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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3314-2020

Pensión de sobrevivientes

Fecha
5 de agosto de 2020
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
58 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3314-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Es aplicable el principio de la condición más beneficiosa para reconocer la pensión de sobrevivientes con una norma anterior a la inmediatamente precedente, como el Acuerdo 049 de 1990?

  2. ¿Puede el juez hacer un examen histórico de las leyes anteriores para determinar la norma aplicable al caso particular?

Reglas

  1. El juez no puede realizar un examen histórico de las leyes anteriores a fin de determinar una aplicable al caso particular.

    «En definitiva, y a la luz de todo lo explicado, el juez no puede realizar un examen histórico de las leyes anteriores a fin de determinar una aplicable al caso particular»
  2. Por la condición más beneficiosa solo es posible acudir al precepto inmediatamente anterior, no a cualquier otro precepto.

    «es posible acudir al precepto inmediatamente anterior, no a otro cualquiera, como sería el Acuerdo 049 de 1990»
  3. La introducción de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras del sistema pensional.

    «En consecuencia, la introducción de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha diseñado el sistema pensional»
  4. El reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones legales para su causación y pago.

    «el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causación y pago»
  5. Aplicar la condición más beneficiosa de forma absoluta e irrestricta a la pensión de sobrevivientes desconoce el régimen legal vigente.

    «en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa»

Decisión

No casa la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó la absolución de la administradora de pensiones. Las costas del recurso extraordinario quedan a cargo de la recurrente.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 25 de octubre de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por AURA LEONOR GUASCA BOLÍVAR en contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES. Costas como se dijo en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3314-2020

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

5 de agosto de 2020

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL3314-2020

Radicación n.° 76574

Acta 28

Bogotá, D. C., cinco (05) de agosto de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por AURA LEONOR GUASCA BOLÍVAR contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 25 de octubre de 2016, en el proceso que la Recurrente instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.

ANTECEDENTES

La actora, en calidad de cónyuge supérstite de Orlando Montes Salamanca, instauró proceso ordinario con el fin de que una vez se profieran las declaraciones de rigor, se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, el respectivo retroactivo desde la fecha de causación, la indexación, los intereses de mora, las condenas que por aplicación de facultades ultra y extra petita surjan y las costas procesales.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el causante quien había nacido el 21 de noviembre de 1957 y cotizado 929 semanas, falleció el 3 de junio de 2012, fecha esta última a partir de la cual se causó a favor de ella la pensión que reclama, ya que convivió con aquel desde el día de su matrimonio, 26 de septiembre de 1981, hasta el de su deceso. Agregó que a raíz de una sentencia de tutela la accionada dio respuesta a sus peticiones, pero de manera negativa aduciendo que el afiliado no había cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a su muerte, desconociendo que el régimen aplicable en virtud de la condición más beneficiosa, y de los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad, lo es el Acuerdo 049 de 1990.

Colpensiones, al dar respuesta, se opuso al éxito de las pretensiones, aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento y fallecimiento del causante, el número de semanas cotizadas y su negativa a reconocer la pensión que se reclama; los demás los negó o dijo que no correspondían a tales. A su favor propuso las excepciones de prescripción y caducidad, compensación, inexistencia del derecho y de la obligación, pago, cobro de lo no debido, no configuración del derecho del IPC ni de indexación o reajuste alguno, enriquecimiento sin causa, buena fe y las que resulten demostradas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 2 de agosto de 2016, absolvió a la demandada de todas las pretensiones, se abstuvo de imponer costas en esa instancia y dispuso que, en el evento de no ser apelado, el fallo fuera consultado con el superior.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia del 25 de octubre de 2016, confirmó la sentencia consultada y apelada por la actora a quien gravó con el pago de las costas procesales.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal adujo que como bien era sabido, la disposición llamada a regular el asunto, tratándose de pensión de sobrevivientes, era aquella vigente a la fecha del deceso del causante; pero que por vía jurisprudencial se había establecido la posibilidad, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, de acudir a la inmediatamente anterior.

Que como el señor Montes había fallecido el 3 de junio de 2012, según se desprendía de la documental de folio 33, la norma que debía tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión, era la Ley 797 de 2003 que en su artículo 12 había modificado el 46 de la Ley 100 de 1993, y que exigía el cumplimiento de 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al deceso, presupuesto que el afiliado no había satisfecho, como se desprendía del texto de la resolución que obraba de folio 37 a 40, pues según dicho documento el difunto cotizó 929 semanas de manera interrumpida entre el 1 de abril de 1976 y el 19 de septiembre de 2005.

Añadió que, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, la norma anterior era la Ley 100 de 1993 en su redacción original, la que exigía la cotización de 26 semanas en el año «anterior a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003», sin que tampoco se acreditara dicho requisito, ya que el afiliado solamente había cotizado 11,71 semanas en ese lapso, como se reflejaba a folios 30 a 32 y 37 a 40.

