Adicional a lo anterior, señaló que la pensión que consagra la convención objeto de estudio se causa cuando se cumple la edad y el tiempo de servicio, a diferencia de otros acuerdos extra legales, en los cuales la edad es necesaria únicamente para exigir el derecho. Para sustentar lo manifestado, recordó que tal postura se plasmó en sentencias CSJ SL, 24 abr. 2007, rad. 28385, CSJ SL, 10 dic. 2008, rad. 33127, CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 40308, CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 39809, CSJ SL14285-2014 y CSJ SL17913-2016.
RECURSO DE CASACIÓN
El recurso extraordinario de casación lo interpuso el demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que esta Sala case «totalmente» la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la del a quo.
Con tal propósito, formula un cargo que fue objeto de réplica por parte de la demandada, en el término legal.
CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia de trasgredir la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de las siguientes disposiciones:
Artículos 467, 468, 469, 470, 476, 467, 478 del Código Sustantivo del Trabajo, 470 del mismo modificado por el artículo 37 del Decreto 2351 de 1965; 1494, 1518, 1530, 1531, 1536, 1538, 1540, 1541, 1542, 1602, 1618 y 1622 del Código Civil; 60, 61, 66A y 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social; 174, 175, 176, 251 y 258 del Código de Procedimiento Civil; modificado por los artículos 164, 165, 167, 170, 176, 279, 243, 244, 250 del Código General del Proceso.
Como consecuencia de la violación indicada la sentencia infringió también los artículos: 1, 19, 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 1 de la ley (sic) 33 de 1.985; parágrafo 3º del artículo 1 Acto Legislativo No. 1 de 2005; 142 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 8° y 16 de la Ley 153 de 1887; 23, 29, 48, 53 y 55 de la Constitución Nacional; 17, literal b), de la Ley 6ª de 1945; 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, expedido por el Instituto de Seguros Sociales y aprobado por el Decreto 3041 del mismo año; 1º y 12 de la Ley 6ª de 1945; 72, 73 y 76, inciso 2°, de la ley 90 de 1946; 19, 127 (Subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990); 1º y 2° de la Ley 4ª de 1966; 11, 12, 14 y 57 del Acuerdo 224 de 1966 (aprobado por el Decreto 3041 de 1966); 70 a 75 del Decreto 1848 de 1969; 5° de la ley 4ª de 1976; 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado mediante Decreto 2879 del mismo año; 1,3 y 10 de la ley (sic) 33 de 1.985; 5, 12 y 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por Decreto 758 del mismo año; 11, 17, 18, 19, 22, 33, 36, 50, 143 y 289 de la Ley 100 de 1993.
El recurrente manifiesta que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:
No dar por demostrado, estándolo, que el actor era beneficiario de la convención colectiva del trabajo, firmada entre las partes (ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL) el 31 de octubre de 2.001.
No dar por demostrado, estándolo, que la convención colectiva firmada entre las partes (ISS y SINTRASEGUR1DAD SOCIAL) el 31 de octubre de 2.001, en su artículo 98 estableció una pensión de jubilación convencional.
Dar por demostrado, sin estarlo, que en la citada clausula (sic) convencional, determino (sic) que la edad era un requisito obligatorio, que se debía cumplir durante la vigencia del contrato de trabajo.
No dar por demostrado, estándolo, que la edad solo era una mera condición de exigibilidad.
Dar por demostrado, sin estándolo (sic), que el demandante estuvo dentro de la ESCISION (sic) del Instituto de Seguros Sociales, regulada en el Decreto 1750 de 2.003 y aplico (sic) la jurisprudencia que interpretaba esa condición.
No dar por demostrado, estándolo, que siempre el actor ostento (sic) la calidad de trabajador oficial, durante la vinculación laboral con su empleador.
No dar por demostrado, estándolo, que el actor cumplió el tiempo de servicio (20 años) y la edad (55 años), antes de entrar en vigencia el Acto Legislativo No. 1 de 2.005 (31 de Julio de 2.010).
No dar por demostrado, estándolo, que el recurso de apelación en materia laboral, esta (sic) de marcado (sic) dentro del principio de consonancia.
