FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL331-2023
Radicación n.° 93814
Acta 5
Bogotá, D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 12 de noviembre de 2021, en el proceso que instauró MARÍA AMANDA MORALES TANGARIFE en contra de la recurrente.
I. ANTECEDENTES
María Amanda Morales Tangarife demandó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. con el fin de que se declare que: Anderson Estid Restrepo Morales dejó acreditadas cincuenta (50) semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha del desaparecimiento, es decir, entre el 1 de marzo de 2007 y 1 de marzo de 2010; la demandante es la beneficiaria de la pensión de sobreviviente, en un 100%, en su condición de madre del causante, por ende, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte presunta de su hijo Anderson Estid Restrepo Morales, a partir de la fecha en la cual fue declarado desaparecido, esto es, 1 de marzo de 2010. Como consecuencia de lo anterior, sea condenada a pagarle la pensión de sobrevivientes en un 100%, en la cuantía que corresponda, junto con el retroactivo pensional, a partir del 2 de marzo de 2010; los intereses mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, respecto a las mesadas causadas y dejadas de percibir; la indexación de las condenas, subsidiariamente y en caso de no condenar al pago de los intereses de mora; las costas procesales (gastos y agencias en derecho), y lo que resulte probado extra y ultra petita.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: (i) el causante, Anderson Estid Restrepo Morales, se encontraba afiliado para los riesgos de invalidez, vejez y muerte a la AFP Porvenir S.A.; (ii) el día 1 de marzo de 2010, conducía un vehículo, tipo taxi, el cual sufrió accidente de tránsito volcándose por la autopista sur junto al río Medellín; (iii) desde el 1 de marzo de 2010 se encuentra desaparecido y su cuerpo nunca fue hallado; (iv) mediante proceso de jurisdicción voluntaria, María Amanda Morales Tangarife, incoó un proceso de muerte presunta por desaparecimiento de su hijo Anderson Estid Restrepo Morales, el cual quedó radicado mediante n.° 05360-31-10-002-2017-00540-00 en el Juzgado Segundo de Familia de Itagüí; (v) el aludido despacho judicial, en decisión proferida el 10 de julio de 2019, acogió las pretensiones de la demanda instaurada por la señora María Amanda Morales Tangarife y declaró la muerte presunta de Anderson Estid Restrepo Morales, el 29 de febrero de 2012, último día del primer bienio contado a partir del día en el cual se tuvo noticia por última vez (1 de marzo de 2010); (vi) en el registro civil de defunción del joven Anderson Estid Restrepo Morales quedó consignado como fecha de la muerte el 29 de febrero de 2012; (vii) en la historia laboral de Porvenir S.A. de Anderson Estid Restrepo Morales se observan 75 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha del desaparecimiento); (viii) el causante Anderson Estid Restrepo Morales, era hijo de María Amanda Morales Tangarife, en vida no contrajo matrimonio, no tuvo compañera permanente, tampoco procreó hijos y siempre vivió con su progenitora, quien dependía económicamente de los ingresos económicos del causante; la actora solicitó a PORVENIR S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada dado que no se encuentra acreditado al momento del fallecimiento del afiliado el requisito de 50 semanas de cotización dentro de los 3 años inmediatamente anteriores al deceso.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso al éxito de las pretensiones. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda; buena fe de la entidad demandada; afectación de la sostenibilidad financiera del sistema; prescripción; compensación, y la innominada o genérica.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 20 de mayo de 2021, dispuso:
Primero. DECLARAR que el joven ANDERSON ESTID RESTREPO MORALES quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 1.036.625 dejó causados los requisitos para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes, de conformidad con la parte motiva de la presente sentencia. Segundo. DECLARAR que la señora MARÍA AMANDA MORALES TANGARIFE, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.334.831, es beneficiaria en calidad de madre, de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento ANDERSON ESTID RESTREPO MORALES a partir del 1 de marzo del 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Tercero. CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A, como obligada a reconocer y pagar a la señora MARÍA AMANDA MORALES TANGARIFE, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.334.831, la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M.L.C. ($84´802.183,oo)[sic], por concepto de retroactivo pensional, causado entre el 1° de marzo de 2012, al 30 de abril de 2021. A partir del primero (1°) de MAYO[sic] de 2021, la mesada pensional a reconocer, incluida la mesada adicional de [d]iciembre de cada año, será de NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L. ($908.526,oo), que se incrementará cada año de conformidad con aumento del salario mínimo legal mensual vigente. Se autoriza a la administradora PORVENIR S.A. a descontar del retroactivo pensional liquidado, los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud.
