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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3350-2019

Fecha
21 de agosto de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3350-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por HERNÁN DARÍO OSORNO GÓMEZ contra el BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A., hoy BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3350-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

21 de agosto de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL3350-2019

Radicación n.° 74731

Acta 028

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HERNÁN DARÍO OSORNO GÓMEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 30 de octubre de 2015, en el proceso que instauró contra el BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A., hoy BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

ANTECEDENTES

Hernán Darío Osorno Gómez demandó al Banco Santander Colombia S.A., con el propósito de que se reconociera la existencia de una relación laboral por espacio de más de 20 años y, en consecuencia, se declarara que tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, desde el 4 de febrero de 2009, fecha en que cumplió 55 años de edad; así como a la indexación de la primera mesada pensional desde el 1 de abril de 1994 hasta el 31 de enero de 2009.

Fundamentó sus peticiones en que nació el 4 de febrero de 1954, por lo que a la fecha de presentación de la demanda tenía más de 55 años de edad; que prestó servicios al Banco Comercial Antioqueño S.A., desde el 22 de noviembre de 1973 hasta el 13 de marzo de 1994, en el cargo de auxiliar de servicios CDT, con una asignación mensual básica de $212.743, al momento del retiro.

Señaló que cumplió con los requisitos exigidos para ser beneficiario de la pensión de jubilación consagrada en el artículo 54 de la convención colectiva de trabajo pactada entre el empleador y el sindicato al cual pertenecía, que exigía 55 años de edad a los hombres y 20 de servicio de manera continua o discontinua.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó los relativos a la vinculación laboral y sus extremos y la existencia de la convención colectiva de trabajo. Alegó que para el reconocimiento de la prestación solicitada era condición ostentar la calidad de trabajador en el momento del cumplimiento de los requisitos, toda vez que la norma especificaba que se les reconocía a los «empleados». En su defensa, propuso las excepciones de falta de causa para pedir, inexistencia de obligaciones a cargo de la demandada y a favor del actor, prescripción, pago y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quince Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, mediante fallo del 16 de noviembre de 2012 absolvió al Banco Santander Colombia S.A. de todas las pretensiones formuladas en su contra por Hernán Darío Osorno Gómez, a quien condenó en costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, mediante sentencia del 30 de octubre de 2015, confirmó la decisión del a quo.

El tribunal estableció, como problema jurídico, determinar si al demandante le asistía el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación consagrada en la convención colectiva de trabajo, a pesar de haber cumplido los 55 años cuando ya estaba desvinculado de la entidad.

Estableció el juzgador colegiado, como hechos ciertos: (i) que Hernán Darío Osorno Gómez nació el 4 de febrero de 1954; (ii) que trabajó al servicio del Banco Santander Colombia S.A. entre el 22 de noviembre de 1973 y el 13 de marzo de 1994; (iii) que fue afiliado a la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios «ACEB»; y, (iv) que, con base en lo anterior, el demandante acreditó más de 20 años de servicios continuos y que era beneficiario de la convención colectiva.

El artículo 54 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 8 de septiembre de 1983 entre la demandada y ACEB señaló: «Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los 55 años de edad si es varón, o a los 50 años si es mujer, después de 20 años de servicios continuos o discontinuos a la institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación […]» (Subrayas y negrillas originales).

Contenido que encontró refrendado en el acuerdo logrado por las mismas partes en el año de 1991 (f.° 125) y señaló que:

[…] de la norma transcrita puede inferir la Sala al igual que lo hiciera la falladora de primera instancia, que para ser beneficiario de la pensión convencional descrita es necesario ser empleado del BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A., premisa con la cual no cumple el señor HERNÁN OSORNO pues como ya se indicara laboró el actor con la entidad demandada hasta el 13 de marzo de 1994, cumpliendo con la edad mínima (55 años) el 2 de febrero de 2009, es decir, cuando ya no era trabajador vinculado de la accionada, al haber cesado la prestación desde hacía 15 años.

