Ficha de la providencia
Sentencia SL3296-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3296-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3296-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
23 de julio de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL3296-2019
Radicación n.° 64772
Acta 24
Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ALEXANDER LOZADA MOSQUERA contra la sentencia proferida el 31 de mayo de 2013 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso adelantado por él en contra de la sociedad DEPORTIVO BOGOTÁ CHICO FÚTBOL CLUB S.A.
ANTECEDENTES
Alexander Lozada Mosquera presentó demanda en contra de la sociedad Deportivo Bogotá Chico Fútbol Club S.A. con el fin de que se declarara que entre las partes existió un primer contrato de trabajo «que terminó 24 de diciembre de 2003». Como consecuencia de ello, requirió que se condenara a la sociedad demandada al pago de los salarios correspondientes al tiempo comprendido entre el 24 de febrero del año 2003 y el 24 de diciembre del mismo año a razón de $1.300.000, por cada mensualidad; el pago de las cesantías y sus intereses, las primas de servicios y de navidad, de vacaciones, las indemnizaciones de los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990 por no cancelarle oportunamente las prestaciones sociales y los salarios. En adición y sin perjuicio de lo anterior, solicitó el pago de los salarios correspondientes a los meses de «octubre y noviembre del año 2004» así como las prestaciones sociales, las vacaciones y las indemnizaciones causadas entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del mismo año, 2004.
Como fundamento de sus pretensiones señaló que se vinculó a la entidad demandada a través de un contrato a término fijo en el cual quedó pactada como fecha de inicio de labores el 24 de febrero de 2003 hasta «[…] el final de la participación del Torneo de la Primera B» que culminó el 24 de diciembre del mismo año. Afirmó que realizó la prestación personal del servicio «[…] todos los días de la semana incluyendo dominicales y festivos», debido a que se desempeñó en el cargo de «jugador de futbol profesional».
Comentó que la institución le había asignado un salario por el valor de $1.300.000, que se debía cancelar de manera mensual, sin embargo, dichos pagos no se realizaron durante la vigencia del contrato. Afirmó que:
Con el fin de no perder los subsiguientes contratos laborales que firmó con la citada entidad, le otorgó plazo a dicho Club Deportivo, para que le cancelara los salarios que le adeudaban. Después de varios requerimientos con el fin de obtener el pago de los mismos, el señor EDUARDO PIMENTEL MURCIA, en calidad de Representante Legal de dicho Club, propuso un arreglo de pago de los salarios adeudados, el cual consistía en que mi representado le dejaría lo adeudado por este concepto en la suma de OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000) m. cte., acuerdo que no fue cumplido.
Seguidamente aseguró que también le adeudaban todas las prestaciones sociales que le correspondían. Mencionó que a pesar de que la sociedad quiso darle al contrato una connotación comercial, «[…] saltan a la vista los elementos que configuran un contrato de servicios laborales»; que posteriormente firmó un contrato de trabajo con el citado Club en el que igualmente se comprometió a prestar sus servicios como «jugador de futbol profesional» durante el periodo comprendido entre el 1º de enero del 2004, y el 31 de diciembre de esa misma anualidad, con una asignación mensual de $2.500.000. Resaltó que durante la vigencia de ese ultimó contrato, la entidad le dejó de cancelar los salarios correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 2004 y que igualmente le adeudaban todas las prestaciones sociales.
La pasiva, notificada de la demanda el 17 de julio de 2009, contestó la demanda a través de curador ad litem designado mediante auto del 24 de junio del mismo año, oponiéndose a todas las pretensiones. Frente a los hechos afirmó que la naturaleza del contrato celebrado entre las partes correspondía a una «prestación de servicios»; que en cuanto al tema de honorarios y días festivos no existía documento alguno que probara su afirmación; que el tipo de contrato celebrado entre las partes no generaba la obligación del pago de cesantías y en lo correspondiente a los demás hechos se pronunció negándolos.
En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, cobro de lo no debido y buena fe.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá D.C profirió fallo el 27 de julio de 2012, por medio del cual declaró probada la excepción de prescripción propuesta por el curador ad litem con relación a las pretensiones de la demanda principal, debido a que:
[…] la demanda fue radicada en reparto el día 24 de febrero de 2006 (fl.13), es decir que la misma fue presentada dentro del término oportuno, dentro de los tres (3) años siguientes al acaecimiento de la prescripción, que posteriormente el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá notificó el auto admisorio de la demanda por estado No. 046 el día 16 de marzo de 2006 (fl.34) a la parte demandante, y que una vez ordenado el emplazamiento por cuanto se agotaron las formas de notificación establecidas en los artículos 315 y 320 del C.P.C, el auto en mención fue notificado al curador ad-litem quien obra en representación de la parte pasiva, el 17 de Julio de dos mil nueve (2009), sin tener en cuenta que el auto admisorio en virtud del artículo 90 del C.P.C debió notificarse dentro del término de un año contado a partir del día siguiente de la notificación por estado del mismo a la parte demandante, es decir hasta el 17 de marzo de 2007, para que con el acto de presentación de la demanda se interrumpiese el fenómeno prescriptivo, carga procesal que no cumplió, por lo que ha de tomarse como punto de partida la fecha de notificación personal al demandado, que en este caso se surtió con la notificación al curador ad-litem el 17 de julio de 2009, siendo evidente que para esa data ya habían transcurrido más de 5 años desde la fecha de la terminación del vínculo existente entre las partes y del cual se pretende la declaratoria de una relación laboral, por lo que a voces del artículo 151 del C.P.L, la acción se encuentra prescrita.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante providencia del 31 de mayo del 2013, al resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, confirmó la decisión del a quo.
Para el Tribunal, las razones de inconformidad del apelante se limitaron a señalar que la tesis expuesta por el a quo en su decisión «[…] conduce a la injusta situación que bastaría el ocultamiento del demandado para que se consumara el fenómeno de la prescripción». Por lo tanto, consideró que el problema jurídico consistía en determinar si era procedente declarar la existencia de un contrato de trabajo, y consecuentemente, condenar a la accionada al pago de las acreencias laborales adeudadas, o si, por el contrario, el derecho reclamado se encontraba prescrito.
Aclarado lo anterior, advirtió que el curador ad litem de la sociedad Deportivo Bogotá Chico Fútbol Club S.A. propuso en su escrito de contestación de demanda la excepción de prescripción, razón por la cual se debía verificar si en el caso debatido se configuró tal fenómeno. Seguidamente citó el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo del cual destacó que para evitar que se constituyera la prescripción, era indispensable que el interesado realizara la reclamación de sus derechos dentro de los tres años siguientes a la fecha de su causación, o en los casos de reclamación, dentro de los tres años siguientes a la fecha de su presentación.
Estableció que en el caso en concreto no existía prueba de que el trabajador hubiera presentado reclamación ante el empleador en la que exigiera el pago de las acreencias laborales, por lo que el término de prescripción inició el «31 de diciembre de 2004», fecha en que dijo el Tribunal que se dio la terminación del vínculo laboral, y en principio fue interrumpido el 24 de febrero de 2006, fecha en que se presentó la demanda, ya que se encontraba en el término concedido por la legislación laboral.
Sin embargo, mencionó el ad quem que el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, frente al caso en concreto, tenía aplicación en la medida en que:
[…] la demanda fue presentada el 24 de febrero de 2006 (folio 19), se admitió el 15 de marzo de 2006 (folio 34), fue notificada por estado al actor el 16 de marzo de 2006 (folio 34 adverso) y notificada personalmente al curador ad-litem de la parte demandada el 17 de julio de 2009 (folio 110), más de un (1) año después a la fecha en que se notificó por estado el auto admisorio de la demanda.
Lo anterior indica claramente, que el término para interrumpir la prescripción finalizaba el día 15 de marzo de 2007 y que conforme el artículo 151 Código de Procedimiento Laboral, en concordancia con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, desde la fecha que finalizó la relación laboral hasta el día en que se notificó a la accionada, habían transcurrido más de (3) tres años; en consecuencia, los derechos reclamados por el demandante estaban prescritos.
Explicó que la interrupción de la prescripción se encontraba enfocada a la actividad del demandante, ya que, luego de la imposibilidad de realizar la notificación personal y por aviso, era su obligación efectuar las diligencias para que dentro del término se cumpliera la notificación con un curador ad litem.
Finalizó afirmando que la aplicación de dicha figura no constituía un desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa, puesto que el demandante tuvo las oportunidades para tutelar el derecho pretendido, y replicó que, la parte actora debió actuar de manera diligente y presentar con la anticipación suficiente el escrito de la demanda, para que la notificación del auto admisorio tuviera lugar antes de que se consumara la prescripción.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente «[…] la Sentencia de Segunda Instancia., proferida por el Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, el día treinta y uno (31) del mes de mayo el año dos mil trece (2013), en el proceso por el cual absolvía a la empresa demandada DEPORTIVO CHICO FUTBOL CLUB», y en sede de instancia «[…] se servirá REVOCAR, la sentencia de primera instancia, proferida por el señor juez, TRECE (13) LABORAL DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.».
Con tal propósito formuló un cargo, el cual tras haber sido oportunamente replicado, pasa a ser estudiado por la Corte.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos
[…] 488 y 489 del Código Sustantivo del trabajo y 151 del Código procesal laboral, en concordancia con el artículo 90 del C. de P.C., articulo 145 del Código procesal laboral que lo llevó a aplicar indebidamente los artículos 127, 249, 253, del Código sustantivo del Trabajo, del Decreto 2351 de 1.965, 306 y 65 del Código Sustantivo del trabajo, articulo 315 numeral 3° del C. de P. C., modificado por la ley 794 de 2.003, articulo 29, articulo 230 modificado Ley 794 de 2.003, articulo 32, articulo 318, modificado por la ley 794 de 2.003, articulo 30.
