Ficha de la providencia
Sentencia SL336-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL336-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL336-2023
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
8 de febrero de 2023
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL336-2023
Radicación n.° 92766
Acta 4
Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HUMBERTO JARAMILLO CASTRO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 16 de abril de 2021, en el proceso ordinario que promovió contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y al que se vinculó a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
I. ANTECEDENTES
Humberto Jaramillo Castro llamó a juicio a la Universidad de Antioquia, con el fin de que fuera condenada a reajustarle su pensión de jubilación «en forma anual, a partir del año 2006, y en los años subsiguientes, con un porcentaje mínimo del quince por ciento (15%) de la respectiva mesada pensional»; a las diferencias pensionales; indexación, y al pago de costas incluidas las agencias en derecho.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: estuvo vinculado a la convocada como trabajador oficial, desde el 30 de agosto de 1985 al 27 de noviembre de 2005; mediante Resolución n.° 023 del 27 de enero de 2006, la Universidad de Antioquia le reconoció pensión de jubilación, a partir del 30 de septiembre de 1991[sic]; la precitada prestación se ha venido cancelando y tuvo como fundamento el artículo 13[sic] de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita para la vigencia 1976-1977, que en su artículo 15, dispuso: «[…] A partir de la vigencia de la presente Convención, la Universidad reconocerá a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar; se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la Convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de enero 21 de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación»; este último aparte legal, en su artículo 1º, consagró el derecho al reajuste anual de las «pensiones de jubilación e invalidez, tanto de naturaleza pública como privada» y precisó, además, en su parágrafo tercero, que el porcentaje mínimo de aumento sería el 15% «de la respectiva mesada pensional para las pensiones[sic] equivalentes hasta el valor de cinco (5) veces el salario mínimo legal más alto»; para el momento en que materializó el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional al accionante, se encontraban vigentes tanto la Ley 4ª de 1976 como el artículo 15 del precitado acuerdo colectivo; la convocada ha cumplido con las obligaciones plasmadas en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, salvo en lo referente al parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976; la pensión que disfrutaba nunca había superado los 5 salarios mínimos legales mensuales vigente; los aumentos que han sido aplicados a la prestación económica del actor eran inferiores al 15% de la mesada pensional del año anterior, por lo que esta última presentaba un déficit en su valor, y que agotó la reclamación administrativa el 30 de octubre de 2013, la cual fue absuelta de forma contraria a sus intereses.
La Universidad de Antioquia se opuso a las pretensiones del actor y propuso las excepciones de adecuada interpretación de la convención por parte de esa institución; inexistencia de la obligación de incremento del 15%; buena fe, y prescripción.
Por auto de fecha 5 de septiembre de 2019, fue vinculada la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. Esta entidad aceptó los hechos relativos a la vinculación del demandante con la demandada, así como el reconocimiento de la pensión de jubilación; los restantes afirmó que eran apreciaciones subjetivas o bien no le constaban. Se opuso a las pretensiones.
Presentó como excepciones de mérito las que denominó como: inexistencia de la obligación del reajuste de la pensión de jubilación a cargo de Colpensiones; prescripción; imposibilidad de condena en costas, y compensación.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 18 de noviembre de 2019, absolvió a las demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra por el actor e impuso costas a favor de la Universidad convocada.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al conocer del asunto por virtud del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 16 de abril de 2021, confirmó la decisión de primer grado. Sin costas.
El tribunal, tras referirse a la naturaleza jurídica de la pretensión (reajuste de pensión de jubilación convencional), indicó como problema jurídico a resolver, el determinar si al señor Jaramillo Castro «le asiste o no derecho al reajuste de la pensión de jubilación convencional, con un incremento anual del 15%, conforme lo previsto en el parágrafo 3° del art. 1º de la Ley 4 de 1976».
