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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL335-2023

Fecha
25 de enero de 2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL335-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 20 de abril de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ÓSCAR GALLEGO PINZÓN contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Costas como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL335-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

25 de enero de 2023

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL335-2023

Radicación n. 92339

Acta 2

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ÓSCAR GALLEGO PINZÓN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 20 de abril de 2021, en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

AUTO

Téngase a la sociedad Soluciones Jurídicas de la Costa con NIT. 900.616.392-1, representada por Carlos Rafael Plata Mendoza, identificado con c.c. 84.104.546 y portador de T.P. n.° 107.775 del C. S. de la J., como apoderada general de la sociedad Administradora Colombiana de Pensiones, en los términos de la escritura pública visible en el cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES

El actor demandó a la entidad de seguridad social mencionada con el fin de que se le reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge Yasmín Vera Ducuara, a partir del 25 de julio de 1998, el reajuste desde 1999 según la variación porcentual del índice de precios al consumidor para el año anterior, el retroactivo pensional hasta que se verifique el pago, los intereses moratorios, la indexación de las sumas reconocidas, los gastos y agencias en derecho.

Como fundamento de su solicitud adujo que su cónyuge Yasmín Vera Ducuara falleció el 24 de julio de 1998, estaba afiliada a Colpensiones y en los últimos tres años había cotizado 731 días, que equivalen a 104 semanas; solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual se le negó mediante la Resolución GNR 58818 del 24 de febrero de 2017, que se confirmó en las Resoluciones SUB 34598 del 18 de abril de 2018 y DIR 5363 del 11 de mayo de 2017. Demandó la aplicación del artículo 46 y siguientes de la Ley 100 de 1993 en virtud de la condición más beneficiosa.

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en que la afiliada solo cotizó 96.43 semanas en los últimos tres años; admitió como ciertos los hechos relativos a la fecha de nacimiento de la afiliada; las actuaciones surtidas en sede administrativa y afirmó no constarle o no ser ciertos los restantes.

Propuso como medios exceptivos los de falta del lleno de los requisitos legales, cobro de lo no debido, prescripción y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 21 de septiembre de 2020, declaró que el demandante tenía derecho a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge Yazmín Vera Ducuara y, como consecuencia, ordenó el pago del retroactivo correspondiente, a partir del 6 de enero de 2014, dada la prosperidad de la excepción de prescripción; junto con los intereses moratorios desde el 6 de enero de 2017 y absolvió de lo demás.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante providencia del 20 de abril de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones y en grado jurisdiccional de consulta, revocó el fallo impugnado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Colegiado indicó que para la fecha de fallecimiento de la causante la norma vigente era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original; luego se remitió a la sentencia CSJ SL1938-2020 que alude a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa y resaltó que para quien estuviera cotizando a la fecha de fallecimiento debe haber realizado aportes durante 26 semanas en su vida laboral, y si lo ha dejado de hacer, debe demostrar ese mismo número en el año anterior al mismo acontecimiento.

A continuación, se remitió al reporte de cotizaciones de la causante, del cual extrajo un total de 104.43 semanas para los riesgos de invalidez, vejez y muerte en el periodo comprendido entre el 17 de junio de 1992 y el 30 de abril de 1998, de las cuales 6.86 correspondían al año anterior a su deceso, por lo que no cumplió con el mínimo de 26 semanas exigido en la norma aplicable. Que en la historia laboral consta como último empleador Himher & Cía Ltda., la cual, mediante planilla de pago del 8 de mayo de 1998, realizó la cotización de abril de esa misma anualidad y reportó el retiro de la trabajadora, sin que hubiera registro posterior de afiliación o cotizaciones, de lo que dedujo que la mencionada tampoco estaba cotizando al momento de la muerte.

En cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que derivó el sentenciador de primer grado de la afirmación del demandante y los testigos en el sentido de que el día del accidente la afiliada iniciaría una nueva vinculación laboral y la reanudación de cotizaciones al sistema, dijo que no encontró prueba de la existencia de dicho contrato o la afiliación con un nuevo empleador y precisó, conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que dos son los requisitos para el reconocimiento de la prestación: que el afiliado se encontrara cotizando y que lo hubiere hecho por un mínimo de 26 semanas antes del fallecimiento. Se remitió a la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2009, rad. 35211 y aun cuando señaló que la afiliación era una sola, lo cierto era que la causante no estaba aportando cuando ocurrió su deceso.