Cuarto. CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A, como obligada a reconocer y pagar a la señora MARÍA AMANDA MORALES TANGARIFE, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.334.831, los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, sobre el retroactivo pensional adeudado, liquidados a partir del 7 de septiembre de 2020 y hasta el momento efectivo del pago de la obligación.
Quinto. Las excepciones propuestas quedan resueltas en los términos anteriormente expuestos.
Sexto. COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada y a favor de la demandante. Se fijan las agencias en derecho en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000). Por secretaria del despacho liquídense los gastos del proceso.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante fallo del 12 de noviembre de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, confirmó el de primer grado y le impuso las costas.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado identificó como problemas jurídicos a resolver el determinar: (i) si el causante afiliado dejó causado el derecho a una pensión de sobrevivientes a favor de sus eventuales beneficiarios (densidad de semanas exigida en la ley), y (ii) si la actora reúne los requisitos legales para ser considerada beneficiaria, concretamente, si acredita la dependencia económica con respecto a su hijo y, de salir avante, si hay lugar a condenar a la AFP demandada al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
En lo que en estrictez concierne al recurso extraordinario, el Tribunal, luego de establecer que: (i) teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento del afiliado (29 de febrero de 2012), los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, son los que gobiernan el asunto bajo estudio; (ii) la postura jurisprudencial explica que la pensión de sobrevivientes, cuando se trata de muerte presunta de afiliado, las 50 semanas de cotización se deben contabilizar desde la fecha del desaparecimiento hacía atrás, esto es, hasta el momento en que la persona estuvo inmersa en un entorno de normalidad que le permitió mantenerse activo en el sistema pensional; (iii) respecto al número mínimo de «semanas que el causante debió dejar acreditadas para dejar causada la pensión de sobrevivientes de su madre, teniendo en cuenta la jurisprudencia nacional, es evidente que en este caso sí se cumple con el requisito objetivo de la densidad de cotizaciones previas a la muerte, ya que se acreditan 75 semanas entre la fecha del desaparecimiento 1º de marzo de 2010 y febrero de 2008»; (iv) está probada la dependencia económica, adujo que en «relación a los reparos que la recurrente hace a la condena a intereses moratorios, esta sala no accederá a dichos planteamientos, y en consecuencia confirmará la condena a dichos intereses, en atención a que no es cierto que esos intereses procedan únicamente cuando existe un reconocimiento pensional, ya que el tenor literal de la norma es claro al establecer que se generan por el retardo en el reconocimiento pensional».
Así, confirmó el fallo de primera instancia.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la sociedad recurrente que la Corte «case parcialmente la decisión del fallador ad quem en cuanto confirmó la condena a reconocer intereses moratorios sobre las sumas adeudadas desde el 7 de septiembre de 2020. Después, se solicita que revoque la sentencia de primer grado en el mismo sentido, esto es, por haber condenado a sufragar intereses de mora a partir del 7 de septiembre de 2020 y, en sede de instancia, se absuelva a Porvenir S.A. frente a todo lo relacionado con esos réditos».
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que mereció réplica y que se procede a resolver.
VI. ÚNICO CARGO
Acusa la sentencia por la vía directa, por la aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y por la infracción directa de los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 1608 del Código Civil y 8° de la Ley 153 de 1887.
