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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL332-2023

Fecha
15 de febrero de 2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL332-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 10 de junio 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MILDRED TORRECILLA OROZCO contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Costas como se dijo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL332-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

15 de febrero de 2023

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL332-2023

Radicación n.° 92931

Acta 5

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., contra la sentencia proferida por la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 10 de junio de 2020, en el proceso que MILDRED TORRECILLA OROZCO instauró en su contra.

I. ANTECEDENTES

MILDRED TORRECILLA OROZCO llamó a juicio a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., con el fin de que se le declarara responsable por el incumplimiento de su obligación legal de adelantar el cobro de los aportes en mora contra la empresa Adminiscol Ltda., empleadora del causante; como consecuencia, se le condenara al pago de la pensión de sobrevivientes con motivo del fallecimiento de Walfran Arias Martínez, desde la fecha de la solicitud en el mes de marzo de 2010, los intereses moratorios, la indexación de las sumas adeudadas, ultra y extra petita y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: el causante suscribió un contrato de trabajo con la sociedad Adminiscol Ltda; inició labores el 1 de mayo de 1998 en el cargo de portero, se mantuvo vigente hasta el fallecimiento de éste; en calidad de compañera del trabajador, instauró demanda ordinaria laboral en contra de la empleadora en la que se declaró la existencia del contrato de trabajo desde la fecha anotada hasta el 22 de enero de 2006, de lo que desprende que tenía derecho al pago de las cotizaciones a pensiones, sin embargo, éstos no obraban en el extracto de Porvenir en el que se registraban algunos aportes del año 1998.

Adujo que solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a Porvenir S.A. la cual le negó mediante oficio del 5 de abril de 2010, notificado el 25 de agosto del mismo año, con el argumento de que el afiliado no contaba con las semanas mínimas necesarias y la fidelidad al sistema general de pensiones, por lo que aceptó la devolución de saldos.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada, se opuso a las pretensiones por considerar que no se cumplían los requisitos previstos en la ley aplicable para otorgar la prestación económica solicitada y, en cuanto a los hechos, acepto unos y negó otros. Propuso como excepción previa la falta de integración del litisconsorcio necesario con la sociedad Administraciones Colombia Ltda., y de mérito las de inexistencia de la obligación, ausencia de derecho sustantivo, responsabilidad del empleador por el pago oportuno de aportes de seguridad social, cobro de lo no debido, mala fe del ex empleador, prescripción, buena fe y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 12 de abril de 2019, condenó a la demandada a pagar la pensión de sobrevivientes, a partir del 22 de enero de 2006, en cuantía equivalente al salario mínimo mensual legal mensual vigente, junto con los incrementos de ley y las mesadas adicionales, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción de las mesadas causadas con antelación al 12 de enero de 2017, autorizó descontar lo pagado por devolución de saldos y ordenó el pago de intereses moratorios de las mesadas adeudadas, a partir del 12 de enero de 2017 hasta que se haga efectivo el pago.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer por apelación interpuesta por las partes, mediante fallo del 10 de junio de 2020, dispuso:

PRIMERO.- MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia apelada para condenar a PORVENIR S.A. a pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes a partir de 22 de enero de 2006, en proporción del 50% del valor establecido en un salario mínimo legal mensual vigente, por 14 mesada anuales e, incrementos de ley, valor que podrá acrecer a 100% de la mesada a partir de 03 de diciembre de 2019, si demuestra que el otro beneficiario, Oscar Fernando Arias Torrecilla, no se encuentra estudiando o hasta cuando este hecho suceda, en todo caso, acrecerá a partir de 03 de diciembre de 2026, cuando dicho beneficiario supere veinticinco (25) años de edad.

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral segundo de la decisión censurada, para declarar parcialmente probada la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad a 12 de enero de 2014.

TERCERO.- ADICIONAR la sentencia apelada para condenar a la PORVENIR S.A. a cancelar a la demandante $32´159.727.17 como retroactivo pensional causado de 12 de enero de 2014 a 30 de mayo de 2020, teniendo en cuenta el 50% de la mesada pensional, sin perjuicio que al acreditar la demandante la ausencia de estudios por el otro beneficiario a partir d e03 de diciembre de 2019, pueda acrecer la mesada pensional a 100%, conforme a lo dicho; de igual forma se dispone AUTORIZAR a la AFP a realizar los descuentos en salud por ser una obligación de orden legal.