Luego de ello, encontró probado que, mediante Resolución n.° 023 del 31 de enero de 2006 (folios 13 y 14 de la sentencia de segunda instancia), la Universidad de Antioquia le reconoció al señor Jaramillo Castro una pensión de jubilación convencional, «por haber laborado un lapso superior a los 20 años de servicios, dicha prestación se reconoció a partir del 28 de noviembre de 2005 en cuantía mensual de $769.630, en aplicación del artículo 14 de Convención Colectiva de Trabajo 1976- 1977 visible a folios 49 al 69».
De igual manera, afirma, que «mediante Resoluciones n° 201 del 8 de octubre de 2013, y 288 del 8 de noviembre de 2013 (fls. 19 al 22), la Universidad de Antioquia negó el reajuste pensional deprecado, al estimar que la normativa que regula el reajuste pensional es el artículo 14 de la ley[sic] 100 de 1993».
Para resolver lo pertinente al incremento solicitado, recordó que el reajuste de pensiones tenía por finalidad proteger a las personas de la tercera edad y las de sus familias «pues de no existir tales reajustes[,] las pensiones se convertirían en irrisorias, pues la devaluación de la moneda haría que las mismas perdieran su capacidad adquisitiva, en detrimento de los pensionados».
Agregó que, si bien la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 suscrita entre la Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores de la misma previó en su cláusula decimoquinta, la necesidad de darle cumplimiento a la Ley 4ª de 1976, sobre el incremento anual de las pensiones, ello no procedía en los términos solicitados por el demandante dado que
[E]stima la Sala que el demandante jamás se benefició́ o fue destinatario del reajuste pensional establecido por la Ley 4ª de 1976, pues para la fecha en que consolidó su derecho pensional, este reajuste ya había perdido toda vigencia, y por tanto la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA no estaba obligada a dar cumplimiento a una normativa derogada, como equivocadamente lo sugiere la parte demandante, amparándose en el artículo DÉCIMO QUINTO de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 visible a folios 44 al 64 del plenario.
Pues en realidad del precepto convencional en cita, solo puede inferirse que el querer de quienes suscribieron la referida convención, fue el de hacer una simple remisión normativa a la Ley 4ª de 1976, mas no una consagración puntual de un derecho al reajuste pensional bajo la metodología establecida en artículo1° de dicha ley, pues del artículo DÉCIMO QUINTO convencional, no se advierte que las partes hicieran una incorporación normativa, la cual era perfectamente viable tratándose de una negociación colectiva, según lo adoctrina la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia con radicado No.40.551 del25 de noviembre de 2011,en donde, sostiene que:
"no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una norma legal, que conservará vigencia como norma convencional, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó́, entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se beneficien de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo."
Y es que según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la negociación colectiva tiene como última finalidad la superación de los mínimos legales, por lo que las partes estuvieron en la posibilidad de remitirse a los derechos contemplados en normas de rango legal, a fin de que éstos se conserven más allá́ de su vigencia y permanecieran como derechos convencionales autónomos, así́ se indicó́ en la sentencia SL-1846-2016[sic], reiterada luego en la sentencia SL-1917 de 2019[sic], donde se analizó́ el caso de un reajuste pensional establecido convencionalmente en favor de los pensionados de la empresa ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO 8.A. E.S.P., allí́ la Corte Suprema de Justicia, avaló el reajuste pensional con fundamento en la Ley 4° de 1976, pues contrario al asunto aquí́ discutido, las partes firmantes si consignaron expresamente una cláusula que literalmente decía: "...sin consideración a su vigencia...",quedando así́ clara su intención de consagrar las prerrogativas legales, aun después de la derogatoria de la norma legal que las contemplaba, dicho criterio ha sido ratificado en providencias más recientes como la SL3615-2020[sic], y SL768 del 10 de marzo de 2021.
De igual manera, consideró improcedente el reajuste solicitado bajo el amparo del Acto Legislativo 01 de 2005, «pues de conformidad con el parágrafo transitorio 3° del artículo 1° ibidem, a partir del 31 de julio de 2010, perdieron vigencia todas aquellas condiciones pensionales más favorables contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, tópico frente al cual se ha pronunciado el órgano de cierre en esta especialidad, al igual que sobre la protección de los derechos adquiridos de los cuales no es beneficiario el demandante». Para fundamentar lo anterior, citó los radicados CSJ SL1428-2018 y CC SU-555-2014.