Asevera que conjugando el contenido normativo de tales estatutos legales es simple evidenciar la improcedencia de la condena impuesta a la entidad y relativa a reconocer intereses moratorios desde el 7 de septiembre de 2020 sobre las partidas adeudadas a la señora Morales, puesto que era innegable que se trataba de una condena basada en un entendimiento de la ley de naturaleza jurisprudencial. Y como corolario, es forzoso colegir que si en una primera fase ninguna obligación tenía la entidad de reconocer la pensión de sobrevivientes que le pidieron, menos aún era susceptible de tener que responder por el pago de unos intereses de mora derivados de un deber que en ese tiempo no existía y que sólo nació en el mundo jurídico con la condena impuesta en la segunda instancia, con la que finalmente se dirimió el conflicto que nos ocupa.
Añade que es irrefragable que únicamente se podría hablar de retardo o mora en el cumplimiento de una obligación en cabeza de la Administradora a partir de la fecha en la que surja para ella, en forma definitiva, el deber de cancelar la aludida pensión de sobrevivientes.
Explica que cualquier solución diferente transgrede lo contemplado por el artículo 8° de la Ley 153 de 1887 y choca contra la inteligencia que le han dado a éste las Salas de Casación Civil y Laboral de esta Corte con relación al enriquecimiento sin causa y más cuando la Administradora, se insiste hasta el cansancio, siempre actuó bajo un recto entendimiento de los preceptos que regulan la situación pensional que estaban vigentes al momento de la defunción del afiliado Anderson Estid Restrepo Morales y al amparo de los postulados de la Corte Constitucional que pregonan que así como todas las autoridades públicas están obligadas a seguir en forma fiel y sin discusión sus decisiones jurisprudenciales, aun las relacionadas con tutelas, a las entidades privadas, como lo son las administradoras de fondos de pensiones del RAIS, solo los obliga la ley, de manera que si la intelección que den éstos a un precepto es correcta o, al menos, no caprichosa o arbitraria, y así no sea la que el juez estime más plausible, en todo caso justifica la exoneración de una condena a reconocer intereses moratorios.
Se refiere a que esta Sala en reiteradas ocasiones ha enseñado que la imposición de los intereses de mora no es inexorable, es evidente que de acuerdo con los planteamientos antes expuestos esta es otra oportunidad en la que no sería justo que se ordenara el pago de los tantas veces citados réditos, lo que pone de manifiesto que dadas esas circunstancias la Administradora obró bajo una comprensión ponderada de las disposiciones en vigor en aquella época y, por lo cual, resulta indiscutible que en la medida en que Porvenir S.A. no estaba sometido al imperio de tesis distintas a la ley que, vale la pena recordarlo, exigía haber aportado 50 semanas en el trienio previo a la fecha del óbito, requisito que no se satisfacía, era lo apropiado absolver del reconocimiento de los aludidos intereses moratorios, como se expuso, por ejemplo, en la providencia CSJ SL14528-2014, cuyos postulados, mutatis mutandis, tienen plena aplicabilidad en este asunto.
VII. LA RÉPLICA
Aduce, en esencia, que la recurrente decide negar la pensión de sobrevivientes a la actora, en su calidad de madre del afiliado fallecido, bajo el argumento de que éste no había cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a su muerte, es decir, entre el 28 de febrero de 2009 y el 29 de febrero de 2012, haciendo caso omiso a que la muerte del causante se había declarado con ocasión de su desaparecimiento, 1º de marzo de 2010, motivo por el cual y por disposición de la ley, la muerte presunta se declaró el día 29 de febrero de 2012; así las cosas, es claro que la AFP PORVENIR S.A. al exigir 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la declaratoria de muerte presunta, está colocando al afiliado en una imposibilidad física y jurídica, ya que, al estar desaparecido, se hace imposible que efectúe cotizaciones al sistema.
De esta manera, desconoció el precedente jurisprudencial, por lo que no existen méritos para quebrar el acto jurisdiccional controvertido.