CUARTO.- PRECISAR el numeral tercero de la sentencia apelada en el sentido de autorizar a PORVENIR S.A. a descontar de las mesadas adeudadas a la actora, el valor que recibió como beneficiaria del causante por devolución de aportes, sin incluir lo entregado a su hijo pues, no fue parte del proceso.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado consideró como fundamento de su decisión, que dada la fecha de fallecimiento del causante, 22 de enero de 2006, las disposiciones aplicables eran las previstas en los artículos 73 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por los 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, luego de referir los requisitos allí previstos, expuso que en la relación aportes remitida por la administradora constan 153.28 semanas, de las cuales ninguna corresponde a los tres últimos años anteriores al fallecimiento, pues el último fue el 23 de julio de 1998 con el empleador Adminiscol Ltda.

Posteriormente, dio cuenta del incumplimiento del empleador en el pago de aportes y asentó que este no se podía trasladar al afiliado, tal como lo había enseñado con insistencia esta Corporación; asimismo, recordó que también ha indicado que el hecho generador de las cotizaciones era la relación de trabajo y, en esa dirección, para que hubiera mora se requería contar con pruebas de la existencia del vínculo.

Con base en el análisis de los medios de prueba concluyó que Walfran Arias Martínez trabajó para Adminiscol Ltda., entre el 1 de mayo de 1998 y el 22 de enero de 2006, fecha de fallecimiento de aquél, que la empleadora reportó el ingreso del trabajador a Porvenir S.A. pero no informó el retiro, por lo que esta última tenía la obligación de adelantar las acciones de cobro de las cotizaciones adeudadas, sin que se hubiera acreditado la imposibilidad del cobro de la obligación para relevar a la administradora de su responsabilidad, motivo por el cual ordenó la inclusión de los aportes en mora del 24 de julio de 1998 al 22 de enero de 2006, que totalizaban 385.57 semanas, de las cuales 154.28 corresponden a los últimos tres años anteriores al deceso del citado.

Tras cuantificar el monto a pagar por retroactivo, atendiendo la prosperidad del medio exceptivo de la prescripción, frente a los intereses moratorios, concluyó:

Pretende la demandante en su censura, condena en concreto por intereses moratorios impuestos sobre las mesadas adeudadas, de 12 de enero de 2017 hasta cuando se efectué(sic) el pago; pedimento que surge improcedente, pues, para el cálculo se requiere conocer la fecha en que la AFP cumpla la obligación, hecho incierto y futuro que impide determinar su valor.

Mediante decisión del 2 de julio de 2020, por solicitud de las partes, específicamente en cuanto a los intereses moratorios conforme lo solicitó la pasiva, se adicionó con el numeral quinto, así:

QUINTO.- MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del a quo para DECRETAR EL PAGO de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre cada una de las mesadas adeudadas desde el 12 de enero de 2014 y, hasta cuando se verifique su pago. CONFIRMAR la sentencia en lo demás, con arreglo a lo expresado en la parte motiva de eta providencia.

Como fundamento expuso que el 28 de septiembre de 2009 la actora reclamó la pensión de sobrevivientes, la cual se le negó por oficio del 5 de abril de 2010, luego, atendiendo que la demandada contaba con dos meses para resolver el derecho pensional, los intereses de mora procederían a partir del 29 de noviembre de 2009, sin embargo, en virtud de que la prescripción se declaró a partir del 12 de enero de 2014, ordenó su pago desde esa data.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Porvenir S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto condenó al pago de intereses moratorios y absuelva a la demandada de tal pretensión, proveyendo en costas como corresponda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue objeto de réplica.

VI. ÚNICO CARGO

Por la vía directa denuncia la aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y 1º de la Ley 717 de 2001, en relación con lo dispuesto en los artículos 46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por los 12 y 13 «de la Ley 100 de 1993[sic]».

Como desarrollo del cargo aduce que, al confirmar la condena a intereses moratorios, el colegiado dejó de lado que cuando se está en reclamación de una pensión de sobrevivientes que fue negada en virtud de la ley y otorgada en aplicación del principio de la condición más beneficiosa conforme lo ha asentado la jurisprudencia de esta Corporación, no son procedentes; al efecto invoca la sentencia proferida en el radicado 68425 del 22 de febrero de 2017 (CSJ SL 2756-2017).

Añade que el Tribunal dejó de lado que la Corte ha sostenido que se puede sustraer de la condena a los aludidos réditos cuando la negativa del derecho obedece al apego juicioso a la norma existente; como quiera que la negación del derecho obedeció a una justificación seria y razonable, no pueden imponerse, pues estos no se generan de forma automática, lo que conlleva a la aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones enunciadas.