Indicó como errores evidentes de hecho:
Dar por probado sin estarlo que el fenómeno de la prescripción de la acción laboral operó respecto de la demanda presentada por el actor, para lo cual se adujo que esta fue presentada el veinticuatro (24) de febrero del año dos mil seis (2.006), notificada personalmente al curador Ad-litem, el diecisiete (17) de julio del año dos mil nueve (2.009).
Tener por demostrado sin estarlo que el término para interrumpir la prescripción finalizaba el treinta y uno (31) de marzo de dos mil siete (2.007) y que conforme al artículo 151 del Código de Procedimiento laboral, en concordancia con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, desde la fecha que finalizó la relación laboral hasta el día en que se notificó a la accionada habían transcurrido más de tres (3) años.
Tener por demostrado sin estarlo que el demandado no efectuó dentro del término legal, las diligencias necesarias para obtener la notificación del auto admisorio de la demanda, para que el fenómeno de prescripción no se presentara.
Señaló como pruebas no apreciadas:
Folio 34 anverso del cuaderno principal.
Siete (7) folios que contienen la citación que se hizo a la demandada, por medio del citatorio de fecha junio quince (15) (folios del 36 al 40) del cuaderno principal.
Memorial de fecha veintiocho (28) del año dos mil seis (2.006) por el cual se aportó nueva dirección de notificación (folio 44), cuaderno principal.
Seis (6) folios que contienen el segundo envió del citatorio, el cual fue exitoso en razón de haber sido recibido por la empresa demandada. (cuaderno principal).
Siete (7) folios que contienen la notificación de la demandada mediante aviso, el cual la señorita YUDY PLAZAS, rehusó recibir como lo certifica la empresa de correos (cuaderno principal).
Informe Secretarial (folio 58), cuaderno principal.
Auto de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil siete (2.007) por el cual el despacho admite que la demanda (sic) ha rehusado la notificación del auto admisorio, y ordena que el notificador del juzgado la lleve a cabo (cuaderno principal).
Auto de fecha junio nueve (9) del año dos mil ocho por el cual el juzgado no tiene por notificada la demanda y continúa dilatando la notificación del auto admisorio, según el despacho en aras de salvaguardar el debido proceso y el derecho a la defensa del demando (sic). (folio 72).
Folios del 81 al 100, con el cual se cumple nuevamente el proceso innecesario de notificación por aviso, el que fue rehusado por la demandada.
Folio 101 a 102, contentivos del auto por el cual el juzgado tiene por notificado el auto admisorio de la demanda, a la empresa demandada.
Folio 103 auto de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil nueve ordenó el emplazamiento de la empresa demandada, para lo cual determinó que está (sic) había sido renuente a notificarse del auto admisorio de la demanda.
Inició la demostración del cargo señalando que el Tribunal acogió la sentencia de primera instancia sin mayores argumentos, de manera que dejó de apreciar los esfuerzos realizados por la parte actora para notificar el auto admisorio de la demanda teniendo en cuenta la actitud renuente de la parte demandada.
Anotó que el Tribunal retomó los argumentos usados por el a quo, por lo tanto, debía presumirse que estuvo de acuerdo con el razonamiento efectuado en primera instancia para determinar que se había configurado la prescripción. Añadió que dicha decisión fue tomada sin haber analizado los documentos que daban constancia del procedimiento realizado para notificar el auto admisorio de la demanda, que daban constancia de que, «[…] el representante legal de la empresa demandada, empleo (sic) maniobras tendientes a evadir la notificación, al ordenar no recibir ningún correo postal, que permitiera su documentación».
Afirmó que el ad quem erró en su razonamiento pues en el presente caso la demanda fue presentada con la antelación necesaria para que se surtiera el procedimiento de notificación del auto admisorio de la misma, «[…] sino se hubiese permitido por parte de las autoridades que conocieron del proceso, que el representante legal de la empresa, rehusara la notificación, hasta obtener el beneficio del fenómeno de la prescripción, que en forma equivocada le fue otorgado».
Destacó que el Tribunal no apreció que a folios 46 a 51 del cuaderno principal se encontraba visible el citatorio efectuado de conformidad con el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, así mismo, que hay constancia de que fue entregado en la dirección de notificación judicial y recibido por «YUDY PLAZAS», sin que la demandada concurriera dentro del término legal para recibir notificación del auto admisorio.
Agregó que a folios 52 a 57 se encontraba constancia del trámite correspondiente a la notificación mediante aviso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Dicha acción fue llevada a cabo por la empresa de correspondencia, la cual certificó que «[…] igualmente la empresa demandada se rehúsa a recibirlo, impartiendo órdenes a su empleada YUDY PLAZAS de no recibir correos que provengan del juzgado. Prueba que no fue apreciada por el Ad quem, lo cual ha llevado a la no aplicación del contenido de la norma citada».
Aseguró que luego de haber cumplido con lo establecido en la norma, el «operador judicial» no cumplió con su obligación de darlo por notificado y continuar con el trámite indicado. Expuso que, a folio n.° 59, en virtud de la negligencia del juez, el 8 de febrero de 2007 solicitó que se realizara un edicto emplazatorio para notificar al demandado. Posteriormente, mediante auto de fecha 2 de mayo de 2007, visible a folio 65, «[…] el juzgado ordena “Por secretaria se dé estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 320 del C. de P. C. por cuanto la parte demandada, se ha rehusado a recibir tanto el citatorio como el aviso de notificación. Para la época se estaba dentro del término legal, esto es por ningún motivo operaba la prescripción», teniendo en cuenta que el último contrato suscrito entre las partes terminó el 31 de diciembre del 2004, prueba que no fue apreciada por el Tribunal.
Recordó que, tal como se observaba a folio 68, solicitó al juzgado que este diera por notificado a la sociedad demandada por conducta concluyente debido a que el representante legal de la entidad se había rehusado a ser notificado. Dicha petición no tuvo éxito, por el contrario, dispuso que,
[…] “efectivamente todas las diligencias tendiente (sic) a notificar de la demanda al DEPORTIVO BOGOTA FÚTBOL CLUB S.A. como son los citatorios y aviso de notificación, que no dieron resultado pues han sido rehusados por el mismo, como lo anotan las Certificaciones de la Empresa de Correos, pero es del caso recordar que este despacho judicial debe salvaguardar el Derecho a la Defensa y al debido proceso, en consecuencia se dispone que el notificador de este juzgado lleve a cabo la notificación personal a la demandada”.
Señaló que a folio 69 se encontraba la constancia de que el 19 de octubre del 2007, aun dentro del término legal para evitar la prescripción, suministró las expensas necesarias para que el notificador del juzgado procediera a dar cumplimiento a la notificación de la demanda, «[…] pero en forma indolente el empleado del juzgado solo llevo (sic) a cabo dicha notificación el día dieciocho (18) de enero del año dos mil ocho (2.008), obteniendo el mismo resultado».
Mencionó que realizó nuevamente la solicitud al juzgado de que se tuviera por notificado al demandado, sin embargo, a pesar de que el a quo aceptó que este había rehusado tanto citatorio como los avisos de notificación, dispuso que no podía dársele por notificado. Adicionalmente el a quo informó que «[…] existían otros medios para vincular al demandado al proceso, los cuales a mi juicio no existen, pues había agotado todos los medios legales para obtener en tiempo la notificación del auto admisorio de la demanda dentro del término de los tres (3) años, sin resultado».
Precisó que a folios del 73 al 100, se podía observar que ninguno de los intentos por notificar al demandado surtió efectos, y que en cada una de las certificaciones emitida por la empresa de correos encargada, se encontraba que el motivo de imposibilidad para la entrega era el hecho que se negaban a recibir cualquier citación que el Juzgado Catorce Laboral hiciera.
Resaltó que como constaba a folio 101, el 18 de junio de 2009, el juzgado dispuso tener por notificado el auto admisorio de la demanda mediante aviso judicial, sin que la entidad hubiese presentado el escrito de contestación de la demanda dentro del término legal, prueba que no fue apreciada por el Tribunal. Manifestó que, sin que mediara auto alguno que revocara la decisión previamente tomada, el juzgado dispuso el emplazamiento de la demandada (folios 103 y 104 del cuaderno principal). Consideró que dicha actuación tampoco fue valorada por el ad quem «[…] en razón de que al no haber mediado revocatoria del auto que daba por notificada y al no proponer excepciones de naturaleza alguna, para la época en que se dio la notificación, no operó el fenómeno de la prescripción».
Argumentó que, el Tribunal no apreció de forma debida el auto de fecha 18 de junio de 2009, por medio del cual el a quo dio por notificado el auto admisorio de la demanda mediante aviso judicial, sin que posteriormente la entidad se pronunciara de manera alguna y «[…] sin que hubiese propuesto excepciones de naturaleza alguna y mucho menos, la prescripción de la acción laboral, que necesariamente debió ser expresamente invocada por el demandado». Concluyó que si el Tribunal no hubiese incurrido en los errores de hecho demostrados, habría revocado el fallo de primera instancia.
