, es regresarnos en el tiempo a la teoría civilista del derecho adquirido, y dejar si efecto o detener el avance que por vía jurisprudencial se ha tenido en cuanto a la protección y respeto de los derechos, garantías y beneficios adquiridos en disposiciones normativas anteriores.
SEGUNDO CARGO
Acusó la sentencia recurrida de violar «[…] la ley sustancial en la modalidad de aplicación indebida del parágrafo transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 2005».
Sirvieron como fundamento para su demostración, los mismos argumentos que fueron expuestos en el primer cargo.
RÉPLICA
Comenzó refiriéndose a la técnica del primer cargo del recurso, asegurando que la proposición jurídica se relacionaba con normas de rango constitucional, siendo que «[…] estas no son acusables de manera directa sino que deben plantearse como violación medio de las normas de carácter sustancial»; y que la Convención Colectiva no tiene carácter de norma sustancial de alcance nacional, las cuales son las únicas que pueden ser invocadas en casación.
Aseguró que en caso de que la Corte decidiera pasar por alto los defectos técnicos, la sentencia del ad quem fue acertada pues se fundó en la desaparición de los beneficios convencionales de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 1 de 2005.
Tras citar el artículo 41 de la Convención Colectiva y lo dispuesto por el Acto Legislativo 1 del 2005, concluyó:
De lo anterior se desprende, que si bien el señor ANIBAL TORRES RUBIANO (sic) cuenta con más de 20 años de servicios a la extinta caja Agraria, también es cierto que al 31 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia el Acto Legislativo 001 del 2005, no reunía el requisito de la edad, es decir 55 años, toda vez que de acuerdo a lo probado dentro del plenario solo hasta el 23 de mayo de 2011, cumplió los 55 años de edad.
Por lo tanto no tenía los requisitos exigidos en la convención colectiva de trabajadores, razón por la cual no es procedente, ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional solicitada, en el entendido que la Convención Colectiva de Trabajadores de la Caja Agraria, dejó de tener efectos pensionales a partir del 31 de julio de 2010.
Frente al segundo cargo, aseguró que al igual que en el primero, el recurrente realizó la proposición jurídica erróneamente. Procedió a sostener que, de acuerdo con la jurisprudencia, desde que el Acto Legislativo 1 de 2005 cobró vigencia, no era conducente estipular condiciones pensionales diferentes a las previstas dentro del Sistema General de Pensiones.
En ese sentido, concluyó que «[…] el actor no alcanzó a consolidar el derecho a la prestación jubilatoria que reclama, dado que si bien antes del 31 de julio de 2010 contaba con el tiempo de servicios exigidos, el requisito de la edad solo lo superó el 23 de mayo de 2011, data para la cual el mandato constitucional había perdido aliento jurídico el ordenamiento extralegal colectivo que contenía la pensión anhelada».
CONSIDERACIONES
Habiendo estudiado los cargos presentados, encuentra la Sala que el recurso de casación tiene varios errores de orden técnico, los cuales vistos en su conjunto configuran razón suficiente para desestimar su respectivo estudio de fondo.
Empero, dentro de tales deficiencias no procede la acusada por el opositor, atinente a la improcedencia en la acusación dentro de la proposición jurídica de normas de orden constitucional, comoquiera que, en virtud de lo previsto por esta Corporación, dichas disposiciones «[…] gozan de fuerza normativa directa y vinculante, además de que consagra derechos sustanciales» (CSJ SL2011-2019, CSJ SL2160-2019, CSJ SL045-2019, CSJ SL4988-2018).
Así las cosas, una vez realizada la anterior precisión y previo a la correspondiente enunciación y desarrollo de cada uno los errores cometidos, resulta imprescindible recordar que el propósito fundamental del recurso extraordinario de casación no es otro que proveer a la Corte de facultades para que realice, por una parte, un control de legalidad respecto de la sentencia proferida por el juez plural y, adicionalmente, para que efectúe una unificación de jurisprudencia en lo atinente a las controversias emanadas del ámbito laboral y de la seguridad social.
Por lo tanto, no debe pensarse que la exigencia en el cumplimiento mínimo de requisitos para su formulación y que están plasmados en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, obedece a un actuar caprichoso de esta Corporación dirigido a perpetuar el exceso de ritualidad y formalismo, sino que, por el contrario, compone una garantía al debido proceso según los términos del artículo 29 de la Carta Política.