Para dar respaldo a su decisión, transcribió apartes de las sentencias CSJ SL 25739, 7 jul. 2005, SL 31544, 30 oct. 2007 y SL 33861, 22 jul. 2009.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a quo y que le conceda la pensión de jubilación convencional.

Con tal propósito formuló cuatro cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron oportunamente replicados y que a pesar de haber sido formulados por vías disimiles, por atacar el mismo elenco normativo y compartir la argumentación, merecen idéntica solución.

CARGO PRIMERO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida de:

[…] los artículos 467, 476, 478, y 479 del Código Sustantivo del Trabajo, 1541 y 1618 del Código Civil; artículo 57 de la ley 2° de 1984, 10 y 35 de la ley 712 de 2001, 15, 66A y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 357 del Código de Procedimiento Civil; lo cual llevó a la infracción de los artículos 39, 53 y 55 de la Carta Política, en consonancia con el artículo 54 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Para la demostración del cargo aceptó los hechos que el ad quem dio por probados. Su inconformidad la radicó en que no era necesario cumplir la edad dentro de la vigencia de la relación laboral con el banco, pues tal condición no aparecía en la cláusula convencional (que transcribió), siendo la edad un requisito para la exigibilidad del derecho y no para su causación.

Así las cosas, solo era necesario cumplir los 20 años al servicio de la demandada, requisito que por demás, cumplió.

CARGO SEGUNDO

Acuso la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del mismo elenco normativo que el anterior.

Dijo que el argumento del tribunal fue que no era acreedor de la pensión de jubilación convencional por cuanto solo tuvo la calidad de trabajador vinculado al Banco hasta el 13 de marzo de 1994, por lo que presentó idéntica argumentación que en el cargo anterior.

CARGO TERCERO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de las mismas normas de los cargos anteriores.

Dijo que el ad quem incurrió en los siguientes errores de hecho:

1) No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tiene derecho a la pensión jubilatoria convencional consagrada en el artículo 54 de la convención colectiva de trabajo firmada el 8 de septiembre de 1983, entre el BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. y ACEB y refrendado posteriormente en la Convención de 1991, que tal derecho se causó desde la fecha en la cual el demandante cumplió los veinte (20) años de servicio, el 22 de noviembre de 1993; y para el 13 de marzo de 1994 contaba con más de 20 años de servicio.

2) Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante tenía que estar vinculado para la demandada el 2 de febrero de 2009, fecha en que arribó a los cincuenta y cinco (55) años de edad.

3) No dar por demostrado, estándolo, que la intención de las partes que firmaron la convención colectiva aludida en el numeral 1) de este acápite, fue la de que el trabajador beneficiario de la misma, que cumpla el requisito de tiempo de servicio, adquiere y no pierde el derecho a la pensión consagrada en el artículo 54 por el hecho de retirarse o de que sea retirado de la empresa antes de cumplir la edad exigida.

4) No dar por demostrado, estándolo, que la obligación contraída por el empleador en la norma convencional aludida en los dos numerales anteriores se estipuló cuando el demandante era trabajador de la demandada, llevaba más de veinte años de servicio y era beneficiario de la contratación colectiva; y que el contrato de trabajo terminó cuando dicha convención aún se encontraba vigente.

5) No dar por demostrado, estándolo, que como consecuencia de lo previsto en los numerales que anteceden, el derecho a dicha pensión se adquiere cuando se cumple el requisito del tiempo de servicios y se hace exigible cuando se cumple la edad prevista en la misma disposición convencional.

6) No dar por demostrado, estándolo, que no existe norma que disponga el requisito de tener que cumplir la edad en vigencia de la relación laboral.

Señaló como pruebas mal apreciadas la constancia de afiliación a ACEB (f.° 8), reporte del tiempo de servicio (f.° 9), el registro civil de nacimiento (f.° 10), las copias de convenciones colectivas suscritas entre el Banco y su sindicato (f.° 31 a 134) y la demanda y su respuesta (f.° 179 a 187).