RÉPLICA
La oposición comenzó afirmando que la parte actora no podía trasladar a la pasiva la negligencia por falta de notificación acusándola de evadirla. Aseguró que, en junio de 2006 se envió un citatorio judicial a la sociedad demandada a la «carrera 11 # 65-61 of 202», donde se generó un informe de notificación en el que afirmaron que «no conocen ningún club», y posteriormente lo trasladaron a la entidad desde el año 2005 «[…] sin que la apoderada del demandado hubiera constatado dicho hecho en el Certificado de Cámara de Comercio, lo que es un grave descuido para un abogado que maneja un proceso que ni siquiera sepa la ubicación de su demandado».
Afirmó que, posteriormente, se hizo del citatorio judicial a la dirección indicada en el certificado de Cámara de Comercio, «carrera 7 #156-80 of 1301», donde sí funcionaba la entidad. Por lo tanto, el primer citatorio enviado a una dirección errada, y el segundo que «[…] si (sic) fue bien enviado le indicaron que la “empresa si está ubicada en esa dirección” por lo que no se entiende cual es el –“ocultamiento” o la –“renuencia”- que ella acusa en sus escritos de impugnación, hoy demanda de casación». Agregó que la entidad funcionaba desde el 2005 en esta última dirección.
Indicó que la falta de notificación fue por negligencia de la parte demandante y cuestionó que si el citatorio judicial de la sociedad demandada resultó positivo fue «[…] por que (sic) la apoderada del demandante no agotó en forma inmediata el trámite correspondiente para enviar el AVISO judicial y/o para Emplazar a la pasiva si era el caso sin dilación alguna conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento civil».
Agregó que el a quo mediante auto de fecha 24 de junio de 2009, ordenó emplazar a la demandada conforme a lo establecido en el artículo 29 del Código Procesal. Luego, la parte demandante, el 13 de agosto de 2009, anexó edicto emplazatorio realizado en el diario Nuevo Siglo el 26 de julio de 2009, el cual «[…] también quedo (sic) mal hecho, como quiera que en dicha publicación informaron que el Auto Admisorio objeto de emplazamiento era de fecha 15 de Abril de 2006, cuando lo correcto es de 15 de Marzo de 2006, lo que obviamente vicio (sic) dicha publicación por lo que DEBIO volverse a realizar con posterioridad».
Advirtió que en este caso no se daban los presupuestos procesales del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil para dar por notificada a la entidad por conducta concluyente, ya que no existía «prueba fehaciente» de que la sociedad demandada tuviera conocimiento de la demanda, en razón a que, «[…] dentro de los autos, la pasiva no manifestó que conocía determinada providencia ni mencionó en escrito alguno que llevare su firma, ni verbalmente durante una audiencia o diligencia, ni quedó constancia en acta alguna», como lo exigía la ley.
Recordó que el objeto de la reclamación consistía en el requerimiento de acreencias laborales generadas en los años 2003 y 2004, por lo que el término de prescripción de la acción había comenzado a correr desde finales del año 2004, sin embargo, la demanda fue presentada por la parte actora el 24 de febrero de 2006, estando dentro del término para interrumpir la prescripción; que el Juzgado Catorce Laboral del Circuito admitió la demanda instaurada mediante auto de fecha 15 de marzo de 2006, por lo tanto, el deber de la parte actora era:
[…] apersonarse con suficiente diligencia de la notificación de la pasiva porque estaba ad portas de sobrevenir la prescripción de la acción para el año 2007, y ella como lo muestran los autos, no verificó con la suficiente idoneidad su carga procesal, o dicho en otras palabras, TENIA (sic) que ahondar, extremar y profundizar el deber de cuidado en su carga procesal de la notificación de la pasiva porque ya de hecho la presentación de la demanda se había hecho tardíamente puesto que se había radicado dos años después de que terminara la relación laboral con lo cual el DEBER de cuidado era mucho más exigente para ella, y aun así, no lo atendió ni lo verifico con la suficiente diligencia.
Insistió que la carga procesal de notificar estaba en cabeza de la parte actora y que la ley no concedía beneficios por «todos los esfuerzos» tendientes a lograr la notificación del auto admisorio de la demanda sino cuando sí se podía materializar ésta a la pasiva. Citó el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, y concluyó que, lo anteriormente expuesto era suficiente para que el curador ad litem designado propusiera la excepción de prescripción y esta saliera avante.
CONSIDERACIONES
El problema jurídico que debe resolver la Corte se concentra en establecer si el ad quem se equivocó al confirmar la decisión de primer grado que declaró probada la excepción de prescripción tras la ineficacia de su interrupción por haberse superado el término de un año en la notificación del auto admisorio a la sociedad demandada, después de que este fuera notificado al actor, conforme el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 94 del Código General del Proceso.
Previo al estudio del ataque formulado con base en las pruebas denunciadas por la censura como no apreciadas o mal valoradas por el Tribunal, la Corte encuentra pertinente la reconstrucción cronológica del derrotero procesal del litigio, el cual se resume de la siguiente manera:
El 31 de diciembre de 2004 culminó el último vínculo laboral reclamado por el demandante.
El 24 de febrero de 2006 fue radicada la demanda ordinaria.
El 2 de marzo de 2006 fue asignado el proceso al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, el cual profirió un auto en el que ordenaba subsanar la demanda.
El 10 de marzo de 2006 el interesado presentó escrito de subsanación de la demanda.
El 15 de marzo de 2006 el Juzgado mediante auto ordenó su admisión.
El 16 de marzo de 2006 fue notificado el auto admisorio al demandante mediante inscripción en el estado n.° 46 de aquel día.
El 15 de junio de 2006 el Despacho, a solicitud de parte, profirió el citatorio a la parte demandada para la respectiva notificación de la demanda, dirigido a la dirección Calle 11 n.° 65-61 de la ciudad de Bogotá.
El 28 de julio de 2006 el demandante solicitó nuevamente la expedición del citatorio para notificar de la demanda al demandado en la dirección Carrera 7º n.° 156-80 de la ciudad de Bogotá, informando que aquel había trasladado la sede de sus negocios.
El 15 de agosto de 2006 el juzgado ordenó la elaboración del nuevo citatorio requerido, el cual fue retirado el 6 de septiembre del mismo año.
El 11 de septiembre de 2006 se radicó en el Despacho la certificación de la empresa de correo que tramitó la entrega del citatorio, en la que informó el recibido por «Yudy Plazas» y se inscribió la anotación «LA EMPRESA SÍ QUEDA AHÍ».
El 29 de septiembre de 2006 el demandante solicitó al juez de conocimiento la elaboración del aviso correspondiente ante la inasistencia del demandado.
El 3 de octubre de 2006 el juzgado lo elaboró y fue retirado por la parte interesada el 5 de octubre del mismo año.
El 17 de octubre de 2006 se radicó en el Despacho la certificación de la empresa de correo que tramitó la entrega del aviso, en el que inscribió la anotación «REHUZADO (sic) INFORMA LA SRTA YUDY PLAZAS TELÉFONO 6738318 QUE TIENE ORDEN DE NO RECIBIR».
El 15 de diciembre de 2006 el juez puso en conocimiento de la parte interesada la certificación proferida por el servicio postal utilizado para la notificación al demandado, «[…] a efecto de continuar con el trámite del proceso en los términos del art. 315 y 320 del CPC».
El 8 de febrero de 2007 el demandante solicitó que se realizara el emplazamiento de la entidad demandada con base en los artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil.
El 28 de febrero de 2007, previo a dar trámite al emplazamiento solicitado, el Juzgado ordenó que la parte demandante anexara un certificado de existencia y representación legal del demandado, actualizado.
Cumpliendo la orden impartida, el 15 de marzo de 2007 la parte demandante allegó el certificado, en el que consta como dirección de notificaciones judiciales la Carrera 7º n.° 156-80 de la ciudad de Bogotá, esto es, la misma a la que se enviaron los citatorios previos.
El 2 de mayo de 2007 el juez de conocimiento ordenó, nuevamente, que se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil «[…] por cuanto la parte demandada se ha rehusado a recibir tanto el Citatorio, como el Aviso de Notificación».
El 28 de junio de 2007 el demandante solicitó nuevamente que se ordenara el emplazamiento de la sociedad demandada de acuerdo con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, dado que, de acuerdo con el informe de la empresa de correos, aquella se había negado a recibir tanto la citación como el aviso.
El 3 de julio de 2007 el juzgado rechazó tal solicitud por considerar que aún no se había dado cumplimiento al trámite de la notificación por aviso ordenada al advertir que «[…] la parte demandada se ha rehusado a recibir tanto el citatorio como el Aviso de Notificación».
El 22 de agosto de 2007 el demandante presentó un escrito en el que solicitaba «[…] ordenar se notifique por conducta concluyente, a la entidad demandada» por la negativa de comparecer al Despacho.
El 18 de septiembre de 2007 el juzgado se pronunció indicando que,
Efectivamente todas las diligencias tendientes a notificar de la demanda (sic) DEPORTIVO BOGOTÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB S.A., como lo son los Citatorios y Aviso de Notificación, no han dado resultado pues han sido rehusados por el mismo como lo anotan las Certificaciones de la Empresa de Correo, pero es del caso recordar que este Despacho Judicial debe salvaguardar el Derecho a la defensa y al Debido Proceso, en consecuencia, se dispone que el Notificador de este Juzgado, lleve a cabo Notificación Personal a la demandada, de conformidad con lo establecido en el Articulo 41 Literal A). Numeral 1°. Del CPTYSS».
