RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL330-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL330-2023

Fecha
8 de febrero de 2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL330-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

XII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 15 de octubre de 2020 por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por PRÓSPERO MUÑOZ CIFUENTES y LUCY AMPARO SEPÚLVEDA GRAJALES contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. Costas como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL330-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

8 de febrero de 2023

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL330-2023

Radicación n.°93304

Acta 4

Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por PRÓSPERO MUÑOZ CIFUENTES y LUCY AMPARO SEPÚLVEDA GRAJALES contra la sentencia proferida 15 de octubre de 2020 por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cali, en el proceso que los recurrentes instauraron en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.

AUTO

Téngase a la firma Soluciones Jurídicas de la Costa S.A.S., identificada con NIT 900.616.392-1, como apoderada de la parte opositora de conformidad con el artículo 75 del CGP, en los términos y para los efectos del poder general, otorgado mediante la Escritura Pública visible en el cuaderno de la Corte del expediente digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES

Próspero Muñoz Cifuentes y Lucy Amparo Sepúlveda Grajales, instauraron proceso ordinario con el fin de que se ordenara a la entidad de seguridad social demandada el reconocimiento y pago de la pensión familiar de que trata la Ley 1580 de 2012, a partir del cumplimiento de los 60 años de edad por el señor Muñoz Cifuentes, es decir, desde el 12 de febrero de 2012; los intereses moratorios o la indexación. Subsidiariamente, solicita la pensión de vejez a favor del mencionado como beneficiario del régimen de transición, costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: ambos están afiliados al sistema general de pensiones en el Régimen de Prima Media que administra Colpensiones; conviven como cónyuges desde el año 1977 a la actualidad; suman más de 1000 semanas de cotizaciones y se encuentran en el Sisbén con 71 puntos, pertenecientes al nivel II.

Colpensiones, al dar respuesta al escrito generatriz, se opuso al éxito de las pretensiones, por cuanto no se reúnen los requisitos para acceder a la prestación solicitada. Admitió los hechos que constan documentalmente y negó los restantes. En su defensa, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales para reconocimiento de la prestación, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios y la indexación; ausencia de causa para pedir, buena fe, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 29 de noviembre de 2018, absolvió a la demandada de todas las pretensiones y condenó en costas a la parte vencida en juicio.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cali, al resolver en grado jurisdiccional de consulta, mediante providencia del 15 de octubre de 2020, confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia y no condenó en costas.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado se remitió a lo dispuesto en la Ley 1580 de 2012 que creó la pensión familiar, cuyo artículo 3º establece los requisitos de la misma, en concordancia con el artículo 2 del Decreto 288 de 2014. Acto seguido, verificó que los demandantes se encontraban afiliados al RPM al momento de radicar la solicitud pensional y ambos cónyuges cumplen los requisitos para acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pues arribaron a la edad pensional en el año 2007 y 2012, respectivamente, y no tenían las semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez. Se acreditó también la convivencia de los citados desde el 5 de febrero de 1977, cuando contrajeron matrimonio, sin que se hubieran separado. Corroboró, igualmente, que se encontraban clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisbén al momento del cumplimiento de la edad.

No obstante lo anterior, al verificar el número de semanas sumadas entre los cónyuges encontró que contaban con 1212.86 (941.86+271), según el conteo realizado por esa Corporación, pues para la fecha del cumplimiento de los 60 años de edad por el señor Muñoz, el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 exigía un total de 1225 semanas como mínimo y añadió:

[…]a pesar que el demandante continuó efectuando cotizaciones hasta el año 2014, la pareja no logra cumplir con la densidad de semanas mínima exigida por al Ley 1580/2012, pues para esa data se requerían 1.275 semanas y los actores sumaban apenas 1.273,43, incluso de haber arribado a las 1.275, se debe señalar que tampoco habría lugar al reconocimiento de la pensión, por cuanto la norma requiere que cada uno de los cónyuges haya cotizado a los 45 años de edad el 25% de las semanas requeridas, es decir 318 semanas y la señora Sepúlveda solo cuenta con 271 en toda su vida laboral.