VIII. CONSIDERACIONES
Dada la vía escogida por la impugnante, no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos establecidos por el juzgador: i) que Anderson Estid Restrepo Morales, según registro civil de defunción Nro. 03734779 falleció el 29 de febrero de 2012 y que dicho fallecimiento se dio por declaración judicial por desaparecimiento, según sentencia del 10 de julio de 2019 proferida por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Itagüí, que tuvo al joven Restrepo Morales por desaparecido el 1º de marzo de 2010 y presuntamente muerto el 29 de febrero de 2012, y ii) que dejó cotizadas a PORVENIR S.A. un total de 75 semanas, por los ciclos comprendidos entre febrero y diciembre de 2008 y julio de 2009 y marzo de 2010.
El problema jurídico por elucidar estriba en determinar si la sala sentenciadora incurrió en desatino al confirmar la providencia del juez de primer grado que condenó a la llamada a juicio a reconocer y pagar los intereses moratorios instituidos en el artículo 141 del estatuto de seguridad social.
Esta Corte, en sentencia CSJ SL14528-2014, memoró que, conforme a la doctrina tradicional de esta Sala, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en tanto se trata simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones –dado su carácter resarcitorio y no sancionatorio-.
En ese mismo sentido, baste traer a colación los siguientes argumentos expuestos en la providencia CSJ SL 3130-2020: i) su naturaleza es resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición; ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando fluyan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de reglas jurisprudenciales. En la sentencia se razonó:
[…] como se dijo en la sentencia de la Corte Constitucional C-601 de 2000, así como en la reciente sentencia de esta corporación CSJ SL1681-2020, la finalidad de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 es simplemente la de resarcir los perjuicios ocasionados a los pensionados por la cancelación tardía de sus mesadas pensionales y, con ello, hacer efectiva la garantía prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, con apego al cual uno de los principios mínimos fundamentales aplicables al trabajo es el de asegurar «[…] el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones […]»
Por ello, esta corporación ha dicho que esa imperiosa obligación, así como las sanciones derivadas de su incumplimiento, en este caso los intereses moratorios, encuentran un importante fundamento en el hecho de que la «[…] pensión es el ingreso periódico con el que cuentan las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad o en estado de indefensión, y los miembros del grupo familiar, para sortear sus necesidades básicas y existenciales», además de que «Dada su conexión con el mínimo vital y existencial y los derechos de grupos especialmente protegidos, la Constitución Política le dispensa un trato especial […]» (CSJ SL1681-2020).
En paralelo a lo anterior, esta corporación ha sostenido que los intereses moratorios son simplemente resarcitorios y no sancionatorios (CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512; CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 42839; y CSJ SL10728-2016, entre muchas otras), de manera que no es pertinente efectuar algún análisis sobre la conducta del deudor obligado, sino que proceden automáticamente por la mora en el pago efectivo de la obligación.
En la sentencia CSJ SL, 27 feb. 2004, rad. 21892, se dijo también que los intereses moratorios tenían ese importante designio de hacer justicia a una parte vulnerable de la población cuyo sostenimiento dependía del pago de su pensión. Esto se dijo en la decisión:
El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró los intereses moratorios como una fórmula para dar respuesta al retardo en la solución de las mesadas pensionales, con el plausible designio de hacer justicia a un sector de la población que se ofrece vulnerable y que encuentra en la pensión, en la generalidad de los casos, su única fuente de ingresos.
Acusan los intereses moratorios un claro y franco carácter de resarcimiento económico frente a la tardanza en el pago de las pensiones, orientados a impedir que éstas devengan en irrisorias por la notoria pérdida del poder adquisitivo de los signos monetarios.
No cabe duda de que el retardo o mora se erige en el único supuesto fáctico que desencadena los intereses moratorios. Ello significa que éstos se causan desde el momento mismo en que ha ocurrido la tardanza en el cubrimiento de las pensiones.