Por último, advirtió que el trámite administrativo por el reajuste pensional culminó con la expedición de la Resolución n.° 288 del 8 de noviembre de 2013, por lo que la prescripción fue interrumpida con la presentación de la demanda el 4 de diciembre de 2017 y, en consecuencia, «no habría reajustes susceptibles de reconocimiento con posterioridad al 31 de julio de 2010, momento de la pérdida de vigencia de las condiciones pensionales más favorables contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados».
Así, confirmó el fallo de primera instancia.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la decisión proferida por el juez de primer grado y, en su lugar, «acceda a las pretensiones formuladas en la demanda. Se provea así mismo sobre las costas en ambas instancias y las del recurso de casación».
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado y pasa a decidirse.
VI. ÚNICO CARGO
Ataca la sentencia recurrida, por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos «467, 479, 480 del Código Sustantivo del Trabajo; 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (violación de medio); Artículo 1º, Parágrafo 3º de la Ley 4ª de 1976; artículo 14 de la Ley 100 de 1993» Así mismo, el «Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 3º, artículos 13 y 53 de la Constitución Nacional [sic]».
Como errores evidentes de hecho relaciona los siguientes:
No dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que la Ley 4ª de enero 21 de 1976, FUE INCORPORADA, en su INTEGRIDAD y de manera INCONDICIONADA, a la Convención Colectiva de Trabajo, 1976-1977, celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
DAR por demostrado, SIN ESTARLO, que la Ley 4ª de enero 21 de 1976, NO FUE INCORPORADA, en su integridad, de manera INCONDICIONADA a la Convención Colectiva de Trabajo, celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
DAR por demostrado, SIN estarlo, que en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y en las convenciones posteriores a ésta NO se plasmó la voluntad de las partes contratantes, de incorporar en su integridad la Ley 4ª de 1976 al Acuerdo Colectivo y de MANTENER o CONSERVAR su v vigencia.
NO dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y en las convenciones posteriores a ésta, SE plasmó la voluntad de las partes, de incorporar en su INTEGRIDAD la Ley 4ª de 1976 al Acuerdo Colectivo y de MANTENER o CONSERVAR SU VIGENCIA.
No dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que el Acto Legislativo 01 de 2005, NO desconoció los derechos adquiridos de los pensionados.
DAR por demostrado, sin estarlo que el Acto Legislativo 01 de 2005, desconoció derechos adquiridos de los pensionados.
Afirma que los mencionados yerros provienen de la apreciación errónea de las «Convenciones Colectivas de trabajo allegadas al proceso con las respectivas constancias de depósito en el Ministerio del Trabajo».
Después de transcribir apartes de la sentencia impugnada, aduce que el juzgador, pese a que reconoce expresamente el texto del estatuto convencional, desatiende las pretensiones de la demanda y, de manera contradictoria a su propio razonamiento, expresa que
Las partes estuvieron en la posibilidad de remitirse a los derechos contemplados en normas de rango legal, a fin de que éstos se conserven más allá de su vigencia y permanecieran como derechos convencionales autónomos, …”, cuando el mismo Operador Judicial, expresamente, en otro aparte de la Sentencia reconoció tal actuación, al señalar; “PUES EN REALIDAD DEL PRECEPTO CONVENCIONAL EN CITA, SOLO PUEDE INFERIRSE QUE EL QUERER DE QUIENES SUSCRIBIERON LA REFERIDA CONVENCIÓN, FUE EL DE HACER UNA SIMPLE REMISIÓN NORMATIVA A LA LEY 4a DE 1976, de modo que, la razón o excusa expresada para no darle abrigo al petitum de la demanda carece de fundamento, además porque mediante la REMISIÓN NORMATIVA que hizo de dicho texto legal, se operó la INCORPORACIÓN del mismo, a la Convención Colectiva de Trabajo, como derecho autónomo, desconociéndose, el alcance e implicación jurídica de tal actuación, con lo que se aparta, no solo del Principio Constitucional de Favorabilidad, sino de la línea jurisprudencial de su propio Órgano de cierre y de los precedentes judiciales aplicables al caso, que, valga resaltar, tienen la connotación de ser vinculantes, por provenir, en particular, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que, sobre el alcance y validez de la incorporación de normas legales a la convención colectiva de trabajo, han determinado, que las convierte en normas contractuales, vinculantes para las partes, como expresamente se ha resuelto, de manera reiterada y pacífica, en sus múltiples pronunciamientos, de donde resulta que la posición, del Tribunal Local, respetuosamente lo digo, no es coherente, ni jurídicamente aceptable, en cuanto que no desarrolla, ni el DERECHO SUPERIOR A LA FAVORABILIDAD, NI dicho precedente judicial horizontal, para darle solución a la Litis y tampoco justifica su desconocimiento.