No dar por demostrado, estándolo, que en materia laboral, existe el principio de favorabilidad y dando alcance a este, el Ad-quem puede acudir a normas supletorias.
Yerros que, afirma, cometió por no apreciar las siguientes pruebas:
Registro civil de nacimiento del accionante, (Folios 2 del Cuaderno Principal).
Certificado de salarios del actor, expedido por la demandada, (folios 20 a 22del Cuaderno Principal).
Documento que certifica la afiliación a la organización sindical del actor. (Folio 4 del Cuaderno Principal).
Hechos de la demanda principal.
Respuesta de los hechos de la demanda (Folios 152 a 153 del Cuaderno principal).
1.6. Convención colectiva del trabajo firmada entre las partes (ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL) el 31 ele octubre de 2.001. (Folios 23 a 107 del Cuaderno Principal).
Para sustentar lo anterior, manifiesta que la convención colectiva es un acuerdo de voluntades que celebran uno o varios empleadores y uno o más sindicatos o federaciones, mediante la cual se establecen las condiciones que van a regir el contrato de trabajo, siempre y cuando superen las establecidas en la ley.
Igualmente, aduce que un acuerdo colectivo es válido probatoriamente cuando consta por escrito, se replica en el número de partes firmantes, se deposita ante el Ministerio del Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su firma y se allega al expediente en copia simple pero con la constancia de depósito.
En el mismo sentido, señala que se favorecen de la convención los contratantes, los miembros del sindicato que la celebró, quienes adhieran a la misma aun después de su firma y, por extensión, a terceros y, que en este asunto, no hay duda de que el actor es afiliado al sindicato que suscribió el acuerdo, por tanto, beneficiario del mismo.
Asimismo, refiere que legalmente está establecido que los derechos mínimos de los trabajadores no pueden ser desconocidos contractualmente, pues lo único permitido es mejorarlos.
En ese entendido, considera que el sentenciador de alzada vulneró los artículos 467, 468, 469 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo al desconocer el acuerdo convencional y concluir que no estaba afiliado al sindicato que suscribió el convenio.
Por otra parte, sostiene que la compartibilidad pensional es una figura mediante la cual el empleador debe asumir el mayor valor existente entre la pensión que estaba a su cargo y la que otorga el Instituto de Seguros Sociales, siempre que la empresa afilie al trabajador al sistema general de pensiones y realice las respectivas cotizaciones. Para sustentar lo expuesto, citó las sentencias CSJ SL, 3 may. 2011, rad. 35685 y CSJ SL, 25 sep. 2012, rad. 52260.
Por otra parte, indica que el ad quem desconoció el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues al resolver el recurso de apelación que interpuso la demandada, debió limitarse únicamente al estudio de los temas objeto de inconformidad que consistían en que, en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005, la convención colectiva no estaba vigente cuando el actor cumplió 55 años de edad y que si se accedía a reconocer el derecho pensional a cargo de la UGPP, el demandante estaría recibiendo dos sumas provenientes del erario, temas respecto de los cuales el juzgador sostuvo que no le asistía razón al convocado.
En consecuencia, reitera que el Tribunal debió confirmar la decisión de primer grado y no desbordar sus límites amparado en que estudió la sentencia que profirió el a quo en virtud del grado jurisdiccional de consulta, pues solo opera cuando la accionada no interpone recurso de apelación o no es representada de forma adecuada.
Además, sugiere que las sentencias que tomó como referencia el juez colegiado no son aplicables a este caso, toda vez que en aquellos asuntos los demandantes tenían la calidad de trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales y pasaron a empresas sociales del estado como empleados públicos en virtud de la escisión consagrada en el Decreto 1750 de 2003, razón por la cual no les era aplicable la convención.
Finalmente, plantea que erró el juzgador de alzada al determinar que la edad era un requisito para causar la pensión, a pesar de que este únicamente es necesario para su exigibilidad, y que con dicha decisión vulneró el principio de favorabilidad y el de «aplicación de la norma supletoria» consagrado en los artículos 8.º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, dado que si hubiera tenido en cuenta este precepto habría acudido al artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 que no establece que la edad deba cumplirse en vigencia de la relación laboral.