Con respecto al Acuerdo 049 de 1990, acudió a la sentencia CC SU008-2018 y añadió:

Valga agregar, en lo concerniente a las dos hipótesis que contiene la normatividad que antecede a la nueva ley de seguridad social, esto es, el literal b) del artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-476/13 ha sostenido, que en la hipótesis que se menciona “300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, ese número debe estar satisfecho para el momento en que comenzó a regir la Ley 100 de 1993”; en cambio frente al supuesto de la norma, relativo a una densidad de 150 semanas aportadas al ISS, dentro de los seis años anteriores a la fecha del estado de invalidez, la misma Corporación, fijó el criterio consistente en que este requisito para efectos de la aplicación de la condición más beneficiosa, cuando la muerte del afiliado acontece en imperio de la Ley 100 de 1993, se debe considerar cumplido contabilizando hasta el 1º de abril de 1988, y además es menester que el asegurado también tenga en su haber esa misma densidad de semanas (150) en los 6 años que anteceden a la fecha de su fallecimiento; presupuestos éstos, que tampoco dejó cumplidos la afiliada fallecida pues del resumen de semanas cotizadas por el empleador se advierte que Yasmín Vera Ducuara (q.e.p.d.) sólo cotizó un total de 104.43 semanas durante toda su historia laboral.

Con base en lo expuesto revocó la sentencia recurrida y se abstuvo de condenar en costas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Aun cuando la demanda de casación no contiene alcance de la impugnación, en el acápite de pretensiones solicita lo siguiente:

De manera muy respetuosa me permito solicitar a la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, se sirva revocar la decisión proferida por el Honorable Tribunal Superior del Tolima – Sala Laboral del día 21 de abril del 2021, que REVOCO[sic] la sentencia de primera instancia preferida[sic] por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué, en la que ordenó el reconocimiento y pago de la Pensión de sobrevivencia al señor OSCAR GALLEGO PINZON[sic] persona mayor de edad, identificado con la cedula[sic] de ciudadanía No.93.373.189 de Ibagué, en su condición de cónyuge de la fallecida señora YASMIN VERA DUCUARA (Q.E.P.D.) por cumplir con los requisitos.

Con tal propósito formula un cargo, en el que plantea la siguiente acusación.

VI. ÚNICO CARGO

Denuncia que con todo el caudal probatorio se llega a la conclusión que al señor Óscar Gallego Pinzón le asiste el derecho a la pensión de sobrevivencia por cumplir los requisitos como cónyuge sobreviviente de Yasmín Vera Ducuara, pues el Tribunal desconoció la Ley 797 de 2003.

Tras copiar el artículo 12 de la mencionada norma que modificó el 46 de la Ley 100 de 1993, agrega que:

TERCERO: El señor Magistrado ponente del EL[sic] Honorable Tribunal Superior del Tolima Sala Laboral, siempre interpretó en la sentencia normas anteriores a las vigentes para la fecha de los hechos, que debe ser en adelante y en cumplimiento de los requisitos contenidos en la Ley 100 de 1993, con sus demás leyes reglamentarias, teniendo en cuenta [que] la muerte de la causante ocurrió el día 24 de julio de 1998, y en los últimos tres (3) años tenía cotizado 731 días, ciento cuatro (104) semanas, cumple con el requisito.

CUARTO: El Honorable Tribunal Superior del Tolima – Sala Laboral, DESCONOCIO QUE [sic] la normatividad aplicable en este caso específico y concreto es el artículo 46 y ss de la Ley 100 de 1993, en aplicación al principio de la condición más beneficiosa consagrada en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, tal como se prueba con el reporte de semanas cotizadas anexas al expediente documento proveniente de la base de datos de COLPENSIONES.