Memora la sentencia CSJ SL13242-2014, y reproduce apartes de la decisión del 24 de agosto de 2000, radicado 14489.
Explica que la inclusión en un contrato colectivo de una ley, bien sea transcribiéndola literalmente, en forma total o parcial, o haciendo mención o remisión a ella, con la anotación de que se le dará aplicación, implica la incorporación de esta como derecho autónomo que, a partir de su inclusión en el contrato colectivo sigue las consecuencias propias de la Convención Colectiva de Trabajo y no las de la norma jurídica de carácter legal, pues pugna a la lógica y a la hermenéutica jurídica considerar que tal actuación no tiene ninguna significación ni implicación, porque la ley de por si es obligatoria para las partes contratantes, además, lleva implícita su obligatoriedad contractual, su sujeción futura al devenir del instrumento convencional, con independencia de las consecuencias que corra la norma jurídica, cualquier actuación diferente, debe ser prevista por los contratantes que la incluyeron en el respectivo contrato colectivo.
Acota que, en contravía de los precedentes jurisprudenciales y del principio de favorabilidad, del in dubio pro operario, cuya aplicación no es optativa, sino imperativa, como expresamente lo ordena el artículo 53 de la Constitución Política, la sentencia gravada desconoce el carácter vinculante que tiene «la convención colectiva de trabajo para las partes, pese a la REMISIÓN inequívoca e incuestionada a la Ley 4ª de 1976, que hace la cláusula 15 de la Convención Colectiva, de la voluntad de las partes de acogerla […] en toda su literalidad […] como mandato convencional […]».
Asevera que esta Sala se pronunció en una situación similar en la sentencia CSJ SL2845-2021, en un asunto de Electricaribe, y en casos específicos de la Universidad de Antioquia la CSJ SL3431-2021, luego de lo cual resalta que en el caso concreto «los argumentos y la decisión que se atacan, desconocen palmariamente el Principio de Favorabilidad, como mandato superior y además, en abierta contradicción con los precedentes jurisprudenciales […]», en cuyo respaldo cita las decisiones CSJ SL2451-2021, CSJ SL1214-2019, CSJ SL2451-2021 y concluye que:
La incorporación, mediante la REMISIÓN de una norma legal en un contrato colectivo, a más de ser una actuación válida, lleva implícita su obligatoriedad contractual, su sujeción futura, al devenir de la Convención Colectiva de Trabajo, con independencia de las consecuencias que corra la norma legal, objeto de remisión o incorporación. Cualquier actuación diferente, debe ser prevista por los contratantes que la incluyeron en el respectivo contrato colectivo, NUNCA presumida por el fallador.
VII. RÉPLICA
El escrito de oposición se puede sintetizar así:
Sobre la demanda de casación, explica que el cargo se encuentra indebidamente formulado, puesto que «lo que realmente se censura no es que el ad quem haya incurrido en un error determinado por la aplicación de una norma a un hecho no previsto en su supuesto fáctico, sino a una interpretación errónea materializada, de acuerdo con sus argumentos, en la asignación de un sentido o alcance diferente a las disposiciones en comento […]», de manera que, la vía correcta de ataque era la directa.