Para darle soporte a su postura, cita las sentencias CSJ SL 2733-2015, CSJ SL5334-2015, CSJ SL8178-2016, CSJ SL8186-2016, CSJ SL11803-2017 y CC SU-241-2015.
RÉPLICA
Al oponerse al cargo, manifiesta que el censor incurre en los siguientes errores de técnica: (i) mencionar, en la proposición jurídica, normas a las cuales no se refiere en la sustentación del cargo y que el Tribunal tampoco aplicó al dictar la providencia impugnada y (ii) no controvertir las razones que tuvo en cuenta el ad quem para absolverla de las pretensiones, según las cuales el demandante no acreditó que reunió los requisitos de edad y tiempo de servicios mientras tuvo la calidad de trabajador oficial.
Igualmente, aduce que la decisión de alzada está ajustada a derecho, puesto que el colegiado estudió las normas y la jurisprudencia aplicada en casos similares, en los que se discutía la pensión de jubilación consagrada en la convención 2001-2004 suscrita con el Instituto de Seguros Sociales.
Así mismo, considera que a pesar de que el accionante contaba con el tiempo de servicios requerido, no cumplió con la edad exigida en vigencia de la relación laboral, razón por la cual no tenía un derecho adquirido sino una mera expectativa.
Además, afirma que con la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005, las convenciones colectivas perdieron vigencia a más tardar el 31 de julio de 2010, y como el actor no consolidó el derecho con anterioridad a esa data no era posible reconocer la prestación extra legal.
CONSIDERACIONES
Sea lo primero advertir que no es objeto de discusión que el actor: (i) trabajó para el Instituto de Seguros Sociales desde el 10 de mayo de 1977 hasta el 5 de febrero de 2006, esto es, durante 28 años, 8 meses y 25 días, (ii) cumplió 55 años de edad el 11 de mayo de 2009 y (iii) es beneficiario de la convención colectiva 2001-2004 suscrita con el ISS.
Así las cosas, los problemas jurídicos a resolver consisten en determinar (i) si vulneró el juez de alzada el principio de consonancia al estudiar temas no propuestos por la demandada en el recurso de apelación y (ii) si, según el artículo 98 de la convención colectiva 2001-2004 suscrita con el ISS, la edad es un requisito de causación o de exigibilidad para adquirir la pensión de jubilación convencional.
1.- Violación del principio de consonancia
Debe precisarse que si bien el ad quem estudió tópicos distintos a los expuestos por la demandada en la impugnación de la decisión de primera instancia, ello fue en razón a que se surtió el grado jurisdiccional de consulta a su favor, en consecuencia, estaba facultado para estudiar todas las condenas que le fueron impuestas.
En efecto, contrario a lo que afirma el recurrente, esta Sala de la Corte ha reiterado en diversas oportunidades que cuando la sentencia del a quo es desfavorable a una entidad pública en la que La Nación es garante y su apoderado solo impugna alguno de los argumentos que sirven como fundamento del fallo o presenta inconformidad respecto de ciertas condenas impuestas, el Tribunal, en todo caso, tiene no solo la facultad sino el deber de estudiar la totalidad de la decisión, en virtud de lo establecido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Sobre el particular, esta Corporación en sentencia CSJ SL, 8 sep. 2005, rad. 26614, reiterada en providencias CSJ SL15202-2015 y CSJ SL4041-2017, puntualizó:
El artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece un grado de jurisdicción de consulta en dos eventos así:
El primero, cuando la sentencia de primer grado fuere totalmente adversa a las pretensiones del trabajador y contra ella no se haya interpuesto recurso de apelación por la parte interesada.
El segundo, cuando la sentencia de primera instancia fuere adversa a la nación, el departamento o el municipio.
En este último caso, que es el que aquí interesa, para que proceda dicho grado de jurisdicción sólo es necesario que la sentencia sea desfavorable a una de las mencionadas entidades de derecho público, aun cuando contra la misma el apoderado que las represente interponga el recurso de apelación o que en igual forma proceda su contraparte. Es decir, que apelada o no, la decisión de primer grado, en cuanto fuere adversa, debe consultarse necesariamente con el Tribunal, por lo cual, si no se agota la consulta, la sentencia no puede adquirir su debida ejecutoria.