Para la demostración del cargo dijo que el tribunal erró al haber exigido que la edad se tenía que cumplir en vigencia de la relación laboral, pues ello no lo señaló el artículo 54 convencional, y reiteró lo ya señalado en los cargos anteriores.

CARGO CUARTO

Este cargo fue formulado en idénticos términos que el anterior, pero agregando la sentencia CSJ SL 44597, 11 mar. 2015, para fundamentar su argumento.

RÉPLICA

Se opuso a la prosperidad de la demanda de casación, pues frente a las normas indicadas, en los cargos primero y segundo que dijo que fueron aplicadas indebidamente o interpretadas de manera errónea, no lo fueron en realidad, sino que fue la convención colectiva de trabajo, por lo que tienen errores de técnica.

Frente a los cargos tercero y cuarto dijo que la jurisprudencia de esta corporación ha sido clara en que la edad se debe cumplir en vigencia de la relación laboral, por lo tanto, el ad quem no cometió yerro alguno.

CONSIDERACIONES

Si bien son ciertos los errores de técnica enrostrados por la oposición, estos resultan ser salvables al estudiar los cargos de manera conjunta, pues si bien los dos primeros fueron encausaron por la senda directa, el reproche se dirigió a la aplicación de normas convencionales y ya la jurisprudencia de esta corporación ha sido clara que esta únicamente es viable de ser revisada en sede extraordinaria, por la vía indirecta, pues si bien resulta innegable que de ella emanan derechos, no puede perderse de vista que la misma es una regla entre las partes y no una norma legal sustancial de alcance nacional, respecto de la cual sea dable discutir su contenido, sentido y alcances.

Por ello, debe ser exhibida ante la corte como una prueba, a fin de que esta corporación pueda adentrarse en el análisis e interpretación de su texto, como se ha señalado en múltiples decisiones como la CSJ SL17642-2015, reiterada en las SL4332-2016, SL4934-2017 y SL12871-2017.

Por lo tanto, en principio, estos dos cargos deberían despacharse por no cumplir con la técnica exigida, pero en virtud del principio de flexibilización del recurso de casación, y teniendo en cuenta que todos atacan el mismo elenco normativo y su argumentación es similar y los otros dos fueron correctamente formulados, la sala procederá con el estudio de fondo del presente asunto.

Ahora bien, de acuerdo con la argumentación que acompaña a los cargos, la inconformidad de la censura se circunscribe a decir que el tribunal erró al interpretar el artículo 54 de la convención colectiva, pues, a su juicio, con fundamento en esta normativa, le asiste el derecho a la pensión de jubilación reclamada.

Hay algunos hechos que están fuera de la discusión, a saber: (i) que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, vigente entre el 22 de noviembre de 1973 y el 13 de marzo de 1994; (ii) que el recurrente fue afiliado a la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios «ACEB»; (iii) que él, era beneficiario de la aplicación de las normas convencionales; y (iv) que nació el 4 de febrero de 1954.

La cláusula que suscita la controversia es del siguiente tenor:

Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los 55 años de edad si es varón, o a los 50 años si es mujer, después de 20 años de servicio continuos o discontinuos a la institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación que se computará sobre el promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro del Banco, sin tener en cuenta bonificaciones, así: […]

Sobre esta disposición convencional en particular, la corte en varios pronunciamientos prohijó que admitía más de una interpretación razonable, y bajo esa línea de pensamiento, la estimada por el ad quem en el presente asunto, en punto a que la edad de 55 años debe cumplirse inexorablemente en vigencia de la relación laboral, era correcta. Así lo sostuvo en las sentencias CSJ SL 22394, 19 ago. 2004, SL 23811, 14 de feb. 2005, SL 28886, 28 de feb. 2008, SL 46025, 13 de feb. 2013.

Esta sala, en procesos seguidos contra el mismo banco aquí demandado, ha definido en forma puntual el tema que ahora se propone, en el sentido de indicar que la intención inequívoca de las partes, plasmada en el artículo 54 del convenio colectivo de 1983, era de conceder la pensión de jubilación a los trabajadores del Banco, más no a los ex empleados.

