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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3347-2019

Fecha
21 de agosto de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3347-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013), leída el veintinueve (29) de noviembre siguiente por su similar de Montería, en el proceso que instauró MARÍA EUGENIA BENEDETTY GUZMÁN, en nombre propio y en representación de ARB, contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ISS, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES. Sin costas, en sede extraordinaria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3347-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

21 de agosto de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL3347-2019

Radicación n.° 65879

Acta 028

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 28 de junio de 2013, leída el 29 de noviembre siguiente por su similar de Montería, en el proceso que instauro en su contra y en la del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ISS, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, MARÍA EUGENIA BENEDETTY GUZMÁN, en nombre propio y en representación de ARB.

Téngase en cuenta el poder y la renuncia al mismo, conferido por Colpensiones a la doctora Lucía Arbeláez de Tobón, con T.P. 10.254 del Consejo Superior de la Judicatura, para los efectos y en los términos de los memoriales de folios 97 y 100 del cuaderno de la corte.

ANTECEDENTES

María Eugenia Benedetty Guzmán, en nombre propio y en representación de ARB, llamó a juicio a las accionadas, con el fin de obtener el reconocimiento y pago, a cargo del ISS, de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite y de hijo de Alonso Rincón López, a partir del 29 de abril de 2009, fecha en que falleció; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.

Igualmente pretendió que Electricaribe S.A. ESP fuera condenada a pagar a favor del ISS, el cálculo actuarial por los aportes no cancelados al finado Alonso Rincón López, por el lapso comprendido entre el 12 de enero de 1978 y el 31 de diciembre de 1998, y las costas.

Subsidiariamente solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes desde el 29 de abril de 2009, a cargo de Electricaribe, hasta cuando se ponga al día con los pagos dejados de cancelar al ISS.

Fundamentó sus peticiones, en que contrajo nupcias con Alonso Rincón López el 11 de octubre de 1980, que de esa unión nació A.R.B., el 12 de mayo de 1994; que su esposo falleció el 29 de abril de 2009, cuando estaba afiliado al ISS; que al momento de la muerte estaba desempleado, luego de laborar para la electrificadora de la Costa Atlántica durante 20 años, 11 meses y 19 días, entre el 12 de enero de 1978 y el 31 de diciembre de 1998, en el cargo de operador de subestación, con un salario de $1.486.997.

Relató, que el 13 de julio de 2010 solicitó la pensión de sobrevivientes al ISS; que tuvo que promover acción de tutela para obtener la decisión; que mediante la Resolución n.° 00001884 del 2 de marzo de 2011 le fue negada porque el causante acreditada 485 semanas de aportes, aunque cero (0) cotizaciones en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento; que le adjudicaron una indemnización sustitutiva por valor de $562.518, pero la dejaron en suspenso con el argumento de que el causante no estaba cotizando al sistema; que interpuso los recursos en la vía gubernativa sin obtener respuesta a la fecha de la demanda.

Agregó, que según acta de conciliación n.° 900 del 30 de diciembre de 1998, Electrocosta S.A.ESP se comprometió a consignar y de hecho pagó los aportes en pensión, a favor del ISS, correspondientes a Alonso Rincón López, por el periodo de enero de 1978 a diciembre de 1998.

Al dar respuesta a la demanda, el ISS se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que el afiliado no dejó causado el derecho de acuerdo con la norma vigente al momento de su fallecimiento pues tenía más de 10 años sin cotizar y no le era aplicable el principio de la condición más beneficiosa; que correspondería a Electricaribe S.A. ESP el reconocimiento de la prestación ya que el acta de transacción no podía violar el principio de irrenunciabilidad; respecto del parentesco y demás requisitos se atuvo a las pruebas documentales.

En su defensa propuso las excepciones de ilegitimidad en la causa para demandarlo, inexistencia de causa y carencia de derecho, cobro de lo no debido, prescripción y buena fe.

Por su parte, Electricaribe S.A. ESP se opuso a las pretensiones y, en cuento a los hechos, dijo que no le constaba la convivencia entre el causante y la esposa, como tampoco la afiliación al ISS; aceptó los extremos de la relación laboral entre el finado y Electrocosta, y que entre el trabajador y la empresa se celebró una conciliación en la que se incluyó, como parte del acuerdo, lo atinente al posible reclamo de aportes al sistema de pensiones.

En su defensa planteó las excepciones de prescripción, cosa juzgada-conciliación, falta de legitimación en la causa por activa, y falta de determinación del perjuicio.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería, mediante fallo del 30 de julio de 2012, «[…] condenó a ELECTRICARIBE S.A. ESP al pago del título pensional por el periodo comprendido del 1 de agosto de 1981 al 3 de diciembre de 1992 a favor del finado ALONSO RINCÓN, previó cálculo actuarial que realice el INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL (sic)».

Así mismo, declaró probadas las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de causa legal y carencia de derecho del demandante, propuestas por el ISS y, en consecuencia, la absolvió de todas las pretensiones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de Electricaribe S.A. ESP, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, mediante sentencia del 28 de junio de 2013, leída el 29 de noviembre siguiente por su similar de Montería, confirmó la decisión.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal resolvió inicialmente, sobre la excepción de cosa juzgada alegada por la apelante con fundamento en el acta de conciliación n.° 909 del 30 de diciembre de 1998, suscrita ante el Inspector del Trabajo y Seguridad Social de Montería, en la cual, supuestamente el causante aceptó el pago de los aportes a pensión.

Observó, que los efectos de la cosa juzgada contenida en una sentencia u otra providencia eran inmutables, vinculantes y definitivos; que lo mismo se predicaba de las conciliaciones en los términos de los artículos 19 y 78 del CPTSS, para lo cual, transcribió apartes de la sentencia CSJ del 23 de agosto de 1983 (sin radicación).

Analizó los términos de la conciliación aportada al proceso (f.° 136 a 138), donde las partes manifestaron que habían llegado a un acuerdo, fruto del cual el trabajador declaró a la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP a paz y salvo por todos los conceptos, incluidos «cotizaciones o aportes»; sin embargo, consideró «[…] que dichos aportes no realizados por el empleador, ya sea porque no afilió al empleado, o lo afilió pero no realizó los pagos respectivos, no son susceptibles de conciliar por cuanto se trata de un derecho cierto e indiscutible, y además irrenunciable».

Agregó, que no había discusión de que esos aportes provenían de la relación laboral y eran componentes determinantes del derecho a la pensión; además, que garantizaban la viabilidad financiera del sistema; por consiguiente, esa conciliación, en el aspecto pensional, carecía de validez.

Respaldó el razonamiento del juzgado, en el sentido de que la cobertura del ISS en el territorio nacional fue gradual; de modo que las obligaciones patronales continuaban a cargo de los empleadores mientras los riesgos de invalidez, vejez y muerte fueran asumidos por él; para ello reprodujo, el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del mismo año.

Adujo, que el artículo 46 del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 de 1990, estableció la cobertura del ISS, previo llamamiento a inscripción; pero que, sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, artículo 36 y su Decreto Reglamentario 813 de 1994, en su artículo 5, que transcribió, se establecieron algunas reglas sobre la transición de las pensiones de jubilación a cargo de los empleadores del sector privado.

Al tenor de lo anterior y de la sentencia CSJ SL 12336 27 ene. 2000, expresó que, si el empleador incumplía con la obligación de afiliar a su trabajador al ISS, tenía que reconocerle la pensión de jubilación.

Rechazó el argumento del apelante, dirigido a señalar que en el periodo comprendido entre los años 1981 y 1992 no tenía obligación de afiliar a su trabajador porque el ISS no había iniciado su cobertura en el municipio de Tierralta, Córdoba, lugar de prestación del servicio; por el contrario, refirió que a folios 145 a 150 obraba oficio del 28 de junio de 2012 expedido por el Asesor de la Vicepresidencia de Pensiones, agregando el reporte de semanas cotizadas al ISS «[…] donde se vislumbra que el finado estaba afiliado al Instituto en mención desde el 12 de enero de 1978, se observa también que la relación laboral se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1998, es decir estando vigente la Ley 100 de 1993 y el trabajador tenía más de 10 años a su servicio».

Coligió, que la demandada incurrió en la omisión de afiliación durante ese lapso y por tanto le correspondía asumir el pago de los aportes dejados de cancelar, tal como lo había precisado la jurisprudencia en un caso análogo contenido en la sentencia CSJ SL 32922, 22 jul. 2009 (citó apartes).

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Electricaribe S.A. ESP, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que la corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, previa revocatoria de las condenas que impuso el a quo, disponga su absolución plena.

Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue replicado.

CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, como violación medio, de los artículos 19, 78, 145 del CPTSS; 305 y 332 del CPC, en relación con los artículos 15 del CST; 5 y 36 de la Ley 100 de 1993; 60 del Acuerdo 224 reglamentado por el Decreto 3041 de 1966; 49 del Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 de 1990; 5 del decreto 813 de 1994.

Expuso, como errores evidentes de hecho:

Concluir en forma contraria a la realidad, que "No se discute en esta instancia, el derecho pensional reclamado por la demandante".

No dar por demostrado, estándolo, que la conciliación celebrada por ELECTRICARIBE con el Sr. Alonso Rincón representó para este señor el recibo de la suma de $117.923.949,25 a título de "suma objeto de conciliación".

No dar por demostrado, estándolo, que la demandada desde la contestación de la demanda y en su escrito de apelación, sostuvo que no estaba obligada a pagar los aportes solicitados por la parte actora porque el demandante trabajó en Tierralta en donde el cubrimiento del riesgo de vejez por el ISS operó mucho tiempo después de la expedición del acuerdo 224 de 1966 del ISS.

Dar por demostrado, sin estarlo, que en la conciliación que celebró ELECTRICARIBE con el Sr. Rincón López se incluyeron conceptos con la condición de derechos ciertos.

No tener por cierto, siéndolo, que en el proceso no se alegó en momento alguno la existencia de un vicio del consentimiento por parte de los firmantes de la conciliación de folios 136 a 138.

Dijo que fueron mal apreciadas, las siguientes pruebas:

Acta de la conciliación celebrada el día 30 de diciembre de 1998 (fs. 136 a 138).

Escrito de demanda como pieza procesal (fs. 1 a 8).

Escrito de contestación de demanda como pieza procesal (fs. 114 a 118).

Escrito sustentatorio de la apelación de ELECTRICARIBE (fs. 177 a 182).

Indicó, que no se apreciaron estos documentos:

Liquidación final de prestaciones legales y convencionales del Sr. Alonso rincón (fs. 139-140).

Resolución 1884 del 2 de marzo de 2011 del ISS (fs. 38 a 40).

En la demostración de cargo, tildó de confusa y contradictoria la sentencia del tribunal porque inicialmente dijo que el causante, Alonso Rincón López, aceptó el pago de los aportes a pensión y que este era un mecanismo válido y legal, pero más adelante sostuvo que ellos no eran susceptibles de conciliar por cuanto se trataba de un derecho cierto e indiscutible, y además irrenunciable. En esa medida, acusó al ad quem de confirmar una decisión que a todas luces era contraria a lo que se debía resolver. Atribuyó 141093050914321222586726545011366757655319141753984879211559623903307816587522444947606468211455otro desatino a la decisión confutada, cuando sostuvo que no se discutía en esa instancia el derecho pensional reclamado por la demandante, y que el tribunal lo trasladó al concepto de las cotizaciones a la seguridad social por parte de la demandada.

Puntualizó:

[…] que en el proceso no se discutió que la conciliación de marras no fuera válida; que la corte había sostenido reiteradamente que ese mecanismo como figura jurídica solamente era anulable en presencia de un vicio del consentimiento y por eso, en este caso no procedía la declaratoria de ineficacia de esta conciliación dado que ni siquiera se alegó por la parte interesada, que su voluntad se vio afectad en lo acordado.

[…] que en el desarrollo del cargo se entrecruzaban argumentos fácticos y jurídicos; que los primeros resultaban determinantes para demostrar la errada conclusión del tribunal, lo cual explicaba la escogencia de la vía indirecta para estructurar la censura, pues como se ha señalado repetidamente, en todo el proceso se discutió la procedencia de esos aportes o cotizaciones debido al lugar en donde el Señor Rincón prestó sus servicios y a la ausencia de cobertura por parte del ISS respecto del riesgo de vejez en ese lugar.

RÉPLICA

Colpensiones, dentro del término, se limitó a respaldar la legalidad del fallo atacado, en cuanto invalidó la conciliación celebrada entre Electricaribe S.A. ESP y el causante, toda vez que involucraba un derecho cierto e indiscutible, el cual era irrenunciable.

CONSIDERACIONES

Respecto del primer error de hecho endilgado a la decisión confutada, es necesario aclarar que la absolución al ISS no fue objeto de apelación, de manera que el tribunal debía plegarse a la impugnación presentada por Electricaribe S.A. ESP.