Ahora, la consulta, supone la revisión del fallo por parte del superior. En la hipótesis que se examina, cuando la decisión es totalmente adversa a la correspondiente entidad de derecho público, el ad quem resuelve sin limitación alguna. Cuando es parcialmente desfavorable, sólo se ocupará de ello a menos que la parte contraria haya interpuesto apelación.
Pero, se repite, en ningún caso, la consulta puede pretermitirse. En el asunto bajo examen, es claro que la sentencia de primer grado fue adversa al Departamento del Atlántico, por lo cual necesariamente debía consultarse con el Tribunal, quien podía decidir lo pertinente sin limitación alguna, como efectivamente lo hizo, aun cuando la demandante hubiese sido la única apelante. Y aun si ésta no hubiere apelado, la consulta igualmente tendría que haberse surtido a favor del ente público.
Igualmente, en sentencia CSJ STL7382-2015, señaló:
De la norma trascrita emerge con claridad que además de los recursos de que puedan ser objeto las providencias judiciales, existe un grado jurisdiccional de consulta llamado a ser activado, obligatoriamente, cuando:
La sentencia de primera instancia fuere totalmente adversa a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario, si no fueren apeladas.
La decisión de primer grado fuere adversa a “la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”.
En ese orden, una conclusión surge diáfana: la norma en su primer inciso contiene unas reglas diferentes a las consagradas en el segundo, así:
Para la procedencia de la consulta conforme el primer inciso se requiere: (a) que la sentencia sea totalmente adversa al trabajador, beneficiario o afiliado y (b) que no sea apelada por éste.
Para la tramitación del referido grado jurisdiccional en los términos establecidos en el segundo inciso, basta con que la sentencia del a quo sea condenatoria -siendo indiferente si lo fue total o parcialmente-, e independientemente de que el fallo haya o no sido apelado -frente a todas o algunas de las condenas impuestas-, pues en todo caso opera la consulta, en tanto el colegiado de segundo grado tiene el deber de revisar, sin límites, la totalidad de las decisiones que le fueren adveras a La Nación, a las entidades territoriales, y descentralizadas en las que aquélla sea garante.
Lo expuesto encuentra apoyo en jurisprudencia de esta Sala, que desde antaño, según lo recordó en providencia de hace más de una década -16 de marzo de 2000, rad. 12904-, adoctrinó que “cuando la consulta se surte a favor de la Nación, el Departamento o el Municipio, (…) sí es “forzosa, obligada e incondicionada”, tal como lo precisó esta Sala, en providencia del 24 de julio de 1980, pues aún en el evento de que la respectiva entidad impugne únicamente una o varias de las condenas impuestas, de todas formas el ad quem tiene el deber de revisar, sin límites, la totalidad de ellas.”
Así también lo entendió la Corte Constitucional en la sentencia C-968 de 2003 al señalar, que la defensa de los bienes públicos exige que la consulta proceda “frente a esas mismas providencias cuando fueren adversas, total o parcialmente, a la Nación, al departamento y al municipio, evento en el cual no está condicionada a que se haya interpuesto el recurso de apelación».
Ahora bien, para dar respuesta al argumento del opositor, según el cual el recurrente soporta la acusación en hechos que no fueron materia de apelación, pues su inconformidad únicamente radicó en que el demandante debía cumplir con los requisitos para adquirir la pensión convencional hasta el 31 de julio de 2010, según lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, más no debatió lo relacionado con la justeza del despido, es de señalar que no le asiste razón al replicante por cuanto el Tribunal conoció del proceso debido a la apelación de ambas partes y al grado jurisdiccional de consulta que se surtió en favor de La Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -en lo no apelado por esta-, al ser la sentencia del a quo desfavorable a la entidad, de conformidad con el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y en ese sentido, debe entenderse que el referido grado jurisdiccional suple la apelación de la parte en cuyo favor se surtió.
En ese horizonte, no incurrió el ad quem en el yerro descrito, habida cuenta que, en grado jurisdiccional de consulta, tenía plena competencia para conocer de los asuntos materia de la alzada, así como de aquellos que no merecieron reparo, pues al ser La Nación garante de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, es un imperativo legal verificar si las condenas impuestas a esa entidad se encuentran ajustadas a derecho, sin que ello sea violatorio del principio de consonancia.