Así quedó plasmado, entre otras, en las sentencias CSJ SL15807-2017, SL19819-2017, SL276-2018, SL627-2019, SL953-2019 y SL1117-2019. En la último dijo:

De la lectura de la norma, y con apego estricto al precedente jurisprudencial que de tiempo atrás mantiene esta Sala, surge patente que el Tribunal no pudo incurrir en los errores fácticos ni en la interpretación errónea que se le endilgaron en los cargos, cuando consideró que la norma convencional se aplicaba a los empleados del banco y no a quienes se hubiesen retirado y cumplieran la edad exigida después de tal retiro, pues desde antaño esta Corporación ha sostenido que el sentenciador de instancia no incurre en error evidente de hecho cuando otorga a una norma convencional uno de sus posibles alcances, toda vez que en este caso no hace cosa diferente que hacer uso de la facultad consagrada en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para formar libremente su convencimiento.

[…]

La expresión «empleado», utilizada por la norma convencional, permite asegurar que el Tribunal le dio una lectura completamente razonable a ese texto, cuando afirmó que podían acceder al beneficio pensional sólo aquellos que se encontraran prestando servicio al banco y en esa condición cumplieran los requisitos de edad y tiempo laborado. Siendo claro que el recurrente se retiró de la empresa demandada el 12 de junio de 1994 y que llegó a la edad de cincuenta y cinco (55) años el 12 de diciembre de 2006, no cabe duda de que a la luz del actual criterio mayoritario de la Sala, no es beneficiario de la pensión de jubilación convencional, consagrada en el artículo 54 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el otrora Banco Comercial Antioqueño S.A. y la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios «ACEB», vigente durante los años 1991-1993.

Así mismo, en cuanto a la posibilidad de admitir diversas interpretaciones formalmente valederas frente a una norma extralegal, es un tema que fue revaluado en la sentencia CSJ SL1240-2019, en la que, cumpliendo la orden judicial emitida por la Corte Constitucional en la CC SU-113-2018, por mayoría, se adoctrinó lo siguiente:

La anterior postura, sobre la cual se fundó la sentencia CSJ SL11211-2017, que fue objeto de acción de tutela, es la que confrontó la Corte Constitucional en el fallo SU-113-2018, en la que ordenó acoger el precedente que construyó a partir de la sentencia CC SU-241-2015, aun cuando éste, en principio, pareciera contrario al de la Sala permanente de esta Corporación, a fin de que, previo trámite de la Ley 1781 de 2016, se decidiera el caso, con base en reglas jurisprudenciales que no fueran contrarias a su doctrina.

[…]

En ese escenario, la Corte ha doctrinado que no es finalidad de la casación, establecer el sentido de las normas convencionales, como lo hace con las normas sustantivas de rango nacional, sino determinar si el Juez de segunda instancia incurrió en un error de derecho o hecho en su apreciación, es decir, dando por acreditado un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir una determinada solemnidad para la validez del acto, como es en el caso del depósito, o al cometer un error de valoración probatoria flagrante, grosero y evidente, al dar por probado un hecho, sin estarlo, o no darlo por probado, estándolo, como consecuencia de la pretermisión o valoración equivocada de prueba calificada, entre ellas, la CCT debidamente depositada.

De ahí que, por regla general, al resolver conflictos relacionados con la interpretación a cláusulas convencionales, la Sala haya acudido a la aplicación del artículo 61 del CPTSS, para determinar la existencia o no de un error de hecho, es decir, respetando la facultad de libre apreciación de la prueba, que se regula por los principios de razonabilidad y reglas de la experiencia, aun cuando no esté de acuerdo con la decisión del colegiado, pues dicho precepto garantiza la autonomía e independencia judicial, como elementos estructurales del Estado de derecho, conforme a los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. Así lo ha dicho, entre otras, la sentencia CSJ SL16106-2015, atrás citada.