De antaño (sentencia CSJ SL, 2 agosto 1994, radicado 6735), sobre la técnica del recurso, esta Sala ha considerado que,
Por su raíz histórica y por su desarrollo constitucional y legislativo, la casación es un recurso extraordinario. Supone que el proceso ha concluido, y que ha concluido con una decisión acertada y ajustada a la ley. Y el carácter excepcional del recurso de casación se manifiesta por dos aspectos: el primero porque no cabe contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala; y el segundo porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio. Para atender a una realidad social específica la ley ha autorizado la proposición de este medio de impugnación cuando en la sentencia acusada se incurre en error de hecho o de derecho.
El censor, de acuerdo con lo explicado por la Corte, está obligado en el recurso extraordinario a desvirtuar o derruir las presunciones de legalidad y acierto que acompañan la sentencia del Tribunal, para lo cual debe efectuar un ataque ceñido a las exigencias legales y jurisprudenciales, que básicamente son: i) establecer adecuadamente el alcance de la impugnación; ii) formular una proposición jurídica en cada cargo; iii) indicar la vía a través de la cual el Tribunal infringió la ley; iv) precisar el modo o causal que lo llevó a cometer el desatino; v) determinar, si la vía escogida fue la indirecta, cuáles fueron los errores de hecho en que incurrió el Tribunal y, si fue la directa, en qué consistió el error jurídico; vi) manifestar cuáles medios de prueba calificados fueron dejados de apreciar o mal apreciados por el Tribunal; vii) atacar, si es del caso, otros medios de prueba que hubieran incidido en la decisión del Tribunal, a pesar de que no sean calificados en casación; y viii) demostrar cómo incurrió el Tribunal en los errores evidentes de hecho, por haber ignorado o apreciado mal las pruebas singularizadas en el ataque.
En consecuencia, se tiene que, con base en las exigencias enlistadas en precedente, el casacionista incurrió concretamente en los siguientes desatinos:
De la mixtura en las vías de ataque
Al tener esta Corporación la obligación de evaluar las discrepancias que el casacionista tiene respecto del fallo de segundo grado, además de si estas se encuentran o no fundadas, la ley ha provisto de manera taxativa las vías de ataque y las modalidades en que el cargo puede ser presentado, a efectos de acusar la violación de las normas sustanciales en que incurrió el ad quem, bien sea porque este forjó desacertadas conclusiones de orden sustancial o, por el contrario, debido a que cometió desatinos de carácter fáctico o probatorio.
En ese orden de ideas, se tiene que, de ser escogida por la censura la vía directa, se entiende que no son aceptados los argumentos de orden sustancial o jurídico que sirvieron de colofón al Tribunal para proferir sentencia. Por el contrario, si la discrepancia surge conforme a los preceptos fácticos o probatorios que se encontraron acreditados dentro del proceso, la vía indirecta es la llamada a ser utilizada para derruir la providencia atacada (CSJ SL14059-2017, CSJ SL13779-2017, CSJ SL13777-2017, CSJ SL13885-2017, SL13907-2017 y SL13856-2017).
Ahora bien, en el sub examine se evidencia que el recurrente le endilgó al juez plural, dentro del primer cargo, la violación de la norma sustancial de la Convención Colectiva.
Dicha afirmación evidencia una inapropiada mixtura en las vías de ataque, que de suyo comportan un error de técnica. Lo anterior, pues al enrostrar una errada apreciación del acuerdo convencional, se sugiere una inconformidad respecto de la intelección que hizo el juez colegiado de dicho medio de convicción que reposa dentro del expediente, lo cual sólo pudo dirigirse a través de la vía indirecta (CSL SL13779-2017, CSJ AL4320-2017, CSJ SL8952-2017 y CSJ SL9681-2017).
Respecto del segundo cargo, este fue construido sobre la vía directa, pues en principio se alegó la equivocada interpretación que tuvo el ad quem del parágrafo 3º del artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005, pero después se trajeron a colación extractos de la Convención Colectiva de Trabajo y se acusó su equivocada lectura, incurriendo nuevamente en la combinación injustificada de vías.
Formulación de la proposición jurídica
2.1 Las convenciones colectivas de trabajo no son normas sustanciales de orden nacional
En lo que tiene que ver con la proposición jurídica del primer cargo, es dable apreciar que el casacionista le otorgó la connotación de norma sustancial al acuerdo convencional, en tanto que acusó al Tribunal de «[…] falta de aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo, firmada el 15 de abril de 1998 entre SINTRACREDITARIO y la CAJA AGRARIA, con vigencia para los años 1998 y 1999, y no aplicar los incisos primero y cuarto y el parágrafo transitorio 2º del Acto Legislativo 01 de 2005, adicionados por este Acto Legislativo al artículo 48 de nuestra Constitución Política […]» (negrillas fuera del texto).