Con respecto a la pretensión subsidiaria, esto es, el reconocimiento de la pensión de vejez al señor Próspero Muñoz Sepúlveda, señaló que:

[…]aunque en principio es beneficiario del régimen de transición, establecido en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 01 de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, no cumplió con la densidad mínima de 750 semanas establecidas en el AL. 01/05 para extender el beneficio transicional hasta diciembre de 2014, pues para el 25 de julio de 2005 solo contaba con 724.43, por lo que conforme a la posición mayoritaria de esta Sala, el régimen de transición en su caso tuvo como límite temporal el 31 de julio de 2010 (PT 4º ART. 1º AL 01/05), fecha para la cual no había arribado a los 60 años de edad; por tanto, para acceder a la pensión de vejez debe acreditar los requisitos contemplados en el artículo 33 de la Ley 100/93 con la modificación introducida por la Ley 797/03, encontrándose que la edad la cumplió el 12/05/2012, para esa fecha debía contar con 1.225 semanas, sin embargo solo acredita 941.86 y pese a que efectuó cotizaciones hasta el 2014, solo cuenta con 1.002.43 semanas en toda su vida laboral, mientras la norma para esa data exige una densidad de 1.300 semanas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada y, en sede de instancia, se reconozca el derecho pensional a los accionantes y se condene al pago de la pensión familiar, junto con el retroactivo pensional, intereses moratorios y/o indexación y las costas.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se proceden a resolver.

VI. PRIMER CARGO

Acusa la sentencia de violar la ley sustancial, por la vía directa por interpretación errónea del artículo 3.° de la Ley 1580 de 2012 y 2.° del Decreto 288 de 2014 «en cuanto a los requisitos para obtener la pensión familiar; ya que para efectos del cálculo del 25% de cotizaciones debe tenerse en cuenta las normas más favorables de los beneficiarios del régimen de transición».

Se duele la censura de no haber tenido en cuenta que los demandantes son beneficiarios del régimen de transición por lo que tienen expectativas legítimas.

VII. OPOSICIÓN

En cuanto al primer cargo, sostiene que se enuncia de manera ambigua y genérica sin demostrar las razones por las cuales debería prosperar. En todo caso considera que las normas invocadas fueron interpretadas de manera correcta, por lo que no hay violación alguna.

VIII. CONSIDERACIONES

Aun cuando el cargo efectivamente no es un modelo, pues su desarrollo resulta lacónico y no realiza una adecuada confrontación de la sentencia con la norma invocada, es posible realizar un ejercicio de interpretación de la demanda y flexibilización del recurso, a fin de derivar que lo pretendido no es otra cosa que se otorgue la pensión familiar con los requisitos del régimen de transición, de manera tal que acredita el 25% de semanas requeridas para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez a los 45 años de edad, que es a lo que procederá la Sala a estudiar.

El Tribunal tuvo como fundamento de su decisión que los actores no reunieron los requisitos contemplados en el artículo 3 de la Ley 1580 de 2012 y 2 del Decreto 288 de 2014, pues la suma de semanas cotizadas entre los mencionados solo alcanzó 1.212, cuando han debido contar con un mínimo de 1.225, en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el o de la Ley 797 de 2003 vigente para la fecha en la que el actor cumplió 60 años de edad. Que aun cuando el señor Muñoz siguió cotizando hasta el año 2014, tampoco suman a esa data con el número mínimo pues debiendo contar con 1.275 reunieron 1.273,43 y añadió que: «incluso de haber arribado a las 1.275, se debe señalar que tampoco habría lugar al reconocimiento de la pensión, por cuanto la norma requiere que cada uno de los cónyuges haya cotizado a los 45 años de edad el 25% de las semanas requeridas, es decir 318 semanas y la señora Sepúlveda solo cuenta con 271 en toda su vida laboral».

El recurrente expone que para el cálculo del 25% de las semanas requeridas se debe tener en cuenta que los promotores de la acción se encuentran en régimen de transición.

Dado que el cargo se dirige por la vía directa, no se encuentran en discusión los fundamentos fácticos de los que se valió el Juez Plural para decidir la controversia, esto es: que el demandante Próspero Muñoz Cifuentes tenía cotizadas 724.43 semanas para el 25 de julio de 2005, 941.86 semanas al año 2012 y 1.002.43 en toda la vida laboral; y que Lucy Amparo Sepúlveda Grajales, su cónyuge acreditó un total de 271.00 semanas en su historia laboral.

Cabe recordar que la pensión familiar se encuentra consagrada en la Ley 1580 de 2012, cuyo artículo 1.°, que introdujo el 151A a la Ley 100 de 1993, la define como la suma de esfuerzos de cotización o aportes de cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes, cuyo resultado permita el cumplimiento de los requisitos establecidos para la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida o régimen de ahorro individual de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993. Los requisitos para acceder a dicha prestación en el RPM se encuentran regulados en el artículo 3.° de la primera ley mencionada, y en el 2.° del Decreto 288 de 2014.