Sin embargo, atendiendo las vicisitudes que se generan con la pluralidad de interpretaciones de cláusulas convencionales en casos similares, lo que trae consigo la afectación de garantías como la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, recientemente la Corte flexibilizó su criterio, incluyendo dentro de los eventos de revisión, la razonabilidad de la decisión y el respeto a los derechos fundamentales.

En efecto, en sentencia CSJ SL5052-2018, dijo:

Ahora bien, aun cuando la Sala sostuvo en un principio que una interpretación razonada dentro de varias posibles de una disposición convencional por parte del juzgador de alzada, no era factible de corregir en esta sede, y por ende, estructurarse con base en ello un yerro fáctico en casación laboral, tal posición conllevó a que de un análisis respecto de la misma clausula, como la que ahora es materia de estudio, patrocinara que posiciones diametralmente contrapuestas permanecieran indemnes, razón por la que la Corporación en su labor constitucional de unificar la jurisprudencia, ha buscado avanzar y consolidar su línea de pensamiento a fin de evitar contradicciones que transgredan el derecho de igualdad, siendo pertinente citar entre ellas CSJ SL2733-2015, CSJ SL609-2017, CSJ SL2478-2017, CSJ SL6107-2017, CSJ SL1899-2018, CSJ SL2892-2018.

[…]

Significa lo anterior, que esta Corporación no ha sido ajena a la problemática advertida por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU-113-2018, por lo que, se itera, recientemente morigeró su doctrina, entendiendo la CCT como una prueba, cuya valoración es acusable por la vía indirecta, pero que por tener contenido imperativo debe ser examinada en atención a los criterios de hermenéutica contractual y legal.

Desde ya, es importante precisar, que a pesar de que la Corte ha admitido como razonables, decisiones judiciales en las que el Juez de segundo grado ha acogido la postura interpretativa de la convención colectiva, que propone la recurrente, así como otras, contrapuestas, que acogen la que aquí se recurre, lo ha hecho con base en las reglas que regulan la vía indirecta en casación, fundadas, principalmente, en el principio de libre apreciación de la prueba del artículo 61 del CPTSS, en virtud de las cuales, solo es posible casar el fallo cuando se acrediten yerros de hecho derivados de la errónea o falta de valoración de la prueba calificada, marco conceptual que fue flexibilizado recientemente por la Corporación, en el entendido de que la CCT «adquiere una doble dimensión en casación: es una prueba y es fuente de derecho objetivo», según lo indicó en la sentencia CSJ SL12871-2018.

De ahí que, acogiendo el precedente constitucional, así como el de la propia Sala de casación permanente, es posible colegir, que para el análisis de los derechos incorporados en las cláusulas convencionales, el Juez se debe sujetar a las reglas y principios de interpretación normativa y no, como se había venido adoctrinando, únicamente por los relativos a la valoración de las pruebas, previstos en el artículo 61 del CPTSS.

Dicho criterio, se resalta, no se opone a los principios de autonomía e independencia judicial que se protegen a través de la senda indirecta de la casación y, por el contrario, garantiza las finalidades constitucionales y legales del recurso, particularmente la unificación de la jurisprudencia y la protección a los derechos constitucionales, de conformidad con los artículos 35 de la CN, 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 7° de la Ley 1285 de 2009, […].

[…]

De donde, atendiendo a la regla antes señalada, con el fin de cumplir la finalidad de la casación, se itera, amparada en el precedente constitucional y el reciente de la Corte Suprema de Justicia, que otorga doble dimensión en casación a la convención colectiva de trabajo y, por tanto, autoriza su análisis no solo como prueba, sino también, preponderantemente, como fuente de derecho, procede la Sala a decantar la interpretación de la cláusula convencional objeto de contienda, ante la forma diversa como lo ha venido haciendo, teniendo en cuenta, además, el carácter preferente de este tipo de acuerdos en el derecho constitucional colombiano, en tanto son la máxima expresión del derecho a la negociación colectiva, garantizado en el artículo 55 de la CN y ser por ello, el único contrato particular constitucionalizado, con referencia, además, en los artículos 53 y 93 de la CN, en relación con los Convenios 087 de 1948, 098 de 1949 y154 de 1981 de la OIT.