En esas condiciones, si los intereses moratorios tienen como finalidad reparar los perjuicios ocasionados al pensionado por la mora en el pago de su respectiva pensión, es imperioso reconocer que deben tener procedencia tanto en los casos de omisión en el pago de la prestación, como en los casos de pago incompleto, pues en los dos eventos se produce un detrimento para el pensionado, que merece una compensación efectiva.
Para la Corte, en este punto, no es admisible sostener que el pensionado únicamente sufre un daño económico cuando no recibe suma alguna por concepto de mesada pensional, pues, teniendo en cuenta que la pensión es un derecho íntimamente relacionado con el mínimo vital, además de que su cuantía está fijada legalmente y tiene una relación de correspondencia con los aportes al sistema, todo pago imperfecto, insustancial o incompleto seguirá generando un deterioro cierto, que merece a todas luces una legítima compensación.
Así las cosas, una interpretación teleológica de la norma impone reconocer que los intereses moratorios también proceden en los casos de pago parcial o incompleto de la pensión, pues en este caso el pensionado también sufre un injusto perjuicio, que merece reparación objetiva.
5. Finalmente, para la Corte una interpretación como la que se viene sosteniendo puede generar efectos inconvenientes para el derecho fundamental al mínimo vital de los pensionados, pues puede propiciar que, con la mera discusión de la cuantía del derecho o a partir de pagos simplemente parciales o insustanciales, las entidades administradoras de pensiones se liberen de sus responsabilidades, lo que resulta abiertamente contrario a las finalidades constitucionales de nuestro sistema de pensiones.
Así lo había previsto en algún momento esta corporación cuando, en la sentencia CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512, señaló que:
[…] el legislador previó el pago de intereses moratorios en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin hacer distinción alguna en relación con la clase, fuente u otras calidades de la pensión, siendo irrelevante que el derecho en cuestión hubiese sido controvertido por la parte obligada a su pago. Aceptar lo contrario podría hacer nugatorio el derecho del pensionado a ser resarcido por la mora en el pago de su derecho pensional, pues bastaría que el obligado a su reconocimiento simplemente discuta el derecho en cuestión para que quede eximido de los intereses moratorios.
En ese sentido, para la Corte es preciso subrayar que la obligación constitucional y legal de las entidades administradoras de pensiones no es solo la de pagar de manera oportuna las pensiones de sus afiliados, sino también y fundamentalmente la de pagarlas de manera íntegra, cabal y completa, pues, de lo contrario, se harán merecedoras de la imposición de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
[…]
En primer lugar, que permanece vigente la jurisprudencia de la Corte en torno al carácter meramente resarcitorio de los intereses, mas no sancionatorio, de manera que no es necesario realizar algún examen de la conducta de la entidad obligada tendiente a descubrir algún apego a los postulados de la buena fe. Ello con la salvedad de algunos casos en los que, según la jurisprudencia, las entidades niegan administrativamente un determinado derecho pensional o definen su cuantía con amparo en el ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas.
En segundo lugar, que los intereses moratorios sobre saldos o reajustes de la pensión deben liquidarse respecto de las sumas debidas y no pagadas, pero no teniendo como referente la totalidad de la mesada pensional. En este punto es claro el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en cuanto dispone que la respectiva entidad debe pagar «la obligación a su cargo», que en este caso es el saldo debido, y «sobre el importe de ella», ese decir ese saldo, «la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento que se efectúe el pago.»
Así las cosas, trasladando las directrices doctrinales, hoy reiteradas, no se desprende que la entidad accionada demostrara que nos encontramos ante un cambio de línea jurisprudencial o que la negativa pensional se hubiese dado con amparo en el ordenamiento legal vigente.
Lo precedente, por cuanto el argumento de la demandada en torno a que no se verificaron las 50 semanas en los tres años anteriores contados desde la data en que la autoridad judicial declaró la muerte presunta por desaparecimiento y no a partir de la fecha en que éste hecho se produjo realmente hacia atrás, no es válido pues exigir al afiliado aportes con posterioridad al momento en el que se tuvieron las últimas noticias de su existencia, lo cual resulta ser, no solo un imposible físico sino un despropósito, frente al amparo que el sistema debe brindar a los beneficiarios del afiliado.