El literal c) del artículo 3 de la Ley 1580 de 2012 prevé como requisito para la obtención de la pensión familiar en el régimen de prima media con prestación definida lo siguiente:

c) En el evento de que uno de los cónyuges o compañeros permanentes se encuentre cobijado por el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la pensión familiar no se determinará conforme a los criterios fijados en ese mismo artículo;

Lo que se ve corroborado con el literal c) del artículo 2.° del Decreto 288 de 2014, del tenor siguiente:

c) Sumar entre los dos como mínimo, el número de semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión de vejez conforme a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993;

Queda claro, entonces, que la circunstancia de que uno de los cónyuges o compañeros se encuentre cobijado por el régimen de transición, no permite que los requisitos para acceder a la pensión familiar puedan determinarse conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino que, por la regulación especial ya mencionada, éstos se deben verificar con sujeción a lo previsto en el canon 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el 33 de la ley general de pensiones.

Al respecto en la sentencia CSJ SL4487-2021, la Corte dijo:

5. Ahora bien, desde la perspectiva de lo jurídico, la invocación que hizo la censura del régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993, para efectos de que se le aplicara el parámetro de las 1000 semanas previsto en el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990 del ISS para causar la pensión de vejez y se le reconociera la pensión familiar de la Ley 1580 de 2012, corresponde decir que la censura no tiene razón, por lo siguiente:

El régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 fue previsto como una excepción a la pensión de vejez que reguló la misma Ley 100 de 1993, cuya vigencia fue limitada por el Par. Trans. 4 del AL 01 de 2005, donde se dijo que esta transición no podía extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para los del régimen de prima media que tengan 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicio, al inicio de la vigencia de ese AL, a quienes se les mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2014.

Al regular los requisitos para la pensión familiar del régimen de prima media, en el art. 3 de la Ley 1580 de 2012, el propio legislador previó expresamente que el régimen de transición no era aplicable para determinar la pensión familiar, pues señaló: c) En el evento de que uno de los cónyuges o compañeros permanentes se encuentre cobijado por el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la pensión familiar no se determinará conforme a los criterios fijados en ese mismo artículo.

En consecuencia, dada las particularidades de la pensión familiar, los criterios para su reconocimiento, entre ellos, el número de semanas requeridas a ser acumuladas por los cónyuges o compañeros permanentes será el exigible por la Ley 100 de 1993 con sus reformas, como quedó desde un principio establecido en el art. 1 de la Ley 1580 de 2012.

Por lo tanto, el juez de la alzada tuvo razón cuando estimó inadmisible la aplicación del art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, por considerar que la Ley 1580 de 2012, reglamentada por el Decreto 288 de 2014, expresamente remite a las exigencias contempladas por la Ley 100 de 1993 modificada por la 797 de 2003, para acceder a la pensión de vejez. Lo cual, como quedó expuesto, comparte plenamente la Sala. En ese orden, la acusación de la violación del Acuerdo 049 de 1990 también resulta sin fundamento.

Lo anteriormente expuesto es suficiente para concluir, a riesgo de fatigar, que aun en el evento en que uno de los cónyuges sea beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los requisitos contemplados para la pensión familiar son aquellos previstos en la Ley 1580 de 2012 y en el Decreto 288 de 2014, es decir, en el caso del número de semanas mínimas, los establecidos para la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, esto es, en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el 33 de la Ley 100 de 1993.

Las razones anotadas resultan suficientes para concluir que ningún yerro incurrió el tribunal al negar la prestación económica solicitada y, como consecuencia, a despachar desfavorablemente el embate.

IX. SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia de segundo grado, por violación directa de la ley sustancial, por interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005, «en cuanto a quiénes y en qué circunstancias se accede al régimen de transición, respecto a la denegación de la petición subsidiaria de reconocimiento de pensión de vejez dentro del régimen de transición».

Sostiene que los falladores se alejaron de lo preceptuado en sentencias de casación SL2121-2018, SL3838-2018, SL3695-2018, SL4335-2018, SL4599-2018, SL2599-2018, SL3463-2018 y SL3919-2018, prescriptivas de la finalidad del régimen de transición, que es aplicable a Próspero Muñoz sin restricción alguna, «máxime que tiene expectativas legítimas, y no, derechos adquiridos, por lo que por la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de la ley 100 de 1993 no puede soportar los efectos negativos generados por el cambio legislativo que hace más gravosa su situación del[sic] beneficiario de la pensión de vejez».

X. OPOSICIÓN

Afirma que, al igual que el cargo anterior, el accionante se limita a enunciar de manera ambigua y genérica la presunta violación de la ley sustancial, sin demostrar las razones por las que debía prosperar. En todo caso sostiene que no hubo error alguno del sentenciador por cuanto no existe una interpretación diferente a la realizada por éste, por lo que solicita no casar la sentencia.

XI. CONSIDERACIONES

Dado que el cargo se dirige por el sendero de puro derecho, y que la controversia en casación solamente se limita a la aplicación del régimen de transición al demandante, no hay controversia alguna con respecto a los siguientes hechos: i) que Próspero Muñoz Cifuentes nació el 12 de mayo de 1952; ii) es afiliado al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones; iii) cotizó un total de 1.002.43 semanas en toda la vida laboral, y iv) para el 25 de julio de 2005 contaba con 724.43.

Se recuerda que el Tribunal señaló que, aunque el accionante era beneficiario del régimen de transición, pues para el 1.° de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, no cumplió con 750 semanas que como mínimo debía acreditar a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, para extender el beneficio hasta el año 2014; frente a lo cual, aduce el recurrente que no se le puede desconocer la expectativa legítima de pensionarse con las reglas de dicho régimen transitorio.

En ese mismo sentido, en un caso de similares contornos, frente al régimen de transición y los derechos adquiridos, en el fallo CSJ SL1001-2020 se explicó:

[…]

[…] resulta pertinente traer a colación el criterio reiterado de esta Corporación, según el cual, en tratándose de la cesación de los efectos del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo transitorio 4° del Acto Legislativo 01 de 2005, ha determinado que mientras el afiliado al sistema de pensiones no reúna la totalidad de requisitos, resulta improcedente pregonar su titularidad frente a un derecho adquirido, con carácter de inalterable en relación con reformas posteriores.

Lo anterior, por cuanto, hasta tanto no se consolide dicha condición, el interesado cuenta con una simple expectativa, que puede ser objeto de modificación por el legislador, de acuerdo con las facultades otorgadas por la Carta Política.

De igual forma, en lo relativo a los límites de vigencia introducidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, respecto de derechos adquiridos al amparo del régimen de transición, esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL2570-2019 dijo:

«La Corte ha concluido que el Acto Legislativo 1 de 2005, que, como bien lo resaltó el Tribunal, hace parte del plexo normativo de la Constitución Política, introdujo límites temporales legítimos a la vigencia del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con respeto, eso sí, de los derechos adquiridos de los afiliados y teniendo en cuenta las expectativas de ciertas personas cercanas a la consolidación del derecho, al definir que no podría extenderse más allá del 31 de julio de 2010, a menos que el interesado tuviera 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo a la entrada en vigencia de la norma, caso en el cual se extendería hasta el 31 de diciembre de 2014 (CSJ SL841-2019).

Entre otras, en la sentencia CSJ SL4285-2018 se dijo al respecto:

En efecto, dicho Acto Legislativo, dispuso que la vigencia del régimen de transición previsto en el precepto 36 de la Ley 100/93, iría hasta el 31 de julio de 2010; pero de igual forma, previó la posibilidad de que quienes a la fecha en que entró a regir –25 de julio de 2005-, tuviesen 750 semanas cotizadas o un tiempo de servicios equivalente, se les extendiera hasta el 31 de diciembre de 2014, cuyo objetivo era amparar aquellos afiliados que tenían expectativas próximas para alcanzar el derecho a la pensión de vejez.

Conforme a lo anterior, el hecho de poner un límite temporal al régimen de transición, que como su nombre lo indica, es transitorio, en manera alguna puede constituir una transgresión de derechos de los afiliados a alcanzar la pensión por vejez, dado que no fue una modificación intempestiva, sino que por el contrario, dio la oportunidad a aquellos asegurados que tenía la expectativa legitima de pensionarse en el periodo que consagró, y de acuerdo a las reglas que allí fijó, de conservar los beneficios que las normas anteriores al referido Acto Legislativo les otorgaban para acceder a esa prestación».

[…]

Conforme a los argumentos expuestos, resulta permisible colegir la ausencia de error el juez de apelaciones respecto de los yerros jurídicos que se le endilgan, en tanto no se rebeló frente a las disposiciones que gobernaban el caso, por lo que el cargo no prospera.

[…].

Criterio que la Corte ha reiterado, entre otras, en la sentencia CSJ SL2571-2021, que memoró la CSJ SL1347-2019, en la que la Sala razonó de la siguiente manera:

De los regímenes de transición y los derechos adquiridos.