Acotó la imposibilidad de aplicar el Acuerdo 049 de 1990 «por cuanto el referido principio no le permite al juzgador efectuar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores para llegar a la que se ajuste a la situación del causante», pues ello sería desconocer el principio de aplicación inmediata de las leyes sociales y el hecho de que estas, en principio, rigen hacia el futuro.

Concluyó que como el causante no cumplió con la densidad de semanas exigidas por la Ley 797 de 2003 ni por la Ley 100 de 1993 original, era necesario confirmar la decisión de su inferior.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte Case la sentencia impugnada y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado y que se procede a resolver.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

Para dar desarrollo al cargo afirma que el Tribunal aunque «dio aplicación al principio constitucional de la condición más beneficiosa, sin embargo señala que los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 no devienen aplicables para la solución del diferendo jurídico que enfrente a las partes trabadas en esta contienda judicial dado que no son las normas legales anteriores al artículo 12 de la ley 797 de 2003, sino que la norma inmediatamente anterior es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original».

Pero que la situación particular no se puede definir a la luz del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, porque así se «transgrede las garantías de orden superior que tienen los miembros de una familia, de contar al menos con el mismo grado de seguridad social y económica con que contaba en vida del asegurado fallecido, que se encuentran consagradas en la Constitución Política».

Agrega que el mencionado principio recae sobre los afiliados que cotizaron un número suficiente de semanas para acceder a la pensión dentro de la normatividad «anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993».

Que como la Ley de seguridad social no estableció un régimen de transición tratándose de pensión de sobrevivientes, en virtud de los principios de buena fe, confianza legítima y favorabilidad, es posible aplicar el Acuerdo 049 de 1990, bajo cuyas reglas el asegurado dejó causado el derecho, ya que dicha norma exige la cotización de 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al deceso o 300 en cualquier época.

Que como el afiliado cotizó en vigencia de dos regímenes pensionales, se debe aplicar el que fije requisitos menos estrictos, postura que tiene respaldo legal y jurisprudencial, tales como las que asumió el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General No.19; que de igual forma el artículo 53 Superior establece como garantía fundamental el que no se resquebrajen los derechos de los trabajadores, para lo que consagra el principio de favorabilidad reconocido por la Corte Constitucional y esta Sala «indicando que los trabajadores tienen derecho a que sus expectativas legítimas de acceder a la pensión de invalidez, vejez o de sobrevivientes, sean protegidas por parte de las autoridades».

Recaba en que la Corte Constitucional tiene un precedente uniforme respecto de la aplicación del mencionado principio en materia de pensión de sobrevivientes, según el cual, se puede aplicar el Acuerdo 049 de 1990 «cuando se prueba que el causante ha cumplido con el número de semanas exigidas por la mencionada norma jurídica durante el término de su vigencia, pese a que la muerte hubiese ocurrido con posterioridad a la vigencia de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003», para lo que se remite a un fragmento de la sentencia T – 454 de 2016.

Refiere que igualmente esta Sala en las sentencias del 15 de febrero de 2011, radicación 40662, 25 de julio de 2012, radicación 386674, 2 de mayo de 2003, radicación 19792 y la de radicación 44999 de 2012, ha accedido a la pensión de sobreviviente en casos en que como el de autos, el causante no satisfizo 50 semanas en los 3 años antes de la muerte, pero sí acreditó más de 300 semanas al 1º de abril de 1994.

Se remite a las sentencias C – 111 de 2006 y C – 1094 de 2003 para agregar que en materia pensional aplica el principio de favorabilidad y de la condición más beneficiosa que «se encuentra directamente ligado a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y a la garantía de una vida en condiciones dignas».

Precisa que en la sentencia T – 464 de 2016 se destacó que el artículo 53 de la Carta no impone ningún límite al funcionario judicial respecto de la disposición más favorable que debe aplicar, pues «la interpretación de la norma inmediatamente anterior, no brinda un mayor y más adecuado desarrollo de los principios y garantías constitucionales, sino que impone una restricción a los principios de favorabilidad, igualdad y expectativas legítimas, y al derecho al mínimo vital».

Asevera que «no puede sobreponerse la aplicación estricta de la ley a la urgencia de materializar derechos subjetivos de mayor importancia, como es el caso de los derechos fundamentales de quien ha cumplido uno de los requisitos exigidos para acceder a la pensión de sobreviviente con base en un determinado régimen jurídico, el cual, posteriormente, es modificado sin ofrecer un régimen de transición u otro tipo de alternativa jurídica para el ciudadano».

Insiste en que la demandante tiene derecho a la pensión que reclama porque su cónyuge cotizó más de 300 semanas en toda su vida, por lo que se debe casar la sentencia acusada.

RÉPLICA

Acota la oposición, en esencia, que la demanda adolece de fallas de orden técnico en la medida que no formula un alcance de impugnación adecuado; que la sentencia SL4650-2017 restringió aún más el principio de la condición más beneficiosa precisando que solo se puede diferir máximo hasta el 29 de enero de 2006, en consecuencia, debe darse respaldo a la decisión acusada.