Esa imprecisión, a su vez, también representa un yerro insuperable de técnica, pues según lo ha reiterado la Sala, las convenciones tienen la condición de medios probatorios, habida cuenta de que la naturaleza jurídica es la de acuerdos que rigen contratos de trabajo vigentes. Así se encuentra previsto en sentencias CSJ SL17789-2016, CSJ SL7506-2017 y CSJ SL14995-2017, afirmando que:
[…] tampoco se ajusta al estricto rigor técnico del recurso extraordinario, el planteamiento del recurrente relacionado con el alcance que, según él, se le debe dar a la cláusula quinta convencional. Así es, porque, entre otros, el fin último de la casación es unificar la jurisprudencia en relación con las disposiciones de orden nacional, mas no consiste en fijar el sentido de las disposiciones convencionales, en la medida en que solo aplican a las partes de la negociación colectiva quienes, por tal razón, son en principio las llamadas a determinar su verdadera interpretación, sentido y alcance.
Necesidad de acusar la violación del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo
La ratio decidendi del fallo proferido por el juez colegiado, se sustentó en la negativa de conceder la pensión de jubilación de origen convencional prevista en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004.
En ese orden de ideas, debe aclararse que, sin importar cuál hubiera sido la vía de ataque escogida por el casacionista para buscar derruir el fallo de segundo grado, lo cierto es que debió señalar dentro de la proposición jurídica, por lo menos, los artículos 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cuales tienen que ver con el carácter dispositivo y vinculante de los acuerdos convencionales, así como todos los derechos que emanen o sean otorgados a partir de ellos.
En ese sentido, ha referido la Sala con insistencia que, si lo que se discute es el reconocimiento de un derecho allí consagrado, es primordial mencionar los preceptos normativos anteriormente suscitados. Así fue previsto en sentencia CSJ SL11230-2017, donde expresamente se dijo:
[…] a pesar de que el derecho reclamado emana de la convención colectiva del trabajo, no incluye en la proposición jurídica la norma legal sustantiva que se refiere a este tipo de fuente normativa, esto es, el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Ha dicho insistentemente la Sala que cuando se impetra el reconocimiento de un derecho convencional el elenco de los preceptos quebrantados debe incluir necesariamente la citada disposición, exigencia que sigue siendo válida aún después de la promulgación del Decreto 2651 de 1991 y de la Ley 446 de 1998, en donde se morigeró mas no se eliminó el requisito consagrado en el literal a) del numeral 5 del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo.
A ese respecto cabe tener presente que si bien de antaño era indispensable conformar la denominada “proposición jurídica completa”, es decir, el enlistamiento de todas las disposiciones relacionadas con el derecho en litigio, hoy es suficiente con el señalamiento de “cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”, pero la inobservancia de este último mandato conduce inexorablemente al rechazo de la acusación por no ajustarse a los requisitos formales del recurso extraordinario, que es lo que acontece en esta oportunidad.
No basta, se insiste, que en la proposición jurídica aparezcan relacionadas varias disposiciones, sino que es obligatorio que dentro de las incluidas se encuentre por lo menos una que constituya base esencial del fallo o que haya debido serlo, norma que en el presente caso es la antes anotada, puesto que la controversia procesal gira exclusivamente en torno al alcance de una disposición convencional.
En los dos cargos, tal enunciación es inexistente, incluso dentro del desarrollo de la demostración de los mismos, constituyendo así un error de técnica atribuido.
El recurso extraordinario de casación no configura una tercera instancia
Se tiene que en ambas alegaciones el recurrente esgrimió apreciaciones que, por momentos, tuvieron más el cariz de alegaciones propias de instancia que, en su lugar, la intención de enrostrar con precisión los errores cometidos por el juez plural. Debe enfatizar la Sala que este recurso extraordinario no le permite a la Corte juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón habida cuenta de que su labor, siempre que el censor sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia impugnada con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto (CSJ AL1292-2017). La dialéctica de la casación, en síntesis, no reside en desplegar interpretaciones discordantes u opuestas de las del ad quem, sino en acreditar sus yerros (CSJ AL1932-2017; CSJ SL841-2013; CSJ SL, 28 agosto 2012, radicado 43009).
Los razonamientos que preceden son suficientes para desestimar los cargos en los términos en que fueron presentados.
Las costas en casación estarán a cargo del recurrente y a favor del replicante Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, pues el recurso no salió avante. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el cuatro (4) de septiembre de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario laboral promovido por CÉSAR TULIO MUÑOZ MUÑOZ contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y LA NACIÓN–MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
Costas como se dispuso en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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