Esta Sala ha adoctrinado que los regímenes de transición son herramientas que evitan que los afiliados a un sistema pensional, caigan en arbitrariedades producto de la libertad de la configuración legislativa. Por tal motivo, las modificaciones al sistema jurídico que establece los criterios para acceder a beneficios pensionales, no pueden, por regla general, introducir abruptamente nuevas condiciones sin la consideración de los afilados próximos a adquirir el status de pensionados. Lo anterior, se refuerza si se tiene en cuenta que la seguridad social está catalogada como derecho fundamental según lo consagra el artículo 48 de la Constitución Política y, por su parte, el artículo 2.° del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, que impide regresiones en los estándares de protección, sin la mediación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad (CSJ SL16786-2017).

Ahora, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones -1.° de abril de 1994- tuvieran 35 o más años de edad en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad en el de los hombres o 15 o más años de servicios cotizados, podrán alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto del régimen al que se encontraban adscritos antes de esa fecha; dichas personas podían acceder a tales prerrogativas con el cumplimiento de una o de ambas condiciones.

De esta forma, la citada norma previó una transición ante la vigencia del sistema general de seguridad social ya que protegió a un grupo de afiliados que por su edad o densidad de cotizaciones, tenían la posibilidad cercana de causar una pensión bajo las reglas de regímenes anteriores.

No obstante, el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse de esa transición normativa, de ninguna manera puede considerarse como un derecho adquirido. Sobre ese concepto, esta Corporación sentó que «se entiende que hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de los requisitos que establece la ley, es decir, es aquél (sic) que ha entrado en el patrimonio de aquella» (CSJ SL4650-2017).

Quiere decir lo anterior que solo la consolidación del derecho pensional, por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas o tiempos de servicio, según la norma que lo regule, causa su inmutabilidad frente a las normas que se produzcan posteriormente. Al contrario, si el afiliado tiene un derecho en formación porque aún no cumple con las exigencias de la ley para causarlo, solo goza de una expectativa, concepto que, como se explicó, no corresponde al de derecho adquirido.

Como las particularidades fácticas y jurídicas explicadas en el presente proceso corresponden de manera similar a las dispuestas en el precedente transcrito, el cargo no prospera, pues, el actor a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 no contaba con las 750 semanas de cotización que dicha disposición exigía para extender el régimen de transición hasta el año 2014, y dada la vía del ataque, mostró total conformidad con las conclusiones fácticas del colegiado dentro de las que estaba que para la fecha indicada tan solo contaba con 724.43 semanas.

Siendo coherentes con lo discurrido, los cargos no salen victoriosos.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $5.300.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

XII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 15 de octubre de 2020 por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por PRÓSPERO MUÑOZ CIFUENTES y LUCY AMPARO SEPÚLVEDA GRAJALES contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

(Aclara Voto)

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

(Aclara Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

ACLARACIÓN DE VOTO

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

Radicación n.° 93304

Ref: PRÓSPERO MUÑOZ CIFUENTES y LUCY AMPARO SEPÚLVEDA GRAJALES vs. COLPENSIONES

Aunque comparto la decisión adoptada en el presente asunto, debo aclarar mi voto frente a un punto específico de la sentencia, y es el relacionado con mi convicción de que el régimen de transición en sí mismo es un derecho, de suerte que el empleo de la clasificación tradicional que se ha hecho entre mera expectativa, expectativa legítima y derecho adquirido, en mi sentir, tiene un enfoque desacertado.

Lo anterior por cuanto como fundamento de la providencia, se afirma que:

De los regímenes de transición y los derechos adquiridos.

Esta Sala ha adoctrinado que los regímenes de transición son herramientas que evitan que los afiliados a un sistema pensional, caigan en arbitrariedades producto de la libertad de la configuración legislativa. Por tal motivo, las modificaciones al sistema jurídico que establece los criterios para acceder a beneficios pensionales, no pueden, por regla general, introducir abruptamente nuevas condiciones sin la consideración de los afilados próximos a adquirir el status de pensionados. Lo anterior, se refuerza si se tiene en cuenta que la seguridad social está catalogada como derecho fundamental según lo consagra el artículo 48 de la Constitución Política y, por su parte, el artículo 2.° del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, que impide regresiones en los estándares de protección, sin la mediación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad (CSJ SL16786-2017).

Ahora, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones -1.° de abril de 1994- tuvieran 35 o más años de edad en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad en el de los hombres o 15 o más años de servicios cotizados, podrán alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto del régimen al que se encontraban adscritos antes de esa fecha; dichas personas podían acceder a tales prerrogativas con el cumplimiento de una o de ambas condiciones.

De esta forma, la citada norma previó una transición ante la vigencia del sistema general de seguridad social ya que protegió a un grupo de afiliados que por su edad o densidad de cotizaciones, tenían la posibilidad cercana de causar una pensión bajo las reglas de regímenes anteriores.