Por otra parte, precisa que no podía reprocharse las consideraciones del Tribunal sobre la interpretación extendida a la cláusula 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, puesto que la misma «es razonable y acorde al contenido literal -gramatical- de la disposición convencional». En ese orden de ideas, tal análisis no podía calificarse como caprichoso o «protuberantemente erróne[o] no sólo por las razones expuestas en el literal a) -No incorporación de la Ley 4 de 1976 en la convención colectiva 1976-1977- del numeral 2 – Falta de fundamentos del cargo de casación formulado- del acápite III -oposición al recurso extraordinario de casación- de este escrito; sino además porque la misma se aviene con los criterios hermenéuticos definidos por la Corte Suprema de Justicia en materia de interpretación de cláusulas convencionales».
Añade que, la jurisprudencia de esta Corte desestima la aplicación del principio de favorabilidad cuando con su invocación se pretende la derogación de obligaciones y derechos que provienen del Sistema de Seguridad Social Integral, el que además pregona como principio el de la unidad. Luego de ello, se transcribe, in extenso, la sentencia 18844 de octubre 10 de 2002.
Resalta la no existencia de precedente jurisprudencial con relación a la sentencia CSJ SL3431-2021, ya que adicional a considerarse como equívoca «provino de una Sala de Descongestión, las cuales legalmente no están establecidas para crear precedente jurisprudencial».
Finalmente expresa que, atendiendo las previsiones consignadas en el Acto Legislativo 01 de 2005 y el carácter de orden público de las normas que integran el sistema general de seguridad social en pensiones, al expedirse la Ley 100 de 1993, se prevé que los aumentos se materializan por regla general conforme dispone esta última norma y no de una manera diferente como se pretende en la demanda de casación. Adicional a que, pensar de manera contraria, es atentar contra el principio de sostenibilidad financiera que gobierna el mencionado sistema.
VIII. CONSIDERACIONES
En lo atinente al reproche de orden técnico que aduce la réplica, habrá de decirse que no se encuentra llamado a prosperar, por cuanto la línea de pensamiento de esta Corporación ha examinado las convenciones colectivas de trabajo, dado su contenido probatorio, bajo el amparo de la causal primera de casación. De manera que, al predicar los acuerdos colectivos una doble connotación, esta es, ser prueba y fuente jurídica a la vez (CSJ SL1149-2022, CSJ SL131-2022), nada impide que, como en el caso en estudio, se acuda a la vía indirecta para cuestionar el entendimiento que se le otorga a un aparte convencional y pese a que el contenido del embate cuente con algunas apreciaciones jurídicas.
Al descender al caso en estudio y pese a dirigirse el cargo por la vía indirecta, son supuestos fácticos no sometidos a discusión, que: (i) el señor Humberto Jaramillo Castro laboró para la universidad convocada del 30 de agosto de 1985 al 27 de noviembre de 2005, y (ii) mediante Resolución n.° 023 del 27 de enero de 2006, la mencionada institución educativa le reconoció pensión de jubilación, a partir del 28 de noviembre de 2005, con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977.
El juez de segunda instancia para confirmar la decisión absolutoria de primer grado, indicó, en estricto rigor, que en la cláusula 15 del texto convencional, no se consagró de manera puntual un derecho al reajuste pensional, dado que las partes no dispusieron la incorporación de la Ley 4ª de 1976, pues «solo puede inferirse que el querer de quienes suscribieron la referida convención, fue el de hacer una simple remisión normativa a la Ley 4ª de 1976, mas no una consagración puntual de un derecho al reajuste pensional bajo la metodología establecida en el artículo 1º de dicha ley».
De manera que, le corresponde a la Sala, determinar si el colegiado incurrió en un error protuberante de hecho, al inferir que, la interpretación admisible de la cláusula consignada en el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 suscrita entre la Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia, es considerar que el incremento pensional estatuido en la Ley 4ª de 1976, no debe aplicarse a la pensión que disfruta la accionante. Sin desconocer, como ya se dijo, que la Convención Colectiva de Trabajo, es una fuente formal de derecho.
En ese horizonte, tenemos que el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, indica lo siguiente:
Artículo décimo cuarto. Pensionados por jubilación.