Acto seguido señala que en varias sentencias de la Corte (sin identificar) se ha sostenido que el derecho a la pensión de sobrevivientes es de orden constitucional, constituye una garantía para las personas que han perdido un ser cercano y que, ante un caso de duda, seria y razonable, sobre la norma a aplicar en casos de pensión de sobrevivientes existen dos tesis opuestas, una formal encaminada a aplicar la norma vigente al momento de la muerte (no menciona la otra). Acude a la sentencia CSJ SL 24 may. 2007, rad. 30056, que transcribe parcialmente y la CC SU149-2021.

Con posterioridad, presenta un nuevo escrito que titula “APLICACIÓN INDEBIDA O INTERPRETACIÓN ERRÓNEA”, en el que sostiene que se incurrió en violación directa del numeral 2 de la Ley 797 de 2003 [sic], que reforma algunas disposiciones de la Ley 100 de 1993, transcribe nuevamente el canon 12 de la aludida disposición, e insiste en que la afiliada fallecida el 24 de julio de 1998, había cotizado 731 días en los últimos tres años, que equivalen a 104 semanas, por lo que cumplía con los requisitos previstos en la legislación.

Adiciona como peticiones «conceder de manera favorable el derecho pensional al señor OSCAR GALLEGO PINZ[Ó]N, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.373.189 de Ibagué, en su condición de cónyuge de la fallecida señora YASMIN VERA DUCUARA (Q.E.P.D.) por cumplir con los requisitos».

VII. RÉPLICA COLPENSIONES

Asevera que, pese a que se presentaron dos escritos, no se satisfacen los requisitos mínimos exigidos por la ley, pues a manera de alegato de instancia, se plantea una posición jurídica que en consideración del recurrente debe prevalecer; se refiere a hechos y pruebas, algunas testimoniales, con base en las cuales realiza elucubraciones y alegaciones que no son propias de este recurso extraordinario. No se hace mención al alcance de la impugnación, que pretende subsanar con el segundo escrito en el que se limita a agregar un título denominado aplicación indebida o interpretación errónea, refiriéndose a hechos pese a que acude a la vía directa. En lo que impropiamente indica como peticiones, no explica cuál es el sendero que debe seguir la Corporación para proceder al estudio.

Afirma que, al invocar la aplicación indebida o interpretación errónea, le impide a la sala abordar el estudio. Se confunden errores de derecho con errores de hecho, y realiza una confusión y mezcla de vías que no permiten una decisión de fondo. En todo caso, si se considera que se pueden superar tales deficiencias, el fallador no incurrió en la violación denunciada, ya que el actor no reúne los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, los preceptos legales fueron aplicados de manera apropiada por el sentenciador dado que no es posible efectuar el reconocimiento con un número de semanas inferior al previsto en la ley, toda vez que afectaría el principio de sostenibilidad financiera.

VIII. CONSIDERACIONES

Si bien es cierto la demanda de casación no es precisamente un modelo, dado que en el alcance de la impugnación no indica de manera concreta qué hacer con la sentencia de primera instancia, se acusa simultáneamente la aplicación indebida y la interpretación errónea del mismo elenco normativo, y en el desarrollo entremezcla argumentos jurídicos y fácticos, lo cierto es que en últimas, el cuestionamiento se dirige a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues estima que con el número de semanas cotizadas en los últimos tres años, sin controvertir dicha inferencia del sentenciador, es suficiente para acceder al derecho pensional reclamado.

Se recuerda que el colegiado revocó la decisión de primera instancia y, como consecuencia, negó el derecho a la pensión de sobrevivientes reclamado en la demanda, por cuanto estimó que la norma aplicable al caso era la vigente a la fecha de fallecimiento de la causante (24 de julio de 1998). A partir de allí, verificó los requisitos contemplados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 original, esto es, 26 semanas antes del fallecimiento, ya que no encontró prueba de que estuviera cotizando al momento de la muerte, asunto que no se cuestiona en el recurso extraordinario. También se remitió a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, cuya densidad de cotizaciones tampoco halló acreditadas, en la medida en que no se demostraron 300 semanas en toda la vida, ni 150 a la fecha de la muerte, según el criterio de esta Corporación.

Del escrito de casación, entiende la Corte que el recurrente aspira a que su derecho pensional sea resuelto a la luz del principio de la condición más beneficiosa con base en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el canon 46 de la Ley 100 de 1993, esto es, que se tenga en cuenta que la afiliada tenía más de cincuenta semanas de cotizaciones en el trienio anterior al deceso.

En ese orden, debe la Sala decidir si es viable que en el caso concreto se apliquen las condiciones establecidas en la Ley 797 de 2003, específicamente, si contar con 104 semanas cotizadas en los últimos tres años anteriores a la muerte es suficiente para otorgar la pensión de sobrevivientes, toda vez que no se reúnen las establecidas en la ley vigente a la fecha de fallecimiento de la causante, esto es, 26 semanas en el año precedente al deceso, en el entendido que no era cotizante activo, aspecto que no fue objeto de inconformidad por el recurrente.

Dado el sendero seleccionado por la impugnante, se exhibe patente que no son objeto de controversia entre las partes, los siguientes supuestos fácticos: (i) que la causante, Yasmín Vera Ducuara, falleció el 24 de julio de 1998; (ii) que al momento de la muerte no se encontraba cotizando al otrora Instituto de Seguros Sociales, pues la última cotización data de abril de 1998, y (iii) que en su vida laboral cotizó 104 semanas, todas en la citada entidad.

Desde el umbral hay que decir que la Sala sentenciadora no incurrió en los dislates de linaje jurídico que el casacionista le enrostra, toda vez que la aplicación al principio de la condición más beneficiosa, necesaria y rigurosamente hace referencia a la posibilidad de aplicar la ley inmediatamente anterior a la vigente a la fecha del deceso, pues no tiene aplicación hacia el futuro, es decir, a disposiciones posteriores al hecho generador.

Esta Corte, de vieja data ha sostenido que la primera investigación que debe hacer el juez al dictar el acto jurisdiccional, consiste en la selección de la norma aplicable, o sea, determinar la existencia y validez de esta. Será necesario entonces que considere los problemas de la ley en el tiempo y en el espacio, precisando los límites personales, temporales y espaciales de la disposición jurídica.

En ese horizonte, es criterio reiterado de esta Corporación que la regla general es la de que la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social vigente al momento de la ocurrencia del evento según la prestación pensional correspondiente, esto es, para la pensión de sobrevivientes, la que esté en vigor a la calenda de la muerte del afiliado o pensionado.

Cumple a ese propósito memorar que la Corte en sentencia CSJ SL7358-2014, sostuvo que «tal como lo tiene señalado la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. (CSJ SL 10 Jun 2009, Rad. 36135; 1° Feb 2011, Rad. 42828; 23 Mar 2011, Rad. 39887; y 3 de May 2011, Rad. 37799, entre otras)».

Es claro que, además de ampararse el instituto jurídico del derecho adquirido, esta premisa respeta tanto el amplio margen de configuración que tiene sobre el sistema el Congreso de la República como las razones de necesidad, oportunidad y equidad que motivan un cambio legislativo.

Para atenuar de alguna manera los efectos de un cambio abrupto en las reglas de juego, dada una reforma legal, se estila en las leyes sociales implementar regímenes de transición. Dado que los cambios legislativos en materia de derecho social, que obedecen a la necesidad de ajustar los parámetros de acceso y en algunas ocasiones de revaluar el alcance de los elementos esenciales del derecho en respuesta a los cambios económicos, sociales y aún culturales, instituyen requisitos más exigentes de acceso a las prestaciones, la justificación de establecer un régimen de transición aparece lógico para lograr un tránsito armónico y pacífico que minimice las consecuencias que pudieran resultar tanto en la población que tenía una expectativa legítima, frente al acceso al derecho, como en el proveedor del mismo, en este caso el Estado, por ejemplo en su necesidad de hacer sostenible financiera y económicamente el sistema de derechos prestacionales.

No obstante lo anterior, en algunas ocasiones escapan al legislador ciertas consecuencias indeseables, por injustas e inequitativas, derivadas del tránsito legislativo, que ameritan, tanto desde el punto de vista constitucional como legal, la aplicación de los principios con venero en el orden jurídico, como el de la condición más beneficiosa, para resolver el problema social que se ocasiona por la implementación del nuevo ordenamiento.

Esta Corporación ha estimado que el postulado de la condición más beneficiosa tiene las siguientes características:

Es una excepción al principio de la retrospectividad.

Opera en la sucesión o tránsito legislativo.

Procede cuando se predica la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro.

Entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición, porque de existir tal régimen no habría controversia alguna originada por el cambio normativo, dado el mantenimiento de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la nueva.

Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas que, si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada.

Respeta la confianza legítima de los destinatarios de la norma.

Expliquemos cada uno de ellas:

1. Excepción a la retrospectividad de la ley

La condición más beneficiosa, a no dudarlo, se entiende como un mecanismo que permite atenuar la rigurosidad del principio de la aplicación general e inmediata de la ley, pues permite que la disposición derogada permanezca vigente en presencia de una situación concreta, materializada en una expectativa legítima conforme a la ley anterior.

Opera en sucesión o tránsito legislativo

La pregunta relevante es ¿qué se entiende por tránsito legislativo? El tránsito legislativo es un momento único, que se da, en forma simple cuando se sanciona y promulga una nueva ley.

Los efectos del tránsito legislativo, por regla general son inmediatos. Existen, desde luego, excepciones, como las que rigen para los impuestos anuales, caso en el cual las normas tributarias, por ejemplo, sobre impuesto de renta, rigen a partir del siguiente año fiscal; o las que protegen derechos adquiridos que no se pueden violar en virtud del artículo 58 de la Constitución Política (aunque puede obrar la expropiación).

En el caso de derechos sociales, el tránsito legislativo lleva a prever en la norma reformatoria, la protección a los derechos adquiridos y, en algunas ocasiones, regímenes de transición; en otras no: por ejemplo, la Ley 797 de 2003 que reformó la manera de determinar el monto y cuantía de la pensión de vejez para los afiliados al régimen de prima media no estableció régimen de transición alguno para salvaguardar estos aspectos.

Los derechos adquiridos y los regímenes de transición, plenos o parciales, otorgan protección temporal, total o parcial a los ciudadanos. En materia del derecho adquirido el amparo es vitalicio o pleno; en el caso de los regímenes de transición es temporal, pero puede ser pleno o parcial. En el evento de la Ley 33 de 1985 la garantía fue plena para quienes tenían 20 años de servicios, pues se les aplica en su integridad el régimen anterior; mientras que en la Ley 100 de 1993 la protección es parcial porque, para construir el derecho a la pensión, solo se toman los parámetros de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto del régimen anterior.

De manera que es el legislador el que define qué protección concede y el lapso por el cual la otorga. Si no fija consecuencias temporales mediante medidas de protección, debe estarse, en principio, a la aplicación inmediata de la ley.

Aplicación de la normatividad inmediatamente precedente

No es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos «plusultractivos», que resquebraja el valor de la seguridad jurídica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642).

A falta de régimen de transición

Los regímenes de transición, por regla general, sólo protegen expectativas legítimas, es decir, se centran en la protección de aquellos grupos de población cercanos al cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación.

En la misma dirección la Corte Constitucional en fallo C-663/07, recalcó que los regímenes de transición: a) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; b) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior; c) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición; y d) es constitucionalmente legítimo que se utilice la figura del régimen de transición para evitar que una decisión relacionada con expectativas pensionales legítimas bajo la vigencia de una ley, se vea desvirtuada completamente por una ley posterior, en desmedro de quienes aspiraban a que sus derechos pudieran llegar a consolidarse bajo el régimen previo.

Conviene precisar que, en relación con las pensiones de invalidez y sobrevivientes, no ha existido un régimen de transición en nuestra historia legal. Ello no ha sido óbice para que el operador jurídico busque principios de favorabilidad a través, por ejemplo, de la definición de derecho adquirido recayendo en la fecha de estructuración, buscando normas de acceso más favorables que las que rigen al momento de la declaratoria.

La pregunta que surge es ¿por qué si han existido normas de protección para las pensiones de jubilación o vejez, a través de regímenes de transición, no han existido normas de protección para la invalidez y la muerte? Un principio de respuesta puede darse si se tiene en cuenta que la vejez, durante la vida laboral del individuo, es un hecho relativamente cierto mientras que, verbigracia, la invalidez es relativamente incierto y poco probable. Dicho en otras palabras, el régimen de transición en las pensiones de vejez se da porque es viable considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo – hecho determinable -, ya para completar cierta edad o para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, por ejemplo, obedece a contingencias improbables de predecir y, por ende, no regulables por un régimen de transición (sentencia CSJ SL de 5 de jul. 2005, rad. 24.280).

De manera que, por regla general, en presencia de regímenes de transición, la condición más beneficiosa no puede aplicarse pues haría nugatorios todos los objetivos económicos y sociales que con una reforma pretenden lograrse y, desde el umbral, debe aplicarse en torno a normas de impacto mediato.

El destinatario posee una situación jurídica concreta- expectativa legítima-

En el régimen de los seguros sociales obligatorios, la situación es concreta si el afiliado cotizó 300 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, dado que la norma exigía ese número de semanas de cotización en todo el tiempo.

Con la vigencia de la Ley 100 de 1993, en parte puede existir una definición de situación concreta a estos efectos, dado que la norma precisa tal situación dependiendo de la cotización efectiva.

Caso concreto

A no dudarlo, el recurrente pretende que en virtud de la condición más beneficiosa se aplique a su caso lo previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues estima que es más favorable dado que la causante cotizó más de 50 semanas en el último trienio anterior a su muerte. Empero, como se dijo, ello no resulta procedente bajo ningún derrotero, ya que por regla general las normas rigen hacia el futuro sin que sea viable la retroactividad pretendida, advirtiendo que no fue objeto de reparo por el recurrente la inferencia del sentenciador de segundo grado en cuanto a que no había prueba alguna de la condición de cotizante activo, motivo suficiente para despachar desfavorablemente el cargo.

Por último, no sobra recordar que conforme a los principios generales de derecho las normas sobre seguridad social producen efectos generales e inmediatos y, por ende, rigen a futuro «pero no tienen efecto retroactivo».

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $4.700.000,oo, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia realice, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 20 de abril de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ÓSCAR GALLEGO PINZÓN contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

(Aclara Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: Óscar Gallego Pinzón

Demandado: Colpensiones

Radicación: 92339

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto tal y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, si bien estoy de acuerdo con la decisión de no casar la sentencia del Tribunal, toda vez que el causante no acreditó la densidad mínima de semanas de cotización que establece el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 para que sus beneficiarios accedan a la pensión de sobrevivientes y, además, comparto el criterio de la Sala relativa a que no es posible realizar una búsqueda histórica a fin de determinar la norma que más se ajusta a las necesidades del actor, lo cierto es que considero pertinente aclarar mi voto en cuanto a las consideraciones relativas a la posibilidad de aplicar el principio de condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003.

Lo anterior, por cuanto, en mi criterio, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Carta Política de 1991 está sometido a ciertos límites, los cuales debe tener en cuenta el juez del trabajo y de la seguridad social en sus decisiones.

En efecto, tal principio protege las situaciones jurídicas o los derechos individuales próximos a consolidarse respecto a un cambio normativo que pueda lesionarlos. Por esto, su ámbito de acción no cobija cualquier reforma o ajuste en la legislación laboral o de la seguridad social, sino solamente aquella que contengan cambios estructurales en los esquemas que la soportan.

En esa medida, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no puede ser ilimitada y darse ante cualquier cambio normativo, toda vez que ello paralizaría la puesta en marcha de importantes ajustes en las políticas laborales, sociales y económicas. Por tal razón, este principio, adecuadamente entendido, está dirigido a garantizar, con ciertos límites, la permanencia de determinado estatuto regulatorio ante cambios verdaderamente estructurales en la regulación.

En esa dirección, las leyes 797 y 860 de 2003 no representaron un cambio estructural en el sistema de pensiones en nuestro país, sino que se trataron de modificaciones legislativas en cuanto a los requisitos para el acceso a las prestaciones económicas; por tanto, en virtud de ello, la condición más beneficiosa no opera en dicho caso respecto a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en su versión original, toda vez que una modificación paramétrica respecto a la densidad de semanas de cotización como la que se planteó en dichas reformas, no refleja un cambio sustancial que amerite la suspensión temporal de la legislación actual con la finalidad de proteger expectativas legítimas.

Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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