Máxime que para la época en que negó el derecho ya existía una sólida y pacífica jurisprudencia y doctrina de esta Corte frente a que el momento que marca la pauta para contabilizar el número de semanas mínimo exigido por la ley, y como tal, la norma que regula el derecho pensional de sobrevivientes, es el desaparecimiento, pues, como ya se dijo, hasta ese momento el afiliado estaba en la posibilidad física y jurídica de cotizar, toda vez que los dos años siguientes que se adoptan como fecha de la muerte, son simplemente, una demarcación razonable para sentar la extinción de la vida de la persona, y de allí derivar unas consecuencias jurídicas ante terceros, pero que en el terreno de la seguridad social, sería un despropósito exigir cotizaciones en ese período posterior al extravío.
Esta línea de pensamiento se halla esbozada entre otras, en las providencias CSJ SL, 24 jul. 2002, rad.16947; CSJ SL, 26 mar.2004, rad.21953; CSJ SL, 31 oct. 2006, rad. 28714; CSJ SL, 8 may. 2007, rad. 29641; CSJ SL, 3 abr. 2008, rad. 32156; CSJ SL, 10 mar. 2009, rad. 33161; CSJ SL 1484-2018; CSJ SL 065-2020 y CSJ SL 634-2020. Incluso alguna de ella fue proferida en contra de la hoy recurrente, demandada, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., lo que implica, sin hesitación ninguna, el conocimiento de la doctrina de la Corte.
Por último, resulta útil precisar que la sentencia que ordena el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes es declarativa, mas no constitutiva como lo pretende el casacionista, pues no crea una situación jurídica nueva. Ello por cuanto lo que hace el juzgador es reconocer lo que ya existe, esto es, el status de pensionado que nació a la vida jurídica con el fallecimiento del causante y la verificación de la densidad de semanas mínimas de cotización que exige la ley, en cabeza de quien acredite la calidad de beneficiario.
En cuanto a la diferencia y efectos de estas clases de sentencias, esta Corte, explicó, con profusión, mediante providencia CSJ SL3169-2014, lo siguiente:
[…] el por qué se generan derechos y obligaciones hacia el pasado de un status laboral que apenas vendría a ser ‘constituido’ mediante esa clase de sentencia, por ser sabido que esta tipología de providencias crea, extingue o modifica una determinada situación jurídica, esto es, genera una ‘innovación’ jurídica, es decir, una situación jurídica que antes no existía, produciendo así sus efectos ‘ex nunc’, o sea, hacia el futuro, pues es allí donde nacen, se extinguen o se modifican las obligaciones y derechos derivados de esa ‘nueva’ situación jurídica; en tanto, que las sentencias ‘declarativas’, como lo ha entendido la jurisprudencia, son las que reconocen un derecho o una situación jurídica que ya se tenía con antelación a la misma demanda, eliminando así cualquier incertidumbre acerca de su existencia, eficacia, forma, modo, etc., frente a quien debe soportar o cargo de quien se pueden exigir determinadas obligaciones o derechos derivados de la dicha situación o estado jurídico, por manera que, sus efectos devienen ‘ex tunc’, esto es, desde cuando aquella o aquel se generó.
De suerte que el estado jurídico de pensionado, en este caso, de sobrevivientes, se adquiere cuando acontece los dos elementos mencionados- muerte del afiliado y semanas de cotización- a quien acredite la condición de beneficiario conforme a la regulación vigente, de forma que, desde ese mismo momento dimanan, en virtud de la ley, los derechos y obligaciones que le son propios.
Siendo coherentes con lo discurrido, el cargo no sale victorioso.
Costas a cargo de la recurrente y a favor de la opositora. Fíjense como agencias en derecho la suma de diez millones seiscientos mil pesos ($10.600.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia realice, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 12 de noviembre de 2021, en el proceso que instauró MARÍA AMANDA MORALES TANGARIFE en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
Costas como se dijo.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO