Ficha de la providencia
Sentencia SL3344-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3344-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3344-2019
Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa
21 de agosto de 2019
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL3344-2019
Radicación n.° 64303
Acta 028
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 28 de septiembre de 2012, en los procesos acumulados que le instauró FERNANDO WALTER LEDESMA, a ella y a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A., ARL SURATEP S.A., hoy SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., a los que se integró, como litisconsorte, a la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.
ANTECEDENTES
Walter Fernando Ledesma llamó a juicio, ante el Juzgado Tercero Laboral de Palmira, a la AFP Porvenir S.A., con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, a partir del 24 de marzo de 2004; la indexación de las condenas, y las costas procesales.
Fundamentó sus peticiones, en que cotizó al Sistema de Seguridad Social en pensiones desde el 23 de julio de 1990; que el 1 de julio de 1994 se trasladó de régimen y se afilió a Porvenir S.A., hasta el 28 de mayo de 2007; que su último empleador fue Servicios Integrados Sertempo S.A.
Relató, que cuando laboró al servicio de la empresa Fuller Aseo Mantenimiento S.A., adquirió una enfermedad que posteriormente se calificó de común, denominada «Epicondilitis y lesión de nervios mediano y ulnar derecho», conocida como túnel carpiano, en su mano derecha; que inicialmente la empresa en mención lo remitió a Suratep ARP y esta, a su vez, a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle, entidad que le dictaminó el 48.59% de pérdida de capacidad laboral de origen laboral; que impugnó dicha calificación ante la Junta Nacional, la cual mantuvo el porcentaje de pérdida de su capacidad.
Adujo, que, de otro lado, instauró proceso laboral contra la ARL Suratep, en el que, el juzgado de conocimiento, Primero Laboral del Circuito de Cali, decretó un nuevo dictamen que fue rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda que estableció una pérdida de capacidad laboral del 53.73%, de origen común, estructurada el 24 de marzo de 2004.
Señaló, que en virtud de lo anterior le solicitó al juzgado que integrara el litisconsorcio necesario con la AFP Porvenir S.A., pero dicha petición le fue negada, por improcedente, mediante interlocutorio del 24 de agosto de 2007; que en dicho proveído se declaró en firme el dictamen de la JRCI de Risaralda.
Al dar respuesta a la demanda, la AFP Porvenir S.A., se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió que el actor fue evaluado por la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca el 19 de junio de 2003, en un 48,59% de pérdida de capacidad laboral; que dicho dictamen fue confirmado por la Junta Nacional el 10 de febrero de 2004.
Dijo, que no le constaban los hechos del proceso judicial iniciado contra Suratep ARL, y que el dictamen practicado por la Junta Regional de Invalidez de Risaralda no le era oponible porque no tuvo la oportunidad de controvertirlo y se realizó sin la audiencia de su parte.
En su defensa propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, obligatoriedad del dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, petición antes de tiempo, y buena fe.
Mediante proveído del 18 de diciembre de 2018, el Juzgado Tercero Laboral de Palmira, dispuso la remisión del proceso al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali para que se acumulara con el que el demandante adelantaba contra Suratep S.A. (f.° 72).
En el proceso iniciado por el actor contra la Sociedad Suramericana Administradora de Riesgos Profesionales y Seguros de Vida S.A., Suratep S.A., pretendió que se declarara, de origen profesional, la pérdida de capacidad laboral del 48,59% y, en consecuencia, que se condenara al pago de la indemnización prevista en el Decreto 1295 de 1994, así como a las costas procesales.
Fundó su reclamación, en los mismos hechos planteados frente a Porvenir S.A. y en que se encontraba afiliado en salud a la EPS Saludcoop, entidad que luego de evaluarlo le ordenó la práctica de una cirugía llamada «Neurólisis del nervio ulnar integral del túnel carpiano del lado derecho»; que la misma EPS, a través de su Departamento de Medicina Laboral, le evaluó el 15 de enero de 2003 como profesional, el origen de la enfermedad que denominó «Epicondilitis codo derecho síndrome del túnel carpiano derecho», estructurada el 3 de diciembre de 2002.