El 21 de enero de 2008 el empleado notificador del Despacho presentó informe en el que dejó constancia que:
[…] con fecha Dieciocho de (18) de Enero de 2.008, procedí a dirigirme a la Carrera 7 No. 156-80 para notificar personalmente al representante legal del CLUB DEPORTIVO BOGOTA CHICO FUTBOLL CLUB S.A., oficina 1301, donde fui atendido por un señor de nombre FERNANDO MOYA, quien me manifestó que efectivamente en el lugar si (sic) funcionaban las oficinas del Club demandado pero al momento de realizar la diligencia no se encontraba ninguno de los Representantes Legales, y que prácticamente ellos no iban al lugar y por este motivo era difícil localizarlos, siendo este motivo imposible realizar la diligencia solicitada.
El 24 de abril de 2008 el demandante solicitó al Despacho «tener por notificada» a la parte demandada, dado que ya se había «[…] cumplido a cabalidad con los requisitos establecidos en la ley, respecto de la notificación del auto admisorio de la demanda».
El 9 de junio de 2008 el juzgado se pronunció sobre la petición y sostuvo que no se podía tener por notificada a la entidad, y que a pesar de la negativa a recibir los citatorios, «[…] existen otros medios para vincular a un demandado al proceso, que por supuesto no es el solicitado».
El 2 de septiembre de 2008 el Juzgado dispuso que:
[…] previamente a dar curso al emplazamiento solicitado por la parte actora (fls. 59,66) en los términos del ART. 29 del C.P.L, el Juzgado ordena que se remita nuevamente el Aviso Judicial de que trata el Art. 320 del C.P.C a la dirección donde se recibió el citatorio, acompañando copia informal de la providencia que se notifica y de la demanda, lo anterior por cuanto en la certificación de entrega del Aviso que obra a fl. 54, no obra constancia que las citadas actuaciones hubieran sido remitidas junto con el aviso.
El 25 de marzo de 2009 el demandante presentó un escrito al Despacho solicitando que se ordenara el envió del aviso de notificación a la sociedad demandada a la dirección Carrera 7º n.° 156-80 de la ciudad de Bogotá, dado que era la dirección más reciente conocida del demandado.
El 29 de mayo de 2009 el demandante reiteró la solicitud que se tuviera la demandada notificada por conducta concluyente.
El 18 de junio de 2009 el Despacho manifestó que no era procedente la solicitud de la parte actora, sin embargo, consideró que el citatorio y el aviso judicial surtieron sus efectos legales, y por lo tanto se tenía por notificada, en la fecha. En consecuencia, tuvo por no contestada la demanda, dado que, dentro de la oportunidad legal, la empresa guardó silencio.
El 24 de junio de 2009, el Juzgado se pronunció acerca del auto proferido previamente, y concluyó que «[…] incurrió en evidente yerro, toda vez que no aplicó lo dispuesto por el Art. 29 del C.P.L, en la medida que ésta disposición autoriza el emplazamiento y designación del curador Ad- Litem cuando el demandado no es hallado». Por lo anterior, decretó el emplazamiento según lo consagrado en el artículo 318 del Código de Procedimiento Laboral, y ordenó la designación del curador ad litem.
El 17 de julio de 2009 fue posesionado como curador ad litem de la sociedad demandada al auxiliar de la justicia José Rojas Guzmán y se le notificó personalmente del auto admisorio de la demanda.
El 24 de julio de 2009 el curador ad litem presentó su escrito de contestación de demanda.
Así las cosas, ab initio encuentra la Sala que evidentemente transcurrieron más de tres años entre la notificación del auto admisorio de la demanda al actor (16 de marzo de 2006) y la notificación de la misma providencia al demandado, a través de curador ad litem (17 de julio de 2009). Sin embargo, el análisis propuesto no se limita, desde luego, a una simple comparación de fechas para verificar la existencia o no del fenómeno prescriptivo.
La censura, entonces, concentró su ataque en considerar que el ad quem, como se dijo, se equivocó en la valoración de la gestión del demandante para notificar de la demanda a la pasiva, de cara a la aplicación del fenómeno prescriptivo y su interrupción prevista para aquella época en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 94 del Código General del Proceso.
Pues bien, el recurrente comienza por denunciar que el Tribunal no apreció los documentos y constancias en el expediente que dan fe de la gestión de notificación al demandado desplegada por el actor, que contemplaron desde la primera citación el 15 de junio de 2006 hasta el trámite del aviso que la sociedad pasiva se rehusó a recibir según certificación aportada por la empresa de correo postal al Despacho el día 17 de octubre del mismo año, el cual motivó que el 15 de diciembre de 2006 este profiriera un auto informando de ello al demandante. A continuación, la censura trajo a colación como prueba omitida por el ad quem el auto del 18 de septiembre de 2007 en virtud del cual, a su juicio, el a quo reconoció que la sociedad demandada había rehusado la notificación y sin embargo, el juzgado en aras de salvaguardar «el derecho a la defensa y el debido proceso» del demandado, ordenó su notificación personal conforme el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Visto hasta aquí el reproche del recurrente, advierte la Sala que el raciocinio del ad quem se muestra equivocado en la medida en que se limitó a realizar una comparación puramente formal de las fechas de notificación del auto admisorio de la demanda al demandante y al demandado, y de allí desató automáticamente una consecuencia procesal que estuvo mediada por una equivocación del a quo y que estaba dentro de su competencia resolver al haber sido objeto de alzada por el interesado.
En efecto, si bien el trámite de notificación del auto admisorio de la demanda a la sociedad demandada fue farragoso y desprolijo, lo cierto es que la gestión que adelantó la parte interesada no sólo en el año inmediatamente siguiente a la notificación por estado de la admisión de la demanda, sino hasta que logró la notificación, refleja que fue diligente para lograr que compareciera la pasiva al juicio, pese a los errores del juez de primer grado en sus decisiones.
Lo dicho es así, en la medida en que el 16 de marzo de 2006 el actor se enteró que su demanda había sido admitida y durante el año que tenía a su favor para cumplir con los trámites de notificación al demandado, hasta el 16 de marzo de 2007, cumplió con el procedimiento de envío del citatorio para notificación personal y el aviso subsiguiente conforme las reglas del procedimiento civil según lo ordenó el juzgado, y vencidos aquellos sin éxito de asegurar la comparecencia del demandado, elevó al juzgado la solicitud de emplazamiento el 8 de febrero de 2007, tomando en consideración el trámite previo que destaca la misma censura.
En este punto es necesario advertir que el requerimiento del Despacho proferido el 28 de febrero del mismo año relativo a la actualización del certificado de existencia y representación de la sociedad demandada no se muestra desproporcionado ni ilegítimo en cabeza del a quo como director del proceso, lo que vino a cumplir la parte interesada el 15 de marzo de 2007, fecha en la que precisamente se estaba cumpliendo el tiempo límite que estableció el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil para interrumpir el curso de la prescripción.
Así las cosas, a partir del 16 de marzo de 2007 se entendió por ministerio de la ley como no interrumpido el fenómeno prescriptivo y si el último contrato de trabajo cuyo reconocimiento pretendió el demandante finalizó el 31 de diciembre de 2004, sólo hasta igual día del año 2007 podía notificarse la demanda a la sociedad pasiva para no estar afectado el trámite de la prescripción prevista en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Lo que seguía, entonces, era que una vez recibida por el juzgado la respuesta del demandante al requerimiento de actualización de dirección del demandado, el 15 de marzo de 2007, el mismo despacho ordenara la tramitación inmediata del emplazamiento solicitado por el actor el 8 de febrero de aquel año. Sin embargo, el a quo mediante auto del 2 de mayo de 2007 lo que ordenó fue dar «[…] estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 320 del C.P.C., por cuanto la parte demandada se ha rehusado a recibir tanto el citatorio como el aviso de notificación». Es decir, el juzgado ordenó repetir la notificación por aviso con el trámite del Código de Procedimiento Civil, bajo el supuesto de que el inquirido se rehusó a su recibo. Ello fue lo que produjo un desequilibrio en las cargas procesales del litigio y es imputable, al propio Despacho.
A pesar de la inconformidad de la parte interesada que quedó ampliamente registrada en el expediente, el trámite se adelantó como lo ordenó el a quo y el 21 de enero de 2008 se expidió la ya anotada constancia del empleado notificador del juzgado en la que anotó que resultaba «imposible realizar la diligencia solicitada» dado que al momento de realizar el acto de notificación «[…] no se encontraba ninguno de los representantes legales y que prácticamente ellos no iban al lugar y por este motivo era difícil localizarlos». Posteriormente, ante la insistencia del interesado en tener por notificada a la sociedad demandada, aún por «conducta concluyente», por medio de auto del 9 de junio de 2008 el a quo sentó que era «[…] cierto que el aquí demandado ha rehusado tanto los citatorios, como los avisos de notificación» pero que «[…] en aras de salvaguardar el debido proceso y el derecho a la defensa», había ordenado «su notificación personal».
De todo lo anterior la Sala encuentra que, ciertamente, existió un requerimiento adicional e innecesario desplegado por el a quo que sí tuvo la virtualidad de incidir negativamente en el curso del proceso, dado que dilató el trámite de comparecencia y representación del demandado en el juicio. En efecto, para el 16 de marzo de 2007 nada impedía que el despacho de conocimiento optara por la realización del emplazamiento al demandado que un mes atrás había solicitado la parte demandante, de modo que la orden del a quo para volver a recorrer las etapas ya recorridas de la notificación personal y por aviso, a la misma dirección del convocado a juicio ya aportada por el demandante, resultó un exceso ritual manifiesto que tuvo por efecto, impedir la efectividad del derecho sustancial reclamado por el demandante.