No obstante, el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse de esa transición normativa, de ninguna manera puede considerarse como un derecho adquirido. Sobre ese concepto, esta Corporación sentó que «se entiende que hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de los requisitos que establece la ley, es decir, es aquél (sic) que ha entrado en el patrimonio de aquella» (CSJ SL4650-2017).

Quiere decir lo anterior que solo la consolidación del derecho pensional, por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas o tiempos de servicio, según la norma que lo regule, causa su inmutabilidad frente a las normas que se produzcan posteriormente. Al contrario, si el afiliado tiene un derecho en formación porque aún no cumple con las exigencias de la ley para causarlo, solo goza de una expectativa, concepto que, como se explicó, no corresponde al de derecho adquirido.

Criterio que ha sido reiterado, entre otras, en la sentencia CSJ SL1001-2020, en la que, en un caso de similares contornos, frente al régimen de transición y los derechos adquiridos, se explicó:

[…]

Me explico, en general, los regímenes de transición están diseñados como mecanismos protectores en materia pensional, cuando por diversas circunstancias, se toma la decisión por parte de quienes sean competentes, de adoptar un nuevo marco normativo, que se expresa usualmente en una legislación que modifica o cambia las reglas de juego aplicables para obtener una prestación económica que se prolonga en el tiempo y que asegura el futuro patrimonial de quien la devenga, así como de sus beneficiarios.

Así las cosas, normalmente hacia el final de la vida laboral, las personas adoptan determinaciones importantes que afectan no solo su patrimonio, sino, además, la organización de su vida personal, familiar y profesional. Vale decir que las consecuencias de un cambio legal en estas materias no es un tema menor y que, por el contrario, el gran impacto social que ello representa, ha generado que dichos cambios sean regulados de tal manera que se honre el esfuerzo y la confianza legítima de quienes trabajaron en determinadas condiciones previamente definidas, con miras a obtener una pensión.

Ese mecanismo protector de que hablaba al inicio, busca que se respeten las condiciones de los destinatarios del sistema anterior, frente a los cambios y eventualidades que supone el nuevo, actuando a manera de puente, por el cual han de transitar quienes se encuentran en esa particular situación, por virtud de decisiones que superan su voluntad, pues emanan de actos de autoridad.

En concreto, es mi opinión que, dado que lo amparado tiene el carácter de constitucional e irrenunciable (seguridad social), la Ley 100 de 1993 lo que hizo fue consagrarlo como un derecho, el de la transición, con el carácter de oponible, pues en la medida en que se consoliden los supuestos de hecho previstos en la norma respectiva, se activará el mecanismo a que he venido haciendo referencia y producirá los efectos protectores para los cuales fue concebido, el cual encuentra su génesis en el sistema pensional que les cobijaba a los trabajadores con anterioridad al nuevo sistema.

En el evento descrito en precedencia, toda la batería normativa que se encontraba en el régimen anterior se activa y por ende, la protección que fue diseñada para cuando se presentara esa hipótesis y, en ese momento, es cuando emerge el derecho como cierto, adquirido, y se produce la consecuencia esperada, esto es, la habilitación de la legislación anterior aplicable al derecho pensional que le asiste, en pro del reconocimiento de éste bajo los cánones allí especificados, comprendiendo para el efecto la totalidad de los elementos que lo componen, de acuerdo con lo que al respecto haya definido el propio régimen de transición.

Se sigue de lo anterior que las personas inmersas en la condición descrita, es decir, quienes son destinatarias del régimen de transición en pensiones, al adecuar sus circunstancias al supuesto contemplada en la ley para ese propósito, aunque no ostenten, en principio, el derecho íntegro de pensión, sí poseen el derecho cierto a que la decisión de su pensión, con los elementos inherentes a ella, acate la oponibilidad de la situación jurídica consolidada al amparo del régimen anterior que, por tal virtud, las cobijaba.

La Corte Constitucional en sentencia CC C-754-2004, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Ley 860 de 2003, manifestó claramente el concepto de derecho adquirido frente al régimen de transición, diferenciándolo del derecho a la pensión, de la siguiente manera:

El Legislador al expedir la norma acusada no tuvo en cuenta que, como se explicó en la Sentencia C-789 de 2002, si bien frente a un tránsito legislativo y al régimen de transición respectivo el derecho a la pensión no es un derecho constitucional adquirido, sino una expectativa legítima, sí existe un derecho al régimen de transición de las personas cobijadas por el mismo. Tampoco tuvo en cuenta que una vez entrada en vigencia la disposición que consagra el régimen de transición, los trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos para el mismo consolidan una situación concreta que no se les puede menoscabar. (Subrayas propias)

A su turno, la sentencia CC C-1024-2004, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 2, 3 y 9 de la Ley 797 de 2003 señaló, una vez más, que el régimen de transición tiene el carácter de derecho adquirido así:

Aquellas personas que habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, cuando previamente se hubiesen trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, tienen el derecho de regresar -en cualquier tiempo- al régimen de prima media con prestación definida, con el propósito de preservar la intangibilidad de su derecho a pensionarse conforme al régimen de transición. Siendo el derecho al régimen de transición un derecho adquirido, no puede desconocerse la potestad reconocida a las personas previstas en las hipótesis normativas de los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media con prestación definida y, por lo mismo, hacer efectivo su derecho pensional con fundamento en las disposiciones que le resulten más benéficas. (Subrayas propias)

El concepto de transición como un derecho adquirido, fue reiterado en la sentencia CC T-168-2009, en los siguientes términos:

Esta Sala considera que, siendo el derecho al régimen de transición un derecho adquirido en los términos de las sentencias C-1024 de 2004 y C-754 de 2004, no se puede, mediante una ley posterior, despojar a las personas de tal facultad así sea indirectamente, como sucede en este caso. En efecto, el artículo 7 de la ley 797 de 2003 no sustrajo expresamente a las personas del grupo (iii) del derecho a gozar del amparo del régimen de transición, pero su efecto terminó siendo exactamente ese pues convirtió en un imposible uno de los requisitos que la jurisprudencia constitucional había diseñado para su ejercicio. (Subrayas propias)

A mi modo de ver, esa es la naturaleza de los regímenes de transición y, en particular, del consignado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Por la brevedad debida, dejó así consignada mi aclaración frente a la decisión adoptada.

Fecha ut supra.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

MAGISTRADO

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandantes: Lucy Amparo Sepúlveda y Próspero Muñoz Cifuentes

Demandado: Colpensiones

Radicación: 93304

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala y tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, si bien estoy de acuerdo con la decisión de no casar la sentencia del Tribunal, en tanto no se equivocó al concluir que sin perjuicio de que uno de los cónyuges sea beneficiario del régimen de transición -artículo 36 de la Ley 100 de 1993-, los requisitos de acceso a la pensión familiar son aquellos que consagra la Ley 1580 de 2012 y el Decreto 288 de 2014.

No obstante, considero que para el reconocimiento de la citada prestación no es procedente exigir que los cónyuges o compañeros permanentes acrediten haber cumplido con una fidelidad mínima con el sistema de pensiones, tal como lo establece el literal l) del artículo 3.º de la Ley 1580 de 2012.

Al respecto estimo oportuno recordar que la Corte Constitucional ha indicado que «en materia de progresividad de los derechos sociales, el Pacto de San José de Costa Rica y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, las medidas regresivas, en cuanto constituyen disminución en la protección que haya alcanzado un derecho social, se presumen en principio inconstitucionales y contrarias al Pacto Internacional de estos derechos» (CC C-506-2009).

Ahora, pese a que para el análisis de las medidas regulatorias que puedan contrariar el citado principio se acude al estudio de disposiciones previamente existentes que reglamenten algún derecho social, dicha Corporación también ha indicado que, en materia de seguridad social al argumentarse la necesidad de implementar una medida regresiva, el Estado debe demostrar con «datos suficientes y pertinentes» que:

«(…) (1) que la medida busca satisfacer una finalidad constitucional imperativa; (2) que, luego de una evaluación juiciosa, resulta demostrado que la medida es efectivamente conducente para lograr la finalidad perseguida; (3) que luego de un análisis de las distintas alternativas, la medida parece necesaria para alcanzar el fin propuesto; (4) que no afectan el contenido mínimo no disponible del derecho social comprometido; (5) que el beneficio que alcanza es claramente superior al costo que apareja» (CC C-1064-2001, CC C-671-2002, CC C-931-2004 y CC C-506-2009).

Además, ha establecido que el juicio de constitucionalidad respecto de tales regulaciones debe ser particularmente estricto, en aquellos casos en que la medida que se considera regresiva afecta los derechos sociales de personas o grupos de personas especialmente protegidos por su condición de vulnerabilidad.

Lo anterior, porque «(…) si en términos generales los retrocesos en materia de protección de los derechos sociales están prohibidos, tal prohibición prima facie se presenta con mayor intensidad cuando se desarrollan derechos sociales de los cuales son titulares personas con especial protección constitucional» (CC C-991-2004).

Ahora, el artículo 1.º de la Ley 1580 de 2012 consagró la pensión familiar como una nueva prestación, que propende por el reconocimiento de la suma de esfuerzos de cotización o aportes de cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes, cuyo resultado es el cumplimiento de los requisitos establecidos para la pensión de vejez en la Ley 100 de 1993.