Manifestó, que el diagnóstico anterior fue remitido a Suratep S.A., para que conociera en segunda Instancia; que esta ARP efectuó una evaluación del puesto de trabajo, pero omitió establecer su pérdida de capacidad y tampoco citó a la junta interdisciplinaria con Saludcoop, en los términos de los artículos 5 y 6 del Decreto 2463 de 2001; que simplemente dispuso enviarlo a la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, la cual estableció, el 19 de junio de 2003, que su enfermedad era de origen profesional y determinó una pérdida de capacidad laboral del 48,59%.
Expresó, que interpuso recurso de apelación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; que mediante decisión del 13 de febrero de 2004 se confirmó parcialmente el dictamen, en cuanto a la pérdida de capacidad laboral del 48,59%, pero se modificó en el sentido de establecer que el origen era común; que, a consecuencia de esa decisión, Suratep le negó la indemnización, el 1 de abril de 2004.
Al responder la demanda, la ARP Suratep se opuso a las pretensiones y, respecto de los hechos, señaló que desde que tuvo conocimiento del asunto estimó que el origen de la enfermedad padecida por el actor no era profesional; que, contrario a lo indicado en la demanda, sí efectuó la citación a Saludcoop para dirimir la controversia; que dicha EPS no atendió la citación, razón por la cual envió el caso a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. En lo demás, apoyó el dictamen final establecido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de indemnizar, cobro de lo no debido, prescripción, y buena fe.
Mediante sentencia del 29 de febrero de 2008, el Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, absolvió a Suratep S.A. (f.° 293).
Tras conocer en el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Calí, mediante decisión del 23 de julio de 2008, declaró la nulidad de actuado a partir del auto n.° 3664 del 24 de agosto de 2004, por medio del cual se clausuró el debate probatorio. En consecuencia, ordenó integrar el litisconsorcio necesario, por pasiva, con la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
Al concurrir al proceso, esta junta se opuso la pretensión dirigida al cambio del origen de la pérdida de capacidad del actor, y en cuanto a los hechos señaló que aquellos relacionados con Suratep, no le competían.
Explicó, que una vez conoció del asunto por apelación contra el dictamen de la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca, le impartió el procedimiento del Decreto 2463 de 2001; que igualmente le solicitó a Suratep que le practicara al actor las valoraciones por neurología clínica y glicemia A y B, y sus resultados confirmaron plenamente el origen común de sus patologías, los cuales se complementaron con los demás elementos de juicio consignados en el dictamen n.° 3809 del 10 de febrero de 2004.
En su defensa propuso las excepciones de legalidad de la calificación de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, carencia de fundamento legal técnico médico científico, buena fe, falta de legitimación por pasiva
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió la decisión de los procesos acumulados, mediante fallo del 22 de julio de 2011, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR sin efectos el dictamen emitido por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.
SEGUNDO: ABSOLVER a la COMPAÑÍA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA S.A. – SURATEP S.A. de los cargos formulados por FERNANDO WALTER LEDESMA con esta demanda.
TERCERO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. […] a reconocer y pagar a FERNANDO WALTER LEDESMA, una vez ejecutoriada la providencia, PENSIÓN DE INVALIDEZ a partir del 24 de marzo de 2004 en cuantía no inferior al salario mínimo legal, liquidada en la forma y los términos indicados en la considerativa.
[…]
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación de la AFP Porvenir S.A., la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante sentencia del 28 de septiembre de 2012, confirmó el fallo, pero lo adicionó en el sentido de declarar probada parcialmente la excepción de prescripción de las mesadas causadas antes del 1 de octubre de 2004 y absolver a Porvenir S.A., de la condena en costas.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal recordó que la inconformidad de la AFP apelante, se dirigía contra el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, con base en el cual le fue reconocido el derecho al demandante, por cuanto «[…] se profirió dentro de un proceso en el cual no hizo parte PORVENIR S.A., y por ende jamás le fue notificado, no pudiendo ser controvertido».
Esbozó que el demandante, valiéndose del dictamen proferido por la Junta Regional de Risaralda, impetró ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira proceso ordinario laboral contra Porvenir S.A., con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común; que en la respuesta de la demanda dicha AFP argumentó que el citado dictamen no le era oponible y que se rehusaba a que fuera tenido en cuenta ya que se le estarían vulnerando las garantías mínimas constitucionales.
Refirió, que luego de la declaratoria de nulidad de la sentencia donde se absolvió a Suratep, ordenada por el Tribunal Superior de Cali con el fin de que se integrara el litisconsorcio necesario con la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el demandante solicitó la acumulación de los procesos, la cual fue aceptada; que, luego de que la figura procesal acaeciera, Porvenir S.A., se limitó a solicitar el interrogatorio de parte y el testimonio de Álvaro Ayala, «[…] más no hizo pronunciamiento alguno respecto del dictamen proferido por la Junta Regional de Risaralda».