A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad de Antioquia reconocerá y pagará la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan o hubieren cumplido veinte (20) años de servicios a la Universidad, continuos o discontinuos, y que lleguen a una edad de cuarenta y cinco (45) años.
PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad pagará a todos los trabajadores jubilados actualmente y que lleguen a jubilarse, una pensión de jubilación del 100% de su salario.
Artículo décimo quinto. Prestaciones extralegales para pensionados.
A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad reconocerá y pagará a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación.
PARÁGRAFO. La mensualidad de que trata el artículo quinto de la Ley 4ª de 1976, corresponde a la prima de navidad que paga la Universidad. (Negrillas propias).
Pues bien, en torno a su interpretación, esta Corporación, recientemente, en un caso de idénticos contornos al hoy sometido a estudio, mediante la sentencia CSJ SL1149-2022, reiterada en la CSJ SL1945-2022, sostuvo:
[L]a lectura efectuada por el Tribunal respecto de la cláusula decimoquinta convencional se exhibe desatinada, pues tal estipulación guarda correspondencia con la teleología de la negociación colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso, al permitir que los pensionados de la Universidad al igual que quienes lleguen a pensionarse, accedan a las prerrogativas de la Ley 4ª de 1976, sin que se observe que la intención de los contratantes hubiera sido la de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente.
Se dice lo anterior porque de la norma extralegal fluye razonable que las partes firmantes, haciendo uso de su poder de negociación, hubieren incorporado de manera generalizada un listado de derechos de estirpe legal a la convención, con el propósito de darles una connotación de derecho extralegal nuevo y autónomo frente a las normas legales.
De manera tal que, para la Corte, resulta evidente que la remisión a la Ley 4ª de 1976 en el acuerdo colectivo laboral bajo estudio tuvo como finalidad identificar la garantía legal, pero para efectos de incorporarla a éste, tal como sucede con los demás derechos que allí se enlistan conforme la denominación dada por el legislador.
Además, no puede perderse de vista que «la certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extralegal», como lo asentara esta Sala de la Corte en la sentencia SL1052-2021.
De otro lado, conviene precisar que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976 se encuentra, precisamente, el incremento pretendido, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de un precepto legal que conservará vigencia como norma convencional, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.
Así lo recordó la Sala en la sentencia SL5108-2020, en los siguientes términos:
El texto convencional que se estudia extiende a los pensionados “todos los derechos contemplados en la Ley 4.ª de 1976”. En ese sentido, no cabría tildar de errado –y menos en la magnitud de manifiesto o evidente- el entendimiento que el Tribunal dio a esa cláusula convencional de aplicar a los demandantes, en su calidad de pensionados, el reajuste anual y automático contemplado en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.
No entiende la Sala cómo el cargo sostiene que el reajuste prescrito en esta norma legal no es un derecho y que sólo pueden ser considerados como tales los que se prevén en los artículos 6° a 10.
Por supuesto que el reajuste de la pensión es un derecho de los pensionados que cumplan las condiciones ahí señaladas, en cuanto representa para ellos la posibilidad de modificar la relación jurídica que los liga con el pagador de la pensión y de exigir, hasta por las vías judiciales, el reconocimiento de esa facultad.
Puede verse como correlato de esa facultad o posibilidad que existe una obligación jurídica a cargo del pagador de la pensión de efectuar el reajuste, hasta el punto de llegar a ser compelido, con el uso legítimo de la fuerza, por los jueces, en la hipótesis de resistirse a honrar ese compromiso legal.
Bueno resulta precisar que la falta de ejercicio de un derecho no traduce que no exista jurídicamente. Es más, la posibilidad de ejercerlo o no pertenece a su propia naturaleza.
Adicionalmente, cualquier enfrentamiento entre la disposición convencional y la ley, en punto al reajuste anual de las pensiones, habrá de resolverse con el postulado de la norma más favorable. Pero, en todo caso, ello no conduce a la pérdida de aliento de la norma convencional.