La Sala no discute que la motivación del juzgado para actuar en la forma como hizo estuviere fincada en el necesario interés de garantizar el debido proceso al demandado que estaba siendo convocado a juicio, sin embargo, debía advertir que su acción ponía en riesgo, desproporcionadamente, el derecho de acción del demandante y, consiguientemente, sus posibles derechos sociales, como efectivamente sucedió. Esta fue la discusión que gravitó durante las instancias y fue denunciada por el demandante en el escrito de alzada cuando la decisión de primer grado le resultó adversa, motivo por el cual el ad quem estaba llamado a verificar con rigurosidad lo sucedido y es lo que en la sede extraordinaria compone el yerro que, con éxito, le es atribuido por la censura.
En lo que tiene que ver con la prevalencia del derecho sustancial sobre lo adjetivo o formal, la Corte Constitucional en providencia CC C-193 de 2016, precisó que:
Prevalencia del derecho sustancial sobre lo adjetivo o formal
35. De conformidad con lo estatuido en el artículo 228 de la Constitución Política, en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial, lo cual se explica por el carácter instrumental que tienen las normas de procedimiento en relación con aquel, pero ello no significa que las mismas carezcan de valor jurídico y social, pues precisamente gracias a ellas es posible lograr el cumplimiento del derecho fundamental al debido proceso y la efectividad de tal derecho sustancial, además que buscan privilegiar el acceso a la administración de justicia.
[…]
36. En efecto, como lo indicó la sentencia C-183 de 2007[37], la relevancia del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo que consagra el canon 228 Superior, resulta notable en la medida en que la interpretación que se haga de las normas procesales que consolidan el acceso a la justicia, en virtud de este principio, debe entenderse “en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley”.
[…]
38. Del anterior recuento la Corte concluye que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas refiere a que (i) la norma adjetiva debe buscar la garantía del derecho sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barrera de efectividad de éste; (ii) la regulación procesal debe propender por la realización de los derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de controversias sobre los mismos; y, (iii) el derecho adjetivo al cumplir una función instrumental que no es un fin en sí mismo, debe ceñirse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar para proteger las garantías fundamentales.
Ahora bien, sobre las cargas del demandante en la notificación del auto admisorio de la demanda a quienes son convocados a juicio y la aplicación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil –hoy artículo 94 del Código General del Proceso-, la Sala ha sostenido con anterioridad que la «oficiosidad laboral» en cabeza de los jueces laborales y el «poder-deber» en la dirección del proceso con la finalidad de dispensar pronta y cumplida justicia, no riñe ni se opone a la gratuidad de los trámites laborales, la diligencia y proactividad del promotor del litigio, a quien se le asignan válidamente cargas procesales que debe cumplir, como los actos de notificación.
Sin embargo, la gestión del pleito en cabeza del interesado en el mismo, no puede ser obstaculizada por directrices desproporcionadas de los jueces de instancia, y que terminan por afectar más derechos de los que se proponen proteger. Tal es el caso del sub lite, lo que concentra el error en que incurrió el Tribunal.
Esta Corporación de tiempo atrás ya había fijado su postura sobre el particular (CSJ SL, 15 mayo 2012, radicado 38504, CSJ SL4578-2014, CSJ SL8716-2014, CSJ SL3693-2017) y en reciente providencia reiteró lo ya considerado con antelación, cuando en sentencia CSJ SL21707-2017, dijo:
En lo fundamental, desde un escenario plenamente jurídico, la censura aduce que, en virtud del principio de gratuidad, la carga de la realización de la notificación del auto admisorio de la demanda le corresponde al juzgador de primer grado y que, por lo mismo, a la parte demandante no le pueden ser opuestos los efectos previstos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la interrupción oportuna de la prescripción.
En torno a dichas reflexiones, esta sala de la Corte ha precisado que a pesar de que los despachos judiciales son los encargados de adelantar el proceso ordinario laboral de manera eficaz y que, en términos generales, en el interior del mismo todas las actuaciones están sometidas al principio de gratuidad, las partes tienen ciertas cargas procesales que redundan en su propio beneficio, como es el caso de la notificación del auto admisorio de la demanda.
[…]
Pues bien, para resolver el punto en discusión es suficiente recordar que ya la Corte ha asentado el criterio de que si bien es cierto que a la administración de justicia laboral compete adelantar de manera diligente y oportuna el proceso, para de esa forma hacer cierta la finalidad de pronta y cumplida justicia, ejerciendo para ello el poder - deber de dirigirlo, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización procurando la mayor economía procesal, a través de lo que es dado en llamarse ‘oficiosidad procesal’; y que es regla procesal del derecho laboral la de la gratuidad de los actos procedimentales a que se refiere el artículo 39 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, también lo es que a las partes del proceso compete asumir ciertas cargas procesales, cuando quiera que sus resultados sólo obran en su propio beneficio o perjudican únicamente a quien elude asumirlas.
Tal el caso del trabamiento de la relación jurídico procesal que se impone como acto procesal necesario a efectos de garantizar el derecho de defensa y de contradicción de quien es convocado forzosamente al proceso y que, en principio, beneficia exclusivamente a quien funge como actor. Razón suficiente para entender que el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para la época, dispusiera que la presentación de la demandada tendría como efecto material, entre otros, la interrupción de la prescripción, siempre y cuando a la parte demandada se le notificara el auto admisorio de la demanda dentro de los 120 días siguientes a la notificación que, a su vez, de tal proveído se hiciera a la parte actora.
De suerte que, el beneficio material que para el actor podría constituir la presentación de la demanda, de interrumpir la prescripción, se vio condicionado a que se surtiera respecto del demandado la notificación del auto admisorio dentro de un específico término, de modo que, de no ocurrir ello, dicho beneficio se perdería, prosiguiendo así su decurso normal el término previsto para la prescripción de la acción.
En igual sentido, en la ya citada providencia CSJ SL3693-2017 la Corte reconoció, con remembranza de la sentencia CSJ SL, 18 febrero 1998, radicación 10166, reiterada en providencias CSJ SL8716-2014 y CSJ SL4578-2014, que «[…] la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción cuando la notificación del auto admisorio de la misma no se efectúa oportunamente, por negligencia del juzgado o por actividad elusiva del demandado», de manera que en el análisis fáctico de la regla contenida en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 94 del Código General del Proceso, ha de incluirse válidamente, la actuación del juzgado o demandado en los términos ya señalados, de cara a establecer si la dilación que padezca un determinado trámite judicial, puede ser atribuible al demandante.
En efecto, precisamente en la sentencia CSJ SL4578-2014, esta Corporación recordó que la aplicación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, hoy 91 del Código General del Proceso, «no se hace de forma automática, siempre que se pasen los 120 para la notificación del demandado», para lo cual se apoyó en la providencia CSJ SL, 12 febrero 2004, radicación 21062 y reiteró la importancia de lo dicho en la ya mencionada providencia CSJ SL, 18 febrero 1998, radicación 10166, de la siguiente forma:
Se desestima, entonces, el cargo, sin que ello impida, como lo recuerda el opositor, agregar que con relación a la aplicación del artículo 90 del código de procedimiento civil en sentencia del 18 de febrero de 1998, radicación 10166, esta Sala de la Corte expuso:
“(...) En lo relacionado con la segunda parte del cargo, esto es, la acusación sobre la forma como el ad quem interpretó el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil -que debe asumirse es el del texto original de ese estatuto procesal, atendida la fecha de presentación de la demanda-, en perspectivas de la tardanza en la notificación del auto admisorio de la demanda por morosidad atribuible al juzgado de primera instancia, encuentra la Corte que el juzgador de segundo grado no incurrió en las transgresiones hermenéuticas que se le endilgan, pues a partir de los supuestos fácticos que determinaron su decisión, los cuales no discute el impugnador, el entendimiento que le dio a tales normas atienden su genuino sentido y es armónica con los principios que informan el Derecho del Trabajo.
En efecto, en sentencias de julio 31 de 1991 (Rad. 4336) y mayo 15 de 1995 (Rad 7343), en los que se analizó un punto de similares características al presente, esta Corporación sentó el criterio que expone el ad quem respecto a los artículos 90 y 91 del código de procedimiento civil, que en lo concerniente a lo aquí discutido conserva semejanza con la reforma que a los mismos introdujo el decreto 2282 de 1989, y que es el siguiente:
“Entre los principios cardinales del proceso, a cuyo imperio han de contribuir por igual en todas sus actuaciones el juez, las partes y sus apoderados se encuentran en primerísimo lugar los de la lealtad, probidad y buena fe que ha de presidir todas las actuaciones judiciales, para cuyo eficaz cumplimiento su observancia, prevención y sanción se impusieron como específico deber al juez (art. 39, núm. 4 C.P.C), y a las partes y a sus apoderados, cual aparece en los artículos 71, numeral (es) 1 y 2, y 74 del C. de P.C.