Estimó, que no se le vulneró derecho alguno al Fondo Pensiones Porvenir S.A., puesto que el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 142 del Decreto 19 de 2012, si bien le otorgaba la facultad de calificar en primera oportunidad la pérdida de capacidad de un afiliado, también lo era que no le imponía al usuario la obligación de informarle acerca de su decisión de hacerse evaluar directamente por la Junta de Calificación de Invalidez y, por ende, ese dictamen tenía plena validez, «[…] máxime cuando se hizo por orden de un Juez de la República y allegado al proceso en legal forma».
Reiteró que, cuando fueron acumulados los procesos, Porvenir S.A., tenía todas las herramientas legales para objetar la prueba pericial que se adelantó en el Juzgado Tercero Laboral de Palmira; sin embargo, en esta oportunidad «[…] solamente refirió que el dictamen no le era oponible, más no realizó actividad alguna tendiente a desvirtuar el origen o el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ni solicitó que se realizara una nueva calificación».
En relación con el otro tema objeto de alzada, el de la excepción de prescripción, dijo que le asistía la razón pues no se podía entender que se interrumpió el término de prescripción con la presentación de la demanda ante el Juez Primero Laboral del Circuito de Cali, momento procesal en que el Fondo de Pensiones Porvenir S.A., no era parte, sino que se debía aplicar esa figura desde cuando el demandante, sin que mediara solicitud de pensión, radicó la demanda ante el Juez Tercero Laboral del Circuito de Palmira el 1 de octubre de 2007, «[…] que como ya se dijo, en virtud de la figura de acumulación de procesos conoció la Juez Primera Laboral del Circuito de Cali, calenda a partir de la cual se debe entender, se suspende el término de prescripción en lo que respecta a PORVENIR». Así las cosas, «[…] se deben tener prescritas todas las mesadas pensionales anteriores al 1 de octubre de 2004».
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la AFP Porvenir S.A., concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que la corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y, en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones.
Subsidiariamente, solicitó la casación parcial de la providencia del juez colegiado, y, que en sede de instancia se revocara la decisión del juzgado en el sentido de autorizar a Porvenir S.A., a descontar las partidas correspondientes al sistema de seguridad social en salud y a cargo exclusivo del beneficiario de la pensión, y trasladarlas a la EPS a la que el señor Ledesma estuviera afiliado.
Así mismo, solicitó la casación parcial de la providencia atacada, y, que en sede de instancia se revocara la decisión del juzgado en el sentido de autorizar a Porvenir S.A., a compensar las mesadas canceladas en cumplimiento del fallo de tutela del 29 de octubre de 2008 del Juzgado Sexto Civil Municipal de Palmira, en cuanto ordenó sufragar la prestación de invalidez a partir del 24 de marzo de 2004.
Con tal propósito formuló tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales no fueron propiamente replicados porque la única intervención provino de la ARP Suratep S.A., hoy Seguros de Vida Suramericana S.A., para manifestar que revisada la demanda de casación se observaba que no afectaba sus intereses.
CARGO PRIMERO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 38 y 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 142 del Decreto 19 de 2012, y 1 numeral 1 de la Ley 860 de 2003; como consecuencia de la infracción directa de los artículos 11, 24, 32, 33, 34, 35 y 40 del Decreto 2463 de 2001; 174, 177 y 185 del CPC, aplicables en asuntos laborales de acuerdo con lo señalado por el 145 del CPTSS; 60 y 61 de esta misma codificación, y 29 de la CN.
En la demostración del cargo, recordó que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 CN); reprodujo el artículo 185 del CPC, acorde con el cual «Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en forma auténtica, y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella».
Contrastó lo anterior, con el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, y señaló que no tuvo nada que ver en el proceso en el que se practicó; que, por tanto, se trataba de una prueba trasladada respecto de la cual el tribunal violó el derecho constitucional del debido proceso, en su arista de la contradicción que le asistía.