2.- Interpretación artículo 98 de la convención 2001-2004 suscrita con el ISS
Es necesario precisar que las convenciones colectivas de trabajo son fuente formal del derecho y, por tanto, sus enunciados normativos deben interpretarse a la luz de los principios y métodos de la hermenéutica jurídica laboral, dentro de los cuales se encuentra la favorabilidad, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política.
Por este motivo, la interpretación de las disposiciones convencionales de índole pensional debe realizarse de acuerdo con sus características y su finalidad, tal como lo adoctrinó la Sala en sentencia CSJ SL16811-2017, en la que dispuso que los textos normativos, dentro de ellos, los acuerdos convencionales, deben ser comprendidos como «un todo y, por tanto, su interpretación debe ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes», lo que naturalmente excluye interpretaciones textualistas, focalizadas en frases, palabras o expresiones elaboradas al margen de los sujetos y los contextos.
Ahora bien, la referida normativa convencional prevé lo siguiente:
El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales (…).
En lo que concierne a la interpretación concreta de dicha cláusula convencional, para la Corte deriva que el derecho pensional puede ser adquirido por los ex trabajadores que al momento del retiro tengan acreditado el tiempo de servicios, pero no la edad.
Lo anterior, en tanto si bien el artículo alude a trabajadores oficiales, ello no excluye del beneficio a quienes tuvieron tal condición, pero arribaron a la edad enunciada con posterioridad a la finalización de sus contratos, pues dicha circunstancia no desvirtúa la calidad que una vez tuvieron: la de trabajadores oficiales al servicio de la entidad que, en últimas, es lo que exige la norma referida.
Al respecto, es relevante destacar que, en este caso, a la luz de la lectura de la cláusula convencional (art. 98), el derecho pensional allí consagrado goza de la particularidad de que se concede para compensar el desgaste físico que sufre el trabajador como consecuencia de muchos años de servicios. Por ello, la Sala considera que el eje central de tal prestación es el tiempo de servicios, toda vez que es el trabajo el que genera la merma laboral. La edad simplemente corresponde a una condición futura, connatural al ser humano.
Específicamente, en el marco de las relaciones de trabajo, es un hecho usual, que las pensiones se ofrezcan a los trabajadores como un aliciente a la prestación de los servicios personales en favor de un empleador, de tal suerte que, además de compensar el deterioro laboral, también funcionan como premio a la fidelidad con aquel.
Ahora, si bien por regla general, las convenciones colectivas gobiernan las condiciones de trabajo de los contratos vigentes, según lo preceptúa el artículo 476 del Código Sustantivo de Trabajo, de modo que los beneficios y prerrogativas extensivos a terceros deben ser explícitos y claros, también lo es que esta regla en materia pensional opera en forma diferente, dadas las características especiales y la finalidad de esta prestación.
Así las cosas, y como quiera que en diferentes providencias esta Sala ha comprendido en forma disímil el contenido del citado artículo 98 convencional, se precisa que, a partir de esta decisión, la interpretación válida de dicha cláusula es la que aquí se fija, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestación pensional, no de causación.
Por tanto, se equivocó el sentenciador colegiado al determinar que la edad era un requisito para causar la prestación, a pesar de tratarse de un requerimiento necesario únicamente para su exigibilidad.
Por lo anterior, habrá de casarse la decisión de segunda instancia.
Sin costas, dada la prosperidad del recurso.
SENTENCIA DE INSTANCIA
La parte demandada al controvertir la decisión de primer grado, manifestó que (i) el demandante no tiene derecho a la pensión de jubilación convencional, pues cumplió los requisitos para causar la pensión con posterioridad a la vigencia de la convención colectiva -31 de octubre de 2004- y, adicional a ello, solicitó el reconocimiento pensional con posterioridad al plazo máximo consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2005 para reconocer pensiones convencionales -31 de julio de 2010- y (ii) que la pensión de jubilación convencional no era ni compartible ni compatible con la que reconoció Colpensiones, porque ambas provienen del tesoro público, razón por la cual lo propio es que se pague la una o la otra.