“(…) Acorde con tales postulados éticos, recogidos como normas de obligatorio cumplimiento por la legislación positiva, observa esta Sala que la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción cuando la notificación del auto admisorio de la misma no se efectúa oportunamente por negligencia del Juzgado o por actividad elusiva del demandado, ya que repugna al ordenamiento jurídico que el actor que obra con rectitud y satisface las cargas procesales que sobre él pesan tenga, sin embargo, que soportar consecuencias jurídicas desfavorables por conductas reprochables a la incuria de funcionarios judiciales o a maniobras de la parte contraria, que, posteriormente, resultase beneficiada de su propia conducta contraria a derecho.
“Precisamente, en este mismo sentido, expresó la Corte, Sala de Casación Civil, que la sola interposición de la demanda no interrumpe la prescripción salvo que el retardo en notificar a éste (el demandado) no se deba a culpa del demandante (…) sino al demandado, por haber eludido esta, o al personal del Juzgado encargo (sic) de hacerla, casos en los cuales la interrupción se entiende consumada con la presentación de la demanda”.
“(…) Tiene igualmente por sentado esta Corporación, que en el proceso laboral, por aplicación supletiva de las normas contenidas en el C.P.C., ha de incorporarse en lo pertinente, el art. 90 de este Código, pero sin que ello signifique en manera alguna que los principios propios del derecho laboral se vean disminuidos o menguados pues dada su propia naturaleza son de orden público. En efecto, en sentencia de 23 de abril de 1985, expresó lo siguiente: De acuerdo con reciente jurisprudencia de la Sala el artículo 90 del Código de procedimiento Civil es aplicable en materia laboral, con apoyo en el artículo 145 del C. Procesal del Trabajo, pero sin que en los juicios del trabajo sea aplicable el condicionamiento previsto por esa norma procesal civil, en virtud del principio de la gratuidad (C.P.T. art. 39). En materia laboral, en consecuencia, una vez admitida la demanda se considera interrumpida la prescripción desde la fecha en que fue presentada (…)”
“En consecuencia, con fundamento en lo antes transcrito, para la Corporación el Tribunal no incurrió en la errónea interpretación que del artículo 90 del código procesal civil denuncia la censura en el cargo. Como tampoco es dable afirmar que dicho juzgador entendió equivocadamente el artículo 91 ibídem, pues, además, examinado el contenido del auto que decidió en segunda instancia el incidente de nulidad (flos 55 y 60 cuaderno 2), se colige que el mismo ciertamente abarca la notificación del auto admisorio de la demanda, pero por razones no adjudicables al demandante, motivo por el cual ante tal evento también es aplicable el razonamiento jurisprudencial expuesto en las sentencias antes referidas”.
Vale la pena llamar la atención por la Sala que si para el 17 de octubre de 2006 se tenía certeza por el a quo que había sido rehusado por el demandado el aviso de notificación tramitado por el demandante, era dable dar aplicación a las consecuencias previstas en el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por ser norma especial y expresa, lo que imponía la necesidad al juzgado de nombrarle un curador para la litis «con quien se continuara el proceso» y ordenar su emplazamiento por edicto. Para este trámite, el demandante contaba aún con varios meses antes de que el fenómeno prescriptivo operara el 31 de diciembre de 2007.
Sin embargo, lo que hizo el a quo y secundó el Tribunal -de allí su error-, fue nada menos que ordenar el 2 de mayo de 2007 nuevamente la realización de la notificación personal al demandado, echando en balde no sólo el trámite que ya para aquella fecha había realizado el demandante sino, además, desdiciendo de la realidad procesal que lo invitaba a reconocer que el citatorio original fue recibido sin protesta por la sociedad demandada y el aviso, expresamente, fue rehusado una vez conoció su contenido dado que el correo certificado dejó la constancia acerca de que una vez en el sitio, la misma persona que había recibido el citatorio de comparecencia para notificación personal, manifestando que tenía la orden «de no recibir». Esta actuación procesal a instancias de los falladores de instancia, terminó por favorecer a quien menospreció el llamado de la justicia.
De esta forma, se configuró el yerro del Tribunal advertido por la censura, dado que tuvo por prescrita la acción promovida por el demandante con amparo en la aplicación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 94 del Código General del Proceso, sin detenerse en preguntarse si la presunta negligencia del demandante en la gestión de la litis verdaderamente fue ocasionada por las órdenes imprecisas del a quo frente a las cuales el promotor del litigio no tenía otra alternativa sino obedecer.
Importa resaltar por la Sala que aplicar automáticamente la regla de la ineficacia de la interrupción de la prescripción del citado artículo 90 del Código de Procedimiento Civil como lo hizo el ad quem, sin miramiento alguno a la gestión del actor, como se dijo, supuso premiar al renuente a comparecer a la justicia. Lo que sucedió en el asunto bajo examen, lleva por consecuencia que quien rehusó insistentemente la comparecencia al proceso, resultó favorecido por el paso del tiempo que él mismo ocasionó con las maniobras reticentes a ejercer su derecho a la defensa y contradicción en el marco del proceso judicial al que intentaba ser convocado. Aquel actuar y la mentada consecuencia, desde luego, no pueden ser convalidados bajo el presunto cobijo del derecho procedimental pero en perjuicio de la materialidad del derecho sustancial.
Por las razones expuestas, el cargo formulado tiene vocación de prosperidad.
Sin costas en el recurso extraordinario dado que la acusación salió avante.
SENTENCIA DE INSTANCIA
Las mismas consideraciones que sirvieron de base para casar la sentencia impugnada en la forma como quedó dicho, son procedentes para fundar la decisión en instancia, lo que se traduce específicamente en tener por no configurada la excepción de prescripción que propuso la sociedad demandada a través de curador ad litem y por ende, resolver de fondo sobre las pretensiones de la demanda, conforme lo establecido en el artículo 30 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el ya citado artículo 91 del Código General del Proceso.
Pues bien, recuerda la Sala que las peticiones elevadas por el actor en la demanda inicial se contraen al reconocimiento de un contrato de trabajo entre las partes que estuvo vigente entre el 24 de febrero de 2003 y el 24 de diciembre del mismo año. En consecuencia, solicitó el pago de todas las prestaciones sociales, acreencias laborales insolutas y sanciones legales por este período. Adicionalmente solicitó el pago de los salarios dejados de pagar por los meses de octubre y noviembre de 2004 y las prestaciones sociales, las vacaciones y las indemnizaciones causadas entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre del mismo año.
Comienza la Sala por advertir que respecto de los jugadores vinculados a clubes profesionales de fútbol, la Corte con anterioridad ha recordado que al no existir en el Código Sustantivo de Trabajo una regulación específica en punto a la vinculación laboral de los jugadores de fútbol a los clubes profesionales, imperiosamente se ha tenido que acudir a las normas generales de ese compendio (CSJ SL103-2019).
Así lo ha recordado la Corte en múltiples oportunidades, baste para ello citar la sentencia CSJ SL, 12 junio 1990, radicado 3751, en la que al efecto se dijo:
En el Código Sustantivo del Trabajo no existen regulaciones especiales atinentes al contrato de trabajo de lo jugadores profesionales de futbol, de forma que el vínculo laboral de estos trabajadores ha de seguirse por las normas generales previstas en dicho estatuto.
En el mismo sentido, en la providencia ya citada (CSJ SL103-2019) se dijo que el hecho de que el legislador o el Gobierno nacional se hubiesen ocupado de regular aspectos específicos de la práctica deportiva con posterioridad a la entrada en vigor del Código Sustantivo del Trabajo, como lo hizo precisamente al dictar la Ley 181 de 1995, no significa que los jugadores de fútbol estuvieran desprotegidos frente a las vinculaciones subordinadas que realmente los unía a un determinado equipo de fútbol, pues con ello, lo único que ha intentado hacer el legislador es proteger a los deportistas profesionales en aspectos que, escapan a la regulación general del ordenamiento sustantivo laboral. Otras providencias que se han ocupado de las incidencias laborales de esta clase de prestación de servicios, han sido, entre otras más, las sentencias CSJ SL3896-2018, CSJ SL2852-2018 y CSJ SL12220-2017.
Particularmente, en la providencia CSJ SL1437-2018, esta Corporación sentó:
Desde este ángulo, el objeto de las asociaciones o corporaciones deportivas profesionales no se agota en su función social de fomento, promoción y práctica del deporte, pues también desarrollan una función económica, que los caracteriza como verdaderas empresas. Y si ello es así, el poder de dirección del club se manifiesta en distintas direcciones, por un lado, en la posibilidad de dar instrucciones respecto al entrenamiento, formación, cuidado físico y asistencia a torneos, ligas o competiciones organizadas por los entes deportivos y, por otro, en la capacidad de dar órdenes en cuanto al uso de prendas, uniformes, emblemas, distintivos y propagandas.
De lo anotado, resulta pertinente resaltar que la actividad futbolística resulta ser compleja en la medida que no solo es un espectáculo y una fuente de ingresos para quienes la toman como profesión, sino que igualmente se constituyen como una renta a favor de las personas jurídicas o sociedades que a ella se dedican; así, no puede desconocerse que alrededor del balompié surgen varias relaciones contractuales, entre ellas las que interesan directamente a quien ejerce dicho deporte como profesión, la cual, sin lugar a dudas, es de estirpe laboral en tanto el jugador se subordina frente al club que lo contrata para que se desempeñe como futbolista a cambio de una determinada suma de dinero.
Por lo tanto, no cabe duda que a estos trabajadores se les deben reconocer y otorgar todos los derechos derivados de la relación de trabajo, respetando sus garantías mínimas, sin que, valiéndose de la naturaleza de la labor, se puedan realizar pactos de exclusión salarial por partidos o torneos, pues estos constituyen ingresos que efectivamente remuneran los servicios como deportista de alta competencia (subrayas y negrilla fuera de texto).
