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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3368-2022

Fecha
28 de septiembre de 2022
Magistrado ponente
Jimena Isabel Godoy Fajardo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3368-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín el 28 de mayo de 2019, en cuanto absolvió a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA de las pretensiones por reajuste pensional e indexación deprecadas por el señor RAMIRO ALBERTO AGUILAR VELÁSQUEZ. SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción de los ajustes pensionales causados con anterioridad al mes de noviembre de 2014, conforme lo indicado en la parte motiva de la presente decisión. TERCERO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, a pagar a favor de RAMIRO ALBERTO AGUILAR VELÁSQUEZ la suma de $100.771.636 por concepto de reajustes pensionales insolutos causados y exigibles desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2022, junto con los que en adelante se generen, los que deberá indexar a la fecha de pago, de conformidad con la fórmula indicada en la parte considerativa de esta decisión. CUARTO: Costas en las instancias a cargo de la parte demandada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3368-2022

Magistrado ponente: Jimena Isabel Godoy Fajardo

28 de septiembre de 2022

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

Magistrada ponente

SL3368-2022

Radicación n.° 90172

Acta 35

SENTENCIA DE INSTANCIA

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Procede la Corte a proferir SENTENCIA DE INSTANCIA, en el proceso adelantado por RAMIRO ALBERTO AGUILAR VELÁSQUEZ contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

ANTECEDENTES

En el presente juicio la Corte en sentencia de 13 de julio de 2022 (SL2392-2022), CASÓ la proferida el 22 de septiembre de 2020, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

Para mejor proveer, se ordenó oficiar a Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la comunicación, certificara en qué porcentaje ha incrementado, año por año, las mesadas pensionales a su cargo, desde el 30 de septiembre de 2002 hasta la fecha de su respuesta y, en relación con el actor, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad pensional año por año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha de su respuesta.

Así mismo, a Colpensiones para que certificara a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez al demandante e indicara los montos que mes a mes le ha pagado por mesada, debido a que la compartibilidad de la prestación afecta la cuantificación del derecho aquí discutido.

Colpensiones por intermedio de la Directora de Nómina de Pensionados, allegó una respuesta al oficio enviado por esta Corporación, tal como reposa a folios 100 a 104 del cuaderno de la Corte.

Por su parte, el Jefe de la División de Talento Humano de la Universidad de Antioquia, igualmente dio respuesta a la comunicación dirigida por la Sala, como se observa a folios 106 y 107 del cuaderno de la Corte.

Incorporadas las documentales, se dejaron en conocimiento de las partes para los fines que estimaran pertinentes, folios 109 y 110 del Cuaderno de la Corte, sin que se hiciera pronunciamiento.

Ahora bien, las pretensiones de la demanda que dieron origen a la presente controversia se contraen a obtener el reajuste de la pensión de jubilación en forma anual a partir del año 2003, y en los años subsiguientes, con un porcentaje del quince por ciento (15%) de la respectiva mesada, al pago de las diferencias pensionales, indexación y las costas.

CONSIDERACIONES

En sede de instancia, el juzgado consideró que el actor no tenía derecho a que la entidad le reajustara su mesada pensional con fundamento en la cláusula quince de la convención colectiva de 1976, esto es, con base en lo consagrado en la Ley 4 de 1976, pues de la lectura del texto convencional no se extraía con claridad que el pacto hubiera establecido dicho ajuste indefinidamente, como sí se advertía de otras convenciones a las que se remitió (la suscrita con Electrificadora del Atlántico), en la que se sí se había pactado que «seguirán» (verbo futuro) reconociendo dichos ajustes de la Ley 4 de 1976 «sin consideración a su vigencia», lo que no ocurrió en este caso y ratificó que la cláusula convencional no consagró la aplicación indefinida de la Ley 4 de 1976 como sí se había hecho en otros estatutos convencionales.

En la sentencia de casación, al resolver el recurso interpuesto por el demandante, luego de reproducir los artículos 14 y 15 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia 1976 - 1977, la Sala precisó que esta Corporación recientemente había descifrado con autoridad el sentido de las discutidas cláusulas y aclaró, que «un eventual dilema interpretativo de una norma convencional, lo razonable es que su sentido se desentrañe con apego al citado principio [favorabilidad], elevado a rango constitucional por la Carta Política de 1991, que parte del supuesto de la existencia de dos o más interpretaciones sólidas contrapuestas» (CSJ SL1149-2022).

Así que, luego de reproducir apartes de la sentencia aludida, se concluyó que:

De esta manera, fluye con claridad, la innegable conclusión relativa a la existencia de un derecho adquirido a favor del demandante, dada la fecha en que se causó su pensión de jubilación –año 2002-, el que, atendiendo la correcta interpretación de la cláusula convencional precitada, debe serle garantizado, sin que resulte admisible ninguna lectura diferente. Por lo que, siendo coherentes con lo discurrido, la acusación sale avante y, en consecuencia, se casará la sentencia impugnada.