CONSIDERACIONES

Es cierto, como lo destaca la oposición, que la demanda extraordinaria no es ningún modelo, pues el alcance de la impugnación es deficiente en tanto que no le precisa a la Sala qué hacer con la sentencia de primer grado en el evento de que aquella prospere, ni especifica si la acusación la formula por la vía directa o indirecta, y si es por ésta última, no señala cuáles fueron los posibles errores fácticos en que pudo incurrir; en realidad el escrito no exhibe un desarrollo acorde a la técnica de casación que exige el enfrentamiento de la sentencia con la disposición legal por aplicar.

No obstante, si con extremada laxitud la Sala pasara por alto las referidas deficiencias, tampoco tendría eco la acusación, porque son hechos fuera de debate que el causante falleció el 3 de junio de 2012 y que en los tres años anteriores no había cotizado ninguna semana, razón por la cual bajo las directrices de la Ley 797 de 2003, que es la llamada a gobernar el asunto, no transmitió el derecho que depreca la parte actora.

Como el sentenciador de segundo grado en virtud del principio de la condición más beneficiosa también auscultó si se satisfacían las exigencias previstas en el artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, sin encontrar que así lo fuera, no puede la Sala pregonar equívoco de su parte, pues acogió la directriz jurisprudencial según la cual la regla llamada a gobernar el asunto es la que rige para la fecha de fallecimiento del causante.

Ahora bien, en algunos casos, según lo impone el artículo 53 Superior y lo ha desarrollado la jurisprudencia de esta Sala, es posible acudir al precepto inmediatamente anterior, no a otro cualquiera, como sería el Acuerdo 049 de 1990.

En efecto, la finalidad de ampliar el espectro de protección de los ciudadanos y procurar el respeto por la situación de aquellos que comenzaron a cotizar en su vigencia y que vieron modificados los requerimientos normativos, sin que mediara un régimen de transición o cualquier otro tipo de disposición que paliara tales efectos, no puede permitir extrapolar la situación concreta a cualquier precepto jurídico, pues ello no se acompasa con el sentido de la seguridad social, ni se aviene a las reglas básicas en las que se establece su modelo de gestión.

Por ello es que la Corte ha advertido que no es posible, entre otros, la utilización de dicho principio, con el objeto de acomodar irrestrictamente el caso concreto a la norma que mejor se avenga en cada caso particular, pues ese no es el propósito que se busca, sino por el contrario, el de permitir la extraordinaria aplicación, se insiste, de la disposición inmediatamente anterior.

De tal manera que no erró el juzgador de la alzada cuando precisó que, de aplicar el principio de la condición más beneficiosa, no se podría acudir a norma diferente a la inmediatamente anterior a la que regía el asunto.

Ahora bien, sobre la fuerza vinculante del precedente constitucional, esta Corte en providencias SL1884-2020 y SL1938-2020, adoctrinó:

La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, y que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de dictar sentencia.

Asimismo, ha precisado que su precedente tiene fuerza vinculante, puesto que no existe duda que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgar comprensiones a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones jurídicas y a desarrollar principios básicos del Estado Constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de la igualdad, la supremacía de la Carta Política, el debido proceso y la confianza legítima (C-539-2011).

No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad, es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior, y el precedente en vigor, esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.

El primero tiene una fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a las disposiciones de la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).

En este contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y que su aplicación debe ser proporcional –a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, respecto de la sentencia de tutela T-953-2014 que refiere la censura en el cargo, la Sala considera oportuno señalar que la misma tiene efectos inter partes. Y, en todo caso, dicho criterio fue posteriormente modificado a través de la sentencia SU-05-2018, de cuyo contenido esta Sala de Casación de la Corte se aparta, en cumplimiento de los requisitos de trasparencia y suficiencia definidos por la Corte Constitucional (C-621-2015 y SU-354-2017), por las razones que expone a continuación (deber de argumentación suficiente):

En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultraactiva de la condición más beneficiosa cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003; (ii) no acredite 50 semanas de aportes en los 3 años anteriores al deceso para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, y (iii) reúne el número mínimo de semanas exigidas en el régimen anterior.

Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial de protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de modo que la pensión de sobrevivientes constituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.

Pues bien, a juicio de esta Corporación, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Asimismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y retrospectividad.

Además, de aplicarse cualquier disposición anterior se darían efectos plus ultraactivos a normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, lo que afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la norma aplicable en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible (CSJ SL1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019 y CSJ SL2829-2019).

Por otra parte, debe advertirse que la financiación de todo sistema pensional depende de variables demográficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o, potenciar algunos de ellos, como por ejemplo darle mayor peso a la permanencia en la afiliación para la adquisición de un derecho pensional que a la sola acreditación de un número específico de semanas.

En consecuencia, la introducción de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha diseñado el sistema pensional y comprometer la realización de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causación y pago.

En síntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.

En definitiva, y a la luz de todo lo explicado, el juez no puede realizar un examen histórico de las leyes anteriores a fin de determinar una aplicable al caso particular.

Por lo anterior, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $4.240.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 25 de octubre de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por AURA LEONOR GUASCA BOLÍVAR en contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

952500255968500

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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