En claro lo anterior, se encuentra en el plenario una certificación de la sociedad demandada, a favor del demandante, dirigido a una autoridad diplomática en el país en la que certifica que el actor «[…] está vinculado con esta empresa desde el 26 de abril de 2002, con un contrato a término fijo hasta el 20 de diciembre de 2006, desempeñándose como JUGADOR PROFESIONAL, devengando un salario mensual de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000.oo) M/CTE».
Ab initio, esta probanza no rechazada ni desconocida por la empresa demandada, resulta para la Sala demostrativa no sólo del servicio personal prestado por el trabajador a favor de la pasiva sino, además, los períodos en los que ésta tuvo lugar. De esta manera, y teniendo en cuenta que los extremos laborales pretendidos por el actor en la demanda se encuentran cobijados dentro del lapso que reconoció la sociedad demandada a través del documento en mención, para la Sala no queda duda que la relación personal de servicio que reclama el demandante se dio, al menos, entre el 24 de febrero y el 24 de diciembre de 2003 y entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2004, todo lo cual resulta consonante con la literalidad de sus pretensiones.
En el mismo sentido, además, se pronunciaron los testigos que comparecieron al juicio, el primero de los cuales, Gustavo Adolfo Quijano Africano, atinó a mencionar que fueron compañeros en la sociedad demandada entre 2003 y 2005, vinculados a través de un contrato de trabajo a término fijo que «generalmente se renovaba anualmente» y estaban bajo las órdenes de varios niveles jerárquicos, dado que dijo: «[…] teníamos al técnico, luego gerente, luego presidente y de todos recibíamos órdenes, todo el tiempo estábamos con el técnico, pero si el presidente ordenaba algo, tocaba cumplirlo». En relación con el salario, el deponente dijo que el actor «ganaba como $1.300.000 mensual» y para el año 2004, señaló que «[…] Álex y yo estábamos en un rango de $2.500.000 y los otros compañeros ganaban lo mismo, en el 2003 subimos de categoría y subieron los sueldos, estábamos en 2 división y pasamos a 1».
Por su parte, Adelmo Vallecilla Vargas confirmó lo dicho por el testigo citado y además, precisó que,
Cada año se hacía un contrato, fueron contratos laborales que al señor LOZADA de ese año no se le pagó ni un peso haciendo un convenio para el pago de esa plata que creo que eran $8.000.000 de pesos sin las prestaciones laborales, ya el 2004 se ganaba $2.500.000 con el contrato de Enero a Diciembre pero le adeudaban desde Octubre a Noviembre que es que duró el equipo además sin prestaciones sociales.
Ahora bien, reposa en el plenario un «contrato de prestación de servicios» suscrito entre las partes el 24 de febrero de 2003, cuya duración sería «[…] hasta el final de la participación del torneo de la Primera B», con el objeto de «[…] la prestación de servicios profesionales como JUGADOR del equipo de la Primera B del Club y al servicio único y exclusivo del contratante». El citado contrato expresamente contempló una cláusula en la que se estipuló que «[…] queda claramente (sic) que no existirá relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente contrato».
La Sala considera que, a pesar de las estipulaciones contractuales en cita, resulta evidente con la ponderación de las demás pruebas del expediente que el vínculo que unió al demandante con la sociedad demandada no fue otro que uno de carácter laboral, con arreglo a las probanzas que fueron descritas con antelación. Ciertamente, el contrato en mención a la luz del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades no permite evidenciar que la actividad como jugador profesional de fútbol por parte del actor fuera una labor independiente y autónoma, menos aun cuando el mismo texto del contrato presuntamente de prestación de servicios contempla, además, la aclaración que el objeto contractual se debería ejecutar «[…] bajo las órdenes y directrices establecidas por el club a través de sus distintos órganos de dirección y control», todo lo cual es coincidente con el dicho de los testigos escuchados en juicio.
De esta manera, el contrato de prestación de servicios profesionales no sólo no desvirtúa la presunción de existencia del vínculo laboral prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo una vez quedó acreditada la prestación del servicio del demandante, sino que, en adición a ello, las cláusulas que limitaron la autonomía e independencia del aparente contratista resultan indicativas del interés de la sociedad demandada en disfrazar lo que era una auténtica relación de trabajo.
Así las cosas, la Sala procederá a reconocer la existencia de una relación laboral entre las partes entre el 24 de febrero y el 24 de diciembre de 2003 y entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2004, con la asignación de un salario equivalente a $1.300.000 para el año 2003 y $2.500.000 para el año 2004, con arreglo a los documentos aportados al expediente y cuyo contenido fue ratificado por los testigos Quijano y Vallecilla. De otro lado, el documento denominado «ACUERDO DE PAGO DE SALARIOS» en la medida en que no se encuentra suscrito por representante alguno de la sociedad demandada y no puede ser atribuido a ésta por otra vía, no merece capacidad probatoria para la Sala.
1. Salarios insolutos
Las pretensiones de la demanda fueron precisas en solicitar el pago de salarios insolutos entre el 24 de febrero de 2003 y el 24 de diciembre del mismo año, así como por los meses de octubre y noviembre de 2004. Ante la inexistencia de prueba demostrativa de su pago a favor del demandante, es procedente la condena por los citados conceptos.
De esta forma, entre el 24 de febrero y el 24 de diciembre de 2003, se condenará a la sociedad demandada al pago de $11.743.333,33 por concepto de salarios insolutos. Para el año 2004, habida consideración de la misma ausencia de demostración de pago, se condenará a la pasiva al pago de $5.000.000 equivalente a los meses de octubre y noviembre de aquel año.
2. Auxilio de cesantías
Sabido es que el auxilio de cesantías con arreglo a lo previsto en la Ley 50 de 1990 debe ser liquidado de forma anual cada 31 de diciembre y el saldo debe ser consignado por el empleador a más tardar el 14 de febrero del año inmediatamente siguiente, en un fondo destinado para ello. En el plenario se evidencia que ningún reconocimiento de cesantías se hizo a favor del demandante.
En razón a ello, se ordenará el reconocimiento y pago a favor del demandante de la suma de $978.611 equivalente al auxilio de cesantías causado proporcionalmente entre el 24 de febrero de 2003 y el 24 de diciembre del mismo año, a razón de un salario que ascendió a $1.300.000.
Para el año 2004, se condenará al pago de $2.500.000 comoquiera que según las voces del artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, este auxilio corresponde a un mes de salario por cada año de servicio y el reconocimiento que por virtud de esta providencia se hace, implica el servicio durante todo el año 2004.
3. Intereses sobre las cesantías
De conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el trabajador tiene derecho al reconocimiento del 9% de interés proporcional sobre las cesantías del año 2003, equivalentes a $88.075.
Para el año 2004, a razón del 12% sobre el saldo de cesantías por esta anualidad, se condenará al pago de $300.000.
4. Primas de servicio
Habrá de condenarse al reconocimiento de las primas de servicios causadas entre el 24 de febrero y el 24 de diciembre de 2003 y durante el año 2004, dada la ausencia de su demostración de pago. Así las cosas, la prima de servicio causada entre el 24 de febrero de 2003 y el 30 de junio del mismo año, asciende a la suma de $458.611. Por su parte, aquella causada entre el 1º de julio y el 24 de diciembre del mismo año, equivale a $628.333.
Respecto del año 2004, en tanto el servicio fue prestado de forma ininterrumpida según quedó evidenciado con antelación, la prima correspondiente al primer semestre será de $1.250.000 y la del segundo semestre se condenará por igual valor, esto es, $1.250.000.
5. Prima de navidad
Habiendo sido solicitada condena por concepto de prima de navidad en el escrito de la demanda inicial, basta por decir a la Sala que no resulta procedente el reconocimiento de monto alguno a este respecto comoquiera que, la prima de navidad no se encuentra consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo como acreencia laboral mínima en favor de los trabajadores del sector privado y en el sub lite no se acreditó origen extralegal por el cual fuera preciso otorgar prosperidad a este pedimento.
6. Vacaciones insolutas
Ante la ausencia de demostración en el pago de las vacaciones causadas durante la vigencia de la relación de trabajo aquí reconocida, se condenará por el año 2003 al reconocimiento de 11,29 días insolutos de vacaciones, que al tenor de un salario diario de $43.333,33 equivalen a $489.233,33.
Por el año 2004, le corresponden al demandante 15 días de vacaciones a razón de $83.333,33, para un valor total de $1.250.000.
7. Indemnización por no pago oportuno de intereses a las cesantías
El numeral 3º del artículo 1º de la ley 52 de 1975 establece con claridad que «Si el patrono no pagare al trabajador los intereses aquí establecidos, salvo los casos de retención autorizados por la Ley o convenidos por las partes, deberá cancelar al asalariado a título de indemnización y por una sola vez un valor adicional igual al de los intereses causados».
Por lo anterior, y ante la ausencia de acreditación de los intereses sobre las cesantías por los años 2003 y 2004, se ordenará el pago de la suma total de $388.075.
8. Indemnización por no consignación de auxilio de cesantías a un fondo previsto para ello
El numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 consagra la obligación especial del empleador correspondiente a la consignación del valor liquidado por concepto de cesantía «[…] antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija». A renglón seguido, estipula que «[…] el empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo».