En cuanto a la pieza procesal denunciada por la censura, básicamente se expusieron los mismos argumentos que son objeto de la presente demanda de casación, y que es insoslayable que la suerte de los aportes dejados de sufragar al sistema, por parte de la empresa empleadora, tenían incidencia en la posible consolidación del derecho a la pensión de sobrevivientes, ora de la indemnización sustitutiva en la cuantía real.

La prueba medular que le permitió a la recurrente estructurar el cargo por la vía indirecta, es el documento contentivo del acta de conciliación n.° 200 del 30 de diciembre de 1998 (f.° 136), entre Alonso Rincón López y la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP, suscrito ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Inspección de Trabajo del Distrito de Córdoba, en los siguientes términos:

[…] hemos llegado a un acuerdo conciliatorio sobre sobre algunas discrepancias presentadas en las partes, así:

El extrabajador compareciente ingresó a prestar sus servicios el día 12 de enero de 1978 hasta el 31 de diciembre de 1998, fecha en que termina el contrato por mutuo acuerdo y consentimiento, decisión ésta que en forma expresa, libre y voluntaria se ratifica dentro de esta audiencia.

Como consecuencia de lo anterior, la Empresa procedió a efectuar la liquidación definitiva de prestaciones sociales, la que se realizó de acuerdo al tiempo de servicios, salario promedio de $1.486.997,45, y teniendo en cuenta las normas que regulan la materia, la que dio como resultado un saldo líquido a pagar de $152.436.194,02, incluido dentro de este valor la suma de conciliación que más adelante se indicará y previos los descuentos que en la misma aparecen, las cuales autoriza el compareciente.

[…]

Los planteamientos encontrados entre las partes hacen que estemos en presencia de unos posibles derechos inciertos y discutibles que permiten una conciliación sobre los mismos, a la cual después de varias conversaciones, se ha llegado por la suma de $117.923.949,25, que aparece en la liquidación final de prestaciones con la denominación de SUMA OBJETO DE CONCILIACIÓN (Bono de Retiro).

[…]

Al recibir el cheque mencionado, el extrabajador expresamente declara: Estoy en un todo de acuerdo con la conciliación y pago a que hemos llegado en este acto y ratifico todo lo expresado, agregando además que la Empresa compareciente queda a paz y salvo por todos los conceptos anotados, especialmente secuelas por cualquier accidente de trabajo, que hubiere podido sufrir al servicio de la Empresa, salario, recargos a los mismos, indemnizaciones, perjuicios morales, auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, primas de servicios, dominicales o festivos, compensatorios, cotizaciones o aportes, recargos nocturnos, vacaciones, expectativas de pensión sanción o cotización sanción, beneficios convencionales, derechos ciertos e inciertos, sin quedar a mi favor derecho alguno para reclamar con posterioridad a este acto a ningún título […]. (Subrayas al margen).

La Corte ha señalado, que son factibles las conciliaciones en torno a prerrogativas pensionales, en la medida en que recaigan sobre simples expectativas, porque si ocurre lo contrario, el trabajador no puede disponer de ellas, renunciando o aceptando suplir el derecho con otros emolumentos. Así, en sentencia SL1436-2018, la Corte reiteró la especificidad de los términos que deben utilizarse en esta clase de acuerdos, a efectos de que no quede duda, que esa fue la intención del empleado, y el contenido mismo del acuerdo, que en realidad permita suponer, que compensó el derecho pensional, que se aspiraba tener:

“[…] Desde el umbral se impone a la Corte rememorar y reiterar lo asentado, en línea de doctrina, en sentencia SL, del 20 de jun. 2012, rad. 48.043, reiterada en la SL 645 – 2013 y SL1179-2018, en cuanto a que las pensiones son una de las prestaciones de mayor importancia en el campo del derecho del trabajo y también de la seguridad social, no sólo por su incidencia económica, sino también por tratarse de un derecho eventualmente vitalicio y, además, sustituible.

En ese horizonte, se exhibe necesario y riguroso que en los eventos en que un trabajador opte por conciliar “la expectativa” pensional que tuviere, así deberá decirse claramente en el cuerpo mismo del acta, de donde fluye que no es válido pretender incluir vocablos generales en el acuerdo que verse sobre tal punto, debiendo, entonces, tenerse que el convenio suscrito en tal sentido debe ser expreso, valga decir, que no genere duda sobre la intención de los comparecientes […].

En sentir de esta Corporación, las partes que suscribieron la conciliaron pasaron por alto el tema pensional porque no se trataba de una simple expectativa que tuviera el finado trabajador.

No se discute que Alonso Rincón López prestó sus servicios desde el día 12 de enero de 1978 hasta el 31 de diciembre de 1998 para la Electrificadora de la Costa, y que el tiempo no cubierto con la afiliación al ISS, que fue objeto de la imposición de la condena en las instancias, a través de la constitución del título pensional a favor del Seguro Social, previo cálculo actuarial, comprende del 1 de agosto de 1981 al 3 de diciembre de 1992, lapso que representa 582 semanas de cotización, que sumadas a la 485 validadas por la entidad de seguridad social en la Resolución n.º 0001884 del 2 de marzo de 2011 (f.° 38 a 40), representan un total de 1.067.

A pesar de que ese cúmulo de aportes no era suficiente para obtener la pensión de vejez, pues al momento de suscribir la conciliación el trabajador solo contaba con la edad de 39 años, ya que nació el 4 de noviembre de 1959 (f.° 13 y 14), y como quiera que tampoco era beneficiario del régimen de transición pensional puesto que a la vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 34 años cumplidos; lo cierto es que esas 1.067 semanas de cotización le significaban una expectativa frente a su derecho pensional, y el de sus beneficiarios en caso de fallecer antes de alcanzar la edad. De hecho, para la fecha de la conciliación, 30 de diciembre de 1998, la norma vigente, Ley 100 de 1993, le exigía 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo, para acceder a la pensión de vejez, y ya las tenía.

Adicionalmente, huelga destacar que en el acuerdo de voluntades el tema pensional se trató superficialmente, sin la trascendencia que se merecía, pues las partes no establecieron los términos en que se saldaría la expectativa pensional del causante, quien para la fecha ya estaba afiliado al ISS, de manera que, tratándose de un título pensional, este era una dinero que debería ir al sistema y no al bolsillo del trabajador; además, tampoco previeron cuál era el valor del cálculo actuarial correspondiente al periodo en que la empleadora no realizó lo aportes al ISS; simplemente anunciaron las palabras «cotizaciones o aportes» dentro de los otros ítems que involucraron la suma global objeto de la conciliación.

En tal escenario, no podía respaldarse la validez del acuerdo conciliatorio, tal como lo señaló la corte en un asunto de contornos similares al presente, contenido en la sentencia CSJ SL1982-2019:

[…]

En ese orden de ideas, se tiene, que la conciliación celebrada entre las partes tiene validez, salvo que transgreda derechos mínimos, ciertos e indiscutibles; que es lo ocurrido en este caso, por ende, a ese acto no se le puede otorgar los efectos de cosa juzgada que se predica normalmente de este instrumento, en la medida en que recayó sobre una prerrogativa legal irrenunciable, como lo es la financiación o los aportes que permiten estructurar la prestación pensional por vejez del trabajador, por un período considerable de casi 24 años de servicio.

No podían las partes disponer de ese derecho común a todo trabajador y correlativa obligación del empleador, que desde la expedición de la Ley 90 de 1946, y obligatoriamente, a partir del 1º de enero de 1967, por cuenta del Acuerdo 244 de 1966, requirió la afiliación y consiguientes aportes al entonces Instituto de Seguros Sociales, con el propósito de cobijar los riesgos por invalidez, vejez y muerte, lo cual, a partir de la Ley 100 de 1993, se convirtió en universal y categórico, tal como lo dispuso el artículo 22; de suerte que por la sola existencia del contrato de trabajo, surgía la necesidad de afiliar y aportar al organismo encargado en ese momento de administrar los recursos de trabajadores y empleadores, que permitían ir ampliando la base de financiación de las prestaciones que se iban reconociendo y las que se causarían en el futuro, como una exigencia cierta y previamente definida por el legislador.

Y es que es tan importante ese consolidado pensional, fruto del esfuerzo laboral, en la medida en que es el que permite que se consolide el derecho, pese a las diversas modificaciones legislativas que ha tenido, pero que siempre ha puesto de presente el número de semanas efectivamente cotizadas o el tiempo de servicio, para completar uno de los elementos de causación, tanto que con la Ley 100 de 1993, en su artículo 33, y luego con la introducción de la Ley 797 de 2003, se validó la posibilidad de aceptar los períodos laborales con empleadores públicos y/o privados, previa constitución de una garantía material y real que cubriera la erogación de la prestación pensional, a través de un cálculo actuarial.

De ahí que el trabajador no puede desprenderse del derecho a que su empleador satisfaga esa necesidad material, ahora con mayor razón, si la jurisprudencia de la Sala, ha consolidado la tesis, según la cual, cuando no habiendo afiliado el empleador al trabajador antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, o habiendo omitido la realización de cotizaciones antes de esa data, y por cuenta de ello, el trabajador no alcanza a contabilizar la densidad exigida para acceder a la pensión con las posteriores que sufrague, el empresario deberá trasladar al fondo de pensiones escogido por el operario, el cálculo actuarial pertinente mediante un título o bono pensional, y las entidades administradoras, por consiguiente, tener en cuenta el tiempo en el que no hubo afiliación ni cotizaciones. (CSJ SL181-2018, CSJ SL553-2018, CSJ SL18906-2017, CSJ SL 14388-2015, CSJ SL 16086-2015, SL 2731-2015). (Subrayas fuera del texto)

Así las cosas, no incurrió el Tribunal en los desaciertos que le aduce el recurrente, dado que no le dio validez a la conciliación, que tuvo por objeto negociar un derecho cierto e indiscutible del trabajador, tendiente a valerse de unos aportes que pertenecen al sistema general de pensiones, por el período comprendido entre el 2 de noviembre de 1969 y el 19 de septiembre de 1993, para estructurar el derecho pensional.

Cabe indicar, precisamente, porque a la fecha de terminación del contrato, el trabajador no había consolidado la situación jurídica pensional exigida para ese momento, por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 -ya que no tenía la edad mínima exigida por la norma, siendo un requisito para la causación del derecho- es que no podía renunciar a una posibilidad cierta y verdadera de que los aportes adeudados por ese período conformaran la pensión, con mayor razón, que no se trataba de cualquier lapso, sino uno que prácticamente lo ponía a un paso para esa consolidación; y en todo caso, habiendo constancia de la existencia del vínculo laboral, era deber del empleador la afiliación al ISS, para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, a efectos de que la pensión a futuro fuera asumida por el Sistema de Seguridad Social.

Asimismo, la entrega directa e inmediata al operario, por una suma única que compensara esa omisión del empleador en trasladar los aportes a la entidad de seguridad social, además de no contar en este caso con ningún parámetro técnico visible que proyectara la deuda acaecida hasta ese momento, desconoce que ese tipo de recursos no le pertenecen al trabajador sino al sistema; de ahí que la Corte sostenga la tesis sobre la improcedencia del pago efectuado al empleado por el tiempo servido, en la medida en que su destinatario es la administradora de pensiones, quien debe velar por su correcta gestión, con el propósito de cumplir con las prestaciones pensionales que le son exigibles por sus usuarios. Y mucho menos se le puede imponer la carga de asumir responsabilidades al trabajador, para que por su cuenta y riesgo, haga las gestiones ante el ente administrador, a efectos de que le reciba cualquier suma que constituya el fondo mínimo para cubrir los eventuales riesgos amparados por la seguridad social, como en este evento lo acordaron las partes. (Subrayas adicionales).

En sentencia del 24 de abril de 2012, la Sala, retomando la del 4 de marzo de 2009, radicado No. 35546. Indicó:

“(…) La demandante reclama el pago de los aportes para pensión sin indicar el fondo de pensiones al cual debe hacerse dicho pago, que debió cancelar la demandada al Sistema General de Pensiones durante todo el tiempo servido.

Como se dijo en el precedente citado, para despachar desfavorablemente esta súplica, cabe advertir, que no resulta procedente ordenar el pago directo de estos emolumentos al trabajador demandante, y así lo definió la Sala en un asunto donde se ventilaba igual aspiración, en sentencia del 4 de marzo de 2009 radicado 35546 demanda contra la Embajada del Canadá, en la que se sostuvo:

“[…] No queda duda que lo perseguido por la demandante con esta pretensión es que se le pague directamente a ella los aportes a la seguridad social que no hizo en su oportunidad el empleador, lo que la torna improcedente, pues este tipo de contribuciones están establecidas por el legislador a cargo, tanto del empleador como del trabajador, con el fin específico de financiar los eventuales hechos que ampara la seguridad social, y su destinatario y administrador, en este caso, únicamente es el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, quien está legitimado para percibirlos. De modo que no cabe al trabajador pedir que se le cancelen directamente aquellos aportes que, en su oportunidad no hizo el empleador, porqué, sólo en algunos eventuales casos previamente definidos en la ley, es que se puede pedir la devolución de aquellos efectuados de más, pero no el pago directo de aquellos que debieron hacerse y no se hicieron en su oportunidad.