Censuró, la omisión al trámite consagrado en el Decreto 2463 de 2001, especialmente en lo relacionado con la solicitud de calificación que debió hacerse, primeramente, a la Administradora de Fondos de Pensiones y, en todo caso, en cuanto no le fue notificada la calificación de la Junta Regional de Risaralda, en la forma prevista en el procedimiento especial, en los términos de artículo 32 ídem, es decir que, «[…] era imprescindible que el secretario de dicha junta le hubiera enviado la copia del dictamen, se hubiesen puesto en su conocimiento los recursos de los que podría valerse, y concedido un plazo de diez días para poder sustentarlos».
Coligió, que de paso se transgredió el artículo 174 del CPC puesto que la sentencia no se soportaba en pruebas regular y oportunamente allegadas al expediente.
CONSIDERACIONES
La sala comienza por advertir, a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, que la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas de técnica que su planteamiento y demostración requieren, que de no acatarse puede conducir a que el recurso extraordinario resulte infructuoso; máxime que este medio de impugnación no le otorga competencia a la corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor se contrae a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar.
En los términos en que se quiso demostrar el cargo, el recurrente incumplió el deber acusar los reales argumentos de la sentencia impugnada. Así lo refirió la CSJ SL13058-2015:
[…] reitera que la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exige el despliegue de un ejercicio dialéctico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, porque en caso contrario permanecerá incólume, soportada sobre los cimientos que resultaron útiles al Tribunal para resolver el caso sometido a su consideración.
Corresponde entonces al censor identificar los soportes del fallo que controvierte y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, si es que el fundamento de la decisión es mixto.
Los pilares jurídicos de la sentencia confutada refieren que, luego de la declaratoria de nulidad de la sentencia donde se absolvió a Suratep, ordenada por el Tribunal Superior de Cali con el fin de que se integrara el litisconsorcio necesario con la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el demandante solicitó la acumulación de los procesos, la cual fue aceptada; que, luego, Porvenir S.A., se limitó a solicitar el interrogatorio de parte y el testimonio de Álvaro Ayala, «[…] más no hizo pronunciamiento alguno respecto del dictamen proferido por la Junta Regional de Risaralda»; es decir, que la valoración que hizo el fallador, en cuanto respaldó la pérdida de capacidad laboral del 53.73%, de origen común, estructurada el 24 de marzo de 2004, quedó incólume.
Es menester recordar, en virtud del principio de libre formación del convencimiento, que el juez puede acoger cualquiera de los dictámenes que obren en el proceso: Así, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL1044-2019, se reiteró:
Asimismo, también la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez, sean regionales o nacionales, no son pruebas solemnes, de modo que pueden ser controvertidas ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por aquellas (CSJ SL 29622, 19 oct. 2006; CSJ SL 27528, 27 mar. 2007; CSJ SL 35450, 18 sep. 2012, CSJ SL 44653, 30 abr. 2013, CSJ SL16374-2015 y CSJ SL5280-2018). En la primera de las sentencias referidas, indicó:
(….) Ciertamente, la Corte ha estimado que en la actualidad el estado de invalidez de un trabajador corresponde establecerse mediante la valoración científica de las juntas de Calificación, a través del procedimiento señalado en los reglamentos dictados por el Gobierno Nacional. Pero la Sala de Casación Laboral no ha sostenido que los parámetros señalados en el dictamen de la Junta sean intocables (…)
De ninguna manera ha considerado la Corte que los hechos relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el hecho genitor de la minusvalía, tenidos en cuenta por uno de tales entes, o por ambos si se agotan las dos instancias, sean materia incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo (…)
Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los jueces del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías”.
La opositora estimó, que no se le vulneró derecho alguno al Fondo de Pensiones, puesto que el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, si bien le otorgaba la facultad de calificar en primera oportunidad la pérdida de capacidad de un afiliado, también lo era que no le imponía al usuario la obligación de informarle acerca de su decisión de hacerse evaluar directamente por la Junta de Calificación de Invalidez y, por ende, ese dictamen tenía plena validez, «[…] máxime cuando se hizo por orden de un Juez de la República y allegado al proceso en legal forma».
Por su parte, el recurrente se vino lanza en ristre contra los razonamientos anteriores, pero con unas motivaciones diferentes relacionadas con la presunta omisión del trámite administrativo que debe seguirse, en la calificación de la pérdida de capacidad laboral, de conformidad con el Decreto 2463 de 2001; es decir que no centró su discernimiento en los verdaderos pilares de la sentencia: la aducción de la prueba en el proceso jurisdiccional laboral, y el rol de las Juntas de Calificación de Invalidez cuando actúan como auxiliares de la administración de justicia o peritos. En este aspecto la sentencia del tribunal quedó incólume.