Para resolver la primera inconformidad, debe advertirse que, como se precisó en sede de casación, en este caso, la pensión consagrada en el artículo 98 de la Convención 2001-2004 suscrita con el ISS, se causa únicamente con el cumplimiento del tiempo de servicio, pues la edad es un simple requisito de exigibilidad, razón por la cual, el derecho a la prestación se originó cuando el demandante cumplió 20 años de servicios a la entidad empleadora, esto es, el 10 de mayo de 1997, toda vez que la referida cláusula convencional consagra que «el trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto». Lo anterior, significa que el beneficio surgió con anterioridad al plazo de vencimiento inicialmente pactado de la convención, esto es, el 31 de octubre de 2004, sin que en nada incida la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, en tanto fue posterior a aquella calenda.
Respecto a la segunda cuestión, debe precisarse que de manera reiterada y pacífica esta Corporación ha establecido que, por tesoro público, se concibe el proveniente de La Nación, de las entidades territoriales y las descentralizadas y, por tanto, se pagan con tales recursos, las pensiones de jubilación a cargo de una entidad descentralizada, como los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado o las sociedades de económica mixta en las que predomine el capital estatal. Así, una pensión de jubilación otorgada por un empleador oficial, es incompatible con la percepción de otra asignación que provenga del erario.
Igualmente, también ha adoctrinado que el Estado no aporta recursos para la financiación del fondo de pensiones administrado por el ISS hoy Colpensiones y, por ello, las prestaciones que tal entidad otorga no tienen el carácter de asignación proveniente del erario (CSJ SL14413-2014, CSJ SL16083-2015 y CSJ SL2170-2019).
De modo que no le asiste razón al apelante en cuanto afirma que no hay lugar a la compatibilidad ni compartibilidad entre la pensión de jubilación convencional que otorga el Instituto de Seguros Sociales como empleador y la de vejez que reconozca la misma entidad pero como administradora de fondo de pensiones.
Pues bien, conforme a lo consagrado en el artículo 5.º del Acuerdo 029 de 1985, las pensiones extralegales causadas con posterioridad al 17 de octubre de 1985 son, por regla general, compartibles con la de vejez que otorga el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, a menos que las partes hayan dispuesto lo contrario a través de convención colectiva de trabajo o laudo arbitral, lo cual no ocurrió en el sub examine, pues en ningún enunciado de la convención colectiva de trabajo se fijó la compatibilidad pensional. Por el contrario, en el párrafo 6.° del artículo 98 del acuerdo convencional se descartó expresamente el recibo simultáneo de la pensión convencional y la legal de vejez al consagrar que:
No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las pensiones de jubilación y de vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por uno y otro concepto, más del ciento por ciento (100%) del promedio a que se refiere el presente artículo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensión de jubilación será equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de la pensión de vejez.
Así las cosas, le corresponde a la demandada pagar, a partir del 11 de mayo de 2014, únicamente el mayor valor existente entre la pensión de jubilación convencional debidamente indexada, a su cargo, y la que otorgó el ente de seguridad social.
Ahora bien, respecto del valor de la prestación, debe precisarse que el artículo 98 de la Convención Colectiva 2001-2004 suscrita con el ISS, establece que:
El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el período que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales:
Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio.
Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio.
Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio.
Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de remuneración:
Asignación básica mensual
Prima de servicios y vacaciones
Auxilio de alimentación y transporte
Valor trabajo nocturno, suplementario y en horas extras
Valor del trabajo en días dominicales y feriados
Como ya se explicó, si bien el demandante causó la pensión el 10 de mayo de 1997, su prestación se hizo exigible el 11 de mayo de 2009; es decir, que esta situación se ajusta a lo dispuesto en el numeral segundo de la norma transcrita, razón por la cual habrá de establecer la primera mesada pensional con base en el 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio, cálculo para el cual se tendrá en cuenta la asignación básica mensual, las primas de servicios y vacaciones, los auxilios de alimentación y transporte y el valor del trabajo nocturno, suplementario, horas extras, dominicales y festivos, tal como lo establece el párrafo 5.° del artículo 98 de la Convención 2001-2004.