VII. RÉPLICA

Funda la oposición en que, dado que se deben atacar todos los soportes de la sentencia del Tribunal, el apoderado omitió hacer alusión a los fundamentos fácticos y jurídicos que tuvo en cuenta en la decisión.

Añade que la inconformidad del casacionista radica en aspectos fácticos que no se presentan en la acusación, como dio respuesta a la solicitud prestacional de acuerdo con la ley, lo que contradice lo sostenido por el juez plural. Expone que en el presente asunto no se muestra una justificación seria y razonable para negar el derecho, pues existía una sentencia judicial que reconoció el contrato de trabajo y los conceptos correspondientes a la pensión de sobrevivientes, aunado a que los intereses no son de carácter sancionatorio sino de resarcimiento en la tardanza en conceder la prestación, la cual se presenta desde el 28 de septiembre de 2009, solo que por efectos de la prescripción se ordenaron a partir del año 2014.

VIII. CONSIDERACIONES

La sala sentenciadora fundamentó su decisión en que era procedente la imposición de intereses moratorios a partir del 12 de enero de 2014, en atención a que se reclamó la pensión de sobrevivientes el 28 de septiembre de 2009 y se negó por oficio del 5 de abril de 2010, pese a que la administradora contaba con dos meses para decidir.

La censura radica su inconformidad en que no había lugar a imponer condena a intereses moratorios por cuanto la negativa de la prestación obedeció a razones serias y razonables y dado que éstos no proceden de manera automática.

Desde el umbral se hace necesario memorar que el criterio de la Sala frente a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es que estos proceden siempre que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, conforme a lo expuesto en la sentencia CSJ SL3130-2020, independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, en tanto su imposición es simplemente el resarcimiento ante los efectos adversos para el acreedor por la mora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. En ese sentido, en la providencia CSJ SL5627-2019, se explicó:

Dicho esto, pretende el censor que se estudien las conductas que conllevaron a negar la prestación económica, para que así le sea exonerada la condena.

Al respecto, esta Corporación en la sentencia SL5566-2018, desglosa la naturaleza de los intereses moratorios, y el entendimiento que debe dársele a la norma en cuestión, en los siguientes términos:

Dicho esto, en principio pareciera que el tribunal incurrió en la contradicción que se le endilga, porque aduce que no se probó la mora en el pago de las mesadas pensionales, pero en todo caso impuso condena por intereses moratorios por una fracción de tiempo; sin embargo, basta con mencionar que recientemente la Sala en la sentencia SL1440-2018 radicación n.70404 del 3 de mayo de 2018, citó la providencia SL662-2018, 28.feb.2018, rad. 49378, que sobre el punto que acá se debate señaló:

En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ha sostenido la Corte tradicionalmente desde la sentencia de 23 de septiembre de 2002, radicación 18512, que en principio deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trata simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tiene carácter resarcitorio y no sancionatorio.

En sentencia CSJ SL, del 13 de junio de 2012, rad. 42783, esta Sala trajo a colación la del 29 de mayo de 2003, rad. 18789, donde se asentó esa postura en los siguientes términos:

“Cierto es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal y como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala. En efecto, así dijo la Corte en sentencia de 23 de septiembre de 2002 (Radicación 18512)”.

De lo anterior ha de concluirse que el fallador no aplicó indebidamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque es esta la norma que regula el asunto en caso de mora en el otorgamiento de la pensión dentro de los términos legales, esto es, los 2 meses siguientes a la reclamación con la aportación de las debidas probanzas, como lo establece la Ley 717 de 2001, entratándose de pensiones de sobrevivientes, hecho acreditado en el proceso porque lo cierto es que a la demandante solo hasta el 16 de noviembre de 2007 se le hizo la devolución de los saldos existentes en la cuenta individual de su cónyuge, pese a que había solicitado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes desde el 25 de junio de 2007.

Ahora bien, conforme al criterio expuesto no nos encontramos ante un cambio de línea jurisprudencial, o que la negativa pensional se hubiese dado con amparo en el ordenamiento legal vigente, por el contrario, el motivo por el cual se le impuso condena al pago de la prestación económica a la demandada fue precisamente el incumplimiento de la obligación de adelantar las acciones de cobro contra el empleador por el no pago de los aportes pensionales, aspecto sobre el que no se planteó inconformidad alguna en casación, motivo suficiente para concluir que el fallador de segunda instancia no aplicó indebidamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 como se acusa por la censora.

En consecuencia, no hay lugar a derruir el fallo acusado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $10.600.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 10 de junio 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MILDRED TORRECILLA OROZCO contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

Costas como se dijo.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

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