[…]

Al respecto, se tiene que la cláusula 82 de la Convención Colectiva 1992-1993, que consagró la pensión temporal o transitoria (mientras el ISS asumía la pensión de vejez), que reprodujeron o ratificaron las convenciones 1994-1995 (Artículo 88), 1996-1997 (Artículo 90) y el Laudo Arbitral de 1998 (Artículo 19), dice textualmente:

A partir de la vigencia de esta convención, MINERALCO S. A. reconocerá y pagará a los trabajadores a su servicio que hayan cumplido o cumplan cincuenta (50) años de edad en las mujeres y cincuenta y cinco (55) años de edad en los hombres y veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, en entidades públicas, oficiales o semioficiales y particulares, una pensión mensual de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.

El pago de esta pensión estará a cargo de MINERALCO S.A. en el momento en que el trabajador cumpla diez (10) años de servicios continuos o discontinuos en la Empresa. Cuando el trabajador cumpla los sesenta (60) años de edad, en coordinación con MINERALCO S.A., hará los trámites ante el Instituto de Seguro Social (ISS). MINERALCO S.A. pagará la diferencia en la pensión del ISS en caso de que ésta sea menor.

Según el tenor literal del precepto convencional, son titulares de la pensión extralegal demandada: i) los trabajadores al servicio de la empresa; ii) que hayan cumplido o cumplan el requisito de la edad de 50 años las mujeres y 55 los hombres y iii) que cuenten con 20 años de servicios continuos o discontinuos en entidades públicas, oficiales o semioficiales y particulares; prestación que estará a cargo de Mineralco S.A. desde el momento en que «el trabajador cumpla diez (10) años de servicios continuos o discontinuos en la Empresa», hasta que se subrogue el ISS en el mismo, caso en el cual pagará el mayor valor.

Significa lo expuesto, que en aplicación del principio de interpretación gramatical del artículo 25 del Código Civil, para la causación del derecho prestacional, es indispensable que concurran los tres presupuestos definidos expresamente en el acuerdo colectivo, sin que se advierta duda u oscuridad en los mismos, que permita la injerencia del Juez a partir del principio de favorabilidad o in dubio pro operario, pues para que él proceda necesariamente debe existir duda o ambivalencia en la intelección de la disposición legal o convencional, conforme lo ha explicado la Corte, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL5132-2017, en la que indicó: «[…] no puede tener cabida el principio de favorabilidad, cuando la norma con la cual se soluciona la […] controversia judicial, es diáfana en su intención, espíritu y tenor literal, que no origina ningún conflicto o duda en su aplicación», […]

[…]

Ahora, si se avanzara en la aplicación de las reglas de hermenéutica jurídica y se aplicara la interpretación sistemática, teleológica e inclusive constitucional, la Sala llegaría a la misma conclusión, por las razones que se pasan a explicar:

Los artículos 39, 53 y 55 de la Constitución Política previeron como garantías fundamentales y/o mínimas del derecho al trabajo, entre otros, la protección a la libre asociación sindical, el respeto y promoción de los contratos, acuerdo y convenios obrero patronales, sus límites y garantías, así como la imperatividad de los convenios internacionales sobre el derecho al trabajo que estén debidamente ratificados, algunos de los cuales, de conformidad con el artículo 93 de la CN, hacen parte del bloque de constitucionalidad, como ocurre, por ejemplo, con los convenios 087 de 1948, 098 de 1949 y 154 de 1981 de la OIT, relativos, respectivamente, al derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

Tales normas constitucionales y convencionales, garantizan la no injerencia estatal en los asuntos concernientes con la constitución, funcionamiento, administración de las organizaciones sindicales, así como el «pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo», según lo prevé el artículo 4° del Convenio 098 de 1949, así como para regular «[…] relaciones entre empleadores y trabajadores», al tenor del artículo 2° del Convenio 154 de 1981.