El artículo 3 del referido Decreto señala que las “Juntas regionales de calificación de invalidez decidirán sobre las solicitudes de calificación de pérdida de la capacidad laboral requeridos por las autoridades judiciales o administrativas, evento en el cual, su actuación será como peritos asignados en el proceso». Sobre el particular, en sentencia CSJ SL9184-2016, la sala adoctrinó:
Según el inciso 1o del artículo 3o del Decreto 2463 de 2001, las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez «decidirán sobre las solicitudes de calificación de pérdida de la capacidad laboral requeridos por las autoridades judiciales o administrativas, evento en el cual, su actuación será como peritos asignados en el proceso». En correspondencia con lo anterior, el numeral 4o del artículo 14 ibídem, atribuye competencia a dicho organismo para «Decidir las solicitudes de calificación del grado y fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral o del origen del accidente, la enfermedad o la muerte, requerida por entidades judiciales o administrativas».
Si bien, expresamente a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no se le asignó como una de sus funciones la de resolver o decidir sobre las solicitudes de calificación de pérdida de la capacidad laboral remitidas por la autoridad judicial, no menos cierto es que su carácter de organismo experto en esa materia lo legitima plenamente para ser designado por los jueces laborales para que rinda el dictamen pericial decretado como prueba en esta clase de actuaciones, puesto que tal como lo tiene definido la Sala, al interior de un proceso judicial en la calificación de la pérdida de capacidad laboral y el origen de una enfermedad o accidente, las Juntas de Calificación de Invalidez intervienen como auxiliares de la justicia, de suerte que la selección del órgano encargado de practicar el dictamen pericial es del es del resorte del instructor del proceso, en virtud del principio de libertad probatoria del que están asistidos los juzgadores de instancia no solo en cuanto a la valoración de los elementos de juicio incorporados al expediente, sino además al optar por el medio de prueba que estima más adecuado para demostrar los supuestos fácticos en que se soportan pretensiones y excepciones, sea que los decrete por su propia iniciativa, ora por petición de las partes. (Subrayas fuera del texto).
La condición de auxiliar de la justicia de las juntas de marras, en la hipótesis que aquí se comenta, ha sido reconocida por la Sala en diferentes oportunidades, por ejemplo en la sentencia SL500-2013, radicación 43987, de 31 de julio de 2013; en otras, se dejó asentado que sus dictámenes no son pruebas solemnes, en la medida en que la pérdida de la capacidad laboral y su origen pueden ser demostradas a través de los demás medios de prueba, que no exclusivamente con dicha probanza, verbigracia en sentencia 26591 de 4 de abril de 2006 […].
En otro escenario de la decisión atacada, el juez colegiado puso de presente que el demandante, valiéndose del dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, impetró ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira proceso ordinario laboral contra Porvenir S.A., con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común; que en la respuesta de la demanda dicha AFP argumentó que el citado dictamen no le era oponible y que se rehusaba a que se tuviera en cuenta ya que se le estarían vulnerando las garantías mínimas constitucionales. Importa recalcar, que el recurrente no presentó ningún ataque en contra de la anterior afirmación y, por tanto, la decisión también quedó incólume en ese aspecto.
Surgen algunas cuestiones de procedimiento: (i) si la experticia fue aportada con la demanda y era dable discutir en qué términos se corrió el traslado del dictamen a efectos de lograr su contradicción; (ii) si a esa pericia se le podía dar el mismo tratamiento de una prueba trasladada o, por el contrario, si hacía parte de la comunidad probatoria por el solo hecho de estar cobijada con la acumulación de procesos; (iii) si realmente era factible o no admitir esa acumulación, a sabiendas de que en ambos actuaban, por pasiva, partes distintas: en uno Suratep S.A., por el tema de indemnización por riesgo profesional, y en otro Porvenir S.A, por la pensión de invalidez de origen común.