Es preciso aclarar que el demandante laboró para la entidad accionada hasta el 5 de febrero de 2006 y la prestación se hizo exigible el 11 de mayo de 2009, razón por la cual se actualizará el valor del promedio del salario devengado pues entre la finalización del contrato y la exigibilidad de la pensión transcurrieron más de tres años, en los cuales la moneda perdió su valor adquisitivo y, en estos caso, esta Sala de la Corte de manera reiterada, uniforme y pacífica, tiene sentado que la indexación del salario que sirve de base para el cálculo de las pensiones, procede para todas ellas sin importar su naturaleza o fecha de causación.
Así las cosas, al realizar las operaciones correspondientes se obtuvo como resultado la suma de $1.785.868,22 como valor de la primera mesada pensional indexada, conforme se observa a continuación:
Por otra parte, en atención a que la UGPP formuló la excepción de prescripción, es preciso advertir que la pensión se hizo exigible el 11 de mayo de 2009 y el actor efectuó una primera reclamación el 2 de diciembre de 2011 (f.º 7 y 8); no obstante, la demanda la radicó el 19 de octubre de 2015 (f.º 119), lo que significa que las mesadas exigibles entre el 11 de mayo de 2009 y el 2 de diciembre de 2011 están prescritas.
Ahora bien, el demandante presentó una segunda reclamación el 15 de abril de 2014 (f.º 5 y 6); con la cual interrumpió la prescripción de las mesadas exigibles desde el 2 de diciembre de 2011 (fecha de la primera reclamación elevada). Lo anterior, toda vez que entre la fecha de la última petición y la presentación de la demanda -19 de octubre de 2015- no trascurrieron más de 3 años.
Por lo anterior, se modificará la decisión de primera instancia en el sentido de establecer que las mesadas que se encuentran prescritas son las causadas del 2 de diciembre de 2011 hacia atrás.
A consecuencia de lo expuesto, y luego de hacer las respectivas operaciones aritméticas, se obtuvo como resultado la cuantía de $120.636.528,69 correspondiente a la suma de: (i) el retroactivo pensional causado entre el 2 de diciembre de 2011 y el 10 de mayo de 2014 y, (ii) como mayor valor resultante entre la prestación que confirió la demandada debidamente actualizada y la prestación que reconoció Colpensiones, desde el 11 de mayo de 2014 hasta el 31 de julio de 2020; cuya indexación arrojó el valor de $27.646.304,43 calculado hasta el 31 de julio de 2020, sin perjuicio de lo que se llegue a causar, como se muestra en las siguientes tablas:
Por consiguiente, habrá de adicionarse la decisión de primer grado en el sentido de establecer una condena en concreto y, en ese entendido, condenará la UGPP a pagar, las sumas de $120.636.528,69 y $27.646.304,43 por concepto del retroactivo pensional causado entre el 2 de diciembre de 2011 y el 31 de julio de 2020, luego de aplicar la compartibilidad con la pensión de vejez que reconoció el Instituto de Seguros Sociales, a partir del 10 de mayo de 2014 y de la indexación, respectivamente, ambas calculadas hasta el 31 de julio de 2020, sin perjuicio de las que se lleguen a causar.
Sin costas en esta instancia. Las de primera estarán a cargo de la demandada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 7 de marzo de 2017, en el proceso ordinario laboral que SAÚL PEÑA SÁNCHEZ adelanta contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.
En sede de instancia, se dispone:
PRIMERO: MODIFICAR la decisión de primer grado y, en su lugar, disponer que se encuentran prescritas las mesadas pensionales causadas del 2 de diciembre de 2011 hacia atrás.
SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá de 21 de noviembre de 2016, en el sentido de CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a reconocerle a SAÚL SÁNCHEZ PEÑA una primera mesada pensional en cuantía de $1.785.868,22 y a pagarle las sumas de $120.636.528,69 y $27.646.304,43 correspondientes al valor del retroactivo pensional causado entre el 2 de diciembre de 2011 y el 31 de julio de 2020, luego de aplicar la compartibilidad con la pensión de vejez que reconoció el Instituto de Seguros Sociales, a partir del 10 de mayo de 2014 y la indexación calculada hasta el 31 de julio de 2020, sin perjuicio de lo que se cause en adelante, respectivamente.
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás.
CUARTO: Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