Este beneficio se consagró para dichos núcleos familiares, siempre que: (i) ambos miembros cotizaran alguna vez al sistema de pensiones, pero al momento de cumplir la edad requerida para acceder a una pensión de vejez, solo uno de ellos continuó realizando el pago de aportes a pensión y el otro es su beneficiario en el sistema de salud -literal d) artículo 3.º Ley 1580 de 2012-; (ii) no tienen ingresos superiores a un salario mínimo mensual legal vigente – artículo 2.º y literal m) artículo 3.º ibidem-, y (ii) pertenecen y están clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisbén o «en cualquier otro sistema equivalente que diseñe el Gobierno Nacional» -literal k) artículo 3.º ibidem-.

En tal perspectiva, la creación de la citada prestación tiene como finalidad garantizar un ingreso mínimo a núcleos familiares en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, pese a exigir que entre los dos cónyuges o compañeros permanentes se acredite el requisito de cotizaciones o aportes para acceder a la pensión de vejez, como elemento que garantizan el financiamiento de la prestación; a reglón seguido se exige que «cada beneficiario [haya] cotizado a los 45 años de edad, el veinticinco por ciento (25%) de las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez de acuerdo a la ley».

Así, la disposición incluye un requisito adicional a alcanzar la densidad mínima de cotizaciones, relativo a la fidelidad con el sistema de pensiones que deben tener ambos miembros del grupo familiar; sin que, en mi criterio, tal exigencia esté soportada con «datos suficientes y pertinentes» relativos a la finalidad constitucional imperativa que pretende protegerse con tal exigencia, ni acerca de la conducencia y necesidad de la restricción o la evidencia de que no se afecta el derecho social comprometido; tampoco que el beneficio que se obtiene es superior al costo que representa.

En consecuencia, en mi criterio, establecer tal requisito no se advierte como un beneficio progresivo que favorezca a la colectividad y, por el contrario, no en pocas ocasiones derivará en que la finalidad perseguida resulte nugatoria.

En efecto, nótese que podrían presentarse circunstancias en las cuales entre ambos miembros del grupo familiar alcancen el requisito de cotización establecidos en la Ley 1580 de 2012 para acceder a una pensión familiar con el fin de garantizar un ingreso mínimo del hogar; no obstante, de no cumplir con el requisito de fidelidad el reconocimiento del derecho no sería viable, con lo cual se desconocería la finalidad de la prestación en detrimento de aquellos hogares que están en situación de necesidad y requieren un trato protector que les permita continuar con una pervivencia digna.

Tal circunstancia, indiscutiblemente contraría los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad y progresividad que consagra el artículo 48 de la Constitución Política.

Ahora, pese al amplio margen de configuración legislativa que le asiste al Congreso en cuanto a la consagración de derechos pensionales, se insiste, tal facultad no es absoluta. Por el contrario, su actuación está limitada por la protección de los principios básicos del Estado Social de Derecho, de suerte que se le impone un superior grado de responsabilidad social y política (CC C-506-2009).

En tal perspectiva, exigir a ambos cónyuges o compañeros que pretenden acceder a una garantía de pensión familiar que, además del requisito de cotizaciones, acrediten una fidelidad mínima con el sistema de pensiones, en mi criterio, corresponde a una medida inconstitucional, la cual, incluso, ha sido así declarada por la Corte Constitucional para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes (CC C-556-2009) e invalidez (CC C-428-2009).

Lo anterior, porque uno de los principios fundantes del orden Superior es el reconocimiento, como regla general y sin discriminación, de la primacía de los derechos de la persona, razón por la cual tal exigencia no es progresiva, toda vez que desconoce el fin último de la pensión de familiar: la garantía de un ingreso mínimo a aquellos hogares que, pese a su condición de vulnerabilidad, entre cónyuges o compañeros permanentes hicieron un esfuerzo conjunto por acumular y alcanzar la densidad mínima de cotizaciones para acceder a la pensión vejez.

Por último, considero que, al estudiar el segundo cargo, con el objetivo de determinar si el actor acreditaba las 750 semanas de cotización que se exigían a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 para extender el régimen de transición hasta el año 2014, la mayoría de la Sala debía contabilizar los tiempos de cotización al sistema general de pensión por períodos de 365.25 días anuales, sin importar si corresponden a interregnos previos o posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, conforme a las razones que he expuesto previamente en múltiples aclaraciones de voto, entre ellas en la sentencia CSJ SL3130-2020.

Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL330-2023 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.