Sin embargo, esas discusiones, que podrían constituir errores in procedendo, son ajenas al recurso extraordinario de casación como se puede ver en la sentencia CSJ SL13529-2016 que, sobre el particular, aclaró:
Para dar una respuesta es oportuno recordar que, por línea de principio, el recurso de casación no está instituido para solucionar defectos o irregularidades procesales acaecidas en las instancias, cuando ellas han podido ser subsanadas por las partes a través de los recursos, remedios y herramientas que los sistemas procesales colocan a su disposición. En sentencia CSJ SL, 12 sept. 2008, rad. 32385, la Corte indicó que este medio de impugnación extraordinario no es el estadio «para que las partes solucionen fallas procedimentales o de práctica de las pruebas, que pudieron subsanarse efectiva y útilmente por medio de los instrumentos procesales de que se dispone durante el trámite ordinario en las instancias» y en CSJ SL, 10 jun. 2009, rad. 33304, explicó que «las cuestiones estrictamente procesales encuentran en las instancias su escenario natural de debate y definición, a través de los mecanismos previstos en las normas de enjuiciamiento».
A la luz de lo anterior, es palmario que la omisión del tribunal de decretar la prueba pericial en audiencia y no por fuera de ella, podía ser alegada ante esa corporación en el momento en que dispuso decretar, a través de auto, la mencionada prueba. En esa oportunidad pudo el demandante poner de presente esta situación que solo hasta ahora se considera irregular.
En cuanto a la omisión del juez de alzada de correr traslado a las partes del dictamen pericial, cabe señalar que bien pudo alegarse antes de que el Tribunal dictara sentencia. Sobre todo, cuando esta prueba no ingresó subrepticiamente ni a escondidas al proceso, puesto que, por un lado, el actor la conoció al momento en que se decretó de oficio por la magistrada ponente, y por otro, la valoración médica contó con su intervención el 3 de diciembre de 2008, de manera que tenía pleno conocimiento de su existencia.
[…]
Todo lo anterior conduce a la Sala a concluir que si bien se presentó una irregularidad en las instancias, dado que conforme al art. 243 del CPC, en armonía con el 238 de la misma obra, de la pericia «se correrá traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error grave», tal pretermisión legal quedó saneada en virtud de que la parte accionante, quien sabía a ciencia cierta de la existencia de esta prueba, no alegó nada al respecto.
Por lo anterior, el cargo no prospera.
CARGO SEGUNDO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial «[…] por la vía del derecho, por la infracción directa de los artículos 143, 152, 157, 160, 161, 178, y 182 de la Ley 100 de 1993, 10 de la Ley 1122 de 2007, 42 del Decreto 692 de 1994, y 26 y 65 del Decreto 806 de 1998».
En la demostración, adujo que el tribunal soslayó la obligación legal que dicha AFP tenía, de practicar sobre las mesadas pensionales los descuentos relativos a los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud a cargo de Fernando Walter Ledesma, lo cual era indiscutible en la medida en que el artículo 143 inciso 2 de la Ley 100 de 1993, en consonancia con el artículo 42 inciso 3 del Decreto 692 de 1994, disponía que «[…] las entidades pagadoras de las pensiones deberán efectuar los descuentos por concepto de cotización para salud y transferirlos a la EPS a la cual esté afiliado el pensionado, incluido el dinero correspondiente al Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud si hubiere lugar a ello». Se apoyó en las sentencias CC SU-480-1997 y CSJ SL 48875, 20 feb. 2013.
CONSIDERACIONES
Revisado el recurso de apelación, se observa que este fue un tema de discusión planteado por el recurrente (f.° 430) respecto del cual el tribunal guardó silencio. Por tanto, era deber del censor solicitar un pronunciamiento adicional en tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del CPC (hoy art. 287 CGP) aplicable por remisión analógica del artículo 145 del CPTSS, porque la corte no tiene competencia para pronunciarse sobre asuntos que no quedaron incluidos en la decisión de segunda instancia.
No obstante, sobre este tópico en particular ya la sala tiene establecido que las Administradoras de Fondos de Pensiones no requiere de ninguna autorización judicial para realizar los descuentos en salud que le corresponden al pensionado porque estos operan por ministerio de la ley. Así, en sentencia CSJ SL2445-2019, se reiteró:
Sobre el tema planteado, es importante resaltar que, independientemente de que el asunto fuera materia de estudio por parte del operador judicial de segunda instancia, por ministerio de la ley, las entidades pagadoras de pensiones se encuentran en la obligación de descontar la cotización para salud y transferirla a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el pensionado. Así se desprende expresamente del mandato del art. 42 inc. 3º del D 692 de 1994, cuando señala:
Las entidades pagadoras deberán descontar la cotización para salud y transferido a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el pensionado en salud. Igualmente deberán girar un punto porcentual de la cotización al fondo de solidaridad y garantía en salud.