Si bien es cierto que se ha aceptado por esta Sala que el trabajador está legitimado para demandar a su empleador por el pago de los aportes a la seguridad social, ello ha sido cuando la pretensión está encaminada a que la solución de los mismos se haga directamente a la administradora o fondo respectivo, dado su evidente interés en que se constituya el fondo mínimo necesario para el cubrimiento de los riesgos amparados por la seguridad social”.

Ahora bien, el argumento según el cual la empresa no estaba obligada a pagar esos aportes porque el ISS no había llamado a inscripción a los empleadores en la jurisdicción del municipio de Tierralta Córdoba, es un tópico superado por la jurisprudencia, bajo la égida de que el simple trabajo, desplegado en favor de un empleador, debe tener efectos pensionales. No puede, en consecuencia, y así sea por razones ajenas al empresario, desecharse tales tiempos, pues son un derecho ligado a la prestación del servicio, de índole irrenunciable. En tal sentido, la Sala ha defendido la tesis de que «[…] la cotización surge con la actividad como trabajador, independiente o dependiente, en el sector público o privado» (SL 33476, 30 sep. 2008).

En la sentencia CSJ SL2903-2018, se reiteró:

[…]

El artículo 76 de la Ley 90 de 1946 clarificó la situación al disponer (...); de forma que al contemplar esas situaciones, no puede entenderse que excluyó al empleador de las obligaciones inherentes al contrato de trabajo, relacionadas con las prestaciones del trabajador.

En efecto, el concepto de que no existía norma reguladora del pago de las cotizaciones en cabeza del patrono en el período en que no existió cobertura del I.S.S., equivale a trasladar al trabajador las consecuencias de la orfandad legislativa de la época, solución que no se compadece con el contexto de un ordenamiento jurídico que parte de reconocer un desequilibrio en la relación contractual laboral, en tanto esos períodos no cotizados tienen incidencia directa en la satisfacción de su derecho pensional y en todo caso propiciaría un enriquecimiento sin causa al permitir un desequilibrio patrimonial, que carece de justificación.

Desde luego, el «mejoramiento integral de los trabajadores», que implicó la asunción de riesgos por el ISS, sólo puede concebirse si tal cobertura se hace efectiva, porque de lo contrario, antes que existir aquel postulado, lo que se propicia es que quede desprovisto de la atención plena e integral, que se le debe por el trabajo desarrollado.

Estima la Sala que, si en cabeza del empleador se encontraba la asunción de la contingencia, ésta sólo cesó cuando se subrogó en la entidad de seguridad social, de forma que ese período en el que aquel tuvo tal responsabilidad, no puede ser desconocido; menos puede imponérsele al trabajador una carga que afecte su derecho a la pensión, sea porque se desconocieron esos períodos, ora porque el tránsito legislativo en vez de garantizarle el acceso a la prestación, como se lo propuso el nuevo esquema, se le frustre ese mismo derecho.

El patrono, por tanto, debe responder al Instituto de Seguros Sociales por el pago de los tiempos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues sólo en ese evento puede considerarse liberado de la carga que le correspondía. (Subrayas fuera del texto).

Por demás, la imprevisión del legislador de mediados del siglo pasado no puede tener tan drástica repercusión frente a derechos sociales y, si bien podría oponerse la confianza legítima que inspira la adecuación del comportamiento ciudadano a los mandatos del legislador, principios y valores de orden superior deben prevalecer en casos como el presente.

Aunque las reflexiones transcritas se expresaron a la luz del literal c) del artículo 33 original de la Ley 100 de 1993 - reiterado en el c) del artículo 9 de la Ley 797 de 2003- y bajo el supuesto de que la relación laboral se hallaba en ejecución cuando comenzó a regir el nuevo sistema integral de seguridad social, no puede perderse de vista el carácter general y comprensivo de las reglas sentadas en esa oportunidad, que ahora sirven de apoyo para afirmar que en el caso bajo estudio, es irrelevante si los contratos de trabajo acreditados en el expediente subsistían o no al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues aún antes de esta, los empleadores tenían sobre sus hombros las cargas pensionales derivadas de los servicios prestados por sus trabajadores, como también lo entendió la Corte en sentencia CSJ SL2138-2016, así:

(...) ese presupuesto de vigencia del contrato de trabajo, en una época determinada, deviene innecesario y contrario a los postulados de la seguridad social que ya se han reseñado, pues la obligación de afiliación es permanente e incondicional, a la vez que encuentra su causa en la prestación de los servicios del trabajador (CSJ SL, 30 Sep 2008, Rad. 33476), sin que en ello influya, en principio, la época en la que se mantuvo vigente la relación laboral.

Debe insistirse, de igual forma, en que la intención del sistema de seguridad social es la de integrar y solucionar financieramente las omisiones en la afiliación que se presentaron en el pasado, por cualquier causa (CSJ SL14388-2015), para garantizarle una protección adecuada y completa a los afiliados en sus contingencias, propósito para el cual no es relevante el hecho de que el contrato mantenga su vigencia en una determinada época, pues desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los empleadores mantenían la carga de la afiliación y, en subsidio de ello, de aprovisionamiento de los recursos necesarios para contribuir a la financiación de las pensiones.

Cabe decir también que la Corte Constitucional, haciendo eco, entre otras, de la jurisprudencia de esta Sala, ha sostenido que «...el juez de la causa concreta debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad sobre el aparte normativo "siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993" contenida en el literal "c" parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y en la expresión similar contenida en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; y ordenar en su lugar el traslado del valor del cálculo actuarial correspondiente al tiempo de servicio prestado por el trabajador.» Sentencia T 410 de 2014.

Lo expuesto, permite concluir que la razón no está del lado de la compañía recurrente, en tanto sus argumentos colisionan contra el principio de la protección integral de la seguridad social a favor del trabajador, sobre el cual también se ha pronunciado la Sala en el contexto del llamado postrero a afiliación del sector petrolero, como puede leerse en la Sentencia CSJ SL3892-2016:

Así fue como esta corporación reconoció el principio de la protección integral de la seguridad social al trabajador subordinado, la cual se logra a través de la entidad de la seguridad social respectiva, siempre y cuando se den las exigencias legales y reglamentarias a cargo del empleador, en cualquier evento en que él deba la atención de riesgos, esto es por las diferentes causas que no distingue el legislador, como la ausencia de aportes a la seguridad social ante la falta de cobertura del ISS, o por la omisión del responsable ya sea en la afiliación o en el pago de las cotizaciones debidas, o porque, como sucede en el caso que ocupa la atención de la Sala, se trata de una empresa que pertenece al sector petrolero que fue llamado a afiliarse mucho después, a partir del 1º de octubre de 1993.

Y tales exigencias deben servir para garantizar que el empleador responda al ISS por el pago de los periodos en los que la prestación estuvo por su cuenta, pues solo en ese evento él puede liberarse de la carga que le correspondía; sobre todo porque no puede imponérsele al trabajador que, ante la asunción de los riesgos de invalidez, vejez y muerte por el nuevo ente de seguridad social, los cuales estaban en cabeza del empleador al momento de la subrogación, pierda el derecho adquirido, con base en el artículo 260 del CST, a que sus tiempos de prestación del servicio como trabajador subordinado sean computados para obtener la pensión y tenga que comenzar de cero ante el nuevo sistema, y quedar como si no hubiese estado aplicando para conseguir una pensión, a causa de la implementación del nuevo régimen de ese entonces, el cual justamente fundamenta la adquisición de este derecho vitalicio en la suma de cotizaciones al sistema, con independencia de si prestó sus servicios o no ante un mismo empleador.

Queda claro, entonces, que el cambio legislativo que dio lugar a la subrogación de las obligaciones en materia pensional, que se encontraban en cabeza de los empleadores, no conduce a que el trabajador deba recomenzar los esfuerzos adelantados hasta ese momento con su labor diaria, con miras a asegurar su retiro en condiciones dignas; la postura contraria, sostenida por la censura, conllevaría desconocer derechos adquiridos o en vía de consolidación bajo una expectativa legítima.

Consecuente con lo anterior, el cargo no prospera.

Sin costas, en sede extraordinaria, porque a pesar de que el cargo no salió avante y hubo oposición por parte de Colpensiones, esta no tiene relevancia porque la entidad ya había salido de la contienda procesal.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013), leída el veintinueve (29) de noviembre siguiente por su similar de Montería, en el proceso que instauró MARÍA EUGENIA BENEDETTY GUZMÁN, en nombre propio y en representación de ARB, contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ISS, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.

Sin costas, en sede extraordinaria.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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