(…)
Tal precepto, entonces, forma parte de lo que en doctrina se denominan cláusulas normativas de las convenciones colectivas, justamente por ser las llamadas a disciplinar o normar las condiciones de trabajo. Pero ello, en manera alguna, tiene la virtud de trocar su naturaleza convencional para pasar a ser una disposición que tuvo venero en un conflicto jurídico o de derecho.
Por último, nada de exótico resulta que en una convención colectiva de trabajo se disponga la aplicación de un mandato legal así haya perdido vigencia. Es perfectamente jurídica y válida una disposición convencional así concebida. Esa ha sido la orientación de esta Sala, vertida en sentencia del 22 de noviembre de 2000 (Rad. 14.489).
Al atender el precedente lineamiento jurisprudencial, cambiando lo que haya que cambiar, resulta desacertada la interpretación que el colegiado le extendió al aparte convencional antes trascrito, para con ello inferir que, a la accionante, no le era aplicable el reajuste pensional que aparece previsto en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.
De esta manera, recapitulando lo dicho en la mentada providencia, CSJ SL1149-2022, y, en especial, para dar respuesta a la réplica:
[N]o se advierte que las partes hubieren decidido excluir lo relativo al reajuste allí previsto; o que la norma extralegal únicamente aludiera a los beneficios concernientes a subsidio familiar, distribución de remanentes (capítulo 5 del Acuerdo de 1975), servicio médico familiar, primas de junio y navidad, auxilio de maternidad, útiles escolares y becas para estudio, algunos de los cuales, dicho sea de paso, también se encuentran regulados en la Ley 4ª de 1976, en sus artículos 6, 7 y 9. Nótese, además, que el precepto convencional bajo estudio de manera expresa estableció que: «Igualmente la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación», con lo cual no queda duda que las partes, en ejercicio de su libertad de contratación laboral, válidamente estipularon que los pensionados fueran acreedores --aparte de los beneficios aludidos en precedencia--, del reajuste pensional reclamado.
Entonces, contrario a lo aducido por el Tribunal y alegado por la opositora, el hecho de que en la citada cláusula no se hiciera alusión alguna sobre la vigencia de la norma legal de referencia, en manera alguna podía conducir a concluir que la misma estuviera atada a la derogatoria, subrogatoria o demás situaciones que afectan la vigencia de la ley en el tiempo, en este caso, de la citada Ley 4a de 1976, por ser claro que, incorporada la norma legal al texto convencional, ésta queda sujeta, no a las accidentalidades que afectan su lugar de origen, que no es más que un marco de referencia, se repite, sino a las propias de la vigencia de las preceptivas convencionales, pues deja de ser norma legal para los convencionistas, para convertirse en norma convencional propia de sus relaciones contractuales de trabajo. Este es el cabal entendimiento que debe darse a la vigencia de la norma convencional cuando su contenido tiene venero o fuente en una norma legal, como ocurre en este caso.
En esas condiciones, acoger por vía convencional un reajuste no inferior al 15%, conforme lo establecido en la referida normativa, se enmarca dentro de la voluntad contractual de las partes, producto de su autonomía, frente a la cual no le es dable a la Corte entrometerse, pues acorde con lo asentado en la sentencia SL3820-2020, «en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atente contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores o, en general, que no se produzca lesión a la Constitución o la ley».
Finalmente, cumple acotar que los incrementos pretendidos por el recurrente constituyen verdaderos derechos adquiridos, pues aquél se encuentra pensionado desde el año 2005, mediante Resolución n.° 203 del 27 de enero de 2006 (folios digitales 52 y 53), con venero en la Convención Colectiva de Trabajo 1976 – 1977 y, como quedó visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, lo cierto es que esta siguió rigiendo dichos beneficios por virtud de lo instituido en el plurimencionado acuerdo colectivo.
De esta manera fluye con claridad, la innegable conclusión relativa a la existencia de un derecho adquirido a favor del accionante, dada la fecha en que se causó su pensión de jubilación -2005-, el que, atendiendo la correcta interpretación de la cláusula convencional precitada, debe serle garantizado, sin que resulte admisible ninguna lectura diferente. Por lo que, siendo coherentes con lo discurrido, la acusación sale avante y, en consecuencia, se casará la sentencia impugnada.