En ese orden de ideas, en casos como el presente no se discute i) que el reclamante tiene derecho al beneficio convencional del reajuste de la mesada pensional; ii) que este remite al artículo 1 de la Ley 4 de 1976; iii) que el incremento del 15 % depende que la prestación no supere los cinco salarios mínimos y, iv) que el accionante disfruta de una pensión de jubilación compartible con la de vejez que actualmente paga la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

Las consideraciones esgrimidas en casación sirven en sede de instancia, para determinar entonces que Ramiro Alberto Aguilar Velásquez tiene derecho a que la pensión de jubilación convencional que disfruta sea reajustada en los términos de la cláusula quince de la convención colectiva del año 1976, acuerdo del que era beneficiario por estar expresamente aceptado por la demandada desde la contestación de la demanda (hecho 3).

Conforme a la prueba documental requerida en la sentencia de casación, obrante a folios 106 y 107 del cuaderno de la Corte, al igual que de los aportados con la presentación de la demanda (f° 29 y 30), para el año 2002, el demandante tenía la condición de pensionado a cargo de la Universidad de Antioquia y, además, la prestación pensional no superaba el monto establecido en la Ley 4 de 1976, es decir, cinco (5) veces el salario mínimo legal más alto -$1.138.897-.

En cuanto a la excepción de prescripción, se observa que, el demandante presentó la reclamación administrativa el día 30 de abril de 2012 (f.° 17 cuaderno de las instancias), por Resoluciones Nos. 203 del 28 de mayo de 2012, 325 del 4 de julio de 2012 y 35290 de agosto 8 de 2012, notificada la última el 4 de octubre de la citada anualidad, se negó el reajuste de la pensión (f.° 19 a 27), el escrito de demanda fue radicado el 16 de noviembre de 2017 (anexo carátula), se admitió la misma el 7 de diciembre de la referida anualidad (f.° 355) y se notificó el 8 de noviembre de 2018 (f.°357), por lo que quedan salvaguardadas el mayor valor de las mesadas de los tres años anteriores a la presentación de la demanda, pues transcurrieron más de 3 años desde la fecha en que se surtió la reclamación administrativa y cuando se acudió judicialmente a reclamar el reajuste, de tal manera, que las causadas con antelación al mes de noviembre de 2014 se extinguen por prescripción, conforme a lo dispuesto en los artículos 151 del CPTSS y 488 del C.S.T.

En este orden, con fundamento en los elementos de juicio aportados en esta sede, se efectuaron las operaciones aritméticas pertinentes, a fin obtener el cálculo de los reajustes pensionales reclamados, hasta el mes de agosto de 2022, el que se refleja en el siguiente cuadro:

Así las cosas, se dispondrá el pago en favor del demandante, de la diferencia pensional antes liquidada debiéndose hacer claridad, que conforme a las pruebas allegadas a la Corte, a Ramiro Alberto Aguilar Velásquez le fue reconocida la pensión de vejez por parte del entonces ISS a partir del mes de junio de 2009 (f.°102 cuaderno de la Corte), por lo que la demandada deberá cancelarle solo el mayor valor causado entre aquella y esta, en razón a la compartibilidad pensional, como se observa de la liquidación anterior.

Las diferencias pensionales aquí ordenadas deberán cancelarse al pensionado debidamente indexadas a la fecha de su pago de conformidad con la siguiente fórmula:

VA = VH x IPC Final

__________

IPC Inicial

Donde:

VA = Valor actualizado

VH = Diferencias pensionales debidas.

IPC Final= Índice de precios al consumidor correspondiente al mes en el que se efectuará el pago.

IPC Inicial= Índice de precios al consumidor correspondiente al mes de causación de la diferencia pensional a favor del pensionado.

En virtud de lo anterior, se revocará la decisión absolutoria de primer grado, se declarará probada parcialmente la excepción de prescripción y se dispondrá que la Universidad de Antioquia le pague los reajustes de las mesadas aquí establecidos, junto con los que en adelante se generen con su correspondiente indexación.

Las costas de las instancias estarán a cargo de la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín el 28 de mayo de 2019, en cuanto absolvió a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA de las pretensiones por reajuste pensional e indexación deprecadas por el señor RAMIRO ALBERTO AGUILAR VELÁSQUEZ.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción de los ajustes pensionales causados con anterioridad al mes de noviembre de 2014, conforme lo indicado en la parte motiva de la presente decisión.

TERCERO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, a pagar a favor de RAMIRO ALBERTO AGUILAR VELÁSQUEZ la suma de $100.771.636 por concepto de reajustes pensionales insolutos causados y exigibles desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2022, junto con los que en adelante se generen, los que deberá indexar a la fecha de pago, de conformidad con la fórmula indicada en la parte considerativa de esta decisión.

CUARTO: Costas en las instancias a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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