De donde, teniendo en cuenta que la cláusula convencional pluricitada alude expresamente a «los trabajadores a su servicio» (para referirse a la demandada), como titulares del derecho pensional y el cumplimiento de los requisitos de edad y densidad, no resulta sostenible, dentro de las reglas de interpretación contractual y normativa a que hace referencia la jurisprudencia constitucional y, aún de la Sala, colegir la existencia de un error de hecho en la valoración de dicha prueba por parte del Tribunal, pues en el cargo tampoco se acusó alguna prueba que haya sido desconocida, de la que se pudiera concluir, que «la intención de los contratantes», estuvo «más que a lo literal de las palabras», según el artículo 1618 del CC, que permitiera inferir una duda razonable que tuviese que ser resuelta bajo el principio constitucional y legal de favorabilidad o in dubio pro operario.

Para finalizar una cosa debe quedar clara: con lo aquí decidido la Sala no está señalando uno de los varios sentidos de tal disposición extralegal revisada, sino que da por establecido el único entendimiento posible, en cuanto a que para acceder a la pensión estatuida en la cláusula 82 de la Convención Colectiva 1992-1993, que consagró la pensión temporal o transitoria (mientras el ISS asumía la pensión de vejez), que reprodujeron o ratificaron las convenciones 1994-1995 (Artículo 88), 1996-1997 (Artículo 90) y el Laudo Arbitral de 1998 (Artículo 19), se requiere que los requisitos se cumplen en vigencia de la relación laboral, entre ellos, desde luego, el de la edad; pues si la intención de las partes hubiera sido extender este beneficio a los extrabajadores, así expresamente lo hubiera señalado, lo que no ocurrió en el sub lite.

Con lo precedente debe destacar la Sala, que cualquier decisión que se haya proferido en sentido contrario, se entiende recogida con la nueva postura que ahora se adopta, consistente en que la única interpretación posible y valedera de esta clase de cláusulas convencionales es la aquí expresada. (Subrayas fuera del texto original).

De contera, no erró el tribunal al considerar que la edad era un requisito convencional para la configuración del derecho a la pensión de jubilación y que, por ende, al no cumplirse en vigencia del vínculo contractual, la pretensión reclamada no tenía vocación de prosperidad. Por tanto, los cargos no prosperan.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por HERNÁN DARÍO OSORNO GÓMEZ contra el BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A., hoy BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

SALVAMENTO DE VOTO

SL3350-2019

Radicación n.° 74731

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrada ponente

Con el debido respeto por la posición mayoritaria, sustento mi posición, en los siguientes términos:

Si bien la mayoría de la Sala se ciñó en su decisión, a los precedentes emitidos contra la misma demandada por esta Corporación, considero que resultaba indispensable descifrar la intención de los actores en este juicio, contenida específicamente en el acuerdo convencional, para ello, las cláusulas debieron ser comprendidas como «un todo y, por tanto, su interpretación debe ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes» (CSJ SL17030-2016), lo que, de suyo, excluye interpretaciones textualistas, focalizadas en frases, palabras o expresiones elaboradas al margen de los sujetos y los contextos (CSJ SL16811-2017), teniendo en cuenta que la favorabilidad debe ser guía de hermenéutica y entendimiento de los acuerdos colectivos.

Bajo estos criterios es claro que se cumplieron en el demandante los presupuestos de tiempo de servicios como trabajador de la entidad demandada, con lo que la edad, esto es, cumplir 55 años corresponde a una condición futura, connatural al ser humano que permite la exigibilidad del derecho (CSJ SL CSJ SL15585-2016, CSJ SL11803-2017, CSJ SL20406-2017, CSJ SL2802-2018, CSJ SL2960-2018),bajo estos argumentos considero que los cargos debieron tener prosperidad.

Fecha ut supra,

356235-165354000

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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