Sin costas en el recurso extraordinario de casación, dada su prosperidad.
En sede de instancia, para mejor proveer, se ordenará que por Secretaría de la Sala se oficie a la Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 28 de noviembre de 2005 y, en relación con el demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha. De igual manera, deberá manifestar si aplicó la compartibilidad pensional, desde qué fecha ello tuvo lugar y el monto que dispuso asumir por tal motivo.
Asimismo, se oficiará a Colpensiones para que, en igual lapso, certifique a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez al demandante e indique los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada.
Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 16 de abril de 2021, en el proceso ordinario que promovió HUMBERTO JARAMILLO CASTRO contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA al que se vinculó a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES.
En sede de instancia, para mejor proveer, se ordena que, por Secretaría de la Sala, se oficie a:
1.- La Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 28 de noviembre de 2005 y, en relación con el demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha. De igual manera, deberá manifestar si aplicó la compartibilidad pensional, desde qué fecha ello tuvo lugar y el monto que dispuso asumir por tal motivo.
2.- Colpensiones para que, en igual lapso, certifique a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez al demandante e indique los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada.
Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.
Sin costas en casación.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
(Aclara Voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: Humberto Jaramillo Castro
Demandado: Universidad de Antioquia y Colpensiones
Radicación: 92766
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto tal y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, estoy de acuerdo con casar la sentencia del Tribunal, en tanto se equivocó al considerar que el actor no era beneficiario de un derecho adquirido de carácter convencional consistente en la aplicación de los incrementos de la Ley 4.ª de 1976 a su pensión de jubilación.
No obstante, considero pertinente aclarar mi voto en cuanto a las consideraciones relativas a que el análisis que realiza la Corte respecto del alcance de una cláusula convencional corresponde a la determinación de la posible existencia de errores manifiestos de hecho.
Lo anterior, porque si bien los acuerdos colectivos tienen una doble connotación, en tanto constituyen prueba y fuente jurídica a la vez, en mi criterio, el estudio que la Corte realiza respecto a una de sus cláusulas está dirigido a definir el alcance interpretativo de la misma y no a identificar la posible existencia de un error de hecho manifiesto, ostensible y evidente que permita derruir la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia de segunda instancia; que, además, esta resguardada por la libertad de apreciación probatoria que tienen los jueces para formar su convencimiento respecto de los hechos del proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL1927-2021).
En efecto, a mi juicio, el estudio de las convenciones colectivas de trabajo como verdaderas fuentes formales del derecho implica que los jueces deban interpretar sus enunciados normativos conforme a los principios propios de la hermenéutica jurídica laboral, entre ellos, el de favorabilidad que establece la Constitución Política -artículo 53- y la ley sustantiva laboral -artículo 21 Código Sustantivo del Trabajo-. Postulado que conlleva a que en caso de que la fuente normativa –legal o extralegal-, admita dos o más interpretaciones jurídicamente sólidas y razonables, los jueces deban inclinarse por aquella que sea más conveniente para el trabajador.
Asimismo, es importante destacar que las interpretaciones convencionales de índole pensional deben abordarse conforme a sus características, así como en relación con la finalidad que persiguen las partes, tal como lo indicó la Sala en sentencia CSJ SL16811-2017, en la cual precisó que los textos normativos, entre ellos los convencionales, deben ser comprendidos como «un todo y, por tanto, su interpretación debe ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes», de modo que se excluyen interpretaciones textualistas, focalizadas en frases, palabras o expresiones elaboradas al margen de los sujetos y los contextos.
En tal perspectiva, no comparto el argumento de la Sala relativo a que el estudio del alcance de la cláusula 14 de la Convención Colectiva 1976-1977 suscrita entre la Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia, con el fin de determinar si el incremento pensional estatuido en la Ley 4.ª de 1976 era un derecho adquirido a favor del accionante, corresponda al análisis de la posible existencia de un error de hecho manifiesto en la sentencia del Tribunal.
Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado
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