En el sub lite resulta evidente que la mencionada sanción al empleador no se causa comoquiera que la relación de trabajo reconocida tanto para el año 2003 como para el año 2004 finalizó antes del nacimiento de la obligación legal de consignación de las cesantías a un fondo especializado. Ello es así en tanto la primera relación laboral reconocida finiquitó el 24 de diciembre de 2003 y la segunda, el 31 de diciembre de 2004. De esta forma, ninguna de estas se encontraba vigente al momento de la obligación de consignación de cesantías en un fondo, motivo por el cual no es dable imponer sanción alguna al empleador por este concepto.
9. Indemnización por no pago de salarios y prestaciones sociales
Ya tiene dicho esta Corporación de tiempo atrás que las condenas por las indemnizaciones derivadas de los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, no son automáticas y para su aplicación el juez debe analizar si la conducta del demandado permite comprobar que su actuación fue de buena fe y ajena a la intención de causar daño al trabajador (CSJ SL6621-2017; CSJ SL8216-2016; CSJ SL13050-2017; CSJ SL13050-2017; CSJ SL13442-2017 y CSJ STL10313-2017).
También de tiempo atrás (CSJ SL21922-2017, CSJ SL662-2013, CSJ SL21682-2017, CSJ SL14152-2017 y SL10414-2016) la Corte ha sentado que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmación del demandado de creer estar actuando conforme a derecho, pues, en todo caso, es indispensable la verificación de «[…] otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado; vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción» (CSJ SL9641-2014). Sin embargo, ello no supone a contrario sensu que exista una suerte de presunción de la mala fe del empleador, lo que resulta por completo contrario a los postulados del artículo 86 de la Constitución Política.
Con base en el expediente, resulta claro para la Sala que la actitud del empleador demandado está revestida efectivamente de una actitud displicente con los derechos laborales causados a favor del trabajador en virtud de la prestación de su servicio personal. Esta censurable conducta permite, entonces, que las Sala le atribuya a la pasiva la mala fe que el entendimiento del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo impone para la materialización de la sanción allí prevista.
Por lo visto, el empleador deberá reconocer una suma diaria igual a $83.333,33 por cada día de retardo hasta por 24 meses, vencidos los cuales deberá pagar al trabajador los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera sobre el saldo adeudado respecto de prestaciones sociales, hasta cuando el pago se verifique.
10. Excepciones
Por las mismas razones expuestas y resultas del proceso, resultan imprósperas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido formuladas por la sociedad demandada a través de curador ad lítem.
Ninguna de las acreencias laborales causadas en la relación de trabajo reconocida entre el 24 de febrero y el 24 de diciembre de 2003 y entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2004 se encuentra cobijada bajo el fenómeno de la prescripción comoquiera que la demanda fue presentada ante la jurisdicción el 24 de febrero de 2006.
En efecto, la exigibilidad de los salarios insolutos y primas de servicio pretendidos comenzó, precisamente, el 24 de febrero de 2003. A su turno, la de los intereses sobre las cesantías y la sanción legal por su impago principió el 31 de enero de 2004 y las vacaciones no pagadas, el 24 de febrero del mismo año. En el mismo sentido, sabido es que las cesantías son exigibles al momento en que la relación de trabajo finaliza dado que es el único momento en el que el trabajador puede disponer libre y autónomamente de su saldo, lo que coincide también con la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, motivo por el cual no están estas acreencias sujetas a la prescripción excepcionada.
11. Indexación
Ya ha tenido la Sala la oportunidad de indicar (CSJ SL928-2019) que la indexación de las sumas de dinero se ha concebido como la solución para enfrentar el fenómeno que padece la economía, consistente en la pérdida del poder adquisitivo que sufre la moneda con el pasar del tiempo. Su propósito ha sido, entonces, el de actualizar la base salarial, desde el momento en que se causa y/o reconoce el derecho, hasta la data en que efectivamente se produzca el pago de la prestación reclamada.
Bajo esos términos, y en este preciso escenario, se entiende que la indexación es procedente, únicamente, en los casos en que, para otorgar una prestación o acreencia laboral, se deba tomar una base salarial histórica, es decir, cuando para el cálculo o liquidación del derecho, sea imperante tener en cuenta sumas de dinero que se debieron cancelar en tiempo anterior, debido a que es en estas condiciones que tiene ocurrencia el fenómeno de la devaluación monetaria y, por ello, esos valores de años atrás deben ser traídos al valor actual.
En el mismo sentido y por perseguir iguales fines de compensación por pérdida del valor adquisitivo del dinero, la indexación naturalmente incompatible con otros mecanismos de actualización o corrección monetaria como los intereses por mora o la indemnización por no pago de salarios y prestaciones sociales según el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando sea aplicable (CSJ SL713-2019). En este sentido, y habida consideración de la condena por la citada sanción moratoria, deberán ser indexadas únicamente las sumas reconocidas en virtud de esta providencia al momento de su pago, a título de vacaciones insolutas e indemnización por no pago oportuno de los intereses sobre las cesantías.
Las costas por las instancias correrán a cargo de la parte vencida en juicio.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Laboral de Descongestión, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALEXANDER LOZADA MOSQUERA contra la sociedad DEPORTIVO BOGOTÁ CHICO FÚTBOL CLUB S.A.
En sede de instancia, la Sala resuelve:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá D.C el 27 de julio de 2012.
SEGUNDO: DECLARAR la existencia de una relación de trabajo entre ALEXANDER LOZADA MOSQUERA y la SOCIEDAD DEPORTIVO BOGOTÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB S.A. –CHICÓ F.C.-, que estuvo vigente entre el 24 de febrero y el 24 de diciembre de 2003 y entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2004.
TERCERO: CONDENAR a la sociedad demandada Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club S.A. –Chicó F.C.- a reconocer y pagar a favor del trabajador Alexander Lozada Mosquera, la suma equivalente a $11.743.333,33, por concepto de salarios insolutos por el año 2003.
CUARTO: CONDENAR a la sociedad demandada Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club S.A. –Chicó F.C.- a reconocer y pagar a favor del trabajador Alexander Lozada Mosquera, la suma equivalente a $5.000.000, por concepto de salarios insolutos por el año 2004.
QUINTO: CONDENAR a la sociedad demandada Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club S.A. –Chicó F.C.- a reconocer y pagar a favor del trabajador Alexander Lozada Mosquera, la suma equivalente a $978.611, por concepto de auxilio de cesantías por el año 2003.
SEXTO: CONDENAR a la sociedad demandada Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club S.A. –Chicó F.C.- a reconocer y pagar a favor del trabajador Alexander Lozada Mosquera, la suma equivalente a $2.500.000, por concepto de auxilio de cesantías por el año 2004.
SÉPTIMO: CONDENAR a la sociedad demandada Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club S.A. –Chicó F.C.- a reconocer y pagar a favor del trabajador Alexander Lozada Mosquera, la suma equivalente a $88.075, por concepto de intereses sobre las cesantías por el año 2003.
OCTAVO: CONDENAR a la sociedad demandada Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club S.A. –Chicó F.C.- a reconocer y pagar a favor del trabajador Alexander Lozada Mosquera, la suma equivalente a $300.000, por concepto de intereses sobre las cesantías por el año 2004.
NOVENO: CONDENAR a la sociedad demandada Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club S.A. –Chicó F.C.- a reconocer y pagar a favor del trabajador Alexander Lozada Mosquera, la suma equivalente a $458.611, por concepto de prima de servicio por el primer semestre del año 2003.
DÉCIMO: CONDENAR a la sociedad demandada Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club S.A. –Chicó F.C.- a reconocer y pagar a favor del trabajador Alexander Lozada Mosquera, la suma equivalente a $628.333, por concepto de prima de servicio por el segundo semestre del año 2003.
DÉCIMO PRIMERO: CONDENAR a la sociedad demandada Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club S.A. –Chicó F.C.- a reconocer y pagar a favor del trabajador Alexander Lozada Mosquera, la suma equivalente a $1.250.000, por concepto de prima de servicio por el primer semestre del año 2004.
DÉCIMO SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad demandada Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club S.A. –Chicó F.C.- a reconocer y pagar a favor del trabajador Alexander Lozada Mosquera, la suma equivalente a $1.250.000, por concepto de prima de servicio por el segundo semestre del año 2004.
DÉCIMO TERCERO: CONDENAR a la sociedad demandada Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club S.A. –Chicó F.C.- a reconocer y pagar a favor del trabajador Alexander Lozada Mosquera, la suma equivalente a $1.739.233, por concepto de vacaciones insolutas, que deberá pagarse de forma indexada desde el 1º de enero de 2005 y hasta que se realice el pago efectivo.
DÉCIMO CUARTO: CONDENAR a la sociedad demandada Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club S.A. –Chicó F.C.- a reconocer y pagar a favor del trabajador Alexander Lozada Mosquera, la suma equivalente a $388.075, por concepto de indemnización por no pago oportuno de los intereses sobre las cesantías, que deberá pagarse de forma indexada desde el 1º de enero de 2005 y hasta que se realice el pago efectivo.
DÉCIMO QUINTO: CONDENAR a la sociedad demandada Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club S.A. –Chicó F.C.- a reconocer y pagar a favor del trabajador Alexander Lozada Mosquera, a título de indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, una suma diaria igual a $83.333,33 por cada día de retardo hasta por 24 meses, vencidos los cuales deberá pagar al trabajador los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera sobre el saldo adeudado respecto de prestaciones sociales, hasta cuando el pago se verifique.
Costas en las instancias como quedó dicho en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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