Igualmente, y en consonancia con lo preceptuado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, resulta palmario que es el pensionado quien debe asumir el pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud, resultando natural que lo haga, desde el momento mismo en que ostenta tal calidad.
En este orden, para esta Sala de la Corte, no se advierte el defecto jurídico denunciado, como quiera que, para que operen tales deducciones, no se requiere una orden del operador judicial de instancia, ya que las mismas, conforme quedó visto, operan de pleno derecho y así debe hacerse al momento de cumplirse con la condena. (Subrayas marginales).
En ese orden, el cargo no sale avante.
CARGO TERCERO
Acusó la sentencia:
A causa del error de hecho que se denunciará más adelante, en la sentencia recurrida se incurrió en la aplicación indebida del artículo 1° numeral 1° de la Ley 860 de 2003 como consecuencia de la infracción directa de los artículos 27, 28, 31, 1714, 1715, 1716 y 1722 del C.C., 8° de la Ley 153 de 1887, 60 y 61 del CPTSS; 174 y 177 del CPC, 26 y 27 de la Ley 794 de 2003, y 29 y 230 de la Carta Magna. (Según enseñanza reiterada de la H. Sala, cuando un cargo se plantea por la senda de los hechos, como ahora, la infracción directa se equipara a la aplicación indebida).
Señaló que el yerro fáctico consistió en no dar por demostrado, estándolo, que, dando cumplimiento al fallo de tutela del 29 de octubre de 2008 del Juzgado Sexto Civil Municipal de Palmira, Porvenir S.A., le ha venido pagando al demandante Ledesma las mesadas correspondientes a una pensión transitoria, por valor equivalente al salario mínimo legal, de suerte que no adeuda suma alguna, pasada o presente al demandante.
Endilgó, la falta de apreciación del memorial dirigido por Fernando Walter Ledesma al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali (f.° 336, c 1); documento con el que se notificó el fallo de tutela (f.° 337, c 1); sentencia de tutela del 29 de octubre de 2008 del Juzgado Sexto Civil Municipal de Palmira (f.° 348 y 349, c 1), y certificación expedida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali (f.° 348 y 349, c 1).
En el desarrollo del cargo, memoró que la sentencia de tutela aludida le ordenó el pago de la pensión de invalidez al actor, «[…] desde el año 2004 (no menciona fecha), eso sí en forma transitoria mientras la justicia ordinaria laboral decide lo pertinente». En tal sentido, dedujo que cualquier solución distinta a autorizar una compensación con los dineros entregados al señor Ledesma, con los que la entidad eventualmente le adeudase transgrediría lo contemplado en el artículo 8° de la Ley 153 de 1887 e iría en contra del sentido que las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia le han dado a esta norma, con relación al enriquecimiento sin causa.
CONSIDERACIONES
Analizado el recurso de apelación, se observa que este tampoco fue un tema de disenso propuesto por la AFP (f.° 428 a 431). Resulta pertinente reiterar, con las sentencias CSJ SL14527-2014, SL4541-2017, y SL4285-2017, que, la Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre temas no incluidos en el recurso de apelación, pues «[…] Constituye una nueva alegación que pone de presente el recurrente en sede extraordinaria –dada su omisión en el recurso de apelación- lo cual es inadmisible».
Además de lo anterior, como quiera que la excepción de compensación no fue propuesta en la contestación de la demanda, se estaría en presencia de una «medio nuevo en casación», que está proscrito porque desconoce el derecho de contradicción.
Al margen de lo anterior, es prudente precisar que el amparo brindado por el juez constitucional se tornó en definitivo una vez culminó el proceso ordinario laboral con el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común, «[…] a partir del 24 de marzo de 2004 en cuantía no inferior al salario mínimo legal», a cargo de la AFP recurrente; por consiguiente, no habría lugar a la referida compensación, y menos aún, a colegir que se hubiere presentado un enriquecimiento sin justa causa.
En consecuencia, el cago no prospera.
Sin costas, en el recurso extraordinario, porque los cargos no salieron avantes pero no hubo oposición.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012), en los procesos acumulados que instauró FERNANDO WALTER LEDESMA, contra la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A., ARL SURATEP S.A., hoy SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., a cuales se integró como litisconsorte la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.
Sin costas, en sede extraordinaria.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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